Herramientas para controlar los delitos contra la fauna y flora en Colombia

Herramientas para controlar los delitos contra la fauna y flora en Colombia

Herramientas para controlar los delitos contra la fauna y flora en Colombia

Leonardo Güiza-Suárez

Esperanza Suárez

Yuliana Salas-Pérez

Lina Katerine Correa-Muñoz

—Editores académicos—

Herramientas para controlar los delitos contra la fauna y flora en Colombia / Leonardo Güiza-Suárez, Esperanza Suárez, Yuliana Salas-Pérez, Lina Katerine Correa-Muñoz, editores académicos. – Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Embajada de Estados Unidos en Colombia, 2020.

Incluye referencias bibliográficas.

1. Protección de los recursos naturales – Colombia. 2. Control ambiental – Colombia. 3. Legislación ambiental–Colombia. 4. Política ambiental. 5. Derecho ambiental. I. Páez-Delgado, Daniel Ricardo. II. Rojas Mejía, Lilian Bibiana. III. Acosta Jurado, Alexánder. IV. Cante, Carlos. V. Universidad del Rosario. VI. Embajada de Estados Unidos en Colombia VII. Título.

344.046 SCDD 20

Catalogación en la fuente – Universidad del Rosario. CRAI

JAGH Julio 16 de 2020

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

© Editorial Universidad del Rosario

© Universidad del Rosario

© Embajada de Estados Unidos en Colombia

© Varios autores

Editorial Universidad del Rosario

Carrera 7 No. 12B-41, of. 501

Tel: 297 02 00, ext. 3112

editorial.urosario.edu.co

Primera edición: Bogotá D. C., 2020

ISBN: 978-958-784-469-6 (impreso)

ISBN: 978-958-784-470-2 (ePub)

ISBN: 978-958-784-471-9 (pdf)

https://doi.org/10.12804/tj9789587844702

Coordinación editorial:

Editorial Universidad del Rosario

Corrección de estilo: Ludwing Cepeda Aparicio

Diseño de cubierta: Juan Ramírez

Diagramación: Precolombi EU-David Reyes

Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.

Hecho en Colombia

Printed and made in Colombia

Los conceptos y opiniones de esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen a los editores ni sus políticas institucionales.

El contenido de este libro fue sometido al proceso de evaluación de pares, para garantizar los altos estándares académicos. Para conocer las políticas completas visitar: editorial.urosario.edu.co

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito de los editores.

Autores

LEONARDO GÜIZA-SUÁREZ

Abogado, Licenciado en Biología y tecnólogo en Saneamiento Ambiental. Máster en Derecho Ambiental Industrial de la Universidad de Poitiers, Francia. Máster (Título propio) en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá, España. Actualmente director del Centro de Innovación para la Minería y el Ambiente (CIMA) y miembro del Grupo de Investigación en Derecho Público de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

LINA KATERINE CORREA MUÑOZ

Socióloga, magíster en Sociología (Universidad de Ámsterdam). Investigadora de la línea de investigación en Ambiente y Derechos Humanos de la Universidad del Rosario.

YULIANA SALAS-PÉREZ

Licenciada en Biología. Magíster en Ciencias Biológicas y magíster en Educación. Investigadora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

DANIELRICARDO PÁEZ-DELGADO

Abogado y especialista en Derecho Constitucional y en Instituciones Jurídico-Penales. Asesor de la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

LILIAN BIBIANA ROJASMEJÍA

Abogada especialista en Derecho Ambiental y Derechos Humanos. Asesora para asuntos jurídicos en el Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Defensoría del Pueblo y Parque Nacionales Naturales. Docente en la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Rosario.

ALEXÁNDER ACOSTA JURADO

Abogado, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Ambiental, magíster en Derecho Ambiental, Recursos Naturales y Energía. Abogado asociado principal Philippi, Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

CARLOSCANTE

Economista, Msc. en Gobierno y Asuntos Públicos (Flacso). Consultor y conferencista en asuntos minero energéticos. Ha sido director nacional de Minas, director de Formalización Minera y viceministro de Minas de Colombia.

Contenido

Introducción

PRIMERA PARTE DIMENSIÓN, TIPOLOGÍAS Y ACTORES DE LA DEFORESTACIÓN Y LOS IMPACTOS DE LA FAUNA EN EL PAÍS

1. Panorama de la deforestación y el tráfico de especies silvestres en Colombia: una mirada desde la experiencia de los funcionarios públicos

Leonardo Güiza-Suárez

Lina Katerine Correa Muñoz

SEGUNDA PARTE HERRAMIENTAS JURÍDICAS

2. Barreras para el cumplimiento de la normatividad ambiental

Yuliana Salas-Pérez

Daniel Ricardo Páez-Delgado

3. Licenciamiento ambiental luego de la expedición del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

Yuliana Salas-Pérez

Lilian Bibiana Rojas Mejía

4. Marco sancionatorio ambiental en Colombia: contexto y desafíos

Yuliana Salas-Pérez

Alexánder Acosta Jurado

5. La judicialización de los impactos ambientales por los cultivos de uso ilícito

Leonardo Güiza-Suárez

Yuliana Salas-Pérez

TERCERA PARTE HERRAMIENTAS CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LAVADO DE ACTIVOS

6. Riesgos en el lavado de activos y la financiación del terrorismo: el caso de la comercialización del oro

Carlos Cante

Leonardo Güiza-Suárez

Yuliana Salas-Pérez

CUARTA PARTE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

7. Herramientas tecnológicas en la lucha contra la deforestación en el país

Yuliana Salas-Pérez

8. Principales obstáculos y propuestas para controlar los delitos contra la fauna y flora en Colombia

Introducción

En el mundo, pese a que en los últimos 17 años la tasa global de pérdida de bosques se ha desacelerado gracias a la reforestación, el establecimiento de nuevas plantaciones y la implementación de políticas más estrictas (WWF, 2018), la pérdida de bosques tropicales sigue siendo muy alta. Entre 1980 y el 2000 se perdieron 100 millones de hectáreas de bosques tropicales en el mundo, de las cuales 42 millones correspondían a América Latina (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services-IPBES-, 2019), que alberga el bosque amazónico, el cual es el bosque tropical más grande del mundo. Del mismo modo, esto afecta la fauna, ya que se constituye en su hábitat natural.

Dentro de las amenazas a los bosques se encuentran el crecimiento urbano, que se ha intensificado desde 1950, la tala insostenible, el aumento de las plantaciones de pulpa para papel, la construcción de infraestructuras como hidroeléctricas y vías, los incendios forestales (WWF, 2018), la minería legal e ilegal y las actividades ilícitas como la apropiación de baldíos, y, en el caso de países como Colombia por el acaparamiento ilegal de tierras, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilegal de yacimientos minerales, las obras de infraestructura, los cultivos agroindustriales y la extracción punible de maderas (Sentencia STC-4360 de 2018).

En Colombia, actualmente los grupos armados ilegales y la delincuencia común tienen diferentes fuentes de financiación además del narcotráfico, lo cual potencia su capacidad de acción bélica y la consecuente violación de derechos humanos en el territorio nacional (Defensoría del Pueblo, 2018). Estas fuentes de financiación están relacionadas con las riquezas de los recursos naturales que se encuentran en las zonas sobre las que ejercen control o presencia estos grupos, entre las que podemos mencionar los minerales, los productos maderables y el tráfico de especies que, como veremos a lo largo de este libro, tienen un impacto directo sobre los recursos fauna y flora del país.

Por su parte, la legislación nacional que se ha desarrollado desde mediados del siglo XIX aborda temas en materia de deforestación, creando áreas protegidas y estableciendo requisitos para realizar actividades económicas en zonas boscosas. Además, la jurisprudencia se ha preocupado por el fenómeno de la deforestación a tal punto que mediante la Sentencia STC-4360 de 2018 se declara a la Amazonía como sujeto de derechos.

Sin embargo, el cambio en el territorio ha aumentado del mismo modo desde mediados del siglo XIX. El aumento de la deforestación está fundamentalmente asociado a factores como la conquista de nuevas zonas, tal es el caso de la región antioqueña, que durante la Conquista los bosques se transformaron en cultivos de café, ampliando la frontera agrícola; las formas de intervención del territorio basadas en el utilitarismo y el saqueo; así como el modelo de desarrollo extractivista, que promueve la minería y la explotación de recursos maderables y la intensa urbanización que el país ha experimentado desde 1965. Estas dinámicas muestran un desconocimiento de las relaciones entre los componentes urbano y rural. Como lo afirma Carrizosa, en Colombia se ha privilegiado un modelo de desarrollo que no tiene en cuenta la complejidad del territorio, la cual se expresa en su enorme diversidad y en la relación misma que hay entre los territorios (Carrizosa, 2014).

Los impactos de la deforestación han causado que las áreas hidrográficas del país presenten focos de erosión, en especial, en las vertientes de la cordillera oriental, en las serranías del Caribe, en los cañones del área hidrográfica del Magdalena —Cauca y recientemente se han expandido al piedemonte de Caquetá—, Putumayo, a la zona minera del Pacífico y en la isla de Providencia. Lo anterior permite inferir que hay afectación al ciclo hidrológico, lo que amenaza la oferta y calidad del agua para la población colombiana que se concentra en las áreas hidrográficas del Magdalena-Cauca, así como la generación de energía eléctrica, pues estas zonas concentran la mayor área abastecedora para embalses en todo el país (IDEAM; UDCA, 2015).

En razón de lo anterior, a través de este libro, se analiza la dimensión social, ambiental, política y jurídica de las principales fuentes de afectación sobre la fauna y flora del país, haciendo énfasis en la identificación de los sujetos infractores o delincuentes ambientales, su relación con los grupos armados, y los desafíos institucionales para enfrentar estas acciones a nivel nacional.

Para efectos metodológicos, hemos dividido esta publicación en cuatro partes: la primera, se centró en la recabación de información secundaria, derechos de petición y entrevistas individuales a funcionarios con el fin de dimensionar los impactos ambientales y desafíos institucionales por las afectaciones a la fauna y flora en el país. Este estudio se realizó con la financiación de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Sección de Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), División de Fortalecimiento al Estado de Derecho, a través del Programa de Crímenes Ambientales.

En la segunda, tercera y cuarta parte del libro, se analizan seis temáticas que fueron concertadas a partir de las principales necesidades o desafíos que tienen los funcionarios públicos que llevan a cabo los operativos contra los delitos ambientales del país, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, Ministerio de Defensa, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, los jueces, entre otros. Al respecto, la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos Sección de Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), División de Fortalecimiento al Estado de Derecho, a través del Programa de Crímenes Ambientales, desarrolló el programa de “Formación en el desarrollo de procedimientos para controlar impactos sobre la flora y la fauna derivados de actividades ilegales”, que incluyó los siguientes módulos de formación: marco legal ambiental en Colombia, mecanismos de control, licencias y permisos ambientales, procesos sancionatorios ambientales, bases del derecho minero, recursos forestales, minería y cultivos ilícitos.

A través de estos módulos de formación, se realizaron talleres que propiciaban la reflexión y participación de los funcionarios de estas entidades, y través de una investigadora presente en cada una de las sesiones se recogían las notas de las discusiones, conclusiones y recomendaciones sobre cada uno de los temas abordados. Posterior a ello, con el apoyo de algunos profesores de cada módulo y de la investigadora, se construyeron los ocho capítulos que se presentan en la segunda, tercera y cuarta parte de este libro.

Así mismo, el método de investigación para cada uno de estos capítulos fue la interpretación hermenéutica en la que la comprensión de los fenómenos se basa en el análisis de múltiples perspectivas de los diferentes temas tratados. Las principales fuentes de información incluyen artículos de investigación científicos y de revisión publicados en las bases de datos Annual Review, Scopus y Google Scholar, Scielo, Latindex; artículos periodísticos y boletines de prensa de medios de comunicación nacionales publicados en la base de datos Google News; informes oficiales de entidades gubernamentales y no gubernamentales que se localizaron con la base de datos Google; y estatutos y jurisprudencia nacional e internacional.

Después de abordar las cuatro partes de este libro, el lector encontrará una sección en la se se identifican, de una parte, los obstaculos que impiden hacer más eficientes los operativos y la judicialización en los delitos contra la flora y fauna del país, y, de otra parte, las propuestas para mejorar de manera signficativa la lucha institucional contra los principales delitos ambientales del país. Lo anterior, como producto de los talleres y entrevistas realizadas a los funcionarios de las diferentes entidades que participaron en el programa de formación realizado con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Sección de Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), División de Fortalecimiento al Estado de Derecho, a través del Programa de Crímenes Ambientales.

Al final, a través las cuatro partes de este libro, los lectores estarán en capacidad de comprender la dimensión de la deforestación y el impacto sobre la fauna a nivel nacional, su relación con la delincuencia y los grupos armados, así como los mecanismos y desafíos que tiene el Estado para controlar estos flagelos contra nuestra riqueza natural.

Referencias

Carrizosa-Umaña, J. 2014. Colombia compleja. Bogotá, D. C., Colombia: Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Defensoría del Pueblo. (2018). Informe especial: economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo. Recuperado de http://www.defensoria.gov.co/public/pdf/economiasilegales.pdf

IDEAM, UDCA (2015). Síntesis del estudio nacional de la degradación de suelos por erosión en Colombia, 2015. IDEAM - MADS. Bogotá D. C., Colombia.

WWF (2018). Informe Planeta Vivo, 2018. Apuntando más alto. Grooten, M. y Almond, REA. (Eds.). Gland, Suiza: WWF.

Primera parte DIMENSIÓN, TIPOLOGÍAS Y ACTORES DE LA DEFORESTACIÓN Y LOS IMPACTOS DE LA FAUNA EN EL PAÍS

1 Panorama de la deforestación y el tráfico de especies silvestres en Colombia: una mirada desde la experiencia de los funcionarios públicos

Leonardo Güiza-Suárez*

Lina Katerine Correa Muñoz**

* Abogado, licenciado en Biología y tecnólogo en Saneamiento Ambiental. Magíster en Derecho Ambiental Industrial de la Universidad de Poitiers, Francia. Magíster (titulo propio) en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá, España. Actualmente director del Centro de Innovación para la Minería y el Ambiente (CIMA) y miembro del Grupo de Investigación en Derecho Público de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Correo electrónico: leonardo.guiza@urosario.edu.co

** Socióloga, magíster en Sociología (Universidad de Ámsterdam). Investigadora de la línea de investigación en Ambiente y Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. Correo electrónico: linacorreamunoz@urosario.edu.co

Introducción

La tala ilegal y el tráfico ilegal de especies silvestres son problemáticas ambientales que han cobrado particular relevancia en los últimos años en Colombia. Se estima que nueve de cada cien vehículos de carga que transitan por las vías de Colombia transportan madera (FAO, 2018) y que aproximadamente el 47 % de la madera comercializada en Colombia tiene un origen ilegal (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). La tala (y, en especial, la tala ilegal) es un factor que impulsa la degradación forestal1 (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Es decir, la tala termina contribuyendo a la reducción de la capacidad que tienen los bosques de desempeñar sus funciones ecosistémicas (Blaser, 2010), tales como servicios de aprovisionamiento de alimentos, productos forestales maderables, entre otros; servicios como la regulación hídrica y el almacenamiento y captura de carbono; y servicios culturales, tales como el desarrollo cognitivo, las experiencias estéticas, entre otros (Lozada, Dias & Oliveira, 2018; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012).

Se estima que la tala ilegal constituye el 10 % de la deforestación en el país (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Esto no es un hecho menor si se considera que aproximadamente una quinta parte de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo se dan como consecuencia de la degradación y deforestación de bosques tropicales (Blaser, 2010). Por lo tanto, una administración forestal sostenible contribuiría a la mitigación del cambio climático en la medida en que ayudaría a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (Blaser, 2010). Además, esta contribuiría a conservar y restaurar las cuencas hidrográficas al recuperar los recursos edáficos y regular los hídricos, además de renovar y conservar la biodiversidad (MacDicken et al., 2016; Ministerio de Ambiente, 2000).

En segundo lugar, en relación con el tráfico ilegal de especies de fauna, recientes cifras e investigaciones han cuestionado la poca atención que recibe este fenómeno y las pocas denuncias que se realizan al respecto. Estimaciones indican que las ganancias anuales del tráfico de la vida silvestre en el mundo están entre US$15.000 y US$20.000 millones (Southwick, 2013). En el caso colombiano, alrededor de 58.000 animales traficados ilegalmente son incautados cada año, la mayoría de los cuales proviene de “la Amazonía, la frontera sur, la Costa Pacífica y los Llanos Orientales” (Southwick, 2013).

Desde hace varios, años ha habido varios esfuerzos encaminados a afrontar estos problemas relacionados con el ambiente y los recursos naturales. En relación con el comercio ilegal de madera, uno de los esfuerzos más destacados lo constituye el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, planteado por primera vez en el 2009 e incorporado al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Corporación Autónoma Regional de Risaralda [Carder], 2016). Según este, hay una ilegalidad difundida en la cadena de valor de la madera que se comercializa en Colombia, que va desde quienes llevan a cabo la extracción de recursos maderables con permisos obtenidos de forma irregular, hasta quienes distribuyen y consumen estos recursos.

En efecto, un estudio de 2014 de la organización TRAFFIC (Orozco et al.) cataloga la ilegalidad forestal en Colombia como alta o relativamente alta. De allí que esta misma organización planteara que en Colombia “el conjunto de actividades asociadas a la cadena productiva del bosque natural actualmente no es sostenible” (Orozco et al., 2014, p. 19). Según estimaciones del Banco Mundial (2008), hay pérdidas de cinco mil millones de dólares al año como resultado de la incapacidad de los gobiernos de la recaudación de impuestos de actividades de extracción forestal, mientras que la tala ilegal implica pérdidas adicionales de recursos forestales de entre diez y quince mil millones de dólares al año.

El objetivo del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia es, por lo tanto, involucrar a las partes interesadas (alrededor de setenta entidades públicas y privadas) para que la extracción, transporte y comercialización de madera tenga fuentes legales y responsables (Corporación Autónoma Regional de Risaralda [Carder], 2016). Para ello, se plantea como objetivos: el reconocimiento de los mercados ilegales, el fortalecimiento a las autoridades ambientales y de apoyo, el fortalecimiento a los usuarios y otros actores relacionados con bosques, y la creación de estrategias transversales de comunicación, transparencia y educación ambiental.

En relación con el tráfico ilegal de especies, se destacan iniciativas como la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) de 1973, la Convención de diversidad biológica de Naciones Unidas de 1993 y la Declaración de la Conferencia sobre el comercio ilegal de vida silvestre de Londres de 2018. Más recientemente, durante la primera Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el comercio ilegal de vida silvestre, llevada a cabo en octubre de 2019, se presentó la Declaración de Lima sobre el comercio ilegal de vida silvestre. Esta última, que tuvo como objetivo generar acciones para enfrentar dicha problemática, planteó que el comercio ilegal de vida silvestre es una fuente de financiamiento del crimen organizado (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre [Serfor], 2019), tal como lo había planteado años antes la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2015)2.

Lo que tienen en común tanto el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia como la Declaración de Lima de la Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el comercio ilegal de vida silvestre es que ambos señalan que hay una serie de desafíos poco reconocidos o explorados a la hora de enfrentar tales problemáticas ambientales. Por ejemplo, si bien es de común acuerdo que el comercio de madera y el tráfico de especies de fauna se dan en buena medida en contextos de economías ilegales (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019), uno de los planteamientos principales de la Conferencia de Alto Nivel de las Américas sobre el comercio ilegal de vida silvestre es que hay una carencia de información y entendimiento sobre la forma como operan las dinámicas del comercio ilegal de vida silvestre (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre [Serfor], 2019).

Distintos investigadores coinciden al afirmar que tales desafíos tienen que ver con dificultades al interior de las instituciones gubernamentales mismas. Por lo tanto, el propósito de este capítulo es presentar un diagnóstico de las principales dificultades institucionales (en términos de normativa, logística, capacitación, etc.) que enfrentan funcionarios públicos en Colombia a la hora de hacer investigaciones, operativos de incautación o procesos sancionatorios en eventos de tala ilegal y tráfico de especies tal como estas son experimentadas por los funcionarios públicos. Tal diagnóstico se realiza con base en los resultados de una investigación cuyo propósito consistió en evidenciar la relación entre las actividades de tala ilegal y tráfico ilegal de especies, por un lado, y los grupos armados al margen de la ley que operan en Colombia, por otro, para el periodo 2014-2019.

En primer lugar, hacemos una descripción de la metodología utilizada en el estudio. Acto seguido, presentamos los resultados de la investigación en discusión con investigaciones contemporáneas sobre esta problemática. Agrupamos tales dificultades en seis dimensiones: capacitación y articulación institucional; peritaje ambiental; transparencia y ejecución en actividades de monitoreo y control; documentación y difusión de herramientas tecnológicas; normativa ambiental y cooperación internacional; y presupuesto, logística y personal. Finalmente, indicamos nuestras conclusiones.

1. Metodología

En la medida en que el objetivo planteado fue comprender el punto de vista y la opinión de los funcionarios públicos, la metodología de investigación que se llevó a cabo es de tipo cualitativo. La técnica de investigación consistió en entrevistas semiestructuradas. El objetivo de tales entrevistas consistió en descifrar la mirada de funcionarios públicos que realizan investigaciones, operativos de incautación o procesos sancionatorios en casos de tala ilegal y tráfico de especies, en torno a las principales dificultades que estos perciben durante su accionar. Al ser semiestructuradas, las entrevistas permitieron captar aspectos que no fueron predefinidos por los investigadores implicados. El formato con las preguntas efectuadas en las entrevistas se encuentra en el Anexo 1.

En total, se entrevistaron quince (15) funcionarios públicos de las siguientes entidades: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Ejército Nacional de Colombia, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Policía Nacional de Colombia y Procuraduría General de la Nación. Cuatro (4) de estas entrevistas se realizaron de forma grupal y cinco (5), de forma individual, para un total de nueve (9) entrevistas. Las entrevistas se llevaron a cabo entre el 4 de septiembre y el 3 de octubre de 2019. Cada una tuvo una duración de entre 40 y 120 minutos.

Cabe señalar que varios funcionarios públicos estuvieron en desacuerdo con la denominación de ‘entrevista’, en la medida en que estos no estaban autorizados a conceder entrevistas formales o institucionales como parte del desempeño de su cargo. Por lo tanto, las entrevistas tuvieron un carácter informal y, por su solicitud, las declaraciones de los funcionarios respectivos fueron anonimizadas. En total, cinco (5) funcionarios permitieron grabación de audio y diez de ellos (10) no la permitieron. Las entrevistas con registro de audio fueron procesadas con software de transcripción de audio a texto; en el caso de las entrevistas que no pudieron ser grabadas, se hizo uso de toma de notas por parte de la investigadora para recolectar la información. Tanto las transcripciones de las grabaciones de audio como las notas tomadas durante las entrevistas fueron procesadas con el software de análisis cualitativo Atlas.ti.

En un primer momento, dos rondas de codificación se llevaron a cabo. En un momento posterior, una tercera ronda de codificación se realizó con el fin de agrupar y clasificar los códigos resultantes de las dos rondas anteriores. El análisis de las entrevistas condujo a la identificación de seis (6) dimensiones en las que se observan desafíos en cuanto a investigaciones, operativos de incautación o procesos sancionatorios en temas de tala ilegal y tráfico de especies de fauna y flora. A continuación, nos detenemos en cada una de esas dimensiones.

2. Capacitación y articulación institucional

La gobernanza forestal se entiende como el conjunto de prácticas y medidas a través de las cuales las instituciones del Estado ejercen su autoridad en la administración de los recursos forestales (Blaser, 2010). Tal gobernanza es idealmente planificada, transparente, informada (Blaser, 2010) y participativa (Muttaqin, Alviya, Lugina, Hamdani & Indartik, 2019). Una institucionalidad articulada también hace parte de la ecuación (Orozco et al., 2014).

De acuerdo con investigaciones previas (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019; Orozco et al., 2014), el tráfico ilegal de madera en Colombia, que con frecuencia incluye especies de alto valor ecológico, es facilitado por vacíos de gobernanza. En la presente investigación, identificamos dos elementos relacionados con vacíos de gobernanza: una falta de capacitación jurídica y ambiental a las comunidades indígenas y afrodescendientes, por un lado, y una limitada articulación institucional, por otro.

2.1. Capacitación jurídico-ambiental a las comunidades

Alrededor de la mitad de las áreas de bosque natural en Colombia están ubicadas en territorios habitados por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas (Orozco et al., 2014). En varias regiones del país, diversas comunidades indígenas y campesinas llegan a acuerdos con intermediarios para que las primeras firmen los permisos de extracción de maderas, sin que estas tengan conocimiento sobre aspectos como el volumen a ser extraído o su valor comercial (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019). Se ha documentado, por ejemplo, que en la Amazonía los intermediarios llegan a acuerdos con las comunidades a cambio de que estas obtengan plantas eléctricas, combustible, o incluso artículos escolares (EIA, 2019).

Es decir, los terceros o intermediarios con frecuencia se valen de las comunidades como un medio para la obtención de permisos de aprovechamiento forestal, “ya sea acompañándolas a las oficinas [de la autoridad ambiental] y cubriendo los costos de transporte o consiguiendo un poder legal para realizar todos los trámites” y para actuar en representación de estas (Environmental Investigation Agency [EIA], 2019, p. 32). A pesar de esto, los intermediarios terminan llegando a acuerdos con las comunidades, pues, como se señaló en el párrafo anterior, estos proveen respuestas a necesidades de las comunidades no cubiertas por el Estado, tales como seguridad energética, entre otras.