Read the book: «Reparando mundos», page 2

Fui solito con el Ejército. El único con el Batallón. Eran quince soldados. Entonces, allí llegamos y empezamos a buscar. Encontramos ponchito en la carretera. Habían traído por la carretera. Después lo habían llevado por abajo. Al pobre ya le habían comido el perro del cuello; los ojos ya lo habían sacado. Me dio miedo. Cuando recuerdo triste es. A él le habían sacado los ojos; cuando lo sentamos se colgó los ojos y todo el cuero cabelludo ya lo habían sacado. Hueso ya estaba su cabeza. Sí, así huérfano dejó a varias hijas. Aquí están como dos. Su esposa también está acá, vive. Triste es.

El Informe final de la CVR (2003) describe un perfil de víctima fatal: varón, quechuahablante o con lengua materna distinta del castellano, procedente sea de la sierra sur-central o de la región central del país (que fueron los departamentos que más padecieron la violencia). En una investigación reciente sobre las cifras que presenta la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia sobre los casos de desaparición forzada durante estos años, encuentran que los familiares muchas veces se vieron en la necesidad de tomar decisiones sobre a quién buscar cuando tuvieron varios parientes fallecidos o desaparecidos. Muchas veces se inclinaron por buscar a los varones proveedores. Los resultados que comienzan a aparecer pueden complejizar el perfil de víctima presentado por la CVR e introducir nuevas variables: mujeres, niños y adultos mayores cuya desaparición no necesariamente fue denunciada (Ulfe & Romio, 2021)2.

La víctima principalmente tenía un rostro indígena y pobre. Muchas autoridades también fueron asesinadas por Sendero Luminoso o por miembros de las Fuerzas Armadas. En la celebración de los treinta años de la conmemoración de la masacre ocurrida el 3 de abril de 1983 en Santiago de Lucanamarca, el discurso del presidente de la comunidad incidió precisamente en cómo se habían quedado sin autoridades. La conmemoración de los treinta años le sirvió de plataforma para recordar todos los asesinatos ocurridos en Lucanamarca, y con especial atención mencionó los sucesos de 1984, cuando desaparecieron tres autoridades de la localidad en Cangallo y la comunidad se quedó waqcha (huérfana, sola, sin nadie que los dirija y vele por su bienestar e intereses).

Pero las autoridades también negociaron sus vidas. En otra ocasión, don Fermín contaba cómo, volviendo de Ica en el Volvo, de nuevo en Tajra, los detuvieron. Era un senderista con arma. César Molina le dijo: «Yo soy presidente de la comunidad, déjenos pasar». El senderista le pidió su reloj (un Citizen de oro). Cuando regresaron a Sancos, César dijo en asamblea comunal: «¿Saben qué? Yo no voy a perder mi reloj, así que tienen que darme un torito de la comunidad». Así, en una reunión, le cedieron un torete pequeño a él a cuenta de ese reloj. Dicen por ahí que alguien de la comunidad afirmó que los senderistas se enteraron de esta transacción, lo cual habría ocasionado el asesinato de don César semanas después.

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Como mencionamos líneas arriba, si bien este libro mira al Estado y un momento de la historia, lo hace a partir de presentar y comprender la condición de ser y sentirse víctima en el Perú contemporáneo. La condición se puede alterar: no define esencialmente a una persona. En este sentido, la condición es construida social e históricamente, y contribuye a identidades fluidas. Queremos mostrar cómo esa condición de ser y sentirse víctima se construye y cómo las personas se empapan en esta condición para edificar una identidad impregnada de sus propios repertorios culturales. La noción de «ser» está vinculada con la condición. Somos seres temporales, históricos. Las personas se convierten o han sido convertidas en estas formas particulares de ser.

Pero aquí no queda este estudio. Las imágenes fotográficas recogidas, sobre todo en los últimos años de trabajo de campo, no solo sirven como fuente documental, sino que contienen los propios «fantasmas» (ghostly matters of things) y «hechizos» (haunting) del pasado en la manera como estructuran y desenvuelven las tramas del presente. Las relaciones que se entretejen entre las imágenes y su cualidad de hechizo no son implícitas (Gordon, 2008, p. 102). A menudo, la cualidad verosímil de la imagen como documento o evidencia parece convencernos de lo que en apariencia ya «sabemos» cuando la vemos, pero también hay otra dimensión, ya que, cuando emerge en una discusión, permite acercarnos a lo que sospechamos y hacernos dudar de las cosas. En este sentido, las imágenes han sido vitales para ayudarnos a comprender ese «pasado oprimido» (oppressed past), como señala Gordon, y que aquí también usamos en referencia a la estrofa del Himno Nacional peruano. Este «pasado oprimido» —y opresor, porque ha atrapado a las personas en su dolor— no es lineal, tampoco secuencial, menos autónomo o alternativo. Es simplemente aquello que da cuenta de la violencia, que organiza aquello que el dolor y la guerra reprimió, y que, con el pasar del tiempo toma forma, ya que se mantiene vivo (2008, p. 65).

La condición de «ser» víctima no convierte a los sujetos en ciudadanos. Hay una tensión grande entre ser víctima y ser ciudadano. El Estado parece trabajar contra la posibilidad de construir ciudadanía. Las reparaciones, en su idea primigenia, significaron una forma de resarcir, restituir derechos, reparar; sin embargo, por la manera como estas se aplicaron, veremos más bien, en muchos casos, la reducción de la persona a la condición de una víctima, pero no la constitución de un sujeto que tiene derechos, que los reclama, los exige y pide que se le reconozcan esos merecimientos. Además, siempre se será un ciudadano que arrastra consigo un denso pasado, que, como sugiere Sanford (2003), se convierte en un filtro a través del cual construirá su presente. Lo que sí es importante subrayar es que, desde la condición de víctima que veremos, como bien señala Das (2007), se edifica la agencia y se desarrollan otras formas de relacionamiento con el Estado.

Das se pregunta cómo recoger las piezas y vivir en ese mismo lugar devastado (2007, p. 6). Con esta pregunta, emprende un estudio antropológico sobre la vida de las mujeres luego de la Partición de India y Pakistán en 1947 y el asesinato de Indira Gandhi en 1984. Partiendo de los historiadores poscoloniales de la India, la autora propone una discusión sobre estos eventos, no como hechos aislados en la historia de India, sino como hechos que ocuparán las memorias colectivas y se manifestarán en la vida cotidiana, especialmente en la vida diaria de quienes más padecieron sus consecuencias (las mujeres, sobre todo las musulmanas).

Siguiendo a la antropóloga Marilyn Strathern (2004), Das se centra en el universo de relaciones sociales como un tema de investigación en sí mismo. Las relaciones abstractas y concretas entre las personas configuran preguntas sobre la escala y la complejidad (2007, p. 3). ¿Cómo en un lugar tan pequeño como Huanca Sancos o Lucanamarca se puede llegar a tanta densidad? Las relaciones sociales nos ubican en el mundo, nos constituyen como sujetos. A partir de este corpus teórico, Das propone que los límites de la constitución de un sujeto (siguiendo a Wittgenstein) nunca son cerrados, pues se incorporan (se expresan a través de sus cuerpos) en ese universo de relaciones que tejen y que tienen particular significación en los mundos cotidianos.

Así, la autora se pregunta sobre la naturaleza de la constitución de estos sujetos. Toma de Wittgenstein sus nociones sobre el lenguaje y el poder de la voz, una voz que no necesariamente es la hablada, sino que puede ocupar y usar distintas maneras corporales para expresarse cotidianamente. Son esos mundos y experiencias de luchas y aproximaciones diarias los que nos interesan en este libro. No es la agencia heroica de los hechos grandilocuentes, sino la de las decisiones cotidianas, del mundo de los cuidados y sus silencios, de las conversaciones y de las experiencias con el Estado. En ese nudo, en este libro, estudiamos la constitución del sujeto víctima. Es el dolor traumático inscrito en sus cuerpos el que no los abandona. Siguiendo a Das, nosotras asumimos que desde ahí la agencia se manifiesta en el simple hecho de sobrevivir.

A esa dimensión de «ser víctima» agregamos «sentirse», ya que guarda estrecha relación con las formas como nos identificamos los sujetos sociales. Hay muchas diferentes formas de sentirse. Esta es una dimensión distinta de la manera como se actúa, pero no explica el completo de su identidad, tampoco la condición ni el ser. El identificarse es mucho más íntimo y va más allá de lo que un vocablo tan usado como «identidad» evoca.

Brubacker y Cooper (2000) proponen romper con los modelos que asocian ideas de adscripción a la etnicidad como si se tratase de modelos fijos. Invitan a pensar en la categoría de identificación como un proceso que recoge la voluntad del sujeto de tomar decisiones sobre su condición étnica y sus afiliaciones de pertenencia y diferencia. Además, el contexto actual del Estado peruano permite observar en su discurso multicultural neoliberal cómo ciertas identidades étnicas emergen como más válidas frente a otras. A esto, Callirgos (2019) denomina el mandato etnonormativo que permite caracterizar y concebir identidades étnicas para el caso peruano, lo que invisibiliza las que no calzan en el discurso.

Juntamos la idea de «ser» y «sentirse» con una mirada del Estado que es concebido a partir de los sujetos y las instituciones. En Sancos y en Lucanamarca, antes del periodo de violencia, había un Estado local que la población del lugar hizo funcionar a su manera. Este Estado les fue usurpado por Sendero Luminoso y su violencia demencial, y fue capturado por la lógica represora y redistributiva del propio Estado peruano. ¿Qué ha dejado el Estado neoliberal que llegó después?

En este sentido, desarrollamos la investigación siguiendo los postulados de una antropología del Estado. Partimos, como mencionamos anteriormente, del estudio de las instituciones y los sujetos que las edifican, utilizan y reconstruyen. La investigación parte de experiencias y diálogos intensos con personas específicas. Son sus relatos los que alimentan esta investigación y que se insertan y nos ayudan a presentar un proceso que va desde las primeras definiciones del término «víctima» a la construcción de una condición e identificación en el Plan Integral de Reparaciones (PIR), con varios programas, y la reapropiación de la misma categoría por los actores sociales implicados.

La condición de «ser» y «sentirse» víctima se convirtió en la idea, la metáfora y el tema que recorre esta etnografía multilocal. Las referencias y conversaciones que alimentan este estudio se hicieron principalmente en Lucanamarca, Sancos, Ayacucho y Lima (y en muchos hogares, plazas y oficinas de estas localidades). Se trata de un estudio de largo aliento cuya realización ha tenido distintos momentos: comenzamos en Lucanamarca en 2011, pasamos a Sancos en 2013, hicimos un corto trabajo de campo en Sacsamarca en 2014, y entre 2014 y 2019 completamos el estudio en Lima y Ayacucho. El trabajo de campo consistió, principalmente, en una profunda revisión de archivos locales y comunales, observación y participación, entrevistas y foto elicitación. En 2016 y 2017, parte de este estudio se completó con una investigación sobre colecciones fotográficas personales en Sancos que nos presentaron, a través de imágenes e historias, a muchos que ya no están. Estas fotografías configuran un archivo visual que hemos dejado en el municipio de Huanca Sancos3 y que sirve para construir sus pequeñas historias en un relato más amplio y propio. Entre 2018 y 2019, acudimos con miras a la realización de un documental que se centra en una historia de vida puntual en Sancos.

Mucho de este trabajo de campo fue conducido en castellano, ya que es el idioma dominante en la región, pero hay una diferencia en el uso del castellano y del quechua de acuerdo con el género y la clase social. En quechua fueron realizadas entrevistas y conversaciones con mujeres adultas mayores y con los pastores. Si bien a lo largo de la investigación hicimos un esfuerzo en recoger la mayor diversidad de experiencias vinculadas con las reparaciones, las voces dominantes siempre fueron las de la élite local. Este ya era un problema que habíamos notado con los testimonios recogidos por la CVR y se convirtió en un reto de nuestra etnografía ir más allá de esos círculos. Las fotografías y el tiempo de trabajo de campo ayudaron a construir una imagen más diversa.

El contexto de posguerra dibuja un panorama complejo en el que las políticas públicas definirán nuevas identidades y formas asociativas de ciudadanías colectivas, como las asociaciones de víctimas entremezcladas con ideales de desarrollo, progreso y reconocimiento. Estas consecuencias directas de la aplicación de programas nacen de lo que se conoce en el contexto internacional como «políticas de justicia transicional», es decir, políticas que se implementan en Estados de posguerra que han sufrido las consecuencias de la violencia interna. En el caso peruano, la posguerra se desarrolló en un contexto de autoritarismo político y resurgimiento económico. La represión y leyes antiterroristas más severas ocurrieron en la década de 1990. Al mismo tiempo que el país abría su economía al mundo, vendía sus empresas públicas a capitales privados para garantizar el libre mercado. La posguerra sucedió en algunos lugares, como Ayacucho, a través de programas sociales que reconstruyeron infraestructura, llevaron alimentos y fomentaron el retorno de los migrantes y desplazados a sus lugares de origen.

La posguerra no se entendió como el momento propicio para generar una institucionalidad democrática que garantizara la equidad y la autonomía. Las demandas por verdad y justicia siguieron apareciendo sin mayores bríos, hasta que, en 2000, apareció la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad con la salida del corrupto expresidente Alberto Fujimori. Así, entre 2001 y 2003, el Perú tuvo una Comisión de la Verdad a la que se añadió el mandato de la Reconciliación. En ese marco, se formula por primera vez el contar con un PIR para las víctimas del conflicto armado interno.

El PIR y las expectativas construidas alrededor de este constituyen uno de los elementos más notorios de esas búsquedas. En medio de este contexto, a pesar de la inconmensurabilidad del dolor del pasado y de los muchos problemas que hubo acerca de definir a un sujeto víctima que sería a su vez sujeto de reparaciones, estas aparecen como la señal más aprehensible de avance frente a las conclusiones y recomendaciones dejadas por la CVR.

Sin embargo, no todas las personas que han tenido o padecido alguna consecuencia directa del conflicto se han inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) para resultar en potenciales beneficiarios de los programas del PIR. Todos los inscritos tampoco han recibido alguna forma de compensación. Antes de pasar a presentar el PIR y las estructuras del Estado que la acompañan, es necesario detenernos brevemente en la historia del lugar.

Huanca Sancos y Lucanamarca, 1979

La historia de violencia en la provincia de Huanca Sancos comenzó a finales de 1970, con el arribo de profesores provenientes de otras provincias de Ayacucho y de Lima. Es en Sendero Luminoso Los hondos y mortales desencuentros que Degregori (1985b) describió el proceso de descampesinización iniciado con las primeras olas de migración del campo a la ciudad en la primera mitad del siglo XX y los desencuentros que tienen los jóvenes provincianos, sus expectativas y el mundo de sus padres. Esto mismo lo encontramos entre quienes eran jóvenes provincianos educados fuera de Huanca Sancos, y que es explicado en esta entrevista a un antiguo profesor, quien dice: «Ellos ya querían mandar a los padres diciendo que “ahora ya las cosas están cambiando, así que nosotros no vamos a estar sujetos a ustedes”»4.

El colegio secundario Los Andes, el único de la zona, se había convertido en una plaza interesante que articulaba a alumnos de diferentes comunidades —especialmente Lucanamarca y Sacsamarca—, en una ciudad pujante económica y políticamente. La llegada de los nuevos profesores fue percibida con buenos ojos por los pobladores de la localidad: era un símbolo de estatus. Parecía que finalmente estaban cambiando las cosas para bien y que Sancos dejaría de ser el «lugar de castigo» donde se enviaba a profesores o policías cuando habían cometido algún error en su trabajo. Los notables locales conducían los trámites necesarios para hacer de Huanca Sancos una provincia independiente. Hasta ese entonces, Sancos, junto con Lucanamarca, Sacsamarca y Carapo, pertenecía a la provincia de Víctor Fajardo. Las tiendas prosperaron y la granja comunal tenía más ganado que cualquier hacendado de la zona.

Sin embargo, quizás esta prosperidad y su carácter de zona en transición atrajeron a jóvenes discípulos de Abimael Guzmán. No es en vano la interpretación de Degregori (1985b y 1990) para explicar el surgimiento de Sendero Luminoso y detenerse a mirar dos grandes fracturas. La primera describe las fracturas territoriales de Ayacucho y las grandes brechas de distancia entre la capital y el resto de la región: era más fácil ir por el sur de Ayacucho a Ica antes que a Huamanga. La segunda gran fractura describe un problema estructural, que es la distancia que separará a jóvenes que no se reconocerán como parte del mundo de sus padres y que tampoco se hallarán en la ciudad (un cuerpo humano que no encontraba espacio ni lugar en un país que tampoco le ofrecía mayores posibilidades para sus vidas).

Como hemos visto en la cita anterior, los jóvenes discrepaban con sus padres. A la par, creció la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y una élite intelectual que comenzaba a tener prestigio y poder. Mientras tanto, estos jóvenes abrazaban los procesos de descampesinización y se trasladaban a las ciudades a estudiar (principalmente): se empezaba a formar una élite mestiza y provinciana que no necesariamente encajaba con las formas de pensar de sus padres. Esos cambios estructurales fueron dramáticos en algunas zonas de Ayacucho, como veremos en las páginas que siguen.

En Sancos y en Lucanamarca, desde 1979, se comenzaron a dictar clases extracurriculares de «escuela popular». Para 1980, estas se habían convertido en parte importante de la malla curricular del colegio Los Andes de Huanca Sancos. Juan López Liceras, también conocido como «camarada Víctor», era profesor de matemáticas en Los Andes; sin embargo, cuando entrevistamos a sus exalumnos, nos contaron que jamás les enseñó matemáticas. Comenzó la adoctrinación de los adolescentes y jóvenes sanquinos con textos de Mao Tse Tung y pronto pasó a darles clases prácticas preparándolos para la guerra popular. Don Antonio, por ejemplo, aprendió a armar y desarmar una carabina en sus clases de matemática.

Hacia fines de 1982, Sendero Luminoso logró desarticular las funciones de las autoridades locales y tomó control total de la zona, con López Liceras y otros profesores de Los Andes a la cabeza. La mayoría del cuerpo senderista en Sancos estuvo conformada por alumnos de secundaria entre trece y dieciocho años. Cuando los senderistas reemplazaron a las autoridades locales, muchos sanquinos adultos se vieron obligados a colaborar con Sendero y don Antonio no fue la excepción. Él había acabado el colegio unos años antes y López Liceras había sido el tutor de su promoción. Cuando López Liceras nombró a don Antonio como «jefe de cuadra», él no se atrevió a negarse. Además, al principio, antes del primer asesinato, muchos sanquinos como lucanamarquinos habían tenido sentimientos cálidos con respecto a Sendero: sus historias de guerra popular no parecían muy realistas en el día a día (y, por lo tanto, no provocaban miedo), mientras que sus denuncias de las desigualdades y abusos de los poderosos en la provincia tenían mucho de cierto. Los relatos sobre las maneras como los grandes hombres se apoderaron de tierras mediante engaños eran comunes y describían relaciones de dominación muy presentes en la región. Sin embargo, después del 19 de noviembre de 1982 —el día de la primera ejecución en Huanca Sancos—, nada volvió a ser igual.

Esa primera ejecución —cuya víctima fue Alejandro Marquina, gobernador del distrito y terrateniente local— fue clave en la historia local y regional. Después de esta, vinieron otras ejecuciones a gamonales en Sacsamarca y Lucanamarca. Marciano Huancahuari en Lucanamarca era conocido por tener mucho ganado. Manuel nos contó cómo, luego de repartir su ganado entre gente que llegó de diferentes comunidades, lo amarraron y llevaron a la plaza donde fue asesinado. Incluso dice que después del asesinato mucha gente entró a su casa y se llevaron sus granos, frazadas, ollas. Los asesinatos a gamonales ocurrieron en paralelo con los llamados «arrasamientos», que fueron las entregas de ganado a pobladores de comunidades vecinas. Estos dos hechos activaron la alerta entre la población que comenzó a sentir que debían hacer algo.

Don Antonio le contaba a su hija que, aun al haber oído el disparo contra la sien de Marquina, aun al ver la sangre brotando de su cabeza, aun al verlo caer, el pueblo pensaba que era una broma macabra. Poco después, don Antonio y doña Marcelina se llevaron a su hijo mayor (que en ese entonces tenía tres años) y se escaparon a las punas. Pasaron unos meses y, en febrero de 1983, los sanquinos se rebelaron contra Sendero Luminoso: acorralaron a los principales dirigentes senderistas, ejecutaron a cinco de ellos (López Liceras fue linchado a golpes y patadas por mujeres desarmadas) y perdonaron a los jovencitos del colegio, a quienes les exigieron separarse para siempre de Sendero Luminoso. Eran sus hijos, sus sobrinos, sus nietos: los sanquinos estaban dispuestos a perdonarlos. Poco después de este levantamiento, se instaló una base militar en Huanca Sancos y otro tipo de violencia se hizo pan del día a día. Don Antonio y su familia pasaron cada vez más tiempo en las punas, porque él tenía miedo de que alguien lo denunciara por haber sido obligado a ser jefe de cuadra de Sendero.

Eso sucedía en Sancos. En Lucanamarca, en marzo de 1983, la población, mediante tretas, había decidido acorralar a Olegario Curitumay, hijo de Lucanamarca y jefe senderista en la localidad. Después de asesinar a Olegario, asesinaron a parte de su familia y cerraron la herida abierta, desapareciendo a todos. Pocas semanas después llegó la represalia senderista: el 3 de abril de 1983, el escuadrón senderista que venía desde las punas asesinando e hiriendo a cuanto poblador encontrara en su camino llegó a la plaza. Los últimos fueron masacrados en la iglesia y en la plaza. Hubo 69 víctimas fatales. Estos, junto con Sacsamarca, son los primeros pueblos en levantarse contra Sendero Luminoso. Conocieron su violencia de primera mano y también la del Estado, que les llegó en la forma de puestos policiales y bases militares (helicópteros, represión y patrullajes).

En junio de 1984, la familia de don Antonio bajó a la ciudad para la fiesta del Día del Campesino y para abastecerse de alimentos. El 23 de junio, la serenata en la plaza congregó a todo el pueblo. Los militares también estaban allí, bebiendo con todas las personas. Hasta hoy, algunos sospechan que quienes estaban tomando con los militares (algunos de los jóvenes que habían sido perdonados por el pueblo el año anterior) los emborracharon a propósito para que se distrajeran. En la madrugada del 24 de junio, los senderistas atacaron Sancos. Entraron por los techos a las casas de quienes consideraban soplones o excesivamente prósperos y los asesinaron en sus camas. Don Antonio, como muchos hombres, esa noche llegó algo borracho a la casa y doña Marcelina no le dejó entrar a su cama. Entonces, se fue renegando a la habitación de al lado, se echó sobre unos cueros de oveja y se cubrió con un costalillo que había por allí. Cuando llegaron los senderistas a castigarlo por desertor, no lo encontraron en su cama. Él se despertó por los gritos y la bulla y escuchó los sonidos de los hachazos dirigidos contra su mujer. Doña Marcelina pretendió estar dormida para tapar con su cuerpo a su hijito que compartía la cama con ella. Recibió los hachazos en la espalda sin pronunciar sonido. Unas horas después, su hijito se atrevió a salir de la habitación para buscar ayuda y encontró a su padre en estado de shock en el cuarto de al lado. Al menos dieciséis sanquinos murieron en sus camas esa noche y decenas fueron heridos. Al día siguiente, helicópteros militares llevaron a los supervivientes a Huamanga. Doña Marcelina pasó un mes en un hospital de allá, recuperándose de sus heridas y aprendiendo a volver a caminar. En ese hospital se enteró de que estaba embarazada: su hija Nélida fue, sin saberlo, una superviviente más que nació siete meses después. Años después, doña Marcelina inscribió lo que le sucedió como tortura en el Registro Único de Víctimas (RUV) y esto la convirtió oficialmente en víctima.

Nociones de víctima y violencia5

Las reparaciones, como formas y estrategias de compensación y resarcimiento, aparecieron después de los procesos de paz luego de la Segunda Guerra Mundial. Se instalaron como mecanismos bajo los cuales quienes habían perdido la guerra y cargaban la culpa de haberla llevado a cabo debían compensar por lo hecho (García-Godos, 2008; Mani, 2005; Torpey, 2005). Las reparaciones emergen como sinónimo de indemnización. El vocablo se insertó en luchas antirraciales en Estados Unidos, por ejemplo, y adquirió otras connotaciones para rectificar viejas injusticias cometidas. En el caso canadiense, se utilizó para resarcir a grupos indígenas y para la recuperación de ciudadanía (Torpey, 2005).

Lo que se observa en esta historia es que la condición de beneficiario o beneficiaria, en estos casos, da forma al sujeto que está al otro lado, que será el perpetrador o perpetradora. Recién hacia mediados de la década de 1990, mientras diferentes países atravesaban transiciones democráticas, la idea de justicia transicional se instaló con sus mecanismos de comisiones de verdad, reparaciones y procesos de justicia restaurativa (Torpey, 2005). Asimismo, esto se originó de la mano de una serie de documentos e instituciones que le dieron forma: la Corte Internacional de la Haya, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o institutos como el International Center for Transitional Justice (ICTJ), y documentos como Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation for Victims of Violation of International Human Rights and Humanitarian Law (Naciones Unidas, 2005). Aquí también es clave el documento de Pablo de Grieff (2006), en el que define y caracteriza los puntos centrales de programas de reparaciones para sociedades posconflicto.

Las reparaciones se enmarcan en el derecho internacional de recuperación de una condición anterior al daño ocasionado y, como veremos más adelante, se toman formas particulares en los países donde se han desarrollado programas de compensaciones o reparaciones. Para su aplicación, es necesario definir quiénes serán estos/as potenciales beneficiarios/as y, para ello, se usa comúnmente el vocablo «víctima».

Si nos remitimos al Código Procesal Penal peruano, la víctima queda definida como el agraviado o agraviada, esto es, el sujeto sobre quien se ha cometido una falta grave que atenta contra su persona. Esta condición no se remite al pasado, ya que puede ser actual o inacabada. Esta definición nos lleva a una dimensión del trabajo del Estado, pero hay otras dimensiones. Por ejemplo, cuando los Estados implementan políticas en justicia transicional, definen «ciudadanos» como «víctimas» en términos no de su condición, sino siguiendo los instrumentos y mecanismos de justicia transicional, como comisiones de la verdad o la categoría de víctima (Madlingozi, 2010, p. 208; Fassin, 2008 y 2011).

En comisiones de la verdad, la categoría de «víctima» se contrapone a la de perpetrador. A partir de esta relación casi dicotómica, las comisiones estudian periodos de violencia o de conflicto basándose en hechos (casos), actores (víctimas, perpetradores, agentes del Estado) y el papel del Estado. La CVR asumió esa relación como estructural y dedicó un capítulo extenso a conocer quiénes eran estas víctimas, cuáles eran sus lugares de procedencia, cuáles eran los hechos y quiénes eran estos perpetradores, sus afiliaciones y procedencias, y nuevamente los hechos y las razones.

El Informe final de la CVR plantea comprender el periodo que va entre 1980 y 2000 como:

una inmensa oportunidad histórica para el Perú: la refundación de la democracia, la creación de un nuevo pacto social que verdaderamente incluya a todas las peruanas y peruanos en los beneficios y obligaciones de la ciudadanía y en la riqueza cultural que solo una sociedad tolerante y pluralista puede crear. La reflexión sobre el significado histórico del periodo que hemos experimentado está íntimamente vinculada a la expresión de una voluntad renovadora, que busca prevenir de manera permanente el riesgo de un nuevo conflicto armado interno (2003, p. 31).

Sin embargo, esta propuesta de refundación de un pacto social, como plantea Carmen Ilizarbe (2015), no tuvo un claro camino.

Además, el Informe final de la CVR otorga centralidad a la figura de víctima. Se traza una caracterización doble de víctima, ya que se deja entrever que uno no solo es víctima de un suceso concreto o de un ataque específico, sino que también es víctima estructural de un sistema que lo coloca en una posición vulnerable. En este sentido, las elecciones terminológicas de la CVR y los programas que fueron planteados a partir de ella no pueden comprenderse sin el debate de nombres y vocablos que se tuvo en 1980. Así como la CVR peruana se nutre de los debates del movimiento de derechos humanos, también recoge los aportes y reflexiones de otras comisiones de la verdad. Al ser la número 22, a partir de estas experiencias se construyen otras y se intenta superar sus limitaciones configurando su propia especificidad (Burt, 2011; Hayner, 2011; Theidon, 2013).