La seducción del poder

Capítulo 1

Antecedentes históricos

Existen varios puntos de vista con respecto a los antecedentes de participación política de los evangélicos. Unos ven ciertos indicios casi desde el comienzo de la República, tomando como antecedente histórico la experiencia del evangélico de origen escocés Diego Thomson, promotor del sistema lancasteriano, mediante el cual se intentó implementar una red de escuelas populares durante el gobierno del general José de San Martín en 1822 (Arroyo y Paredes 1992:15). Pero este punto de vista tiene como inconveniente el hecho de que la primera iglesia evangélica se fundó apenas en 1889. Por ello, antes de esa fecha, no se puede afirmar categóricamente que hubo presencia orgánica de los evangélicos en la arena política. Otros han señalado que la participación de los evangélicos en las jornadas de lucha para conseguir la Ley de Libertad de Cultos en 1915 debe considerarse como un antecedente histórico (Gutiérrez 2000:41–47). Y estudios recientes señalan que en las primeras décadas del siglo xx hubo evangélicos que participaron en los movimientos sociales reivindicativos (Inocencio 1998:175–178; Fonseca 2002:185–274). Sin embargo, teniendo en cuenta que la comunidad evangélica comenzó a consolidarse sólo a mediados de la década del cincuenta, parece más acertada la opinión de otros autores que ven en esa década, cuando ya existía una comunidad evangélica suficientemente establecida y había niveles de organicidad desarrollados, un período en el que se comenzó a notar un creciente interés de evangélicos vinculados a partidos de masas como La Alianza Popular Revolucionaria Americana (apra) por incursionar en la vida política1.

En ese sentido, la gestión pública de José Ferreira en las décadas del cincuenta y del sesenta, como integrante de la célula parlamentaria del apra, sí puede considerarse como un antecedente y como una experiencia pionera en este campo por parte de un ciudadano de confesión evangélica. José Ferreira García fue miembro del Congreso de la República en tres oportunidades. Primero como diputado (1958–1962) y, posteriormente, como senador (1963–1968 y 1985–1990). Lo mismo se puede decir, respecto a la presencia del pastor presbiteriano Pedro Arana Quiroz en la Asamblea Constituyente de 1978–1979, como uno de los representantes del apra.

A fines de 1979, cuando el gobierno militar de Morales Bermúdez (1975–1980) convocó a elecciones generales para 1980, un grupo de pastores y líderes formó el Frente Evangélico (fe) con el objetivo de participar en ese proceso electoral. Sin embargo, debido a las tensiones teológicas y políticas que se generaron en el liderazgo de las iglesias evangélicas, el Frente Evangélico no pudo presentar candidatos. En su Comité Nacional de Coordinación había pastores y líderes bastante conocidos en el mundo evangélico como Samuel Escobar y Carlos García (Convención Bautista), Víctor Arroyo y Nicanor Arévalo (Iglesia Evangélica Peruana), Abner Pinedo (Asambleas de Dios) y Bolívar Perales (Iglesia del Nazareno). Una década después, dos de ellos, Arroyo (elegido senador) y García (elegido segundo vicepresidente), tendrían una presencia política visible en el único período democrático que tuvo el gobierno de Fujimori (1990–1992).

Casi cinco años después, meses antes de las elecciones de 1985, una vez más evangélicos de distintas denominaciones formaron un nuevo movimiento político denominado Asociación Movimiento Cristiano de Acción Renovadora (amar), que luego se vinculó a un frente de partidos denominado Convergencia Democrática. En esa coyuntura electoral, bajo el paraguas de ese frente de partidos no evangélicos de tendencia política conservadora, cinco evangélicos postularon como candidatos a senadores y diputados, pero ninguno de ellos resultó electo2.

Estos antecedentes de presencia evangélica en la vida pública o intentos de participación antes de la coyuntura electoral de 1990 dejan constancia, por un lado, que en todas las coyunturas electorales los canales de mediación política utilizados por los evangélicos no fueron los mismos; por otro, que durante la década del ochenta se fue haciendo más visible el interés de los evangélicos por incursionar en la cosa pública. El canal que dio mejores resultados fue la presencia de evangélicos en partidos de larga trayectoria como el apra. De hecho, José Ferreira y Pedro Arana, los dos evangélicos que ingresaron a la arena política en las décadas del cincuenta y del setenta respectivamente, fueron elegidos como representantes de ese partido. Un segundo canal fue la formación de grupos independientes como FE, de corta duración, y que no logró participar en una contienda electoral. El tercer canal fue la formación de grupos inicialmente independientes como amar que, posteriormente, formaron parte de alianzas políticas más amplias con el objetivo de llegar al Congreso de la República.

Así que, durante los años previos a la llamada participación masiva y decisiva de los evangélicos, según se cree como soporte electoral para el triunfo de Fujimori en las elecciones de 1990, su incursión en el escenario público tuvo distintas características. Pero, un elemento común en la mayoría de los casos fue que el interés por participar en la vida política afloró meses antes de una contienda electoral y se fue diluyendo cuando pasó el marco temporal en el cual dicho interés surgió. ¿Cómo se puede explicar esta preocupación coyuntural de los evangélicos por los asuntos públicos? El estudio de la presencia evangélica en el escenario público durante la década de los noventa ayudará a explicar este hecho.

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1 Antes de 1990 hubo también experiencias aisladas de presencia evangélica en los gobiernos locales. Ése fue el caso del misionero inglés Tomás Payne, elegido alcalde de Calca (Cusco) en los años 1916 y 1930 (El Cristiano 1916:16; South America 1918:104; Renacimiento 1930:1). Fue también el caso de Moisés Allauca, nombrado alcalde de San Jerónimo (Cusco) en los años 1945 y 1956. Años después, durante el régimen militar del general Francisco Morales Bermúdez, el pastor Florencio Durand de la Iglesia Bethel, fue elegido como alcalde del distrito de Huaylas (Ancash) para el período 1975–1977. Él postuló como candidato de un movimiento vecinal y fue apoyado por la «Asociación de Ciudadanos Santotoribianos de Lima». Uno de sus regidores fue el evangélico Humberto Bullón (Iglesia del Nazareno) quien se desempeñó primero como Jefe de Planificación y, posteriormente, como Teniente Alcalde en el año 1977.

2 Los candidatos a diputados fueron Abner Pinedo, Daniel Valencia, Jorge Morales y Secundino Román (todos ellos miembros de las Asambleas de Dios). Como candidato para el senado, postuló el general (r) de la Policía Nacional Roberto Acosta (Iglesia Anglicana).

Capítulo 2

Los evangélicos y la política partidaria

La década fujimorista

Alberto Fujimori accedió al poder político mediante elecciones democráticas en 1990, para dos años después, con el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, instaurar un régimen autoritario que fue desmantelando sistemáticamente la institucionalidad democrática. Comenzó así una segunda etapa denominada de «Emergencia y Reconstrucción Nacional» (1992–1995) que, paradójicamente, tuvo el respaldo de más del 80% de la opinión pública que se identificó con su crítica a la ineficiencia de la clase política y a la corrupción del sistema de administración de justicia. Para explicar estos hechos se debe tener en cuenta el contexto histórico específico dentro del cual emergió la figura de Fujimori en el escenario público. Cuando él fue elegido Presidente Constitucional, los dos problemas coyunturales más críticos eran la violencia política y la crisis económica. Hasta 1990, la violencia política que se inició en 1980 en la región de Ayacucho —una de las zonas más pobres y el lugar en el que surgió «Sendero Luminoso»— cuando se retornaba a un régimen democrático luego de doce años de gobierno militar, había tenido como tres de sus consecuencias sociales más graves, múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales, cientos de ciudadanos que fueron desaparecidos y miles de familias desplazadas. Unida a la violencia política, se sufría también una severa crisis económica, cuya señal más clara estaba en los índices de la inflación anual que, de un 60.8% en 1980, pasó a un 7,650% en 1990. Estos dos problemas coyunturales, la violencia política y la crisis económica, habían puesto en cuestión la viabilidad de la democracia, dándole al país una imagen de ingobernabilidad.

En ese contexto histórico emergió la figura de Fujimori con la novedad de aportar una cuota de moderación en el momento mismo en que todas las demás opciones se disparaban cada vez más hacia la derecha o hacia la izquierda política (Grompone 1991:34). Además, la irrupción de Fujimori en el escenario público debe ser situada también en un marco político regional más amplio. En esos años, las transformaciones políticas y culturales en países donde la debilidad del sistema de partidos era manifiesta, había dado lugar al surgimiento de los outsiders (Cotler 1994:171). Precisamente ese fue el caso de Fujimori, quien en la coyuntura electoral de 1990 se presentó ante la opinión pública como un outsider. Es decir, como un personaje ajeno a la actividad política partidaria, con cierto prestigio académico como profesor universitario y con la imagen de un técnico capaz de resolver los problemas de manera eficaz y práctica sin necesidad de pactar con los políticos tradicionales (Lynch 1999:40).

Tres años después del autogolpe de 1992, con el apoyo de casi el 60% de los electores, Fujimori fue reelegido como Presidente en las elecciones de 1995. Los electores le dieron su apoyo porque, según ellos, durante su anterior gestión (la etapa democrática de 1990–1992 y la etapa inicial del fujimorismo durante 1992–1995) se había logrado frenar la violencia política y se había conseguido detener la inflación saneando la economía en sus aspectos macroeconómicos. En ese nuevo período de gobierno (1995–2000), con leves variaciones en las encuestas de opinión, incluso hasta mediados de 1999, buena parte de la opinión pública continuó apoyando su gestión. Sin embargo, cuando la tendencia autoritaria del régimen se acentuó notablemente, antes y después del cuestionado proceso electoral de abril del 2000 en el que Fujimori se hizo reelegir por tercera vez , un porcentaje creciente de los electores —entre ellos muchos evangélicos— fue tomando conciencia de la crisis institucional nacional y, paulatinamente, tomando distancia del fujimorismo. ¿Cómo fue la gestión parlamentaria de los evangélicos fujimoristas en ese contexto de desmantelamiento de la democracia?

La gestión parlamentaria de los evangélicos fujimoristas

La incursión de un outsider como Fujimori en el escenario público y el sorprendente porcentaje de votos que obtuvo en la primera vuelta electoral (24.67%) de 1990, mayor al de partidos tradicionales como el apra (19.2%), alteró el mapa político y posibilitó la emergencia de nuevos actores colectivos. Unos de estos actores fueron los evangélicos. Una minoría religiosa creciente a la que diversos analistas vieron uno de los factores que explicaba el surgimiento del «fenómeno Fujimori». ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta depende de la interpretación que se le dé a los resultados de las elecciones de 1990, un proceso muy complejo que se resiste a una simple explicación (Schmidt 1996:349). Con relación al papel de los evangélicos en esas elecciones existen diversas explicaciones no siempre coincidentes entre sí y un manejo poco adecuado de los datos3. Así, por ejemplo, varios analistas políticos sostienen que la participación de los evangélicos fue decisiva para el triunfo de Fujimori. Y otros sostienen que parece que ese apoyo fue decisivo. Sin embargo, la mayoría de ellos se olvida que Fujimori ocupó un segundo lugar —detrás del escritor Mario Vargas Llosa candidato de la derecha política— en la primera vuelta electoral de abril de 1990, y que fue elegido presidente con el apoyo de otras fuerzas políticas contrarias a la candidatura de Vargas Llosa, sólo en una segunda vuelta electoral realizada en junio de ese año4.

Más específicamente, si se analizan con cuidado los datos teniendo en cuenta el porcentaje estimado de evangélicos que formaban parte de la población electoral en 1990 (500,000 de una población electoral de 10´012,325) y la cantidad de votos obtenidos por los candidatos evangélicos en la lista de Cambio 90 (casi 100,000 votos preferenciales para los senadores y los diputados electos), se puede advertir que no existen suficientes evidencias razonables para argumentar que el voto de los evangélicos fue «masivo», «decisivo» o «determinante», para la elección de Fujimori como Presidente5. Mucho más probable parece ser la siguiente opinión según la cual:

La presencia de evangélicos en el movimiento Cambio 90 del desconocido candidato Alberto Fujimori provocó una reacción cuando Fujimori terminó en un sorpresivo segundo lugar en las elecciones. Tanto el Frente Democrático, de Mario Vargas Llosa, como la Iglesia Católica, impulsaron una campaña antievangélica antes de la segunda vuelta electoral, generando la creencia de que los evangélicos fueron claves en la elección de Fujimori (Noticias Aliadas 2000:10. Resaltado nuestro).

Más allá de esta diversidad de opiniones y del análisis de los datos estadísticos, según los resultados de las elecciones de 1990, cuatro evangélicos fueron elegidos senadores y catorce diputados6. Entre éstos se encontraban Gilberto Siura y Gamaliel Barreto, que en posteriores procesos electorales (1992 y 1995) serían reelegidos como parte de la bancada oficialista que apoyó a Fujimori a lo largo de la década del noventa. Los cuatro senadores y los catorce diputados elegidos en 1990 formaron parte de la bancada parlamentaria de Cambio 90, el movimiento independiente que llevó a Fujimori a la Presidencia de la República7. En ese proceso electoral, fue elegido también segundo vicepresidente el pastor bautista Carlos García, compañero de fórmula de Fujimori en la lista de Cambio 90. Además, el economista Milton Guerrero, miembro de la Iglesia Presbiteriana, fue elegido diputado en la bancada del apra. Y el pastor presbiteriano Pedro Arana —miembro de la Asamblea Constituyente 1978–1979— que postuló en la lista del apra, como candidato a senador, no logró los votos necesarios para ser elegido. Pero el hecho de que dieciocho evangélicos sin experiencia política previa fueran elegidos miembros del Congreso de la República en la lista de cambio 90, unido al hecho de que un pastor evangélico fuera elegido segundo vicepresidente, ya eran señales claras de una desintegración de la vida pública y de la crisis del sistema de partidos. Dentro de ese contexto, pastores y líderes conocidos por su oposición a la participación de los creyentes evangélicos en la gestión pública, siguiendo los vicios del clientelismo tradicional, buscaron sacar ventaja política haciéndose «asesores honorarios» de los parlamentarios evangélicos de Cambio 90.

Este cargo honorario les otorgaba a ellos cierto prestigio al interior del mundo evangélico, convirtiéndolos en una suerte de mediadores entre los parlamentarios y las iglesias evangélicas para la obtención de ciertos beneficios en las dependencias públicas (tramitación de documentos, exoneraciones de impuestos, permisos para reuniones masivas, entre otros); una práctica que fue recurrente a lo largo del fujimorismo (1992–2000).

Dos años después de su emergencia en el escenario público, cuando comenzó una nueva gestión luego del autogolpe de 1992, durante las elecciones de noviembre de ese año que fujimori convocó debido a la presión pública internacional, cinco evangélicos fueron elegidos entre los miembros del Congreso Constituyente Democrático (ccd). Todos ellos formaron parte del grupo parlamentario fujimorista8. Los congresistas evangélicos fueron Gilberto Siura y Gamaliel Barreto, ambos miembros del Congreso 1990–1992, clausurado por Fujimori; el pastor Pedro Vílchez, el abogado Guillermo Ysisola (Bíblica Bautista) y el administrador Tito Chávez (Bautista Independiente). Posteriormente, ya en otra coyuntura política durante las elecciones de 1995, cinco evangélicos vinculados al fujimorismo fueron elegidos congresistas. De ellos, tres lograron su reelección (Siura, Vílchez y Barreto) y los otros dos fueron elegidos por primera vez (el ingeniero Alejandro Abanto miembro de las Asambleas de Dios y el ingeniero Miguel Quicaña miembro de la Iglesia Presbiteriana). Finalmente, durante el irregular y fraudulento proceso electoral de abril del 2000, únicamente Pedro Vílchez fue reelegido como parte del efímero Congreso de la República que duró de julio del 2000 a julio de 20019.

Indudablemente, los datos respecto a su filiación denominacional y a su ocupación o profesión, son herramientas que ayudan a conocer ciertos aspectos de la historia de vida de los congresistas evangélicos que apoyaron a Fujimori. Sin embargo, para una evaluación más apropiada del papel ciudadano de estos congresistas, no sólo como candidatos en las contiendas electorales de 1990, 1992, 1995 y 2000, sino también como actores dentro de la cosa pública, se necesita conocer cuál fue su aporte específico a la vida política en los años de predominio del fujimorismo. Y aquí caben preguntas como: ¿Qué características tuvo la gestión pública de los congresistas evangélicos vinculados al fujimorismo? ¿Fue una gestión radicalmente distinta a la de otras personas o reprodujeron los vicios propios de la clase política tradicional? Una visión panorámica de la experiencia de los evangélicos vinculados al fujimorismo, especialmente luego del autogolpe de 1992, da cuenta de que su inserción en la vida pública fue coyuntural y que fueron unos políticos novatos, improvisados y decorativos. Esto explica por qué los congresistas evangélicos fujimoristas fueron mayormente —excepto personajes como Gilberto Siura que rápidamente aprendió los vicios propios de la vieja clase política— una suerte de «tontos útiles» para un régimen que torpedeó todos los espacios democráticos y que ha sido calificado como el más corrupto de la historia política peruana.

El análisis de su paso por el Congreso de la República deja constancia de que en la gestión de estos congresistas fujimoristas no hubo una coherencia entre la fe bíblica y evangélica que confesaban y la ética que practicaron en la vida pública. Pero ellos tuvieron una visión distinta de su «llamado» y una percepción peculiar de su gestión pública. Gilberto Siura, uno de los más conspicuos defensores del régimen fujimorista, estaba convencido de que su presencia en el Congreso de la República no era casual y sostenía que sus actos públicos no se contradecían para nada con su filiación religiosa (Chávez 1997:10). Más aún, este controvertido personaje estaba convencido de que todas las cosas las hacía por la voluntad de Dios (Chávez 1997:10).

¿Cómo fue entonces la gestión pública de los evangélicos fujimoristas? ¿Cómo fueron vistos por la opinión pública y por los propios evangélicos? Dentro de las iglesias evangélicas, antes que una percepción política homogénea o uniforme, existe una pluralidad en ese terreno. En tal sentido, como ciudadanos inmersos en coyunturas históricas particulares, los evangélicos tienen diversas opiniones políticas y distintas opciones partidarias. En el «Perú de Fujimori», como ocurrió con buena parte de los electores no evangélicos, hubo un alto porcentaje de lideres evangélicos que hasta mediados de 1999 apoyaron al régimen y a los parlamentarios evangélicos fujimoristas. Y hubo también evangélicos —una minoría que se fue incrementando en la medida que el carácter autoritario del régimen se hizo más visible— que apoyaron a los partidos de oposición y manifestaron públicamente su rechazo a las acciones antidemocráticas del régimen y a las leyes inconstitucionales dadas por Fujimori.

Los evangélicos no tuvieron, una misma opinión respecto a la ruptura del orden democrático el 5 de abril de 1992 (autogolpe de Estado). Lo mismo se puede decir con respecto a la Ley de Amnistía dada por el gobierno de Fujimori en 1995 para indultar a los militares culpables de violación de Derechos Humanos y con respecto a la inconstitucional tercera reelección de Fujimori en abril del 2000. Así que en los años de predominio del fujimorismo (1992–2000) no hubo dentro de las filas evangélicas un solo punto de vista sobre el régimen. Hubo evangélicos fujimoristas, como los parlamentarios evangélicos, que formaron parte del régimen y que lo apoyaron de una manera incondicional. Y hubo evangélicos que participaron activamente en los movimientos cívicos de oposición al régimen, como aquellos que lucharon por la recuperación de la institucionalidad democrática en el año 2000.

A la luz de ese dato básico de la realidad evangélica de esos años y, sin perder de vista ese hecho clave, cabe plantear las siguientes preguntas específicas: ¿cómo fue la gestión parlamentaria de los evangélicos elegidos en 1990?, ¿cumplieron todos ellos con sus funciones básicas de legislar, fiscalizar y representar?, ¿cuál fue su contribución específica a la vida política nacional? Debido a su breve paso por la gestión pública, desde julio de 1990 hasta el autogolpe de abril de 1992, resulta difícil evaluar su tarea legislativa y su función fiscalizadora y representativa. A pesar de esa limitación, con los pocos datos disponibles se puede examinar su gestión pública en ese período.

En primer lugar, cuando cuatro de estos parlamentarios fueron entrevistados, todos ellos «autocríticamente» coincidieron en señalar que su elección fue sorpresiva. Esto explica por qué Mario Soto expresó que les había faltado unidad de principios y mayor coordinación; Guillermo Yoshikawa puntualizó que estaban pagando el noviciado y que tenían falta de experiencia política y desconocimiento del manejo parlamentario; Juana Avellaneda reconoció que eran novatos en el manejo político; y Oscar Cruzado mencionó que se habían quedado rezagados por el poco conocimiento que tenían de la práctica política (Powosino y Vásquez 1991:4–5). Tenían razón, ya que ninguno de ellos tenía la suficiente experiencia profesional para asumir cargos importantes en el gobierno, o había ejercido previamente una función pública relevante. Además, la mayoría de los dieciocho parlamentarios evangélicos de Cambio 90 era improvisada y novata en este campo.

En segundo lugar, a fines de 1992, un grupo de senadores (Víctor Arroyo) y diputados (Tirso Vargas, Moisés Miranda, Mario Soto, Guillermo Yoshikawa, José Hurtado, Juana Avellaneda, Oscar Cruzado, Cesar Vargas) agrupados en la Coordinadora Parlamentaria Independiente, cuando hicieron una evaluación de su breve paso por el Congreso de la República, reconocieron que les había faltado organización como grupo, propuestas propias y cohesión conceptual (Coordinadora Parlamentaria Independiente 1992:1). Así fue, en efecto; particularmente, porque durante los meses que estuvieron en la gestión pública, se hizo evidente que ellos no constituían un grupo políticamente homogéneo y que carecían de una plataforma programática propia. Más bien, la opinión pública tomó nota tanto de su escaso conocimiento del manejo parlamentario como de su limitada percepción de las cuestiones políticas críticas que afectaban al país.

En tercer lugar, Carlos García, en una entrevista realizada a mediados de 1992, reconoció que los evangélicos que participaron en Cambio 90 tuvieron falta de experiencia política y señaló también que su participación no fue de manera organizada, como grupo consolidado, ni tampoco con un programa propio (Verástegui 1992a:4). Y años después en una entrevista declaró que los evangélicos vinculados a Cambio 90 —desde su particular punto de vista— habían sido utilizados por Fujimori (Pinilla 2002:A48)10. En cuarto lugar, una periodista señaló que la presencia de evangélicos en el Congreso —todos ellos, no sólo sin trayectoria política, sino sin tener cabal conciencia de lo que sus cargos significaban realmente— si bien despertó inicialmente expectativas en varios sectores de la sociedad por la reserva moral que representaban, finalmente no dejó una huella histórica muy profunda en la vida política (Valderrama 1992:20). Más aún, según la misma periodista, esta experiencia que empezó como «jugando», terminó también como jugando, pues aparentemente no pasó de ser una anécdota más en la historia del Perú republicano (Valderrama 1992:18–19). Para ella:

Los evangélicos que llegaron al Parlamento integrando la lista de Cambio 90 nunca representaron una fuerza política cohesionada en el congreso ni fuera de él. Huérfanos de un proyecto social y político definido, la mayoría se plegó a las consignas del gobierno y el resto deambuló entre la protesta aislada o la callada resignación (Valderrama 1992:18).

Esto puede explicar por qué en una entrevista el pastor presbiteriano Pedro Arana, sin proporcionar mayores detalles o hacer precisiones, señaló lo siguiente sobre la gestión de los parlamentarios evangélicos: Probablemente, con una excepción, la de un congresista que presentó proyectos de ley, no hemos visto que hayan impactado de manera alguna en nuestro país (Falconí 1995:11). En esa misma entrevista, Moisés Miranda, uno de los diputados evangélicos de Cambio 90 durante 1990–1992, precisó lo siguiente sin mencionar nombres: Yo he estado sentado en el Congreso con hermanos que no han presentado ningún proyecto de ley, o que nunca hicieron uso de la palabra en esos 20 meses que estuvieron en el Congreso (Falconí 1995:22).

Sin embargo, como la historia no es necesariamente «blanca o negra», sino gris, no todo fue así. Hubo contadas excepciones. Una de estas excepciones fue Moisés Miranda, quien, en una entrevista relacionada con su gestión parlamentaria, expresó que él presentó varios proyectos de ley y que trabajó en distintas comisiones dentro de la Cámara de Diputados (Falconi 1995:23). Otra de las excepciones fue Víctor Arroyo, quien, como presidente de la Comisión de Cooperativas, Autogestión y Comunidades del Senado, cumplió su labor de fiscalización denunciando públicamente casos como el de los malos manejos en la Central de Crédito Cooperativo (Expreso 1992:A4). Víctor Arroyo formó parte también de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la misma que se encargó de investigar la matanza de los Barrios Altos ocurrida el 3 de noviembre de 1991, una flagrante violación de derechos humanos cometida por un «escuadrón de aniquilamiento» conocido como Grupo Colina y que estaba conformado por miembros del ejército peruano. Esta Comisión del Senado no concluyó sus investigaciones debido al cierre del Congreso de la República por el «autogolpe» de Estado del 5 de abril de 1992. Además, Víctor Arroyo, junto con el senador Enrique Bernales, presentó una moción de orden del día en el Senado de la República, donde solicitaba que se le concediera al Archivo General de la Nación una partida presupuestaria especial para el mantenimiento de su local y de los valiosos documentos que allí se guardaban (Senado de la República 1991:336).

En realidad, unos pocos meses después del inicio de su gestión parlamentaria, cuando Fujimori se fue alejando de los ideales promovidos por Cambio 90 (honradez, tecnología y trabajo) y comenzó a implementar el modelo económico neoliberal que durante su campaña electoral había criticado, se fue haciendo evidente que no todos los parlamentarios vinculados al régimen tenían las mismas motivaciones y las mismas expectativas políticas. Carlos García, debido a su crítica a los vacíos y a las limitaciones de la política social del gobierno, fue marginado del Poder Ejecutivo y no tuvo ninguna función pública. Y los parlamentarios evangélicos que públicamente discreparon con Fujimori, debido a que no acataron la orden dada por el Presidente para que la bancada de Cambio 90 no apoyara la acusación constitucional contra el ex presidente Alan García, fueron también marginados de los círculos oficialistas. Estos parlamentarios evangélicos (Soto, Miranda, Avellaneda, Gabino Vargas, entre otros), al denunciar que Fujimori había traicionado los postulados de Cambio 90, se alejaron de la bancada de este partido para formar la Coordinadora Parlamentaria Independiente. El otro sector (Siura, Barreto, Jiménez, Cárdenas, Bocanegra, etc.), más afín al estilo autoritario de Fujimori, decidió seguir apoyando al régimen. De este grupo, Gilberto Siura se convertiría luego del «autogolpe» de 1992 en uno de los más entusiastas defensores de las decisiones políticas más controvertidas adoptadas por el gobierno de Fujimori y de las leyes inconstitucionales que fueron desmantelando paso a paso la institucionalidad democrática.

Durante la etapa conocida como el fujimorismo, en la que el carácter autoritario del régimen se acentuó notablemente, excepto la presencia política visible de Gilberto Siura, los congresistas evangélicos en el período del ccd de 1992–1995 (Vílchez, Ysisola, Barreto, Chávez) y en el período 1995–2000 (Vílchez, Barreto, Quicaña, Abanto) fueron figuras anónimas y decorativas en el escenario público. Estos congresistas evangélicos, al lado de la mayoría de los otros representantes del partido de gobierno, estuvieron en el Congreso únicamente para respaldar con sus votos la aprobación de las leyes que Fujimori necesitaba para seguir gobernando sin mayores problemas. Su contribución a la vida política, si se tiene en cuenta que las tres tareas básicas de los congresistas son legislar, fiscalizar y representar, fue intrascendente, pues no presentaron proyectos de ley relevantes ni defendieron en esos años la institucionalidad democrática. Pero si trataron de justificar «pragmáticamente», como el caso de Pedro Vílchez, su apoyo incondicional al régimen: