Read the book: «Por qué Patria Grande»

Prefacio

Samuel Pinheiro Guimarães

Secretario general de Itamaraty (2003-2009)

Ministro de Asuntos Estratégicos (2009-2010)

Miguel Ángel Barrios ha dedicado su esfuerzo y su vida a la construcción de la Patria Grande. El título de este libro, Por qué Patria Grande: teoría y praxis de una política latinoamericana en tiempos de pandemia, revela el núcleo de su reflexión como historiador y geopolítico.

Me une una profunda amistad con el profesor Barrios y, en el diálogo que cultivamos permanentemente, he aprendido a conocer más sobre el pensamiento argentino y sudamericano acerca del sueño común y cómo hacerlo realidad: la Patria Grande.

Barrios ha buscado identificar las causas de los obstáculos, internos y externos, que se han opuesto a la construcción de la unión de América del Sur, precursora necesaria de la unión de América Latina.

La Patria Grande debe tener bases sólidas en la Argentina, un Estado-nación de origen español y mestizo, y en Brasil, de origen portugués y mestizo.

En el pasado, encontramos a los estadistas que lucharon y dedicaron su vida a la construcción de la Nación argentina: San Martín (1778-1850), Juan Manuel de Rosas (1793-1877), Juan Domingo Perón (1895-1974), Raúl Alfonsín (1927-2009), Néstor Kirchner (1950-2010). Y también pensadores que se han destacado a través de los tiempos, como los argentinos Juan Bautista Alberdi (1810-1884), Domingo F. Sarmiento (1811-1888), Manuel Ugarte (1875-1951), Carlos Saavedra Lamas (1878-1959), Raúl Prebisch (1901-1986), Ernesto Sabato (1911-2011), Jorge Abelardo Ramos (1921-1994), Aldo Ferrer (1927-2016) y el uruguayo Alberto Methol Ferré (1929-2009), quien se consideraba sobre todo un rioplatense, y la figura de Manuel Ugarte (1875-1951) –del cual Barrios es uno de sus biógrafos–, nacionalista y antiimperialista que predicó a lo largo de su vida la unidad de la América Latina o Patria Grande.

Asimismo, encontramos a los estadistas que lucharon y dedicaron su vida a la construcción de la Nación brasileña: José Bonifácio (1763-1838), Diogo Feijó (1784-1843), el duque de Caxias (1803-1880), el barón de Rio Branco (1845-1912)), Getúlio Vargas (1882-1954), Luiz Carlos Prestes (1898-1990), Juscelino Kubitschek (1902-1976), Ernesto Geisel (1907-1996), San Tiago (1911-1964) y José Sarney (1930) quienes merecen una mención especial. Y los pensadores brasileños, que se esforzaron por comprender la sociedad, la economía y el Estado de esta vasta nación: Francisco de Varnhagen (1816-1878), João de Capistrano (1853-1927), Roberto Simonsen (1889-1948), Gilberto Freyre (1900-1987), Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982), Caio Prado (1907-1990), Werneck Sodre (1911-1999), Roberto Campos (1917-2001), Florestan Fernandes (1920-1995), Helio Jaguaribe (1923-2018), Celso Furtado (1920-2004), Darcy Ribeiro (1922-1997), Raimundo Faoro (1925-2003), Luiz Alberto Moniz Bandeira (1935-2017).

Los estadistas y pensadores del pasado llaman a los del presente, en especial a Alberto Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva, a tomar en sus brazos y en su corazón la tarea de superar todos los obstáculos y continuar, sin temor, la histórica misión de construir la Patria Grande.

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La política de desarrollo de cualquier gobierno latinoamericano para que su sociedad alcance niveles cada vez más altos de bienestar económico, social y soberano debe tener los siguientes objetivos: la explotación racional y sostenible de sus recursos suelo y subsuelo; el pleno empleo y mejora física e intelectual de su fuerza laboral; la construcción, expansión y diversificación de su capacidad productiva, es decir, el capital físico del país; la mejor distribución de ingresos y riqueza, y la eliminación de la pobreza. La integración económica no es un fin en sí mismo: es solo un instrumento de política de desarrollo que puede contribuir a lograr estos objetivos.

La integración económica expande los mercados, los hace más estables, permite la instalación económica de unidades productivas de mayor escala, contribuye a ampliar la cooperación, especialmente tecnológica; fomenta la coordinación política, fundamental para defender y promover los intereses de los Estados que forman parte de la política internacional.

En un mundo que atraviesa grandes transformaciones, con grandes desplazamientos de poder, a ningún bloque ni a ninguna potencia le conviene constituir o fortalecer un nuevo bloque de Estados, especialmente si se trata de Estados periféricos y de gran escala de territorio, población y recursos. Cualquier potencia, especialmente Estados Unidos como potencia imperial, o cualquier bloque de Estados, como la Unión Europea, considera acertadamente más interesante tratar y negociar acuerdos con Estados individuales, en especial cuando se trata de países subdesarrollados que, incluso cuando son grandes, son relativamente débiles económica y políticamente.

Cuanto más cohesionados estén los Estados del Mercosur en la defensa del Mercosur, más cohesionadas serán sus sociedades, mayor su esfuerzo de desarrollo, mayor su capacidad para defenderse y beneficiarse de la actual situación internacional de enfrentamiento entre Estados Unidos, la potencia imperial, y sus Estados adversarios, China y Rusia. Hoy vemos que los países del Mercosur como Brasil o Uruguay pretenden negociar zonas de libre comercio en forma individual, todo lo contrario a la esencia de un mercado común como debería ser el Mercosur.

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La estrategia (política) de Estados Unidos para las Américas se deriva de los objetivos estratégicos permanentes generales de Estados Unidos. Su objetivo es mantener la hegemonía política, económica, militar e ideológica en las Américas.

Los objetivos estratégicos permanentes de Estados Unidos como imperio son los siguientes:

1 mantener su primacía política, militar, económica y tecnológica y su capacidad de alinear los Estados (sus “provincias”) para enfrentar a los Estados adversarios, que son Rusia y China;

2 detener la expansión de la tecnología nuclear para interrumpir la fabricación de armas nucleares;

3 mantener el poder de los Estados Unidos para prevenir cualquier acción militar de la Organización de las Naciones Unidas (ONU);

4 mantener la independencia estadounidense y la capacidad de acción militar unilateral;

5 mantener tropas en todos los continentes y flotas en todos los mares;

6 mantener un sistema financiero internacional, basado en el dólar;

7 mantener un sistema de comercio mundial multilateral basado en la cláusula de nación más favorecida, trato nacional y aranceles;

8 mantener y controlar un sistema de clasificación, seguimiento e inspección de las economías nacionales, especialmente las subdesarrolladas, a través de una organización internacional;

9 garantizar el acceso a los medios de comunicación de todos los países, y

10 mantener la capacidad de aplicar sanciones económicas y políticas unilaterales a los Estados (“provincias”) que no cumplan con las normas organizativas informales del imperio americano y también a los Estados adversarios.

Para Estados Unidos, América Latina es la principal área estratégica por ser la más cercana al territorio continental norteamericano, para mantener su hegemonía política, económica, militar e ideológica en la región, que son los que siguen:

1 evitar que un Estado, o una alianza de estados, reduzca la influencia estadounidense en la región;

2 ampliar su influencia cultural-ideológica en los sistemas de comunicación de cada Estado;

3 incorporar todas las economías de la región a la economía de Estados Unidos;

4 desarmar a los Estados de la región y transformar sus Fuerzas Armadas en fuerzas policiales;

5 mantener bajo su control un sistema regional de coordinación y alineación política, que es la Organización de los Estados Americanos (OEA);

6 obstaculizar y, si es posible, impedir la presencia, especialmente militar, de los Estados adversarios, es decir, de China y Rusia en la región, y transformar sus Fuerzas Armadas en fuerzas policiales;

7 castigar a los Estados que contravengan los principios del liderazgo hegemónico estadounidense;

8 prevenir el desarrollo de industrias autónomas en áreas tecnológicas avanzadas;

9 debilitar a los Estados de la región, y

10 elegir líderes políticos favorables a los objetivos estratégicos y los intereses estadounidenses ocasionales.

Desde la guerra de la independencia (1775-1783) y después de la formación de la Unión en 1787-1789, Estados Unidos buscó excluir a las potencias europeas del territorio de América del Norte (Luisiana, 1803; Florida, 1819; Oregón, 1845; Alaska, 1867) y absorber estos territorios en la Unión Americana.

América Latina fue declarada de facto zona de influencia exclusiva de América por la Doctrina Monroe, establecida en un mensaje del presidente de los Estados Unidos al Congreso norteamericano en diciembre de 1823. Esta doctrina fue una manifestación de apoyo a la política de Gran Bretaña, que era la única potencia que, en ese momento, pudo, debido a su hegemonía naval, impedir los intentos de recolonizar la Santa Alianza y restablecer los monopolios comerciales en España y Portugal.

La Doctrina Monroe corresponde a una visión y convicción histórica de Estados Unidos respecto de su derecho a ejercer la hegemonía natural sobre América Latina.

Estados Unidos logró incluir en el Tratado de Versalles (1919) el reconocimiento internacional de la Doctrina Monroe. En la Carta de las Naciones Unidas, en 1946, obtuvo el reconocimiento de la posibilidad de crear pactos regionales de seguridad, en una disposición que permitiría la creación de la OEA y así excluir los temas latinos del ámbito del Consejo de Seguridad.

La expulsión por parte de los estadounidenses de los pueblos indígenas de sus territorios originales se produjo con intensidad tras la revocación de la Proclamación Real de 1763, como consecuencia del Tratado de Paz de París (1783) entre Gran Bretaña y la Confederación, que separó el territorio de las Trece Colonias de Tierras Indígenas más allá de los Apalaches hasta el Misisipí.

La influencia económica, política y militar estadounidense sobre los países de Centroamérica y el Caribe fue y es abrumadora, con intervenciones y ocupaciones militares, a veces prolongadas, y el patrocinio de dictaduras sanguinarias.

La guerra contra México (1848) provocó la anexión de la mitad del territorio mexicano y, con la llegada al Pacífico, permitió la consolidación de Estados Unidos continentales desde el Atlántico hasta el Pacífico. Estados Unidos anexó los territorios de los actuales California, Nevada, Texas, Nuevo México, Utah, y partes de lo que ahora son Arizona, Colorado y Wyoming.

La guerra contra España (1898) llevó a la ocupación de Cuba, la anexión de Puerto Rico, Filipinas y Guam, y afirmó a Estados Unidos como potencia asiática.

Política de Estados Unidos en América Latina

El arbitraje americano, en 1878, de la cuestión del Chaco entre Paraguay y Argentina después de la guerra del Paraguay; la decisiva ayuda naval a la consolidación de la República en Brasil, en 1894; la imposición a Gran Bretaña de la solución arbitral de la disputa territorial entre Venezuela y el territorio inglés de Guyana (1895); el arbitraje de la cuestión de Palmas entre Brasil y Argentina, en 1895, y su participación como uno de los garantes del protocolo de paz entre Perú y Ecuador (1942) fueron algunos de los episodios que marcaron la creciente influencia política de Estados Unidos en América del Sur.

La política norteamericana fue resentida y temida por las naciones latinoamericanas, especialmente las de Centroamérica, tras la anexión de la mitad del territorio mexicano y la declaración del corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe (1908), en el que Estados Unidos se asignó el papel de policía del continente, con derecho a intervenir e imponer el orden por la fuerza a las naciones que consideraban “turbulentas”.

Así ocurrieron las intervenciones y ocupaciones militares estadounidenses en Haití (1914-1934), República Dominicana (1916-1924), Nicaragua (1926-1933), Honduras (varios, entre 1903 y 1925) y Cuba (varios, entre 1906 y 1933).

Estados Unidos apoyó política y militarmente la secesión de Colombia y la creación de Panamá como Estado independiente (1903), que permitió la construcción del canal (1904-1914) y la concesión de este. La zona permaneció como territorio bajo soberanía política y militar estadounidense hasta 2000. El canal permitió la conexión marítima rápida, tanto comercial como militar, entre la costa este y la región del golfo con la costa oeste de América del Norte. Este puede considerarse el principal logro de la estrategia para expandir la influencia política y militar estadounidense en Centroamérica y el Caribe que aseguró su control político, económico y militar de la región.

A lo largo del siglo XX, Estados Unidos organizó conferencias con el objetivo de alinear a las naciones latinoamericanas y construir la solidaridad del continente en torno a Estados Unidos frente a Europa y, posteriormente, frente a la amenaza de Alemania y el nazismo. En 1890, la primera conferencia estableció la Oficina Internacional de Repúblicas Americanas, con sede en Washington.

En esas conferencias, las naciones latinoamericanas hicieron esfuerzos para que Estados Unidos aceptara el principio de no intervención, pero sin éxito hasta la década de 1930, mientras Estados Unidos buscaba imponer la tesis del arbitraje en las disputas entre Estados de la región (con Estados Unidos como árbitro permanente).

La “política del buen vecino”, iniciada en 1933 con el presidente Franklin Delano Roosevelt, constituyó un cambio radical en la política exterior estadounidense en un esfuerzo por preparar a Estados Unidos para enfrentar el desafío nazi acercándose a los países de América del Sur, principalmente con Brasil y Argentina, donde existieron importantes comunidades de origen alemán e italiano.

Los objetivos de extraordinaria importancia para los estadounidenses eran garantizar el acceso exclusivo a minerales estratégicos en caso de ocupación de fuentes de abastecimiento por parte de los países del Eje, y contar con el consentimiento de Brasil para utilizar militarmente la ubicación privilegiada del noreste de este último país frente a África.

Después de la guerra, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en 1948 en el contexto de la Guerra Fría, define la agresión contra cualquier Estado signatario como agresión contra todos los Estados de la región y obliga a todos los países miembros a cooperar con el Estado agredido.

Los acuerdos militares bilaterales servirían para consolidar la presencia de Estados Unidos como los principales proveedores de armas y entrenamiento del personal militar latinoamericano.

Después de la Revolución Cubana, al poner en marcha, en 1962, la Alianza para el Progreso, Estados Unidos creó en la zona del canal la Escuela de las Américas, donde se capacitó a miles de oficiales latinoamericanos que luego serían entrenados como jefes de los golpes de Estado y la administración de los regímenes militares.

Estados Unidos se esforzó por crear una fuerza interamericana de paz, de carácter multilateral, para encubrir su intervención en caso de necesidad. Esta propuesta siempre ha contado con la oposición de los gobiernos civiles latinoamericanos y la simpatía de los gobiernos militares de la región.

En cuanto a la OEA, desde su creación ha sido un importante instrumento para legitimar la política estadounidense en América Latina. Apoyó la destitución, con la participación de mercenarios armados por Estados Unidos, del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala (1954), la suspensión de Cuba de la OEA en 1962, la intervención en República Dominicana (1964), y no condenó a ninguno de los regímenes militares que se instalaron en toda América Latina como resultado del uso político de la Alianza para el Progreso.

En la OEA, Estados Unidos casi siempre ha logrado unir a sus posiciones a los países de Centroamérica y el Caribe, cuyos gobiernos, a menudo conservadores y autoritarios, estaban sujetos a su hegemonía militar, política y económica. El control político de Centroamérica y el Caribe se fue aflojando (pero no en su vertiente militar) a medida que desaparecía el conflicto con la Unión Soviética, como también cuando comenzó a superarse el conflicto de Centroamérica.

Con las réplicas provocadas por el escándalo de Watergate (1970), la derrota en Vietnam (1975) y la revolución iraní (1979), los gobiernos de los presidentes Ronald Reagan y Jimmy Carter desarrollaron una estrategia para recuperar la imagen de Estados Unidos y desestabilizar a los gobiernos socialistas de Europa del Este, basada en la defensa de los derechos humanos y la democracia.

Por extensión, comenzaron a defender los derechos humanos y la redemocratización de América Latina y la implementación de políticas liberales por parte de los nuevos regímenes civiles. Uno a uno, los gobiernos militares instalados y mantenidos por Estados Unidos dieron paso a gobiernos civiles.