Investigar a la intemperie

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INVESTIGAR A LA INTEMPERIE

Pontificia Universidad Javeriana

INVESTIGAR A LA INTEMPERIE

Reflexiones sobre métodos en las ciencias sociales desde el oficio

Carlos Arturo López Jiménez

Editor académico


Reservados todos los derechos

© Pontificia Universidad Javeriana

© Carlos Arturo López Jiménez

Primera edición: Bogotá, diciembre de 2020

ISBN (impreso): 978-958-781-559-7

ISBN (digital): 978-958-781-560-3

DOI: http://doi.org/10.11144/Javeriana.9789587815603

Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.

Hecho en Colombia

Made in Colombia

Editorial Pontificia Universidad Javeriana

Carrera 7.a n.° 37-25, oficina 1301

Edificio Lutaima

Teléfono: 320 8320 ext. 4205

www.javeriana.edu.co/editorial

Bogotá, D. C.

Corrección de estilo:

Juan Sebastián Solano Ramírez

Diagramación:

Marcela Godoy

Diseño de cubierta:

La Central de Diseño lacentraldediseño.com

Pontificia Universidad Javeriana | Vigilada

Mineducación. Reconocimiento como Universidad:

Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento

de personería jurídica: Resolución 73 del 12 de

diciembre de 1933 del Ministerio de Gobierno.


Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S. J. Catalogación en la publicación

Flórez Flórez, María Juliana, autor

Investigar a la intemperie : reflexiones sobre métodos desde las ciencias sociales en el oficio / autores María Juliana Flórez Flórez [y otros nueve] ; editor académico Carlos Arturo López Jiménez. -- Primera edición. – Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2020.

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN (impreso) : 978-958-781-559-7

ISBN (digital) : 978-958-781-560-3

1. Investigación en ciencias sociales 2. Metodología científica 3. Investigación interdisciplinaria 4. Metodología en ciencias sociales 5. Ciencias Sociales I. López Jiménez Carlos Arturo, autor, editor académico II. Pontificia Universidad Javeriana. Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar

CDD 300.72 edición 21


inp09/11/2020

Prohibida la reproducción total o parcial de este material sin la autorización por escrito de la Pontificia Universidad Javeriana. Las ideas expresadas en este libro son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de la Pontificia Universidad Javeriana.

CONTENIDO

Prefacio

POR UNA POLÍTICA DE LO TURBIO: PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN FEMINISTAS

María Juliana Flórez Flórez y María Carolina Olarte-Olarte

DEL CUERPO AL MUNDO, DEL MUNDO AL CUERPO: ETNOGRAFÍA, MIGRACIÓN Y CUIDADO

Camila Esguerra Muelle

UNA APROXIMACIÓN METODOLÓGICA AL SILENCIO COMO SITIO DE SENTIDO: CONVERSACIONES SOBRE PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO Y PRINCIPIOS ÉTICOS

Tatiana Sánchez Parra

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PERSPECTIVAS CRÍTICAS: UNA APROXIMACIÓN PARA SU ANÁLISIS

María Fernanda Sañudo Pazos y Jorge Daniel Leal Fagúndez

DE LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS A LAS PRÁCTICAS ECONÓMICAS: DESPLAZAMIENTO METODOLÓGICO PARA EL ESTUDIO DE LAS ECONOMÍAS PROPIAS

Natalia Castillo Rojas

CONTRACARTOGRAFÍAS: MÉTODOS EN INVESTIGACIÓN SOCIOESPACIAL CRÍTICA

Diana Carolina Ojeda Ojeda

UN MÉTODO PARA ESTUDIAR LA HEGEMONÍA: EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE CONTENIDO

Martha Lucía Márquez Restrepo

TRAMITAR LA INCERTIDUMBRE: CUESTIONES DE MÉTODO EN UNA HISTORIA DE LAS PRÁCTICAS DE ESCRITURA

Carlos Arturo López Jiménez

AUTORAS Y AUTORES

PREFACIO

Muchos métodos de investigación en las diferentes ciencias sociales cambian con rapidez, tanto por el refinamiento de las herramientas de análisis como por la emergencia de nuevos temas de investigación. A pesar de su constante actualización, los métodos son incapaces de ajustarse como una receta precisa a los grupos humanos o a las fuentes con que esos métodos entran en contacto. Siempre debemos volver sobre ellos y reajustarlos de tal forma que estén al servicio de las comunidades con que trabajamos, los documentos con que definimos archivos, las preguntas que orientan cada investigación, el sentido que esas comunidades le dan a nuestras pesquisas. El constante desbalance entre métodos y fuentes nos invita también a pensar no solo en cómo ajustar esos métodos, sino en qué medida y cómo podríamos hacer de ellos un efecto del tema de investigación y de las fuentes que procesamos, en lugar de un ordenador externo de cada procedimiento analítico.

A estos dos niveles de reflexión sobre el método, el uso efectivo de unos procedimientos y su necesidad y naturaleza, se suma un par de aspectos determinantes para el ejercicio contemporáneo de la investigación. Uno de ellos es la difuminación de las fronteras disciplinares, ya que las exigencias de los saberes formalizados sobre las comunidades y fuentes con que dialogan, de los métodos adecuados para entablar dicho diálogo, tienen menos peso en la investigación que los problemas mismos que nos ocupan; en breve, no hace falta resguardarse en las disciplinas para justificar el tipo de trabajo y los resultados. El otro aspecto determinante tiene que ver con la incidencia de las investigaciones en el presente, esto es, su dimensión comunitaria siempre atada a una política de los métodos, pues estos ayudan a definir objetos de investigación, las relaciones entre tales elementos, la primacía de los puntos de vista y la situación particular donde se ubica quien investiga, y el tipo de acercamiento que hacemos a las comunidades con que interactuamos.

Estos cuatro planos (los procedimientos metodológicos, su naturaleza, la supremacía del problema de investigación sobre los límites disciplinares y la política) conforman un volumen que se ajusta, una vez más, en función de las fuentes, las preguntas de investigación, sus objetivos, la situación de quien investiga… Así, pensar el método implica una combinatoria permanente de elementos que desborda, con mucho, los aspectos procedimentales. Estamos ante una falta de resguardo metodológico y disciplinar, pero también ante una falta de resguardo ontológico, pues ni siquiera las comunidades con que dialogamos o las fuentes con que trabajamos nos garantizan de antemano su forma o su estabilidad a largo plazo. Por ello, esta triple falta de garantía nos pone a la intemperie, ante el devenir de un trabajo que nunca promete resultados definitivos, o al menos duraderos, pero que sí hace apuestas políticas en las que se vincula, como muestran los trabajos que siguen.

Asumiendo esta condición, el Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, de la Pontificia Universidad Javeriana, ha dedicado sus esfuerzos a un tipo de investigación crítica que no se ajusta a las taxonomías disciplinarias y que procura el acercamiento a problemáticas sociales concretas, en ámbitos como la migración, las políticas públicas, la producción de espacialidades, de saberes formales y no formales, de cuerpos definidos por las especificidades locales del conflicto armado colombiano, y desde perspectivas críticas como los estudios feministas, decoloniales, culturales y de las migraciones.

En estas coordenadas, tomando como punto de partida nuestros propios trabajos, quienes investigamos en el Instituto Pensar hemos vuelto sobre los procedimientos metodológicos que empleamos, no solo para reflexionar sobre nuestro trabajo, sino para hacer visibles algunos de sus aspectos que suelen quedar tras bambalinas: cómo nos ponemos en contacto con las comunidades con que interactuamos, qué procedimientos de identificación del material útil para una investigación usamos, cómo seleccionamos ese material, cómo lo ordenamos y categorizamos, para qué lo hacemos y cómo termina convirtiéndose en textos de investigación o en formas de interacción con comunidades diversas. Al visibilizar nuestros procedimientos de investigación aclaramos nuestro modo de proceder —además de las apuestas por identificar formas de despojo, sacar a la luz, fortalecer y promover formas de lo común de grupos sociales concretos—; es decir, podremos especificar la pregunta por el presente que toda investigación social usa como orientación principal, aun si es histórica.

 

Este volumen está compuesto por ocho capítulos, que presentan reflexiones de método tomadas del oficio cotidiano de investigación. Bajo la orientación epistemológica de lo que Donna Haraway llama una política de lo turbio, María Carolina Olarte-Olarte y María Juliana Flórez Flórez recogen en su capítulo cuatro prácticas de investigación ensayadas, abandonadas, rehechas y afinadas durante los procesos de trabajo con varias organizaciones colectivas de tres regiones del país (Sabana de Bogotá, Viotá y la región del Ariari), cuyas luchas por los comunes han garantizado la vida digna y la permanencia en sus territorios: 1) mover los límites de la autoría, 2) dispersar los escenarios de producción de conocimiento, 3) cuestionar y sortear los procedimientos administrativos autoritarios y 4) incorporar la vivencia situada del territorio. En el cruce de estas prácticas ha emergido lentamente una nueva figura: la investigadora comunitaria.

Siguiendo la premisa de Trihn Minh-ha, “no tenemos cuerpos, somos cuerpos y somos nosotros mientras existimos en el mundo”, Camila Esguerra Muelle hace una reflexión sobre la implicación del cuerpo y las políticas del espacio en el desarrollo de una etnografía multisituada, en el capítulo “Del cuerpo al mundo, del mundo al cuerpo: etnografía, migración y cuidado”. Con este objetivo, traza su camino personal como medio para construir una agenda de investigación sobre migración y cuidado en el marco de lo que llama epistemología de frontera o migrante y de una experiencia de investigación de acción colaborativa.

Tatiana Sánchez Parra sitúa su capítulo en contextos enmarcados por violencias políticas y armadas, con sus repertorios de terror atravesados por el género, teniendo en cuenta que la investigación cualitativa en campo se desarrolla entre lo que nos dicen, lo que no nos dicen y lo que nadie nos dice, pero podemos percibir. El texto adhiere a conversaciones que, desde la etnografía de la violencia, no buscan enfocarse en la violencia misma, sino que procuran comprender las experiencias humanas de guerra, sobrevivencia y resistencia definidas por sistemas de opresión entrelazados. Por ello, desde una perspectiva etnográfica, explora el silencio como espacio de producción de conocimiento, a partir de la pregunta sobre cómo leer dichos silencios y no por indagaciones sobre cómo romperlos o llenarlos.

María Fernanda Sañudo Pazos y Jorge Leal exploran algunas propuestas de análisis, formación e implementación de las políticas públicas desde perspectivas críticas. No es su intención ofrecer un conjunto de recetas, dado que, como admiten en su texto, cada proceso y enfoque de referencia dictarán la lógica de construcción del objeto y sus métodos de estudio, aspectos en los que, además, pesará la concepción de lo político y de la política pública y la intencionalidad del análisis. En este sentido, señalando la potencialidad de tres categorías de análisis, nos invitan a revisar la concepción clásica de política pública, preguntarnos sobre su origen, qué le ha dado lugar y su institucionalización en el marco de las reconfiguraciones de la relación Estado-sociedad. Los autores subrayan la utilidad analítica de la noción de campo (Bourdieu) y de tecnologías de género neoliberales, para establecer las implicaciones metodológicas de pensar la política pública de desarrollo territorial.

A partir de su estudio sobre las economías propias, Natalia Castillo Rojas manifiesta la necesidad de hacer un desplazamiento metodológico desde los modelos econométricos hacia las prácticas económicas, pues en su práctica de profesora de economía notó que sus enseñanzas no se ajustaban a la praxis de las economías al margen del modelo neoclásico: según los modelos econométricos las economías propias lucen un traje que no se ajusta bien a ellas y que las muestra insuficientes. Su texto describe el encuentro con las prácticas económicas y sus posibilidades de uso para el estudio de las economías propias, entendiendo las prácticas en sus dimensiones: como habilidades, sentidos y aliados. Más que una definición de las prácticas se pueden ver las posibilidades de entender la realidad poliforme de las economías propias.

Por su parte, Diana Ojeda analiza la investigación socioespacial crítica asumiendo que el espacio produce y es producido por realidades sociales. Ella propone la noción de contracartografiar, entendida como ir en contra del mapa hegemónico para abrir espacios (simbólicos y materiales) en los que quepan otras realidades menos violentas e injustas. Esta propuesta se presenta a través de dos ejemplos: su investigación en Montes de María sobre el despojo y su investigación sobre la seguridad, como parte del grupo de investigación Espacialidades Feministas. El texto, además, presenta elementos para una investigación feminista, colaborativa, situada y encarnada.

A partir de la narración del encuentro de la investigadora con el análisis estructural de contenidos, en su capítulo Martha Lucía Márquez Restrepo establece un método para analizar la hegemonía en dos acepciones presentes en la obra de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. De un lado, hegemonía como la operación que produce la unidad del sujeto de la narración y, de otro, hegemonía como la imposición de un discurso. En el segundo sentido la autora considera que su aporte fue mostrar cómo el análisis estructural de contenidos puede ser usado para estudiar la hegemonía, mientras que en el primero, la autora construyó un método basado en la teoría constructivista acerca del nacionalismo y la hegemonía, la filosofía del tiempo y de la narración, y los estudios literarios, particularmente la narratología. De esa manera, muestra cómo diversas disciplinas pueden concurrir para solucionar un problema de campo de la ciencia política o, en otras palabras, las enormes posibilidades que ofrece la interdisciplinariedad.

Finalmente, el capítulo de Carlos Arturo López Jiménez se ocupa de las historias de la filosofía en Colombia escritas a partir de los años treinta del siglo pasado y de los rasgos que permiten definirla como una unidad de análisis, un enclave empírico, según el vocabulario que allí se establece. El punto de amarre de estos textos dispersos es el concepto de marco de referencia de la modernidad, que permite ver cómo esos textos están dominados por la inercia de las historias sociales y políticas nacionales, y proyectan teleológicamente una filosofía idealizada a la cual se tendría acceso por vía de la historia de la filosofía de unos pocos países, en su mayoría europeos. Establecer esta unidad permite reordenar los elementos de la historia de la filosofía y dar forma a un modo de ofrecer el pasado filosófico local atado a un reparto de lo sensible susceptible de ser modificado.

CARLOS ARTURO LÓPEZ JIMÉNEZ

Bogotá, 13 de noviembre de 2019

POR UNA POLÍTICA DE LO TURBIO: PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN FEMINISTAS

María Juliana Flórez Flórez* y María Carolina Olarte-Olarte**

Quiero quedarme con el lío, y la única manera de hacer esto está en el disfrute generativo, el terror y el pensamiento colectivo.

Los espacios vacíos y la visión clara son malas ficciones para pensar.

Arriesgarse en un mundo donde “nosotras” somos permanentemente mortales, es decir, donde nunca tenemos el control “final”. No tenemos ideas claras ni bien establecidas.

DONNA HARAWAY

Durante los últimos seis años hemos sostenido un espacio de investigación compartido donde convergen nuestros intereses por trabajar con movimientos sociales de Colombia. Específicamente, con organizaciones colectivas que, en tiempos de transición política, luchan por defender sus comunes y procesos de comunalización, es decir, aquellos lugares, riquezas, saberes, objetos o prácticas cuyo uso, propiedad, gestión o cuidado colectivizados han garantizado o pueden garantizar una vida digna en sus territorios y la permanencia en ellos.

Nuestras investigaciones, como todas, exigieron delimitar un tema de interés (luchas territoriales por los comunes y procesos de comunalización en tiempos de transición); unas categorías teóricas (transición, comunes, movimientos sociales, conflictos socioambientales, despojos, etc.), y unos diseños metodológicos, con sus técnicas específicas y productos de investigación concretos. Pero, además, a medida que avanzamos estuvimos muy atentas a las interpelaciones que continuamente atraviesan, cuestionan y remodelan las apuestas políticas de nuestra praxis investigativa, y con ellas sus premisas epistemológicas, así como los hábitos y las temporalidades de nuestros métodos. La posibilidad de trabajar en espacios académicos críticos, el haber sido parte de movimientos sociales y los cuestionamientos recibidos, por parte de colegas y los propios, han sido ocasiones para interpelar el sentido de la praxis investigativa sostenida en el complejo entramado de relaciones entre la academia y los movimientos sociales.

Una interpelación frecuente tiene que ver con los compromisos pactados con las organizaciones (procesos de formación, tejido de redes, acompañamiento de denuncias, búsqueda de recursos, etc.) y los retos derivados de ellos (reformular los objetivos, modificar el lenguaje, enfrentar contextos políticos contingentes, reconocer necesidades materiales imperantes que ralentizan la investigación, entre otros). Otra interpelación viene de las demandas institucionales de las universidades donde trabajamos (preparación de clases, entrega de informes, búsqueda de fuentes de financiación, legalización de gastos, exigencias para la escritura de artículos “científicos”, los ritmos de la producción académica, participación en congresos, etc.), cuyo cumplimiento asegura nuestras condiciones de existencia y, sin duda, la posibilidad de darle centralidad laboral a la investigación. La otra interpelación constante, quizás la más difícil de atender, se refiere a los compromisos con nosotras mismas. En particular, nuestra aspiración a empezar a ser más conscientes de nuestros cuerpos y a cuidarnos más, a descansar sin culpa, aumentar, dosificar y sostener aquello que posibilita y potencia nuestras vidas, como el disfrute de la mera presencia de otros (incluidos los no humanos).1 En últimas, se trata del íntimo y arduo cuestionamiento de luchar contra la colonización del trabajo capitalista en nuestras propias vidas. Entre tartamudeos, diría Donna Haraway, fuimos respondiendo a estas interpelaciones y, con ello, también fuimos perfilando ciertas prácticas de investigación que le dan sentido a nuestro trabajo con los movimientos sociales.

Desde ese incierto lugar de interpelación, este capítulo recoge en retrospectiva cuatro prácticas de investigación ensayadas, abandonadas, rehechas y afinadas durante los procesos de trabajo con varias organizaciones colectivas, fundamentalmente, de tres regiones del país: la Sabana de Bogotá, Viotá y la región del Ariari. Iniciamos el capítulo describiendo aspectos relevantes de sus luchas territoriales, luego precisamos algunos riesgos metodológicos propios de investigar bajo la orientación de lo que denominamos una política de lo turbio, inspiradas por Donna Haraway. Después, nos centramos en las prácticas de investigación: 1) mover los límites de la autoría, 2) dispersar los escenarios de producción de conocimiento, 3) cuestionar y sortear los procedimientos administrativos autoritarios y 4) incorporar la vivencia situada del territorio. Finalizamos deliberadamente el capítulo, más que con una conclusión, con una apertura: la investigadora comunitaria es una figura que lentamente ha emergido en el cruce de esas prácticas.

El estudio de las luchas territoriales por los comunes en tiempos de transición

Las organizaciones colectivas con las que trabajamos llevan entre quince y setenta años luchando; nuestro trabajo con ellas tiene apenas cinco años de duración, en promedio. La lucha de dos de ellas está anclada en áreas rurales, Viotá y la región del Ariari, y la otra en el área periurbana de la Sabana de Bogotá.

En las tres organizaciones se evoca el aprendizaje de los sindicatos y la Iglesia católica de base; en Viotá y la región del Ariari también se evocan los legados formativos del Partido Comunista de los años veinte del siglo pasado. En todas las organizaciones hay participación significativa de jóvenes, como algo propio del relevo generacional. En todas hay protagonismo e incidencia tanto de mujeres como de hombres, excepto en la Sabana de la Bogotá, cuyo liderazgo es exclusivamente de mujeres; no en vano, se autorreconocen como feministas populares en construcción.2

 

Las tres organizaciones cuentan con lo que la literatura especializada (Tarrow, 1999) llama aliados influyentes; en este caso, ciertos sectores progresistas del Estado, la Iglesia de base católica de izquierda y otros movimientos sociales. Aliados o adversarios, según el caso, son las ONG, las agencias de cooperación internacional y las universidades. Entre sus adversarios fijos están los actores armados y las empresas cuyos proyectos productivos violentan las formas de vida que reivindican.

Los actores armados han hecho presencia en los territorios mediante la instalación de bases militares (Viotá y Sabana de Bogotá), la incursión del Ejército, paramilitares y guerrillas, las dolorosas masacres de sus gentes (Viotá y la región del Ariari) o el hostigamiento de la fuerza pública y el asesinato selectivo de jóvenes por parte de grupos paramilitares o sus recientes reagrupaciones (Sabana de Bogotá). En los tres territorios esos actores controlaron la movilidad de la población durante la primera década del 2000 mediante el toque de queda para menores de edad (aún vigente en ciertos municipios de la Sabana de Bogotá) o el confinamiento, los retenes de alimentación y medicamentos, y los desplazamientos forzados masivos (Ariari y Viotá). En el caso de los dos últimos territorios, hubo retornos parciales y progresivos de la población; en sus relatos hay ecos de los retornos de las dos generaciones anteriores, que también tuvieron que desplazarse por la confrontación entre liberales y conservadores de mediados del siglo pasado.

La actividad empresarial en los dos territorios rurales está orientada a la reconversión económica del suelo para privilegiar proyectos minero-energéticos y monocultivos de palma aceitera o caña de azúcar (en la región del Ariari) o proyectos de control hídrico o turismo corporativo (en Viotá). En todos los casos habría una significativa proletarización del campesinado y, en el caso del sector turístico, un abandono de la vocación campesina. En la Sabana de Bogotá la actividad empresarial también ha logrado la reconversión del suelo, que, ya estéril y contaminado por soportar durante cuarenta años cultivos industriales de flores, actualmente es considerado un área óptima para la minería (de piedra caliza) o la instalación de un puerto seco para Bogotá (que alberga bodegas industriales y de almacenaje).

En el contexto colombiano estas dinámicas productivas, laborales y socioambientales son relevantes para analizar críticamente lo que ha sido entendido como las continuidades e intensificaciones de las múltiples violencias socioeconómicas asociadas a la transición política (Franzki y Olarte, 2013; Olarte-Olarte, 2019, entre otros). Desde este enfoque crítico rebatimos la frecuente exclusión o domesticación de cuestiones relativas a la inequidad económica y la redistribución de los análisis transicionales. Entendemos tal exclusión y domesticación como una consecuencia de reducir las preocupaciones socioeconómicas a una discusión “estrecha de las reparaciones” y de la lectura de la desigualdad como un mero “telón de fondo contextual” (Miller, 2008, pp. 266, 273-280). En particular, nos interesa cuestionar la sistemática exclusión en el debate de las transiciones de temas como las decisiones socioeconómicas sobre el territorio y los recursos; la correlativa inmunidad del desarrollo económico como el marco casi incuestionable de las decisiones en los posconflictos; la pregunta por quiénes se benefician del control y la regulación de la explotación de los recursos naturales durante el posconflicto; la criminalización de los disensos sobre el uso y el destino de los recursos y el territorio; y el alto grado de inmunidad política de la transferencia y distribución de las cargas y los costos de las decisiones económicas y ambientales. En ese sentido crítico, las organizaciones de los tres territorios están comprometidas con denunciar y resistir las violencias asociadas a las transiciones, así como con proponer alternativas transicionales que apuestan por mantener o recuperar la vida campesina en sus territorios.

Asimismo, sus luchas están en sintonía con lo que Maristella Svampa denomina el “giro ecoterritorial de los movimientos sociales latinoamericanos” para referirse a la convergencia de las luchas ambientales, la defensa del territorio y procesos comunitarios (Svampa, 2011, p. 190).3 Este giro, entre otras cosas, alude a la defensa del territorio, entendido como un lugar en el que los modos de vida y de relacionarse con el entorno son inseparables de las disputas ecológicas y ambientales; su defensa también alude a la exigencia de autodeterminación como base de las luchas para permanecer en un territorio determinado. Quizás por esto, muchos de los movimientos sociales colombianos se refieren a sus luchas en términos de defensa de la vida y del territorio, antes que como movimientos pacifistas. De ahí que también muchos movimientos hayan incorporado a sus demandas el cumplimiento del punto uno, sobre la reforma rural integral, del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Gobierno de Colombia y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC], 2016).

Esa actual centralidad de las invocaciones a la defensa del territorio y la vida en Colombia, en el contexto del giro ecoterritorial, abre, por lo menos, tres cuestiones fundamentales para comprender la investigación con movimientos sociales: 1) la imposibilidad de pensar la paz de espaldas a las reivindicaciones territoriales y socioambientales o socioecológicas. De hecho, el alcance y el significado de la paz territorial es parte de las disputas de numerosos movimientos sociales que están posicionando como objeto de sus luchas el cuestionamiento a la planeación territorial, así como a la orientación desarrollista de la regulación rural y de la comprensión de las riquezas naturales. 2) El cambio de énfasis de la defensa de los derechos humanos a las disputas ambientales o ecológicas. Sin abandonar las luchas enfocadas en la defensa de los derechos humanos, el ambientalismo tiene más peso en su autodenominación actual. 3) La resistencia de varios movimientos ante la deliberada separación que ciertas políticas territoriales establecen entre, por un lado, la historia del conflicto armado y, por otro, los proyectos de desarrollo que continuaron durante el posconflicto, o que iniciaron con él. Se trata de una separación que atraviesa múltiples decisiones económicas sobre el territorio y que tiene el grave inconveniente de presentar las iniciativas de desarrollo como una precondición clave para alcanzar la paz.4 Como consecuencia, no solo las medidas para promover cierto tipo de productividad son artificialmente escindidas de la historia del conflicto, sino que, además, inciden en la manera en que las instituciones responden y controlan los disensos sobre el uso y destinación del territorio y los recursos (Olarte-Olarte, 2019). De ahí la importancia de investigar tanto el giro socioambiental en contextos de reorganización territorial como la constante criminalización de la protesta socioambiental.

En este escenario de debate, un referente de las luchas atadas a los territorios que amerita un análisis particular es el de los comunes y los procesos de comunalización. Siguiendo el trabajo de J. K. Gibson-Graham (2011), serían las prácticas, saberes, objetos —y añadimos lugares y riquezas— cuyo uso, propiedad, gestión y cuidado, en la medida que son colectivizados, garantizan la continuidad de su vida. En este sentido, las luchas territoriales de las organizaciones con las que trabajamos buscan proteger, mantener o recuperar comunes como fuentes hídricas (en los tres casos), acceso y manejo comunitario del agua (en Viotá y la región del Ariari), gestión colectiva de terrenos y prácticas de cultivo y cría de animales (en todos los casos) y rutas arqueológicas (en Viotá). El menoscabo de esos comunes y los procesos de comunalización por parte de empresas corporativas —en algunos casos, en complicidad con actores armados, pero también como parte de iniciativas gubernamentales— está asociado a lo que llamamos el derecho a destruir, en este caso, los complejos sistemas de vida humana y no humana (orgánica e inorgánica) (Olarte, en prensa). Ese menoscabo, además, hace que esos territorios sean altamente susceptibles a la proliferación de lo que Diana Ojeda (2016) llama los paisajes del despojo, es decir, escenarios sometidos a procesos violentos “de reconfiguración socio-espacial y, en particular, socioambiental, que limita la capacidad las comunidades decidir sobre sus medios de sustento y formas de vida” (p. 21). Las proliferaciones de sofisticadas formas de despojo incluyen prácticas que no despliegan necesariamente el uso de la fuerza física inmediata y evidente. Además, su carácter es continuo, y en muchos casos cotidiano e, incluso, objeto de procesos de legitimación que oscurecen la violencia que los sustenta. Todos estos complejos procesos involucrados en las luchas por los comunes y los procesos de comunalización en tiempos de transición son los que nos interesan.