Read the book: «México ante el conflicto Centroamericano: Testimonio de una época»

Presentación

Testimonio de una época

Durante casi doscientos años de vida independiente, las relaciones entre México y los países centroamericanos se han desarrollado de manera oscilante, alternándose prolongados periodos de distanciamiento y letargo con lapsos más breves de interacción muy intensa. No obstante, desde la malograda anexión de la audiencia de Guatemala al Imperio de Iturbide, entre 1821 y 1823, hasta el momento actual en que el ingreso continuo de transmigrantes a través de la Frontera Sur constituye una emergencia humanitaria de vastas proporciones, Centroamérica nunca ha dejado de ser una región altamente sensible para los intereses nacionales de México. Por lo mismo, de tanto en tanto el gobierno mexicano se ha visto involucrado en los asuntos del Istmo cuando circunstancias críticas o conflictos de cierta proporción han configurado situaciones de riesgo o de emergencia política para nuestro país. Tal fue el caso del que trata este libro, cuando entre finales de los años setenta y mediados de los noventa del siglo pasado, tanto el gobierno mexicano como diversas fuerzas políticas y grupos de la sociedad civil tomaron parte activa en los procesos de cambio político y confrontación militar que sacudieron Centroamérica.

El conflicto centroamericano tuvo su etapa más aguda durante la década de los ochenta. Su antecedente inmediato fueron las grandes movilizaciones populares de carácter beligerante que tuvieron lugar en Nicaragua, El Salvador y Guatemala desde mediados de la década anterior, en las cuales gravitaban tensiones sociales de larga data, agudizadas por el creciente desgaste político de los regímenes autoritarios y represivos de dichos países. Otro vector que incidía fuertemente en la insurgencia popular era el accionar de agrupaciones clandestinas de corte radical, que si bien no representaban una amenaza militar inminente, ya no eran como las guerrillas de los años sesenta pequeños núcleos relativamente aislados en las montañas o en la clandestinidad; ahora su presencia y liderazgo eran patente entre organizaciones populares de todo tipo, sindicatos, asociaciones estudiantiles, ligas campesinas, comunidades cristianas, etcétera, constituyendo un elemento catalizador en el proceso de organización y radicalización del movimiento popular. A partir de este vínculo, las masas radicalizadas adoptaron la violencia como un recurso inmediato para impulsar sus anhelos de transformación social.

En respuesta al desafío revolucionario, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua decidieron combatir sin miramientos el “complot comunista”. Cuerpos de seguridad, fuerzas armadas y “escuadrones de la muerte” llevaron la violencia represiva a extremos inauditos. El terror de Estado abarcó también a la oposición reformista que buscaba el cambio por medios pacíficos. La represión generalizada y el cierre de espacios de acción política abonó en favor de los proyectos radicales y la vía insurreccional. La caída del dictador nicaragüense Anastasio Somoza en julio de 1979 marcó un punto de inflexión en la situación centroamericana. El triunfo de la insurrección popular y la llegada al poder del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) acrecentó enormemente la efervescencia revolucionaria en El Salvador y Guatemala.

Es de señalar que la guerrilla nicaragüense gozó de condiciones excepcionalmente favorables para su causa. El FSLN exhibió una habilidad política sin precedente entre los grupos insurgentes latinoamericanos para capitalizar el desgaste nacional e internacional del régimen somocista, conjugando el desarrollo interno de la sublevación con la construcción de alianzas amplias a nivel nacional e internacional. De este modo en el curso de la insurrección los sandinistas pudieron contar con la ayuda militar cubana y el respaldo político y financiero de distintos gobiernos latinoamericanos, señaladamente Panamá, Costa Rica, Venezuela y México.

Por su parte, Estados Unidos buscó evitar a toda costa que la causa revolucionaria obtuviera un nuevo triunfo en Centroamérica. Con esa intención respaldó el golpe de Estado de octubre de 1979 en El Salvador, que a la vuelta de unos meses condujo al establecimiento de un gobierno encabezado por la Democracia Cristiana. A instancias de Washington, Costa Rica y Venezuela retiraron su apoyo a los sandinistas y respaldaron firmemente al nuevo régimen salvadoreño. Paralelamente el apoyo económico y militar de Estados Unidos a sus aliados en la región se incrementó de manera exponencial. De hecho, este país estacionó tropas y aviones en Honduras, que se convirtió en una importante plataforma de operaciones para atacar a la Nicaragua sandinista. Incluso en ciertos momentos unidades de fuerzas especiales, agentes de la CIA y asesores militares estadounidenses entraron en combate en Nicaragua y El Salvador. Cabe agregar que al esfuerzo por contener el avance revolucionario en la región también se sumaron otros países como Argentina, Taiwan, Israel y Venezuela, que brindaron apoyo logístico y asesoría en contrainsurgencia a los gobiernos salvadoreño y guatemalteco.

Los sandinistas no se quedaron de brazos cruzados. Tan pronto se asentaron en el poder brindaron su apoyo a las fuerzas insurgentes de El Salvador y Guatemala, e inclusive a las incipientes guerrillas hondureñas. Asimismo, diversos países del bloque socialista como Cuba y Vietnam, pero también la propia Unión Soviética, desplegaron una cantidad significativa de recursos bélicos en apoyo del proceso revolucionario centroamericano; le proporcionaron armamento sofisticado a Nicaragua y abastecieron y entrenaron a los guerrilleros salvadoreños y guatemaltecos. La causa revolucionaria en Centroamérica también contó con el respaldo entusiasta de otras fuerzas radicales como el gobierno libio, la Organización para la Liberación de Palestina, la ETA y diversos grupos armados latinoamericanos.

El involucramiento militar de distintos gobiernos en favor de uno y otro bando hizo patente que, si bien los conflictos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala tenían orígenes internos y seguían cada uno pautas particulares, también estaban articulados a una trama muy compleja de intereses y enfrentamientos de orden internacional. Más allá de las delirantes denuncias de la administración norteamericana en el sentido de que el conflicto era resultado de la injerencia soviética, era un hecho que la crisis política y la guerra en Centroamérica se habían terminado por vincular de distintas maneras con la confrontación estratégica entre Estados Unidos y el Bloque Socialista.

En cuanto se refiere a nuestro país, cabe destacar que el involucramiento del gobierno en el conflicto centroamericano fue más profundo y comprometido de lo que suele admitirse usualmente. Lejos de ser un actor neutral, México fue un protagonista. La intención de favorecer el cambio político en Centroamérica condujo al presidente José López Portillo a desempeñar un rol activo en los procesos revolucionarios que se desarrollaban en la región, aún a riesgo de confrontarse con Estados Unidos. Desde finales de 1978 el mandatario comprometió su respaldo al movimiento sandinista. Tras el derrocamiento de Somoza, México se convirtió en uno de los principales aliados del gobierno revolucionario de Nicaragua, proporcionándole importante apoyo económico y diplomático. Asimismo, durante 1980 y 1981 nuestro gobierno acompañó las iniciativas políticas de la insurgencia salvadoreña y estableció secretamente acuerdos iniciales con la guerrilla guatemalteca.

Tal postura motivó graves fricciones con la administración norteamericana. Además de este costo inevitable y calculado, México se vio afectado de distintas maneras por el escalamiento del conflicto. Alrededor de 200 000 centroamericanos (mayormente salvadoreños y guatemaltecos) se internaron en nuestro país en busca de refugio. Los combates entre la guerrilla y el ejército de Guatemala se acercaron peligrosamente a los linderos nacionales. La posibilidad de que Estados Unidos invadiera Nicaragua o El Salvador y que la guerra se extendiera a todo el Istmo hacía prever un escenario catastrófico: la emergencia humanitaria, ya de por sí grave, alcanzaría sin duda proporciones de desastre, y el propio territorio mexicano podría ser vulnerado por fuerzas militares extranjeras.

Ante esta perspectiva, desde 1983 nuestro gobierno concentró sus esfuerzos en conjurar la intervención militar norteamericana y en promover una solución concertada a la crisis regional, aunque sin declinar su respaldo al gobierno nicaragüense y a las fuerzas revolucionarias de El Salvador y Guatemala. Hasta el final del conflicto México fungió como plataforma de acción diplomática y conspirativa del FMLN salvadoreño, y en las regiones fronterizas de Chiapas y Tabasco los guerrilleros guatemaltecos mantuvieron sus estructuras de retaguardia y logística, lo cual les permitió sobrevivir a los embates del ejército. En ambos casos el apoyo mexicano tuvo un valor estratégico. Nuestro gobierno consideraba que esos grupos insurgentes eran fuerzas legítimas y representativas, y en consecuencia estaban llamados a jugar un papel insoslayable en el reordenamiento político sus respectivos países. A la larga mantener esta postura facilitó la distensión del conflicto y contribuyó a que las negociaciones de paz de El Salvador y Guatemala culminaran de manera exitosa en 1992 y 1996 respectivamente.

Puede afirmarse que el involucramiento oficial mexicano en el conflicto de Centroamérica tuvo intenciones y alcances que solo se equiparan al apoyo prestado a la República Española durante la Guerra Civil de 1936-1939. A ello cabe añadir que la actuación del gobierno contó con la aprobación de amplios sectores políticos y de opinión, lo cual le brindó a este posicionamiento activo consenso social y legitimidad. La insurrección sandinista y los procesos revolucionarios de El Salvador y Guatemala motivaron fuertes simpatías entre agrupaciones políticas, organizaciones sociales, comunicadores, académicos, funcionarios, intelectuales, sindicalistas y personalidades públicas de muy distinta orientación política. La escalada intervencionista de Estados Unidos motivó un fuerte repudio. Las matanzas de civiles y el drama de los refugiados suscitaron indignación y rabia. En toda la república se organizaron grupos de solidaridad. En esos años del conflicto los pueblos de México y Centroamérica estrecharon relaciones como nunca hasta entonces había sucedido.

En el apoyo a los procesos de cambio político en Centroamérica convergieron desde personeros del partido oficial, diplomáticos y funcionarios del “último gobierno de la Revolución Mexicana” –como se conoció al gobierno de José López Portillo–, hasta grupos clandestinos de la izquierda radical, pasando por todo el abanico de la izquierda partidaria y de la izquierda sin partido. La solidaridad con los procesos revolucionarios centroamericanos colocó en una misma trinchera a personas y agrupaciones francamente disímbolas.

La participación de mexicanos durante el proceso insurreccional de Nicaragua fue ciertamente reducida, pero muchos connacionales colaboraron de manera entusiasta con el gobierno sandinista durante los años ochenta. En los casos de El Salvador y Guatemala, la prolongación de la guerra y la presencia de miles de refugiados permitió al FMLN y la URNG establecer estructuras permanentes en México, a las cuales se incorporaron varios cientos de connacionales. Muchos de ellos colaboraron de formas muy comprometidas con los rebeldes de Centroamérica. Incluso un número significativo de compatriotas se hizo presente en los frentes de guerra, participando como médicos, radiotécnicos, maestros y combatientes. Se tiene registro de una veintena de mexicanos que perdieron la vida peleando en El Salvador.

En los años ochenta, ante la necesidad apremiante de comprender el carácter del conflicto regional y prever sus posibles implicaciones para nuestro país, proliferaron en el medio académico mexicano los estudios acerca de Centroamérica. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica, El Colegio de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras instituciones, auspiciaron investigaciones sobre los procesos políticos y sociales que habían dado lugar a la guerra, y acerca la dinámica del conflicto regional, la crisis humanitaria y el impulso de México al proceso de paz.

En marcado contraste, durante la década de los noventa, tras la derrota electoral del Frente Sandinista y una vez que el conflicto centroamericano entró en una etapa de distensión, el interés de periodistas, analistas políticos y cientistas sociales se movió hacia otros temas urgentes del acontecer nacional, como por ejemplo los sucesos de Chiapas. En este contexto los estudios sobre la cuestión centroamericana se vieron truncados. Ya no se continuó con un análisis más a fondo de los procesos revolucionarios, de la crisis que por poco desemboca en una guerra generalizada y del involucramiento mexicano en el conflicto. Solo hasta hace poco, tras un prolongado periodo de “abandono académico”, dichos temas comenzaron a posicionarse nuevamente dentro de la agenda de investigación de las instituciones mexicanas, esta vez como materia de indagación y reflexión históricas.

En el año 2012 un grupo de investigadores y estudiantes de la UNAM y el Instituto Mora, así como de otras instituciones nacionales, dimos inicio al proyecto “México ante el conflicto centroamericano, 1976 - 1996. Una perspectiva histórica”. Planteamos este proyecto sobre la base de una fructífera experiencia de trabajo anterior sobre el tema de las relaciones entre nuestro país y Centroamérica a lo largo de los siglos XIX y XX.1 En el curso de estas investigaciones pudimos consultar, en distintos archivos nacionales, documentación relativa a la participación de nuestro gobierno en el conflicto centroamericano y a la presencia y actividades en México de los grupos insurgentes centroamericanos. Se trataba de información reservada que no había sido contemplada anteriormente y cuyo conocimiento nos condujo a cuestionar aspectos importantes de los trabajos elaborados en los años ochenta del siglo pasado. Al complementar dichos hallazgos con los testimonios de antiguos diplomáticos y activistas de los grupos de solidaridad mexicanos, así como de militantes revolucionarios de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, pudimos ver con claridad que el involucramiento de México en el conflicto regional estaba lejos de ser un episodio resuelto en términos del conocimiento histórico. Hacían falta nuevos estudios que sacando provecho de esa rica información contribuyeran a esclarecer los mecanismos y el alcance real de nuestra participación en Centroamérica.

Este proyecto surgió como respuesta a dicha necesidad. En primer lugar, nos propusimos examinar la evolución de la postura oficial mexicana ante los acontecimientos del Istmo para lo cual nos fue muy útil retomar los trabajos elaborados en la década de los ochenta, pues sin duda hicieron valiosos aportes al respecto. Sin embargo, no dejamos de observar que se trataba de estudios hechos al calor de los acontecimientos y que buena parte de ellos habían sido publicados bajo el auspicio del gobierno. El análisis crítico de esa bibliografía fue un insumo básico de nuestra propia interpretación.

Ahora bien, nuestro interés no se limitó a dilucidar los aspectos concernientes a la esfera diplomática. Por el contrario, consideramos necesario incorporar al análisis otras variables que hasta ahora escasamente se habían tomado en cuenta. Por ejemplo, nos propusimos examinar distintas formas de involucramiento de la sociedad mexicana en los procesos sociopolíticos de Centroamérica, desde la cobertura de prensa y el análisis académico hasta las diversas expresiones de solidaridad y colaboración entusiasta de muchos compatriotas con los proyectos revolucionarios centroamericanas, incluyendo la incorporación directa de numerosos mexicanos a las fuerzas rebeldes.

Del mismo modo le dimos importancia a investigar la actividad conspirativa que desarrollaron en territorio nacional, a lo largo de tres décadas, los grupos insurgentes centroamericanos, la cual representó un asunto muy sensible de seguridad interna para nuestro gobierno. Al incluir esta temática en nuestro programa de investigación también quisimos hacer un aporte significativo a la historia de los procesos sociopolíticos centroamericanos, sacando a luz elementos novedosos acerca de la presencia y actividades en México de militantes, refugiados y exiliados políticos, y recopilando en nuestro país documentos y testimonios relevantes para la historia de los movimientos revolucionarios de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Nuestro interés en privilegiar el trabajo con fuentes primarias se hizo patente en los resultados del proyecto. Además de hacer acopio de abundante documentación en colecciones particulares y repositorios de México, Centroamérica y Estados Unidos, recabamos testimonios personales de gran interés y valor histórico. En cuanto a lo primero, fue fundamental la consulta de la documentación resguardada en el Archivo General de la Nación y el Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También, aunque de forma contingente, llevamos a cabo una labor de rescate, ordenamiento y digitalización del archivo de la Comisión Político-Diplomática del Frente Farabundo Martí de El Salvador, que tuvo su sede en México a partir de 1981.

En lo que respecta a nuestra intención de atribuirle un rol central a los testimonios personales dentro de la construcción del conocimiento histórico, los tres libros publicados previamente con auspicios del proyecto (dos de ellos en colaboración con el Instituto Mora), constituyen trabajos emblemáticos. El primero fue Diplomacia en tiempos de guerra. Memorias del embajador Gustavo Iruegas, trabajo de historia oral realizado por la doctora Mónica Toussaint, el cual recoge el testimonio de este diplomático mexicano cuya carrera estuvo estrechamente vinculada con los acontecimientos de Centroamérica. Entre otras cosas, esta publicación vino a arrojar nueva luz acerca de la política mexicana durante los primeros años del conflicto. Hoy en día constituye un referente obligado para el estudio de dicha temática.2

Por su parte, el libro Rosa María, una mujer en la guerrilla rescata los relatos testimoniales que escribió Mirna Paiz, la primera mujer que se incorporó a una columna guerrillera en las montañas de Guatemala en la década de los años sesenta, y que más tarde en el marco de sus actividades clandestinas en nuestro país fue detenida y estuvo recluida más de un año en una prisión mexicana. Estos relatos habían permanecido inéditos por casi medio siglo. Su publicación se acompañó de un estudio histórico-biográfico que a la vez retomó el testimonio oral de la autora, y de un ejercicio de análisis narrativo, trabajos que llevaron a cabo respectivamente las doctoras Gabriela Vázquez y Yosahandi Navarrete.3

Nuestro proyecto coauspició también el libro de la doctora Verónica Rueda Estrada, Recompas, Recontras, Revueltos y Rearmados: posguerra y conflictos por la tierra en Nicaragua, el cual tiene como base un extensa investigación de historia oral.4 Aparte de ello, nos interesó de manera particular respaldar la publicación de un trabajo contracanónico en el contexto de los estudios mexicanos sobre el conflicto en Centroamérica, dado que este centra su atención en los combatientes contrarrevolucionarios que lucharon para derrocar al gobierno sandinista, y lo hace de manera por demás empática. Indudablemente haber adoptado esta postura fue fundamental para que la autora alcanzara una visión más profunda y comprensiva del fenómeno estudiado, pero además rompió con prescripciones y esquemas ideológicos aún arraigados en ciertos sectores del medio académico mexicano, que impedían reconocer que, además de responder a los intereses de los Estados Unidos, la guerra de la Contra era también una expresión de insurgencia campesina frente a abusos del gobierno y en defensa de la tierra.

En lo que toca al presente volumen colectivo, México ante el conflicto centroamericano. Testimonio de una época, se trata del cuarto y último libro que ve la luz bajo los auspicios de nuestro proyecto. Los quince aquí textos reunidos no solo abarcan los temas específicos que nos propusimos examinar desde un inicio, sino que a la vez responden a nuestra intención de exponer enfoques críticos y privilegiar el empleo de “fuentes primarias”, en este caso documentos de archivo, prensa de la época, fotogramas y testimonios personales, como fundamento básico del análisis histórico.

El examen del involucramiento del gobierno mexicano en Centroamérica durante los primeros años del conflicto ocupa un lugar importante en el libro. Optamos por concentrar nuestra atención en esta etapa en razón de que allí se originaron las principales definiciones de una política de Estado que habría de prolongarse hasta mediados de la década de los noventa. Los trabajos de Mónica Toussaint, Mireya Morales, Mario Vázquez Olivera y Fabián Campos Hernández dan cuenta de este aspecto. Otras etapas y facetas de la actuación oficial mexicana son referidas a partir de los testimonios personales de tres diplomáticos en retiro, Hermilo López Bassols (embajador en El Salvador de 1989 a 1992), Carlos Plank Hinojosa (embajador en Panamá de 1986 a 1990) y Gerardo Camacho Vaca (secretario de nuestra embajada en Nicaragua de 1974 a 1984). Asimismo, Miguel Ángel Sandoval, miembro de la comisión diplomática de la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala hace el recuento de la participación mexicana en el impulso a las negociaciones de paz de dicho país.

Diversos aspectos del impacto que tuvo en México el conflicto centroamericano, desde la cobertura de prensa, el movimiento de solidaridad, los estudios académicos y la participación de combatientes mexicanos en los frentes de guerra, son examinados en los textos de Mónica Morales, Héctor Ibarra, María Patricia González, Kristina Pirker y Omar Núñez. Por otra parte, Fabián Campos Hernández y Mario Valdez ponen sobre la mesa un tema escasamente discutido en estudios académicos: la compleja relación entre el gobierno mexicano y los guerrilleros guatemaltecos que aprovecharon el territorio nacional como santuario y plataforma operativa a lo largo de tres décadas. Por otro lado, Mercedes Olivera y Joel Pérez aportan perspectivas novedosas acerca de un tema sobre el cual se ha escrito mucho, el del refugio guatemalteco en el estado de Chiapas, exponiendo, por un lado, la compleja interacción de los refugiados con las agencias gubernamentales mexicanas, y por otro el proceso de paralelo de organización política y desarrollo de la conciencia género entre las mujeres refugiadas.

Finalmente, también forma parte significativa de este libro la ilustración de la portada, “La piedad” (1982), obra de Augusto Vázquez, fotógrafo mexicano que participó en la guerra civil de El Salvador y registró con su cámara algunas de las imágenes más conocidas a nivel mundial sobre dicho conflicto. Este fotograma capta intensamente un episodio del enfrentamiento armado; desgarramiento, muerte, angustia, compasión, compañerismo. Es un instante de dolor suspendido en el tiempo. Testimonio de una época de participación comprometida y acción solidaria.

Resta finalmente manifestar nuestro profundo agradecimiento a todas aquellas personas que de una u otra manera colaboraron en la realización de esta obra. Primeramente, a los autores de los trabajos aquí reunidos y a quienes compartieron con nosotros sus testimonios personales. Reconocemos su participación entusiasta y comprometida, así como la paciencia sin límites que demostraron a todo lo largo del proceso editorial. De igual manera, agradecemos a Augusto Vázquez y Pedro Valtierra por permitirnos reproducir sus fotogramas de gran valor histórico. No omitimos mencionar la muy valiosa colaboración de los estudiantes universitarios David Ruiz Peña y Aurora Vázquez. El primero como ayudante de investigación desde el inicio del proyecto y la segunda en la revisión del borrador general del libro.

En transcurso de la investigación los coordinadores de esta obra recibimos la hospitalidad y respaldo académico de amigos y colegas de distintos países de Centroamérica: Julia Trujillo, de Nicaragua; el maestro Jorge Juárez, director del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad de El Salvador; y en Guatemala la familia Ramírez Anderson, la periodista Kimy de León y Mirna Páiz Cárcamo, así como colegas de la Universidad de San Carlos, los doctores José Cal y Ángel Valdez de la Escuela de Historia y la doctora Sandra Herrera de la Dirección General de Investigación.

En México, los encargados del Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores atendieron con diligencia nuestras numerosas e insistentes solicitudes de consulta. De la misma manera recibimos una esmerada atención en el Archivo General de la Nación de Nicaragua y el archivo del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, así como en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y en el del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. El Programa de estancias de consulta en la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin nos benefició con una beca que fue de gran provecho.

La publicación de este libro fue posible gracias al financiamiento de la UNAM a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Inovación Tecnológica (PAPIIT). Por su parte las autoridades y personal técnico y administrativo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de nuestra máxima casa de estudios nos brindaron en todo momento su pleno respaldo. Del mismo modo manifestamos nuestra gratitud a la casa editorial Bonilla Artigas por su labor profesional y el compromiso con que asumieron la producción de esta obra.