La intervención del socialismo en la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

En los primeros años, se estableció un gobierno de militares presidido por Miguel Primo de Rivera que concentró todos los poderes y fue responsable de la gobernación del país bajo los principios de «autoridad, orden y eficacia», cuyo ideario sería militarista con regeneracionismo costista y maurista, y postulados del catolicismo social. Los militares ocuparon y controlaron los cargos decisivos en todos los niveles de la Administración. Serían los encargados de regenerar la sociedad mediante el dominio de todos los sectores: político, económico, social, de instrucción pública o de la producción. Los ideólogos más destacados del régimen fueron José María Pemán, José Pemartín y Ramiro de Maeztu, quienes a través de sus escritos difundieron los principios fundamentales del conservadurismo español: patria, unidad nacional, monarquía y la religión como valores inalterables. La política iniciada se basó fundamentalmente en un ataque al liberalismo parlamentario, en la defensa de una representación corporativa de la sociedad y en el intento de movilización de la ciudadanía por parte de los dirigentes políticos.

Para garantizar la seguridad, se constituyó el somatén nacional, especie de milicia vecinal que sirvió de ayuda a las fuerzas del orden, actuando de modo paramilitar y dirigidas por el Ejército. Su estructura orgánica se adecuó a las regiones militares. En la jefatura, un general de brigada poseía una marcada tendencia política, siguiendo el ejemplo del somatén existente en Cataluña. El Ejército estuvo al frente del Gobierno y en los cargos decisivos de la Administración local.

Martínez Anido, asesor del Dictador y ministro de Gobernación, con capacidad de decisión autónoma, eliminó el anarquismo y toda fuerza revolucionaria mediante la encarcelación de sus militantes. Dirigió a los gobernadores militares y a los delegados gubernamentales —designados estos últimos entre los oficiales del Ejército, y encargados de inspeccionar las diputaciones y los ayuntamientos— con la misión de entablar una lucha anticaciquil, regenerar la vida pública e impulsar una política renovadora, al igual que atraer nuevos adeptos al Régimen. Otros ministros destacados del Gobierno fueron: Calvo Sotelo y Eduardo Aunós, que, aunque dependieron del Dictador, tuvieron cierta independencia decisoria. En el escalón inferior y nombrados por Primo de Rivera y Martínez Anido, se encontraban los gobernadores civiles que dirigieron y fiscalizaron la política provincial y desempeñando un papel fundamental, pues mediante ellos el Gobierno controló la Administración provincial y local. Ambos eran núcleos decisivos del poder.

Lo más relevante en este periodo fue la solución del orden público y la reforma administrativa con la elaboración del Estatuto Municipal, por parte de Calvo Sotelo, en marzo de 1924. Su función primordial fue reformar la Administración local para regenerar y lograr autonomía municipal, de manera que pudieran llevarse a cabo cuestiones sociales como, por ejemplo, otorgar créditos para servicios públicos. Se proponía una democratización de los ayuntamientos. Igualmente se creó, el 21 de marzo de 1925, el Estatuto Provincial, establecido para pugnar contra los nacionalismos, considerando los municipios como la única división territorial natural. Estos, a su vez, podían agruparse para constituir provincias, y estas, comarcas, hasta llegar a la mancomunidad, la cual no poseería, en ningún caso, entidad autónoma propia. Estos dos estatutos no tuvieron vigencia, ya que Primo de Rivera no se atrevió a convocar elecciones por no disponer de una organización política afín lo suficientemente desarrollada para poder ganarlas. A pesar de los cambios realizados, no se alcanzó una verdadera reforma en la Administración local o provincial por existir actuaciones clientelares. Además, el Poder Judicial no controló los actos ilícitos del Gobierno y quedó sometido a las decisiones de Primo de Rivera. La Junta Inspectora del Personal Judicial tuvo la función de fiscalizar la labor realizada por la Judicatura, pero no fue efectiva, pues siguió existiendo abuso de autoridad. Se sometió el Poder Judicial al Ejecutivo, porque al Gobierno le estaba permitido jurídicamente cualquier propósito.

La victoria militar de Alhucemas y el fin de la guerra de Marruecos otorgó un gran prestigio a Primo de Rivera, ya que el conflicto venía desarrollándose desde principios del siglo XX, con duros enfrentamientos en esa zona ocasionados por el levantamiento de las tribus del Rif contra el protectorado español y el francés. La unión militar de ambos países y su acción conjunta, planificando el desembarco en Alhucemas, acabó con la resistencia de las cabilas; su líder, Abd el-Krim, se sometió al protectorado. Este éxito propició que Primo de Rivera, a partir de diciembre de 1925, sustituyera el Directorio Militar por un gobierno civil.

El Directorio Civil estaba formado principalmente por tecnócratas. Los más destacados: José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda, dirigiendo la reforma financiera y la planificación de la economía española; Eduardo Aunós, encargado de la política social; y el conde de Guadalhorce, de obras públicas. El Gobierno trató de establecer una renovación política en relación con sectores económicos y sociales, se produjo un fuerte crecimiento por la actuación intervencionista del Régimen en obras públicas hidráulicas, carreteras, ferrocarriles… Igualmente, se desarrollaron medidas sociales que reglamentaban la vida laboral en beneficio de las clases más desfavorecidas. Asimismo, se dotó de una estructura institucional al Estado, constituyéndose el Partido la Unión Patriótica, la Organización Corporativa del Trabajo, la Asamblea Nacional Consultiva y el proyecto de Constitución.

Para alcanzar los objetivos previstos, era necesaria una organización política estable. Desde el principio de la Dictadura se fue estructurando una fuerza que impulsara el regeneracionismo en los distintos estratos de las instituciones. Fue en abril de 1924 cuando Primo de Rivera comunicó la creación de la Unión Patriótica, ampliándose en años posteriores con campañas dirigidas a la integración de afiliados. La UP se convirtió en el instrumento de propaganda del sistema autoritario. En julio de 1926, se dotó a la Unión Patriótica de una estructura nacional, reafirmando a Primo de Rivera como máximo dirigente. El partido del Régimen, integrado principalmente por la derecha católica, antiguos mauristas y todos aquellos que no habían podido alcanzar hasta entonces el poder, de marcada tendencia españolista y antirrevolucionaria, tuvo como objetivo constituir un gran grupo de derechas que sirviera como instrumento de movilización de las masas y para apoyar al Dictador en unas futuras elecciones. Este partido se extinguió con la caída de la Administración autoritaria.

Otro organismo constituido por Primo de Rivera —ampliamente analizado en los capítulos siguientes— fue la Organización Corporativa del Trabajo, que se creó en noviembre de 1926 para salvaguardar las relaciones laborales entre la clase patronal y la clase obrera. El Estado se convirtió en mediador entre los dos sectores de la producción española y así se garantizaba la paz social tan necesaria para el buen desarrollo económico. En 1927, Primo de Rivera constituyó la Asamblea Nacional Consultiva, cuya función principal fue crear un proyecto de Constitución y asesorar al Gobierno en diferentes asuntos jurídicos, sociales y económicos y, aunque las resoluciones no eran vinculantes, se estableció un Parlamento Corporativo. De igual modo, el Dictador materializó el proyecto de Constitución en 1929, realizado por la Sección Primera de la Asamblea, que impuso la posición del grupo maurista, pero no gustó a ningún sector político, ni a Primo de Rivera, por conceder amplios poderes al Consejo del Reino y, sobre todo, al Rey, en detrimento del Gobierno. También suscitó críticas y rechazo de los conservadores, liberales, socialistas y republicanos, lo que produjo el estancamiento de la institucionalización del Régimen.

En definitiva, el sistema dictatorial se puede calificar de ambivalente. Por un lado, suspendió los partidos políticos —pues Primo de Rivera consideró que debían apartarse del poder hasta que su gobierno regenerase la administración del Estado—, se estableció censura de prensa, se clausuraron el Congreso y el Senado12 disolviendo las comisiones permanentes de las cámaras y cesando las funciones de ambos presidentes, y se suspendieron las libertades públicas y privadas prohibiéndose cualquier tipo manifestación. Estos hechos fueron la cara negativa de la Dictadura. La positiva: el progreso en los distintos sectores de la vida nacional por la reforma de la Administración del Estado, la solución del problema del orden público y del conflicto bélico en Marruecos, y el incentivo del sistema educativo y la cultura. Asimismo, propició un notable crecimiento económico con la diversificación de la industria, impulsando los servicios públicos —agua, electricidad— y modernizando las infraestructuras —carreteras, ferrocarriles, puertos—. En consecuencia, se alcanzó el ascenso social y económico de la población española.

1. Francisco Cambó, Las dictaduras, Madrid Espasa-Calpe, 1929, p. 56-70.

2. Shlomo Ben Ami, La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): Barcelona. Planeta. 1984, p. 25.

3. Juan Velarde Fuertes, Política económica de la Dictadura. Madrid. Guadiana. 1968, p. 16.

4. 4María Teresa González Calbet, La dictadura Miguel Primo de Rivera. El Directorio Militar. Madrid, El Arquero. 1987, p. 275.

5. Luis Araquistaín, El ocaso de un régimen. Madrid. Galo Sáez, 1930, p. 218-219.

6. Al día siguiente del pronunciamiento, 14-9-1923, manifestaba el diario El Sol en su editorial: «El Gobierno de los políticos y el Directorio inspector militar que representa el movimiento iniciado en Barcelona, esperan, constituidos ambos en reunión permanente, la llegada del Monarca, a quien se le ha reservado, con toda galantería, la ardua misión y la seria responsabilidad de decidir. No es difícil adivinar el sentido de la urgente decisión. De un lado está un gobierno que, con sus últimas rectificaciones, ha agotado los restos del largo crédito que el país le concediera (...), de la otra parte, un ejército estrechamente unido, fervientemente monárquico, que dispone de la fuerza y cuenta con un buen caudal, si no de plena adhesión, de simpatía pública. El dado lanzado al aire ya está en el suelo, y no hay más que leer en su cara».

7. Cortes Cavanillas, Confesiones y muerte de Alfonso XIII, Madrid, Colección ABC, p. 69.

8. Niceto Alcalá Zamora, Memorias. Barcelona, Planeta, 1977, p. 95.

9. Diario de Sesiones del Congreso, Legislatura 1923, nº 11, pp. 269 y 366-367; nº 24, pp. 778-804 y nº 37, p. 1328.

10. Este ofrecimiento a Maura de presidir una dictadura civil aparece reflejado en la sesión de la Asamblea Nacional celebrada el 23-11-1927, en la cual el asambleísta y catedrático Pérez Bueno, en su intervención en la cámara, declara: «Se llamó a Antonio Maura a que se lanzase a pedir poderes de excepción y gobernase con una dictadura, y tuve con él entrevistas varias… Y aquel hombre insigne… me dijo que no sería nunca dictador ni quería serlo, porque miraba los problemas del Gobierno bajo el aspecto de la eternidad y, que, reconociendo que la dictadura pudiera ser justa y conveniente en ciertas circunstancias, él no quería asumir nunca en su persona todos los poderes del Estado». Diario de Sesiones, le. 1927-28, nº 3, p. 46.

11. Actas del XII Congreso del Partido Socialista, 1928, p. 133.

12. El Rey firma el decreto de disolución de las Cortes. «A Propuesta del Directorio Militar y de acuerdo con dicho Directorio. Vengo a decretar lo siguiente: Articulo único. Se declara disuelto el Congreso de los Diputados y la parte electiva del Senado. Dado en Palacio quince de septiembre de mil novecientos veintitrés. Alfonso El presidente del Directorio militar, Miguel Primo de Rivera Orbaneja». La Época, 17-9-1923.

Capítulo II.

La sociedad ante el pronunciamiento militar

La actitud general de la población española ante la sedición militar fue prácticamente de indiferencia; ningún sector social quiso defender el antiguo sistema de la Restauración. Si examinamos la prensa de la época, nos muestra que la sociedad actuó de forma expectante; unos artículos llamaban a la prudencia y otros tenían una postura favorable ante el pronunciamiento militar. Por ejemplo, el diario El Sol no escatimó elogios hacia el general Primo de Rivera, pues en uno de sus editoriales del número correspondiente al 14 de septiembre de 1923, valoró como positivo el levantamiento militar. Incluso apuntó que debía haberse producido seis años antes, cuando se desarrolló las crisis social, política, económica y militar de 1917, pues así se hubieran evitado los graves acontecimientos institucionales que vivió el país.13 El Sol, desde sus páginas, en sucesivos artículos animó al nuevo gobierno para que su actuación fuera eficaz y resolviera la incierta etapa por la que atravesaba España.

Esta misma idea la manifestó Rafael Gasset en El Imparcial, señalando que la opinión pública veía de forma positiva la eliminación de la «vieja política del turnismo de poder». De ahí la posición expectante de la ciudadanía ante la implantación del Directorio Militar, que aunque rechazó el procedimiento empleado, no se asombró ni se opuso a la pretensión de acabar con un sistema estéril.14

El periódico ABC también mostró en varios artículos el desencanto de la sociedad española con el régimen destituido, exponiendo que nadie iba a añorar al sistema político de la Restauración y congratulándose por el gobierno militar establecido.15 Igualmente, La Época reflejaba en sus páginas cómo importantes grupos conservadores acogían con agrado al régimen dictatorial, mientras que otros quedaron expectantes ante los acontecimientos acaecidos.16 Del mismo modo, el periódico El Debate pone de relieve la favorable disposición de la sociedad española hacia el cambio de régimen y la buena actitud de la clase trabajadora en general.17

Se aprecia que la prensa no censuró la sublevación militar, excepto El Liberal madrileño del 14 de septiembre de 1923, que insertaba en sus páginas un pequeño artículo calificando los hechos de atropello a las libertades públicas; pronosticando que el triunfo de la Dictadura sería efímero y de consecuencias negativas18. Asimismo, El Heraldo de Madrid en su editorial del día 13, también manifestó su repulsa a la sublevación militar, culpando de los acontecimientos acaecidos a los partidos dinásticos, como resultado de su mala gestión ante las cuestiones de Estado. Subraya el artículo que el verdadero cambio político debía haber sido realizado por el «pueblo», porque el ejecutado por una sola clase social corría el riesgo de servir a los intereses de la fuerza promotora. Recomendó al gobierno militar que realizara una transformación social equitativa en beneficio del conjunto de la ciudadanía.19 Insistió en lo significativo que era para España constituir un sistema defensor de las libertades públicas, apelando a las fuerzas demócratas para que lucharan contra el régimen dictatorial.20 Su director, José Rocamora, en el editorial, criticó duramente al rey Alfonso XIII, culpándole de la degradación política y de la sublevación militar. Expresó:

La suerte de España está puesta en manos del Rey. De un Rey que ha quedado sin opción para elegir gobernantes (…) tiene el Rey muy escasas prerrogativas, una de ellas es la negación de confianza a sus ministros y la elección de los consejeros de la Corona. De esa prerrogativa le despoja una sublevación que ha triunfado. La majestad queda convertida en servidumbre. El cetro y la Corona quedan humillados por el kepis y por la espada. (…) Un rey de voluntad cohibida será el signo de una soberanía pasada, mas ya no se puede recibir el nombre de soberano Si su firma se estampa al pie de resoluciones impuestas por la coacción. Porque cuando uno se deja el cetro para tomar la pluma y escribir al dictado, a impulsos de la violencia que triunfa, se deja, de hecho, de ser rey.21

En general, los periódicos mostraron una postura favorable ante los acontecimientos desarrollados; era el sentir de la ciudadanía española. Las fuerzas políticas y sociales, como se analiza en los apartados siguientes, unas simpatizaron con el cambio de sistema, mientras que otras permanecieron en modo pasivo puesto que no lucharon contra el pronunciamiento militar. Esta inacción de la sociedad española se produjo porque no se percibía un sistema viable que modificara la compleja situación política en España, lo que motivó el régimen dictatorial a pesar de someter los derechos fundamentales.

Posición de la clase política

La postura de la mayor parte de los políticos fue de apoyo tácito y de «dejar actuar» al régimen dictatorial para que pudiera controlar los distintos asuntos latentes en nuestro país. En realidad, se plegaron al nuevo sistema. La frase más difundida fue: «Deben gobernar solos y sin dificultades, pero sin la ayuda de los políticos». Resultó perceptible que el sistema de la alternancia en el poder había fracasado, la propia actitud de sus representantes lo constató, optando por dejar a los militares que resolvieran los problemas de gobierno. Fue notorio el sometimiento de los políticos ante la dictadura, ya que el propio ministro destituido de Gracia y Justicia, López Muñoz, desempeñó la función de notario mayor del reino en la jura de Miguel Primo de Rivera como presidente del Directorio Militar. Los partidos dinásticos, consecuentes, no pudieron optar por otra actuación porque una vez sancionado el pronunciamiento militar por Alfonso XIII, y nombrado Primo de Rivera como presidente del Gobierno, parecía de obligado cumplimiento acatar la decisión real. Además, las distintas fracciones de los partidos monárquicos restaban fuerza y decisión para actuar de otro modo.

Dentro de la ideología conservadora existieron distintas fuerzas políticas. En el Partido Conservador de Antonio Maura fueron claras las diferencias entre sus miembros a la hora de enjuiciar la sublevación militar. Unos dirigentes difundieron un comunicado el 15 de septiembre de 1923, en el que manifestaron su apoyo a la dictadura: «Saludamos con júbilo su aparición».22 Sin embargo, su máximo representante, Antonio Maura, resaltó lo negativo de los sistemas autoritarios porque, entre otras medidas impositivas, procedían a anular la Constitución y la acción política de los partidos.23 A pesar de este criterio, Antonio Maura en octubre de 1923 se reunió con Primo de Rivera, recomendándole la realización de una serie de medidas como la reforma en el censo electoral, la transformación del Senado instituido por corporaciones, e incluso se planteó la viabilidad de establecer una Asamblea Nacional Constitutiva.24 No obstante, debido a sus convicciones jurídicas y de acción política de los ciudadanos, rehusó el régimen dictatorial subrayando que debía ser transitorio.

El Partido Conservador de José Sánchez Guerra se mostró neutral y no puso obstáculos al nuevo gobierno; si bien su dirigente lo rechazó. Sánchez Guerra defendió un sistema representativo, regenerado y con espíritu de cooperación entre los miembros del partido.25 A través del periódico La Época, dejó constancia de sus convicciones monárquicas, constitucionales y parlamentarias, frente al sistema autoritario. Posteriormente, el 8 de mayo de 1925, declaró que a pesar de ser monárquico, rechazaba la monarquía absoluta ejercida por Alfonso XIII.26 El político conservador abandonó el país con destino a París, una vez constituida por Primo de Rivera la Asamblea Nacional Consultiva.

Otros dirigentes conservadores, como Manuel de Burgos Mazo y Joaquín Sánchez Toca, censuraron la implantación del régimen dictatorial por haber eliminado el sistema constitucional. Si bien estimaron conveniente apartar del Gobierno a los políticos de la Restauración, Burgos Mazo opinó que una selección de «hombres rectos» podía resolver las dificultades existentes, y, de no ser posible, un gobierno militar con la colaboración de sectores civiles y dentro de la Constitución.27 Por su parte, Sánchez Toca se mostró escéptico y no confió en que los militares pudieran solucionar las difíciles circunstancias por las que atravesaba España y vislumbró que el gobierno dictatorial sería transitorio.28

El Partido Social Popular apoyó a Primo de Rivera, aunque con discrepancias entre sus dirigentes. Hubo dos facciones: por un lado, la encabezada por Víctor Pradera, que mostró su simpatía hacia el nuevo sistema político, teniendo una buena opinión del Dictador29 y públicamente solicitó al Sindicato Católico su adhesión al Régimen para que pudiera consolidarse como fuerza política y formar parte de un gobierno corporativo y anticomunista. Por otro, la de Ángel Ossorio y Gallardo se mantuvo crítica con la Dictadura, culpó al rey Alfonso XIII de dirigir el golpe militar y opinó que Primo de Rivera había sido un mero instrumento, ya que la mano ejecutora había sido la del monarca.30 La actitud general del Partido Social Popular fue de no poner impedimentos a los militares en el gobierno para que pudieran resolver los distintos y difíciles asuntos que tenía el país.

El Partido Tradicionalista, rama del carlismo, orientado hacia posiciones muy conservadoras, fue claramente favorable a la desaparición del sistema liberal. Su dirigente, Juan Vázquez de Mella, deseó un régimen basado en el sentimiento nacional puramente religioso. Uno de sus principales postulados políticos se basaba en la sustitución del parlamentarismo por un sistema representativo de clases, defendiendo el corporativismo y la soberanía social. En coherencia, alabó muy positivamente la actuación de Primo de Rivera y le ofreció su colaboración, pues ambos resaltaron la idea de patria, tradición y religión como principios inspiradores a la ciudadanía.31

La Lliga, partido conservador y catalanista, mantuvo contactos con Primo de Rivera en la preparación del pronunciamiento militar. El dirigente José Puig i Cadafalch fue muy favorable al establecimiento de un régimen dictatorial;32 incluso como autoridad catalana (asumía el cargo de presidente de la Mancomunidad), acudió a la estación de ferrocarril a despedir al general Primo de Rivera cuando se trasladó a Madrid para desempeñar la jefatura de Gobierno. Mientras, Francisco Cambó se mantuvo más distanciado, aunque también dio muestras de simpatía con la transformación del sistema, pues estimó que la sublevación militar era una garantía para solucionar los constantes conflictos entre la patronal catalana y los sindicatos obreros; el gobierno militar establecería el orden y frenaría al movimiento obrero exaltado, terminando así con las graves tensiones sociales.

A los partidos liberales no les causó sorpresa la insurrección militar, debido a la complicada situación coyuntural que venía desarrollándose en España desde la crisis de 1917. Decidieron no interferir en la actuación de gobierno de Primo de Rivera, pero rechazaron el procedimiento empleado para acceder al poder. Estimaron necesarios los objetivos renovadores en los diferentes sectores sociales y en la administración del Estado, aunque ningún político liberal debía intervenir ni colaborar con la Dictadura.33 Así, Álvaro Figueroa, conde de Romanones, en un artículo publicado en el Diario Universal, periódico de carácter personalista y de su propiedad, reflexionó sobre la inadecuada gestión de gobierno de los partidos conservadores y liberales, subrayando que no habían estado a la altura política ante de los graves acontecimientos desarrollados en nuestro país. Por tanto, hará responsables de la mala gestión a todos los gobiernos del «turnismo», incluido su propio partido; reconociendo así la deficiencia del sistema de la Restauración.34 De ahí su posición, porque si bien rechazó los sistemas totalitarios, incluso participó en movimientos para desalojar del poder a Primo de Rivera. Sin embargo, manifestó en su obra Notas de una vida, una opinión muy positiva sobre Miguel Primo de Rivera.35

Niceto Alcalá Zamora perteneció primero al Partido Liberal del conde de Romanones, y posteriormente al Liberal Demócrata de Manuel García Prieto. Ante la sublevación militar manifestó su oposición y resaltó lo indispensable que era un sistema democrático para España, pero no puso impedimento al desarrollo del nuevo régimen. Estimó que Primo de Rivera podía eventualmente solucionar algunas cuestiones de gobierno, pero su poder sería efímero; ya que dudó que lograra construir un sistema político estable de cara al futuro.36 Alcalá Zamora fue cambiando su postura a lo largo de la etapa dictatorial, convirtiéndose en uno de los más firmes opositores a Primo de Rivera y al rey Alfonso XIII, declarando su afinidad con la Republica.

Determinados sectores del Partido Liberal se mostraron desde un principio mucho más disconformes y rechazaron el régimen dictatorial, como fue el caso de Santiago Alba, quien juzgó equivocado el modo de proceder de los militares, por lo que abandonó España.37Ante la persecución y el procesamiento que Primo de Rivera realizó hacia su persona, acusándolo de apropiarse del dinero destinado a la guerra de Marruecos cuando ejercía el cargo de ministro de Estado, Alba defendió su inocencia. En una serie de escritos, unos publicados en la prensa extranjera, otros enviados a políticos españoles, como el remitido al conservador José Sánchez Guerra o al propio monarca, abogó por su actuación en el Gobierno y por su honor. Así, desde Biarritz, el 18 de septiembre de 1923 publicó una carta en el diario L´Echo de París, negando toda inculpación.38 Poco después, en octubre de 1923, desde Bruselas, Alba mandó una nueva carta a Alfonso XIII, exponiendo el motivo de su marcha y solicitando al Rey que se resolviera su inculpación y procesamiento, apelando a la justicia.39

Otro dirigente liberal, Manuel García Prieto, jefe del gobierno dimitido tras el pronunciamiento militar, se mostró poco enérgico y se resignó ante la voluntad real, declarando al capitán general de Madrid, Muñoz Cobos, la siguiente frase al abandonar el poder: «Ya tengo un santo más a quien encomendarme: a san Miguel Primo de Rivera, porque me ha quitado de encima la pesadilla del gobierno».40 En realidad, García Prieto pudo haberse opuesto al régimen dictatorial, o al menos haber efectuado algún gesto de resistencia, sin embargo no lo hizo y se inclinó a la decisión del monarca y al nuevo sistema.

El Partido Reformista, fundado y liderado por Melquíades Álvarez, constituía una fuerza social y popular, pero no alcanzaba a serlo electoralmente. Su dirigente, defensor de los principios democráticos y laicos, abogó por la reforma gradual del sistema político que acabase con el caciquismo mediante una legislación adecuada que regulase los diferentes sectores de la sociedad española. En el momento del pronunciamiento militar, Melquíades Álvarez declaró al diario francés Le Information, su rechazo a la actuación de Primo de Rivera, exponiendo que él hubiera efectuado de forma legal los cambios políticos que se disponía a afrontar el Directorio Militar.41 Durante el periodo dictatorial, como abogado, defendió en los tribunales a personalidades políticas que fueron víctimas del Régimen y actuó en movimientos contra Primo de Rivera; participando en el manifiesto del frustrado alzamiento de la Noche de San Juan, en 1926, realizado por los generales Weyler y Aguilera contra el Dictador.42

El Partido Republicano Radical, a través de su dirigente Alejandro Lerroux, pronosticó en los primeros días del pronunciamiento militar que este hecho desembocaría en el hundimiento de la monarquía. Motivado por el desgobierno de los partidos dinásticos y simpatizando con Primo de Rivera, se mostró proclive del orden y disciplina que pretendía implantar el nuevo sistema. Pero en realidad Lerroux pretendió crear un frente donde se aunaran las fuerzas de izquierda radicales para derrocar a Alfonso XIII. Sin embargo, sus planes no encontraron ambiente propicio, pues el movimiento que más le apoyaba era el catalanista, y tenía un marcado tinte separatista. Este partido no pudo acotar la etapa dictatorial aunque ya, desde 1926, la formación llamada Alianza Republicana conspiró contra la misma.

En definitiva, todos los partidos dinásticos se mantuvieron pasivos y acataron el gobierno de los militares; se produjo una aceptación generalizada. Aunque declararon lo negativo que era anular el sistema constitucional, permanecieron inactivos y no realizaron ningún acto para restablecerlo. Esta conducta de los políticos prevaleció por la insostenible situación que atravesaba el país. En cierto modo, se sintieron aliviados con el cambio de régimen, ya que ellos no supieron resolver las distintas cuestiones de Estado. Además, la preponderancia que el sector castrense ejercía en la vida política de la nación y la aprobación de Alfonso XIII ocasionaron el cambio de sistema, aunque fuese de modo transitorio. En consecuencia, estimaron preciso un nuevo horizonte para el país, ya que el proceso de degradación del «sistema canovista» resultaba incuestionable.

Posición de las fuerzas sociales

La ciudadanía percibió el golpe de Estado de modo impasible. Cada sector social desempeñó su trabajo sin alterar su vida cotidiana, todo continuó como si nada trascendental se hubiese producido. La sociedad estaba tan acostumbrada a las crisis políticas y sociales, que lo sucedido le pareció un hecho más de los acaecidos en el territorio nacional. Así, una parte de la ciudadanía respaldó a Primo de Rivera, mientras que otra permaneció expectante para ver cómo se desarrollaba el nuevo sistema autoritario.

Las clases burguesas españolas recibieron con gran satisfacción el pronunciamiento militar, en especial la burguesía industrial catalana, cansada del desorden social y de la aguda crisis económica existente en el país. El régimen dictatorial significaba la defensa de sus intereses mermados por la conflictividad obrera, venía a resolver los graves enfrentamientos sindicales y la violencia en las calles. El restablecimiento de la paz social incrementaría la producción industrial y una mayor estabilidad en las finanzas. De ese modo, el alcalde de Barcelona, el marqués de Alella, y el presidente de la mancomunidad, Puig i Cadafalch, ambos miembros de la Lliga, manifestaron su adhesión al general Primo de Rivera. Posteriormente cambiaron de postura, cuando el marqués de Estella, ya en la presidencia de Gobierno, rechazó toda concesión nacionalista, suprimiendo la mancomunidad.