El mejor periodismo chileno 2019
TextA fines de 2014, y tras dejar el hogar, Hurtado le contó todo a Eliana Burgos. Debido a la gravedad del relato, ella decidió presentar el caso al Tribunal Eclesiástico.
Jaime Ortiz de Lazcano, vicario judicial de la entidad, derivó la investigación al sacerdote Francisco Rencoret para que recopilara los testimonios. Rencoret, quien guardaba los antecedentes, falleció de un cáncer de pulmón en agosto de 2016.
En julio de este año, Eliana Burgos consultó sobre sobre su denuncia. En la Oficina Pastoral de Denuncias le informaron que la resolución fue trasladar al sacerdote Jorge Domínguez sin cargos directivos. No obstante, la prensa argentina ha informado que en la actualidad ejerce como director de un hogar de ancianos de la Obra en Tapiales, Buenos Aires.
Qué dicen en el hogar
Para efectos de este reportaje, el 10 de julio se realizó una reunión con el sacerdote Jorge Poblete Escobedo, quien ejerce como director del Hogar San Ricardo desde junio de 2017.
Durante la cita, en la cual también participó la encargada de comunicaciones Marcela Arce, se les entregó a ambos todos los antecedentes recabados sobre las denuncias contra los religiosos del hogar. En esa cita, los dos dijeron que toda esta información era desconocida para ellos hasta ese momento.
El 2 de agosto el Hogar San Ricardo hizo público un comunicado donde informó haber recibido antecedentes entregados por un equipo periodístico y haberlos llevado a Fiscalía Centro Norte para que se iniciara una investigación judicial. En el comunicado se identifica a Nelson Jerez, Rolando Contreras y Jorge Domínguez, como los religiosos denunciados.
Desde el hogar admitieron que a la fecha no han intentado comunicarse con Nelson Jerez Silva, quien hoy se encuentra en Argentina. Al contactarlo por vía telefónica, el sacerdote chileno dijo no querer prestar declaraciones. Misma respuesta dio el hermano Rolando Contreras, quien fue removido desde San Ricardo y enviado a la casa de acogida que tiene la Obra Don Guanella en Renca.
En el caso del sacerdote Jorge Alberto Domínguez no se obtuvo respuesta a los mensajes enviados al correo institucional del Hogar San Luis Guanella para adultos mayores en Buenos Aires, donde está destinado actualmente, ni a su número telefónico.
Sobre el estado actual de la investigación en contra de los religiosos del hogar, la Fiscalía Centro Norte asegura que no puede entregar detalles debido a que los antecedentes son de carácter reservado, por tratarse de una causa sin formalizados.
La congregación Siervos de la Caridad puso en marcha una investigación canónica previa para consignar la veracidad de las acusaciones contra los religiosos. Esa indagatoria la lleva el abogado laico Iván Millán Gutiérrez, quien trabaja en el bufete Balmaceda, Cox y Piña Abogados (BCP). Al mismo estudio jurídico pertenece el abogado Matías Balmaceda Mahns, quien representa al hogar en la investigación penal abierta por la Fiscalía.
Mientras Millán debe determinar si existe evidencia suficiente para iniciar un caso contra los sacerdotes, su colega del mismo estudio jurídico defiende los intereses del hogar perteneciente a la congregación que está siendo investigada. De acuerdo a Balmaceda Mahns, el hecho de que ambos trabajen en la misma firma tiene el objetivo de unificar y comparar la información recabada durante la investigación. Millán, en tanto, aseguró que no hay coordinación entre ambos, aunque trabajen en el mismo estudio, pues cada uno opera de forma autónoma.
TRABAJOS FINALISTAS
CATEGORÍA INVESTIGACIÓN
LAS MILLONARIAS TRANSFERENCIAS DE LA FAMILIA PIÑERA MOREL A PARAÍSOS TRIBUTARIOS Y LA INVESTIGACIÓN DEL SII EN CONTRA DE BANCARD
Sergio Jara Román y Héctor Cárcamo Silva
6 de diciembre
El Desconcierto
Los gobernantes, su familia y los conflictos de interés, especialmente cuando se trata de negocios y sumas considerables de dinero, deben estar en el foco del escrutinio público y en la mira del periodismo de investigación, siguiendo aquella máxima que dejó el caso Watergate: “follow the money”.
Este reportaje de El Desconcierto, que se enmarca en una ardua investigación de Sergio Jara y Héctor Cárcamo, revela una situación irregular en las transacciones realizadas por los familiares del presidente Sebastián Piñera y el incumplimiento de algunas obligaciones fiscales luego de que sus hijos recibieran parte de la fortuna del mandatario en un paraíso fiscal.
Si bien la empresa reconoce el incumplimiento tributario y aceptó pagar en 2018 sus impuestos, la publicación ahonda en la mecánica del fraude, al dar a conocer la fórmula usada para la transferencia del dinero, la fiscalización del SII a la operación y la condonación de las multas e intereses.
Cuando en 2015 los casos Penta, SQM y Caval sacudían al gran empresariado y a políticos de extremo a extremo, Sebastián Piñera Echenique y su familia salían indemnes del escándalo, pese a que sus empresas, ejecutivos y proveedores de campañas participaron del financiamiento irregular de la política. Esa aparente tranquilidad, sin embargo, escondía una gran actividad de la actual familia presidencial en el ámbito de la gestión de sus inversiones. Desde comienzos de ese mismo año, y a menos de 12 meses de dejar La Moneda, los Piñera Morel comenzaron una silenciosa reorganización societaria y de la fortuna que han venido acumulado desde la dictadura, en los años ochenta, con dos destinos claros: Islas Vírgenes Británicas (IVB) y Luxemburgo.
El Servicios de Impuestos Internos (SII) ha definido a las IVB como un territorio de baja o nula Tributación, es decir, un paraíso tributario, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mencionado a Luxemburgo como el principal paraíso tributario de Europa. Ambos destinos han sido los favoritos de empresarios y abogados de todo el mundo que buscan bajar o eliminar la carga tributaria de sus inversiones y, a la vez, informar lo menos posible sobre sus activos y la propiedad de los mismos. Ambos territorios, como se verá más adelante, fueron los elegidos por la familia Piñera Morel para dirigir sus inversiones globales y traspasar el patrimonio desde una generación a otra.
Bancard Inversiones Limitada, empresa que Sebastián Piñera Echenique controla con el 66 % de la propiedad, a inicios de 2015 comenzó a transferir recursos desde Chile a las compañías de sus hijos en ambos paraísos tributarios, pero no lo hizo como lo establece la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), por lo que en mayo de 2017 el Servicio de Impuestos Internos (SII) inició una fiscalización en su contra y detectó irregularidades en una operación de financiamiento a sus hijos y el no pago de impuestos por la misma durante dos años.
El Desconcierto, a través de una investigación periodística, accedió a información financiera que da cuenta de la contabilidad de los años 2015 y 2016 del Grupo Bancard, con efectos tributarios para los años 2016 y 2017, cuando Piñera ya era candidato a La Moneda. Dicha indagación, que incluyó diversas consultas a bases de datos y fuentes directas de las empresas de Piñera y organismos públicos, también descubrió que la fiscalización de 2017 del SII fue por una operación por $ 68 mil millones (unos US$ 96,2 millones, al precio de cierre del dólar observado del 30 de diciembre de 2015) que Bancard Inversiones Limitada envió a Bancard International Investment, su relacionada en Islas Vírgenes Británicas; la misma que es dueña del 9 % de la polémica pesquera peruana Exalmar, y del 5,7 % de la Bolsa de Valores de Colombia, inversión que aumentó previo al estallido social en Chile y generó polémica en el Congreso esta semana.
La que sigue es la historia de cómo, tras dejar su primer mandato presidencial y antes de asumir el segundo, Sebastián Piñera Echenique reformuló su grupo empresarial y traspasó más de US$ 500 millones a sociedades de sus hijos en paraísos tributarios. Y también de la reservada y hasta ahora desconocida indagatoria que hizo el SII por una de esas operaciones, que le costó a la familia presidencial una reliquidación de impuestos que incluyó una condonación, por parte del Estado chileno, de parte de los intereses y multas.
No pagó impuestos durante dos años
El sistema del SII para detectar operaciones irregulares entre empresas relacionadas, como fue el caso del Grupo Bancard, es complejo y consta de varios cruces de declaraciones juradas anuales, además de la declaración de impuestos respectiva, en las que se pueden reconocer ganancias o pérdidas. En el caso del Grupo Bancard, fueron pérdidas las declaradas y eso provocó que se gatillara una fiscalización para determinar a qué correspondían.
El Desconcierto tuvo acceso a parte relevante de esa fiscalización y descubrió que el traspaso de $ 68 mil millones que hizo Piñera Echenique en 2015 desde Bancard Inversiones Limitada a Bancard International Investment, controlada por sus hijos en las Islas Vírgenes Británicas, fue irregular. Lo que detectó en primera instancia el SII —con Michelle Bachelet aún de presidenta, Piñera Echenique como candidato presidencial para un segundo periodo, y Fernando Barraza sosteniéndose como director del SII luego de anunciar que no volvería a querellarse por casos de financiamiento irregular a la política— es que, en esa transferencia de Piñera Echenique a sus hijos, no se pactaron tasas de retribución, por lo que no se pagaron los impuestos respectivos.
Es decir, la operación, que en términos económicos funciona como un préstamo, fue gratis, no hubo pago de intereses de los hijos al padre, por lo que no se pudo cobrar el impuesto respectivo en dos años: 2016 y 2017.
“De la revisión de los antecedentes tributarios y contables del contribuyente Bancard Inversiones Ltda., en los años tributarios 2016 y 2017, se han verificado operaciones con la empresa relacionada Bancard International Investment, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, territorio incluido en la lista de países considerados paraísos fiscales”, dice el documento que inició la fiscalización del SII al grupo empresarial de Piñera.
Pero junto con ello, agrega que dichas operaciones consistieron en “financiamiento bajo el concepto de cuenta corriente mercantil, a título gratuito, situación que se encuentra expresamente regulada por el artículo 41 E de la LIR, el cual exige valorizar la contraprestación conforme al principio de precios, valores o rentabilidades normales del mercado (…). En ese contexto, el valor pactado por las partes o la ausencia del mismo, es reemplazado con los precios de mercado, establecidos conforme a los métodos de precios de transferencia, gravándose las diferencias como si fuesen utilidades obtenidas por el prestamista (la sociedad del presidente en Chile), en el ejercicio en que realizó tales operaciones, con el impuesto único del 35 %, establecido en el inciso 1° del artículo 21 de la LIR”.
El Departamento de Fiscalización de Grandes Empresas Nacionales del SII fue el que inició la indagatoria sobre las empresas de la familia Piñera Morel a mediados de 2017. Bancard Inversiones Limitada, a través del estudio Barros & Errázuriz, liderado por Fernando Barros Tocornal, el histórico abogado que ha reorganizado las sociedades de los Piñera Morel y reconocido a nivel nacional por haber sido el abogado del dictador Augusto Pinochet mientras estaba preso en Inglaterra, fue el que respondió a la solicitud de antecedentes del SII y reconoció que no se pactaron tasas de retribución entre ambas empresas.
La fiscalización, dado que Piñera Echenique y sus familiares son definidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como Personas Expuestas Políticamente (PEP), pasó a manos de Alex Villalobos Lizana, jefe del Departamento de Acciones de Cumplimiento Tributario del SII y encargado, en ese tiempo, de resolver los casos PEP en el organismo público. El Desconcierto no pudo acceder a la reliquidación de impuestos definitiva que Villalobos cursó a Bancard Inversiones Limitada por la operación con su relacionada en Islas Vírgenes Británicas. Y el SII se negó a responder consultas sobre lo mismo.
“El SII está impedido por ley de entregar antecedentes tanto de la situación tributaria específica de un contribuyente determinado, así como de los procesos de fiscalización que eventualmente efectúa respecto de él”, dijo el organismo. “En todo caso, el SII utiliza sus facultades para verificar que cualquier contribuyente, persona o entidad, cumpla con las disposiciones tributarias que le corresponden”.
Pero una alta fuente que participó directamente de esta fiscalización y conversó con este medio bajo reserva de identidad, asegura que Bancard Inversiones Limitada, ya con Piñera como presidente de Chile en ejercicio, pagó, vía internet, los impuestos reprochados de 2016 y 2017, lo que incluyó una condonación automática de parte de las multas e intereses.
Más de US$ 500 millones a paraísos tributarios
Las dudas sobre por qué el grupo empresarial de la familia Piñera Morel no pagó los impuestos que le correspondían durante dos años, cuánto pagó finalmente luego que le cayera encima el SII, y por qué optó por aceptar una condonación de multas e intereses, se suman a la incertidumbre sobre si el SII fiscalizó o no las otras operaciones de similares características que realizó la empresa de Piñera Echenique con las de sus hijos, desde comienzos de 2015, y que también terminaron en las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
Además de los $ 68 mil millones (unos US$ 96,2 millones) fiscalizados por el SII, Bancard Inversiones Limitada habría traspasado, a través de varias operaciones financieras con sociedades relacionadas en Chile y el extranjero, más de US$ 440 millones a las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.
Se trata, en total y de acuerdo a los antecedentes a los que accedió El Desconcierto provenientes de la contabilidad del Grupo Bancard, de unos US$ 542 millones que salieron de Chile hacia esos paraísos tributarios. Lo anterior representa parte importante de la fortuna de la familia Piñera Morel que, de acuerdo al último ranking Forbes, está avaluada en US$ 2.800 millones.
Entre esas sociedades aparece Inversiones Odisea, una firma de la que Piñera terminó de salirse de su propiedad en 2010, pero que es controlada por sus hijos y que en un inicio se llamaba Piñera Asociados, en el formato de sociedad colectiva civil.
Nicolás Noguera, el histórico gerente del Grupo Bancard, el 20 de marzo de 2018, solo nueve días después de que Piñera Echenique asumiera como presidente de Chile, envió un correo electrónico al que tuvo acceso este medio, informando que “con el objeto de reflejar mejor nuestra actual estructura corporativa, a partir del lunes 19 de marzo de 2018 hemos empezado a trabajar bajo el nombre Inversiones Odisea”.
Se trataba, en el fondo, de un esfuerzo por separar aguas entre padre e hijos. Noguera dejaba su cargo de gerente general del Grupo Bancard y pasaba a ocupar el mismo rol, pero en la misma oficina, dirección y número de teléfono, en Inversiones Odisea. Luego dieron un siguiente paso para difuminar aún más la vinculación del actual mandatario con su patrimonio. Inversiones Odisea pasó a ser controlada —hasta hoy— por Inversiones La Ilíada, que pertenece a los hijos y nietos de Piñera. En la parte inferior de esta sociedad cascada, Odisea controla a Administradora Bancorp, el Fondo de Inversión Privado (FIP) Mediterráneo, la sociedad de Luxemburgo Inversiones Eneida SPF, y Bancard International Investment.
Todas esas transferencias están en manos del SII, pero no está claro si el organismo las fiscalizó. Lo concreto es que siguen el mismo patrón que la transferencia de $ 68 mil millones que hizo Bancard Inversiones Limitada a Bancard International Investment, la operación por la cual sí fue fiscalizado y reliquidado.
El Desconcierto solicitó una entrevista con el presidente Sebastián Piñera, pero sus asesores de prensa no dieron respuesta a la solicitud. Fernando Barros, del estudio Barros & Errázuriz, tampoco quiso responder preguntas. Bancard Inversiones Limitada, sin embargo, envió una declaración de cuatro puntos a un cuestionario de 21 preguntas que le hizo llegar este medio. En dicha declaración, la empresa del presidente Piñera, cuyos activos actualmente están bajo fideicomiso ciego obligatorio de cuatro administradoras de valores privadas, señaló que, actualmente, “se encuentra con su situación tributaria al día, no tiene ningún proceso de fiscalización pendiente y siempre ha cumplido con sus obligaciones tributarias”.
La empresa de Piñera Echenique, en todo caso, sin aclarar por qué no pagó impuestos durante dos años ni los efectos que tuvo la fiscalización en su contra, reconoció que ha sido revisada anteriormente por el SII, calificando como “discrepancias” dichas fiscalizaciones.
“En los casos en que ha existido alguna discrepancia de criterio entre Bancard Inversiones Ltda. y el Servicio de Impuestos Internos, estos se han resuelto siempre dentro de la normativa tributaria vigente”, dijo Bancard Inversiones Limitada, asegurando además que Piñera Echenique dejó su administración y gestión, aunque no su propiedad, en 2009 (respuesta de Bancard Inversiones Limitada).
Un fideicomiso tuerto
Entre noviembre de 2016 y abril de 2017, Sebastián Piñera Echenique se vio enfrentado a ácidas polémicas por los casos Exalmar y Dominga. Esto, luego de que dos investigaciones periodísticas revelaran sus intereses en ambas empresas y la existencia de Bancard International Investment en Islas Vírgenes Británicas.
Entonces, se apresuró en anunciar que, si salía electo presidente para un segundo período, realizaría dos fideicomisos: uno para sus inversiones en Chile (que igualmente es obligatorio) y otro para las que posee en el extranjero, de manera voluntaria. También dijo que su esposa, Cecilia Morel Montes, asumiría un compromiso similar y que sus hijos harían uno para Chile, pero no para el extranjero. Piñera, cuando anunció esos fideicomisos, no explicó por qué sus hijos no harían uno propio en el exterior. A la luz de los datos contables a los que accedió El Desconcierto, que revelan la nueva configuración del grupo empresarial, el hecho de que los Piñera Morel quedaran sin fideicomiso en el extranjero parece responder a la necesidad de manejar los millonarios recursos que desde 2015 comenzó a transferirles la sociedad del padre.
“Se van a abstener de hacer inversiones que puedan significar cualquier asomo de conflicto de interés”, dijo Piñera Echenique cuando anunció esos fideicomisos. Las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo, al parecer, no estaban en ese ítem.
SERIE DE REPORTAJES:
LA INFORMACIÓN OCULTA DE LA ESCOPETA ANTIDISTURBIOS Y LAS LESIONES OCULARES
Mauricio Weibel, Benjamín Miranda, Catalina Albert,
Nicolás Sepúlveda, Alberto Arellano, Lucas Cifuentes y Cristóbal Ríos
11 y 21 de noviembre/11 de diciembre
Ciper
En medio del estallido social que ocurrió en Chile en 2019 y cuando las escopetas antidisturbios usadas por Carabineros estaban generando daños extremos en los manifestantes, apareció este reportaje que dio cuenta de que la institución conocía de los efectos de las armas cuando estas eran disparadas a menor distancia de la que recomendaba el proveedor. Su publicación generó de inmediato cambios en los protocolos y usos de ellas, obligando a las autoridades civiles a tomar medidas e, incluso, pedir explicaciones a la jefatura policial.
El reportaje muestra, además de la importancia de trabajar en equipo por la gran cantidad de fuentes consultadas, que en la vorágine de un conflicto —cuando pareciera que el día a día no da cabida a la profundización de la información—, se puede tener una mirada más amplia y encontrar elementos que eviten más dolor a la sociedad.
YA EN 2012 INFORME DE CARABINEROS
ADVIRTIÓ QUE ESCOPETAS ANTIDISTURBIOS PROVOCAN LESIONES LETALES Y ESTALLIDO OCULAR
Después de la última ronda de disparos, la doctora Vivian Bustos y la capitán Carla Fernández no tuvieron dudas sobre la peligrosidad de los perdigones que utilizan las escopetas antidisturbios de Carabineros. Ambas certificaron que podían provocar lesiones letales (si los tiros impactan en tejidos blandos del cuello), además de estallido ocular, fractura craneal, laceraciones hemorrágicas en el abdomen y contusiones en los genitales, entre otros efectos graves.
Esa prueba balística se efectuó hace exactamente siete años: el 21 de noviembre de 2012. Tras realizarla, la doctora Bustos y la capitán Fernández suscribieron un documento de 22 páginas al que Ciper tuvo acceso, cuya principal conclusión advirtió sobre las precauciones que el personal policial debía tomar para cumplir con el objetivo de disolver las manifestaciones sin provocar
lesiones graves:
“Se recomienda el uso de la escopeta antidisturbios en Carabineros de Chile a una distancia superior a los 30 metros y apuntando siempre hacia el tercio medio inferior del cuerpo, ya que corresponde a zonas menos vulnerables o expuestas, al estar protegidas por las vestimentas y el calzado, con la finalidad de evitar la generación de lesiones graves durante su uso y solo se cumpla la función de dispersar a las personas”, señala el último párrafo del documento.
Este peritaje demuestra que Carabineros siempre ha sabido que el uso de su escopeta antidisturbios calibre 12 mm, cargada con cartuchos de perdigones de 8 mm —los mismos que ahora son cuestionados por contener plomo—, puede ser letal o causar daño ocular grave, si no se adoptan los resguardos correspondientes. Casos como los del joven Gustavo Gatica, quien fue herido en sus dos ojos y se expone a la pérdida total de la visión, o de Rolando Ortega, herido en el cuello en Valparaíso que se mantiene internado en estado grave, demuestran que estas precauciones no han sido observadas por el personal de Fuerzas Especiales durante las manifestaciones que se iniciaron el 18 de octubre pasado.
Todas las advertencias realizadas por el Colegio Médico y el Instituto Nacional de Derechos Humanos —por la gran cantidad de heridos en los ojos— y ahora este documento que publica Ciper, refuerzan los argumentos que apuntan a la responsabilidad penal del mando de Carabineros y de las autoridades civiles, incluyendo la Presidencia de la República, por no haber reaccionado a tiempo para detener actos que dieron pie a violaciones de derechos humanos.
El martes 19 de noviembre, el general director de Carabineros, Mario Rozas, anunció que se limitaría el uso de la escopeta antidisturbios solo a situaciones de riesgo vital, pero lo hizo 24 días después de la primera advertencia del Colegio Médico (publicada por Ciper) sobre las graves lesiones oculares y cuando las personas con este tipo de heridas ya suman más de 220.
No hay dudas, efectivos de Fuerzas Especiales han impactado con sus municiones antidisturbios en la parte superior del cuerpo de los manifestantes, ignorando el informe evacuado hace siete años por el Departamento de Criminalística de su institución. Ese documento, titulado “Disparos con escopeta antidisturbios, con empleo de cartuchería con perdigón de goma y sus efectos en la superficie del cuerpo humano”, detalló los efectos más graves que los tiros podían causar en el cuerpo humano. Para ello se dispararon rondas a cinco, diez, 15, 20, 25 y 30 metros del blanco.
“Luego de analizar los daños generados (…), es posible establecer que entre los 5 y los 25 metros de distancia, existe una clara posibilidad de generar en la superficie corporal lesiones de carácter grave”, señala el informe. El peritaje desaconseja utilizar la escopeta a menos de 30 metros, porque “existe el riesgo de generar una lesión ocular, que podría implicar la pérdida del ojo (…). Y apuntando siempre hacia el tercio medio inferior del cuerpo”.
A cinco metros: “fractura craneal”
El peritaje fue encargado por el Departamento de Gestión Educacional de la Dirección de Educación, Doctrina e Historia, para capacitar al personal en el manejo adecuado de las escopetas antidisturbios. Este es el objetivo declarado en la página dos del informe:
“Informar (…) los efectos y lesiones que podrían causar los perdigones de goma, disparados con escopetas antidisturbios en actual uso en Carabineros de Chile, en la superficie corporal de personas, con el fin de ser tomadas en consideración en la elaboración y diseño del curso de capacitación orientado al correcto uso del arma antes mencionada”.
El peritaje comenzó a las 15:00 del 21 de noviembre de 2012, cuando el equipo comandado por la capitán Fernández (experta en criminalística y perito balístico) llegó al polígono de tiro de la Escuela de Carabineros Carlos Ibáñez del Campo, en Providencia. El grupo era integrado por la doctora Bustos (médico legista y asesora del Departamento de Criminalística), el suboficial mayor Luis Peña y el sargento 1° Orlando Candia (fotógrafo).
Los blancos estaban hechos con planchas de madera terciada de nueve milímetros de espesor, las que técnicamente simulan la densidad del cuerpo humano “tanto en hueso como en tejido blando”, según señala el reporte.
El suboficial Peña insertó en una escopeta Hatsan, modelo Escort, un cartucho balístico calibre 12 mm, con doce perdigones de goma marca TEC. De pie, apoyó el arma en su hombro y disparó al blanco, ubicado a solo cinco metros.
El sargento Candia fotografió los impactos en el blanco y las profesionales los analizaron: “Los perdigones traspasaron totalmente la madera en su parte posterior, con pérdida de material”, quedó plasmado en el informe.
El documento consignó que un disparo a cinco metros podía provocar fractura de costillas y de hueso craneal, heridas penetrantes en el rostro, estallidos oculares, lesiones en los brazos, laceraciones hemorrágicas en el abdomen y contusiones en los genitales, además de roturas en los carpios y metacarpios de manos y pies.
En el caso de niños y ancianos, un tiro a cinco metros, además, generaría fracturas en los huesos largos de las piernas.
A diez metros: “posibilidad de muerte”
El suboficial Peña disparó después a una distancia de diez metros. De los doce perdigones contenidos en el cartucho, diez impactaron en el blanco. Nuevamente, traspasaron la madera, aunque en esta ocasión “con menor pérdida de material”.
La tabla que resumió los posibles daños corporales volvió a llenarse de datos que resultan alarmantes: “En cuello, posibilidad de herida en tejido blando y eventual lesión vascular, con posibilidad de muerte”.
También describieron el riesgo de heridas penetrantes en el abdomen y desgarros en los genitales, además de lesiones diversas en manos, piernas, brazos y pies.
La escena se repitió con el suboficial mayor Luis Peña apuntando a blancos situados a 10, 15, 20 y 25 metros. Y la conclusión fue la misma. A esas distancias, hay posibilidad de muerte si el disparo impactaba en una zona del cuello con eventual compromiso vascular. También se mantenía el riesgo de estallidos oculares, además de las lesiones abdominales.
A 30 metros: persiste riesgo de estallido ocular
Finalmente, el suboficial Peña disparó a un blanco situado a 30 metros. A esa distancia, la pérdida de precisión fue enorme. De los doce perdigones contenidos en el cartucho, solo dos impactaron en el blanco.
Sin embargo, el riesgo de estallido ocular persistió, como quedó consignado en la tabla elaborada por la doctora Bustos y la capitana Fernández. De allí que el peritaje indique en sus recomendaciones finales que la escopeta solo se utilice con un blanco ubicado a más de 30 metros y apuntando al “tercio medio inferior del cuerpo”. Si la justicia acoge las denuncias de los afectados por los escopetazos de Carabineros y se investiga por qué Chile ha llegado a ostentar el amargo récord de la mayor cantidad de manifestantes con lesiones oculares, la respuesta está aquí. Y fue escrita hace siete años.
Ciper se comunicó con el Departamento de Comunicaciones de Carabineros para obtener la versión de la institución sobre este informe. Hasta el cierre de este artículo no había respuesta.
Lesiones oculares: advertencias ignoradas por 20 días podrían ser clave en querella contra Piñera
El lunes 21 de octubre, Ciper publicó la primera advertencia sobre el aumento de las lesiones oculares. Santiago llevaba apenas tres días bajo estado de emergencia y dos noches con toque de queda, y ese balance inicial se hizo con datos recogidos en diversas salas de urgencia de la capital, sumados al testimonio de doctores e instituciones como el INDH y el Colegio Médico (Colmed).
Esa primera alerta indicaba que al menos 17 personas habían sido heridas por balines o perdigones en los ojos. Dos días después, el miércoles 23, Ciper publicó en sus redes sociales una actualización hecha por el Colegio Médico: solo en la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador, la cifra había aumentado a 29 pacientes con traumas severos, de los cuales 15 sufrieron el estallido del globo ocular. El 81 % de estos casos se produjo por balines de goma.
Desde entonces pasaron 20 días, hasta que recién el domingo 10 de noviembre, Carabineros y el Ministerio del Interior anunciaron que se adoptaría un “uso acotado” de las escopetas antidisturbios. Ya era tarde. La cifra de lesiones oculares ha aumentado hasta convertirse en uno de los símbolos del descontrol policial y de la inacción del gobierno frente a la excesiva violencia con que Carabineros actúa en las manifestaciones. Según el último reporte emitido por el Colmed, ya son 201 casos a nivel nacional. En tanto, el INDH cifra en 197 los lesionados.
Un estudiante de 21 años —Gustavo Gatica— debió ser herido gravemente en sus dos ojos para que La Moneda reaccionara.
Las advertencias desoídas durante tres semanas podrían constituir un punto clave en la querella penal que ya se acogió a trámite en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, por la eventual responsabilidad que le cabría al presidente Sebastián Piñera por violaciones a los derechos humanos. La querella fue admitida por el tribunal el martes 5 de noviembre y está dirigida contra el mandatario y todos los que pudiesen resultar responsables de nueve delitos, entre ellos “torturas y apremios ilegítimos”, “mutilación de miembros” y “destrucción de globo ocular”.