El mejor periodismo chileno 2019

“Cuando empezamos a denunciar esto, había 29 ojos perdidos. Hoy van más de 200 (…). Hemos tratado de dialogar de todas las formas y nos enfrentamos a una pared que no responde. Es una irresponsabilidad no solo de quienes están utilizando estas armas, sino de todas las autoridades que han avalado permanentemente este accionar y este daño”. Enrique Morales, presidente del Departamento de DD.HH. del Colegio Médico.

El profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich, abordó la responsabilidad presidencial en una columna publicada por Ciper el 25 de octubre pasado. En ella plantea que, de acuerdo con la Ley 20.357, “las condiciones bajo las cuales pueden resultar responsables, como autores, los civiles o uniformados que ostenten la calidad de ‘autoridades o jefes militares’ (…) incluye, en primerísimo lugar, a quien sea Jefe de Estado al momento de ser cometidos los crímenes”.

Mañalich citó el artículo 35 de la misma norma para explicar que existe una relación “considerablemente más estrecha de la regla sobre ‘responsabilidad de los jefes y otros superiores’, contenida en el art. 28 del Estatuto de Roma, que fija el derecho aplicable por la Corte Penal Internacional”. Ese artículo, afirmó el académico, “hace posible afirmar la responsabilidad, entre otros, del Jefe de Estado respectivo que, aun no teniendo conocimiento de los crímenes cuya perpetración no impidiera, ‘deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos’”.

En este escenario, podría alegarse que efectivamente el presidente hizo “caso omiso” de las diversas advertencias hechas por organizaciones locales —como el Colegio Médico— e internacionales —como la ONU— respecto al uso indiscriminado de balines y perdigones por parte de agentes del Estado, y sus catastróficos resultados en las lesiones oculares.

La investigadora de Amnistía Internacional, Pilar San Martín, quien ha trabajado en terreno recopilando información sobre el uso de la fuerza pública en las manifestaciones, ha sido taxativa al señalar que hay evidencia sólida que apunta a que las personas han sido atacadas deliberadamente por Carabineros: “Una de las conclusiones preliminares es que el Estado está utilizando la fuerza para dañar. Hay demasiados casos, demasiadas lesiones graves que indican que las personas están siendo intencionalmente atacadas en las partes superiores del cuerpo”, dijo en una improvisada rueda de prensa a las afueras de la Clínica Santa María, donde el estudiante Gustavo Gatica fue intervenido para intentar salvar la visión de uno de sus ojos.

El director del INDH, Sergio Micco, declaró el lunes 11 que, con el reciente anuncio de Carabineros respecto de revisar al uso de escopetas antidisturbios, “se está reconociendo que algo se estaba haciendo mal (…). Hemos planteado siempre que el uso de perdigones se debe hacer bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad. Acá no hay solo responsabilidades individuales, sino también institucionales”.

Luego de que el caso de Gustavo Gatica alcanzara notoriedad pública, el presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales, afirmó: “La responsabilidad de no haber escuchado las advertencias que insistentemente hizo el Colmed, es inaceptable. En todo Chile, en todas las grandes ciudades, se han violado de manera generalizada los derechos humanos. No cabe duda, hay denuncias, hay querellas. Es una vulneración de derechos generalizada”.

Al respecto, las conclusiones de la columna del profesor Mañalich son elocuentes: “Esto último (la omisión de antecedentes que indiquen que subordinados están cometiendo crímenes) debería ser tenido en cuenta en el análisis prospectivo de la responsabilidad penal que, desde el punto de vista del derecho internacional, pudiera llegar a ser atribuible al presidente de la República, en referencia a los hechos punibles perpetrados por agentes de Carabineros y del Ejército bajo la vigencia del estado de emergencia que él decretó”.

Récord sombrío

Tras la conmoción que provocó el caso del joven Gustavo Gatica y después de reunirse con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, la jefatura policial anunció este domingo que en adelante habría un “uso acotado” de escopetas antidisturbios, además de recapacitaciones para los funcionarios que portan esas armas. Pero el número de heridas oculares ya se había convertido en una oscura imagen de exportación de Chile. Dos influyentes medios internacionales —The New York Times y BBC— dedicaron reportajes a una situación que fue descrita como una práctica sin precedentes en el mundo y que se explicaría, en parte, debido al escaso control que ejerce el Ejecutivo sobre Carabineros.

Antes de que la institución uniformada anunciara el “uso acotado” de escopetas, diversos actores solicitaron que respetara sus propios protocolos de uso de armas disuasivas no letales, que en ningún caso permiten disparos de perdigones o balines directamente al cuerpo de una persona. Menos a la altura de los ojos.

El presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof), Dennis Cortés, afirmó hace una semana en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que, en apenas 16 días de protestas, la cifra de lesiones oculares en Chile amenazaba con convertirse en récord mundial.

“Haciendo una revisión de los últimos 27 años, tomando todas las series publicadas respecto a personas que fueron dañadas con armas no letales en manifestaciones o áreas de conflictos —y estoy incluyendo a Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos otros— en total son más de 1.900 lesionados por balines, y de ellos 300 tenían lesiones oculares. Nosotros tenemos prácticamente la mitad de ese número en dos semanas”, dijo en aquella ocasión. Hoy, ya son dos tercios.

Las palabras de Cortés contrastan con la actitud que han mantenido, en general, las autoridades de gobierno. Más allá de que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmara el pasado jueves que “en varias de esas lesiones (oculares) desproporcionadas hay violación a los derechos humanos”, la postura predominante es que se trata de casos aislados, o “excesos”, como los llamó el titular de Justicia, Hernán Larraín. El ministro Mañalich (padre del profesor y columnista Juan Pablo Mañalich), volvió a intervenir en el debate este lunes 11 en Canal 13, donde calificó las lesiones oculares como “una tragedia”.

“Una de las conclusiones preliminares es que el Estado está utilizando la fuerza para dañar. Hay demasiados casos, demasiadas lesiones graves que indican que las personas están siendo intencionalmente atacadas en las partes superiores del cuerpo”. Pilar San Martín, investigadora de Amnistía Internacional.

El presidente Sebastián Piñera, a su vez, ha optado por mantener una agenda política centrada en el rechazo a la violencia y los saqueos, pero no ha condenado con el mismo énfasis los abusos policiales. De hecho, con el anuncio de una agenda de seguridad pública, la semana pasada su discurso puso en segunda línea su llamado a la conciliación y retomó la retórica beligerante que marcó los primeros días tras el 18/O.

El reemplazo de Andrés Chadwick por Gonzalo Blumel en el Ministerio del Interior, la cartera de la cual depende Carabineros, tampoco modificó el curso de la política sobre las armas disuasivas no letales. Si bien Blumel remarcó este domingo 10 que “la escopeta antidisturbios es la última de las medidas” que puede tomar la policía uniformada, también descartó aceptar la petición de la ONU, que instó “a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones” en las manifestaciones.

“Hay que ser muy cuidadosos de introducir cambios que pueden terminar en más violencia”, argumentó Blumel, quien horas más tarde se reunió con el jefe policial, Mario Rozas, para acordar el mencionado “uso acotado” de la escopeta antidisturbios.

“Catástrofe sanitaria”

Carabineros aceptó revisar sus procedimientos dos días después de las graves lesiones que sufrió Gustavo Gatica, quien participaba en una manifestación en Plaza Italia cuando miembros de la policía le dispararon directamente. Los agresores ya están identificados, según afirmó el general director de la policía uniformada, Mario Rozas.

Un comunicado de la Clínica Santa María difundido el viernes 8 de noviembre, indicó que Gatica ingresó al establecimiento con “un traumatismo ocular bilateral severo y visión cero desde la primera evaluación”. Mientras su ojo izquierdo perdió la visión inmediatamente, el derecho quedó gravemente dañado. El centro asistencial donde el joven permanece internado, informó el domingo 10 que el estudiante de psicología continuaría bajo cuidado médico por al menos 48 horas más.

Una vez conocida la gravedad de las lesiones sufridas, el presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales, insistió en la responsabilidad de los gobernantes: “Cuando empezamos a denunciar esto, habían 29 ojos perdidos. Hoy van más de 200 (…). Hemos tratado de dialogar de todas las formas y nos enfrentamos a una pared que no responde. Es una irresponsabilidad no solo de quienes están utilizando estas armas, sino de todas las autoridades que han avalado permanentemente este accionar y este daño”.

Las palabras de Morales se sumaron a las del vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, quien, a raíz del caso de Gatica, comentó: “Tenemos que reconocer que estamos frente a una catástrofe sanitaria. La cantidad histórica de personas que están quedando ciegas de un ojo es tremenda”.

Si bien la situación de Gatica es la más grave registrada hasta el momento, desde el inicio de las manifestaciones los medios de comunicación han recogido historias de personas que recibieron el impacto de balines o perdigones en sus ojos. Uno de ellos es Carlos Puebla, quien contó a The New York Times que vio cómo el uniformado que le disparó apuntó directamente a su cara.

En el mismo reportaje otro joven, del que no se indica nombre, relató que un uniformado “abrió fuego y me llegó un perdigón en el ojo. Carabineros me pescan del pelo y me arrastran hasta la camioneta. Se empezaron a burlar de mí, (me decían) que iba a perder la vista, (que iba a tener) un ojo menos. El perdigón lo tengo aquí adentro”. Un hombre, entrevistado en la sala de emergencias de un hospital, afirmó que recibió el impacto a 15 metros de distancia.

Ángel Mallea, estudiante de Topografía, detalló a Interferencia que un perdigón disparado por Carabineros impactó su ojo izquierdo el jueves 24 de octubre, mientras caminaba hacia Plaza Italia. Quedó con trauma ocular, pero no perdió la vista, ya que portaba antiparras.

La misma publicación también recogió la historia de Diego Sepúlveda y Kevin López, quienes recibieron disparos el mismo jueves 24, mientras cruzaban por el Parque Bustamante. Allí, dijo López, “estaba el GOPE disparando a mansalva. Diego se cayó y yo lo intenté parar, pero la policía nos disparó a ambos, a él en el ojo y a mí muy cerca, en la cara. Los disparos fueron directamente a la cara, lo hicieron con la intención de herirnos. A Diego lo están evaluando, puede perder el ojo. Los disparos fueron a menos de cinco metros”.

Nuevas cifras

El último balance del INDH, actualizado a las 13:00 del domingo 10 de noviembre, indica que un total de 197 personas presentan lesiones oculares a nivel nacional. De ellas, 174 son de la Región Metropolitana. Le siguen Tarapacá (6) y La Araucanía (4). En tanto, Coquimbo, Valparaíso y Aysén, permanecen como las únicas zonas sin este tipo de lesiones.

Según el desglose de la información recopilada por el INDH, el miércoles 23 de octubre un total de 25 personas llegaron hasta el servicio de urgencias del Hospital del Salvador con lesiones de este tipo. Hasta el momento, ha sido la jornada con la mayor cifra de afectados.

Por su parte, el Colmed informó que hasta el sábado 9 de noviembre, un total de 201 personas han tenido algún tipo de lesión ocular. De acuerdo con esta información, 151 de ellas se han atendido en la UTO del Hospital del Salvador (que es el centro de referencia metropolitano para traumas oculares), donde el promedio de edad de los heridos es de 29,6 años.

En el mismo recinto, 27 personas han ingresado con “visión cero”, mientras 18 lo hicieron con “estallido ocular” y 14 con “herida penetrante”.

Proyectiles “bean bag”: uno de los cartuchos que dispara carabineros no figura en su protocolo

—¿Qué nos dispararon? —se pregunta asustada una mujer mapuche, de iniciales P. P. La tarde del 29 de octubre resonaban los ñolkin y las pifilka por el centro de la ciudad de Temuco, tras la convocatoria liderada por cientos de comuneros de la región. La marcha se inició por la mañana en la Plaza Dagoberto Godoy, pasó por varias calles de la ciudad, y terminó en el mismo lugar. Cerca de las 16 horas, irrumpieron Fuerzas Especiales de Carabineros y los manifestantes corrieron en dirección sur.

La mayoría se escondió entre los edificios del centro de la ciudad, mientras el gas lacrimógeno se esparcía como una densa nube tóxica y el chorro del carro lanza aguas golpeaba los muros.

—Se escuchaba como una guerra —recuerda la mujer. En la intersección de las calles Manuel Montt con Caupolicán, un grupo de Carabineros bajó desde un furgón y comenzó a disparar. Uno de los proyectiles rozó el brazo de un joven de unos 15 años.

—Carabineros nos apuntó a unos diez metros. En ese instante, este chico se cruza y comienza a gritar que le dispararon. No sabíamos qué era lo que estaban disparando, solo vimos una especie de bolsa en el suelo, que fue la que le rozó el brazo —recuerda P. P.

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del 6 de diciembre, desde que estallaron las protestas el 18 de octubre pasado, el número de heridos con perdigones alcanza a 1.554 personas, mientras que las con daño ocular suman 352.

La pregunta que ronda a la mujer de iniciales P. P. sobre qué es lo que ha salido disparado de las escopetas antidisturbios desde que comenzaron las manifestaciones, tiene asidero. Las cifras del INDH consignan a más de un millar y medio de heridos a causa de esas municiones. Pero no son solo perdigones —ni tampoco bombas lacrimógenas— los que han impactado el cuerpo (rostro, cráneo, cuello, tórax, espalda, miembros y extremidades) de esos miles de manifestantes. Ese 29 de octubre, la mujer mapuche recogió del suelo un tipo de munición inusual, pocas veces vista. El registro fotográfico indica que se trata de un “bean bag”, la misma munición disparada por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de Colombia, que el 26 de noviembre pasado perforó el cráneo del joven de 18 años Dylan Cruz en medio de las protestas en Bogotá, causándole la muerte.

El bean bag es la denominación genérica que recibe un tipo de proyectil compuesto por una bolsa de kevlar que en su interior contiene numerosas pelotitas de plomo. La bolsa se encuentra al interior de un cartucho para escopeta de 12 milímetros (mm) y está diseñada para ser disparada al tercio inferior del cuerpo, es decir, a zonas musculares como los glúteos o los muslos. Los fabricantes advierten que no debe ser disparado a la cabeza, cuello, tórax y columna vertebral, pues podría causar la muerte.

El que se incrustó en la cabeza de Dylan Cruz es un bean bag modelo 12 Gauge Drag Stabilizer Round, fabricado por la empresa de armas estadounidense Defense Technology, tal cual se aprecia en los cartuchos presentados como evidencia por la policía colombiana. Es un modelo que, a diferencia de otros bean bags, tiene una característica especial: de la bolsa que contiene las pequeñas municiones salen cuatro “colas”, parecido a un pulpo con igual número de tentáculos, que estabilizan la trayectoria del proyectil.

El que terminó con la vida del joven colombiano Dylan Cruz, es idéntico al que recogió esa tarde de protestas en Temuco la mujer de iniciales P. P. Una bolsa de cuatro colas y con cerca de 40 gramos de bolitas de plomo.

La interrogante que plantea P. P. cobra aún más sentido al revisar el “Protocolo para el mantenimiento del orden público” de Carabineros, cuya última versión data del 1 de marzo de este año. El documento fue actualizado tras la condena que recibió de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Estado de Chile en 2018, por su responsabilidad en la muerte del comunero mapuche Alex Lemun en 2002.

El protocolo en cuestión transparenta y detalla en un Anexo, el tipo de municiones para las escopetas antidisturbios que Carabineros utiliza en el contexto de desórdenes públicos. Allí se explicita el uso de perdigones de goma (cartuchos de 12 mm con postas de goma endurecida en su interior de carácter “no letal”). También se consigna una segunda munición y que refiere a un tipo específico de bean bag del cual se entregan características precisas: Super-Sock modelo 2581 (12 mm).

El rastreo de Ciper indica que esa variante de bean bag es fabricada por la empresa estadounidense Combined Tactical Systems (CTS) y que, a diferencia de la munición producida por Defense Technology, la misma que recogió la mujer de iniciales P. P. en Temuco, no posee las cuatro colas estabilizadoras. Aunque no hay mención específica en el protocolo de Carabineros al modelo fabricado por esta última compañía de armamento —como sí la hay en el caso de la munición de CTS—, en otro acápite de ese documento, la institución indica de modo genérico la utilización de cartuchos de impacto “Super-Sock o similar”, sin entregar detalle de a qué se refiere.

Ciper revisó las características técnicas entregadas por las dos empresas estadounidenses que producen y comercializan ambos tipos de bean bags. A diferencia del proyectil fabricado por la empresa CTS, el bean bag modelo Defense Technology advierte explícitamente en su ficha técnica que esa munición puede exponer a las personas a sustancias químicas como sales de plomo y cromo.

Más allá de las especificaciones técnicas de cada fabricante, lo cierto es que el proyectil bean bag es clasificado en el protocolo de Carabineros como una munición “no letal”. Lo grave es que ambos fabricantes estadounidenses coinciden en rotularlos expresamente como munición “menos letal”, es decir, manipulada de manera incorrecta, sí puede causar la muerte, tal como sucedió en el caso del joven colombiano Dylan Cruz en Bogotá.

Desde el estallido social el 18 de octubre pasado, Carabineros ha utilizado ambos tipos de bean bags para reprimir las protestas (CTS y Defense Technology). Durante los primeros días de movilización, fotografías en el sector de Plaza Italia y alrededores, dan cuenta del uso por parte de la policía uniformada del modelo fabricado por CTS, el mismo especificado en su protocolo. Pero también existe evidencia fotográfica que confirma que el 28 de octubre se utilizó munición de la empresa Defense Technology para disolver las manifestaciones que ese día tuvieron lugar en ese mismo sector. Fotos y testimonios recolectados por Ciper muestran que durante esa jornada quedaron esparcidos por las calles decenas de cartuchos bean bag —modelo 12 Gauge Drag Stabilizer Round— de Defense Technology.

Fue ese mismo día que un hombre, cuya identidad y estado de salud hasta hoy se mantiene en reserva, recibió el impacto de un bean bag que se incrustó en su cráneo dejándolo grave y hospitalizado en la ex Posta Central. Este es uno de los casos relevados en el delicado informe de Human Rights Watch (HRW) dado a conocer el 26 de noviembre, sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos en Chile. En base al testimonio de uno de los médicos que atendió al herido, el documento de HRW detalla que la munición fracturó el cráneo del paciente, generándole un riesgo de vida.

Fotos exhibidas con posterioridad por el Colegio Médico

(Colmed) en el Congreso, muestran que la munición extraída del cráneo de la víctima es muy similar al modelo bean bag de cuatro colas fabricado por Defense Technology y no especificado en el protocolo de Carabineros.

La contradicción de los perdigones

El 17 de noviembre, Carabineros emitió un comunicado en respuesta al informe evacuado dos días antes por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Este último reveló que los perdigones antidisturbios disparados por Carabineros no son solo de goma, como aseguraba la institución, sino que contienen un 80 % de otros compuestos, como plomo y sílice.

En su respuesta, la institución encargada del orden público precisó por primera vez las características de los perdigones que dispara. Allí especificó al fabricante y proveedor de esas municiones: Tec Harseim, empresa chilena constituida en 1983.

La recolección fotográfica que hizo Ciper de municiones disparadas por las escopetas antidisturbios, evidencia que Carabineros disparó al menos dos tipos de cartuchos de perdigones, parecidos, pero no exactamente iguales. Uno de ellos lleva inscrito en su vaina el nombre de la empresa italiana Fiocchi; el otro, en cambio, lleva el de la empresa Tec Harseim y su vaina es más corta.

La lógica indicaría que ambos cartuchos son de diferentes marcas, pero no es así. Conocedores del rubro de municiones indicaron a Ciper que, en ocasiones, parte del perdigón Tec Harseim es ensamblada en Chile por esta misma empresa, pero con piezas adquiridas a la italiana Fiocchi. Un dato relevante es que por varios años y hasta 2000, Fiocchi fue dueña del 13,2 % de la propiedad de la chilena Tec Harseim.

El comunicado emitido por Carabineros el 17 de noviembre, también incluyó una ficha elaborada por la Dirección de Logística de Carabineros, que entregó información técnica de los perdigones.

Allí se entregan antecedentes de la velocidad de los proyectiles: 379,5 aprox. 15 m/s.

De acuerdo a dos especialistas en armas consultados por Ciper, la información entregada por Carabineros es, al menos, poco clara. Cabe señalar que la revisión de una serie de fichas técnicas de distintas marcas de perdigones de 12 mm indica que este tipo de munición antidisturbios, comercializada en varias partes del mundo, alcanza velocidades que rondan en promedio los 250 m/s.

El 19 de noviembre, el general director de Carabineros, Mario Rozas, resolvió suspender el uso de la escopeta antidisturbios tras los resultados que arrojó un informe elaborado por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), sobre la composición de los perdigones. Este informe fue ordenado por la institución tras conocerse los resultados del análisis realizado por los expertos de la Universidad de Chile.

El documento del Labocar fue dado a conocer el 20 de noviembre por 24 horas. Ciper también tuvo acceso a ese informe. Allí se concluye que la velocidad de los perdigones utilizados por Carabineros es de 270 m/s y que el peso de cada uno es de 0,7 gramos. La información dista sustancialmente de lo informado por Carabineros en el comunicado de prensa del 17 de noviembre.

En septiembre de 2011, en tanto, Gendarmería adquirió vía licitación pública (634-1022-LP11) cartuchos de perdigones antidisturbios 12 mm marca Tec Harseim. Entre los documentos presentados por la empresa de municiones figura una ficha técnica del producto —exactamente el mismo utilizado por Carabineros durante las manifestaciones— y en ella se especifica que la velocidad del proyectil alcanza valores medios de 320 m/s.

Lo relevante de esta información es que, como es de suponer, la velocidad del proyectil —aún no despejada del todo por Carabineros— incide en el daño que este produce. Según el estudio Letalidad Encubierta publicado en 2016 por la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (Inclo) y Médicos por los Derechos Humanos (PHR) “la fuerza del proyectil depende de varios factores, incluido su tamaño y velocidad (…) algunos tienen una velocidad inicial similar a la que presentan las municiones de plomo, como resultado, el disparo de estos proyectiles a corta distancia puede presentar patrones de lesión similares a los observados con municiones de plomo, ocasionando heridas graves y en ocasiones secuelas permanente”. En ese documento también se insiste en que este tipo de munición es “potencialmente letal” o “menos letal”.

Distancia, dirección y dispersión

La composición química y las especificaciones técnicas de los proyectiles disparados por Fuerzas Especiales, no es lo único que pone en aprietos a la institución liderada por el general Mario Rozas.

El doctor en criminología por la Universidad de Glasgow (y exasesor del Ministerio Público), Javier Velásquez, cree que la decisión de no mencionar en el protocolo de Carabineros los modelos específicos de la munición que dispara la institución, se subordina a un problema mucho más grave.

—Con mis años de experiencia en homicidios te puedo asegurar que, para causar heridas penetrantes en la cabeza y en el torso, Carabineros debió necesariamente haber disparado hacia el tercio superior del cuerpo, no respetando ni el protocolo, ni las recomendaciones que hacen los fabricantes de las municiones potencialmente letales —relata.

Esta conclusión es respaldada por el informe “Disparos con escopeta antidisturbios, con empleo de cartuchería con perdigón de goma y sus efectos en la superficie del cuerpo humano”, elaborado por el Departamento de Criminalística de Carabineros el año 2012 y dado a conocer por Ciper el 21 de noviembre pasado. En él se advierte que las heridas penetrantes —como se evidencia en los múltiples casos documentados por distintos organismos de derechos humanos— se producen solo cuando el disparo es efectuado a una distancia de entre 5 y 25 metros. La dispersión de los perdigones depende de la distancia con la que se efectuó el disparo. Según ese mismo informe, si el objetivo es impactado a 5 metros recibe los 12 perdigones; a 10 metros recibe 10; a 20 metros 5 y luego a 25 metros vuelve a recibir 10 perdigones. El documento concluye que recién a los 30 metros el impacto no genera heridas penetrantes, “solo lesiones leves, pese a que de igual forma existe el riesgo de generar una lesión ocular”. Por lo tanto, recomienda disparar a una distancia mínima de 30 metros y “apuntando siempre hacia el tercio medio inferior del cuerpo”.

TEC Harseim advierte, en la ficha técnica que presentó a Gendarmería en la licitación de 2011, que el disparo no debe ser efectuado a menos de 20 metros y apuntando el arma a las piernas de los infractores, no hacia su cabeza ni el bajo vientre.

—De acuerdo a los resultados del informe de 2012, conociendo que el nivel de dispersión de los perdigones depende de la distancia, Carabineros decidió autorizar su uso en contra de grupos de personas, sabiendo que podían causar lesiones graves. Al parecer, esta decisión no fue sujeta a control civil, pero debió haberlo estado —afirma el experto en criminología, Javier Velásquez.

Bean bag en el cráneo

Al menos ocho cartuchos del modelo bean bag Defense Technology —no especificado en el protocolo de Carabineros— fueron registrados por fotógrafos en la intersección de Alameda con Lord Cochrane el lunes 28 de octubre, alrededor de las siete de la tarde. Los fabricantes de este tipo de munición recalcan en sus instructivos que no debe ser disparado a la cabeza.

El mismo día que tuvo lugar ese registro fotográfico, ingresó a la ex Posta Central un individuo con fractura craneal producto del impacto de una de estas municiones.

El informe Letalidad Encubierta de 2016, señala que los bean bags están diseñados “para apuntar solo a las piernas. Se ha demostrado que pueden ocasionar lesiones severas e incluso fatales cuando (las pelotitas de plomo) no se dispersan (dentro de la bolsa) durante el vuelo o cuando el saco se quiebra en el impacto”.

Según el autor del registro fotográfico del 28 de octubre, Pablo Rojas, en el sector de Alameda con Lord Cochrane había ese día aproximadamente unos 100 cartuchos percutidos, de colores plomo (bean bag) y azules (perdigones Tec Harseim). Unos jóvenes en bicicleta los estaban recogiendo y guardando en sus bolsillos. Uno tomó un puñado con ambas manos y Pablo tomó la foto en la que aparecen los cartuchos con el rótulo de la estadounidense Defense Technology.

La estudiante de enfermería Natalí Jarpa es coordinadora del Movimiento Salud en Resistencia.

Atendió heridos el martes 29 de octubre en un punto de salud cercano a la estación de metro Los Héroes. Alrededor de las siete de la tarde llegó a esa improvisada enfermería un joven herido de unos 25 años.

—Venía con casco y sangrando en la cabeza. Tenía un impacto súper grande en la parte parietal derecha, una herida contusa cortante. Aseguró que le llegó una especie de bolsa. El casco contuvo la fuerza del impacto y quedó todo destruido. Si no hubiera estado con casco, el impacto le hubiera destrozado el cráneo —aseguró a Ciper.

Aproximadamente diez minutos después, mientras atendía a este joven, llegó otro herido, de alrededor 50 años. El hombre venía con un corte de gran magnitud en uno de sus brazos y también relató que le había llegado una especie de bolsa.

—Por las características de las heridas, es imposible que se hayan producido por el roce o el impacto de una bala. También es poco probable que haya sido el impacto de una lacrimógena, pues esta quema la piel y la herida no tenía ningún rastro de quemadura, ni irritación producto del gas. Tampoco pudo haber sido un perdigón. Por las características descritas, todo indica que fueron impactos de munición bean bag.

Registro internacional

Chile y Colombia no son los únicos países donde las fuerzas de orden público han utilizado este tipo de proyectiles. En abril de 2000, el informe “Patrón de lesiones de una nueva arma policial: el Bean Bag”, recogió casos de 40 personas heridas con este tipo de munición por agentes de la policía de Los Ángeles (Estados Unidos) entre 1996 y 2000. Una de ellas con resultado de muerte.