La intervención del socialismo en la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

El secretario general de la UGT, Largo Caballero, influyó notablemente en la organización obrera que lideraba. Su criterio prevaleció sobre el de otros dirigentes, desestimando cualquier proyecto de unidad de acción del proletariado. Afirmó que lo que pretendían la CNT y el Partido Comunista era la absorción del Sindicato Socialista. Aludía a que estas fuerzas intolerantes solicitaron a los trabajadores españoles el ingreso en sus filas tildando de «amarillos» a todos aquellos que no lo hicieran. Esto demostraba que el socialismo no podía confiar en dicha unión.75

El Sindicato Socialista ratificó su posición en el XVI Congreso de la UGT celebrado en 1928. En las ponencias de aquel acto se aprobaron los siguientes puntos, que rechazaban la actuación con otras fuerzas sindicales:

1º.Que se incurre en un lamentable error al afirmar que existen en España grandes núcleos de organización obrera con los que puedan entablarse negociaciones a los efectos de la unificación de las fuerzas proletarias que luchan por su mejoramiento.

2º.Que la Unión General de Trabajadores no debe sacrificar ninguna de sus características esenciales en cuanto a táctica se refiere, y mucho menos en aquellas que constituyen su contenido espiritual en orden a la emancipación de la clase trabajadora.

3º.Que la Unión General de Trabajadores no ha puesto en ninguna ocasión dificultades para que la unidad de los trabajadores pudiera ser un hecho, a condición de que todos los que se agrupasen en su seno coincidieran en la apreciación de aquellas cuestiones fundamentales en las que ha de definirse como colectividad debidamente articulada.

4º.En consideración a lo que antecede, el Congreso ratifica lo acordado sobre este particular en reuniones anteriores, y decide que ninguna de las Secciones adheridas a la Unión General de Trabajadores deberá intervenir en aquellos actos que, so pretexto de frente único, tiendan o puedan perturbar el normal desenvolvimiento de nuestro organismo nacional con iniciativas o proposiciones en pugna con la disciplina que imponen las resoluciones de estos y otros Congresos.76

En definitiva, los dirigentes socialistas se alejaron de cualquier coalición con la CNT y el PC, ya que estas fuerzas no tenían el mismo procedimiento para tratar la problemática social o política. Estimaron que no poseían autoridad moral para solicitar unidad sindical al no adaptarse a la disciplina federativa. Los socialistas entendieron que para alcanzar las verdaderas aspiraciones de la clase social que defendían, la unión perfecta debía ser entre el Partido y el Sindicato Socialista. Ambas organizaciones representaban los mismos ideales e intereses, juntas intervendrían en la vida política del país.

Dos posturas enfrentadas

El Comité Nacional del Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores trataron de no enemistarse con el régimen dictatorial. Declararon en distintas publicaciones que deseaban evitar que los trabajadores sufrieran las consecuencias negativas de un enfrentamiento. Precisaron que otra postura no resultaba efectiva, pues retornar al sistema político anterior no era factible. En tal caso, si mostraban oposición a Primo de Rivera sería para que el propio socialismo gobernase, pero esta intención no la iban a permitir el resto de los grupos políticos, y como organización no poseían fuerza suficiente;77 por ese motivo optaron por la neutralidad, no estimando así lo que proponía Indalecio Prieto, partidario de una acción beligerante contra la Dictadura.

La organización socialista no simpatizó con el régimen dictatorial, pero quería evitar una confrontación directa con Primo de Rivera y se adaptó a las circunstancias políticas. Además, opinaban en su seno que no existía ningún sistema de gobierno merecedor para cambiar de postura, como se expresó en el editorial de periódico El Socialista del 27 de septiembre de 1923:

Esa nuestra «actitud serena y expectante» no es, pues, simpatía, asentamiento ni esperanza.

Es que en política, y más en las presentes circunstancias, conviene perfilar las actitudes con trazos muy firmes para evitar que se esfumen los contornos. Y la que de momento han adoptado nuestras organizaciones tiende a impedir que se nos crea unidos por ningún vínculo a lo que acaba de huir. Pero eso no significa, ni mucho menos, uncimiento a lo que le reemplaza.

Persuadidos de que no nos es posible implantar en este instante los propios ideales, hay en nuestra generosidad y en nuestro instinto político impulso bastante para prestar nuestra fuerza —la única seriamente organizada de España— a una solución de profundo avance y de positivo progreso. Mas, ¿por dónde asoma? No lo vemos en los huecos del edificio viejo; pero tampoco en el andamiaje del nuevo tinglado, ni en los solares colindantes.

Sin que se deje vislumbrar, sería una locura insigne salir de esta actitud expectante.78

De ese modo, el socialismo expresó su imparcialidad. Mientras el régimen dictatorial no intentara restringir o anular la legislación conseguida en materia de trabajo, mantendrían una postura prudente. De reprobación moral, pero con la ausencia de cualquier acto que pudiera justificar una represión contra el socialismo.79 La neutralidad de los socialistas españoles hacia la Dictadura se desarrolló principalmente por la línea de actuación más moderada. Atrás quedaba la actitud antirrégimen mantenida desde la conjunción republicano-socialista; la estrategia de la organización obrera había evolucionado. En aquella etapa, sus dirigentes decidieron seguir una línea más alejada de Moscú, por tanto, menos revolucionaria, perteneciendo a la II Internacional Socialista. También se debía a la fragilidad del Partido; después de la escisión de un sector de sus militantes para fundar el Partido Comunista, los socialistas no poseían suficiente fuerza para establecer sus propios criterios ideológicos. Por el momento, tenían que adaptarse a las circunstancias políticas existentes.

Pablo Iglesias, como presidente del Partido Socialista, defendió y justificó la neutralidad adoptada al considerar ilógica una posición de enfrentamiento contra el Directorio Militar. A su juicio, el socialismo debía actuar en todos los sistemas de gobierno para desarrollarse como grupo político y, más adelante, alcanzar el triunfo electoral. Por este motivo había que centrarse en fortalecer la organización obrera; la nueva situación política era secundaria.80 Este mismo criterio lo señaló Largo Caballero, quien como secretario general de la UGT postuló por una conducta neutral hacia Primo de Rivera, porque lo perentorio era el crecimiento de la organización socialista, adaptándose a las circunstancias, para no retroceder en materia social y laboral.81

La disposición de neutralidad de la Ejecutiva socialista decepcionó notablemente a otros dirigentes como Indalecio Prieto, Teodomiro Menéndez o Fernando de los Ríos, que no entendieron la actitud pasiva de sus correligionarios hacia Primo de Rivera. Representaron una posición minoritaria y muy crítica hacia la decisión de la organización socialista y entendieron que debían unirse a fuerzas liberales y republicanas para luchar contra la Dictadura, lo que provocó dos posiciones enfrentadas en el seno del socialismo, que se acrecentaron y fueron irreconciliables cuando posteriormente intervinieron en el gobierno autoritario.

Tolerancia del Régimen

Primo de Rivera tendió puentes con el movimiento obrero no revolucionario; al mantener una actitud de inacción, prometió una mejora en las condiciones de vida y trabajo. La nota del 28 septiembre de 1923 dirigida a los obreros por parte del Dictador, en la cual expuso su intención de resolver los problemas sociales mediante una legislación que beneficiaría a la clase trabajadora, fue muy positiva para encauzar las relaciones con un sector del proletariado, deterioradas por la conflictividad entre los agentes sociales. Primo de Rivera intentó acercarse al socialismo invitando a sus partidarios a que colaborasen en la política social del Régimen para alcanzar una equitativa reglamentación del trabajo. Esto influyó en algunos dirigentes, especialmente en Largo Caballero, que, moderado y pragmático, se propuso obtener el máximo beneficio para la clase obrera y para la organización socialista. No tenía muy arraigado el concepto democrático dentro de su ideario, y su máxima preocupación era el desarrollo de la UGT, lo que motivó su actuación en el sistema autoritario.

La neutralidad del socialismo hacia el régimen de Primo de Rivera les resultó beneficiosa, pues el gobierno militar aisló y retiró de la escena política al resto del movimiento obrero: anarquismo, anarco-sindicalismo y comunismo. Sin embargo, dejó actuar al socialismo, al permanecer abiertas las Casas del Pueblo y poder publicar diariamente el periódico El Socialista. Primo de Rivera apostó por abrir un nuevo cauce sindical moderado, eliminando al sindicalismo revolucionario. Eduardo Aunós, ministro de Trabajo durante la Dictadura, manifestó que Primo de Rivera quiso mantener a su lado a la clase trabajadora dialogante, aunque fuera de ideología distinta, y apartó a todas las fuerzas radicales.82

El gobierno dictatorial fue cada vez más tolerante con los socialistas, por el empeño de Primo de Rivera de captar a la clase trabajadora pacífica; con ella a su lado, su gobierno saldría reforzado, pues el socialismo constituía un segmento social y político destacado dentro de las masas obreras. Alcanzó su propósito otorgando concesiones a la organización socialista para mantenerla participativa dentro de su régimen. Para el socialismo, el sistema dictatorial representó la posibilidad de preservar los intereses de la clase trabajadora, además de obtener una legislación social apropiada para el desarrollo de la misma. Igualmente, para adquirir preponderancia como fuerza política dentro de la Administración del Estado.

La postura del socialismo en la Dictadura suscitó estimaciones de diversos matices; negativos y positivos. Algunos intelectuales de la época defendieron el comportamiento socialista, pero también sería objeto de duras críticas de fuerzas progresistas. Desde el comunismo, Joaquín Maurín subrayó el sometimiento de los socialistas al régimen dictatorial por intervenir y colaborar con él, tildando esta actitud de grave traición.83 Sin embargo, el escritor Miguel de Unamuno alabó la conducta de la organización obrera. En un artículo escrito para El Socialista y publicado el 29 de diciembre de 1923, calificó de muy positiva la actuación del socialismo español, señalando que era el único grupo político que no había fracasado en sus decisiones, por tanto, era garantía de futuro.84 Gregorio Marañón expresó igualmente que la actitud del socialismo ante la Dictadura había sido positiva para la organización obrera porque, al intervenir en el régimen dictatorial, se encontró con dominio suficiente para actuar en la vida política española cuando cayó el régimen de Primo de Rivera.85

De este modo, de la actitud pasiva y de neutralidad inicial, se pasó a intervenir dentro del Régimen. Primo de Rivera atrajo a los socialistas para actuar en su gobierno, sobre todo, en el desarrollo de la legislación social y laboral. La ausencia de hostilidad del socialismo español hacia el gobierno autoritario se tradujo en colaboración con un sistema dictatorial.

60. Vid. El manifiesto «Huelga general de veinticuatro horas. A todo los trabajadores de Vizcaya», El Liberal, Bilbao, 14-9-1923.

61. Vid. Memoria del XII Congreso del Partido Socialista, p. 89.

62. «El Partido Socialista, la Unión General de Trabajadores y la Casa del Pueblo recomiendan serenidad y abstención», El Sol, 14-9-1923.

63. Vid. «Serenidad, trabajadores», El Socialista, 13-9-1923.

64. «El Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores exponen su actitud ante la opinión pública», El Socialista, 13 y 14-9-1923.

65. «A la clase trabajadora», El Socialista, 18-9-1923.

66. Vid. Memoria del XII Congreso del Partido Socialista, 1928, pp. 89-90.

67. Conde de Romanones, Notas de una vida, ed. cit., pp. 481-483.

68. Francisco Largo Caballero, «¿Frente único? ¿Con quién?», El Socialista, 17-6-1922.

69. Francisco Largo Caballero, «¿Frente único con los neocomunistas?», El Socialista, 24-6-1922.

70. Francisco Largo Caballero, «La Unión General goza de buena salud», El Socialista, 31-12-1923.

71. Francisco Largo Caballero, «El frente único convertido en estratagema», El Socialista, 18-10-1923

72. Vid. «Declaraciones de Besteiro», El Socialista, 26-12-1923.

73. «Carta abierta del Partido Comunista», Actas del Comité Nacional de la UGT. 1925-1926, p. 298.

74. «El Comité Central del Partido Comunista invita a la UGT», Actas de la UGT, 1925-1926, p. 241.

75. Francisco Largo Caballero, «¿Pro unidad, o contra la Unión General?», El Socialista, 25-3-1926.

76. Ponencias del XVI Congreso de la UGT, 1928, p. 12.

77. «Estamos en nuestro puesto». El Socialista, 15-9-1923.

78. «Actitud del Partido Socialista y de la Unión General», El Socialista, 27-9-1923.

79. Vid. «La Unión General y el Partido Socialista contestan al Directorio», loc. cit.

80. Pablo Iglesias, «Se han equivocado». El Socialista, 12-5-1925.

81. Francisco Largo Caballero, «Observaciones a un manifiesto», El Socialista, 4-10-1923.

82. Eduardo Aunós, La política social de la Dictadura, Madrid, Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, 1944, p. 33.

83. Vid. Joaquín Maurín, op. cit., p. 168.

84. Miguel de Unamuno, «Balance de año», El Socialista, 29-12-1923.

85. Vid. Andrés Saborit, op. cit., pp. 185-186.

Capítulo IV.

Intervención del socialismo en la Dictadura

El Régimen contaba con el apoyo de los Sindicatos Católicos y Libres, afines a la nueva Administración, pero que representaban una fuerza insuficiente dentro del mundo laboral. Por ello, Primo de Rivera quiso acercarse al Sindicato Socialista pues constituía una parte importante de la clase trabajadora. Creyó que con la colaboración de este grupo político podía dar más legitimidad a su régimen y preservó dentro del mismo un lugar privilegiado para el socialismo español. Para los socialistas, que no habían alcanzado anteriormente el poder, significó la oportunidad de intervenir en la política social y laboral del país y optaron por actuar en distintos organismos del Estado. Movidos por la constante preocupación del tema social, que la dictadura —a su vez— consideraba también relevante, crearon una legislación equitativa que defendiera los intereses de los obreros.86

Todo ello propició una buena relación entre los agentes laborales, como resaltó Largo Caballero en la conferencia del día 11 de septiembre de 1924 en la Casa del Pueblo, al subrayar la buena disposición del Directorio Militar hacia la organización obrera. Este dirigente deseó que el socialismo participara en la política nacional para conseguir que las leyes promulgadas se cumplieran y garantizar a los obreros los derechos que la normativa les concedía.87 Para Largo Caballero, la actuación política era indispensable en la táctica obrera; debían actuar según lo aconsejasen las circunstancias y las condiciones económicas del momento, sin pensar en qué «régimen». Defendía que la organización sindical interviniera en las cuestiones laborales o sociales, aunque fuera en el mismo «campo del enemigo», para poder neutralizarlo. Supeditaba así su ideología política en aras de alcanzar y desarrollar una legislación laboral equitativa, y participar en la vida pública del país. Igualmente, otro dirigente socialista, Andrés Saborit, miembro de Comité Ejecutivo de la UGT, señaló la necesidad que tuvieron los socialistas de intervenir en la dictadura de Primo de Rivera y ocupar cargos de responsabilidad dentro de la misma, pues de ese modo se aseguraban los intereses e ideales de la clase trabajadora, por los que tanto habían luchado.88

El criterio de la organización socialista había evolucionado hacia posiciones moderadas e intervencionistas, y se ocupaban puestos de responsabilidad en los distintos organismos del Estado, allí donde pudieran influir en la reglamentación laboral que afectaba a los sectores sociales que ellos representaban. Por esta intención, cuando tuvieron que optar por continuar en los puestos oficiales que ejercían antes de la dictadura, o bien abandonarlos, tendieron a la primera opción. Las Comisiones Ejecutivas del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores decidieron, el 22 de septiembre de 1923, seguir una misma línea de conducta: permanecer en las representaciones de diputados provinciales y concejales, o cualquier puesto significativo que ocupaban hasta el momento. No importaba el cambio a un régimen autoritario, opinaron que habían sido elegidos democráticamente, y por ello ejercerían sus funciones con total normalidad, siguiendo los criterios legales. Su actuación no daría lugar a ninguna represalia que pudiese perturbar lo anteriormente conseguido, y perjudicar los intereses del proletariado y del país.89

Los socialistas manifestaron en sucesivas ocasiones que intervenir en los cargos políticos dentro del régimen dictatorial no significaba que simpatizaran con él. Es evidente que el socialismo español no fue partidario de un sistema que anulaba las libertades públicas, pero al aceptar los puestos oficiales del gobierno de Primo de Rivera se adaptaron al mismo, e implicó un apoyo indirecto. Quisieron actuar en la vida política y social de España, pero esta participación activa les resultaba embarazosa, por lo que quisieron justificar y negar la realidad. Su postura de neutralidad favoreció los intereses del Gobierno, y permanecer en los cargos que ocupaban hasta el momento y aceptar todas las posibles representaciones ocasionó una utilidad mayor al Régimen.

Acercamiento del Directorio Militar

El primer contacto de Primo de Rivera con la organización obrera se realiza a través de la entrevista con el socialista Manuel Llaneza, concertada por el subsecretario de la Guerra, Bermúdez de Castro, al mando del Ejército en Asturias, el cual mantenía buenas relaciones con Llaneza, pues estableció contacto con los agentes sociales de aquella región. En dicha reunión se trató la dificultad que tenían las minas de Almadén —Llaneza era secretario del Sindicato Minero—. Primo de Rivera propuso a su interlocutor formar parte de la Comisión de Ingenieros que sanearía la situación de aquellas minas. También le manifestó que respetaría toda la normativa en materia social y laboral conseguida por la clase trabajadora, y que llevaría a cabo una legislación mucho más favorable para los obreros.90 La Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, al igual que la Unión General de Trabajadores, consideró que Manuel Llaneza debía participar en la mejora de las minas de Almadén —aunque insistiendo en que esa actuación no significaba colaboración con el gobierno autoritario—.91

Por este primer contacto del socialismo con el régimen dictatorial, dentro del partido surgieron posturas reticentes, sobre todo las de Indalecio Prieto, Teodomiro Menéndez y Fernando de los Ríos, a quienes parecía poco decoroso relacionarse con el sistema autoritario. Más adelante, al aceptar nuevos cargos, se produciría una profunda división dentro del socialismo. Sin embargo, Largo Caballero lo tuvo claro desde un principio: no le importó la intervención socialista en la Dictadura por anómala que fuera aquella situación, porque estaba llena de posibilidades para la organización obrera.

El régimen de Primo de Rivera desarrolló diversas disposiciones en materia social y laboral por la preocupación de mejorar la situación de los trabajadores y por atraer al socialismo a su lado. Sucesivamente, iría creando cargos nuevos de responsabilidad en los distintos organismos del Estado, que fueron ofrecidos a dirigentes relevantes del socialismo español.

Condiciones del socialismo para participar en la Dictadura

Los socialistas, para participar en los cargos públicos que el régimen militar les ofreció, acordaron exigir una serie de condiciones. En primer lugar, para intervenir dentro de algún organismo del Estado, su representación no podía ser equiparada, en ningún caso, con la de otras asociaciones sindicales minoritarias, pues se consideraban los verdaderos representantes de la clase obrera e indicaron que, si la Unión General de Trabajadores participaba, no lo podían hacer los Sindicatos Católicos. En segundo lugar, para que los socialistas ocuparan puestos en el régimen dictatorial, debían ser elegidos por la propia organización obrera; querían evitar que sus delegados fueran designados directamente por el gobierno de Primo de Rivera.

La primera condición fue acordada el 29 de noviembre de 1923 en la reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del Comité Nacional de la UGT, presidida por Julián Besteiro, Manuel Cordero, Andrés Saborit, Fabra Ribas, Núñez Tomás, Luis Fernández, y Largo Caballero como secretario. En ella se trataba de resolver la cuestión sobre la invitación, hecha por el Ministerio de Estado, a nombrar un representante del Sindicato Socialista para la Comisión Encargada de los Convenios Comerciales que estudiaría diversas propuestas al Poder Ejecutivo. Pero el ofrecimiento gubernamental concedía también una representación a los Sindicatos Católicos, causa del rechazo socialista hacia el requerimiento. No obstante, esta negativa ocasionó dudas entre sus dirigentes. Andrés Saborit creyó que el gobierno de Primo de Rivera iba a ofrecer puestos de representación a otros sindicatos; de ese modo, si la UGT deseaba participar en los distintos organismos, debía considerar y aceptar el ofrecimiento, aunque haciendo constar que los Sindicatos Católicos significaban los intereses de la clase burguesa, y nunca de la clase obrera. De la misma manera, Antonio Fabra Ribas creyó que debían reconsiderar la posición adoptada al juzgar que los socialistas tenían que aceptar el puesto y actuar en las instituciones. Francisco Núñez opinó de modo ambiguo: quiso participar en el régimen dictatorial, pero no reconocía la representación del Sindicato Católico porque era afín al gobierno de Primo de Rivera. Igual postura mantuvieron Manuel Cordero o Lucio Martínez al considerar que el beneficio que se podía alcanzar con los representantes socialistas, en aquel cargo, quedaría disminuido con la intervención de los Sindicatos Católicos, que tenderían a favor de la clase patronal, motivo por el que no aceptaron la invitación. Por su parte, Largo Caballero se mostró contrario a la participación de dicho sindicato; valoró que el gobierno militar no podía preferir esta representación a la Unión General de Trabajadores. Pese a las diferentes opiniones de la Comisión Ejecutiva, finalmente prevaleció, en este caso, no enviar representación socialista a los convenios comerciales. 92

Posteriormente, en pleno del Comité Nacional reunido el 9 de enero de 1924, se acordó la segunda premisa para la participación socialista en el régimen autoritario. Los cargos habrían de ser representativos, elegidos democráticamente por el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores:

Por unanimidad se decide que los socialistas no acepten cargos públicos que no sean de elección popular, o en representación oficial de organismos obreros y designados por estos directamente, rigiendo este acuerdo con carácter nacional a partir del momento en que se adopta.93

Además de estas condiciones, la directiva socialista acordó vetar la posibilidad de entrevistarse con cualquier ministro del gobierno de Primo de Rivera:94 Esta actitud resultó un tanto ambigua, ya que se rechazaba toda relación personal con autoridades del Régimen, y Largo Caballero aceptó ser consejero de Estado, donde se encontraban representantes del gobierno dictatorial.95 En definitiva, los socialistas establecieron unas normas para intervenir en el régimen de Primo de Rivera, y en general se cumplieron, aunque existieron casos de algunas agrupaciones socialistas en las que estos requisitos no se llevaron a la práctica; siendo aleatorios y aplicándose según el interés del cargo. En ocasiones, se llegaron a aceptar algunas concejalías designadas por el gobernador provincial, al igual que puestos representativos de nueva creación, como fue el caso de la vocalía obrera del Consejo de Estado.

Representación en los ayuntamientos

Los primeros cargos oficiales fueron ocupados en octubre de 1923, cuando se produjo la disolución de los ayuntamientos electos por parte del Directorio Militar.96 En su lugar se nombraron a los vocales asociados, los socialistas regresaron a sus cargos como vocales, lo que significó su entrada en la política del gobierno de Primo de Rivera.

Concejales socialistas corporativos en 1923

Memoria del XII Congreso del Partido Socialista, 1928. p. 365. Total: 41

Concejales socialistas corporativos en 1927

Memoria del XII Congreso del Partido Socialista, 1928, p. 366. Total: 32

La Comisión Ejecutiva Socialista argumentó que no era el régimen dictatorial, sino la organización obrera, la que a requerimiento del Gobierno nombraba a los nuevos concejales. Este tema fue conflictivo porque en algunos casos intervinieron los gobernadores civiles en los nombramientos de ediles. El ejemplo concreto lo tenemos en el Ayuntamiento de Vigo con la designación del socialista Manuel Botana. Ante la falta de una respuesta concreta por parte la Comisión Ejecutiva del Partido y por el apremio del gobernador civil, Botana fue elegido concejal sin otra autorización que la del sector local socialista.97

Para evitar situaciones equívocas en el nombramiento de ediles, el Comité Nacional Socialista decidió que no se admitieran concejalías si las autoridades no se dirigían directamente a la organización socialista, y esta designaba a sus representantes.98 Esta norma fue aplicada el 2 de abril de 1924, cuando el gobernador civil nombró para el Ayuntamiento de Madrid a Largo Caballero, Manuel Cordero, Eduardo Álvarez y Andrés Saborit como concejales. Todos ellos rechazaron el cargo por no haber sido elegidos por los propios socialistas, señalando que los aceptarían si las autoridades se dirigían oficialmente a la organización socialista, y esta los designaba.99 En el Estatuto Municipal creado por la Dictadura, los concejales podían ser nominados directamente por las autoridades del gobierno dictatorial, o bien por elección corporativa. El Comité Nacional del PSOE y el de la UGT aprobaron por unanimidad la decisión de seguir la normativa del Estatuto, la elección corporativa.100

A pesar de lo establecido por los comités, en ocasiones esto no se llevó a la práctica, como, por ejemplo, cuando a Juan Salas Antón le ofrecieron, a través del gobernador civil, una concejalía para el Ayuntamiento de Barcelona. La Comisión Nacional del Partido se pronunció en contra, por lo cual, en teoría, debía de renunciar al cargo. Sin embargo, no lo hizo y fue nombrado para el mismo no como representante socialista sino a título corporativo. Salas alegó que su actuación podía beneficiar a las organizaciones a las que pertenecía. El sector socialista barcelonés, dada la situación, optó finalmente por cesarlo.101

Otro caso peculiar fue el de Andrés Arteaga. Apenas dos meses después de haberse afiliado al Partido Socialista, accedió al cargo de concejal por el Ayuntamiento de Madrid —–anteriormente había formado parte de la Junta de Asociados, donde, al suspenderse los ayuntamientos, los puestos habían sido reconvertidos a vocalías—. Este hecho pasó desapercibido, en un primer momento, para la Agrupación Socialista madrileña, dado el escaso tiempo que llevaba dentro de la organización.102 Pero descubierta la situación poco tiempo después, el socialismo madrileño decidió que permaneciera en su puesto de concejal. En abril de 1924 se produjo otra renovación en el Ayuntamiento de Madrid; Arteaga fue nombrado de nuevo concejal, pero de forma directa por el gobernador civil. Incluso llegó a ocupar, poco después, el puesto de segundo teniente de alcalde. Mientras ostentaba dicho cargo, el 11 de mayo de 1925 se le realiza un homenaje por su buena labor en el Ayuntamiento, efectuado en el Hotel Nacional,103 en el que se leyeron las adhesiones de los dirigentes socialistas Pablo Iglesias, Andrés Saborit y, en representación de la UGT, Largo Caballero.104 Pero el discurso de Arteaga dentro de aquel acto encrespó a ciertas autoridades, que decidieron entonces cesarlo del puesto;105 y aún después de este incidente continuó ejerciendo la concejalía, animado por la Agrupación Socialista madrileña.106 Este hecho ocasionó la protesta de su homónima de Valladolid, que envió varias cartas a la Ejecutiva del Partido Socialista en las que rechazaba la conducta adoptada, alegando que no se habían seguido las normas establecidas para la aceptación de los cargos públicos, y la cuestión debía someterse al referéndum de las agrupaciones socialistas. La Ejecutiva decidió que el Comité Nacional estudiase el asunto, cuya resolución final se decantó por dejar libertad de decisión a la Agrupación de Madrid, acordando que Andrés Arteaga continuase en su cargo de concejal.107

El 19 de diciembre de 1927, el Gobierno Civil de Madrid cesó a todos los concejales al verse envueltos en una crisis municipal. Se eligieron de nuevo los componentes del Ayuntamiento por el gobernador civil, y Andrés Arteaga volvió a ser nombrado como concejal. Este consultó la aceptación del cargo a la Agrupación Socialista madrileña, que pidió la intervención del Comité Nacional del Partido. Esta denegó el permiso por no ajustarse el nombramiento —al ser gubernativo— a las normas exigidas. Pese a ello, Arteaga, no abandonó el Ayuntamiento de Madrid, pues necesitaba reivindicar su honor pues había sido acusado, junto con otros miembros del consistorio, de irregularidades económicas.108 Al no renunciar a la concejalía, el Comité Nacional finalmente le separó del Partido.109