Reservados todos los derechos. Salvo excepción prevista por la ley, no se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos conlleva sanciones legales y puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

A mi hijo EDUARDO, con todo mi amor

Índice

Introducción

Capítulo I. Breve análisis de la Dictadura

Causas del pronunciamiento militar

Legitimación del golpe

La estructura dictatorial

Capítulo II. La sociedad ante el pronunciamiento militar

Posición de la clase política

Posición de las fuerzas sociales

Capítulo III. La actitud del socialismo ante la sublevación militar

Condena pasiva y serenidad

El ‘frente único’

Dos posturas enfrentadas

Tolerancia del Régimen

Capítulo IV. Intervención del socialismo en la Dictadura

Acercamiento del Directorio Militar

Condiciones del socialismo para participar en la Dictadura

Representación en los ayuntamientos

Nuevos cargos representativos y de corporaciones oficiales

Reforma del Consejo de Estado y la vocalía obrera

La Organización Corporativa del Trabajo

Capítulo V. El pragmatismo de Largo Caballero y de Julián Besteiro

Pensamiento y actuación de Largo Caballero

Trayectoria política

El laborismo

Politización de la Unión General de Trabajadores

Largo Caballero en el Consejo de Estado

División en el seno del socialismo

Largo Caballero defiende su actuación

Posición de Julián Besteiro

Pensamiento político

Trayectoria política

El laborismo inglés y el intervencionismo reformista

Capítulo VI. Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, opositores de la Dictadura

Pensamiento político de Indalecio Prieto

Trayectoria política

Hostilidad hacia la Dictadura y el intervencionismo socialista

Pensamiento político de Fernando de los Ríos

Trayectoria política

Oposición a la Dictadura y a la actuación socialista

Capítulo VII. Política social de la Dictadura

Agentes de la política social: clase obrera y clase patronal

El Sindicato Socialista ante la cuestión social

Los Sindicatos Libres y los Sindicatos Católicos

La Confederación Patronal

Reforma del Ministerio de Trabajo

Legislación social

El Código de Trabajo

Legislación en materia educativa

La Organización Corporativa del Trabajo

La Organización Corporativa en el sector agrario

Capítulo VIII. División en el socialismo por la intervención en la Dictadura

El XII Congreso del Partido Socialista

El XVI Congreso de la Unión General de Trabajadores

Análisis de los debates

Capítulo IX. La ruptura socialista con Primo de Rivera

El proyecto asambleario

Posición del socialismo ante el proyecto asambleario

La Asamblea Nacional

El proyecto de Constitución

La designación socialista para la Asamblea y los Congresos Extraordinarios

Otras fuerzas impugnadoras de la Asamblea Nacional

Modificación del decreto de la Asamblea Nacional y la crisis del Régimen

El oportunismo político

Conclusiones

Bibliografía

Archivos e instituciones

Prensa, revistas, anuarios

Fuentes primarias

Libros

Apéndice documental. El socialismo ante la Dictadura

El Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores exponen su actitud ante la opinión pública

¡Serenidad, trabajadores!

Nota oficial de la Casa del Pueblo de Madrid

Estamos en nuestro puesto

Nota oficiosa del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores entregada a la prensa, donde ratifican su acuerdo

Artículos de prensa

Nuevo horizonte

La actuación política es indispensable en la táctica obrera

Para alusiones

Un voto en contra

El enmascaramiento del poder civil por la vieja política

Correspondencia de Fernando de los Ríos a Primo de Rivera

Correspondencia de Fernando de los Ríos a Miguel de Unamuno

Apéndice fotográfico

Introducción

Los objetivos de este libro son analizar la intervención del socialismo en la dictadura de Miguel Primo de Rivera y conocer el porqué y las circunstancias que llevaron a los dirigentes socialistas españoles a participar en un régimen carente de libertades. Este hecho resulta singular y llamativo por las diferencias ideológicas e incluso éticas del socialismo respecto a un sistema dictatorial, si bien debemos considerar la situación política y el momento histórico.

Existe amplia bibliografía sobre la dictadura de Primo de Rivera, sin embargo, son muy reducidas las obras que abordan de forma específica y en profundidad la intervención socialista en el régimen dictatorial. La mayor parte de las publicaciones lo tratan de modo general; unos trabajos exponen el tema en un capítulo dentro del estudio del socialismo, como por ejemplo el apartado que realiza Enrique Moral Sandoval bajo el título «El socialismo y la dictadura de Primo de Rivera» dentro de la coordinación de Santos Juliá en El socialismo en España: desde la fundación del PSOE. hasta 1975, o en Los socialistas en la política española, 1879-1982.

Entre las publicaciones coetáneas al hecho histórico que analizo, puedo citar las obras de los socialistas Gabriel Morón (El Partido Socialista ante la realidad política de España, 1929), Miguel Navas (Los socialistas españoles y la dictadura militar, 1929), Enrique Santiago (La Unión General de Trabajadores ante la Revolución, 1932), Manuel Cordero (Los socialistas y la revolución, 1932), o el trabajo del comunista Joaquín Maurín (Los hombres de la Dictadura, 1932). En estas obras se trata la intervención socialista en la dictadura de Miguel Primo de Rivera de forma concisa y, en algunas de ellas, partidista.

Por este motivo, he profundizado en distintas fuentes primarias, principalmente en las actas de los congresos del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, y en periódicos de la época, sobre todo en El Socialista, para explicar cómo la mayor parte de los dirigentes socialistas deciden implicarse en el régimen militar mientras una minoría dentro del Partido se opuso a dicha intervención. La finalidad de esta publicación es aportar nuevos datos que ayuden a entender las razones de la actuación socialista, así como efectuar un análisis de la intencionalidad política de sus dirigentes en esta etapa histórica.

Serán materias de estudio cómo reaccionaron las fuerzas políticas y sociales ante el pronunciamiento militar, cuya actitud fue de impasibilidad: nadie optó por defender el régimen político de la Restauración, incluidos el PSOE y la UGT, que declararon su condena formal a la sedición militar, pero en la práctica llevaron a cabo una actuación de mera pasividad y neutralidad; y las dos posturas enfrentadas dentro del socialismo: los dirigentes que decidieron intervenir en el régimen de Primo de Rivera y aquellos que se opusieron al mismo. También analizo el «frente único», que pretendía una cohesión entre fuerzas sindicales marxistas y la negativa de los socialistas a participar en él. Trato, igualmente, la permanencia de los representantes socialistas en los cargos públicos tras la implantación de la Dictadura y los motivos que tuvieron para aceptar nuevos puestos políticos y económicos, si bien con una serie de condiciones. Señalo la actitud tolerante de Miguel Primo de Rivera hacia el socialismo español, al que ofreció intervenir en diversos organismos oficiales del Estado, otorgándoles prioridad frente a otras fuerzas sindicales.

Asimismo, estudio el pensamiento y la trayectoria política de los principales dirigentes del socialismo español en aquel periodo: Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, pues nos muestran la manera de proceder de cada uno, al igual que el desempeño de funciones directivas dentro del Partido o del Sindicato, sus creencias liberales, o, por el contrario, más adaptadas a los intereses de clase que influyeron notoriamente en su posición ante la Dictadura.

Del mismo modo, analizo la finalidad política e intervencionista de Largo Caballero en el régimen de Primo de Rivera, su idea del laborismo, que implicaba la politización de la UGT, la aceptación del cargo de consejero de Estado y las discrepancias que surgieron por este hecho. Igualmente, trato la actitud participativa, en el nuevo sistema, de otra personalidad relevante del socialismo español: Julián Besteiro y su criterio coherente a lo largo del periodo dictatorial. Señalo también al sector del socialismo que rechazó el régimen autoritario, encabezado por el dirigente bilbaíno Indalecio Prieto y el catedrático Fernando de los Ríos, ambos proclives a que su partido no tuviera ninguna relación institucional con el gobierno de Primo de Rivera, en concordancia con el pensamiento liberal y republicano que ambos tenían, que propugnaba un sistema democrático sin el rey Alfonso XIII.

La política y legislación social del Régimen será igualmente objeto de estudio, ya que fue esta un poderoso motivo por el que los socialistas intervinieron en el mismo al considerar que con su actuación podrían alcanzar mayor bienestar para la clase trabajadora y adquirir más influencia que otros sindicatos en los Comités Paritarios, lo que consiguieron, pues establecieron —junto a la Patronal— la normativa que reguló el mundo laboral en aquellos momentos. La buena actitud de los agentes sociales —clase obrera y clase patronal— contribuyó al desarrollo de la reforma social y a la creación, por parte del ministro Eduardo Aunós, del Código de Trabajo, que fue prioritario para evitar arbitrariedades dentro del mundo laboral, pues establecía el reglamento entre las partes contratantes. Igualmente, la Organización Corporativa del Trabajo, institución que repercutió muy favorablemente en el sector económico-social, y la significativa función de la Oficina Internacional del Trabajo como promotora de la legislación laboral a nivel supranacional con la influencia que ejercía sobre los Estados integrantes en el compromiso de convertir en ley los acuerdos allí adoptados.

Analizo en profundidad el XII Congreso del Partido Socialista y el XVI Congreso de la Unión General de Trabajadores, ambos de 1928. Es fundamental el estudio de sus sesiones, pues muestra claramente la posición intervencionista llevada a cabo por la mayor parte de los dirigentes socialistas.

Otro aspecto importante que abordo es la actitud del socialismo ante la creación de la Asamblea Nacional Consultiva y, en relación con ella, los congresos extraordinarios de la UGT y del Partido Socialista en 1927, convocados para decidir la posible participación en ella y la modificación del decreto de constitución de la Asamblea Nacional por parte de Primo de Rivera, que permitía a los socialistas designar a sus representantes para asistir a dicha institución. Por último, expongo la ruptura del socialismo con el Régimen por motivos de clara estrategia.

Capítulo I.

Breve análisis de la Dictadura

La dictadura del general Miguel Primo de Rivera no solo fue un paréntesis en la vida constitucional de España, sino que tuvo un papel decisivo en el futuro político de nuestro país pues dejó un legado que repercutió en acontecimientos políticos posteriores, con la caída de la monarquía de Alfonso XIII y la implantación de la Segunda República. Igualmente, causó efecto en el papel político cada vez más relevante del socialismo dentro de la nación.

Las graves dificultades coyunturales por las que atravesaba España en 1923 eran premonitorias del pronunciamiento militar. El caso español no fue una excepción en la Europa de su tiempo, en la que se desarrollaron diversos sistemas dictatoriales —Mussolini en Italia, Gómez da Costa en Portugal, Pilsudski en Polonia, Venizelos en Grecia— considerados como regímenes políticos temporales, excepcionales, que venían a resolver situaciones de crisis agudas. El Dictador era investido de autoridad y facultades extraordinarias de actuación, no existiendo control a las determinaciones que adoptara; la fuerza se imponía a la legalidad en pro de alcanzar los objetivos previstos.

El político catalán Francisco Cambó, analizando los motivos de la aparición de los sistemas dictatoriales en Europa, señaló distintos factores. En su opinión, se habían originado en algunos países fuertes para incrementar su crecimiento y fortaleza; y en otros pueblos con mayores problemáticas y debilidades, como síntoma de su impotencia, para tratar de remediar situaciones complejas. Cambó subrayó la aceptación y simpatía de los europeos hacia este sistema de gobierno. Respecto a España, consideró que el advenimiento de la Dictadura fue principalmente por el mal funcionamiento del sistema parlamentario y la crisis de los distintos gobiernos liberales. Y, sobre todo, porque a la idea de democracia-derecho no la acompañaba la idea de democracia-deber; al igual que el materialismo que llevaba intrínseco la crisis de los valores éticos.1

El régimen de Primo de Rivera se implantó en nuestro país porque no se había realizado una paulatina reforma estructural en las instituciones del Estado, herederas del sistema canovista de finales del siglo XIX. Se continuó con la manipulación en los procesos electorales mediante el caciquismo que permitía asegurar el resultado de las elecciones a propuesta del Ministerio de Gobernación. Este mecanismo ocasionó gran debilidad en el Poder Ejecutivo, que unas veces no supo, y otras no pudo, por el escaso tiempo que la fuerza política permanecía en el gobierno, dar solución a las distintas cuestiones latentes del país. La tradición liberal se estancó, fue incapaz de integrar a nuevas fuerzas políticas emergentes y de realizar reformas sociales y económicas adecuadas. La descomposición interna de los partidos dinásticos fue otro factor de inestabilidad, pues se encontraban divididos en fracciones personalistas enfrentadas entre sí. Asimismo, las nuevas expectativas de las masas campesinas, que se mostraron defraudadas ante la falta de reformas estructurales en el sector agrario, la insuficiente industrialización, los conflictos derivados del nacionalismo, y, sobre todo, el papel tan destacado que había alcanzado el Ejército en la política española al intervenir en asuntos que no pertenecían a su competencia. Todos estos factores fueron decisivos para la implantación del régimen autoritario; así, la inquietante situación por la que atravesaba España se intentó paliar mediante la intervención militar, con el beneplácito del monarca Alfonso XIII.

Causas del pronunciamiento militar

El pronunciamiento militar del 13 de septiembre de 1923 fue recibido por la mayoría de la población española de un modo favorable, pues venía a eliminar la insostenible situación de la vieja política de la Restauración llena de corrupción, caciquismo y otras arbitrariedades que polarizaban el panorama nacional. La crisis del sistema era evidente, la degradación de los partidos políticos se manifestó palpable y el fracaso de los distintos gobiernos fue una realidad. El liberalismo desarrollado hasta el momento había sido más teórico que real, el poder militar tenía cada vez más fuerza en detrimento del poder civil. Esta circunstancia se produjo porque la legitimidad estaba vinculada a la monarquía y no a la soberanía popular, la cual, al no ser sólida, habilitó al Ejército para intervenir bajo el apoyo de la Corona. Políticos de aquella etapa, como Manuel Azaña o el conde de Romanones, manifestaron la gran preponderancia que poseían los militares en la vida política española y la escasa autoridad del poder civil, pues quienes dirigían España eran Alfonso XIII y los militares.

Se puede afirmar que el sistema político estaba colapsado y que la alternativa más inminente fue el establecimiento del régimen autoritario. Aunque algunos historiadores, como el inglés Raymond Carr o el israelí Shlomo Ben Ami, sostienen que el último gobierno liberal, constituido en diciembre de 1922 y liderado por Manuel García Prieto y Santiago Alba, revitalizó la democracia con una coalición de centro-izquierda que pretendió establecer un programa amplio: alcanzar una reforma electoral favorable a la representación proporcional, aprobar normativas que facilitaran la reforma agraria, gravar con impuestos extraordinarios los beneficios de la guerra de Marruecos o juzgar las responsabilidades políticas y militares por el desastre de Annual.2 Sin embargo, la mayor parte de la historiografía —tanto de aquella etapa como posterior— señala que el sistema de la Restauración era inviable. El economista Juan Velarde consideró que los políticos dinásticos en ejercicio sus cargos no habían realizado acciones para solucionar los graves problemas económicos y sociales existentes en España, alegando que cuando la situación llegó a ser insostenible, se pensó entonces en un sistema dictatorial.3 Francisco Cambó estimó que el Dictador había arrebatado los derechos al pueblo español, pero subrayó que el sistema político del «turnismo de poder» se encontraba en grave decadencia: «No ha hecho más que arrancar plantas sin vida, instituciones que solo eran una sombra o un sarcasmo».

Igual opinión tienen los historiadores contemporáneos José Luis Gómez Navarro o María Teresa González. Ambos señalan que no existía entre los partidos políticos de la Restauración una clara intención democratizadora; consideran que las fuerzas que desearon reformar las estructuras del Estado no pudieron actuar debido al sistema caciquil imperante que dificultaba cualquier propósito; la solución dictatorial estaba en el ambiente nacional.4

En definitiva, no hubo un proceso democratizador factible identificado con fuerzas políticas y sociales con voluntad y capacidad para ser llevado a buen término. A los políticos monárquicos les faltó intención, rectitud y espíritu de cooperación, y se hallaron sometidos al variable criterio del monarca. El resto de los partidos, el Republicano y el Socialista, apenas habían intervenido en la política nacional, no poseían suficiente fuerza ni experiencia para renovar y regenerar el sistema parlamentario. La realidad del momento mostró que el pronunciamiento militar no cercenó una democracia porque esta verdaderamente no existía, las elecciones eran del todo irregulares con fraude sistemático del procedimiento electoral, y el devenir de los acontecimientos políticos y sociales así lo constató. La indudable situación del sistema de la Restauración fue descrita en toda su crudeza por el socialista Luis Araquistáin al expresar:

El rey los llamaba y el rey los despedía a capricho, para darles o quitarles el Poder, para darles o quitarles el Parlamento, un Parlamento que se formaba desde el ministerio de la Gobernación. En España, el Poder no ascendía, de abajo arriba, del pueblo al Parlamento, y del Parlamento al Gobierno o al jefe de Estado, como en una genuina democracia. En España, el Poder lo otorgaba el rey a su primer ministro, éste a su ministro de la Gobernación —el gran fabricante electoral— y éste a los caciques locales, encargados de hacer triunfar a los candidatos del Gobierno por todos los medios: por el fraude, por la corrupción, por la violencia si era preciso. España era una autocracia disimulada por la ficción de un régimen constitucional sin realidad alguna.5

Primo de Rivera, en su manifiesto a la nación, declaró que el pronunciamiento militar llegaba para solventar las graves dificultades políticas, sociales, económicas y militares existentes en España. Su gobierno eliminaría el sistema caciquil y establecería el orden público tan deseado por la sociedad española; proponiendo también distintos proyectos y reformas en la administración del Estado. Para la alta burguesía, clases medias y el Ejército, la Dictadura representó el remedio para tratar los problemas que tenía el país.

Sin duda, las causas del pronunciamiento militar fueron complejas y diversas; imperaba una grave crisis política como consecuencia de la escasa capacidad del sistema de la Restauración de realizar una política efectiva. Los sucesivos desgastes de los gobiernos, treinta y dos en los veintitrés primeros años del siglo XX, ponían de manifiesto la ineficacia del Poder Ejecutivo. Los partidos del «turnismo» estaban estancados, existía la división de los conservadores —entre mauristas y datistas— y se daba la ruptura del Partido Liberal entre los seguidores de Romanones y los de García Prieto. Esto ocasionaba que los grupos políticos careciesen de unidad y de fuerza para gobernar, dando lugar a las sucesivas crisis de gabinete, en parte creadas por el Rey, lo que se conocía en la época como borbonear, lo que producía un sentimiento muy negativo y el descontento en los distintos sectores sociales.

Otro agudo problema, la guerra de Marruecos y el tema de las responsabilidades políticas, había enfrentado al poder civil y al poder militar y se convirtió en el mayor conflicto planteado a la monarquía. El Rey fomentó el expansionismo territorial en aquella zona y se emprendió una agresiva política por el control de la misma con escasa planificación, ocasionando un fuerte y sangriento enfrentamiento entre los rifereños y el ejército español, con graves pérdidas de vidas en el desastre Annual, generando gran repulsa social. El expediente Picasso señalaba las personas implicadas; entre ellas se incluía a Alfonso XIII, militares y al Ejecutivo. El gobierno liberal de García Prieto, en la sesión de las Cortes celebrada el 11 de julio de 1923, creó una nueva comisión —la primera la formó el gobierno conservador de Sánchez Guerra— para examinar el informe del general Picasso, que contenía a los implicados del desastre marroquí, para que rindiesen cuentas públicamente. Esto tendría lugar tras el periodo vacacional, pero al producirse el pronunciamiento militar, disolverse el Parlamento y sus comisiones, no se pudo actuar y se dio carpetazo al asunto.

Al grave estancamiento político se le une un gran malestar social, pues existía un angustioso problema de orden público: terrorismo, huelgas, pistolerismo por parte del anarquismo. Para contrarrestarlo, optaron por la misma estrategia los Sindicatos Libres y patronos, junto al Estado. Esta situación ocasionó un profundo desorden que se traducía en importantes pérdidas económicas. Tales eran las circunstancias del momento, que en diversas sesiones del Congreso de los Diputados se trató el tema y se propusieron nuevas sanciones para la tenencia y uso de armas por el grave problema social existente en Barcelona. Por este motivo, sectores de la burguesía catalana solicitaron una política fuerte que acabase con el caos imperante en España.

Como consecuencia del desorden social, se produjo alarma económica agravada por la presión fiscal que ejerció el Estado sobre los contribuyentes por el déficit arrastrado en los presupuestos generales para la financiación de la guerra de Marruecos. Al mismo tiempo, la burguesía catalana solicitaba aranceles proteccionistas para salvaguardar su industria. El auge de los nacionalismos catalán y vasco contribuyó también a la gestación del pronunciamiento militar, porque eran considerados como una amenaza para el sistema.

Todas estas circunstancias, unidas al creciente intervencionismo de los militares en la política nacional, quienes en los momentos de crisis acudían a solucionar las situaciones difíciles, ordenados por el Rey, fortificaron el Ejército, el cual se encontraba en óptima disposición para irrumpir en la gobernación del Estado, controlando el sistema político junto a la Corona.

Legitimación del golpe

El pronunciamiento militar desarrollado por el capitán general de Cataluña Primo de Rivera contó con la comprensión de Alfonso XIII, a quien le correspondió la decisión de legitimar el golpe.6 El Rey pudo reconducir la situación hacia la legalidad constitucional, pero no lo hizo, y optó por sancionar el Directorio Militar nombrando a Primo de Rivera como su presidente. El propio monarca, cuando estaba en el exilio, manifestó a Cortes Cavanillas que la sublevación militar no le extrañó debido a las difíciles circunstancias por las que atravesaba España. La declaración siguiente constata la conformidad del Rey con el cambio de régimen:

Yo acepté la Dictadura Militar porque España y el Ejército la quisieron para acabar con la anarquía, con el desenfreno parlamentario y la debilidad de los hombres políticos. La acepté como Italia tuvo que acogerse al fascismo porque el comunismo era su inmediata amenaza. Y porque había que emplear una terapéutica enérgica sobre los tumores malignos que padecíamos en la Península y en África.7

Políticos de aquella etapa manifestaron su rechazo a la actuación de Alfonso XIII. Por ejemplo, Gabriel y Miguel Maura culparon al Rey del pronunciamiento militar, y en sus Memorias, Niceto Alcalá-Zamora igualmente acusó al monarca de la implantación de la Dictadura pues le manifestó, en los primeros meses de 1923, que los generales Leopoldo Saro y Antonio Dabán, promotores —entre otros— del pronunciamiento militar, no hubieran realizado ningún acto de insumisión sin su consentimiento.8 Manuel Azaña también criticó con dureza la postura del Rey, subrayando que debía haber sido el máximo interesado en proteger las instituciones del Estado, haciéndole responsable del cambio de régimen político.

Asimismo, el Partido Socialista acusó a Alfonso XIII de haber propiciado el establecimiento de la Dictadura para esquivar las consecuencias del expediente Picasso dado que el pronunciamiento militar evitó que se trataran las responsabilidades políticas contraídas por el desastre marroquí. Sería la minoría socialista en el Congreso de los Diputados, en julio de 1923, quienes manifestaron su intención de plantear dicho asunto en el debate parlamentario por la trascendencia política que concedían al mismo. Andrés Saborit, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro e Indalecio Prieto exigieron que se esclarecieran todos los hechos relativos a las responsabilidades.9 Prieto señaló que ya anteriormente se había buscado una salida política de carácter dictatorial para evitar las responsabilidades por el conflicto del Rif. Para ello, se llamó a Antonio Maura para ofrecerle la dictadura civil que rechazó. Al preguntar las razones de tal propuesta, le respondieron que se estaba formando la Comisión de Responsabilidades, que era una bomba de dinamita colocada debajo del trono10. Indalecio Prieto aludió también a un texto publicado en el periódico La Nación, órgano de la Dictadura, el cual recogía que la disolución del último Parlamento evitó la Comisión llamada de «Responsabilidades», que iba a comprometer al mando militar en todos sus escalafones, y al monarca.11

Es evidente la implicación real en los hechos, pues es difícil imaginar que el Ejército realizase una sublevación militar que no hubiera sido aprobada por Alfonso XIII; sobre todo teniendo en cuenta que los conspiradores mantenían buenas relaciones con el Rey. Además, en sus declaraciones públicas, como la realizada en el Círculo de la Amistad de Córdoba, en 1921, ya se mostraba claramente partidario de actuar al margen del sistema parlamentario, durante el tiempo necesario que permitiese dar solución a la compleja situación de España. En consecuencia, Alfonso XIII conocía los preparativos de la sublevación militar, fue responsable de su triunfo y de la naturaleza del régimen autoritario implantado, sancionándolo y rompiendo con la Constitución de 1876.

La estructura dictatorial

La dictadura de Miguel Primo de Rivera transformó la situación de España respecto del régimen de la Restauración. Un real decreto sancionó la nueva legalidad: el 16 de septiembre de 1923, el marqués de Estella juró su cargo ante el Rey como jefe de Gobierno, actuando el conde de López Muñoz —ministro dimitido de Gracia y Justicia— como notario mayor del reino. Se constituyó un Directorio Militar integrado por un general de brigada por cada una de las regiones militares, y un contralmirante de Marina. El Dictador manifestó que sería «un breve paréntesis» en la marcha constitucional, que quería «regenerar España» eliminando la vieja política caciquil. El intervencionismo del Estado se desarrolló en todos los sectores de la sociedad. Primo de Rivera daría las instrucciones oportunas a los jefes de los diferentes ministerios con el propósito de alcanzar una renovación en el sector público.

12 3 4 Next

La intervención del socialismo en la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

People who read this book also read