Read the book: «México ante el conflicto Centroamericano: Testimonio de una época»

Font::



Esta obra se editó gracias al apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, a través del programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica que ha permitido desarrollar el proyecto PAPIIT IN400512

“México ante el conflicto centroamericano, 1976 – 1996. Una perspectiva histórica”.

Los derechos exclusivos de la edición quedan reservados para todos los países de habla hispana.

Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio conocido o por conocerse, sin el consentimiento por escrito de su legítimo titular de derechos.

Primera edición en papel: diciembre de 2016

Edición ePub: febrero 2019

De la presente edición:

© Bonilla Artigas Editores S. A. de C. V.

Cerro Tres Marías 354

Col. Campestre Churubusco, C. P. 04200

Ciudad de México, México

editorial@libreriabonilla.com.mx

www.libreriabonilla.com.mx

© Universidad Nacional Autónoma de México

Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe (CIALC)

Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México

Coordinación editorial y cuidado de la edición: Bonilla Artigas Editores

Diseño editorial: Saúl Marcos Castillejos

Diseño de portada: Teresita Rodríguez Love

Realización ePub: javierelo

Fotografía de portada: La Piedad. El Salvador, 1982, Augusto Vázquez©, fotógrafo mexicano.

ISBN: 978-607-8450-74-9 (Bonilla Artigas Editores)

ISBN: 978-607-02-8792-3 (UNAM)

ISBN ePub: 978-607-8560-81-3

Hecho en México

Nota de la edición ePub: A lo largo del libro hay hipervínculos que nos llevan directamente a páginas web. Aquellos que al cierre de esta edición seguían en funcionamiento están marcadas con el hipervínculo funcionando. Cuando el vínculo ya no está en línea, se deja con su dirección completa: <http://www.abc.def>.


A la memoria del Doctor Rogelio de la Puente Solano, Raúl Renderos

(Iguala, México, 1957 – Soyapango, El Salvador, 1989)

Contenido

Presentación. Testimonio de una época.

México ante el conflicto centroamericano, 1978-1982. Las bases de una política de Estado

Mario Vázquez Olivera y Fabián Campos Hernández

¿Activismo o intervencionismo? México frente a Nicaragua, 1978-1982

Mónica Toussaint

Las relaciones mexico-nicaragüenses: entre la cordialidad y el distanciamiento, 1983-1985

Mireya Tinoco

“¿Quién me quita lo bailado?. Gerardo Camacho Vaca, agregado cultural mexicano en Nicaragua, 1974-1984

Fabián Campos Hernández

Fotografía de prensa y movimientos armados. Pedro Valtierra en Nicaragua

Mónica Morales Flores

La Dirección Federal de Seguridad y los revolucionarios guatemaltecos, 1947-1985

Fabián Campos Hernández

La región de fronteras, de zona de conflicto, selvas y alzamientos a retaguardia estratégica de la URNG: entre la defensa territorial y el apoyo a la guerrilla

Mario Eduardo Valdez Gordillo

México ¿un país de refugio? El caso de los refugiados guatemaltecos en Chiapas, 1981-1999

Joel Pérez Mendoza

La organización de Mujeres Refugiadas Mamá Maquín. Rupturas y cambios identitarios, 1980-2015

Mercedes Olivera Bustamante

México y el proceso negociador de Guatemala

Miguel Ángel Sandoval

“Pa’ los toros del Jaral...”. Entrevista al embajador Hermilo López Bassols

Mario Vázquez Olivera

En el umbral de una invasión. Panamá en los años ochenta y la postura de México

Carlos Planck Hinojosa

La solidaridad y el internacionalismo mexicano en las guerras centroamericanas

Héctor Ibarra Chávez

“La revolución salvadoreña necesita de la solidaridad del pueblo mexicano”. Exilio salvadoreño y activismo político en la Ciudad de México

Kristina Pirker y Omar Núñez Rodríguez

Hacia nuevos objetos de estudio. El conflicto centroamericano en la academia mexicana

María Patricia González Chávez

Sobre los coordinadores

Presentación

Testimonio de una época

Durante casi doscientos años de vida independiente, las relaciones entre México y los países centroamericanos se han desarrollado de manera oscilante, alternándose prolongados periodos de distanciamiento y letargo con lapsos más breves de interacción muy intensa. No obstante, desde la malograda anexión de la audiencia de Guatemala al Imperio de Iturbide, entre 1821 y 1823, hasta el momento actual en que el ingreso continuo de transmigrantes a través de la Frontera Sur constituye una emergencia humanitaria de vastas proporciones, Centroamérica nunca ha dejado de ser una región altamente sensible para los intereses nacionales de México. Por lo mismo, de tanto en tanto el gobierno mexicano se ha visto involucrado en los asuntos del Istmo cuando circunstancias críticas o conflictos de cierta proporción han configurado situaciones de riesgo o de emergencia política para nuestro país. Tal fue el caso del que trata este libro, cuando entre finales de los años setenta y mediados de los noventa del siglo pasado, tanto el gobierno mexicano como diversas fuerzas políticas y grupos de la sociedad civil tomaron parte activa en los procesos de cambio político y confrontación militar que sacudieron Centroamérica.

El conflicto centroamericano tuvo su etapa más aguda durante la década de los ochenta. Su antecedente inmediato fueron las grandes movilizaciones populares de carácter beligerante que tuvieron lugar en Nicaragua, El Salvador y Guatemala desde mediados de la década anterior, en las cuales gravitaban tensiones sociales de larga data, agudizadas por el creciente desgaste político de los regímenes autoritarios y represivos de dichos países. Otro vector que incidía fuertemente en la insurgencia popular era el accionar de agrupaciones clandestinas de corte radical, que si bien no representaban una amenaza militar inminente, ya no eran como las guerrillas de los años sesenta pequeños núcleos relativamente aislados en las montañas o en la clandestinidad; ahora su presencia y liderazgo eran patente entre organizaciones populares de todo tipo, sindicatos, asociaciones estudiantiles, ligas campesinas, comunidades cristianas, etcétera, constituyendo un elemento catalizador en el proceso de organización y radicalización del movimiento popular. A partir de este vínculo, las masas radicalizadas adoptaron la violencia como un recurso inmediato para impulsar sus anhelos de transformación social.

En respuesta al desafío revolucionario, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua decidieron combatir sin miramientos el “complot comunista”. Cuerpos de seguridad, fuerzas armadas y “escuadrones de la muerte” llevaron la violencia represiva a extremos inauditos. El terror de Estado abarcó también a la oposición reformista que buscaba el cambio por medios pacíficos. La represión generalizada y el cierre de espacios de acción política abonó en favor de los proyectos radicales y la vía insurreccional. La caída del dictador nicaragüense Anastasio Somoza en julio de 1979 marcó un punto de inflexión en la situación centroamericana. El triunfo de la insurrección popular y la llegada al poder del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) acrecentó enormemente la efervescencia revolucionaria en El Salvador y Guatemala.

Es de señalar que la guerrilla nicaragüense gozó de condiciones excepcionalmente favorables para su causa. El FSLN exhibió una habilidad política sin precedente entre los grupos insurgentes latinoamericanos para capitalizar el desgaste nacional e internacional del régimen somocista, conjugando el desarrollo interno de la sublevación con la construcción de alianzas amplias a nivel nacional e internacional. De este modo en el curso de la insurrección los sandinistas pudieron contar con la ayuda militar cubana y el respaldo político y financiero de distintos gobiernos latinoamericanos, señaladamente Panamá, Costa Rica, Venezuela y México.

Por su parte, Estados Unidos buscó evitar a toda costa que la causa revolucionaria obtuviera un nuevo triunfo en Centroamérica. Con esa intención respaldó el golpe de Estado de octubre de 1979 en El Salvador, que a la vuelta de unos meses condujo al establecimiento de un gobierno encabezado por la Democracia Cristiana. A instancias de Washington, Costa Rica y Venezuela retiraron su apoyo a los sandinistas y respaldaron firmemente al nuevo régimen salvadoreño. Paralelamente el apoyo económico y militar de Estados Unidos a sus aliados en la región se incrementó de manera exponencial. De hecho, este país estacionó tropas y aviones en Honduras, que se convirtió en una importante plataforma de operaciones para atacar a la Nicaragua sandinista. Incluso en ciertos momentos unidades de fuerzas especiales, agentes de la CIA y asesores militares estadounidenses entraron en combate en Nicaragua y El Salvador. Cabe agregar que al esfuerzo por contener el avance revolucionario en la región también se sumaron otros países como Argentina, Taiwan, Israel y Venezuela, que brindaron apoyo logístico y asesoría en contrainsurgencia a los gobiernos salvadoreño y guatemalteco.

Los sandinistas no se quedaron de brazos cruzados. Tan pronto se asentaron en el poder brindaron su apoyo a las fuerzas insurgentes de El Salvador y Guatemala, e inclusive a las incipientes guerrillas hondureñas. Asimismo, diversos países del bloque socialista como Cuba y Vietnam, pero también la propia Unión Soviética, desplegaron una cantidad significativa de recursos bélicos en apoyo del proceso revolucionario centroamericano; le proporcionaron armamento sofisticado a Nicaragua y abastecieron y entrenaron a los guerrilleros salvadoreños y guatemaltecos. La causa revolucionaria en Centroamérica también contó con el respaldo entusiasta de otras fuerzas radicales como el gobierno libio, la Organización para la Liberación de Palestina, la ETA y diversos grupos armados latinoamericanos.

El involucramiento militar de distintos gobiernos en favor de uno y otro bando hizo patente que, si bien los conflictos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala tenían orígenes internos y seguían cada uno pautas particulares, también estaban articulados a una trama muy compleja de intereses y enfrentamientos de orden internacional. Más allá de las delirantes denuncias de la administración norteamericana en el sentido de que el conflicto era resultado de la injerencia soviética, era un hecho que la crisis política y la guerra en Centroamérica se habían terminado por vincular de distintas maneras con la confrontación estratégica entre Estados Unidos y el Bloque Socialista.

En cuanto se refiere a nuestro país, cabe destacar que el involucramiento del gobierno en el conflicto centroamericano fue más profundo y comprometido de lo que suele admitirse usualmente. Lejos de ser un actor neutral, México fue un protagonista. La intención de favorecer el cambio político en Centroamérica condujo al presidente José López Portillo a desempeñar un rol activo en los procesos revolucionarios que se desarrollaban en la región, aún a riesgo de confrontarse con Estados Unidos. Desde finales de 1978 el mandatario comprometió su respaldo al movimiento sandinista. Tras el derrocamiento de Somoza, México se convirtió en uno de los principales aliados del gobierno revolucionario de Nicaragua, proporcionándole importante apoyo económico y diplomático. Asimismo, durante 1980 y 1981 nuestro gobierno acompañó las iniciativas políticas de la insurgencia salvadoreña y estableció secretamente acuerdos iniciales con la guerrilla guatemalteca.

Tal postura motivó graves fricciones con la administración norteamericana. Además de este costo inevitable y calculado, México se vio afectado de distintas maneras por el escalamiento del conflicto. Alrededor de 200 000 centroamericanos (mayormente salvadoreños y guatemaltecos) se internaron en nuestro país en busca de refugio. Los combates entre la guerrilla y el ejército de Guatemala se acercaron peligrosamente a los linderos nacionales. La posibilidad de que Estados Unidos invadiera Nicaragua o El Salvador y que la guerra se extendiera a todo el Istmo hacía prever un escenario catastrófico: la emergencia humanitaria, ya de por sí grave, alcanzaría sin duda proporciones de desastre, y el propio territorio mexicano podría ser vulnerado por fuerzas militares extranjeras.

Ante esta perspectiva, desde 1983 nuestro gobierno concentró sus esfuerzos en conjurar la intervención militar norteamericana y en promover una solución concertada a la crisis regional, aunque sin declinar su respaldo al gobierno nicaragüense y a las fuerzas revolucionarias de El Salvador y Guatemala. Hasta el final del conflicto México fungió como plataforma de acción diplomática y conspirativa del FMLN salvadoreño, y en las regiones fronterizas de Chiapas y Tabasco los guerrilleros guatemaltecos mantuvieron sus estructuras de retaguardia y logística, lo cual les permitió sobrevivir a los embates del ejército. En ambos casos el apoyo mexicano tuvo un valor estratégico. Nuestro gobierno consideraba que esos grupos insurgentes eran fuerzas legítimas y representativas, y en consecuencia estaban llamados a jugar un papel insoslayable en el reordenamiento político sus respectivos países. A la larga mantener esta postura facilitó la distensión del conflicto y contribuyó a que las negociaciones de paz de El Salvador y Guatemala culminaran de manera exitosa en 1992 y 1996 respectivamente.

Puede afirmarse que el involucramiento oficial mexicano en el conflicto de Centroamérica tuvo intenciones y alcances que solo se equiparan al apoyo prestado a la República Española durante la Guerra Civil de 1936-1939. A ello cabe añadir que la actuación del gobierno contó con la aprobación de amplios sectores políticos y de opinión, lo cual le brindó a este posicionamiento activo consenso social y legitimidad. La insurrección sandinista y los procesos revolucionarios de El Salvador y Guatemala motivaron fuertes simpatías entre agrupaciones políticas, organizaciones sociales, comunicadores, académicos, funcionarios, intelectuales, sindicalistas y personalidades públicas de muy distinta orientación política. La escalada intervencionista de Estados Unidos motivó un fuerte repudio. Las matanzas de civiles y el drama de los refugiados suscitaron indignación y rabia. En toda la república se organizaron grupos de solidaridad. En esos años del conflicto los pueblos de México y Centroamérica estrecharon relaciones como nunca hasta entonces había sucedido.

En el apoyo a los procesos de cambio político en Centroamérica convergieron desde personeros del partido oficial, diplomáticos y funcionarios del “último gobierno de la Revolución Mexicana” –como se conoció al gobierno de José López Portillo–, hasta grupos clandestinos de la izquierda radical, pasando por todo el abanico de la izquierda partidaria y de la izquierda sin partido. La solidaridad con los procesos revolucionarios centroamericanos colocó en una misma trinchera a personas y agrupaciones francamente disímbolas.

La participación de mexicanos durante el proceso insurreccional de Nicaragua fue ciertamente reducida, pero muchos connacionales colaboraron de manera entusiasta con el gobierno sandinista durante los años ochenta. En los casos de El Salvador y Guatemala, la prolongación de la guerra y la presencia de miles de refugiados permitió al FMLN y la URNG establecer estructuras permanentes en México, a las cuales se incorporaron varios cientos de connacionales. Muchos de ellos colaboraron de formas muy comprometidas con los rebeldes de Centroamérica. Incluso un número significativo de compatriotas se hizo presente en los frentes de guerra, participando como médicos, radiotécnicos, maestros y combatientes. Se tiene registro de una veintena de mexicanos que perdieron la vida peleando en El Salvador.

En los años ochenta, ante la necesidad apremiante de comprender el carácter del conflicto regional y prever sus posibles implicaciones para nuestro país, proliferaron en el medio académico mexicano los estudios acerca de Centroamérica. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica, El Colegio de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras instituciones, auspiciaron investigaciones sobre los procesos políticos y sociales que habían dado lugar a la guerra, y acerca la dinámica del conflicto regional, la crisis humanitaria y el impulso de México al proceso de paz.

En marcado contraste, durante la década de los noventa, tras la derrota electoral del Frente Sandinista y una vez que el conflicto centroamericano entró en una etapa de distensión, el interés de periodistas, analistas políticos y cientistas sociales se movió hacia otros temas urgentes del acontecer nacional, como por ejemplo los sucesos de Chiapas. En este contexto los estudios sobre la cuestión centroamericana se vieron truncados. Ya no se continuó con un análisis más a fondo de los procesos revolucionarios, de la crisis que por poco desemboca en una guerra generalizada y del involucramiento mexicano en el conflicto. Solo hasta hace poco, tras un prolongado periodo de “abandono académico”, dichos temas comenzaron a posicionarse nuevamente dentro de la agenda de investigación de las instituciones mexicanas, esta vez como materia de indagación y reflexión históricas.

En el año 2012 un grupo de investigadores y estudiantes de la UNAM y el Instituto Mora, así como de otras instituciones nacionales, dimos inicio al proyecto “México ante el conflicto centroamericano, 1976 - 1996. Una perspectiva histórica”. Planteamos este proyecto sobre la base de una fructífera experiencia de trabajo anterior sobre el tema de las relaciones entre nuestro país y Centroamérica a lo largo de los siglos XIX y XX.1 En el curso de estas investigaciones pudimos consultar, en distintos archivos nacionales, documentación relativa a la participación de nuestro gobierno en el conflicto centroamericano y a la presencia y actividades en México de los grupos insurgentes centroamericanos. Se trataba de información reservada que no había sido contemplada anteriormente y cuyo conocimiento nos condujo a cuestionar aspectos importantes de los trabajos elaborados en los años ochenta del siglo pasado. Al complementar dichos hallazgos con los testimonios de antiguos diplomáticos y activistas de los grupos de solidaridad mexicanos, así como de militantes revolucionarios de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, pudimos ver con claridad que el involucramiento de México en el conflicto regional estaba lejos de ser un episodio resuelto en términos del conocimiento histórico. Hacían falta nuevos estudios que sacando provecho de esa rica información contribuyeran a esclarecer los mecanismos y el alcance real de nuestra participación en Centroamérica.

Este proyecto surgió como respuesta a dicha necesidad. En primer lugar, nos propusimos examinar la evolución de la postura oficial mexicana ante los acontecimientos del Istmo para lo cual nos fue muy útil retomar los trabajos elaborados en la década de los ochenta, pues sin duda hicieron valiosos aportes al respecto. Sin embargo, no dejamos de observar que se trataba de estudios hechos al calor de los acontecimientos y que buena parte de ellos habían sido publicados bajo el auspicio del gobierno. El análisis crítico de esa bibliografía fue un insumo básico de nuestra propia interpretación.

Ahora bien, nuestro interés no se limitó a dilucidar los aspectos concernientes a la esfera diplomática. Por el contrario, consideramos necesario incorporar al análisis otras variables que hasta ahora escasamente se habían tomado en cuenta. Por ejemplo, nos propusimos examinar distintas formas de involucramiento de la sociedad mexicana en los procesos sociopolíticos de Centroamérica, desde la cobertura de prensa y el análisis académico hasta las diversas expresiones de solidaridad y colaboración entusiasta de muchos compatriotas con los proyectos revolucionarios centroamericanas, incluyendo la incorporación directa de numerosos mexicanos a las fuerzas rebeldes.

Del mismo modo le dimos importancia a investigar la actividad conspirativa que desarrollaron en territorio nacional, a lo largo de tres décadas, los grupos insurgentes centroamericanos, la cual representó un asunto muy sensible de seguridad interna para nuestro gobierno. Al incluir esta temática en nuestro programa de investigación también quisimos hacer un aporte significativo a la historia de los procesos sociopolíticos centroamericanos, sacando a luz elementos novedosos acerca de la presencia y actividades en México de militantes, refugiados y exiliados políticos, y recopilando en nuestro país documentos y testimonios relevantes para la historia de los movimientos revolucionarios de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Nuestro interés en privilegiar el trabajo con fuentes primarias se hizo patente en los resultados del proyecto. Además de hacer acopio de abundante documentación en colecciones particulares y repositorios de México, Centroamérica y Estados Unidos, recabamos testimonios personales de gran interés y valor histórico. En cuanto a lo primero, fue fundamental la consulta de la documentación resguardada en el Archivo General de la Nación y el Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También, aunque de forma contingente, llevamos a cabo una labor de rescate, ordenamiento y digitalización del archivo de la Comisión Político-Diplomática del Frente Farabundo Martí de El Salvador, que tuvo su sede en México a partir de 1981.

En lo que respecta a nuestra intención de atribuirle un rol central a los testimonios personales dentro de la construcción del conocimiento histórico, los tres libros publicados previamente con auspicios del proyecto (dos de ellos en colaboración con el Instituto Mora), constituyen trabajos emblemáticos. El primero fue Diplomacia en tiempos de guerra. Memorias del embajador Gustavo Iruegas, trabajo de historia oral realizado por la doctora Mónica Toussaint, el cual recoge el testimonio de este diplomático mexicano cuya carrera estuvo estrechamente vinculada con los acontecimientos de Centroamérica. Entre otras cosas, esta publicación vino a arrojar nueva luz acerca de la política mexicana durante los primeros años del conflicto. Hoy en día constituye un referente obligado para el estudio de dicha temática.2

Por su parte, el libro Rosa María, una mujer en la guerrilla rescata los relatos testimoniales que escribió Mirna Paiz, la primera mujer que se incorporó a una columna guerrillera en las montañas de Guatemala en la década de los años sesenta, y que más tarde en el marco de sus actividades clandestinas en nuestro país fue detenida y estuvo recluida más de un año en una prisión mexicana. Estos relatos habían permanecido inéditos por casi medio siglo. Su publicación se acompañó de un estudio histórico-biográfico que a la vez retomó el testimonio oral de la autora, y de un ejercicio de análisis narrativo, trabajos que llevaron a cabo respectivamente las doctoras Gabriela Vázquez y Yosahandi Navarrete.3

Nuestro proyecto coauspició también el libro de la doctora Verónica Rueda Estrada, Recompas, Recontras, Revueltos y Rearmados: posguerra y conflictos por la tierra en Nicaragua, el cual tiene como base un extensa investigación de historia oral.4 Aparte de ello, nos interesó de manera particular respaldar la publicación de un trabajo contracanónico en el contexto de los estudios mexicanos sobre el conflicto en Centroamérica, dado que este centra su atención en los combatientes contrarrevolucionarios que lucharon para derrocar al gobierno sandinista, y lo hace de manera por demás empática. Indudablemente haber adoptado esta postura fue fundamental para que la autora alcanzara una visión más profunda y comprensiva del fenómeno estudiado, pero además rompió con prescripciones y esquemas ideológicos aún arraigados en ciertos sectores del medio académico mexicano, que impedían reconocer que, además de responder a los intereses de los Estados Unidos, la guerra de la Contra era también una expresión de insurgencia campesina frente a abusos del gobierno y en defensa de la tierra.

En lo que toca al presente volumen colectivo, México ante el conflicto centroamericano. Testimonio de una época, se trata del cuarto y último libro que ve la luz bajo los auspicios de nuestro proyecto. Los quince aquí textos reunidos no solo abarcan los temas específicos que nos propusimos examinar desde un inicio, sino que a la vez responden a nuestra intención de exponer enfoques críticos y privilegiar el empleo de “fuentes primarias”, en este caso documentos de archivo, prensa de la época, fotogramas y testimonios personales, como fundamento básico del análisis histórico.

El examen del involucramiento del gobierno mexicano en Centroamérica durante los primeros años del conflicto ocupa un lugar importante en el libro. Optamos por concentrar nuestra atención en esta etapa en razón de que allí se originaron las principales definiciones de una política de Estado que habría de prolongarse hasta mediados de la década de los noventa. Los trabajos de Mónica Toussaint, Mireya Morales, Mario Vázquez Olivera y Fabián Campos Hernández dan cuenta de este aspecto. Otras etapas y facetas de la actuación oficial mexicana son referidas a partir de los testimonios personales de tres diplomáticos en retiro, Hermilo López Bassols (embajador en El Salvador de 1989 a 1992), Carlos Plank Hinojosa (embajador en Panamá de 1986 a 1990) y Gerardo Camacho Vaca (secretario de nuestra embajada en Nicaragua de 1974 a 1984). Asimismo, Miguel Ángel Sandoval, miembro de la comisión diplomática de la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemala hace el recuento de la participación mexicana en el impulso a las negociaciones de paz de dicho país.

Diversos aspectos del impacto que tuvo en México el conflicto centroamericano, desde la cobertura de prensa, el movimiento de solidaridad, los estudios académicos y la participación de combatientes mexicanos en los frentes de guerra, son examinados en los textos de Mónica Morales, Héctor Ibarra, María Patricia González, Kristina Pirker y Omar Núñez. Por otra parte, Fabián Campos Hernández y Mario Valdez ponen sobre la mesa un tema escasamente discutido en estudios académicos: la compleja relación entre el gobierno mexicano y los guerrilleros guatemaltecos que aprovecharon el territorio nacional como santuario y plataforma operativa a lo largo de tres décadas. Por otro lado, Mercedes Olivera y Joel Pérez aportan perspectivas novedosas acerca de un tema sobre el cual se ha escrito mucho, el del refugio guatemalteco en el estado de Chiapas, exponiendo, por un lado, la compleja interacción de los refugiados con las agencias gubernamentales mexicanas, y por otro el proceso de paralelo de organización política y desarrollo de la conciencia género entre las mujeres refugiadas.

Finalmente, también forma parte significativa de este libro la ilustración de la portada, “La piedad” (1982), obra de Augusto Vázquez, fotógrafo mexicano que participó en la guerra civil de El Salvador y registró con su cámara algunas de las imágenes más conocidas a nivel mundial sobre dicho conflicto. Este fotograma capta intensamente un episodio del enfrentamiento armado; desgarramiento, muerte, angustia, compasión, compañerismo. Es un instante de dolor suspendido en el tiempo. Testimonio de una época de participación comprometida y acción solidaria.

Resta finalmente manifestar nuestro profundo agradecimiento a todas aquellas personas que de una u otra manera colaboraron en la realización de esta obra. Primeramente, a los autores de los trabajos aquí reunidos y a quienes compartieron con nosotros sus testimonios personales. Reconocemos su participación entusiasta y comprometida, así como la paciencia sin límites que demostraron a todo lo largo del proceso editorial. De igual manera, agradecemos a Augusto Vázquez y Pedro Valtierra por permitirnos reproducir sus fotogramas de gran valor histórico. No omitimos mencionar la muy valiosa colaboración de los estudiantes universitarios David Ruiz Peña y Aurora Vázquez. El primero como ayudante de investigación desde el inicio del proyecto y la segunda en la revisión del borrador general del libro.

En transcurso de la investigación los coordinadores de esta obra recibimos la hospitalidad y respaldo académico de amigos y colegas de distintos países de Centroamérica: Julia Trujillo, de Nicaragua; el maestro Jorge Juárez, director del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad de El Salvador; y en Guatemala la familia Ramírez Anderson, la periodista Kimy de León y Mirna Páiz Cárcamo, así como colegas de la Universidad de San Carlos, los doctores José Cal y Ángel Valdez de la Escuela de Historia y la doctora Sandra Herrera de la Dirección General de Investigación.

En México, los encargados del Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores atendieron con diligencia nuestras numerosas e insistentes solicitudes de consulta. De la misma manera recibimos una esmerada atención en el Archivo General de la Nación de Nicaragua y el archivo del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, así como en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y en el del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. El Programa de estancias de consulta en la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson de la Universidad de Texas en Austin nos benefició con una beca que fue de gran provecho.

La publicación de este libro fue posible gracias al financiamiento de la UNAM a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Inovación Tecnológica (PAPIIT). Por su parte las autoridades y personal técnico y administrativo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de nuestra máxima casa de estudios nos brindaron en todo momento su pleno respaldo. Del mismo modo manifestamos nuestra gratitud a la casa editorial Bonilla Artigas por su labor profesional y el compromiso con que asumieron la producción de esta obra.

Mario Vázquez Olivera

Fabián Campos Hernández

Notas del capítulo

1 Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, Espacios diversos, historia en común. México, Guatemala y Belice: la formación de una frontera, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2006, (México y sus fronteras), y Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, Centroamérica, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2010, (Historia de las Relaciones Internacionales de México, 2).

2 Mónica Toussaint, Diplomacia en tiempos de guerra. Memorias del embajador Gustavo Iruegas, México, Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, CIALC-UNAM / La Jornada Ediciones, 2013.

3 Mirna Paiz Cárcamo (Gabriela Vázquez Olivera, ed.), Rosa María, una mujer en la guerrilla: relatos de la insurgencia guatemalteca en los años sesenta, México, CIALC-UNAM / Juan Pablos Editor, 2015.

4 Verónica Rueda Estrada, Recompas, Recontras, Revueltos y Rearmados: posguerra y conflictos por la tierra en Nicaragua, 1990-2008, México, Instituto de Investigaciones José María Luis Mora / CIALC-UNAM, 2015.

México ante el conflicto centroamericano, 1978-1982.

Las bases de una política de Estado

Mario Vázquez Olivera 1 y Fabián Campos Hernández 2

Durante los años ochenta el desarrollo del conflicto centroamericano motivó gran interés en México. Para el distinguido internacionalista Mario Ojeda, el rompimiento de relaciones con el gobierno de Anastasio Somoza en mayo de 1979, la Declaración Franco-Mexicana de agosto de 1981 y el impulso a la conformación del Grupo Contadora en enero de 1983, implicaron un rompimiento con la tradicional política exterior de nuestro país.3 ¿Por qué el gobierno mexicano decidió involucrarse de manera tan activa en los procesos centroamericanos? Las explicaciones que ofrecieron en aquel momento tanto el propio gobierno como voceros del partido oficial, académicos, periodistas y analistas políticos subrayaban al respecto los siguientes elementos: gracias al auge petrolero, México había adquirido una capacidad inédita para actuar en el plano internacional, dando lugar a una política exterior activa;4 esa capacidad era propia de una “potencia media” y por lo tanto su actuación debía encaminarse a propiciar la distención y la negociación de los conflictos internacionales.5 En el caso específico de los conflictos centroamericanos, la internacionalización de la guerra y una posible intervención directa de tropas estadounidenses acarrearía consecuencias muy graves para México; ello obligaba al gobierno a buscar una salida política, aprovechando su prestigio internacional, para respaldar los esfuerzos por el diálogo y la negociación entre las partes enfrentadas, promoviendo el respeto a los derechos humanos, dando acogida a refugiados y asilados políticos y haciendo contrapeso a la política intervencionista de la administración Reagan.

Los trabajos más importantes y significativos sobre la actuación de México ante la crisis centroamericana fueron publicados durante el sexenio de Miguel de la Madrid.6 Se trataba de análisis elaborados al calor de los acontecimientos; tenían como base documentos y declaraciones oficiales de carácter público e información periodística, y al parecer no consideraban –o al menos no referían–datos o informes de carácter confidencial. En general, la atención de estos trabajos estaba puesta en los esfuerzos del gobierno mexicano en favor de la negociación y la solución pacífica de los conflictos, y tendían a considerar las acciones previas a enero de 1983 como “aisladas y casuísticas”,7 meros antecedentes de una política de Estado atinada y congruente con nuestros principios tradicionales de política exterior, cuya expresión más notoria era la iniciativa de paz de Contadora. Esta explicación se ha mantenido desde entonces, tanto en la academia como en la propia Cancillería mexicana, como la versión definitiva sobre los fines y las pautas del involucramiento en Centroamérica.8

Nosotros consideramos que esta versión mantiene cierta vigencia. Obras como las ya mencionadas de Mario Ojeda y Olga Pellicer constituyen desde luego referencias obligadas para el estudio del tema; representan una valiosa fuente de información y son ejemplos claros de la capacidad y agudeza de los observadores de la época. Sin embargo, a más de no considerar información relevante de carácter confidencial o reservado, y de su sesgo oficialista, dicha interpretación adolece de una visión de corto plazo, se limitó a dilucidar la coyuntura sin ponderar debidamente los intereses estratégicos del Estado mexicano y el trasfondo histórico de su involucramiento en la región.9

Trazos de una vieja historia

En años recientes se ha desarrollado un renovado interés por estudiar la historia de las relaciones entre México y Centroamérica. Quienes nos hemos dedicado a esta labor coincidimos en destacar la importancia estratégica que tuvo la región centroamericana dentro de los proyectos de Estado desde la consumación de la Independencia en 1821, cuando se buscó anexar a México la capitanía general o reino de Guatemala. Lejos de ser una ocurrencia caprichosa de Agustín de Iturbide, como muchos han supuesto, aquella iniciativa obedecía a consideraciones estratégicas relativas a la defensa, al orden interior, al interés económico y a la proyección regional del naciente país. Tras el fracaso de dicho experimento, México y Centroamérica emprendieron por separado el camino de la consolidación nacional. Aun así se preservó la noción de que México debía ejercer un influjo político permanente en las repúblicas del Istmo en aras de salvaguardar ciertos intereses territoriales y de seguridad estratégica.10

Los problemas del Estado mexicano para consolidarse internamente le impidieron consumar sus aspiraciones con respecto a Centroamérica. Más aún, el manejo poco empático del diferendo territorial con respecto a Chiapas y el Soconusco le enajenaron las simpatías de las élites de la región. Esta situación se vio agravada cuando un poco más adelante, al perfilarse Estados Unidos como potencia continental, consideró a Centroamérica como un área vital para consolidar su hegemonía.

Durante la primera mitad del siglo XX, los gobiernos emanados de la Revolución experimentaron nuevas formas de proyección política en el Istmo, desde la llamada “diplomacia sindical”, distintas iniciativas de enlace radiofónico y cooperación cultural, técnica y militar, hasta el apoyo logístico a los liberales nicaragüenses durante la Guerra Constitucionalista (1926-1927). Aunque estos esfuerzos resultaron infructuosos e incluso motivaron el recelo de dictadores y gobiernos autoritarios, el México revolucionario (real o imaginario) se convirtió en un referente para la disidencia antiimperialista centroamericana que buscaba impulsar reformas políticas y sociales en la región. En este contexto, un buen número de centroamericanos perseguidos en sus países de origen encontraron aquí un lugar de refugio y no tardaron en aprovecharlo como plataforma para emprender sucesivos intentos revolucionarios.

Durante la Segunda Guerra Mundial, México tuvo la oportunidad de intentar en Centroamérica un acercamiento diplomático basado en el petróleo. Durante 1942, Manuel Ávila Camacho envió representantes ante los gobiernos del área ofreciendo sustituir con petróleo nacional el faltante que resultaba del racionamiento impuesto por Estados Unidos a sus exportaciones del energético. Pemex hizo estimaciones de las necesidades de petróleo de los países centroamericanos, las capacidades nacionales de producción y distribución, las posibles vías de embarque y mecanismos políticos para conseguir que México aprovechara la situación internacional para convertirse en proveedor de petróleo para el área. Una comunicación del embajador en Guatemala al presidente Manuel Ávila Camacho ilustra el sentido de esta iniciativa:

Contrarrestando la política que lleva a cabo el Ministro Americano en ésta, en la que se ve a las claras que la llamada “política del buen vecino” [...] se traduce en política de aprovechar la situación para vender las mercancías americanas al precio más alto posible, debemos nosotros que demostrar que la política de México hacía sus hermanos del sur –los que deben de constituir nuestra natural esfera de influencia espiritual y material– es la cooperación sincera, sin ventajas transitorias ocasionadas por el desequilibrio mundial, y así se cimentaría una base sólida para que poco a poco reconquistara México, como tiene derecho y obligación de hacerlo, la dirección material y espiritual que en otro tiempo tuvo y su influencia política cuando menos hasta Panamá.11

Sin embargo, el gobierno de Washington no tardó en echar abajo aquel ambicioso proyecto ejerciendo presiones políticas y comerciales sobre México y Centroamérica para asegurarse que las empresas estadounidenses mantuvieran en exclusiva dicho mercado.12

Cabe preguntar en qué medida este fracaso influyó en el retraimiento mexicano con respecto a Centroamérica durante los años subsiguientes, pues no sería sino hasta el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), y más bien bajo el mandato de Luis Echeverría, que se volverían a formular iniciativas de acercamiento económico hacía nuestros vecinos del sur. Conocido por su activismo “tercermundista” poco se ha reparado en que su campaña de proyección internacional estuvo acompañada de planes económicos. Agotado el modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, la forma en que su gobierno previó afrontar la crisis del sistema fue mediante la reestructuración de la economía nacional estimulando las exportaciones a países con menor desarrollo. Para ello publicó la Ley para la promoción de las exportaciones mexicanas y la regulación de la inversión extranjera.13 Y en dicho plan, obviamente, Centroamérica ocupaba un lugar fundamental. Empero, el hecho de que su “tercermunismo” se percibía como personalista y altamente costoso, aunado a su enfrentamiento con el capital nacional, la fuga de capitales, la devaluación del peso y la crisis económica del fin de sexenio, terminaron por abortar este intento. Habría que esperar otra oportunidad.

México entra en el conflicto centroamericano: Nicaragua

A la luz de lo anteriormente expuesto, nos interesa problematizar dos aspectos de la interpretación convencional sobre el involucramiento del gobierno mexicano en Centroamérica durante la década de 1980. ¿Es válido considerar las decisiones del presidente López Portillo como “acciones aisladas y casuísticas”? ¿Y acaso la actuación de nuestro gobierno buscó exclusivamente la solución negociada de un conflicto muy sensible para nuestro país, en razón de su proximidad geográfica, o en un inicio tuvo también otros propósitos?

El conflicto centroamericano en su dimensión internacional inició propiamente en 1977. Tras la muerte del comandante Carlos Fonseca Amador en octubre de 1976, el Frente Sandinista de Liberación Nacional se fracturó en tres organizaciones separadas y enfrentadas entre sí. Estas tenían dirigencias, estructuras y estrategias distintas. Una de ellas, la tendencia Insurreccional o Tercerista, propició un cambio trascendental al impulsar una política de alianzas amplias en lo interno y lo externo. Por primera vez una guerrilla centroamericana se propuso obtener el respaldo político, económico y militar de personalidades, organizaciones y gobiernos no socialistas. En el marco de esa nueva estrategia fue que el gobierno mexicano inició su involucramiento en el conflicto centroamericano.

Al concluir el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, México se encontraba en una profunda crisis. Además de ya encontrarse agotado el modelo económico por sustitución de importaciones, por primera vez en décadas el tipo de cambio respecto al dólar había variado, pasando de 12.50 a 20 pesos por dólar, y la deuda externa creció de 53 mil a 300 mil millones de pesos entre 1970 y 1976, lo cual sumado a la crisis política resultante del enfrentamiento del poder político con la clase económica y la presión de otros sectores sociales por el agotamiento de las expectativas de movilidad, mantenían al régimen priísta en un permanente cuestionamiento.

Producto de lo anterior es que el nuevo presidente, José López Portillo, inició su mandato buscando paliar la crisis económica. Los primeros pasos fueron tratar de recomponer las relaciones con Estados Unidos y renegociar con los organismos financieros internacionales la deuda externa. México firmó su entrada al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), con lo cual se comprometió a eliminar las disposiciones proteccionistas que resguardaban la industria nacional y renegoció la deuda externa sobre la base de una transformación profunda: fincaría sus finanzas en la exportación de petróleo. De este modo México recuperó la confianza de los organismos financieros internacionales. El flujo de capitales y las promesas de negocios dinamizaron la economía nacional haciendo que se olvidaran los meses de crisis.

Para agosto de 1977, los Terceristas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ya habían conformado una propuesta de nuevo gobierno para Nicaragua, integrado exclusivamente por empresarios, intelectuales y personalidades que no podían ser tachadas en el plano internacional de comunistas o guerrilleros. Bajo el nombre de Junta Revolucionaria de Gobierno, estas personas empezaron a visitar a gobiernos de Centro y Sudamérica solicitándoles apoyo político para derrocar a Somoza, presentándoles un plan de gobierno de cinco puntos: régimen democrático de libertades civiles, desaparición de la Guardia Nacional y conformación de un nuevo ejército, expropiación de los bienes de Somoza y sus allegados, economía mixta, no alineamiento internacional y fin de la dependencia de Estados Unidos. Se proyectaba instaurar este nuevo gobierno como resultado de la insurrección popular que los Terceristas planeaban iniciar en octubre de ese año.14

Dicha acción militar no logró el derrocamiento de Somoza. Los propuestos miembros de la Junta de Gobierno pasaron a llamarse Grupo de los Doce, y bajo esa denominación, el 30 de octubre realizaron una primera visita a López Portillo en Los Pinos. En ese momento el presidente rechazó involucrarse de manera directa en el conflicto nicaragüense aduciendo el principio de no intervención, pero se comprometió a brindarles asilo en caso de necesidad.15

Las cosas cambiaron poco después. El giro en las perspectivas económicas de corto plazo impactó directamente en la política interior y exterior mexicana. En el plano interno, López Portillo propuso una reforma del Estado que incluía por primera vez a las fuerzas de izquierda y otorgaba libertad a los presos políticos. En lo internacional, si al inicio del sexenio López Portillo había mostrado un acercamiento con los Estados Unidos, para 1978 diferendos alrededor de la construcción de un gasoducto transnacional tensaron la relación y permitieron al presidente un giro nacionalista. Poderío económico, renovación del discurso político de la Revolución Mexicana y el alejamiento respecto a Estados Unidos abonaron el terreno para que el Grupo de los Doce encontrara una mejor recepción en su siguiente visita.

El nivel del compromiso subió en septiembre de 1978, cuando ya los elementos internos señalados iban muy avanzados y en Nicaragua se desarrollaba la segunda insurrección. En ese mes, López Portillo designó como Encargado de Negocios en ese país al joven diplomático Gustavo Iruegas. Santiago Roel, en ese momento canciller mexicano, le dijo: “vaya usted a Nicaragua a hacer todo lo que pueda por esa gente y su revolución, cuidando las formas, esas son sus instrucciones”.16

La situación económica se terminó de transformar. Muy lejos aparecían los días de la crisis, y para finales de 1978 se empezó a conformar la necesidad de “administrar la abundancia”. Para lograr esto último, José López Portillo instaló la Dirección de Proyectos Especiales de la Presidencia, un organismo cuya tarea era generar diagnósticos y planes de desarrollo sectoriales que debían proyectarse en un horizonte de veinte años plazo y tener un carácter intersecretarial. Para la Dirección el panorama era muy claro: estimaba la población mexicana en el año 2000 en 104 millones de habitantes, lo que significaba crecer un 50% en dos décadas; proyectaba que en dicho plazo México creciera a un ritmo anual del 8% sostenido para alcanzar la meta presidencial de incrementar el ingreso por habitante al nivel de Italia,17 perfilando al país como una potencia regional. ¿Cómo se conseguiría esa meta? La idea era aprovechar el boom petrolero para desarrollar la industria nacional y transformarnos en un país exportador de manufacturas. En estos nuevos planes, Centroamérica tendría un papel fundamental.

El 17 de enero de 1979, López Portillo recibió al Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, quien le comunicó una propuesta del general Omar Torrijos y del presidente venezolano Carlos Andrés Pérez para que México encabezara un movimiento internacional para invadir Nicaragua. Este emisario le hizo saber que ambos estaban dando armas y apoyo a los sandinistas, pero que temían un cambio de actitud en el nuevo gobierno de Venezuela y que se concretara una invasión de Somoza a Costa Rica. López Portillo se negó aduciendo nuevamente el principio de no intervención.18 En ello pesaban, sin decirlo, las posibles consecuencias que una acción de este tipo pudiera tener en la relación bilateral con Estados Unidos.

Un día después de su entrevista con el canciller panameño, el mandatario recibió la visita del coronel Carlos Humberto Romero, presidente de El Salvador. Para López Portillo la situación era clara: Carter le “había movido el tapete” a Somoza y ahora no sabía cómo salir de la crisis. Por su parte, Romero consideraba que para los gobiernos centroamericanos era necesario que Somoza dejara el poder; de no ser así cabría esperar que la crisis política en Guatemala y El Salvador también se agravara, abriendo la puerta a la implantación de “gobiernos castristas” en toda la región. En dicha visita el presidente salvadoreño fue galardonado con el Águila Azteca.19

Por esos mismos días aumentó la tensión con Estados Unidos a raíz de la insistencia norteamericana en adquirir gas y petróleo mexicanos a precios más bajos que los estándares internacionales. En febrero de 1979 Carter visitó México y fue recibido con expresiones tajantes por López Portillo. En sus memorias el mandatario hizo la siguiente reflexión al respecto:

Fui seco y duro en las entrevistas y en discurso. Tanto en el análisis multilateral como en el bilateral: el mundo de influencia de Norteamérica, el mundo libre, no tiene salida para el desarrollo. No hay esperanza y su cancelación es grave. No tienen esquemas substitutivos y eso crea problemas irresolubles como los de Vietnam, Irán y hasta Nicaragua. Insistí mucho en una política superior de energéticos que, ante el pragmatismo norteamericano, sonó a ingenuidad romántica.20

El giro nacionalista en la relación bilateral tomó tintes de enfrentamiento. Incluso se llegó a afirmar que, al terminar aquel discurso, López Portillo musitó un orgulloso: “me lo chingué”.21

El 4 marzo de 1979, en el marco del 50 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Institucional, López Portillo saludó públicamente a los “legítimos representantes del pueblo nicaragüense” y después los invitó a Los Pinos donde se acordó un apoyo económico a la lucha armada a través del PRI.22 Hay que decir que hasta ese momento el involucramiento mexicano en Nicaragua se dio en los círculos más cerrados del poder. Nada de esto fue público y aún hoy son datos no suficientemente ponderados cuando se escribe sobre México y Centroamérica. Poco después vendría el destape.

El 20 de mayo López Portillo anunció el rompimiento de relaciones con el gobierno de Somoza debido a las matanzas que perpetraba contra sus ciudadanos. Mario Ojeda, afirmó al respecto:

El rompimiento de relaciones constituía una importante desviación respecto de la política exterior tradicional. En primer lugar, porque la medida iba dirigida en contra de un gobierno establecido y que había llegado al poder mediante un proceso electoral. Claro está que dicho proceso había sido de dudosa legitimidad. Sin embargo, esa razón no era suficiente para el rompimiento, dado lo común que era ello en América Latina, incluido el caso de México y del propio López Portillo. Pero no fue éste sino otro el argumento que sirvió de base para el rompimiento, el cual fue también novedad. Al basar su decisión no en el origen del gobierno de Somoza sino en sus actos, México se apartaba de su tradición de evitar calificar acciones de otros gobiernos. En opinión del gobierno mexicano, la violación reiterada de los derechos humanos, representada por un evidente genocidio, hacía necesario aislar diplomáticamente a Somoza a fin de apresurar su caída. De ese mismo pecado habían sido acusados Díaz Ordaz y Echeverría por los hechos de Tlatelolco en 1968, pero al parecer el gobierno de López Portillo lo había olvidado.23

Después de romper relaciones con Somoza, el gobierno de López Portillo maniobró en distintos foros internacionales para hacer fracasar los planes de Estados Unidos respecto a Nicaragua. Ejemplo de ello fue la postura que asumió el secretario Jorge Castañeda de la Rosa en la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 1979 donde se discutió la posible conformación de una fuerza multinacional que interviniera en Nicaragua.24 La rotunda negativa mexicana, seguida de los otros países que apoyaban a los sandinistas orillaron a cancelar esta iniciativa. A partir de ese momento quedó en evidencia que el gobierno mexicano respaldaba la inclusión de los guerrilleros en la solución del conflicto.

Al parecer, el apoyo a los sandinistas no se redujo a maniobras diplomáticas y entrega de dinero. Si le damos credibilidad a ciertos testimonios, en junio de 1979 (circa) en el momento final de la crisis nicaragüense, el gobierno mexicano entregó armas y municiones al Frente Sandinista de Liberación Nacional.25 De haber sido así, se habría tratado en todo caso de un aporte muy menor al que brindaron otros países como Cuba, Venezuela y Panamá, en materia de logística militar, a la guerrilla sandinista, sin embargo, habría tenido un sentido simbólico digno de considerar.

Tomando en cuenta el respaldo político, diplomático, monetario y probablemente también militar proporcionado por el gobierno mexicano a la causa antisomocista difícilmente se sostiene la noción de que se trató solamente de “hechos aislados y casuísticos”. Quizá no se trató de un plan fraguado con anterioridad, pero hay sólidos indicios de que el involucramiento mexicano en el conflicto nicaragüense, tuvo la clara intención de favorecer un cambio político de signo revolucionario.

Apoyar a los sandinistas de Nicaragua representaba un cambio inesperado en la política de México hacia los movimientos revolucionarios centroamericanos. En el marco del alineamiento continental con Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, México implementó un discurso de Guerra Fría en múltiples áreas. Una de las instituciones que condensan este alineamiento fue la Dirección Federal de Seguridad. En sus labores internas la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se dedicó a vigilar, perseguir, detener, torturar y desaparecer a disidentes internos, especialmente a los grupos guerrilleros marxistas leninistas, bajo el argumento de que representaban riesgos para la seguridad nacional. Se trató de la llamada guerra sucia.26 Pero esa política también se amplió a los extranjeros. Así, mientras por un lado se daba acogida a numerosos exiliados y se les permitía realizar actividades públicas de denuncia política, por el otro, desde 1960 las instituciones de seguridad mexicanas –el ejército, las policías, migración y la propia DFS– redoblaron su seguimiento a las actividades políticas y conspirativas de los centroamericanos residentes o en tránsito por nuestro país. Durante años, en colaboración con la Agencia Central de Investigaciones estadounidense (CIA), las fuerzas de seguridad mexicanas persiguieron, detuvieron, encarcelaron, expulsaron y en ocasiones entregaron a sus respectivos gobiernos a militantes centroamericanos que usaban el territorio nacional para preparar proyectos revolucionarios socialistas, dando lugar a lo que Fabián Campos Hernández ha llamado la otra guerra sucia mexicana.27

Para el tema que nos ocupa es importante mencionar lo anterior, pues cuando el gobierno de López Portillo decidió apoyar la causa sandinista aún se hallaba inmerso en una sorda confrontación con diversos grupos armados mexicanos y reprimía sin demasiadas contemplaciones a otras organizaciones guerrilleras de Centroamérica que tenían presencia en México. En este sentido el respaldo a la instauración de un gobierno revolucionario en Nicaragua representó también un punto de inflexión en materia de política interior y de seguridad nacional. No se trató de una decisión circunstancial. Muy pronto esta postura se hizo extensiva para el caso de El Salvador y más tarde también para Guatemala.

Un Riesgo Mayor: El Salvador

El triunfo de la revolución nicaragüense tuvo un impacto inmediato en El Salvador. En este país la guerrilla enarbolaba un programa mucho más radical que el Frente Sandinista y ejercía influencia directa sobre sindicatos, asociaciones estudiantiles, centrales campesinas y agrupaciones populares. Durante 1979 la movilización beligerante puso en jaque al gobierno del coronel Romero. En ese contexto, el 15 de octubre se produjo un golpe de estado encabezado por militares reformistas y políticos e intelectuales de centro-izquierda. No obstante, la extrema derecha enquistada en el ejército y los cuerpos de seguridad boicoteó las acciones de la Junta Revolucionaria de Gobierno y recrudeció la represión contra los grupos insurgentes y el movimiento popular. A su vez, la guerrilla incrementó su actividad armada, alentando un estallido insurreccional semejante al de Nicaragua. En enero de 1980, ante la incapacidad de la Junta para contener los excesos de la extrema derecha, el gobierno perdió el respaldo de importantes dirigentes y agrupaciones reformistas. Incluso algunos funcionarios abandonaron sus cargos y se sumaron a la insurgencia. Sin embargo, el Partido Demócrata Cristiano se mantuvo en la Junta en alianza con la cúpula castrense y contando con el respaldo de Estados Unidos y otros gobiernos latinoamericanos como los de Venezuela, Argentina, Honduras y Costa Rica.

Ante la agudización de la crisis salvadoreña, López Portillo declaró en febrero de 1980 durante su visita a Managua: “Ya El Salvador está viviendo su propio proceso definitivo. Creo que hay una buena oportunidad para que ese país centroamericano aproveche la experiencia nicaragüense sin necesidad de extremarla”.28

Esta declaración era un indicio de que el gobierno mexicano iniciaba su involucramiento en este otro conflicto. En abril de aquel año se conformó el Frente Democrático Revolucionario de El Salvador. Bajo sus siglas se aglutinaron socialdemócratas y disidentes demócrata cristianos así como las organizaciones sociales ligadas a las organizaciones guerrilleras; juntos conformaban la cara civil del movimiento revolucionario que buscaba derrocar al gobierno. Según reportes de la cancillería salvadoreña, el 16 de junio el embajador de México en la República Federal de Alemania, Octavio Campos Salas, ofreció una recepción al cuerpo diplomático acreditado en dicho país con un solo objetivo: presentar al Frente Democrático Revolucionario como “legítimo representante” del pueblo salvadoreño.29 Gestos como este hacían evidente que hacia mediados de 1980 el gobierno mexicano ya había tomado partido en la confrontación interna que desangraba a El Salvador.

La decisión del presidente López Portillo de desarrollar una política activa ante los conflictos centroamericanos fue acompañada por intentos de incrementar la presencia económica de México en el área. El 3 de agosto de 1980, México y Venezuela firmaron el Acuerdo de San José. Mucho se ha escrito sobre el papel de este pacto como una iniciativa latinoamericana para solventar la crisis energética de Centroamérica y el Caribe.30 Pero poco se ha dicho sobre dos aspectos fundamentales de este acuerdo: primero, que la no discriminación política para proveer petróleo no dejó nunca de ser meramente discursiva; el gobierno democristiano de Venezuela no estuvo dispuesto a venderle petróleo a Cuba ni a la Nicaragua sandinista, por lo que México asumió totalmente esos rubros y, a la vez, nunca intentó suministrar hidrocarburo a aquellos países del Caribe que tenían una relación privilegiada con Venezuela. En este sentido, el Acuerdo de San José debe de verse como un reparto del mercado regional entre dos países que delimitaban de esta forma sus áreas de influencia. En segundo lugar, debe de señalarse que una de las clausulas para lograr plazos de crédito favorables a los países compradores –uno de los aspectos más afamados del acuerdo– estaba ligado a proyectos de desarrollo energético que debían de consumir un alto porcentaje de materias primas de los países proveedores, es decir que mediante el acuerdo se buscaba impulsar los intereses comerciales de los dos gobiernos que patrocinaron este acuerdo.

En ese mismo mes el presidente López Portillo dejó en claro la visión de su gobierno sobre el futuro político de la región. En el discurso que dio en la Plaza José Martí durante una visita que hizo a Cuba, el mandatario declaró que no había dos modelos de revolución en América Latina, el mexicano y el cubano, como podrían pensar algunos, sino una sola necesidad histórica de la región: hacer la revolución. Y ahora en Centroamérica se presentaba la oportunidad de aprovechar las virtudes y superar las limitaciones de ambos modelos. Se trataba de impulsar una propuesta de futuro exclusivamente latinoamericana, sin injerencias imperialistas, refiriéndose obviamente a Estados Unidos.31

En cuanto a El Salvador, a finales de ese mismo mes, López Portillo nombró como encargado de negocios a Gustavo Iruegas, el mismo diplomático que había desempeñado un papel fundamental en la instrumentación de la política mexicana hacía Nicaragua durante el curso de la insurrección sandinista.32 El hecho de que un diplomático de rango menor y simpatizante de la insurgencia fuera colocado al frente de aquella legación indicaba la intención de mantener un perfil bajo en las relaciones con el gobierno salvadoreño y a la vez asegurar un enlace directo en dicho país con los grupos guerrilleros y la oposición civil. En palabras del propio Iruegas:

A diferencia de Nicaragua, no íbamos a hacer contactos, ya estaban hechos, la misión era clara. Antes de partir ya había concertado con mis contactos con Carmen Lira dos reuniones: una con dos guerrilleros que estaban aquí y otra con los jefes de un movimiento de personalidades democráticas, entre las que se encontraba un exministro de Agricultura que se habían reunido privadamente con el canciller Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa.33

Ciertamente, según su propio testimonio y el de diversos jefes guerrilleros de El Salvador, Iruegas jugó un destacado papel como enlace entre el gobierno mexicano y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, proporcionando al primero información de primera mano sobre la consolidación militar de la insurgencia y brindándole a la vez un importante apoyo político y operativo al movimiento revolucionario hasta mediados de 1981 en que finalizó su gestión en aquella Embajada.34

Este nivel de involucramiento en el conflicto salvadoreño por parte del gobierno mexicano evidenciaba una decisión mucho más arriesgada que con respecto al proceso insurreccional de Nicaragua. En el caso nicaragüense, la participación mexicana se había producido en el marco de una alianza muy amplia de gobiernos latinoamericanos y cuando ya el conflicto estaba cerca de su desenlace, de manera que los riesgos asumidos por el gobierno mexicano fueron menores. En cambio, para mediados de 1980, cuando se decidió respaldar a las fuerzas revolucionarias de El Salvador, ya habían tenido lugar cambios importantes en el escenario regional. Un año antes el gobierno de Carter había jugado un papel activo en la crisis nicaragüense, retirándole su apoyo a Somoza; asimismo, en el caso de El Salvador la administración estadounidense había respaldado el golpe de estado de los militares reformistas. En cambio, ahora no estaba dispuesto tolerar un nuevo triunfo revolucionario en Centroamérica por lo que apoyaba de manera decidida al gobierno salvadoreño. Del mismo modo los nuevos mandatarios de Venezuela y Costa Rica se habían distanciado del gobierno sandinista y respaldaban la política norteamericana con respecto a El Salvador. En este contexto México se convirtió en el principal simpatizante no socialista de la insurgencia salvadoreña, solo secundado en su postura por el gobierno panameño.

El riesgo que conllevaba asumir esta decisión puede llevarnos a considerar que probablemente el gobierno mexicano se había formado una alta expectativa sobre las posibilidades de la guerrilla para poner en jaque al gobierno salvadoreño y capitalizar la efervescencia insurreccional del movimiento de masas. Ciertamente, durante 1980, a pesar de la violenta represión desencadenada por la extrema derecha contra el movimiento popular, las agrupaciones revolucionarias incrementaron notoriamente su capacidad operativa gracias a la incorporación masiva de nuevos combatientes, así como al entrenamiento y respaldo logístico proporcionado de manera ostensible por Cuba y Nicaragua.35

En el mes de diciembre, ante el agravamiento del conflicto y la inminente llegada de Ronald Reagan a la presidencia estadounidense, la administración Carter consideró seriamente entablar negociaciones con la guerrilla. La cancillería mexicana no fue ajena a dicha iniciativa. Sin embargo, una lectura equivocada de la coyuntura y el desacuerdo entre los propios dirigentes del FMLN echaron por tierra esta opción.36 En cambio en los primeros días del año siguiente las fuerzas revolucionarias lanzaron su primera ofensiva general. Dicha acción no logró sus propósitos de dividir al ejército, poner en crisis al gobierno y extender la insurrección. Pero, aunque el FMLN no contaba con la fuerza necesaria para tomar el poder, a partir de entonces la guerra de guerrillas se generalizó en el país y amplias áreas rurales quedaron bajo control rebelde. La prolongación del conflicto salvadoreño y el cambio de administración en Estados Unidos hacían prever un escenario regional de mayor confrontación. Aun así México sostuvo su decisión de respaldar por diversos medios al gobierno sandinista y al movimiento revolucionario de El Salvador.

“Va a ser una época sumamente difícil para México, para nuestra política exterior”

Del 9 al 12 de febrero de 1981 tuvo lugar una reunión a puerta cerrada entre el secretario Castañeda y Álvarez de la Rosa y los embajadores mexicanos en Centroamérica y el Caribe. En la sesión inaugural, el canciller subrayó la importancia de este evento que, en su opinión, “no podría ser más oportuno ya que de acuerdo con la Política Exterior trazada por el señor Presidente de la Republica, nuestras relaciones con los países de Centroamérica y el Caribe ocupan un lugar de máxima prioridad en nuestro quehacer internacional”. Para el secretario, “la dinámica de los acontecimientos en el exterior” y “la impresionante evolución de México” obligaban a revisar la “forma y nivel” de la presencia mexicana en la región.37

Para explicar los principales elementos de aquella “impresionante evolución” del país a que hacía referencia Castañeda y Álvarez de la Rosa, y que era el trasfondo de la diplomacia activa propia del sexenio de López Portillo, a la reunión de embajadores fueron invitados tres de los principales responsables de señalar el rumbo económico de México: el secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andrés de Oteyza, el subsecretario de Comercio Exterior, Héctor Hernández, y Rodolfo Moctezuma Cid, encargado de la Dirección de Proyectos Especiales de la Presidencia. Ellos expusieron ante los diplomáticos las proyecciones del desarrollo nacional a los cuales nos hemos referido, así como ciertos aspectos que dificultaban su concreción.

El secretario Oteyza subrayó que el proceso de industrialización llevaba casi cuatro décadas. En dicho lapso se había desarrollado una industria protegida y subsidiada, ­modelo que no era funcional para impulsar la exportación de manufacturas. Lo ­ejemplificaba de la siguiente manera: DINA, la empresa estatal fabricante de automotores, producía tractores con tecnología japonesa que se vendían en el mercado mexicano, pero que resultaba imposible exportarlos ya que, aun considerando el costo de transportación, a los países de Centroamérica y el Caribe les era más barato comprar tractores directamente a Japón. Lograr que la producción mexicana fuera competitiva implicaba llevar a cabo transformaciones estructurales, pero México necesitaba empezar a exportar para cambiar las dinámicas de producción. Un ejemplo era la forma en que se aprovechaba la relación especial que había con Cuba, que compraba tractores mexicanos a pesar del sobreprecio. La lección era clara: el establecimiento de nuevas alianzas podría permitirle a México incrementar y diversificar sus exportaciones a Centroamérica y el Caribe.

Esta expectativa en el terreno económico se correspondía con lo expresado por el secretario Castañeda acerca de la posibilidad que se planteaba para México, si no de ejercer un liderazgo regional, cuando menos sí de “influir positivamente para que algún día haya en esos países Gobiernos que sean para nosotros interlocutores básicos, que si bien puedan no estar de acuerdo con todas nuestras posiciones, por lo menos permitan con México un dialogo constructivo”. Y como ejemplo de estas relaciones, mencionaba los casos de Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Es de notar que estos ambiciosos proyectos en materia económica y política tuvieran como escenario de instrumentación una zona en conflicto. Pero en la perspectiva del canciller, la turbulencia política que experimentaba Centroamérica había que interpretarla como una coyuntura histórica; la crisis anunciaba “una etapa de transformaciones fundamentales [...] una época que podría propiciar profundas transformaciones de carácter social”. Si bien Castañeda fue muy cuidadoso al expresar sus puntos de vista al respecto, algunos de los representantes mexicanos en Centroamérica que asistían a la reunión manifestaron abiertamente su convicción de que dicha circunstancia configuraba un escenario de oportunidad que podría permitirle a México impulsar sus objetivos económicos, forjar nuevas alianzas y fortalecerse políticamente.

“Si estamos fortaleciendo y ayudando a la Revolución sandinista estamos fortaleciendo la nuestra”, sentenció el embajador en Nicaragua, Julio Zamora Bátiz, al definir el carácter del apoyo mexicano: “Entre más Gobiernos democráticos y progresistas existan en América Latina, mayor ayuda tendremos en nuestra tarea de desarrollarnos y de defendernos de las acometidas del imperialismo”. Por su parte Gustavo Iruegas, destacado en El Salvador, también señalaba sin ambages:

Por razones morales, por motivos de seguridad, por conveniencia económica, porque es necesario frenar al imperialismo y porque el imperativo histórico así lo exige, México debe alentar la existencia en la región de gobiernos democráticos de amplio respaldo popular, de carácter nacionalista, y comprometidos en la búsqueda de la justicia social para sus propios pueblos.

El apoyo mexicano al gobierno sandinista, la situación de Guatemala y la postura ante el proceso revolucionario salvadoreño fueron materia de interesantes discusiones a lo largo de la reunión. El embajador Zamora Bátiz destacó la magnitud de la ayuda brindada a Nicaragua desde la caída de Somoza. Según sus datos, México era, sin lugar a dudas, el principal apoyo económico del régimen revolucionario, aunque ciertamente la ayuda fluía de manera desordenada por la propia descoordinación de las instancias mexicanas. Este apoyo era altamente ponderado por los dirigentes sandinistas que profesaban hacia México y su presidente “gran respeto... gran consideración” y no dejaban de expresar “su interés por vincularse más, económicamente” a nuestro país. No obstante el diplomático se mostraba un tanto escéptico con respecto a sus resultados a más largo plazo, señalando el riesgo de que el esfuerzo mexicano pudiera ser capitalizado por “el otro imperialismo”, refiriéndose a la creciente influencia cubana y del bloque socialista en el país centroamericano, para lo cual proponía “ser más consistentes” en buscar que el respaldo a la revolución en Centroamérica abonara efectivamente al establecimiento de “gobiernos representativos... que no se deterioren hacia una dictadura”.

En cuanto a la situación guatemalteca, los registros de la reunión hacen evidente que aún no se hacía manifiesta una política de apoyo al movimiento revolucionario como en los casos de Nicaragua y El Salvador, aunque al parecer desde el año anterior instancias del gobierno habían establecido un acuerdo inicial con las Fuerzas Armadas Rebeldes.38 Como militar de carrera, el embajador Rafael Macedo Figueroa expresó una opinión autorizada sobre los avances de la guerrilla en el terreno militar, pero no profundizó en el conflicto social ni expresó mayor simpatía por la insurgencia. Su principal interés fue exponer algunas características del gobierno guatemalteco, como su carácter represivo, la enorme influencia en su interior de intereses oligárquicos y el poder político adquirido por el ejército. Acerca de la relación bilateral, esta se hallaba afectada por opiniones antimexicanas características de la extrema derecha de dicho país, cuestionamientos al respaldo de México a la independencia de Belice y acusaciones de que la guerrilla que operaba en la región fronteriza se movía con libertad en territorio mexicano.

Sobre esto último el secretario Castañeda señaló que el presidente había ordenado darle seguridades al gobierno guatemalteco de que no había rebeldes de su país en territorio nacional, pero que de ninguna manera México cooperaría “en la guerra contra las guerrillas de oposición y la oposición que tienen allá”. Y asimismo hizo mención de que las recientes maniobras del ejército mexicano en la frontera sur habían tenido también el propósito de “mandar una señal a Guatemala muy directa, muy sutil”.

En cuanto al caso salvadoreño, el análisis de Gustavo Iruegas se enfocó en las consecuencias inmediatas de la “Ofensiva final” lanzada por la guerrilla apenas un mes antes. Según su opinión, aunque esta acción militar no había culminado con una victoria, el FMLN había mostrado que tenía capacidad para derrotar al gobierno. A partir de enero el conflicto se desarrollaba en el campo como un “enfrentamiento entre dos ejércitos”, e incluso la insurgencia contemplaba la instalación de un gobierno provisional en alguno de los territorios que tenía bajo su control. Pero el curso del conflicto era incierto. El ejército salvadoreño estaba recibiendo armamento y asesoría estadounidense. Iruegas preveía que, si los rebeldes no alcanzaban el triunfo en los próximos tres meses, podría generarse un escenario catastrófico:

Se iniciará entonces una guerra popular que rebasará las fronteras de El Salvador, acelerará y modificará el proceso revolucionario guatemalteco, se complicará con la programada independencia de Belice, se extenderá a territorio hondureño, involucrará al gobierno revolucionario de Nicaragua, amenazará al gobierno revolucionario de Cuba y beneficiará a la economía de guerra norteamericana. México no podrá considerarse ajeno al conflicto.

Según Iruegas, la insurgencia salvadoreña consideraba al gobierno mexicano como su aliado político más importante. Él estaba convencido de que nuestro país estaba “llamado a protagonizar momentos difíciles en el desarrollo del proceso revolucionario”. Los rebeldes salvadoreños necesitaban urgentemente el “solidario aporte de la nación y el Estado mexicanos en su proceso de legitimación internacional”. Y, ante la creciente intervención de Estados Unidos, México debía empeñar su “gran fuerza moral que tantos años de actuación internacional justa y valiente le han permitido acumular, para fustigar y, de ser posible, expulsar al intruso”.

En efecto, el reciente cambio de administración en los Estados Unidos anunciaba una mayor complicación del escenario centroamericano. El secretario Castañeda preveía que el nuevo gobierno republicano concentraría sus esfuerzos en impedir que en El Salvador y Guatemala triunfara la insurgencia; también probablemente buscaría derrocar a los regímenes revolucionarios de Cuba y Nicaragua. “Va a ser una época sumamente difícil para México, para nuestra política exterior”, anunciaba preocupado. Muy pronto la “fuerza moral” del país, su prestigio internacional, iba a ser sometida a “una prueba muy dura” en Centroamérica. Pero no había marcha atrás:

Tenemos cierta obligación de ser consistentes, de no abandonar ciertos principios que [...] han definido a la nación desde su independencia; pero no va a ser fácil [...] porque al hacerlo –y tendremos que hacerlo– [...] nos vamos a encontrar en un plano de confrontación con los Estados Unidos y habrá que mantener esa posición como nos ha ocurrido en el pasado en muchas otras ocasiones [...] a pesar de todos los riesgos que pudiera representar [...].

Hacer valer el principio de la no intervención en esta coyuntura era una decisión política pero también una definición histórica. No hacerlo “afectaría profundamente nuestro ser nacional” sostenía el secretario de Relaciones Exteriores. “Dejaríamos de ser México”, sentenciaba categórico.

Intentos de mediación

En los meses que siguieron a la reunión de embajadores, el gobierno mexicano resolvió dar un paso decidido en relación al conflicto salvadoreño, que tras la ofensiva guerrillera de enero había caído en cierto impasse. Aunque las acciones de guerra se extendieron a amplias zonas del país, era claro que el FMLN no tenía capacidad para lanzar una nueva ofensiva general en el corto plazo y enfrentaba los embates del ejército gubernamental. Por su parte, Estados Unidos y la Junta de Gobierno se negaban a entablar cualquier tipo de negociación con la insurgencia. Ante esta situación el presidente López Portillo dio paso a una propuesta que conjugaba un llamado a la solución negociada del conflicto y lo planteado por Iruegas en la reunión de embajadores en el sentido de respaldar la “legitimación internacional” del FMLN. En el impulso de esta iniciativa se consideró también otra idea esbozada por Castañeda en el encuentro de febrero: la de impulsar una acción colectiva, junto con otros gobiernos de la región, en aras de “restablecer cierto grado de paz” en Centroamérica.39 Aunque al no encontrar otro gobierno latinoamericano que acompañara su propuesta, el secretario Castañeda buscó el respaldo del gobierno de Francia que encabezaba el socialista François Mitterrand.40

El 28 de agosto de 1981 se dio a conocer la famosa Declaración Franco-Mexicana sobre el conflicto salvadoreño firmada por los cancilleres de ambos países. En ella se establecía que El Salvador estaba urgido de cambios sociales, económicos y políticos “fundamentales” y se reconocía a la coalición insurgente como una “fuerza política representativa”, avalando su disposición a “asumir las obligaciones y ejercer los derechos” derivados de dicha condición. Francia y México hacían un llamado a la comunidad internacional para evitar “toda [...] injerencia en los asuntos internos de El Salvador”, pero a la vez manifestaban con claridad que la solución del conflicto debía contemplar el establecimiento de “un nuevo orden interno”, la reestructuración de las fuerzas armadas y la celebración de elecciones “auténticamente libres”.41

Así como en su momento la ruptura de relaciones con el régimen somocista había mostrado la disposición del presidente López Portillo a asumir un acompañamiento activo del proceso nicaragüense, esta declaración sobre El Salvador estableció las definiciones fundamentales que regirían la actuación mexicana ante el conflicto regional de allí en adelante, señalando que los procesos revolucionarios tenían su origen en causas internas, que la solución de los conflictos pasaba por la negociación entre las partes enfrentadas y debía conducir a transformaciones sustantivas sociales y políticas y que, en la medida en que el bando insurgente asumiera este compromiso, contaría con el apoyo del Estado mexicano.

Consecuentemente con ello, poco después, el gobierno mexicano auspició la instalación de la representación oficial del FMLN-FDR en el Distrito Federal. Con el transcurso de los años esta suerte de “embajada” llegó a contar con diversas oficinas, personal operativo y cuadros especializados en la gestión diplomática. Este fue un recurso estratégico que los rebeldes aprovecharon con singular habilidad a todo lo largo de la guerra. A la vez, las embajadas mexicanas, no solo en la región sino en otras partes del mundo, prestaron apoyo de muy distinto tipo a la movilidad, las comunicaciones y las gestiones internacionales de los “diplomáticos” guerrilleros.42

En un artículo publicado recientemente la profesora Ana Covarrubias destaca un aspecto poco mencionado sobre la Declaración Franco-Mexicana: el fuerte contraste entre la recepción favorable que tuvo por parte de gobiernos europeos como los de Noruega, Suecia, Holanda, Irlanda y la República Democrática Alemana, mientras que en América Latina únicamente Nicaragua y Granada se adhirieron a ella. Covarrubias señala que, en el ámbito regional, la declaración tuvo como consecuencia el aislamiento de México, pues además de la reacción airada de El Salvador y los Estados Unidos, el gobierno venezolano encabezó una postura de rechazo tajante a la misma, la llamada Declaración de Caracas, que secundaron Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana. Al parecer, esta reacción ya había sido prevista por el secretario Castañeda, quien la minimizó al declarar: “No es la primera vez que México se encuentra aislado de sus hermanos latinoamericanos, ni tampoco será la última”.43

Ciertamente el gobierno mexicano se mantuvo firme y no cejó en su empeño de contener la agresiva política estadounidense. Con este fin propuso diversas iniciativas en pro del diálogo y la negociación entre las partes enfrentadas. En noviembre de 1981 tuvieron lugar en territorio mexicano pláticas secretas entre el secretario de Estado estadounidense, Alexander Haig, y el vicepresidente cubano, Carlos Rafael Rodríguez. Para lograr que se sentaran a la mesa el presidente López Portillo había echado mano de todos sus argumentos, llegando inclusive a pedirle a Ronald Reagan que “le devolviera el favor que le había hecho al dejar de invitar a Castro” a la Cumbre del Diálogo Norte-Sur. Sin embargo, durante las pláticas quedó claro que para Estados Unidos resultaba inaceptable la alianza de Cuba con la Unión Soviética, su intervención militar en África, la presencia de asesores cubanos en Nicaragua y el apoyo a las guerrillas de Guatemala y El Salvador. El secretario Haig cerró las pláticas con una demanda: “Si quieren hablar en serio, nosotros también. Pero necesitamos un contexto para las discusiones, y algún tipo de señal de su parte de que lograremos resultados”.44 Estados Unidos no abandonaría tan fácilmente su postura, y eso se confirmó cuando, de manera casi simultánea a dichas pláticas, fueron asignados 20 millones de dólares para acciones encubiertas contra Nicaragua.

No obstante la reticencia de Reagan, México lo volvería a intentar. El 21 de febrero de 1982, durante su segunda visita a Nicaragua, López Portillo definió la situación en el Circuncaribe como un problema de tres nudos: la relación Cuba-Estados Unidos, Estados Unidos-Nicaragua y el conflicto en El Salvador. Señaló que la forma de resolverlos estaba condicionada a negociaciones bilaterales y paralelas, y se ofreció como intermediario para facilitar las conversaciones. Cuba y Nicaragua aceptaron de inmediato, pero Washington solo aceptó luego de fuertes presiones de la oposición demócrata: “No estábamos interesados en la iniciativa desde el principio... pero el Congreso y la opinión publica nos emboscaron. Teníamos que acceder a negociar o parecer poco razonables”.45

En marzo, Fidel Castro escuchó de voz de Vernon Walters las condiciones de Estados Unidos para la normalización de la relación bilateral. Cuba debía cesar su apoyo a las guerrillas en Centroamérica y Colombia, retirarse de Angola y Nicaragua y aceptar el regreso de los delincuentes enviados en El Mariel. La respuesta de Castro fue que el regreso de los “excluibles” era un tema sencillo, que desde hacía un año Cuba había suspendido el abastecimiento logístico a Nicaragua y al FMLN y que estaba dispuesto “a apoyar constructivamente el plan de López Portillo para llegar a un acuerdo en El Salvador”. Sin embargo, ni Walters ni Reagan quisieron confiar en el líder cubano y en consecuencia este nuevo encuentro propiciado por México culminó también con un fracaso.46

El camino a Contadora

Al no fructificar las iniciativas de negociación se exacerbó el conflicto en Centroamérica. Para 1982 la Junta de Reconstrucción Nacional de Nicaragua había perdido a la mayor parte de sus miembros moderados, algunos de los cuales se integraron a las filas contrarrevolucionarias. Los sandinistas, por su parte, firmaron un acuerdo de cooperación económica con la Unión Soviética y estrecharon lazos con el Bloque Socialista. Esta alianza era vital para consolidar sus fuerzas armadas y defender el proyecto revolucionario. Desde luego Estados Unidos tuvo en ello el pretexto ideal para endurecer sus medidas económicas y políticas contra el gobierno nicaragüense y redoblar su apoyo a los grupos contrarrevolucionarios instalados en Honduras, Costa Rica y la Costa Atlántica.

En El Salvador, el FMLN había logrado resistir las ofensivas del ejército contra sus bastiones rurales en el centro y oriente del país a pesar de la campaña de tierra arrasada emprendida por las fuerzas gubernamentales que cobró miles de vidas y provocó la salida de masiva de refugiados hacia México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Belice. Gracias a la asesoría y al armamento recibido de países como Cuba, Vietnam y Libia, la guerrilla salvadoreña pudo consolidar sus fuerzas e iniciar acciones ofensivas de mayor envergadura. De manera paralela, la ayuda estadounidense permitió al ejército gubernamental multiplicar sus efectivos e incrementar su arsenal (incluyendo la renovación total de su fuerza aérea). Asimismo, un centenar de asesores y agentes de inteligencia norteamericanos fueron desplegados en El Salvador. Su presencia fue clave para cohesionar al ejército y redefinir la estrategia contrainsurgente.

De manera paralela al recrudecimiento de la guerra tuvieron lugar en El Salvador importantes procesos de transformación política auspiciados por Estados Unidos. En marzo de 1982 se celebraron elecciones generales para elegir una Asamblea Constituyente y aunque la guerrilla intentó boicotear las votaciones estas se llevaron a cabo. En este proceso quedó de manifiesto que la Democracia Cristiana y el naciente partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de ultraderecha, no eran solo los principales referentes del juego electoral, sino que tenían gran poder de convocatoria y contaban con un efectivo respaldo social. En esta medida, la rebelión popular daba paso a una auténtica guerra civil. Cuando en mayo la Junta encabezada por José Napoleón Duarte entregó el poder al presidente provisional Álvaro Magaña, El Salvador se hallaba en guerra pero también estaban en curso cambios fundamentales de carácter social, como la reforma agraria, y había iniciado la renovación “democrática” del sistema político.

En Guatemala las cosas siguieron un rumbo muy distinto. A pesar de contar con amplio respaldo popular, la guerrilla no alcanzó a consolidar sus fuerzas militares y sufrió graves reveses en el campo y la ciudad desde mediados de 1981, cuando el ejército inició su gran ofensiva contrainsurgente. La represión y las masacres se recrudecieron tras el golpe de Estado de marzo de 1982 que llevó al poder al general Efraín Ríos Montt. Además de cobrar miles de víctimas civiles, la campaña de tierra arrasada provocó la huida en masa de campesinos indígenas hacia territorio mexicano dando lugar a una crisis humanitaria de grandes proporciones que colocó a nuestro gobierno en una situación sumamente comprometida.

En cuanto al resto del Istmo, Panamá había sufrido un duro golpe con la sospechosa muerte del general Omar Torrijos en un accidente de aviación. Si bien el gobierno panameño se mantuvo al lado de Nicaragua y de los revolucionarios salvadoreños, su activismo regional se redujo notoriamente. Costa Rica se alineó plenamente con Estados Unidos. El presidente Luis Alberto Monge entabló una dinámica de confrontación con el gobierno sandinista y toleró que la Contra nicaragüense operara en su territorio.

Honduras era un caso extremo. Se había convertido en pieza fundamental de la estrategia estadounidense para combatir la revolución en Centroamérica. No solo su gobierno estaba plegado a los designios de Washington, sino que, desde el año anterior, el territorio nacional albergaba instalaciones militares estadounidenses donde se coordinaban misiones de inteligencia y operaciones especiales contra Nicaragua y el FMLN. Además, el ejército y las fuerzas de seguridad colaboraban abiertamente con la Contra nicaragüense que había sentado sus reales en zonas aledañas a la frontera con Nicaragua. A la vez libraban una “guerra sucia” contra las pequeñas agrupaciones guerrilleras de Honduras y las guerrillas de El Salvador que trasegaban armas a través del país.

Dada la situación, el panorama catastrófico descrito por Gustavo Iruegas en la reunión de embajadores parecía concretarse. La guerra comenzaba a desbordar las fronteras. Inevitablemente la intromisión de Estados Unidos y sus aliados por un lado, y de Cuba y el bloque socialista por el otro, situaba el conflicto regional en el marco de la confrontación Este-Oeste. Por si fuera poco, que Estados Unidos tuviera tropas y aeronaves estacionadas en Honduras y realizara periódicamente maniobras navales en los litorales centroamericanos, hacían patente la amenaza de una intervención militar directa, la cual incluso se podría extender a Cuba.47 En este escenario los espacios de acción de la diplomacia mexicana se estrechaban críticamente.

En agosto de 1982 se presentó la oportunidad de impulsar otra vez una acción colectiva con respecto a Centroamérica, cuando el presidente venezolano Luis Herrera Campins propuso a México impulsar de manera conjunta una nueva iniciativa de diálogo. Ambos gobiernos acordaron convocar por escrito a cada una de las partes confrontadas con quien tuvieran, respectivamente, mayor cercanía política. De esta manera quedaba atrás el distanciamiento que se había producido a raíz de la Declaración Franco-Mexicana. Si bien ante la negativa de algunos gobiernos alineados con Estados Unidos dicho esfuerzo no rindió frutos en lo inmediato, unos meses después, iniciando el sexenio de Miguel de la Madrid, habría de dar lugar a la iniciativa de paz del Grupo Contadora.

Consideraciones finales

Hemos visto que la política de López Portillo hacía Centroamérica no se constituyó de hechos aislados ni de acciones casuísticas, sino que de manera sistemática se propuso respaldar los procesos de cambio sociopolítico que apuntaban a la instauración de gobiernos revolucionarios en el Istmo. Esta decisión estuvo determinada por la evolución de los conflictos internos en los propios países centroamericanos y la actitud adoptada ante ello por la administración Carter. Pero también gravitaron en ella de manera específica los ambiciosos planes de desarrollo económico planteados por la presidencia de la república, el contrapunto con Estados Unidos en torno a la cuestión petrolera y la intención de renovar la legitimidad interna del régimen priísta en concordancia con la reforma política de 1977.

Entre 1978 y 1981 se establecieron las principales pautas del involucramiento mexicano en Centroamérica, a saber:

 La interpretación de los conflictos en Nicaragua, El Salvador y Guatemala como procesos de origen interno que expresaban la necesidad apremiante de cambios políticos, económicos y sociales.

 Respaldo económico y político al gobierno sandinista de Nicaragua y establecimiento de relaciones, acuerdos políticos y mecanismos de colaboración con grupos insurgentes de El Salvador y Guatemala.

 Acogida de asilados y refugiados y denuncia de violaciones graves a los derechos humanos.

 Oposición abierta a la política intervencionista de Estados Unidos.

 Promoción y acompañamiento de soluciones negociadas tanto en el caso de la confrontación regional y como de los distintos conflictos nacionales.

Es de subrayar que todas las iniciativas en pro del diálogo y la negociación presentadas por México desde la Declaración Franco-Mexicana en adelante fueron planteadas cuando el país enfrentaba la peor crisis económica que había sufrido después de la Revolución. Esto significaba entrar “en un plano de confrontación con los Estados Unidos”, a decir del canciller Castañeda, pero al mismo tiempo debía considerarse que dicho país era el principal acreedor y socio comercial de México, y que tenía un peso decisivo en los organismos financieros internacionales, por lo cual una buena relación con Washington resultaba crucial para paliar la crisis. Sobre esta situación paradójica los estudiosos del tema han dicho poco. Convendría explorar más a fondo cómo enfrentó este desafío la diplomacia mexicana pues, a pesar del riesgo que ello implicaba y actuando muchas veces en el filo, México siguió involucrado a fondo en el conflicto centroamericano sin voltear jamás la espalda a sus amigos revolucionarios.

Finalmente cabe recalcar que durante el sexenio de José López Portillo se definió una política de Estado con relación a los conflictos centroamericanos. Inclusive considerando que buena parte del cuerpo diplomático y funcionarios de otras dependencias gubernamentales desconocían los entretelones de esta política, en particular en cuanto se refiere a la dimensión y los alcances que tuvo el apoyo a la insurgencia centroamericana, es un hecho que el rumbo trazado por López Portillo y Jorge Castañeda asumió a la larga un carácter transexenal, pues en sus pautas generales, señaladas arriba, se mantuvo vigente durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, alcanzando su momento culminante con la firma de los Acuerdos de Chapultepec, que consignaron el fin de la guerra civil en El Salvador.

Repositorios

Archivo Histórico “Genaro Estrada” de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México.

Archivo Diplomático de la República de El Salvador.

Archivo de la Comisión Político-Diplomática del FMLN.

Entrevistas

Entrevista al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Rebeldes de Guatemala, Pablo Monsanto, marzo de 2014.

Bibliografía

Aguilar Zínser, Adolfo y Rodrigo Jauberth Rojas, (coords.), Relaciones Centroamérica-México, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 1986-1987.

Benítez Manaut, Raúl y Ricardo Córdova Macías, (comps.), México en Centroamérica. Expediente de documentos fundamentales (1979-1986), México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-Universidad Nacional Autónoma de México, 1989.

Cardenal, Ernesto, Memorias III. La revolución perdida, México. Fondo de Cultura Económica, 2005.

Castañeda, Jorge G., Amarres perros. Una autobiografía, México, Alfaguara, 2014.

Castillo, Manuel Ángel, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, Centroamérica, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2010, (Historia de las Relaciones Internacionales de México, 2).

Covarrubias, Ana, “La Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador”, en Revista Mexicana de Política Exterior, número especial, México, Instituto Matías Romero / Secretaría de Relaciones Exteriores, 2013, pp. 39-62.

Flores Olea, Víctor, (ed.), Relación de Contadora, México, Secretaría de Relaciones Exteriores / Fondo de Cultura Económica, 1988.

Guillén Romo, Héctor, Orígenes de la crisis en México. 1940/1982, México, Ediciones Era, 1990.

LeoGrande, William y Peter Kornbluh, Diplomacia encubierta con Cuba. Historia de las negociaciones secretas entre Washington y La Habana, México, Fondo de Cultura Económica, 2015.

López Portillo, José, Mis tiempos. Biografía y testimonio político. Parte primera, México, Fernández Editores, 1988.

_____, Discurso en la Plaza José Martí, Cuba, 2 de agosto de 1980, (mimeografiado).

Martínez Peñate, Oscar, El Salvador. Del conflicto armado a la negociación, 1979-1989, San Salvador, Editorial Nuevo Enfoque, 2007.

Ojeda, Mario, México: el surgimiento de una política exterior activa, México, Secretaría de Educación Pública, 1986.

_____, Retrospectiva de Contadora. Los esfuerzos de México para la paz en Centroamérica (1983-1985), México, El Colegio de México, 2007.

_____, México y Cuba revolucionaria: cincuenta años de relación, México, El Colegio de México, 2008.

Ortega Saavedra, Humberto, La epopeya de la Insurrección, Managua, Editorial LEA, 2004.

Messmacher, Miguel, Santiago Genovés, Margarita Nolasco, et al., Dinámica maya: los refugiados guatemaltecos, México, Fondo de Cultura Económica, 1986.

Pellicer, Olga, (ed.), La política exterior de México: desafíos de los ochenta, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 1983.

Toussaint, Mónica, Diplomacia en tiempos de guerra. Memorias del embajador Gustavo Iruegas, México, Instituto Mora / La Jornada / Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe-Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.

Vázquez Olivera, Mario, “Del desafío revolucionario a la reforma política, El Salvador 1970-1992”, en Ignacio Sosa, (coord.), Insurrección y democracia en el Circuncaribe, México, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos-Universidad Nacional Autónoma de México, 1998, pp. 195-227.

Zorrilla, Luis G., Relaciones de México con la república de Centro América y con Guatemala, México, Editorial Porrúa, 1984.

Recursos electrónicos

S/a, ¿Buenos vecinos?: López Portillo y Carter, Wikiméxico. Disponible en www.wikimexico.com/articulo/Carter-y-Lopez-Portillo.

Femospp, Informe preliminar, México, 2006, Disponible en nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm.

Notas del capítulo

1 Doctor en Estudios Latinoamericanos. Investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM.

2 Maestro y candidato a Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Profesor de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

3 Mario Ojeda, México y Cuba revolucionaria: cincuenta años de relación, México, El Colegio de México, 2008, pp. 116 y 117.

4 Mario Ojeda, México: el surgimiento de una política exterior activa, México, SEP, 1986.

5 Olga Pellicer (ed.), La política exterior de México: desafíos de los ochenta, México, CIDE, 1983.

6 Además de los ya citados libros de Mario Ojeda, México. Surgimiento de una política exterior activa y Olga Pellicer, (eds.), La política exterior de México, el Fondo de Cultura Económica publicó en esos años otros dos libros importantes sobre el tema: Miguel Messmacher, Santiago Genovés, Margarita Nolasco, et al., Dinámica maya: los refugiados guatemaltecos, México, FCE, 1986, y Víctor Flores Olea, (ed.), Relación de Contadora, México, SRE-FCE, 1988. Asimismo, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) publicó la colección Relaciones Centroamérica-México, coordinada por Adolfo Aguilar Zínser y Rodrigo Jauberth Rojas, en la que participaron destacados investigadores de diversas instituciones nacionales.

7 Mario Ojeda al hacer un balance del rompimiento de relaciones con Somoza y la Declaración Franco Mexicana, señalaba: “Ante esta situación, el gobierno de México decidió involucrarse activamente en la política de la región, en forma diplomática, como gestor de una paz negociada. En un principio las acciones de México fueron aisladas y más bien casuísticas”, Mario Ojeda, Retrospectiva de Contadora. Los esfuerzos de México para la paz en Centroamérica (1983-1985), México, Colmex, 2007, pág. 14.

8 Como un ejemplo reciente puede referirse el evento conmemorativo del vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz de El Salvador organizado por la Cancillería, cuyas ponencias fueron publicadas en el número especial de 2013 de la Revista Mexicana de Política Exterior.

9 Una excepción en este sentido la constituye el libro monumental de Luis G. Zorrilla, funcionario de la Cancillería, Relaciones de México con la república de Centro América y con Guatemala, México, Editorial Porrúa, 1984, que documenta ampliamente el desarrollo de las relaciones diplomáticas con el vecino país.

10 Este planteamiento se desarrolla con amplitud en el libro de Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, Centroamérica, México, SRE, 2010, (Historia de las Relaciones Internacionales de México, 2).

11 Carta de Francisco del Río y Cañedo a Manuel Ávila Camacho, 5 de marzo de 1942, en Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en adelante se citará como AHGE, 34-6-13, folio 4.

12 AHGE, expedientes LE-592 y 34-6-13.

13 Héctor Guillén Romo, Orígenes de la crisis en México. 1940/1982, México, Ediciones Era, 1990, p. 40.

14 Ortega, La epopeya de la Insurrección, Managua, Editorial LEA, 2004, p. 320

15 López Portillo escribió en sus memorias “Delicado para mí el problema, por nuestro principio de no intervención. Sin embargo, les di aliento, simpatía y seguridades de refugio. Me gustaría ayudarlos. Pero imposible. Vamos a ver como se vienen las cosas”, Mis tiempos. Biografía y testimonio político. Parte primera, México, Fernández Editores, 1988, p. 642.

16 Cit. en Manuel Ángel Castillo et al., op. cit., p. 138.

17 AHGE, Expediente III-7092-3 (1ª parte), Conferencia de Rodolfo Moctezuma Cid.

18 José López Portillo, Mis tiempos. Biografía y testimonio político, Segunda parte, México, Fernández Editores, 1988, p. 802.

19 Ibid. p. 803.

20 Ibid. p. 811.

21 S/A, ¿Buenos vecinos?: López Portillo y Carter, Wikiméxico, disponible en www.wikimexico.com/articulo/Carter-y-Lopez-Portillo.

22 Ernesto Cardenal, Memorias III. La revolución perdida, México. FCE, 2005, p. 132-133.

23 Mario Ojeda, México y Cuba revolucionaria: cincuenta años de relación, México, Colmex, 2008, pp. 116 - 117.

24 Dato proporcionado por la doctora Mónica Toussaint Ribot a los autores.

25 El dato de transporte de armas mexicanas a Nicaragua fue revelado por el ex agregado cultural de México en Nicaragua en esos años, Gerardo Camacho Vaca, en una entrevista que aparece en este mismo libro.

26 Sobre esto hay una amplia bibliografía, referimos solamente una de ellas. En el año 2000, el entonces presidente Vicente Fox ordenó la constitución de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que tuvo entre sus tareas la de hacer una investigación documental a partir de los archivos de la DFS y otras instituciones de seguridad, para establecer los mecanismos y formas de la represión durante la guerra sucia. Resultado de dichos trabajos se realizó un informe que únicamente abarca el periodo de 1964 a 1982, pero que establece claramente las intenciones, métodos y formas de operar de la guerra sucia. El informe completo se encuentra disponible en <http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm>.

27 Una revisión de la política de seguridad nacional respecto a la presencia de guerrilleros guatemaltecos en México puede verse en el artículo de Fabián Campos Hernández al respecto en este mismo libro.

28 Antecedentes del enfriamiento de las relaciones diplomáticas México-El Salvador, Archivo Diplomático de la República de El Salvador, sección 700. La fecha del documento puede situarse entre agosto y septiembre de 1980 por los datos que incorpora.

29 Antecedentes del enfriamiento de las relaciones, op. cit.

30 Un ejemplo de la valoración positiva que ha tenido el Acuerdo de San José, en los términos señalados en el texto puede verse en Mario Ojeda, Retrospectiva…, op. cit., págs. 18 y 19.

31 José López Portillo, Discurso en la Plaza José Martí, Cuba, 2 de agosto de 1980, (mimeografiado).

32 Véase el libro de Mónica Toussaint, Diplomacia en tiempos de guerra. Memorias del embajador Gustavo Iruegas, México, Instituto Mora/La Jornada-CIALC-UNAM, 2013.

33 Ibid. p. 230.

34 Ibid. pp. 245-247.

35 Al respecto, véase Mario Vázquez Olivera, “Del desafío revolucionario a la reforma política. El Salvador 1970-1992”, en Ignacio Sosa, coord., Insurrección y democracia en el Circuncaribe, México, CCyDEL-UNAM, 1998, pp. 195-227.

36 Los contactos entre funcionarios del Departamento de Estado y representantes del FMLN tuvieron lugar en Tegucigalpa, Honduras. La propuesta norteamericana contemplaba un cese al fuego, reorganizar el gobierno y el ejército, disolver los cuerpos de seguridad y convocar a elecciones. Oscar Martínez Peñate, El Salvador. Del conflicto armado a la negociación, 1979-1989, San Salvador, Editorial Nuevo Enfoque, 2007, pp. 57-59.

37 Las transcripciones de todas las intervenciones realizadas en dicha reunión se encuentran resguardadas en el Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, AHGE III-7092-3 (1ª parte), Reunión de embajadores de México en Centroamérica y el Caribe con el Canciller Jorge Castañeda de la Rosa y Álvarez.

38 Entrevista de Fabián Campos Hernández al comandante guerrillero Pablo Monsanto, marzo de 2014.

39 AHGE III-7092-3 (1ª parte), Reunión de embajadores de México en Centroamérica y el Caribe con el Canciller Jorge Castañeda de la Rosa y Álvarez.

40 Jorge G. Castañeda, Amarres perros. Una autobiografía, México, Alfaguara, pp. 210-211.

41 Raúl Benítez Manaut y Ricardo Córdova Macías, comps., México en Centroamérica. Expediente de documentos fundamentales (1979-1986), México, CEIICH-UNAM, 1989, pp. 45-46.

42 Las gestiones diplomáticas del FMLN-FDR y la colaboración con que contaron por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instancias del gobierno mexicano se encuentran documentadas extensamente en el archivo de la Comisión Político-Diplomática del FMLN.

43 Ana Covarrubias, “La Declaración Franco-Mexicana sobre El Salvador”, en Revista Mexicana de Política Exterior, número especial, México, Instituto Matías Romero/SRE, 2013, pp. 49-53 y 58-59.

44 William LeoGrande y Peter Kornbluh, Diplomacia encubierta con Cuba. Historia de las negociaciones secretas entre Washington y La Habana, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, pp. 262-267.

45 Idem, p. 268.

46 Idem, pp. 268-270.

47 Sobre los planes para invadir Cuba, véase William LeoGrande y Peter Kornbluh, op. cit. p. 264.

¿Activismo o intervencionismo?

México frente a Nicaragua, 1978-1982

Mónica Toussaint 1

El papel de México en la región centroamericana a fines de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado ha despertado polémica. Para algunos, México dio continuidad a una preocupación por lo que acontecía en los países del istmo centroamericano, que había estado presente a lo largo de su historia como nación independiente. Para otros, a partir de 1979, México manifestó una clara vocación “centroamericanista” y empezó a desarrollar una diplomacia francamente activa hacia Guatemala, Nicaragua y El Salvador debido a la situación de crisis política y a su mayor capacidad de ejercer el papel de actor regional, derivada de los recursos petroleros. Algunos más han llegado a argumentar que la política exterior de México hacia Centroamérica en esos años rebasó el marco de los principios tradicionales de la diplomacia mexicana, y la han caracterizado como una política de franca intervención.

De aquí que en este capítulo se busque analizar la política exterior de México hacia Nicaragua en el periodo de 1978 a 1982, tomando en cuenta el pensamiento y las acciones de los actores diplomáticos concretos, en el marco de lo que puede definirse como una política de Estado impulsada por un gobierno defensor de una ideología nacionalista y revolucionaria. Partiendo de que se trata de una época caracterizada por un marcado activismo de la diplomacia mexicana, se hará énfasis tanto en los mecanismos de formulación de política exterior desde la Cancillería como en el papel de la embajada mexicana en Managua. Con este fin, se presenta un panorama general del proceso revolucionario en Nicaragua, para luego exponer cómo las acciones emprendidas por el gobierno mexicano pueden ubicarse en varios niveles.

En primer lugar, se destacan algunas de las acciones llevadas a cabo durante este periodo, las cuales corresponden a la tradición de la política exterior mexicana de defensa de una serie de principios y, en particular, se hace referencia a la práctica de otorgar asilo a los perseguidos políticos en las sedes diplomáticas mexicanas. En segundo término, se analiza el viraje en la política exterior mexicana a partir de 1979, para convertirse en una política francamente activa hacia la región, que buscaba dar apoyo a los movimientos sociales que luchaban por un cambio, y que se expresó en dos iniciativas claras: la ruptura de relaciones con el gobierno de Anastasio Somoza en mayo de 1979 y la solidaridad con el nuevo gobierno a través de acuerdos de cooperación, como el Pacto de San José, firmado en 1980. Un tercer apartado busca explicar cómo, derivado de esta política activa, se inició un importante proceso negociador encabezado por México, el cual tuvo como característica principal el enfrentamiento con el gobierno de Ronald Reagan, empeñado en intervenir de manera directa en la región, proceso que fue el antecedente de la creación del Grupo Contadora, en 1983. Por último, se hace referencia a las acciones promovidas por la Cancillería o impulsadas de manera personal por el encargado de negocios de la embajada de México en Managua, que claramente rebasaron los límites de los principios de nuestra política exterior y que pueden considerarse una forma de intervención o, al menos, de participación directa en el apoyo a los movimientos sociales nicaragüenses que desafiaban al régimen de Anastasio Somoza Debayle.

De esta manera, se busca dar cuenta de un fenómeno que, por su complejidad, no puede analizarse a través de una sola línea explicativa, sino que tiene que ser abordado tomando en cuenta los diversos factores que incidieron en la elaboración de la política exterior mexicana y las distintas formas en que ésta se expresó.

La revolución sandinista

A finales de los años sesenta, las protestas sociales se incrementaron en Centroamérica. Frente al fracaso de los partidos políticos tradicionales, las luchas sociales fueron encabezadas por los movimientos estudiantiles y el incipiente movimiento guerrillero, a los que se sumó la crítica de sectores cercanos a la oligarquía, como fue el caso de la Iglesia. A todo ello, la clase dominante respondió con una oleada creciente de represión. Para complicar más la situación, los factores externos otorgaron al conflicto una dimensión político-ideológica que influyó muchas veces en su evolución. Así, la segunda mitad de los años setenta fue un periodo de crisis en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En cada uno de esos países, las manifestaciones del deterioro social, económico y político fueron diferentes, pero en todos los casos se intentó dejar atrás los regímenes autoritarios, militarizados y carentes de prácticas democráticas.2

En el caso de Nicaragua, al iniciarse la década de los sesenta existía una gran inquietud popular por organizarse en contra de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, quien ejercía el monopolio económico en el país y sustentaba el control político con base en una constante represión a las fuerzas de oposición. Las luchas y protestas masivas contra la carestía de la vida, la insalubridad, la falta de vivienda y otros muchos problemas se sucedían de manera espontánea en los sindicatos, los barrios, las escuelas y el campo, debido a la ausencia de una organización que encabezara estas luchas. En general, la oposición antisomocista había sido hegemonizada por el Partido Conservador, pero venía experimentando una pérdida gradual de control sobre los movimientos sociales que, cada vez más, buscaban la caída de Somoza. En este periodo, el movimiento estudiantil empezó a enarbolar la figura de Augusto César Sandino y la consigna antimperialista como banderas de lucha que pudieran aglutinar a los sectores sociales más pobres de Nicaragua.

El surgimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1961,3 organización antisomocista con un programa revolucionario, abrió una nueva etapa en el desarrollo de las luchas populares en Nicaragua. En un inicio, el FSLN trabajó en la clandestinidad, desarrollando una actividad fundamentalmente guerrillera. Ello se debió tanto a la constante represión de la que eran víctimas los sectores populares contrarios al régimen como a la concepción política que, debido a la influencia de la revolución cubana, privilegiaba la lucha guerrillera como medio para acabar con la situación económica, política y social imperante.

Después del revés militar sufrido en el primer intento armado llevado a cabo en Bocay, en 1963, el FSLN inició una campaña de acumulación de fuerzas y estructuración de una red clandestina con el fin de subsistir frente a la represión, al tiempo que trabajaba con el objetivo de ganar autoridad política para organizar y movilizar al pueblo nicaragüense. Por ello, se dio a la tarea de vincularse a los movimientos sociales en los sindicatos de la ciudad y el campo, en los barrios y en las escuelas, presentando una alternativa de expresión y protesta, a la vez que desarrollaba una intensa labor de propaganda política. Este incipiente trabajo de masas fue dirigido por el FSLN a través del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y de los Comités Cívicos Populares. Durante este primer repliegue, se trabajó también en alianza con algunas fuerzas democráticas, como el Partido Socialista Nicaragüense (PSN) y Movilización Republicana, con el fin de llevar adelante luchas de carácter reivindicativo por el agua, la luz, el transporte, etcétera, pero sin darles un contenido político revolucionario. De manera paralela, se lograron difundir las ideas sandinistas por medio de círculos de estudio, volantes y propaganda armada.

El año de 1967 fue el punto de partida para la conformación de una alternativa revolucionaria independiente, que buscaba combinar la lucha guerrillera con el trabajo político-organizativo en el campo y la ciudad, a fin de que el movimiento popular se desprendiera de la tutela de la burguesía opositora y de los partidos políticos tradicionales. Cuando el Partido Conservador, dirigido por Fernando Agüero, pactó con Anastasio Somoza Debayle para que éste llegara al poder, el FSLN emergió, después de la experiencia guerrillera de Pancasán, como la única fuerza enfrentada al régimen somocista y comenzó a adquirir un carácter nacional, frente a la oposición burguesa que estaba cada vez más desprestigiada. A partir de entonces, se desarrollaron mecanismos clandestinos de vinculación a las masas y se comenzó a participar de manera más activa en las organizaciones estudiantiles, obreras, campesinas, comités de barrios, comunidades de base, etcétera. Con todo, el FSLN vio mayores resultados a nivel del fortalecimiento de sus estructuras clandestinas que en el ámbito de la organización popular masiva.

El terremoto de 1972 conllevó una seria crisis política y económica debido a la destrucción que produjo en Managua, que se agudizó en virtud de que gran parte de la ayuda económica internacional fue a parar a los bolsillos del dictador. De aquí que el FSLN se planteara la necesidad de reforzar su trabajo político de masas, creándose organizaciones y frentes que apoyaban y difundían los postulados sandinistas, al tiempo que participaban en diversas movilizaciones y jornadas de lucha.4

En 1974 surgió la Unión Democrática de Liberación (UDEL), grupo opositor dirigido por Pedro Joaquín Chamorro, que agrupaba a algunos miembros del Partido Conservador, sindicatos, grupos democristianos, al PSN y, en general, grupos de la pequeña burguesía nicaragüense. El 27 de diciembre de ese mismo año, el FSLN llevó a cabo un operativo en casa del ministro Chema Castillo, acción que les proporcionó recursos económicos, dio gran difusión a sus planteamientos y les otorgó mayor presencia nacional e internacional, pero que trajo consigo una severa represión que resquebrajó al incipiente movimiento de masas.5 A ello se sumó el surgimiento de tres tendencias al interior del FSLN a partir de 1975: la Tendencia Proletaria (TP), que recalcaba la necesidad de la organización de la clase obrera en los centros de producción; la Tendencia Guerra Popular Prolongada (GPP), que apoyaba el trabajo político de masas pero ponía mayor énfasis en la actividad guerrillera en la montaña; y la Tendencia Insurreccional (TI), que buscaba impulsar acciones armadas en la ciudad con base en una amplia política de alianzas.

Para 1977, el objetivo del FSLN era desarrollar un programa mínimo de reivindicaciones populares,6 que reflejara las demandas más sentidas del pueblo de Nicaragua y sentara las bases para la implantación de un gobierno revolucionario, democrático y popular. Al mismo tiempo, se realizó un intenso trabajo orientado a fortalecer las organizaciones populares, el cual se vio favorecido por la derogación del estado de sitio en septiembre del mismo año. En ese contexto, en octubre se constituyó el Movimiento Pueblo Unido (MPU), integrado por organizaciones de trabajadores, colonos, campesinos, estudiantes y mujeres en torno a la problemática de los derechos humanos en Nicaragua y la libertad de los presos políticos.

A raíz del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978, la UDEL convocó a una huelga general. La mitad de los comercios de Managua cerraron sus puertas y cerca de 300 000 trabajadores faltaron a sus labores. Los sandinistas realizaron acciones en Matagalpa, Granada, León y Masaya y tuvieron lugar importantes levantamientos indígenas en los barrios de Monimbó y Subtiava. El movimiento popular se desbordó y fue víctima de la sangrienta represión de la Guardia Nacional. En respuesta, la oposición antisomocista empezó a aglutinarse y a conformar bloques unitarios en contra de Somoza. Tal fue el caso del surgimiento en marzo del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), dirigido por Alfonso Robelo; el Frente Amplio Opositor (FAO), constituido en mayo por el propio MDN, la UDEL y el Grupo de los Doce,7 la oposición conservadora y algunos sindicatos obreros; y el MPU, creado por los sandinistas en julio, y en el cual confluyeron partidos políticos de izquierda, organizaciones estudiantiles, sindicatos, asociaciones de mujeres, etcétera.

Los movimientos populares culminaron con la toma del Palacio Nacional el 22 de agosto,8 acción que abrió la puerta a la insurrección de septiembre de 1978. A partir de entonces comenzaron a darse pasos más certeros hacia la unidad del movimiento popular. El FAO y la Organización de Estados Americanos (OEA) pretendieron negociar una salida pacífica con un “somocismo sin Somoza”, contando con el apoyo de Estados Unidos, por lo que el Grupo de los Doce, el PSN y la CTN se retiraron del FAO y, a partir de que se inició el proceso de reunificación de las tres tendencias dentro del FSLN, se conformó el Frente Patriótico Nacional (FPN), cuyo eje fundamental era el MPU, y al cual se sumaron el Grupo de los Doce, diversas fuerzas de izquierda y los sindicatos dirigidos por el FSLN. Así, ante la imposibilidad de llevar adelante un gobierno somocista sin Somoza, los sectores conservadores decidieron aliarse con las fuerzas populares y tratar de influir en el nuevo gobierno. Por su parte, el FSLN amplió su política de alianzas y empezó a trabajar en la organización de las masas que participarían en la insurrección y en la creación de una fuerza militar que garantizara la victoria: el Ejército Popular Sandinista (EPS).

En los primeros meses de 1979, el ascenso del movimiento revolucionario era incuestionable. Las acciones militares del FSLN se multiplicaron9 y, a la par que se desarrollaban los enfrentamientos militares con la Guardia Nacional, las organizaciones populares se hacían presentes en manifestaciones, tomas de ciudades, construcción de barricadas, tomas de iglesias, etcétera. Este proceso culminó con la reunificación de las tres tendencias en marzo de 1979, el inicio de la ofensiva final, el llamado a la huelga general el 4 de junio y la constitución del Gobierno Provisional de Reconstrucción Nacional el 16 del mismo mes, acciones que junto con los intensos combates llevados a cabo por el EPS y las movilizaciones de las masas organizadas condujeron al triunfo de la revolución sandinista el 19 de julio de 1979. En este proceso tuvieron un papel central los frentes amplios (MPU y FPN), las organizaciones de masas sectoriales, así como la participación en formas de lucha armada y no armada a través de los Comités de Defensa Civil (CDC) que fortalecieron la labor de dirección del FSLN.10

Tradiciones y principios

Los principios tradicionales de la política exterior mexicana (no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los Estados, cooperación internacional para el desarrollo, y lucha por la paz y la seguridad internacionales) comenzaron a adquirir un carácter doctrinario oficial a partir de la revolución mexicana y fueron defendidos por los gobiernos emanados de ésta, convirtiéndose en factores de legitimación del sistema político mexicano.11 Durante la segunda mitad del siglo XX, México impulsó una política exterior de Estado, claramente delineada desde la Cancillería, la cual contó con la participación de los diplomáticos que debieron aplicarla en varios países, ante distintos casos concretos y en los diversos foros multilaterales, con el fin de hacer oír la voz de México. Se reivindicaba una serie de principios del derecho internacional y se promovía el desarrollo de una política exterior activa que buscaba la independencia frente a Estados Unidos, la protección de los mexicanos en el exterior, el ejercicio del derecho de asilo, la construcción de un mundo sin armas, la promoción de la ayuda humanitaria, la condena a las invasiones militares, la pacificación de los conflictos y la defensa de la soberanía.

Como signatario de las Convenciones Interamericanas de asilo, la de La Habana (1928), la de Montevideo (1933) y la de Caracas (1954), a lo largo del siglo XX el gobierno mexicano construyó una sólida tradición de dar protección a los perseguidos de los regímenes políticos autoritarios, por lo que México se convirtió en tierra de refugio para españoles, chilenos, argentinos, uruguayos, guatemaltecos, nicaragüenses y salvadoreños. La tesis mexicana que se aplicaba era en el sentido de que el asilo era una institución humanitaria y que cuando un embajador pedía instrucciones para dar o no asilo, la Cancillería debía preguntarle a ese mismo embajador si quien lo solicitaba lo merecía, porque el único que podía saberlo era él. El argumento fundamental era que si se daba respuesta a partir de la información, entonces la respuesta sería política y no humanitaria. Por ello, el embajador era quien debía asumir la responsabilidad de darlo o negarlo y la Cancillería lo iba a respaldar. Generalmente eran asuntos tratados con discreción, excepto cuando el personaje tenía una estatura tal que la discreción no fuera posible.

En palabras del embajador Gustavo Iruegas, que fungió como encargado de negocios de la embajada de México en Managua de septiembre de 1978 a mayo de 1979, el problema del asilo se resumía en una fórmula: en caso de duda, era mejor otorgarlo. A lo mejor se perdía un boleto de avión, o un poco de tiempo, o tal vez era una molestia, pero si no se otorgaba, se corría el peligro de perder una vida. Esa era la posición mexicana respecto del asilo. Durante los meses que estuvo en Nicaragua, Iruegas siguió la instrucción que para tal efecto les había dado don Alfonso de Rosenzweig, que era la de no llamar al asilo por su nombre, a menos que fuera absolutamente necesario. Era una vieja práctica de la diplomacia mexicana para evitar trámites administrativos y conflictos políticos, además de prevenir represalias en contra de las familias de los asilados.12

Una vez que se hizo cargo de la embajada de México en Nicaragua, en septiembre de 1978, el diplomático mexicano se encontró con que el número de asilados, dentro de la misma embajada, que huían de la represión del régimen somocista crecía día con día.13 Cuando llegó, había entre doce y quince asilados, pero la entrada diaria era de alrededor de una docena de personas, a las cuales había que entrevistar y resolver si se les otorgaba el asilo o no.14 En tiempos de Iruegas, la embajada mexicana en Managua llegó a albergar entre 750 y 800 asilados, siempre con el respaldo del gobierno de México. Sin embargo, en un momento dado, lo llamaron de la Cancillería para que explicara por qué había dado tantos asilos, pues algún funcionario pensaba que estaba vendiendo el asilo. Pero Iruegas respondió a esa acusación argumentando que gran parte de los asilados eran muy pobres, muchachos cuya edad fluctuaba entre los 18 y los 20 años, porque en ese momento la represión somocista era generalizada sobre los jóvenes, que eran los que habían salido a las calles, a las barricadas.15 No eran los combatientes quienes pedían la protección de la Embajada, era la población que se había incorporado a la insurrección.16

Además, argumentó que era imposible consultar a la Cancillería acerca de todos los casos, porque así era la práctica mexicana de asilo: el embajador decidía y cargaba con la responsabilidad de decidir si otorgaba o no el asilo.17 Después de escuchar sus razones, en la Cancillería le pidieron que fuera ver al entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, quien le dijo que no era necesario dar ninguna explicación y que continuara con su labor tal como la había venido realizando.18 Esto hizo que Iruegas regresara a Managua muy fortalecido, contando con el apoyo de ambas secretarías. Cada vez que Iruegas juntaba un cierto número de salvoconductos, llegaba un avión del Estado Mayor que les llevaba comida, sacos de frijol, latas de atún y sardinas, y todo lo que ellos tenían dispuesto para las situaciones de emergencia. De regreso, el avión trasladaba a los asilados que tenían salvoconducto.19

Un año antes de la llegada de Gustavo Iruegas a Managua, algunos miembros del Grupo de los Doce habían concertado una cita, primero con Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación, y después con el propio presidente José López Portillo. Estuvieron presentes, entre otros: Sergio Ramírez; el rector de la Universidad ­Centroamericana, el padre Miguel D’Escoto; los dos jesuitas Cardenal, Ernesto y Fernando; y el director del Instituto del Café de Nicaragua, de apellido Coronel. Su objetivo era explicarle a López Portillo lo que estaba sucediendo en Nicaragua, la historia de la lucha contra Somoza y la idea de que el Grupo de los Doce se convirtiera en un brazo político del ejército sandinista para así darle legitimidad. López Portillo los recibió, los escuchó y les dijo que les deseaba mucha suerte en su lucha, pero que México tenía un fuerte compromiso con la no intervención.

Uno de ellos, Joaquín Cuadra, padre de quien después fue jefe del Ejército Sandinista, le dijo que no se preocupara, que estaban muy satisfechos por el simple hecho de que el presidente de México los hubiera escuchado y que eso animaría a sus hijos en la montaña20 Según Iruegas, esto impresionó profundamente a López Portillo y les pidió que le explicaran como era que sus hijos estaban en la montaña. No podía entender que los hijos de un grupo de la pequeña burguesía nicaragüense fueran combatientes sandinistas que luchaban contra Somoza. Eso lo conmovió porque era un hombre formado en la ideología de la revolución mexicana y esa afirmación les dio a esas personas un aval moral indiscutible.21 Por ello, cuando fue invitado a Managua para celebrar el Segundo Aniversario de la Revolución, pronunció un discurso en el cual afirmó que había habido tres grandes revoluciones en América Latina en el siglo XX: la mexicana, que privilegió la libertad sobre la justicia, la cubana, que privilegió la justicia sobre la libertad, y la nicaragüense, a la cual le tocaba encontrar el equilibrio entre ambas cosas.22

De acuerdo con el testimonio de Iruegas, esa reunión fue el antecedente de la decisión de otorgar el asilo a siete miembros del Grupo de los Doce, encabezados por el escritor Sergio Ramírez, en la Embajada de México en Managua un año más tarde.23 El Grupo de los Doce se había retirado del Frente Amplio Opositor24 cuando éste, junto con la Organización de Estados Americanos, pretendieron negociar una salida pacífica al conflicto a través de lo que se denominó “un somocismo sin Somoza”, para lo cual contaban con el apoyo del gobierno de Washington, en ese momento encabezado por Jimmy Carter.25 De aquí que, a finales de octubre de 1978, Iruegas recibiera un mensaje de la Cancillería que decía que siete políticos nicaragüenses se presentarían a solicitar asilo a la Embajada y que debía concederlo.26 Como habían abandonado la negociación, Iruegas no esperó a que ellos llegaran a la sede diplomática, sino que los fue a buscar a las casas en donde se encontraban ocultos. Iruegas relataba que, esa misma noche, informaron a la Cancillería que los “siete doceavos” habían abandonado la negociación con la OEA y que ya estaban asilados en la Embajada”.27

Una política activa

Los tres primeros años del gobierno de José López Portillo se caracterizaron por un importante esfuerzo de acercamiento a Estados Unidos y por el repliegue de la participación de México en los foros internacionales debido a que, para algunos, el fenómeno del “tercermundismo” impulsado por el presidente Luis Echeverría había hecho mucho ruido en el exterior y deteriorado las relaciones con el vecino del norte. La política exterior mexicana fue más cautelosa y conciliadora, y tuvo como base el reconocimiento de que en un contexto de recesión económica y deterioro de las instituciones políticas, la dependencia de México hacia Estados Unidos era inevitable.28 Sin embargo, a partir de 1979, el petróleo se convirtió en la base material para que México desarrollara una política exterior activa, no solo en el discurso, sino que buscara ejercer su influencia en los asuntos internacionales, particularmente en la crisis centroamericana.29

Así, la política exterior de México hacia la región centroamericana adquirió un perfil activo sin precedente. México optó por el activismo en su relación con los países de Centroamérica y decidió otorgar su apoyo a los procesos de cambio social en el istmo, con lo que manifestó una clara vocación “centroamericanista”.30 Hasta entonces, México había sido activista ex post facto, es decir, su política exterior era más bien defensiva o reactiva. Sin embargo, a partir de 1979, el gobierno mexicano empezó a formular iniciativas, metas y estrategias. La nueva política exterior mexicana buscaba varios objetivos: crear una esfera de influencia en la región centroamericana, factible por la cercanía geográfica, histórica y cultural; establecer alianzas entre el gobierno de México y los grupos ubicados a la izquierda del espectro político centroamericano, en este caso los sandinistas; convertir a México en un interlocutor válido para Estados Unidos en asuntos de terceros; cumplir con la función de legitimar el sistema político mexicano por medio de una política nacionalista que diera cabida a ciertos sectores progresistas de la sociedad mexicana.

La crisis política centroamericana hizo evidente la importancia geopolítica de la región para México y la necesidad de jugar un papel activo en la solución de los conflictos. Además, dado que la relación histórica con Estados Unidos había sido tradicionalmente directa y estrictamente bilateral, se vio la necesidad de inyectar otros elementos a la relación para ampliar el marco de negociación y modificar la correlación de fuerzas.31 Por último, el cambio en la política exterior de Washington con el advenimiento al poder de Ronald Reagan en 1981, particularmente el apoyo que éste otorgó a la “contra” en Nicaragua, intensificó la situación de crisis en la región, por lo que para el gobierno mexicano resultó indispensable evitar la regionalización del conflicto, ya que éste podría poner en peligro su propia seguridad.

El objetivo estratégico del gobierno de López Portillo era garantizar la estabilidad política de la región y eliminar un foco de tensión en su frontera sur. Lo que estaba en juego eran los intereses mexicanos y Centroamérica se encontraba demasiado cerca como para permanecer indiferentes a lo que sucedía en el istmo. Por ello, la política exterior no podía limitarse a la defensa de los principios sino que debía asumir un carácter activo32 El nivel de prioridad política de Centroamérica se modificó y la región se convirtió en un tema fundamental en la agenda internacional de México por lo que, a partir de entonces, empezaron a tratarse asuntos como el tipo de gobierno en Nicaragua, la situación político-militar en El Salvador, las relaciones de Estados Unidos con el gobierno sandinista y la posibilidad de un tratado de paz para los países centroamericanos.33

La intención de favorecer el cambio político en Centroamérica condujo al gobierno mexicano a brindar respaldo diplomático y ayuda material34 al gobierno sandinista de Nicaragua, así como a entablar relaciones con los grupos revolucionarios de El Salvador y Guatemala, a los cuales apoyó de distintas maneras. Además, en vista de la agresividad de la política norteamericana, era necesario volver a defender los principios de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos en los foros internacionales.35 Para el impulso de esta diplomacia, el presidente López Portillo convocó a un grupo de funcionarios que comprendían la trascendencia de esta coyuntura y estaban convencidos de la necesidad de respaldar la transformación de las sociedades centroamericanas.36

Tal fue el caso de Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, diplomático de carrera reconocido por sus opiniones nacionalistas, quien en mayo de 1979 remplazó a Santiago Roel como titular de la Cancillería, así como de Porfirio Muñoz Ledo, quien fue nombrado representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Otro diplomático más joven, que simpatizaban abiertamente con la causa revolucionaria, fue Gustavo Iruegas, quien también desempeñó un papel destacado en la operación de la nueva política mexicana hacia Centroamérica.37

A principios de 1981, en una reunión con los embajadores mexicanos en Centroamérica y el Caribe, convocada por el canciller Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, éste explicó el sentido del viraje en la política exterior de México: se buscaba participar activamente en las cuestiones continentales y asumir la responsabilidad del gobierno mexicano frente a los países en desarrollo de la región.38 México se había propuesto adoptar una postura clara ante la coyuntura centroamericana, en el marco de la cual se definirían posiciones específicas con respecto a cada uno de los países del área. No se buscaba ejercer un liderazgo político, sino aplicar el principio de no intervención, hacer un manejo prudente de la cooperación económica y de la difusión cultural y, al mismo tiempo, manifestarse en los foros internacionales con la finalidad de influir para que esos países contaran con gobiernos con los que México pudiera desarrollar un diálogo constructivo.39 En función de este propósito, México estaba dispuesto a aceptar, e incluso a respaldar, cambios políticos y sociales en Centroamérica, en el entendido de que los procesos revolucionarios que se estaban desarrollando no tenían su origen en una conspiración del comunismo internacional, como afirmaba el gobierno estadounidense, sino en los graves rezagos sociales y la intransigencia política de los regímenes autoritarios de la región.40

Como se dijo antes, fueron dos las líneas de acción que se desprendieron de esta diplomacia activa: la ruptura de relaciones con el gobierno de Anastasio Somoza y la solidaridad con el gobierno sandinista. El 20 de mayo de 1979, México rompió relaciones con el gobierno de Anastasio Somoza Debayle, debido al ataque a los derechos humanos en Nicaragua.41 En este caso, se respetó el espíritu de la Doctrina Estrada, formulada en 1930, la cual postula que México no reconoce ni desconoce gobiernos, sino que mantiene o no relaciones con los países y los gobiernos que éstos tengan. México no estaba desconociendo al gobierno de Somoza, sino que ejerció su derecho soberano de mantener o retirar a sus agentes diplomáticos, sin desconocer por ello al otro gobierno.42

Además de esta acción unilateral, López Portillo realizó una campaña de proselitismo para que el resto de los países latinoamericanos se sumaran al bloqueo diplomático en contra de Somoza y para que la OEA tomara cartas en el asunto.43 El canciller Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa insistió en que la medida tenía el objetivo de aislar políticamente a Nicaragua y lograr que Estados Unidos dejara de apoyar a Somoza, y expresó su sorpresa porque la OEA no hubiera tomado medidas para salvaguardar los derechos humanos del pueblo nicaragüense.44 De inmediato, Somoza lamentó esta decisión, declaró que la Embajada de México en Managua se había convertido en “refugio de terroristas, asesinos y ponebombas” y afirmó que la ruptura se había decidido por influencia de Fidel Castro. Además de rechazar la acusación de genocidio, reiteró que en Nicaragua existía “una paz relativa”, por lo que él abandonaría el gobierno hasta el fin de su mandato presidencial, el primero de mayo de 1981.45

Castañeda se encargó de notificar a la Embajada de Nicaragua en México la decisión de romper relaciones diplomáticas debido a la violación masiva de los derechos humanos y a la represión indiscriminada de la Guardia Nacional en contra de la población civil de Nicaragua. Además, solicitó al gobierno de ese país que permitiera la salida del encargado de negocios, Gustavo Iruegas, del personal de la misión diplomática, así como de las personas asiladas en la Embajada de México en Managua, conforme a lo dispuesto en la Convención de Caracas; y ofreció al embajador nicaragüense, Ernesto Navarro Richardson, las facilidades para que abandonara el territorio mexicano con las garantías de seguridad correspondientes.46 Gustavo Iruegas regresó a México en el avión Quezalcóatl II, junto con el personal de la Embajada y 37 asilados a quienes se les había otorgado salvoconducto (13 hombres, 12 mujeres y 12 menores).47 En su opinión, técnicamente la Embajada hubiera podido continuar trabajando pero, políticamente, el rompimiento había sido necesario.48

Los apoyos a la decisión de México fueron muchos. Los líderes de la oposición nicaragüense aplaudieron la medida y la vieron como una forma de demostrar que el mundo abría los ojos ante el genocidio perpetrado por Somoza.49 Además del presidente tico, diputados de todas las agrupaciones políticas de Costa Rica manifestaron su apoyo a la ruptura de relaciones con el gobierno de Nicaragua por parte de México, por considerar que era una manifestación clara en contra de un régimen que había oprimido al pueblo nicaragüense a lo largo de su historia. Por su parte, el gobierno de Colombia declaró que la medida constituía un paso contundente hacia el derrocamiento del régimen de Anastasio Somoza y se mostró convencido de que otros países democráticos latinoamericanos podrían seguir el ejemplo de México.50

Sin embargo, a pesar del apoyo a esta medida, ello no implicó que otros países optaran por la ruptura de relaciones con Somoza. Tal fue el caso de Colombia y Panamá, quienes decidieron mantener relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicaragua argumentando que no deseaban tomar una decisión precipitada y que era mejor hacer una campaña entre los gobiernos latinoamericanos para aislar a Somoza.51 Desde luego, hubo también quienes criticaron severamente la acción tomada por el gobierno mexicano, como el presidente de Guatemala, Romeo Lucas García, quien lamentó la ruptura de relaciones de México con Nicaragua por considerar que lesionaría la unidad de los países centroamericanos.52

Un mes después de la ruptura de relaciones, México encabezó al grupo de países que bloqueó una iniciativa de Estados Unidos en la OEA, encaminada a constituir una fuerza interamericana de paz para restablecer el orden y asegurar las elecciones en Nicaragua.53 Asimismo, a partir del triunfo de la revolución sandinista el 19 de julio de 1979, México otorgó su reconocimiento al Gobierno de Reconstrucción Nacional54 y decidió colaborar con él con el objetivo de conservar el carácter pluralista de la revolución.55 Por ello, propuso un pacto de no agresión de Estados Unidos hacia Nicaragua, fungió como gestor permanente ante Washington para evitar la intervención armada y, junto con Venezuela, se convirtió en abastecedor de petróleo a los nicaragüenses.56

El 3 de agosto de 1980, los presidentes de México y Venezuela, José López Portillo y Luis Herrera Campins, firmaron el Acuerdo de San José en presencia del mandatario costarricense, Rodrigo Carazo Odio, por medio del cual se comprometían a abastecer de petróleo a nueve países centroamericanos y caribeños (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Jamaica y Barbados57 a crédito y con tasas preferenciales.58 El Acuerdo fue calificado como una muestra de la solidaridad hacia la región y de la unidad de los pueblos latinoamericanos59 y fue visto como un paso hacia el “Plan Mundial de Energéticos” propuesto por el presidente López Portillo, como una forma de resolver el problema energético a nivel regional y como una manera de salvar de la catástrofe financiera a países pobres no productores de petróleo.60 Por otra parte, entre 1979 y 1982 México suscribió más de doscientos acuerdos para impulsar programas de asistencia técnica y económica con Centroamérica y el Caribe. En el caso de Nicaragua, además de suministrarle ayuda económica y técnica, se llevaron a cabo diversos proyectos de inversión conjunta y se le otorgaron donativos y préstamos por más de 100 millones de dólares.61

Durante la Reunión de embajadores de México en Centroamérica y el Caribe con el secretario de Relaciones Exteriores y algunos funcionarios de la Cancillería que tuvo lugar en febrero de 1981, Castañeda recalcó la prioridad que las relaciones con Centroamérica ocupaban en el quehacer internacional de México en ese momento, derivada de la vecindad geográfica, la identidad de objetivos y aspiraciones populares, los antecedentes históricos semejantes y los intereses complementarios, todo lo cual hacía más fácil la cooperación en los ámbitos político, económico, social y cultural. Al mismo tiempo, el canciller destacó la situación tan compleja por la que pasaban los países del istmo, lo que hacía indispensable que el gobierno de México estuviera enterado en forma oportuna de los acontecimientos en estos países por medio de los informes de sus representantes en la región, con el fin de diseñar una política exterior sólida.62

En el caso de Nicaragua, ya no se trataba de un país en guerra, sino de un nuevo gobierno que se había dado a la tarea de realizar un proceso de recuperación económica, apoyado en gran medida en el financiamiento externo. La lucha por derrocar a Somoza había dejado un saldo de destrucción, tanto en términos de vidas humanas, como de una parte importante de la planta industrial y las cosechas; y la creciente presión por parte de Estados Unidos hacia que el gobierno sandinista debiera recurrir a sus aliados externos, principalmente Cuba y México. Por ello, el gobierno mexicano se había convertido en uno de los principales apoyos económicos para Nicaragua en cuestiones técnicas, crediticias, comerciales y de abasto petrolero.63

Negociaciones por la paz

A lo largo del siglo XX, México tuvo una historia de participación en procesos de negociación en pro de la paz en el istmo centroamericano y de defensa de los principios de política exterior en los foros internacionales frente a Estados Unidos. Tal fue el caso de su participación en las conferencias de paz de 1906 y 1907; el apoyo al presidente de Nicaragua José Santos Zelaya en 1909, a quien Porfirio Díaz ofreció asilo y transportó a México en un barco de guerra mexicano; la condena al golpe de Estado al presidente Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954 y al desembarco de “marines” en la República Dominicana en 1965; así como su apoyo al derecho a la autodeterminación del pueblo beliceño. Sin embargo, a raíz de la crisis centroamericana de los años setenta, el interés de México en participar en los procesos de paz en la región creció de manera exponencial.

Con el ascenso de Ronald Reagan al poder en enero de 1981,64 se incrementaron las amenazas de intervención en Centroamérica y las posibilidades de regionalización del conflicto. Reagan impulsó una serie de acciones abiertamente intervencionistas, justificadas con el argumento de la defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos, haciendo ver los conflictos en la región como producto de la confrontación Este-Oeste.65 La estrategia de Guerra de Baja Intensidad (GBI) hacia Centroamérica, desarrollada por la administración Reagan, buscó dar marcha atrás (roll back) al proceso revolucionario nicaragüense y, con el objetivo de que lo sucedido en Nicaragua no se repitiera, impulsó de manera paralela una estrategia de contrainsurgencia en El Salvador y en Guatemala, encaminada a combatir y derrotar a los movimientos revolucionarios en la región. Los recursos económicos utilizados fueron considerables y estuvieron destinados al apoyo económico para reforzar los ejércitos locales, al entrenamiento de los soldados guatemaltecos y salvadoreños, al financiamiento de la contra nicaragüense y a la construcción de bases militares, aeropuertos y depósitos de armamento en Honduras, medidas que produjeron un creciente proceso de militarización en la región que ponía en riesgo la estabilidad política del área.66

En palabras del canciller Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, la nueva administración estadounidense buscaba impedir el avance de los movimientos calificados como subversivos, que representaban una opción de cambio en El Salvador y Guatemala y, al mismo tiempo, propiciar un cambio en Nicaragua para volver a formas de gobierno más tradicionales, que pudieran garantizar la defensa de los intereses estadounidenses tanto económicos como políticos.67 De aquí que, durante 1981, México impulsara una serie de esfuerzos diplomáticos para fomentar la distensión entre las partes en conflicto.

El primero de ellos fue la entrevista entre Daniel Ortega, coordinador de la Junta de Gobierno de Nicaragua, y el presidente de Honduras, Policarpo Paz García, la cual tuvo lugar en mayo a petición expresa de Nicaragua, con el objetivo de fomentar un acercamiento entre ambos gobiernos, cuyas relaciones se habían deteriorado en virtud del apoyo otorgado por el gobierno hondureño a la Contra nicaragüense. De esta reunión surgió un comunicado conjunto que expresaba la voluntad de ambos mandatarios por buscar la solución a los conflictos a través del diálogo y la negociación, y acordaba la celebración de dos futuras reuniones de ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, la primera en Tegucigalpa y la otra en Managua. Con todo, aunque estas reuniones no derivaron en resultados concretos, contribuyeron a generar un ambiente de distensión. El segundo fue la entrevista entre el secretario de Estado, Alexander Haig, y el vicepresidente cubano, Rafael Rodríguez, realizada en México en noviembre de 1981. Sin embargo, este esfuerzo tampoco derivó en resultados concretos y más bien fue utilizado para tratar de convencer al gobierno cubano de que no se inmiscuyera en los asuntos centroamericanos.68

Por último, en febrero de 1982, durante su visita a Managua en apoyo a la Junta de Reconstrucción Nacional, el presidente López Portillo propuso un Plan Regional de Distensión. Esta iniciativa multilateral tenía como finalidad disminuir las tensiones y sentar las bases de negociación para la paz, la estabilidad, la democracia y el desarrollo en Centroamérica.69 El plan proponía una solución negociada para El Salvador, un pacto de no agresión de Estados Unidos hacia Nicaragua y hacia el resto de los países centroamericanos, y el diálogo entre Cuba y Estados Unidos, para todo lo cual México se ofrecía como mediador.70 Nicaragua vio el plan con buenos ojos, pero El Salvador lo consideró una intromisión, mientras que Estados Unidos resolvió esperar los resultados de las elecciones salvadoreñas.71 En ellas, la derecha derrotó a la Democracia Cristiana de Duarte, lo que provocó el acercamiento entre México y Venezuela y dificultó que Estados Unidos siguiera otorgando ayuda militar al gobierno salvadoreño. Así, aunque la iniciativa no prosperó, sentó un precedente importante pues hizo evidente la necesidad de un esfuerzo concertado para la paz en Centroamérica72 y constituyó uno de los antecedentes de la creación del Grupo Contadora un año después.73

A mediados de 1982, tuvo lugar una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Nicaragua, realizada gracias a la iniciativa del gobierno mexicano. El punto nodal fue la exigencia por parte de Washington de que se democratizara el régimen sandinista, como un mecanismo de presión en contra de Nicaragua encaminado a aislarla del resto de Centroamérica. De esta reunión no se desprendieron resultados concretos y se fortaleció la idea de que Estados Unidos no tenía ninguna intención de negociar. Derivada del acercamiento entre México y Venezuela, en septiembre del mismo año tuvo lugar en Cancún una reunión de cancilleres de ambos países, en la cual los presidentes de México y Venezuela acordaron enviar sendas cartas a sus homólogos de Estados Unidos y Honduras, así como al coordinador de la Junta de Reconstrucción Nacional, conminándolos a frenar la escalada bélica en Centroamérica y a fomentar el diálogo y la negociación para la solución de los conflictos. El presidente Reagan ignoró este llamado y optó por convocar a un Foro para la Paz y la Democracia, en San José de Costa Rica, cuya finalidad consistía en aislar al gobierno sandinista. En esta reunión participaron Costa Rica, El Salvador y Honduras, quedando excluidas Nicaragua y Guatemala por no cumplir con los principios de un gobierno democrático. Por ello, ni México ni Venezuela aceptaron participar en el Foro y prefirieron concertar una entrevista entre Daniel Ortega y el nuevo presidente de Honduras, Roberto Suazo Córdova, con el fin de promover el diálogo acerca del problema de la contra. Sin embargo, Suazo Córdova no aceptó la invitación y la mediación de México y Venezuela quedó sin efecto alguno.74

Más allá de los principios

A partir de 1979, la relación entre la política exterior y los principios se modificó. En primer lugar, el gobierno mexicano empezó a definir una serie de intereses, ubicándolos por encima de los principios y, en segundo lugar, comenzó a entenderse la necesidad de relativizar dichos principios, ya que en ciertas ocasiones debía imponerse el pragmatismo. En suma, se pensaba que había llegado el momento de apoyarse en los principios, pero sin limitarse a ellos. Había otro elemento de mayor jerarquía que justificaba la nueva política de México hacia Centroamérica: la batalla contra la violación de los derechos humanos. Así, se mantuvo la idea de la no intervención directa, pero se comenzó a justificar una política diplomática activa y una participación más decidida en los conflictos.

A todo ello coadyuvó a la idea de que los principios son algo más que verdades eternas e inmutables y encierran cierto grado de ambigüedad que les permite ser más flexibles. De aquí que no puedan abstraerse de una relación constante y compleja con la política real y concreta, pues son un ingrediente necesario pero, a veces, insuficiente en la elaboración y ejecución de la política exterior.75 De este modo, se produjo una ruptura en el sentido de que los principios se colocaron en un lugar diferente y México empezó a llevar a cabo acciones diplomáticas con repercusiones reales. La política exterior buscó, a partir de entonces, influir en las acciones y decisiones de otros países. ¿Podemos entonces hablar de intervencionismo? Pondremos algunos ejemplos.

En el libro de Emma Yanes se afirma que los integrantes del movimiento mexicano de solidaridad con Nicaragua siempre pudieron trabajar con absoluta libertad, aprovechando las facilidades otorgadas por el gobierno, tales como “lugares para hacer prácticas de tiro en Cuernavaca, casas de seguridad, dinero y pasaportes”. Se hace referencia también a los apoyos del propio presidente José López Portillo, del secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles y de Carlos Sansores Pérez, entonces dirigente nacional del PRI, quien les proporcionó “dos millones de dólares en efectivo, un avión Cessna de turbohélices y un automóvil blindado Ford LTD”.76

Por otra parte, en septiembre de 1978, meses antes del triunfo de los sandinistas, cuando Gustavo Iruegas estaba por partir para hacerse cargo de la Embajada de México en Managua, después de que el gobierno de México retirara a su embajador en ese país, el canciller Santiago Roel le dijo: “Vaya usted a Nicaragua a hacer todo lo que pueda por esa gente y su revolución, cuidando las formas, esas son sus instrucciones”.77 Iruegas siguió al pie de la letra la encomienda del canciller, pero reconoció que eran unas instrucciones muy poco comunes.78

Un aspecto más que pone en evidencia la manera en que los operadores de la política exterior mexicana relativizaron el principio de no intervención y participaron de forma directa en los asuntos políticos de Nicaragua fue la forma de negociar la ruptura de relaciones. Como se argumentó arriba, la ruptura en sí misma no contrariaba los principios tradicionales de la diplomacia mexicana y tenía sustento en la Doctrina Estrada. Sin embargo, el matiz que se señala ahora tiene que ver con la manera en que el encargado de negocios colaboró para llevar a cabo esta ruptura.

Cuando enviaron a Gustavo Iruegas a Nicaragua, en la Cancillería le preguntaron si debían romper relaciones con el gobierno de Anastasio Somoza y él respondió que no “porque venía una guerra más larga, porque iba a haber necesidad de dar asilo y necesidad también de saber qué pasaba en el país”.79 Por eso en un principio él recomendaba no romper, sino estar presentes en la situación de guerra. Unos meses después, ya en 1979, volvieron a preguntarle y su respuesta fue distinta: “Ahora pienso que sí, porque ya existe el Ejército Sandinista, pronto van a hacer la ofensiva final, y la ruptura de México iniciaría el aislamiento internacional de Somoza”.80 En ese momento, la lucha sandinista era vista como una causa revolucionaria, tanto en México como en América Latina. Sin embargo, al principio, en la Cancillería hubo cierta reticencia a la ruptura de relaciones por distintos motivos, entre ellos, la posibilidad de tener un conflicto con Estados Unidos o la idea de que con la ruptura se estuviera mucho tiempo alejado, sin saber lo que pasaba, prácticamente desconectados.81 En su testimonio, Iruegas narra como “el viejo Rosenzweig, que era el más sabio de todos, dijo: si se ha de hacer, hay que buscar un pretexto”.82 Pero Iruegas argumentó que no debería buscarse ningún pretexto, sino que debían romper relaciones con Nicaragua, no porque le hubiera hecho algo a México, sino por lo que su gobierno le estaba haciendo a su pueblo.83

El acuerdo fue entonces que Iruegas les mandaría decir cuándo lo consideraba más conveniente y regresó a Managua. Primero habló con los sandinistas para ponerlos al tanto de la decisión y luego se trasladó a Costa Rica para hablar con Daniel Ortega, “clandestino yo y clandestino él”.84 Los sandinistas querían que la ruptura coincidiera con la “ofensiva final”, pero Iruegas pensaba que eso no era conveniente, sino que era mejor anunciarla un tiempo antes, para que realmente tuviera repercusiones. De lo contrario, la noticia de la ofensiva ahogaría a la de la ruptura y ésta no tendría efecto alguno. Ortega estuvo de acuerdo y programaron juntos una posible fecha.85 Sin embargo, debieron esperar a que tuviera lugar la visita de Fidel Castro a Cozumel, en mayo de 1979, para que no se le vinculara con la decisión de romper relaciones con Somoza. Iruegas aclara que aunque algunos medios vincularon la visita de Castro con el anuncio de la ruptura de relaciones, como si ésta hubiera sido idea de Fidel, en realidad ambos acontecimientos no tuvieron nada que ver. López Portillo ya había tomado la decisión antes.86

Casi al mismo tiempo, el presidente mexicano había cesado al secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, al secretario de Relaciones Exteriores, Santiago Roel, y al de Presupuesto, Ricardo García Sainz. La primicia “era que el nuevo secretario de Relaciones era don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa”.87 Sin embargo, ante la presión de los acontecimientos, Iruegas decidió adelantarse y viajar a México porque la ruptura era ya muy urgente. Al llegar escuchó por la radio al presidente López Portillo que decía que le estaba ordenando al canciller que rompiera relaciones con Nicaragua. El presidente le ordenaba públicamente al canciller que rompiera relaciones con Nicaragua, pero en los hechos quien estaba rompiendo era él. Era el 20 de mayo de 1979.88

Iruegas tuvo que regresarse entonces a Managua semiclandestino, con un pasaporte ordinario. México había roto relaciones y era necesario volver para hacerse cargo de los asilados y cerrar la Embajada. Afortunadamente, como el funcionario de Migración era sandinista, Iruegas pudo llegar a la Embajada sin mayor dificultad y resolvió encargar los intereses de México al embajador de Perú en Managua. El canciller peruano era muy amigo de Castañeda, era un diplomático reconocido, también progresista; pero el embajador estaba horrorizado y no hacía las gestiones necesarias. Decía que no quería presionar para que le dieran a Iruegas los salvoconductos para los asilados, pero esa era la única manera en que podrían regresar a México. Finalmente, Iruegas se impuso argumentando que al día siguiente se iría a México y que, si no tenía los salvoconductos, los asilados permanecerían en la Embajada de Perú. De esta manera, el trámite se agilizó.89

Ahora bien, para poder evaluar el carácter del apoyo de Gustavo Iruegas, encargado de negocios de la Embajada de México en Nicaragua, y sus implicaciones en términos de intervención o no, debemos analizar algunos ejemplos concretos.

En Nicaragua Iruegas hizo contactos irregulares con los jefes de la guerrilla, con los revolucionarios, pero eso nunca lo mencionó en ningún informe.90 Los jefes lo sabían, pero él no lo escribía. En los informes proporcionaba datos de otra clase de asuntos y circunstancias y adjuntaba la documentación disponible. En ellos daba sustento a la línea general de los acontecimientos, pero nada más. ¿Por qué se reunía con la guerrilla? Porque lo primero era saber. El contacto con los guerrilleros era muy importante, era indispensable para conocer todo lo que pasaba en Nicaragua e informarlo a la Cancillería. El gobierno de México ganaba con estar informado y para los guerrilleros era importante hablar con los funcionarios que estaban en el poder.91 Además, se había establecido un sistema de mandar a México a los heridos de guerra, y de ahí se iban a Cuba; ese era el arreglo con la guerrilla. Hubo un momento en que Iruegas le dijo al canciller Santiago Roel que se había entrevistado con los jefes de la resistencia urbana en Nicaragua. Roel no le prohibió nada, pero le decía que tuviera cuidado.92

Iruegas recuerda que el asedio a la Embajada era muy fuerte, porque ellos estaban muy comprometidos con la lucha guerrillera. En una ocasión llevaron munición para un mortero, la entregaron y al poco rato los sandinistas atacaron con el mortero la casa del ministro de Gobernación, que estaba a diez casas de la Embajada. La mochilita en que habían llevado la munición la dejaron ahí mismo y todo eso salió en la televisión. Eran situaciones muy comprometedoras, pero estaban convencidos de que su participación era muy importante.93 En su testimonio, rememora que 1979 era un año de gran intensidad en la vida política de Nicaragua y que no solo él, sino también su esposa, hacían todo tipo de cosas: movían armas, dinero, gente. Iruegas relata cómo Susie llevó a la comandante Dos a Granada, en un auto con placa diplomática, con una bolsa llena de armas y, para ocultarlas, pusieron un montón de ropa interior arriba. En el camino las detuvieron y empezaron a catearlas, pero al ver que tenían placas diplomáticas, las dejaron ir. Eran decisiones y riesgos personales, que muchas veces hacían que estuvieran sumamente nerviosos.94

Susie se encargaba de hacer desayunos, comidas y cenas para los asilados que estaban en la Embajada. Iba al mercado temprano a comprar los ingredientes y, junto con la cocinera, preparaba las tres comidas para los muchachos.95 Como parte de su trabajo cotidiano, debía darle de comer en la boca a un muchacho que había llegado sin brazos, debido a que mientras hacía una bomba, le había explotado y había perdido ambas extremidades. También se dedicaba a curar a una joven que había sido violada de manera brutal y tenía una fuerte infección, por lo que había que limpiarla y ponerle yodo para que el mal no avanzara. También tuvo que atender a unos muchachos que llegaron a la Embajada con lepra de montaña, que es una especie de hongo y, para evitar que se propagara, los tuvo que inyectar a todos.96

Pero hubo momentos en que, como se señaló antes, su participación con la guerrilla fue más directa. En una ocasión, la muchacha violada se puso muy mal, tenía mucha fiebre y, a pesar del toque de queda, fueron a buscar a un médico. Tenían miedo, pero fueron por el médico porque era urgente que la revisara. Lo que hacían era poner la bandera de México en el automóvil, para que pareciera que era un asunto oficial.97 Una noche, cuando Iruegas estaba en México, Sergio Ramírez y Tito Castillo, que estaban asilados en la Embajada, le dijeron a Susie que tendrían que salir para asistir a una reunión clandestina. Ella no lo pensó dos veces y se ofreció a llevarlos escondidos en el auto, los esperó mientras estaban en su reunión y los regresó a la Embajada.98 En otro momento, Iruegas le avisó que tenía que viajar a México para explicar por qué estaba otorgando tantos asilos, pero, justo esa noche, él tenía la misión de ir a entregar a una gasolinera una maleta. La maleta ya estaba en la cajuela del coche y le pidió a Susie que la fuera a entregar. No tenía más que abrir la cajuela, y los sandinistas se encargarían de sacarla. Y así fue. Susie llegó a la gasolinera y abrió la cajuela. Se acercaron dos muchachos, tomaron la maleta, cerraron la cajuela, le dieron dos golpes al auto, después arrancó y se regresó a la Embajada.

Tanto Gustavo Iruegas como su esposa estaban convencidos de que lo que estaban haciendo era correcto, porque era para ayudar a una causa justa. Lo hacían por convicción, pero en el caso de Susie, mientras menos supiera, mientras menos se enterara, era mejor. Por eso, cuando en otra ocasión, Ernesto Tito Castillo le dio un paquete y le pidió que lo llevara a un departamento, no preguntó más. Simplemente fue y lo entregó. Al triunfo de la revolución, Gustavo y Susie regresaron juntos a Managua y asistieron a una recepción. Ahí, un señor se acercó y le dijo a Susie: “Usted es la señora del millón de dólares”. En ese momento ella supo que lo que había hecho era entregar un paquete con un millón de dólares, que les habían dado para la causa.99 Unos días después de haber llegado a México, después de la ruptura de relaciones con el gobierno de Nicaragua, los sandinistas organizaron un concierto en la Sala Nezahualcóyotl y ahí Sergio Ramírez tomó la palabra: “Aquí están los de la embajada con nosotros”.100 Era un reconocimiento abierto al apoyo de México a la revolución sandinista, en particular, a Gustavo Iruegas, a su esposa Susie y al personal de la embajada de México en Managua.

Conclusiones

Como se ha visto hasta ahora, no todas las acciones emprendidas por el gobierno de México pueden calificarse como intervencionistas, como resultado de una política exterior activa o como derivadas de los principios tradicionales de política exterior. Sí podemos afirmar que el eje de la política de México hacia Nicaragua entre 1978 y 1982 tuvo que ver con la decisión de llevar adelante una diplomacia activa, con una marcada vocación “centroamericanista”. También influyeron, desde luego, la identificación ideológica de los distintos actores que participaron en la toma de decisiones.

En primer lugar, podemos concluir que el gobierno de José López Portillo fue el último gobierno mexicano de corte nacionalista, en el que todavía se hacía una defensa de la ideología de la revolución mexicana y que, por lo mismo, el presidente de México tenía cierto grado de identificación con la lucha de los sandinistas, en tanto buscaban derrocar a la dictadura que venía ejerciendo por décadas la dinastía Somoza. Por su parte, las ideas progresistas del canciller Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa y sus vínculos con otros diplomáticos, tanto en América Latina como en Europa, lo hacían proclive a dar su apoyo a estos movimientos.

Pero, en definitiva, quienes fueron más allá y tuvieron una participación muy cercana a la lucha de los sandinistas en Nicaragua fueron el encargado de negocios de la Embajada de México en Managua, Gustavo Iruegas y su esposa Susie. Ambos fueron fieles a sus convicciones y consecuentes con su forma de pensar. De aquí la huella que Iruegas ha dejado en la diplomacia mexicana, por su solidaridad con los movimientos revolucionarios, por su compromiso con la defensa de las causas justas y por su sensibilidad ante el sufrimiento de quienes huían de la represión y la tortura.

En opinión de Iruegas, de todos los principios, en el centro del activismo mexicano hacia Centroamérica se encontraba el de la no intervención. Y precisamente, cuando llegó a ser cuestionado acerca de si México había dejado de lado el principio de no intervención en Nicaragua, Iruegas hacía una clara distinción entre la no intervención y la indiferencia.101 En su opinión, esa fue la lección que la Centroamérica de entonces le dejó a México. La importancia de asumir con responsabilidad los retos que la historia le imponía en su relación con el mundo y, en particular, con los países vecinos. Para él, las dos condiciones necesarias para la participación de México en Centroamérica eran el grado de responsabilidad y el grado de interés que tenía en el asunto. México participó porque le tocaba en lo inmediato, porque se trataba de su zona de responsabilidad internacional, y también porque era del interés de México que se agotara ese conflicto. Para Iruegas, dado que México no es una potencia de alcance mundial, sino una nación con importancia regional,102 en aquellos años tomó la decisión de demostrar que tenía cierta responsabilidad en la región y que era consecuente con esa responsabilidad.

Repositorios

Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores (AHGE).

Documentos

Castañeda y Álvarez de la Rosa, Jorge, “Debate general”, en Reunión de embajadores en Centroamérica y el Caribe con el Canciller Jorge Castañeda, febrero de 1981, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, exp. III-7092-3 (1ª).

______, “Inauguración de la reunión de embajadores”, en Reunión de embajadores en Centroamérica y el Caribe con el Canciller Jorge Castañeda, febrero de 1981, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, exp. III-7092-3 (1ª).

"Doctrina Estrada”, en Guillermo Garcés Contreras, México: cincuenta años de política internacional, México, Partido Revolucionario Institucional-Instituto de Capacitación Política, 1982, 460 pp. (Serie Política internacional).

FSLN, “Programa mínimo”, en Augusto César Sandino y Carlos Fonseca Amador, Nicaragua: La estrategia de la victoria, selección, prólogo y notas de Fernando Carmona, México, Nuestro Tiempo, 1980. (Colección La lucha por el poder).

_____, “Plataforma programática: aspectos principales de la estrategia”, en Humberto Ortega Saavedra, Sobre la insurrección, La Habana, Escuela de Ciencias Sociales, 1981, pp. 25-36.

López Portillo, José, “Discurso pronunciado por el presidente José López Portillo en la Plaza de la Revolución de la ciudad de Managua, Nicaragua, el 21 de febrero de 1982”, en Raúl Benítez y Ricardo Córdova (comps.), México en Centroamérica: Expediente de documentos fundamentales (1979-1986), México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-Universidad Nacional Autónoma de México, 1989. (Antologías UNAM).

_____, “Tercer Informe del C. presidente José López Portillo al Congreso de la Unión rendido el 1o. de septiembre de 1979”, en 20 años de política exterior a través de los informes presidenciales 1970-1990, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1990, p. 82.

_____, “Cuarto Informe del C. presidente José López Portillo al Congreso de la Unión rendido el 1o. de septiembre de 1980”, en 20 años de política exterior a través de los informes presidenciales 1970-1990, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1990, p. 85.

Zamora Bátiz, Julio, “Nicaragua”, en Reunión de embajadores en Centroamérica y el Caribe con el Canciller Jorge Castañeda, febrero de 1981, Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, exp. III-7092-3 (1ª).

Hemerografía

El Día, México, (1979-1980).

El Universal, México, (1979).

Excélsior, México, (1979-1980).

Bibliografía

Alegría, Claribel y D. J. Flakoll, Nicaragua: La revolucion sandinista. Una crónica política, 1855-1979, México, Era, 1982. (Serie Popular Era, 80).

Arias, Pilar, Nicaragua: revolución. Relatos de combatientes, 2ª ed., México, Siglo XXI, 1981.

Benítez, Raúl y Ricardo Córdova (comps.), México en Centroamérica: Expediente de documentos fundamentales (1979-1986), México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades-Universidad Nacional Autónoma de México, 1989. (Antologías UNAM).

Best, Edward, US Policy and Regional Security in Central America, New York, St. Martin’s Press, 1987.

Borge, Tomás, Los primeros pasos: la revolución sandinista, México, Siglo XXI, 1981.

Cabezas, Omar, La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, México, Siglo XXI, 1982.

Carrillo Flores, Antonio, “Reflexiones y testimonio acerca de la política exterior y la diplomacia mexicanas”, en Secretaría de Relaciones Exteriores, Política Exterior de México. 175 años de historia, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1989, t. IV, pp. 11-35.

Castañeda, Jorge G. y Robert Pastor, Límites en la amistad: México y Estados Unidos, México, Joaquín Mortiz/Planeta, 1989.

Castillo, Manuel Ángel, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, Centroamérica, México, Acervo Histórico Diplomático-Secretaría de Relaciones Exteriores, 2011, vol. 2. (Colección Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010).

Dávila, Consuelo, “La política exterior de México en el marco de Contadora”, Relaciones Internacionales, núm. 41, enero-abril, 1988, pp. 40-44.

Diskin, Martin, Trouble in our Backyard. Central America and the United States in the Eighties, New York, Pantheon Books, 1983.

Garcés Contreras, Guillermo, México: cincuenta años de política internacional, México, Partido Revolucionario Institucional-Instituto de Capacitación Política, 1982. (Serie Política internacional).

García Márquez, Gabriel et al., Los sandinistas, Colombia, Oveja Negra, 1979.

González, Guadalupe, “Incertidumbres de una potencia media regional: las nuevas dimensiones de la política exterior mexicana”, en Olga Pellicer (comp.), La política exterior de México: desafíos en los ochenta, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 1983, pp. 15-81.

Lafeber, Walter, “The Reagan Policy in Historical Perspective”, en Kenneth M. Coleman y George C. Herring, The Central American Crisis. Sources of Conflict and the Failure of US Policy, Wilmington, Scholarly Resources, 1985, pp. 1-16.

Lozano, Lucrecia, De Sandino al triunfo de la revolución, México, Siglo XXI, 1985.

Ojeda, Mario, El surgimiento de una política exterior activa, México, Secretaría de Educación Pública, 1986.

_____, Retrospección de Contadora. Los esfuerzos de México para la paz en Centroamérica (1983-1985), México, Centro de Estudios Internacionales-El Colegio de México, 2007.

Ortega Saavedra, Humberto, 50 años de lucha sandinista, México, Diógenes, 1979.

_____, Sobre la insurrección, La Habana, Escuela de Ciencias Sociales, 1981.

Quintanilla, Luis, “La política internacional de la revolución mexicana”, en Secretaría de Relaciones Exteriores, Política exterior de México. 175 años de historia, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1989, t. III, pp. 70-94.

Rosenzweig, Gabriel, “El plan de paz para Centroamérica del presidente López Portillo”, Cuadernos de Política Exterior Mexicana, núm. 1, 1984, pp. 105-109.

Sandino, Augusto César y Carlos Fonseca Amador, Nicaragua: La estrategia de la victoria, selección, prólogo y notas de Fernando Carmona, México, Nuestro Tiempo, 1980. (Serie La lucha por el poder).

Sepúlveda, César, “Vigencia actual de los principios de la política exterior del Estado mexicano”, Relaciones Internacionales, núm. 26-27, jul-dic 1979, pp. 5-18.

Tirado, Manlio, La revolución sandinista, México, Nuestro Tiempo, 1983. (Serie La lucha por el poder).

Torres Rivas, Edelberto, “Introducción a la década”, en Historia General de Centroamérica. Historia inmediata (1979-1991), Madrid, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1993, t. VI, pp. 11-34.

Toussaint, Mónica, Diplomacia en tiempos de guerra. Memorias del Embajador Gustavo Iruegas, México, Instituto José María Luis Mora/Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe-Universidad Nacional Autónoma de México/La Jornada, 2013.

Wheelock, Jaime, Frente Sandinista. Diciembre Victorioso, Managua, Secretaría Nacional de Propaganda y Educación Política del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 1980.

Yanes Rizo, Emma, Araceli. Nicaragua, 1976-79: la libertad de vivir, México, Ítaca, 2008. (Colección Memorias del porvenir).

Notas del capítulo 2

1 Doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Investigadora del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora.

2 Edelberto Torres Rivas, “Introducción a la década”, en Historia General de Centroamérica. Historia inmediata (1979-1991), Madrid, Flacso, 1993, t. VI, pp. 16-17.

3 En 1961 se constituyó el Frente de Liberación Nacional y, dos años más tarde, tomó el nombre de Frente Sandinista de Liberación Nacional a instancias de Carlos Fonseca Amador.

4 Manlio Tirado, La revolución sandinista, México, Nuestro Tiempo, 1983, pp. 43-44.

5 Jaime Wheelock, Frente Sandinista. Diciembre Victorioso, Managua, Secretaría Nacional de Propaganda y Educación Política del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 1980.

6 FSLN, “Plataforma programática: aspectos principales de la estrategia”, en Humberto Ortega Saavedra, Sobre la insurrección, La Habana, Escuela de Ciencias Sociales, 1981, pp. 25-36. FSLN, “Programa mínimo”, en Augusto César Sandino y Carlos Fonseca Amador, Nicaragua: La estrategia de la victoria, México, Nuestro Tiempo, 1980, pp. 225-233.

7 El Grupo de los Doce estaba compuesto por Sergio Ramírez, escritor; Fernando Cardenal, sacerdote; Arturo Cruz, economista; Joaquín Cuadra, abogado; Felipe Mántica, industrial; Carlos Gutiérrez, dentista; Ernesto Castillo, abogado; Miguel D’Escoto, sacerdote; Carlos Tunnerman, ex rector de la Universidad Nacional; Casimiro Sotelo, arquitecto; Emilio Baltodano, industrial; y Ricardo Coronel, agrónomo.

8 Gabriel García Márquez, et al., Los sandinistas, Bogotá, Oveja Negra, 1979, pp. 31-48.

9 El FSLN llevó a cabo acciones militares en Estelí, León y Chinandega.

10 Para todo el apartado, vid. Humberto Ortega Saavedra, 50 años de lucha sandinista, México, Diógenes, 1979. Omar Cabezas, La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, México, Siglo XXI, 1982. Claribel Alegría y D. J. Flakoll, Nicaragua: La revolucion sandinista. Una crónica política, 1855-1979, México, Era, 1982; Pilar Arias, Nicaragua, revolución: Relatos de combatientes del frente sandinista, México, Siglo XXI, 1980, 226 pp.

11 César Sepúlveda, “Vigencia actual de los principios de la política exterior del Estado mexicano”, Relaciones Internacionales, núm. 26-27, jul-dic 1979, pp. 5-18.

12 Mónica Toussaint, Diplomacia en tiempos de guerra. Memorias del Embajador Gustavo Iruegas, México, Instituto Mora / CIALC-UNAM / La Jornada, 2013, p. 185.

13 Ibid., p. 192.

14 Ibid., p. 195.

15 Ibid., pp. 195-196.

16 Ibid., p. 196. Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, Centroamérica, México, Acervo Histórico Diplomático-SRE, 2011, vol. 2, p. 139. (Colección Historia de las relaciones internacionales de México, 1821-2010).

17 Mónica Toussaint, op. cit., p. 196.

18 Ibid., p. 197.

19 Ibid., p. 200. Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, op. cit., p. 139.

20 Mónica Toussaint, op. cit., p. 198.

21 Idem.

22 Ibid., p. 199.

23 Como se dijo arriba, el Grupo de los Doce estaba compuesto por figuras reconocidas de los distintos ámbitos de la política, la economía, la sociedad civil, la educación, la cultura, la iniciativa privada y la iglesia en Nicaragua. Lucrecia Lozano, De Sandino al triunfo de la revolución, México, Siglo XXI, 1985, p. 93.

24 Tomás Borge, Los primeros pasos: la revolución sandinista, México, Siglo XXI, 1981. Augusto César Sandino, op. cit.

25 Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, op. cit., p. 139.

26 Mónica Toussaint, op. cit., p. 200.

27 Idem.

28 Guadalupe González, “Incertidumbres de una potencia media regional: las nuevas dimensiones de la política exterior mexicana”, en Olga Pellicer (comp.), La política exterior de México: desafíos en los ochenta, México, CIDE, 1983, pp. 65-66.

29 Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, op. cit., p. 136. Mario Ojeda, El surgimiento de una política exterior activa, México, SEP, 1986, p. 135.

30 Raúl Benítez y Ricardo Córdova, “México-Centroamérica: percepciones mutuas y trayectoria de las relaciones (1979-1986)”, en México en Centroamérica: Expediente de documentos fundamentales (1979-1986), México, CEIICH-UNAM, 1989, p. 12.

31 Antonio Carrillo Flores, “Reflexiones y testimonio acerca de la política exterior y la diplomacia mexicanas”, en Secretaría de Relaciones Exteriores, Política Exterior de México. 175 años de historia, México, SRE, 1989, t. IV, p. 13.

32 Jorge G. Castañeda y Robert Pastor, Límites en la amistad: México y Estados Unidos, México, Joaquín Mortiz / Planeta, 1989, pp. 224-225.

33 Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, op. cit., p. 136.

34 Emma Yanes Rizo, Araceli. Nicaragua, 1976-79: la libertad de vivir, México, Ítaca, 2008, pp. 77-78.

35 Jorge G. Castañeda y Robert Pastor, op. cit., p. 225.

36 Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, op. cit., pp. 137-138.

37 Ibid., p. 138.

38 Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, “Debate general”, en Reunión de embajadores en Centroamérica y el Caribe con el Canciller Jorge Castañeda, febrero de 1981, AHGE-III-7092-3 (1ª).

39 Idem.

40 Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, op. cit., p. 137. Consuelo Dávila, “La política exterior de México en el marco de Contadora”, Relaciones Internacionales, núm. 41, enero-abril, 1988, p. 40.

41 “Rompe México con el gobierno de Somoza”, El Universal, 21 de mayo de 1979, p. 1. “Rompe México con Somoza”, Excélsior, 21 de mayo de 1979, p. 1.

42 Luis Quintanilla, “La política internacional de la revolución mexicana”, en Secretaría de Relaciones Exteriores, Política exterior de México. 175 años de historia, México, SRE, 1989, t. III, p. 71. El texto completo de la Doctrina Estrada puede consultarse en Guillermo Garcés Contreras, México: cincuenta años de política internacional, México, PRI-ICAP, 1982, p. 12.

43 Incluso en algunos medios circulaban versiones de que el gobierno mexicano apoyaba con armas a los sandinistas.

44 “Aislar políticamente a Somoza, pide México”, Excélsior, 22 de mayo de 1979, p. 1.

45 “Señala a Castro como el culpable”, El Universal, 24 de mayo de 1979, p. 1. Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, op. cit., pp. 139-140.

46 “Las atrocidades de Somoza determinaron la ruptura”, El Día, 22 de mayo de 1979, p. 1. “México pide salvoconductos para asilados en Nicaragua”, El Día, 22 de mayo de 1979, p. 2. Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, op. cit., p. 140.

47 “Todo terminado en Nicaragua”, El Universal, 26 de mayo de 1979, p. 1.

48 Idem, p. 15. Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, op. cit., p. 141.

49 “Reacción favorable de la oposición nicaragüense”, El Día, 21 de mayo de 1979, p. 6. “Agradecimiento de la oposición nicaragüense”, Excélsior, 21 de mayo de 1979, p. 1.

50 Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, op. cit., p. 141.

51 “Colombia y Panamá deciden no romper con Nicaragua”, Excélsior, 23 de mayo de 1979, p. 2. “La ruptura no es suficiente, hay que llegar al aislamiento total”, Excélsior, 23 de mayo de 1979, p. 2.

52 “Estimula la lucha contra Somoza el rompimiento decretado por México”, El Día, 23 de mayo de 1979, p. 2. “La ruptura de México con Nicaragua, paso decisivo para derrocar a Somoza”, El Día, 22 de mayo de 1979, p. 2. “El presidente de Guatemala dice que ocasionó problemas a Centroamérica la ruptura de México con Nicaragua”, El Día, 23 de mayo de 1979, p. 2. Manuel Ángel Castillo, Mónica Toussaint y Mario Vázquez Olivera, op. cit., p. 141.

The free sample has ended.

Genres and tags

Age restriction:
0+
Volume:
531 p. 19 illustrations
ISBN:
9786078560813
Copyright Holder::
Bookwire
Download format:

Similar books