Tanatopolítica en Venezuela
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Tanatopolítica en Venezuela
Sicariato de Estado y derechos humanos
Roberto Briceño-León
Editorial Alfa
137 | Colección Trópicos
© LACSO, 2022
© Editorial Alfa, 2022
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
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ISBN
Edición impresa: 978-84-124204-6-3
Edición digital: 978-84-124858-7-5
Corrección de estilo
Magaly Pérez Campos
Maquetación
Editorial Alfa
Imagen de portada
Pieter Brueghel
El triunfo de la muerte (hacia 1562)
Museo Nacional del Prado
Diseño de colección
Ulises Milla Lacurcia
La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de cada uno de sus autores y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.
Roberto Briceño-León
Profesor titular de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidade Federal do Ceará (UFC), Brasil. Director del Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso) y del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Ha sido profesor e investigador de la Universidad Sorbona-nueva, París 3, Francia; de la Universidad de Oxford, Inglaterra; de la Autónoma de México y del Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C. Ha publicado más de 200 artículos y 26 libros, entre los cuales destacan: Sociología de la violencia en América Latina (2008), Los efectos perversos del petróleo (2015), Ciudades de vida y muerte (2016), La modernidad mestiza. Estudios de sociología venezolana (2018) y Los nuevos rostros de la violencia. Empobrecimiento y letalidad policial (2019).
Índice
Roberto Briceño-León
Sobre los autores
Prólogo
Introducción. Tres tipos de letalidad policial
Homicianos
Zulia: Letalidad policial, robo, tortura e impunidad
Lara: El miedo como política de control social
Aragua: La percepción de un Estado delincuente
Caracas: Resistencia a la autoridad e impacto de las FAES
Sucre: Vidas truncadas, o asesinatos a manos de cuerpos de seguridad del Estado
Bolívar: Letalidad policial en el nuevo El Dorado
Táchira: Neutralización política y delincuencia policial
Mérida: Escenario de violencia y letalidad de cuerpos de seguridad del Estado
Resistencia a la autoridad como arma mortal de la policía en Venezuela
Violencia policial y ejecuciones extrajudiciales en las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela
Letalidad policial contra niños, niñas y adolescentes
Sicariatos de Estado
¿Cumplen los policías con la ley? Resultados de una encuesta nacional sobre la policía
Tanatopolítica
Sobre los autores
Roberto Briceño-León
Doctor en Ciencias Sociales. Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidade Federal de Ceará, Brasil. Director del Laboratorio de Ciencias Sociales. Director nacional del Observatorio Venezolano de Violencia.
Alberto Camardiel
Estadístico. Magíster en Estadística. Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Director de análisis de datos del Laboratorio de Ciencias Sociales y del Observatorio Venezolano de Violencia.
Gloria Perdomo
Educadora. Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Directora de la Fundación Luz y Vida. Activista de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. Coordinadora nacional del Observatorio Venezolano de Violencia.
Anna María Rondón Trejo
Criminóloga egresada de la Universidad de Los Andes. Docente categoría “agregado” en la Universidad Católica del Táchira. Investigadora en el Observatorio Venezolano de Violencia.
Dioseli González
Abogada egresada de la Universidad Católica del Táchira. Investigadora en el Observatorio Venezolano de Violencia.
Carmenofelia Machado C.
Arquitecta. Magíster en Diseño Urbano. Profesora de la Universidad Central de Venezuela adscrita al Centro de Investigación Ciudades de la Gente. Investigadora en el Observatorio Venezolano de Violencia, sede Región Capital.
María Virginia Alarcón
Abogada. Especialista en Derecho del Trabajo. Doctoranda en Derecho. Directora y profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, sede Guayana. Coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Bolívar.
Olga Beatriz Ávila Fuenmayor
Licenciada en Trabajo Social egresada de la Universidad Central de Venezuela. Magíster en Psicología por la Universidad Simón Bolívar. Investigadora del Laboratorio de Ciencias Sociales. Profesora de pregrado y postgrado en Metodología de la Investigación. Coordinadora y supervisora de diferentes niveles en investigaciones, lo que la ha dotado de experiencia y conocimiento en el campo.
Carlos Trapani Blanco
Abogado. Profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Coordinador Nacional de Centros Comunitarios de Aprendizaje. Activista de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Eumelis Moya Goitte
Abogada egresada de la Universidad Católica, sede Guayana. Especialista en Educación Superior. Estudios avanzados en Filosofía y en Derechos Humanos. Maestrante de Filosofía. Profesora de la Universidad Católica Andrés Bello. Coordinadora de la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, sede Guayana. Coordinadora del proyecto Codehciu. Investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Bolívar.
Carmen Julia III Amundarain Ortiz
Licenciada en Turismo. Magíster en Planificación del Desarrollo Regional. Doctora en Patrimonio Cultural. Investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Sucre.
Jesús José Subero Marín
Sociólogo. Magíster en Planificación. Coordinador de asuntos académicos de la Dirección de Cultura y Extensión de la Universidad de Oriente, sede Sucre. Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Sucre.
Mayber Márquez Zambrano
Comunicadora social. Periodista del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Sucre.
Carlos Alberto Nieto Palma
Abogado. Especialista en derechos humanos. Profesor universitario. Defensor de derechos humanos. Coordinador general de Una Ventana a la Libertad
Iris Terán-López
Médica cirujana. Especialista y doctora en Salud Pública. Profesora titular del Departamento de Salud Pública, adscrita a la Unidad de Investigación y Estudios en Salud Pública de la Universidad de Carabobo. Coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Aragua.
María Chacón-Herrera
Licenciada en Bioanálisis. Magíster en Microbiología. Doctora en Salud Pública. Profesora titular del Departamento de Microbiología. Investigadora de la Unidad de Investigación y Estudios en Salud Pública de la Universidad de Carabobo. Investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Aragua.
Maily Tang-Pérez
Médica cirujana. Magíster en Epidemiología. Doctora en Salud Pública. Profesora titular del Departamento de Salud Pública. Investigadora adscrita a la Unidad de Investigación y Estudios en Salud Pública de la Universidad de Carabobo.
Raima Rujano
Doctora en Ciencias Humanas. Profesora titular y directora del Centro de Investigaciones de Trabajo Social de la Universidad del Zulia. Investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Zulia.
Solange Chacón de Garcés
Docente jubilada del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Aragua.
Johel Salas
Magíster en Desarrollo Social. Profesor. Investigador. Director de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Zulia. Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Zulia.
Gustavo A. Páez S.
Geógrafo. Especialista en Análisis Demográfico. Magíster en Ordenación del Territorio y Ambiente. Profesor asociado de la Universidad de Los Andes. Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Mérida.
Karina Rondón V.
Geógrafa. Investigadora en Ciencias Sociales del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial de la Universidad de Los Andes. Investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Mérida.
Nilsa Gulfo
Comunicadora social. Magíster en Gestión de Riesgos Socionaturales. Periodista del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Mérida.
Yhimaina J. Trejo U.
Geógrafa. Magíster en Gestión de Recursos Naturales. Profesora instructora de la Universidad de Los Andes. Investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Mérida.
Iris Amelia Rosas
Arquitecta. Doctora en Arquitectura. Profesora e investigadora de la Universidad Central de Venezuela. Directora del Centro Ciudades de la Gente. Coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Región Capital.
Pedro Rengifo
Comunicador social. Magíster en Administración de Empresas. Periodista del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Región Capital.
Carlos A. Meléndez
Sociólogo. Magíster en Desarrollo Social. Profesor y director de la Licenciatura en Desarrollo Humano de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Lara.
Yelena Salazar
Socióloga. Especialista en Gerencia de Programas Sociales. Profesora de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Directora del Laboratorio de Desarrollo Humano. Investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia.
Rina Mazuera-Arias
Abogada. Doctora en Derecho. Profesora e investigadora de la Universidad Católica del Táchira y de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta. Decana de Investigación y Posgrado. Directora del Observatorio Social del estado Táchira de la Universidad Católica del Táchira. Coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Táchira.
Jessy Daniela Aleta Andrade
Licenciada en Ciencias Políticas. Estudiante de la Especialización en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario. Profesora de la Universidad Católica del Táchira. Investigadora del Observatorio Social del estado Táchira. Investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia, sede Táchira.
Prólogo
A mediados del año 2015 se iniciaron unos operativos policiales en zonas pobres de Venezuela que el gobierno nacional afirmó, pomposamente, que estaban destinados a liberar al pueblo de la delincuencia.
En el medio de la noche, grandes contingentes de funcionarios policiales y militares tomaban un área de viviendas o un conjunto de edificios, tocaban a las puertas o las derrumbaban a la fuerza y sacaban a las familias de sus hogares, mientras separaban a los hombres, en su mayoría jóvenes. En unos casos se producía un tiroteo dentro de la vivienda y a los jóvenes se los llevaban al hospital; en otros, los jóvenes eran trasladados como detenidos. Unos regresaban a sus casas y otros no. Al día siguiente, un alto funcionario informaba del éxito de la intervención policial y, orgulloso de sus logros, notificaba a la población que habían eliminado —dados de baja, se empeñaba en decir— a peligrosos delincuentes como parte de las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP) que había ordenado el gobierno nacional.
Las acciones no eran sigilosas ni secretas. Bien por el contrario: a pesar de la oscuridad de la noche y de los rostros cubiertos de los participantes, las operaciones eran publicitadas y se trasladaban a la claridad del día para que las conociera toda la sociedad y fueran difundidas por los escasos medios de comunicación que aún circulaban en el país. Se quería que fueran conocidas por el mayor número posible. Eran mostradas como trofeos y hazañas, pues era un año electoral y a los candidatos del gobierno no les iba bien en las encuestas.
Todas las víctimas que se reportaban eran descritas como delincuentes que habían fallecido en medio de una refriega por haberse resistido a la autoridad. No eran similares las versiones con las cuales denunciaban los familiares de las víctimas: unos decían que sus allegados no eran delincuentes; otros reconocían que podían andar por malos caminos, pero que no se habían resistido ni había existido enfrentamiento, que los habían asesinado.
Las denuncias continuas de los familiares fueron acompañadas por los reclamos de los defensores de los derechos humanos, algunos de ellos miembros del partido de gobierno o afines al mismo. El gobierno nacional decidió entonces que haría un cambio y a las siglas originales les agregó una “H”, con lo cual pasaron a llamarse Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo (OHLP). No obstante, la incorporación de la H no sirvió de nada pues en los años siguientes el número de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales aumentó en el país. Luego se abandonaron las siglas, se crearon nuevos cuerpos policiales y las muertes por resistirse a la autoridad continuaron.
***
Este libro se funda en una investigación realizada para conocer las voces de las familias de las víctimas de la letalidad policial. Quiere, además, ofrecer un marco de interpretación sociológica e histórica de tales acciones: de los contextos, de las rutinas, de las verbalizaciones ofrecidas, y acompañar con ello el dolor de los familiares y vecinos, quienes nos abrieron sus corazones acongojados y nos ofrecieron, junto a sus tristes recuerdos, miradas alternativas de los eventos.
El estudio se realizó entre 2019 y 2020 entrevistando a familiares directos de las víctimas: madres, padres, esposas, hijos e hijas. Eran entrevistas en profundidad, largas, respetuosas, con una guía semiestructurada de preguntas que permitía saltar de tópicos, respetar silencios, repreguntar detalles, para que la flexibilidad permitiese una mejor comprensión. En cada una de las ciudades se realizaron también grupos focales mixtos en edad y sexo con habitantes de los sectores sociales que habían padecido estas acciones. Sin embargo, a fin de tener una mirada cercana y otra lejana de la percepción y valoración de las acciones policiales, no nos quisimos concentrar solo en los vecinos de los casos y las víctimas, por lo cual se realizaron dos tipos diferentes de grupos focales. En unos, y para la mirada cercana, se convocaba a vecinos de la zona donde habían ocurrido los eventos; y, en los otros, se invitaba a personas que, aun con las mismas condiciones sociales de los anteriores, habitaran en una zona apartada de los hechos, en otro barrio, en otra zona de edificios de la misma ciudad, para que nos pudieran ofrecer su mirada distante y su interpretación lejana de los eventos.
Para los datos cuantitativos empleados se utilizaron las bases estadísticas que ha venido compilando con paciencia el Observatorio Venezolano de Violencia desde hace más de una década, con informaciones no publicadas provenientes de los archivos de los cuerpos policiales. Además, para conocer la opinión nacional se realizó, entre fines de 2019 y enero de 2020, una encuesta a una muestra de 1200 hogares distribuidos en todo el país. En cada hogar seleccionado se entrevistó a un integrante del hogar, mayor de dieciocho años, de ambos sexos, de todos los estratos socioeconómicos, habitante de centros poblados de Venezuela con más de 2500 habitantes. El muestreo aplicado se llevó a cabo en tres etapas. La información fue proporcionada por la persona seleccionada en cada hogar de manera verbal y fue registrada en un cuestionario impreso.
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Esta investigación fue posible gracias al apoyo brindado a los equipos de trabajo por sus universidades y por la contribución de la delegación de la Unión Europea con su programa de defensa de los derechos humanos. Sin embargo, las conclusiones sacadas y las opiniones aquí emitidas y expresadas son de la exclusiva responsabilidad de cada uno de sus autores y en ninguna medida expresan o representan la opinión o criterio de la Unión Europea.
La investigación se llevó a cabo en nueve entidades federales donde habita más de la mitad del país: Aragua, Bolívar, Mérida, Miranda, Lara, Táchira, Zulia, Sucre y Distrito Federal. Los equipos de investigación estuvieron a cargo de profesores de las ocho universidades públicas y privadas que participaron en el estudio: Iris Rosas, de la Universidad Central de Venezuela (UCV); Raima Rujano, de la Universidad del Zulia (LUZ); Gustavo Páez, de la Universidad de los Andes (ULA); Iris Terán, de la Universidad de Carabobo, sede Aragua (UC); Jesús Subero, de la Universidad de Oriente (UDO); Carlos Meléndez, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA); Rina Mazuera, de la Universidad Católica del Táchira (UCAT); y María Virginia Alarcón, de la Universidad Católica Andrés Bello, sede Guayana (UCAB).
Las actividades de campo y los reportes a nivel nacional los coordinó la profesora Olga Ávila (UCV) y la revisión de los borradores de los capítulos y la preparación del manuscrito final estuvo a manos del profesor Levy Farías (UCV).
A todos ellos, nuestro agradecimiento.
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En julio del año 2019, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, en su informe sobre Venezuela (A/HRC/41/18) censuró las reiteradas ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por los cuerpos policiales y de manera explícita exigió la eliminación de la principal unidad policial acusada de dichas ejecuciones. La respuesta del presidente de la república a los pocos días fue exaltar a dicho organismo y en una aclamación pública vociferar: “¡Que viva el FAES!”. Las llamadas muertes por “resistencia a la autoridad” aumentaron ese año y continuaron en los años siguientes.
En septiembre del año 2020, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó las “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela” (A/HRC/45/CRP.11). Dicha Misión concluyó que “existen motivos razonables para creer que los agentes de las FAES y del CICPC llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales” que “no fueron actos aislados, cometidos por individuos que actuaron solos”, sino como parte de brigadas o escuadrones (# 2038), “con una cadena de mando” (# 2041) y bajo “una práctica acordada para matar a personas con antecedentes penales incluso si no resistían la detención”. Sostienen que los funcionarios buscaban “asegurarse de que no hubiera familiares, vecinos u otros testigos presentes, para encubrir el lugar del delito y para simular la ‘resistencia a la autoridad’” (# 2039). Aunque la Misión recomendó “desmantelar las FAES”, tampoco hubo respuesta oficial.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el 3 de junio del año 2021, luego de juzgar durante varios años el caso de “Guerrero Molina y otros versus Venezuela”, condenó al Estado venezolano por la violación de los derechos de libertad personal, integridad personal, derecho a la vida y a las garantías judiciales y la protección, considerando para su decisión tanto los elementos del hecho específico juzgado como la reiterada inacción e impunidad ante la letalidad policial. La sentencia impuesta al Estado establece la obligación de “publicar anualmente un informe oficial con los datos relativos a las muertes producidas por parte de fuerzas policiales en todos los estados del país. Dicho informe —agrega— debe también contener información actualizada anualmente sobre las investigaciones realizadas respecto a cada incidente resultante en la muerte de un civil o de un integrante de fuerzas policiales”.
En este libro se busca acercar al lector al horror que padecieron algunas de esas familias, permitirle conocer sus voces e interpretar estos tiempos históricos. Busca mostrar que no fueron eventos aislados, producto del azar o de la ira del momento, sino que fueron el resultado de un tipo particular de violencia policial programada por el Estado, el cual, en abuso de sus funciones y saliéndose del marco jurídico del Estado de derecho, ordenó o propició su ocurrencia, con el propósito político específico de aterrorizar a la población. O, dicho de otro modo, que fueron sicariatos de Estado cometidos por homicianos.
Roberto Briceño-León
Fortaleza, Ceará, 2021