El mejor periodismo chileno 2019
TextOPERACIÓN TOPÓGRAFO: EL ESPIONAJE DEL EJÉRCITO A CUATRO DENUNCIANTES DE IRREGULARIDADES
Sebastián Vedoya
10 de agosto
La Tercera
Un caso presenta muchas aristas y como una veta en la minería, pueden ser seguidas, trabajadas y descubiertas por los periodistas, si es que realizan un trabajo acucioso, se separan un instante de la cobertura al foco noticioso central y abren nuevas fuentes o contactos en el entorno de la noticia.
Es lo que hizo el periodista de La Tercera, Sebastián Vedoya, quien aportó nuevos datos respecto del fraude al interior del Ejército, revelando una oscura trama de espionaje contra los uniformados que habían realizado la denuncia.
Así surgió el reportaje “Operación Topógrafo: el espionaje del Ejército a cuatro denunciantes de irregularidades”, una publicación basada en documentos, a los cuales el periodista tuvo acceso y que revelan los detalles de los seguimientos.
Como revela el reportaje “las indagaciones realizadas por personal de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) quedaron reflejadas al menos en cinco minutas elaboradas entre junio y agosto de 2017 y 18 páginas con la transcripción de dos escuchas
telefónicas”.
Un topo es, según una de sus acepciones, una persona que está infiltrada en una organización y que actúa al servicio de otros. Un topógrafo, en cambio, estudia la superficie de los terrenos. Militares de Inteligencia del Ejército eligieron el segundo nombre para una operación realizada durante 2017, pero en realidad aludían a lo primero. La denominada Operación Topógrafo espió ese año a cuatro personas: dos funcionarios activos y dos en retiro de la institución castrense, todos ellos denunciantes de eventuales irregularidades al interior del Ejército. Las indagaciones realizadas por personal de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) quedaron reflejadas al menos en cinco minutas elaboradas entre junio y agosto de 2017 y 18 páginas con la transcripción de dos escuchas telefónicas, documentos a los que accedió La Tercera. Los objetivos de esa operación fueron el capitán Rafael Harvey Valdés, el exteniente Carlos Farías Ramírez, el exsargento Juan Pablo Díaz Pino y el cabo primero Sergio Andrés Tudesca Órdenes.
Según fuentes de Inteligencia de la institución, esta operación se habría realizado al menos durante seis meses en 2017 y habría sido precedida por la Operación W, una indagación dirigida contra el periodista Mauricio Weibel, autor en 2016 del libro Traición a la patria, el que relata detalles del desfalco al interior de la institución de dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Weibel habría sido vigilado y sus llamados telefónicos, interceptados.
El Ejército respondió, consultado para esta investigación, sin negar ni confirmar la Operación Topógrafo. “Según lo regulado por la Ley N° 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, el Ejército de Chile no tiene acceso a los procedimientos de inteligencia que realiza la Dine”, dice una respuesta escrita firmada por el departamento comunicacional de la institución. “La Dine depende del jefe del Estado Mayor General del Ejército y en materia de procedimientos relacionados con la inteligencia militar, contrainteligencia y seguridad militar, da cumplimiento a lo que señala la Ley de Inteligencia del Estado y sus actuaciones son reguladas y fiscalizadas por el Poder Judicial a través del ministro de la Corte de Apelaciones que correspondiese”, prosiguió la respuesta del Ejército.
La Ley de Inteligencia, promulgada en 2004 por el entonces presidente Lagos, permite el uso de procedimientos especiales, los que están “limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico”. El Artículo 23 de dicha ley autoriza “la intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas”, además de la escucha y grabación electrónica, incluyendo la audiovisual, siempre que se trate de los casos anteriormente
descritos.
No obstante, para realizar este tipo de procedimientos, la legislación exige la autorización judicial de un ministro de la Corte de Apelaciones en cuyo territorio se realice o desarrolle la diligencia. Para ello, el presidente de los tribunales de alzada sortean a dos jueces cada dos años, quienes autorizan las operaciones de inteligencia. En los últimos años, el Ejército ha recurrido decenas de veces a este mecanismo. A cargo de estas autorizaciones, en los últimos años han estado, en la Corte de Apelaciones de Santiago, ministros como Jessica González, Juan Antonio Poblete y Mario Carroza.
En el caso de la Operación Topógrafo, el Ejército habría recurrido a este procedimiento. A raíz del caso Milicogate, la institución sospechaba en esos años que se habían filtrado documentos de la Ley Reservada del Cobre, considerados secreto militar. Entre sus actividades de resguardo, el Ejército considera las operaciones de contrainteligencia, destinadas a evitar, por ejemplo, que miembros descontentos divulguen información sensible para la institución o se transformen en blancos fáciles de ser reclutados por servicios de otros países.
La Dine depende directamente del Estado Mayor General del Ejército. Durante la Operación Topógrafo estaba a cargo del general Schafik Nasal Lázaro, hoy jefe del Estado Mayor. En 2017, el actual comandante en jefe, Ricardo Martínez Menanteau, se desempeñaba como jefe del Estado Mayor. Nazal respondió a La Tercera que no podía entregar información sobre materias ligadas a la Ley de Inteligencia, pero agregó que, en el Ejército “no se realizan interceptaciones sin autorización judicial”.
La Operación Topógrafo se desarrolló en un momento complejo para el Ejército. Desde 2014, cuando explotan las investigaciones por malversación de dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre, la sucesión de acusaciones pusieron en crisis a la institución. Y a ello se han sumado otras defraudaciones que han derivado en decenas de uniformados procesados y detenciones simbólicas, como las de los excomandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo. Pero en 2017, en el centro de las denuncias había cuatro personas que provenían de sus filas. Los cuatro S.
Los cuatro “S”
El capitán Rafael Harvey había denunciado hasta 2017 tres hechos: maltrato y cobros ilegales a conscriptos por parte de sus mandos; faltas a la probidad del entonces teniente coronel Héctor Lara, y la protección del general Germán Marx, hoy en retiro, a una red de corrupción, prevaricación, usurpación de funciones y engaño a la autoridad.
El cabo primero Sergio Tudesca, en tanto, denunció irregularidades en licitaciones públicas en la División de Mantenimiento del Ejército y la omisión de denuncia por estos hechos por parte de generales de esa unidad. El exsargento segundo Juan Pablo Díaz había acusado faltas a la probidad en el Regimiento Logístico Nº 3 Limache, por relaciones entre los altos mandos y los proveedores de la institución, con pagos irregulares de por medio. Por último, el exteniente Carlos Farías administraba en 2017 la página de Facebook “Asesorías Administrativas FA’s”, un grupo creado para dar consultoría legal a los funcionarios que pretendan denunciar abusos o irregularidades al interior de la institución.
La primera de las minutas a las que accedió La Tercera tiene como fecha el 15 de junio de 2017 y se titula Operación Topógrafo (semana del 07 al 14 JUN 2017)”.
Según el texto, el exteniente Farías fue contactado telefónicamente por un funcionario perteneciente a la Brigada de Aviación del Ejército (Bave). “El clase en comento hace mención que se siente ‘hostigado y acosado laboralmente’ por parte de oficiales de su unidad y que este tendría grabación en su poder en donde se escuchan los malos tratos por parte de un oficial de Ejército hacia su persona”, detalla el documento. Farías le respondió que para realizar cualquier tipo de acción judicial debía “tener antecedentes y pruebas contundentes de los hechos”.
La minuta describe, además, el seguimiento realizado al exsargento Díaz Pino, quien tuvo un contacto telefónico con el sargento segundo Juan Pablo Díaz Eyzaguirre, perteneciente a la División de Mantenimiento del Ejército. En el diálogo, este último habría dicho a su par que se contactó con una abogada perteneciente a una fundación de derechos humanos, ubicada en calle Huérfanos, para informar sobre “los antecedentes y la querella que estaría realizando Díaz Pino en contra del comandante en jefe del Ejército por el delito de ‘prevaricación administrativa’”. El jefe de la institución era entonces Humberto Oviedo.
El registro escrito reporta que, en esa semana, el capitán Harvey “no ha presentado ningún tipo de actividad de interés o alguna situación que afecte la seguridad militar, realizando sus funciones con normalidad”.
En cada una de estas minutas, el funcionario a cargo de su elaboración presenta algunas conclusiones. En el caso del primer reporte se informa “que el exteniente Farías, a través de su página de Facebook ‘Asesorías Administrativas FA’s’, continúa asesorando e incentivando a personal del Ejército a denunciar posibles abusos e irregularidades por parte de los mandos de la institución”. Y concluye con dos proposiciones. La primera, “continuar monitoreando las actividades de los cuatro ‘S’ en los medios de comunicación social”. Los cuatro “S”, según fuentes de Inteligencia, aludía a los cuatro sujetos que eran objeto de la interceptación.
Nombres falsos
Un segundo documento resume los antecedentes de los “sujetos monitoreados” en la semana del 15 al 21 de junio. La minuta G30200, con membrete G220RJ1 y elaborada por un funcionario que se identifica con el código G2100, presenta a los cuatro espiados bajo identidades falsas. Según fuentes de Inteligencia, y como se desprende, además, de otros documentos, a Rafael Harvey se le denominó Enrique Peñaranda; a Carlos Farías se le nombró Alberto Valdés; a Juan Pablo Díaz Pino, Guillermo Sánchez, y el cabo primero Sergio Tudesca fue identificado como Bernardino Bilbao. El documento recoge diferentes comunicaciones que realizaron Farías y Díaz en redes sociales, incluida la publicación de un documento que se califica con “carácter reservado” y que fue emitido desde el Comando de Bienestar y firmado por el comandante del Comando de Personal, el general de brigada Germán Marx.
El informe describe, además, los movimientos de Tudesca tras recibir una sanción en la Escuela de Equitación, quien se negó a firmar el acta de notificación. Sobre Harvey, ya renombrado como Peñaranda, se informa que no realizó comunicaciones.
En sus conclusiones, la minuta se refiere a tres de los indagados. Sobre Alberto Valdés (Farías), se relata que “mantiene contacto con personal activo de la institución, quienes estarían vulnerando la seguridad militar (seguridad de documentación e información y seguridad informática), enviándole fotografías de documentos de carácter reservado para ser publicados a través de la página de Facebook”.
Sobre Guillermo Sánchez (Díaz), dice el texto, “se puede determinar que continuará realizando comentarios en contra del Ejército a través de la página de Facebook ‘Asesorías Administrativas de las FA’s’, cuestionando procedimientos administrativos internos de la institución”. Y se agrega que el exsargento segundo seguirá “publicando imágenes de documentos clasificados, con la intención de incentivar al personal integrante de la institución a denunciar las resoluciones internas del alto mando institucional”.
Sobre Bernardino Bilbao (Tudesca), “se estima que pueda continuar incentivando a personal de la Escuela de Equitación para que testifique a favor en la causa de tutela laboral impuesta contra del Fisco y del CJE”, en alusión al comandante en jefe. “Además, podrá existir la posibilidad de que su caso sea expuesto a los medios de prensa, todo esto con el objeto de ganar popularidad como futuro abogado”.
La minuta vuelve a recomendar mantener el monitoreo a los cuatro.
Otro informe obtenido por La Tercera resume en dos hojas la semana del 20 al 27 de julio de 2017 y detalla una conversación entre el exteniente Carlos Farías con el entonces teniente Ricardo Cepeda Barrientos, de la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos. De acuerdo a la información recopilada, Barrientos “se comunicó con Valdés (el nombre asignado a Farías) para consultarle si corresponde o no que quede registrado en su ‘hoja de vida’ el que haya presentado un recurso de protección en su nombre, ya que se encuentra en un sumario y pasará a la Junta Médica del Ejército”. Según el documento, Cepeda había sido diagnosticado con la pérdida del 23 % de su audición por desempeñarse en el Taller de Abastecimiento de Material de Guerra de su unidad. Farías, según registró la Dine, le recomendó “que se mantenga en dicha área de desempeño y así conservar el ‘porcentaje nocivo’ el mayor tiempo posible, ya que el Ejército, al no poder mantenerlo hasta los 20 años de servicio por estar con problemas médicos, posiblemente optaría por llamarlo a retiro por necesidad del servicio”.
“Que terminen de huevearme”
Rafael Harvey fue un objetivo preferente para la Dine. Así dan cuenta las tres minutas dedicadas al capitán acusado por la institución de sedición, en la justicia militar, al impulsar el retiro de una decena de conscriptos.
La minuta del 29 de agosto de 2017, con membrete G220RJ1, detalla la comunicación entre Harvey y el entonces mayor Manuel Olivares Baz, en la que el primero le relata a su interlocutor que debería presentarse a un alegato en la corte por el recurso de protección que presentó por perder su especialidad de paracaidista. A partir de esta información, la minuta concluye que Harvey “será su propio defensor en un alegato ante la corte dentro de esta semana, por la pérdida de especialidad, y su argumento principal será el incumplimiento de una orden expresa del CJE (S)”. Esto último aludía al comandante en jefe del Ejército subrogante, Ricardo Martínez.
Otro informe de la Dine, del 30 de agosto de 2017, detalla un diálogo entre Harvey y el entonces mayor Carlo Bertoló Moyano. Harvey estaba postulando a la Academia de Guerra y le decía a su interlocutor que su única alternativa era saber quién reemplazaría a Oviedo en noviembre de ese año, lograr ser recibido por él y que, de no ser así, hacerle sentir que “será una pulga en sus oídos” y “que lo va a huevear cuatro años”, y así “pueda ordenar que terminen de huevearme”.
Además, entre los documentos de la Operación Topógrafo facilitados a La Tercera por personas que cuestionan que el Ejército utilice la inteligencia institucional para estos fines, se encuentran dos transcripciones de interceptaciones telefónicas al teléfono de Harvey. La primera trata sobre un diálogo del capitán con su padre, el coronel (R) Hugo Harvey Parada, y otra con un efectivo de la institución a quien denominan “S ESCMIL”, al ser este un suboficial de la Escuela Militar. Ambas transcripciones son nombradas como “H” y, según se detalla, la primera ocurrió el 20 de julio, a las 11:21 horas, con una duración de 15 minutos. En tanto, la segunda se habría realizado el 14 de julio, a las 9:44 horas, con una duración, según establece el documento, de 17 minutos.
Dos espiados
El excomandante en jefe Humberto Oviedo (2014-2018) y el actual, Ricardo Martínez, han solicitado la baja de Harvey, pero los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera no han firmado la solicitud. El capitán Harvey se mantiene hoy activo. Contactado por La Tercera, Harvey reconoció como propias las conversaciones y acciones registradas por los reportes de la Dine. “Los documentos con transcripciones de conversaciones telefónicas corresponden a diálogos que efectivamente sostuve de manera privada con dos personas que conozco y de quienes tengo la certeza que no registraron ni transcribieron las conversaciones privadas”, indicó Rafael Harvey. “Jamás he estado vinculado ni conexo al terrorismo, crimen organizado ni al narcotráfico”, afirmó con relación a las causales que establece la legislación para autorizar las interceptaciones.
Sergio Tudesca, en tanto, dijo que si el espionaje y las escuchas fueron realizadas en los casos que la ley determina y autorizadas por el ministro de corte competente, “son las reglas establecidas para todo ciudadano”. De no ser así, enfatizó que ello “deviene en un hecho ilícito, grave y complejo, que no solo atenta contra mis derechos, sino contra la democracia, especialmente si los tribunales de justicia determinan que dichas acciones fueron realizadas por agentes del Estado”.
Tudesca consideró “lamentable tomar conocimiento de cosas como estas” y aseguró que de determinarse su ilegalidad “viene a constatar una realidad que muchos creen hace bastante tiempo, sin haber forma de comprobar que esto sucede, hasta ahora”.
CATEGORÍA REPORTAJE O PERFIL
LA MIRADA ROTA DE GUSTAVO GATICA
Ivonne Toro y Paulina Toro
22 de noviembre
La Tercera
Perfil íntimo de Gustavo Gatica, figura simbólica del estallido social, no solo por la dramática lesión que sufrió sino por la entereza con la que él y su familia enfrentaron los hechos frente al público y han empujado las gestiones para la búsqueda de responsables. La historia, construida a partir del testimonio de las personas más cercanas y que relata, cual crónica, los acontecimientos vividos desde que recibió los perdigones en ambos ojos, exhibe los sucesos alrededor del estudiante de psicología de 21 años que fue herido por balines en sus dos ojos el 8 de noviembre. “Es el más grave de los más de 200 casos de lesiones oculares ocurridas en la crisis. Testigos reconstruyen aquí ese día. Y su hermano y su polola retratan su calvario”, señala este reportaje de Ivonne Toro Agurto y Paulina Toro Góngora, uno de los finalistas en esta categoría. Hoy, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con lesiones oculares, de las cuales dos se quedaron ciegas y 35 sufrieron pérdida total de un ojo. La Fiscalía trabaja para determinar la identidad de los responsables.
Se tomaron de la mano como cuando eran niños. Gustavo Gatica Villarroel (21) y su hermano Enrique (30), instintivamente entrelazaron los dedos el viernes 8 de noviembre en la Urgencia de la Clínica Santa María en Providencia. Luego se abrazaron. Eran pasadas las 19:00 horas. Alrededor de 30 minutos antes, los dos ojos de Gustavo habían sido impactados por balines en medio de las protestas.
—Le dije “estoy contigo, no te preocupes, vamos a salir de esto” —cuenta Enrique sobre el momento en que miró el rostro de su hermano y entendió que él ya no lo podía ver.
Gustavo estaba ese día, como otros, tomando fotos. Hacía un mes había comprado una cámara Sony con la que salía a la calle a captar imágenes. Desde el estallido social del 18 de octubre, el estudiante de tercer año de psicología retrataba las concentraciones masivas en los alrededores de la Plaza Baquedano.
A las 18:07 horas, el muchacho —vegano, animalista, músico autodidacta— le envió un mensaje de audio a Matías Campos, uno de sus compañeros de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano con el que acudía a las protestas. Había avanzado en solitario por la calle Vicuña Mackenna hacia el sur de la Alameda y buscaba reencontrarse con él. En ese momento, la convocatoria pacífica, de más de 75 mil personas según cifras de la Intendencia, coincidía con el inicio de disturbios: grupos de encapuchados causaban un incendio en la sede de la Universidad Pedro de Valdivia y saqueaban la Parroquia de la Asunción. Otros intentaban ingresar a la embajada argentina. La zona cero hervía.
Los dos amigos fijaron un punto de reunión en una construcción cercana a la calle Carabineros de Chile, pero Gustavo no llegó. En esos momentos, la policía uniformada disparaba proyectiles disuasivos cuya composición hoy está en entredicho, lo que forzó a Carabineros a restringir el uso de escopetas. Gustavo, delgado y de 1:80 metros de estatura, tambaleó herido. Sus párpados estaban cerrados y su rostro, cubierto por dos hileras de sangre.
Un trabajador social del Sename, Jaime Andrés Bastías (50), estaba a su lado. No lo conocía, pero lo tomó del brazo y le prometió acompañarlo. Cumplió su palabra. A las 18:27 horas, Matías Campos llamó, inquieto, a su amigo. Le contestó Jaime y le relató el horror. Ese desconocido que socorría a Gustavo le dio también, poco después, la noticia a Enrique.
—Todo se escuchaba muy mal por la bulla. Me dice “tu hermano está herido, anda a la Posta Central, lo vamos a llevar para allá”, relata Enrique.
El profesor de Historia cruzó corriendo las cuadras que separan el Parque Forestal, donde estaba él, del Hospital de Asistencia Pública (ex Posta Central).
En paralelo, el enfermero José González (28) —voluntario que integra una unidad creada para brindar primeros auxilios en las marchas— comenzó a atender a Gustavo en la calle. De inmediato detectó que su caso era grave. El reloj marcaba exactamente las 18.38 horas cuando un amigo de González, el fotógrafo Osvaldo Pereira, capturó una de las imágenes más tristes de la crisis: Gustavo sentado en la vereda, en shock y con sus dos ojos mutilados.
El enfermero cuenta que no podían moverse debido a la intensidad con que la fuerza pública lanzaba lacrimógenas y perdigones que rebotaban en las paredes.
—Carabineros daba y daba, no pudimos sacarlo y tuvimos que esperar más de 15 minutos con él en el lugar. Después se acercó un tipo con la camiseta de Colo-Colo, preguntó: “¿Qué les pasa?”. Él fue a hablar con alguien más. De pronto vemos que se fue toda la Garra Blanca por Vicuña para tirar a Carabineros para atrás y despejar la salida.
Entonces pudieron caminar con Gustavo y los demás heridos hacia el pasaje Santiago Bueras, donde está ubicada la ONG Voluntad Pura, del humorista Paul Vásquez, que los brigadistas ocupan como base de emergencia. Desde allí llamaron una ambulancia.
Enrique recibió en ese momento la información de que Gustavo no iría a la ex Posta, sino a un recinto privado. Salió corriendo nuevamente, tan rápido que ninguno de los amigos que llegaron a acompañarlo pudo seguirle el ritmo. Dice que no recuerda cómo atravesó entre la multitud los 2,1 kilómetros que lo separaban de su hermano, pero que tiene grabada la imagen de Gustavo en la camilla de la clínica y lo que hicieron cuando al fin se encontraron:
—Nos tomamos de la mano, nos tomamos de la mano.
El diafragma de una máquina fotográfica funciona de forma similar al iris del ojo frente a la luz. Y el sistema de enfoque es una especie de cristalino que entrega nitidez. Gustavo manejaba por instinto
—no había tomado un curso formal— esos conceptos al observar el mundo por un visor. Hoy el estudiante tiene la mirada rota. Recién el miércoles le extrajeron en una operación los balines. La esperanza de que pueda recuperar la vista es mínima.
El martes 19, un día antes de ser intervenido quirúrgicamente, el persecutor Francisco Ledezma, de la Fiscalía Centro Norte, le tomó declaración. Fue un trámite corto que quedó grabado en video. El testimonio sobre aquella tarde se complementa con otras pruebas: declaraciones de testigos de lo ocurrido, la reconstrucción de los veinte minutos clave para determinar quiénes rodeaban a Gustavo y la tarjeta de memoria de su cámara, que fue, junto a su teléfono, incautado.
—Él estuvo un buen rato dando vueltas, tomando fotografías muy cerca del monumento a Baquedano, hay harto registro del momento cuando él es herido —detalla Enrique con serenidad.
Cuenta que su familia ha sido remecida más de un vez por el dolor. En 2006, con 19 años, su hermana Carol murió por un cáncer en los huesos de la pelvis.
—Es súperfuerte porque perdí a una hermana y que mi hermano sufra algo tan brutal, tan cruel, remueve muchos recuerdos y es bien doloroso. Tengo esa cuestión de hermano mayor de querer cuidarlo, de querer protegerlo.
En el barrio de clase media en que los hermanos Gatica Villarroel crecieron, en la Villa Pacífico en Colina, 37 kilómetros al norte de Santiago, ambas tragedias —la de Carol y la de Gustavo— son comentadas con tristeza. Prudencia (54) y Enrique (65), los padres de los hermanos Gatica Villarroel, son profesores queridos en el barrio, según vecinos y otros docentes. Ambos han ejercido en colegios públicos y particulares y sus hijos son considerados, dice una vecina, como “niños buenos, quitados de bulla”, con una conciencia social muy desarrollada.
—Siempre hemos estado involucrados en temas de justicia. Fue natural que participáramos en estas movilizaciones. Íbamos a las marchas de No+AFP. Mi hermano está muy involucrado en el tema de los derechos de los animales, es vegano, es activista en ese ámbito —afirma Enrique.
Hace unos años, el hermano mayor entrevistó a su papá para su tesis profesional como historiador, en la misma universidad donde Gustavo hoy es alumno. Para ese trabajo, Enrique padre —quien hace clases a reos en la cárcel de Colina— hablando acerca del Chile de los años 60 y particularmente de los niños, le narraba a su hijo: “Normalmente estudiaban hasta tercero o cuarto, porque el patrón del fundo decía ‘para qué quieres que tu hijo estudie, hombre, si aquí tienes trabajo’. Era para que no abrieran los ojos”.
“Hace poco arreglamos nuestras bicis y salíamos a andar. Eso ya no podremos hacerlo”. Javiera Sánchez es polola hace seis años de Gustavo, desde que ambos estaban en primero medio en el colegio subvencionado San Sebastián, en Colina, donde su mamá es parvularia. Cuando habla del doble estallido ocular de su pareja, Javiera piensa en las cosas cotidianas que se han interrumpido.
—Ha habido días en que él se despierta bajoneado. Lo primero que uno hace al despertar es abrir los ojos y ver luz. Y él no ve nada.
Esos días, los grises, son los menos. Gustavo ha mantenido una calma que sus cercanos no entienden, pero agradecen. Ella cree que se debe a que fue violentado mientras “era parte de una manifestación que para él es justa”.
Para Álvaro Ramis, rector de la Academia de Humanismo Cristiano, esa actitud “contemplativa” es lo que más lo estremeció ese viernes. “Salió de su habitación una enfermera llorando. Al poco rato pude entrar a verlo. Gustavo estaba muy sereno”.
Ramis, además de Enrique Morales, presidente del departamento de derechos humanos del Colegio Médico, contactaron el domingo 10 al exfiscal Carlos Gajardo para que asumiera la representación de Gustavo y su familia. Lo hizo ad honorem.
Mientras en la universidad los compañeros de Gustavo planean estudiar braille para facilitar su retorno, incierto por el largo camino médico, Gajardo —quien pidió en su querella por lesiones graves gravísimas que se cite a declarar al ministro de Interior Gonzalo Blumel y al general Mario Rozas— considera que este es “un caso emblemático del uso desproporcionado de la fuerza policial en contra de manifestantes por las consecuencias dramáticas que los disparos le han provocado”.
La historia de Gustavo ha causado conmoción. El cantante Nano Stern le compuso un tema, “Regalé mis ojos”, y en la clínica fue visitado por Marcelo Barticciotto y Esteban Paredes, figuras de Colo-Colo, el equipo del que es socio.
Dennis Cortés, presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, cree que los ojos de Gustavo son el símbolo de un fenómeno que denunciaron desde el inicio de la crisis: la gravedad de las lesiones oculares, 220 pacientes con trauma ocular severo hasta el 20 de noviembre, obligaba a revisar los protocolos de la fuerza pública.
En Carabineros, la comandante Andrea Rebolledo afirma que la institución “ha lamentado tanto este caso como los otros casos que se han conocido de lesiones donde se ha visto a la comunidad involucrada”, y agrega que por tratarse de una causa judicializada “no podemos referirnos ni entregar ningún tipo de detalles porque pasaríamos a interferir en esa investigación, tanto interna como la que está haciendo la fiscalía”.
Enrique Gatica opina que “difícilmente hay errores o excesos o casualidades. Aquí hay distintos niveles de responsabilidad: quien aprieta el gatillo, que es el responsable material, pero también la institución, por la acción sistemática que han tenido. También hay responsabilidades políticas por quienes no han detenido esto teniendo cifras tan dramáticas. El Estado es finalmente un responsable en esto. Y se necesita justicia y reparación”.
—¿Cómo se repara un daño tan grande?
—Con justicia en el sentido amplio de la palabra, ya sea justicia para quienes han sido violentados por el Estado, que paguen quienes tengan que pagar, pero a la vez que haya una sociedad distinta. La normalidad que se nos ha querido imponer es la normalidad de la que queríamos salir: la normalidad de pensiones miserables, de listas de espera, de salud precaria, de educación de mercado. De eso era lo que queríamos salir y si eso cambiara, eso sería un sentido de justicia. Lo más doloroso que podría pasar sería volver a esa normalidad de la que queríamos arrancar, de la que queríamos salir y, a la vez, que haya impunidad.