Read the book: «Activismo, diversidad y género»

Introducción

El poderío de las mujeres es ser humanas, y vivir en libertad.

Marcela Lagarde

El libro que la lectora o el lector tiene en sus manos tiene el propósito de compartir los resultados de las investigaciones realizadas desde una mirada antropológica sobre las distintas formas y expresiones de las violencias en la vida de las mujeres indígenas, mestizas y afromexicanas en distintos contextos. El hilo conductor que recorre los relatos y reflexiones de las autoras es la violencia estructural que viven las mujeres de distintos sectores sociales, procedentes de diversos pueblos indígenas: zapotecos, mixtecos, mè’phàà, tun savi, tzotziles, triquis, así como entre jóvenes y mujeres afromexicanas y con migrantes hondureñas, en diferentes geografías socioterritoriales y entornos, sea en sus comunidades de origen, en ciudades y/o comunidades a donde las ha llevado la migración o el desplazamiento forzado. Se trata de estudios en donde el sujeto histórico son las mujeres que han enfrentado histórica y sistemáticamente la opresión y la dominación de un sistema patriarcal, pero fundamentalmente se trata de etnografías que buscan dejar testimonio de la agencia de las mujeres en su lucha por enfrentar y confrontar distintas condiciones de vida adversas que las colocan en situaciones de enorme violencia y vulnerabilidad, como es el caso de la prostitución o de violencia política de género, o en la lucha por su autonomía, la de sus pueblos y las disputas por su auto-rrepresentación política.

Si bien, existen decenas de libros acerca de la violencia y su antídoto, la justicia; nosotras preferimos hablar de violencias en plural, aludiendo a las múltiples violencias que vivimos y nos enfrentamos a diario por el hecho de ser mujeres: en el transporte público, en la comunidad, en la academia, en la oficina, en las fronteras, en nuestras casas, en la tienda de la esquina, mientras caminamos y transitamos en un contexto neoliberal patriarcal caracterizado por una enorme desigualdad socioeconómica, que es una de las causantes del sufrimiento social y de género. También en estos estudios, encontrarán un énfasis en la agencia social y política de las mujeres, como actoras políticas, que con su militancia y activismo social modifican o inciden en las fisuras porosas de las estructuras de la dominación y la subordinación; sea luchando abiertamente por disputar cargos de elección popular, sea participando activamente en las luchas autonómicas de sus pueblos o creando organizaciones de mujeres, con lo que colocan su impronta de género en la construcción de nuevos acuerdos sociales plurales, incluyentes de las diversidades y armónicos en términos del ejercicio del poder y de la equidad de género, entre otras propues tas de horizontes posibles y/o en construcción.

Coincidimos con Marcela Lagarde cuando afirma que las mujeres compartimos la misma condición histórica, pero diferimos en cuanto a situaciones de vida. Desde el pañuelo blanco que enarbolaron las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en 1977 en Argentina, hasta el pañuelo verde que usamos las mujeres de distintos países en la marcha del 8 de marzo de 2020, y que simbolizó un grito de exigencia por una “educación sexual para decidir”, “anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, así como una exigencia de vivir “una vida libre de violencia”. De norte a sur, de sur a norte, del centro a la periferia y de la periferia al centro, las mujeres cuestionamos la organización patriarcal del mundo.

Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, el acceso a las redes sociales ha facilitado que las mujeres de todas las geografías del planeta se interconecten y se vinculen para expresar sus críticas, y confronten las violencias estructurales. También las redes sociales han sido un espacio privilegiado para denunciar a acosadores, hostigadores y, en general, a los agresores de las mujeres. Allí se han expuesto los nombres y rostros de hostigadores, secuestradores, violadores y asesinos y en múltiples casos las denuncias en redes sociales como #MeToo, se han constituido como redes potentes para exponer las violencias y en su caso judicializar las denuncias o, por lo menos, provocar la expulsión de los agresores de los espacios laborales desde donde perpetraban sus agresiones. Sin embargo, el acceso a las redes sociales no es igual para todas las mujeres, ni en todas las geografías; quienes trabajamos o vivimos en comunidades indígenas o afromexicanas sabemos que se carece, en gran medida, de acceso a esas redes sociales, conocemos que las mujeres no tienen la posibilidad de denunciar y visibilizar las violencias en las redes, pero se encuentran y conforman redes de mujeres en donde se expresan, intercambian agravios, denuncian las violencias de las que son objeto y reflexionan sobre los caminos posibles para detener estos embates que agravian sus vidas, las de sus familias y comunidades de origen.

En sintonía con estas experiencias, los capítulos que integran esta obra colectiva tienen como objetivo contribuir a la visibilización, los entramados de la violencia estructural (Galtung, 2003) y su contraparte, la resistencia. En los contextos rurales e indígenas la realidad tiene sus particularidades y complejidades, pues en la mayoría de los casos comparten condiciones de precarización y marginalidad; por ello, pensamos que no podemos romantizar o invisibilizar los entramados comunitarios en donde prevalecen violencias hacia las mujeres que se expresan en insultos, tortura, violación, prostitución de niñas, acoso sexual, infanticidio; violencias emocional, psicológica o física; matrimonios forzados y arreglados, violencia política, etcétera. Situaciones que han documentado las propias mujeres indígenas que se articulan en múltiples organizaciones comunitarias o regionales, así como en otras de carácter nacional e internacional, tales como la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) en México o en el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), entre otras muchas.

Otra de las problemáticas que ha sido ampliamente estudiada y reflexionada por la antropología es la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres, así como el impacto de la cultura de los derechos humanos en sus propias vidas. En la última década se ha enfatizado en la rica fertilización que han tenido los debates feministas en los mundos indígenas. Sin embargo, no podríamos argumentar que ser feminista, o defensora de los derechos de las mujeres, debe pasar por un conocimiento de los hitos históricos que han significado un parteaguas en la historia contemporánea, pues desde Abya Yala las mujeres indígenas han construido propuestas epistémicas situadas en el sur global desde sus culturas, y cosmogonías que dan sustento a sus proyectos de futuro, tanto en el nivel comunitario como en el nacional y mundial. Estos planteamientos y experiencias son una de las aristas que hemos buscado testimoniar, junto con las propias actoras sociales que construyen estas nuevas narrativas sobre los derechos, la justicia, la democracia y la equidad de género.

Ahora bien, en las comunidades en donde se han realizado las investigaciones compiladas en este libro, existen esfuerzos organizativos vigorosos que nacen de la identidad de género, así como étnica y política, comprometidas con la construcción de mundos mejores. Es por esta razón que ha sido con los lentes de género con los que miramos e interpretamos estas realidades, pues nos permiten develar aquello de lo que no se habla cotidianamente, pero que está presente en la vida de las mujeres. En este sendero se encuentran, por ejemplo, las terribles violencias que nos relata Cristina Hernández y que suceden en la Montaña de Guerrero, en donde reflexiona sobre el papel que tienen la discriminación y la exclusión para accionar mecanismos a través de los cuales las violencias no se cuestionan, tanto por estar naturalizadas, como porque las propias mujeres desconocen sus derechos fundamentales. O las experiencias del trabajo sexual entre las mujeres tseltales y tsotsiles en las calles y bares de San Cristóbal de Las Casas, en el estado de Chiapas, documentadas por Susana Flores, así como las distintas formas en que viven la violencia de género la gran mayoría de las mujeres que incursionan en el campo del poder político, como lo muestran Laura Valladares, Lizeth Pérez y Dalia Barrera, en sus respectivas contribuciones.

Creemos que desechar las piezas del rompecabezas de una sociedad patriarcal y su “dominación masculina” nos convoca a todas las investigadoras y actoras, quienes compartimos el interés por reciclar las piezas para construir una sociedad más justa y equitativa; por demás está señalar que se trata de una tarea nada sencilla, sobre todo, en un país en donde el crimen organizado, la desigualdad, el racismo y la discriminación tienen profundas raíces, pero afortunadamente existen pinceladas de esperanza protagonizadas, precisamente, por mujeres en distintos escenarios y contextos sociales; tal como lo hizo, por ejemplo, María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), médica tradicional del pueblo nahua y defensora de los derechos humanos, con una larga trayectoria de activismo en la redes indígenas desde la década de 1990, en el marco del surgimiento, en 1996, del Congreso Nacional Indígena.

Precisamente frente al actual escenario de feminicidios y violencias políticas de género que enfrentan las mujeres en contextos comunitarios, consideramos relevante rememorar uno de los tantos potentes discursos que pronunció Marichuy, siendo la primera mujer indígena que buscó ser candidata independiente en las elecciones presidenciales de 2018 en México, mandatada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), constituido por el EZLN y el CNI: “Tenemos dolor y rabia por la impunidad ante miles de feminicidios, por la violencia sistemática que día con día vivimos las mujeres del campo y las ciudades y que nos hacen decir ‘¡ya basta!, llegó la hora de las mujeres’, y no tengan duda, nosotras también vamos por todo”. Como muchas y muchos recordarán, Marichuy participó como delegada de Tuxpan en el CNI (1996) y posteriormente formó parte de la “Marcha del Color de la Tierra”, convocada por el EZLN en 2011, en donde fue una de las designadas para tomar la palabra en la más alta tribuna del poder legislativo nacional, para hablar a los legisladores sobre la importancia de realizar una reforma constitucional apegada a los Acuerdos de San Andrés firmados en Sakamch’en de los Pobres en febrero de 1996. Su lucha junto con las mujeres zapatistas y las de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), han sido una inspiración muy significativa para las mu jeres indígenas y no indígenas del país y de América Latina.

Ahora bien, este esfuerzo académico colectivo es también el resultado de trabajos comprometidos y colaborativos que parten desde una perspectiva feminista situada precisamente para no homogeneizar a las mujeres, al contrario, “procura la desmasificación de las idénticas y hacer de la diversidad una riqueza histórica” (Lagarde, 1984: 187). Por esto, como antropólogas junto con las activistas indígenas y afromexicanas, leemos las realidades que aquí se presentan, desde una perspectiva de género porque, como ya lo ha escrito Marcela Lagarde, es una perspectiva real, tópica y existente.

Los feminismos han contribuido a la lucha por concretizar y promover las condiciones sociales para que las mujeres sean reconocidas como sujetas históricas, y entre sus contribuciones más significativas, está su papel para crear conciencias críticas que cuestionan, desde prácticas diversas y cotidianas, la vieja y tradicional visión androcéntrica del mundo. bell hooks decía que “el feminismo es para todo el mundo”, por lo que las autoras consideramos definitivamente que las mujeres tenemos el gran desafío de incidir con nuestra presencia y reflexiones en diversos espacios sociales para modificar la cultura patriarcal hegemónica donde se cruzan las dimensiones de racismo, discriminación, etnia, género, clase, edad, educación, que históricamente nos han colocado fuera de la vida pública, tal como lo hizo Marichuy y otras muchas actoras políticas.

Las pesquisas presentadas coinciden en señalar la necesidad de modificar los estereotipos sociales y sus normas sobre los roles de género, así como mostrar que estas trasmutaciones logran desarticularse en y desde la praxis para descolocar las subjetividades enraizadas a una cultura patriarcal. Para arrancar esas raíces es necesario empezar a actuar, y movilizarse en todos los campos de representación política, económica, social, cultural, mediática y jurídica. La construcción de alternativas las conoceremos en los trabajos dedicados a mostrar la resiliencia de las mujeres triquis desplazadas de San Juan Copala, en Oaxaca (Carmen Cariño); las mujeres que participan en las contiendas políticas en los ámbitos municipales (Dalia Barrera), o las legisladoras de la Cámara de Diputados (Laura Valladares, Lizeth Pérez), o sobre la experiencia de las mujeres del municipio autónomo de Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero (Gema Tabares), y los y las jóvenes afromexicanos de Oaxaca (Maritza Urteaga y Alejandra Ramírez), y las mujeres afromexicanas articuladas en la Colectiva Ña’a Tunda, también de Oaxaca (María Lucero y Yolanda Camacho).

Otra de las particularidades de algunos de los capítulos del libro, es que exploran diversas vías metodológicas, tanto para dar cuenta de los procesos políticos analizados, como para repensar los vínculos que se establecen entre investigadoras y los actores y actoras sociales con las que se realizan las investigaciones. Existe una apuesta epistémica que aboga por establecer un diálogo intercultural con las mujeres con las que trabajamos, en algunos capítulos esta mirada y reflexión antropológica surge del trabajo colaborativo y de acompañamiento, como nos lo propone Carmen Cariño desde un posicionamiento como antropóloga, indígena y feminista decolonial en su trabajo con las mujeres triquis desplazadas de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. Otro de los abordajes antropológicos, recientes y muy sugerente, que se caracteriza por establecer una nueva relación entre las antropólogas y las comunidades indígenas autonómicas, es la defendida por Gema Tabares como una “antropología comprometida y comunitaria”, con la que ha desarrollado sus pesquisas con las mujeres indígenas autoridades del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica del estado de Guerrero. También como resultado de un trabajo de campo de largo aliento, cercano y colaborativo, Cristina Hernández se cuestiona las raíces de la violencia y las exclusiones en los municipios indígenas de la Montaña de Guerrero, en donde ha trabajado como parte de organizaciones de la sociedad civil y como vecina de estas comunidades. Mientras que en el capítulo dedicado a reflexionar sobre los procesos organizativos de las mujeres afromexicanas se desarrolla un abordaje en donde se privilegia una metodología colaborativa, no solamente se trata de establecer diálogos horizontales y relaciones comunicativas dialógicas, que se materializan en una escritura colaborativa; es decir, a un texto escrito a dos manos, entre la antropóloga María José Lucero Díaz y la líder de la Colectiva Ña’a Tunda, en el estado de Oaxaca, Yolanda Camacho.

En otros casos la investigación documental, la revisión de fuentes judiciales y periodísticas, combinada con la realización de entrevistas y trabajo de campo, logran brindar un panorama puntual y profundo de temáticas como las relacionadas con las luchas de las mujeres en escenarios de contienda política, o la investigación sobre feminicidios en el estado de Chiapas (Perla Fragoso), así como acerca de lo que significa ser joven afromexicano en el estado de Oaxaca (Maritza Urteaga y Alejandra Ramírez). Otro de los acercamientos etnográficos es el desarrollado por Susana Flores, quien para trabajar con las mujeres indígenas en condición de prostitución tuvo que recorrer bares, prostíbulos, las colonias marginales de San Cristóbal de Las Casas, presenciar y vivir los miedos que estos contextos violentos conllevan. No es una cuestión menor si consideramos que poco se ha estudiado la prostitución en contextos indígenas, a lo que se sumaba su condición de fuereña y la poca apertura para que las mujeres compartieran sus vidas y trayectorias. Se trata, en síntesis, de un libro que contiene distintas perspectivas teóricas e igualmente distintos modelos metodológicos para emprender los estudios antropológicos.

En cuanto a la presentación de los capítulos del libro se han organizado en cuatro grandes ejes temáticos, el primero denominado “Autonomías, mujeres y resistencias en contextos de violencia”, está conformado por tres capítulos que enfatizan la agencia de las mujeres indígenas para configurar resistencias ante escenarios de violencia estructural y la emergencia de dinámicas organizativas, políticas, así como las estrategias para edificar proyectos autonómicos indígenas, en esta dirección, las autoras reflexionan sobre ¿cómo se configuran proyectos de autonomía y de resistencia en el marco de naciones plurales?, ¿cómo se normalizan las violencias hacia las mujeres indígenas en contextos comunitarios? y ¿cuáles son los retos que deben enfrentar los pueblos indígenas y sus mujeres cuando se comprometen con un proyecto autonómico en un escenario de múltiples faccionalismos? Las respuestas la encontramos en los trabajos de Gema Tabares y Cristina Hernández, quienes desde hace años realizan pesquisas colaborativas, éticas y comprometidas con las comunidades de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero; mientras que el trabajo de Carmen Cariño es el resultado de sus investigaciones y reflexiones del drama social que han vivido las mujeres desplazadas del municipio de San Juan Copala, a las que ha acompañado a lo largo de los últimos años en su doloroso camino y que las ha llevado lo mismo a la ciudad de Oaxaca, la Ciudad de México e incluso a ciudades norteñas como Tijuana y Mexicali, en Baja California.

Gema Tabares está interesada en compartir la forma en que las esperanzas se difuminan en el marco de la violencia estructural fabricada por relaciones y campos de fuerza identificables que predominan en Guerrero. Siguiendo la categoría analítica propuesta por Myriam Jimeno, “comunidades emocionales” y a partir desde su experiencia antropológica en campo, expone cómo a pesar de este escenario de violencias variopintas, las mujeres de la comunidad de El Mezón, del municipio de Ayutla de los Libres, participan en defensa de la territorialidad y del tejido social comunitario; es decir, demuestra el papel agencial de las mujeres en la construcción y búsqueda de paz que decantó en la defensa de su derecho a ejercer la libre determinación. Asimismo, la autora explica el proceso organizativo y político de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a partir de la experiencia mezoneña. Muestra cómo El Mezón se configuró en una “comunidad emocional” para enfrentar los asesinatos, violaciones, robos y secuestros que enlutaban sus vidas, y que decantó en un proceso organizativo en el nivel municipal que tenía como horizonte inmediato la defensa de las normas y procedimientos que regulan la vida cotidiana. Encuentra los mayores aciertos de este ejercicio en la creación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana-Policía, y en la instalación en su comunidad de una de las sedes de la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur). Tabares afirma que el salto cualitativo para la constitución de esta “comunidad emocional” fue fundamental para diseñar su proyecto autonómico, expresado hoy en la construcción de una nueva estructura de gobierno comunitario en Ayutla de los Libres.

Desde otra mirada y otra realidad contrastante, Cristina Hernández sitúa sus reflexiones en la vecina región de la Montaña de Guerrero y desde allí da cuenta de las violencias normalizadas contra mujeres mè’phàà y na savi, se cuestiona el porqué de la prevalencia de la discriminación, la exclusión y su vínculo con el permanente estado de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres. Situación que se constituye como una de las grandes paradojas de esa región, si consideramos que los pueblos de la Montaña han sido protagonistas de una de las experiencias más exitosas de pacificación e impartición de justicia comunitaria, en una zona que vivía asolada por la violencia ejercida por el crimen organizado. Son ampliamente reconocidos los éxitos de su policía comunitaria y su sistema de justicia comunitaria, que suman ya más de 25 años en la región (Sierra, 2018). Sin embargo, a pesar de la búsqueda e impartición de justicia que acumula ya un cuarto de siglo, es sorprendente que a pesar del amplio trabajo de concientización y politización de la región, que es importante mencionar, ha tenido como uno de los ejes de discusión comunitaria las violencias de contra las mujeres. Sin embargo, a pesar de este vigoroso proyecto social, la violencia de género que viven las mujeres en el ámbito de sus hogares no ha logrado desterrarse. Esto, de acuerdo con Cristina Hernández, obedece a que la naturalización de la desigualdad de género se reproduce y perpetúa como uno de los mecanismos de la cultura internalizada entre hombres y mujeres, que explica en buena medida por qué las violencias no sean cuestionadas tanto en el espacio doméstico como en el ámbito público, a pesar del enorme sufrimiento social que provocan. La autora recurre, desde una etnografía narrativa, al análisis del papel que juega la discriminación lingüística cuando se conecta con situaciones donde las mujeres necesitan expresar su opinión y otorgar valor a la fuerza de su palabra para defenderse, dar su testimonio o expresarse en la toma de decisiones. Se trata de la presentación de un escenario que pretende dar cuenta de las dificultades para cambiar la cultura y, por ende, las prácticas violentas y de subordinación que están enraizadas en una doxa y una cultura patriarcal internalizada que no logran ser removidas.

En este mismo eje temático, Carmen Cariño, quién ha trabajado de manera colaborativa y comprometida desde 2008 con mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, analiza ¿cómo se configura la resistencia desde las prácticas de las mujeres indígenas desplazadas?, la autora coloca el término de “desplazadas” para dar cuenta de que las violencias contemporáneas están presentes en todos los espacios donde las mujeres se movilizan y se visibilizan. La autora da cuenta del camino espinoso del desplazamiento forzado del pueblo triqui y, particularmente, expone las múltiples violencias políticas a las que están expuestas las mujeres. Lo conmovedor de este trabajo es que nos contagia la indignación al saber las experiencias dramáticas que siguen enfrentando las mujeres a diez años de la expulsión violenta de sus territorios, y que a pesar o tal vez por eso mismo, ante un panorama tan complejo y violento, las mujeres triquis asumen una agencia política tanto en San Juan Copala, como en los lugares a los que las lleva el desplazamiento forzoso. Es importante mencionar que el tema del desplazamiento es muy reciente en México, pues oficialmente el gobierno mexicano no reconoce como desplazamiento forzoso a la expulsión de personas de sus terruños de origen, sea por conflictos religiosos, políticos o de otra índole.

El debate sobre desplazamiento encuentra su raíz en el año 2006, cuando la entonces Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) impulsó un Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (PAID) y reconoció que existía población indígena desplazada debido a la violencia generada por conflictos armados en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco e Hidalgo. La autora explica que el “desplazamiento interno forzado” (DIF) en México ha crecido de forma alarmante debido a disputas por el control de recursos naturales y me gaproyectos de desarrollo, así como a la presencia del ejército y de grupos paramilitares principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa. De manera crítica Carmen Cariño señala que pese a este escenario que pareciera ir en incremento, existe una ausencia normativa y discursiva sobre dicha problemática. Únicamente en el estado de Chiapas y Guerrero encontramos normas al respecto, en el caso del primero existe la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, mediante la cual se estableció la creación de un Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno; mientras que en Guerrero se promulgó la Ley número 487 que está dirigida a prevenir y atender el desplazamiento interno.