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Activismo, diversidad y género
Derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas en tiempos de violencias en México
Biblioteca de Alteridades 42

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
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Laura R. Valladares de la Cruz
Responsable Editorial
Norma Jaramillo Puebla
Activismo, diversidad y género
Derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas en tiempos de violencias en México
Laura R. Valladares de la Cruz
Gema Tabares Merino
(coordinadoras)

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Iztapalapa/División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Antropología
Juan Pablos Editor
México, 2020
Activismo, diversidad y género : derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas en tiempos de violencias en México / Laura R. Valladares de la Cruz y Gema Tabares Merino, coordinadoras. - - México : Universidad Autónoma Metropolitana : Juan Pablos Editor, 2020
1a. edición
410 p. : ilustraciones ; 14 x 21 cm
ISBN: 978-607-28-1991-7 UAM e-book
ISBN: 978-607-711-610-3 Juan Pablos e-book
T. 1. Mujeres indígenas - México - Condiciones sociales
HQ1460.5 A28
Primera edición, 2020
ACTIVISMO, DIVERSIDAD Y GÉNERO.
DERECHOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS
EN TIEMPOS DE VIOLENCIAS EN MÉXICO
de Laura R. Valladares de la Cruz y Gema Tabares Merino (coordinadoras)
Diseño de portada: Daniel Domínguez Michael
Imagen en portada: ® Gema Tabares Merino
D.R. © 2020, Laura R. Valladares de la Cruz
y Gema Tabares Merino (coordinadoras)
D.R. © 2020, Universidad Autónoma Metropolitana
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Unidad Iztapalapa/División de Ciencias Sociales y Humanidades/
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D.R. © 2020, Juan Pablos Editor, S.A.
2a. Cerrada de Belisario Domínguez 19, Col. del Carmen
Alcaldía de Coyoacán, 04100, Ciudad de México
ISBN: 978-607-28-1991-7 UAM e-book
ISBN: 978-607-711-610-3 Juan Pablos e-book
Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada o transmitida, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma y por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de los editores
La presente publicación pasó por un proceso de dos dictámenes (doble ciego) de pares académicos avalados por el Consejo Editorial del Departamento de Antropología, que garantizan su calidad y pertinencia académica y científica
Juan Pablos Editor es miembro de la Alianza de Editoriales Mexicanas
Independientes (AEMI). Distribución: TintaRoja <www.tintaroja.com.mx>
Índice
Introducción Laura R. Valladares de la Cruz y Gema Tabares Merino
AUTONOMÍAS, MUJERES Y RESISTENCIAS EN CONTEXTOS DE VIOLENCIAS
Por la libre y por el derecho a la libre determinación: El Mezón. Una experiencia de comunidad emocional en el municipio de Ayutla de los Libres Gema Tabares Merino
Discriminación lingüística y vulnerabilidad: los elementos de una violencia normalizada contra las mujeres mè’phàà y na savi de la Montaña de Guerrero Cristina Hernández Bernal
Mujeres triquis y desplazamiento interno forzado: experiencias de despojos y resistencias Carmen Cariño Trujillo
LAS DISPUTAS POR LA AUTORREPRESENTACIÓN POLÍTICA: MUJERES ENTRE VIOLENCIAS Y CONSTRUCCIONES DEL PODER DESDE EL ACTIVISMO ELECTORAL
#NoMeCuidanMeViolan. Violencia política de género en México: una mirada sobre l@s candidat@s indígenas en el proceso electoral de 2018 Laura R. Valladares de la Cruz
Retos de la representación política de las mujeres indígenas en el espacio legislativo Lizeth Pérez Cárdenas
Exclusión, discriminación y violencia política hacia las mujeres en los cabildos de México. Una experiencia desde la investigación-acción (1995-2016) Dalia Barrera Bassols
ROSTROS Y ESCENARIOS DE LAS VIOLENCIAS Y EL FEMINICIDIO EN MÉXICO
Para una genealogía del feminicidio en Chiapas Perla Orquídea Fragoso Lugo
Experiencia de mujeres tseltales y tsotsiles en el comercio sexual de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas Susana Flores López
PUEBLOS AFROMEXICANOS: ACTIVISMOS Y REIVINDICACIONES
Cuerpos jóvenes afromexicanos: entre la invisibilización y la resistencia Maritza Urteaga Castro Pozo y Alejandra A. Ramírez López
Y si algo no nos parece, ¡gritamos! Mujeres afromexicanas contra las múltiples violencias María José Lucero Díaz y Yolanda Camacho Calleja
Introducción
El poderío de las mujeres es ser humanas, y vivir en libertad.
Marcela Lagarde
El libro que la lectora o el lector tiene en sus manos tiene el propósito de compartir los resultados de las investigaciones realizadas desde una mirada antropológica sobre las distintas formas y expresiones de las violencias en la vida de las mujeres indígenas, mestizas y afromexicanas en distintos contextos. El hilo conductor que recorre los relatos y reflexiones de las autoras es la violencia estructural que viven las mujeres de distintos sectores sociales, procedentes de diversos pueblos indígenas: zapotecos, mixtecos, mè’phàà, tun savi, tzotziles, triquis, así como entre jóvenes y mujeres afromexicanas y con migrantes hondureñas, en diferentes geografías socioterritoriales y entornos, sea en sus comunidades de origen, en ciudades y/o comunidades a donde las ha llevado la migración o el desplazamiento forzado. Se trata de estudios en donde el sujeto histórico son las mujeres que han enfrentado histórica y sistemáticamente la opresión y la dominación de un sistema patriarcal, pero fundamentalmente se trata de etnografías que buscan dejar testimonio de la agencia de las mujeres en su lucha por enfrentar y confrontar distintas condiciones de vida adversas que las colocan en situaciones de enorme violencia y vulnerabilidad, como es el caso de la prostitución o de violencia política de género, o en la lucha por su autonomía, la de sus pueblos y las disputas por su auto-rrepresentación política.
Si bien, existen decenas de libros acerca de la violencia y su antídoto, la justicia; nosotras preferimos hablar de violencias en plural, aludiendo a las múltiples violencias que vivimos y nos enfrentamos a diario por el hecho de ser mujeres: en el transporte público, en la comunidad, en la academia, en la oficina, en las fronteras, en nuestras casas, en la tienda de la esquina, mientras caminamos y transitamos en un contexto neoliberal patriarcal caracterizado por una enorme desigualdad socioeconómica, que es una de las causantes del sufrimiento social y de género. También en estos estudios, encontrarán un énfasis en la agencia social y política de las mujeres, como actoras políticas, que con su militancia y activismo social modifican o inciden en las fisuras porosas de las estructuras de la dominación y la subordinación; sea luchando abiertamente por disputar cargos de elección popular, sea participando activamente en las luchas autonómicas de sus pueblos o creando organizaciones de mujeres, con lo que colocan su impronta de género en la construcción de nuevos acuerdos sociales plurales, incluyentes de las diversidades y armónicos en términos del ejercicio del poder y de la equidad de género, entre otras propues tas de horizontes posibles y/o en construcción.
Coincidimos con Marcela Lagarde cuando afirma que las mujeres compartimos la misma condición histórica, pero diferimos en cuanto a situaciones de vida. Desde el pañuelo blanco que enarbolaron las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en 1977 en Argentina, hasta el pañuelo verde que usamos las mujeres de distintos países en la marcha del 8 de marzo de 2020, y que simbolizó un grito de exigencia por una “educación sexual para decidir”, “anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, así como una exigencia de vivir “una vida libre de violencia”. De norte a sur, de sur a norte, del centro a la periferia y de la periferia al centro, las mujeres cuestionamos la organización patriarcal del mundo.
Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, el acceso a las redes sociales ha facilitado que las mujeres de todas las geografías del planeta se interconecten y se vinculen para expresar sus críticas, y confronten las violencias estructurales. También las redes sociales han sido un espacio privilegiado para denunciar a acosadores, hostigadores y, en general, a los agresores de las mujeres. Allí se han expuesto los nombres y rostros de hostigadores, secuestradores, violadores y asesinos y en múltiples casos las denuncias en redes sociales como #MeToo, se han constituido como redes potentes para exponer las violencias y en su caso judicializar las denuncias o, por lo menos, provocar la expulsión de los agresores de los espacios laborales desde donde perpetraban sus agresiones. Sin embargo, el acceso a las redes sociales no es igual para todas las mujeres, ni en todas las geografías; quienes trabajamos o vivimos en comunidades indígenas o afromexicanas sabemos que se carece, en gran medida, de acceso a esas redes sociales, conocemos que las mujeres no tienen la posibilidad de denunciar y visibilizar las violencias en las redes, pero se encuentran y conforman redes de mujeres en donde se expresan, intercambian agravios, denuncian las violencias de las que son objeto y reflexionan sobre los caminos posibles para detener estos embates que agravian sus vidas, las de sus familias y comunidades de origen.
En sintonía con estas experiencias, los capítulos que integran esta obra colectiva tienen como objetivo contribuir a la visibilización, los entramados de la violencia estructural (Galtung, 2003) y su contraparte, la resistencia. En los contextos rurales e indígenas la realidad tiene sus particularidades y complejidades, pues en la mayoría de los casos comparten condiciones de precarización y marginalidad; por ello, pensamos que no podemos romantizar o invisibilizar los entramados comunitarios en donde prevalecen violencias hacia las mujeres que se expresan en insultos, tortura, violación, prostitución de niñas, acoso sexual, infanticidio; violencias emocional, psicológica o física; matrimonios forzados y arreglados, violencia política, etcétera. Situaciones que han documentado las propias mujeres indígenas que se articulan en múltiples organizaciones comunitarias o regionales, así como en otras de carácter nacional e internacional, tales como la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) en México o en el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), entre otras muchas.
Otra de las problemáticas que ha sido ampliamente estudiada y reflexionada por la antropología es la situación que guardan los derechos humanos de las mujeres, así como el impacto de la cultura de los derechos humanos en sus propias vidas. En la última década se ha enfatizado en la rica fertilización que han tenido los debates feministas en los mundos indígenas. Sin embargo, no podríamos argumentar que ser feminista, o defensora de los derechos de las mujeres, debe pasar por un conocimiento de los hitos históricos que han significado un parteaguas en la historia contemporánea, pues desde Abya Yala las mujeres indígenas han construido propuestas epistémicas situadas en el sur global desde sus culturas, y cosmogonías que dan sustento a sus proyectos de futuro, tanto en el nivel comunitario como en el nacional y mundial. Estos planteamientos y experiencias son una de las aristas que hemos buscado testimoniar, junto con las propias actoras sociales que construyen estas nuevas narrativas sobre los derechos, la justicia, la democracia y la equidad de género.
Ahora bien, en las comunidades en donde se han realizado las investigaciones compiladas en este libro, existen esfuerzos organizativos vigorosos que nacen de la identidad de género, así como étnica y política, comprometidas con la construcción de mundos mejores. Es por esta razón que ha sido con los lentes de género con los que miramos e interpretamos estas realidades, pues nos permiten develar aquello de lo que no se habla cotidianamente, pero que está presente en la vida de las mujeres. En este sendero se encuentran, por ejemplo, las terribles violencias que nos relata Cristina Hernández y que suceden en la Montaña de Guerrero, en donde reflexiona sobre el papel que tienen la discriminación y la exclusión para accionar mecanismos a través de los cuales las violencias no se cuestionan, tanto por estar naturalizadas, como porque las propias mujeres desconocen sus derechos fundamentales. O las experiencias del trabajo sexual entre las mujeres tseltales y tsotsiles en las calles y bares de San Cristóbal de Las Casas, en el estado de Chiapas, documentadas por Susana Flores, así como las distintas formas en que viven la violencia de género la gran mayoría de las mujeres que incursionan en el campo del poder político, como lo muestran Laura Valladares, Lizeth Pérez y Dalia Barrera, en sus respectivas contribuciones.
Creemos que desechar las piezas del rompecabezas de una sociedad patriarcal y su “dominación masculina” nos convoca a todas las investigadoras y actoras, quienes compartimos el interés por reciclar las piezas para construir una sociedad más justa y equitativa; por demás está señalar que se trata de una tarea nada sencilla, sobre todo, en un país en donde el crimen organizado, la desigualdad, el racismo y la discriminación tienen profundas raíces, pero afortunadamente existen pinceladas de esperanza protagonizadas, precisamente, por mujeres en distintos escenarios y contextos sociales; tal como lo hizo, por ejemplo, María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), médica tradicional del pueblo nahua y defensora de los derechos humanos, con una larga trayectoria de activismo en la redes indígenas desde la década de 1990, en el marco del surgimiento, en 1996, del Congreso Nacional Indígena.
Precisamente frente al actual escenario de feminicidios y violencias políticas de género que enfrentan las mujeres en contextos comunitarios, consideramos relevante rememorar uno de los tantos potentes discursos que pronunció Marichuy, siendo la primera mujer indígena que buscó ser candidata independiente en las elecciones presidenciales de 2018 en México, mandatada por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), constituido por el EZLN y el CNI: “Tenemos dolor y rabia por la impunidad ante miles de feminicidios, por la violencia sistemática que día con día vivimos las mujeres del campo y las ciudades y que nos hacen decir ‘¡ya basta!, llegó la hora de las mujeres’, y no tengan duda, nosotras también vamos por todo”. Como muchas y muchos recordarán, Marichuy participó como delegada de Tuxpan en el CNI (1996) y posteriormente formó parte de la “Marcha del Color de la Tierra”, convocada por el EZLN en 2011, en donde fue una de las designadas para tomar la palabra en la más alta tribuna del poder legislativo nacional, para hablar a los legisladores sobre la importancia de realizar una reforma constitucional apegada a los Acuerdos de San Andrés firmados en Sakamch’en de los Pobres en febrero de 1996. Su lucha junto con las mujeres zapatistas y las de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami), han sido una inspiración muy significativa para las mu jeres indígenas y no indígenas del país y de América Latina.
Ahora bien, este esfuerzo académico colectivo es también el resultado de trabajos comprometidos y colaborativos que parten desde una perspectiva feminista situada precisamente para no homogeneizar a las mujeres, al contrario, “procura la desmasificación de las idénticas y hacer de la diversidad una riqueza histórica” (Lagarde, 1984: 187). Por esto, como antropólogas junto con las activistas indígenas y afromexicanas, leemos las realidades que aquí se presentan, desde una perspectiva de género porque, como ya lo ha escrito Marcela Lagarde, es una perspectiva real, tópica y existente.
Los feminismos han contribuido a la lucha por concretizar y promover las condiciones sociales para que las mujeres sean reconocidas como sujetas históricas, y entre sus contribuciones más significativas, está su papel para crear conciencias críticas que cuestionan, desde prácticas diversas y cotidianas, la vieja y tradicional visión androcéntrica del mundo. bell hooks decía que “el feminismo es para todo el mundo”, por lo que las autoras consideramos definitivamente que las mujeres tenemos el gran desafío de incidir con nuestra presencia y reflexiones en diversos espacios sociales para modificar la cultura patriarcal hegemónica donde se cruzan las dimensiones de racismo, discriminación, etnia, género, clase, edad, educación, que históricamente nos han colocado fuera de la vida pública, tal como lo hizo Marichuy y otras muchas actoras políticas.
Las pesquisas presentadas coinciden en señalar la necesidad de modificar los estereotipos sociales y sus normas sobre los roles de género, así como mostrar que estas trasmutaciones logran desarticularse en y desde la praxis para descolocar las subjetividades enraizadas a una cultura patriarcal. Para arrancar esas raíces es necesario empezar a actuar, y movilizarse en todos los campos de representación política, económica, social, cultural, mediática y jurídica. La construcción de alternativas las conoceremos en los trabajos dedicados a mostrar la resiliencia de las mujeres triquis desplazadas de San Juan Copala, en Oaxaca (Carmen Cariño); las mujeres que participan en las contiendas políticas en los ámbitos municipales (Dalia Barrera), o las legisladoras de la Cámara de Diputados (Laura Valladares, Lizeth Pérez), o sobre la experiencia de las mujeres del municipio autónomo de Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero (Gema Tabares), y los y las jóvenes afromexicanos de Oaxaca (Maritza Urteaga y Alejandra Ramírez), y las mujeres afromexicanas articuladas en la Colectiva Ña’a Tunda, también de Oaxaca (María Lucero y Yolanda Camacho).
Otra de las particularidades de algunos de los capítulos del libro, es que exploran diversas vías metodológicas, tanto para dar cuenta de los procesos políticos analizados, como para repensar los vínculos que se establecen entre investigadoras y los actores y actoras sociales con las que se realizan las investigaciones. Existe una apuesta epistémica que aboga por establecer un diálogo intercultural con las mujeres con las que trabajamos, en algunos capítulos esta mirada y reflexión antropológica surge del trabajo colaborativo y de acompañamiento, como nos lo propone Carmen Cariño desde un posicionamiento como antropóloga, indígena y feminista decolonial en su trabajo con las mujeres triquis desplazadas de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca. Otro de los abordajes antropológicos, recientes y muy sugerente, que se caracteriza por establecer una nueva relación entre las antropólogas y las comunidades indígenas autonómicas, es la defendida por Gema Tabares como una “antropología comprometida y comunitaria”, con la que ha desarrollado sus pesquisas con las mujeres indígenas autoridades del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica del estado de Guerrero. También como resultado de un trabajo de campo de largo aliento, cercano y colaborativo, Cristina Hernández se cuestiona las raíces de la violencia y las exclusiones en los municipios indígenas de la Montaña de Guerrero, en donde ha trabajado como parte de organizaciones de la sociedad civil y como vecina de estas comunidades. Mientras que en el capítulo dedicado a reflexionar sobre los procesos organizativos de las mujeres afromexicanas se desarrolla un abordaje en donde se privilegia una metodología colaborativa, no solamente se trata de establecer diálogos horizontales y relaciones comunicativas dialógicas, que se materializan en una escritura colaborativa; es decir, a un texto escrito a dos manos, entre la antropóloga María José Lucero Díaz y la líder de la Colectiva Ña’a Tunda, en el estado de Oaxaca, Yolanda Camacho.
En otros casos la investigación documental, la revisión de fuentes judiciales y periodísticas, combinada con la realización de entrevistas y trabajo de campo, logran brindar un panorama puntual y profundo de temáticas como las relacionadas con las luchas de las mujeres en escenarios de contienda política, o la investigación sobre feminicidios en el estado de Chiapas (Perla Fragoso), así como acerca de lo que significa ser joven afromexicano en el estado de Oaxaca (Maritza Urteaga y Alejandra Ramírez). Otro de los acercamientos etnográficos es el desarrollado por Susana Flores, quien para trabajar con las mujeres indígenas en condición de prostitución tuvo que recorrer bares, prostíbulos, las colonias marginales de San Cristóbal de Las Casas, presenciar y vivir los miedos que estos contextos violentos conllevan. No es una cuestión menor si consideramos que poco se ha estudiado la prostitución en contextos indígenas, a lo que se sumaba su condición de fuereña y la poca apertura para que las mujeres compartieran sus vidas y trayectorias. Se trata, en síntesis, de un libro que contiene distintas perspectivas teóricas e igualmente distintos modelos metodológicos para emprender los estudios antropológicos.
En cuanto a la presentación de los capítulos del libro se han organizado en cuatro grandes ejes temáticos, el primero denominado “Autonomías, mujeres y resistencias en contextos de violencia”, está conformado por tres capítulos que enfatizan la agencia de las mujeres indígenas para configurar resistencias ante escenarios de violencia estructural y la emergencia de dinámicas organizativas, políticas, así como las estrategias para edificar proyectos autonómicos indígenas, en esta dirección, las autoras reflexionan sobre ¿cómo se configuran proyectos de autonomía y de resistencia en el marco de naciones plurales?, ¿cómo se normalizan las violencias hacia las mujeres indígenas en contextos comunitarios? y ¿cuáles son los retos que deben enfrentar los pueblos indígenas y sus mujeres cuando se comprometen con un proyecto autonómico en un escenario de múltiples faccionalismos? Las respuestas la encontramos en los trabajos de Gema Tabares y Cristina Hernández, quienes desde hace años realizan pesquisas colaborativas, éticas y comprometidas con las comunidades de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero; mientras que el trabajo de Carmen Cariño es el resultado de sus investigaciones y reflexiones del drama social que han vivido las mujeres desplazadas del municipio de San Juan Copala, a las que ha acompañado a lo largo de los últimos años en su doloroso camino y que las ha llevado lo mismo a la ciudad de Oaxaca, la Ciudad de México e incluso a ciudades norteñas como Tijuana y Mexicali, en Baja California.
Gema Tabares está interesada en compartir la forma en que las esperanzas se difuminan en el marco de la violencia estructural fabricada por relaciones y campos de fuerza identificables que predominan en Guerrero. Siguiendo la categoría analítica propuesta por Myriam Jimeno, “comunidades emocionales” y a partir desde su experiencia antropológica en campo, expone cómo a pesar de este escenario de violencias variopintas, las mujeres de la comunidad de El Mezón, del municipio de Ayutla de los Libres, participan en defensa de la territorialidad y del tejido social comunitario; es decir, demuestra el papel agencial de las mujeres en la construcción y búsqueda de paz que decantó en la defensa de su derecho a ejercer la libre determinación. Asimismo, la autora explica el proceso organizativo y político de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) a partir de la experiencia mezoneña. Muestra cómo El Mezón se configuró en una “comunidad emocional” para enfrentar los asesinatos, violaciones, robos y secuestros que enlutaban sus vidas, y que decantó en un proceso organizativo en el nivel municipal que tenía como horizonte inmediato la defensa de las normas y procedimientos que regulan la vida cotidiana. Encuentra los mayores aciertos de este ejercicio en la creación del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana-Policía, y en la instalación en su comunidad de una de las sedes de la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur). Tabares afirma que el salto cualitativo para la constitución de esta “comunidad emocional” fue fundamental para diseñar su proyecto autonómico, expresado hoy en la construcción de una nueva estructura de gobierno comunitario en Ayutla de los Libres.
Desde otra mirada y otra realidad contrastante, Cristina Hernández sitúa sus reflexiones en la vecina región de la Montaña de Guerrero y desde allí da cuenta de las violencias normalizadas contra mujeres mè’phàà y na savi, se cuestiona el porqué de la prevalencia de la discriminación, la exclusión y su vínculo con el permanente estado de pobreza y vulnerabilidad de las mujeres. Situación que se constituye como una de las grandes paradojas de esa región, si consideramos que los pueblos de la Montaña han sido protagonistas de una de las experiencias más exitosas de pacificación e impartición de justicia comunitaria, en una zona que vivía asolada por la violencia ejercida por el crimen organizado. Son ampliamente reconocidos los éxitos de su policía comunitaria y su sistema de justicia comunitaria, que suman ya más de 25 años en la región (Sierra, 2018). Sin embargo, a pesar de la búsqueda e impartición de justicia que acumula ya un cuarto de siglo, es sorprendente que a pesar del amplio trabajo de concientización y politización de la región, que es importante mencionar, ha tenido como uno de los ejes de discusión comunitaria las violencias de contra las mujeres. Sin embargo, a pesar de este vigoroso proyecto social, la violencia de género que viven las mujeres en el ámbito de sus hogares no ha logrado desterrarse. Esto, de acuerdo con Cristina Hernández, obedece a que la naturalización de la desigualdad de género se reproduce y perpetúa como uno de los mecanismos de la cultura internalizada entre hombres y mujeres, que explica en buena medida por qué las violencias no sean cuestionadas tanto en el espacio doméstico como en el ámbito público, a pesar del enorme sufrimiento social que provocan. La autora recurre, desde una etnografía narrativa, al análisis del papel que juega la discriminación lingüística cuando se conecta con situaciones donde las mujeres necesitan expresar su opinión y otorgar valor a la fuerza de su palabra para defenderse, dar su testimonio o expresarse en la toma de decisiones. Se trata de la presentación de un escenario que pretende dar cuenta de las dificultades para cambiar la cultura y, por ende, las prácticas violentas y de subordinación que están enraizadas en una doxa y una cultura patriarcal internalizada que no logran ser removidas.
En este mismo eje temático, Carmen Cariño, quién ha trabajado de manera colaborativa y comprometida desde 2008 con mujeres del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, analiza ¿cómo se configura la resistencia desde las prácticas de las mujeres indígenas desplazadas?, la autora coloca el término de “desplazadas” para dar cuenta de que las violencias contemporáneas están presentes en todos los espacios donde las mujeres se movilizan y se visibilizan. La autora da cuenta del camino espinoso del desplazamiento forzado del pueblo triqui y, particularmente, expone las múltiples violencias políticas a las que están expuestas las mujeres. Lo conmovedor de este trabajo es que nos contagia la indignación al saber las experiencias dramáticas que siguen enfrentando las mujeres a diez años de la expulsión violenta de sus territorios, y que a pesar o tal vez por eso mismo, ante un panorama tan complejo y violento, las mujeres triquis asumen una agencia política tanto en San Juan Copala, como en los lugares a los que las lleva el desplazamiento forzoso. Es importante mencionar que el tema del desplazamiento es muy reciente en México, pues oficialmente el gobierno mexicano no reconoce como desplazamiento forzoso a la expulsión de personas de sus terruños de origen, sea por conflictos religiosos, políticos o de otra índole.
El debate sobre desplazamiento encuentra su raíz en el año 2006, cuando la entonces Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) impulsó un Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (PAID) y reconoció que existía población indígena desplazada debido a la violencia generada por conflictos armados en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco e Hidalgo. La autora explica que el “desplazamiento interno forzado” (DIF) en México ha crecido de forma alarmante debido a disputas por el control de recursos naturales y me gaproyectos de desarrollo, así como a la presencia del ejército y de grupos paramilitares principalmente en los estados de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa. De manera crítica Carmen Cariño señala que pese a este escenario que pareciera ir en incremento, existe una ausencia normativa y discursiva sobre dicha problemática. Únicamente en el estado de Chiapas y Guerrero encontramos normas al respecto, en el caso del primero existe la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, mediante la cual se estableció la creación de un Programa Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno; mientras que en Guerrero se promulgó la Ley número 487 que está dirigida a prevenir y atender el desplazamiento interno.
BIBLIOGRAFÍA
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Consejo Nacional de Población (Conapo) (2015), “Encuesta intercensal 2015”, México.
Davis, Ángela (2019), Mujeres, raza y clase, Madrid, Akal.
Galtung, Johan (2003), Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia, Bilbao, Gernika Gogoratuz.
Jimeno, Myriam (2007), “Lenguaje, subjetividad y experiencias de violencia”, en Antípodas. Revista de Antropología y Arqueología, núm. 5, Bogotá, Colombia, pp. 169-190.
Jimeno, Myriam; Daniel Varela y Ángela Castillo (2019), “Violencia, comunidades emocionales y acción política”, en Morna Macleod y Natalia de Marinis (eds.), Comunidades emocionales. Resistir a las violencias en América Latina, Ciudad de México/Bogotá, Universidad Autónoma Metropolitana/Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pp. 33-64.
Lagarde, Marcela (1984), Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, México, Siglo XXI, 2a. ed., 2015.
Sierra, María Teresa (2018), “Policías comunitarios y campos sociales minados en México: construyendo la seguridad en contextos de violencia extrema”, en Abya Yala. Revista sobre Acesso à Justiça e Direitos nas Américas, vol. 2, núm. 2, Brasil, disponible en <https://periodicos.unb.br/index.php/abya/article/view/18742/20358>.
AUTONOMÍAS, MUJERES Y RESISTENCIAS EN CONTEXTOS DE VIOLENCIAS
Por la libre y por el derecho a la libre determinación: El Mezón. Una experiencia de comunidad emocional en el municipio de Ayutla de los Libres
Gema Tabares Merino*
SUMARIO: Introducción. Retenes comunitarios “para cuidar al pueblo y para las fotos de los antropólogos”. “Preparemos gente capaz de resolver el problema a su propio pueblo”: la universidad. El proceso de reeducación de los 54 resguardados. Primera Asamblea del Tribunal Popular. “Después de todo fue la UPOEG el punto de lanza para todo el proyecto de autonomía”. Conclusiones: repensar el trabajo colaborativo. Bibliografía.
A la valiente comunidad de El Mezón.
¡No nos levantamos para matar, nos levantamos para vivir!1
INTRODUCCIÓN
Realizo un viaje por la carretera “libre” de Acapulco hacia Ayutla de los Libres para llegar a la comunidad de El Mezón, de la Costa Chica de Guerrero. En el transcurso de este viaje describo cómo opera la violencia estructural y cuál ha sido la respuesta de los pueblos indígenas frente a la ausencia del Estado en materias de seguridad, principalmente del municipio de Ayutla de los Libres. Expongo, a partir de la experiencia organizativa de esta comunidad, la configuración de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el surgimiento del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana-Policía Ciudadana (SSyJC-PC) y la instalación de la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur); para ello retomo puntuales asambleas municipales y explico cómo El Mezón se configura en una “comunidad emocional” (Jimeno et al., 2019), que en defensa de la territorialidad y del desarrollo integral desde la visión de los pueblos indígenas y afromexicanos, denuncia políticamente múltiples violencias que decanta en la búsqueda del derecho a la libre determinación, plasmado en una nueva estructura de gobierno indígena, electa mediante sistemas normativos internos. Finalizo con un ejercicio metodológico, etnográfico y colaborativo desde mi experiencia como antropóloga situada en un contexto de violencias.
RETENES COMUNITARIOS “PARA CUIDAR AL PUEBLO Y PARA LAS FOTOS DE LOS ANTROPÓLOGOS”
Llego al sitio de taxis que salen desde Acapulco hacia Tierra Colorada. En el camino, el taxista insiste en que “las cosas ya están complicadas en el puerto”, y entre pláticas acerca de la seguridad, llegamos al primer retén del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC) en Xaltianguis, en este retén comunitario se pueden observar a ocho policías ciudadanos que portan gorra, playeras color verde olivo con el logotipo de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y también portan escopetas, “para cuidar al pueblo y para las fotos de los antropólogos”,2 el chofer se detiene, uno de ellos pide cooperación voluntaria y los pasajeros cooperan, a velocidad lenta, el taxista reanuda el viaje; entonces aprovecho la pasada del retén para seguir conversando acerca de “la paz” en el estado de Guerrero. Todos los pasajeros dicen que se sienten “más seguros” con los policías ciudadanos que con los “policías del gobierno”.
Varios kilómetros después se encuentra el segundo retén comunitario del SSyJC con la misma dinámica de resguardar el territorio y nuevamente se pide cooperación voluntaria a los carros que transitan por esa ruta. Esta vez sólo cooperan dos pasajeros. “¿Saben qué significa Xaltianguis?” pregunto, y el taxista inmediatamente responde “es una palabra indígena [xalli, tianquiz] que quiere decir mercado de algo [de arena]”.
A partir de agosto de 2013, los habitantes de Xaltianguis, localidad rural del municipio de Acapulco, se organizan para incorporarse a la UPOEG y crear su propio Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, que en sus inicios fue protagonizado principalmente por mujeres. Este panorama demostró que en Guerrero “el rey estaba atrapado”.3 Desde una visión institucional, el gobierno ha argumentado que “Xaltianguis no era territorio comunitario”, esto se traducía en diversas disputas que durante su proceso de conformación y actualmente enfrenta la policía ciudadana con las autoridades gubernamentales, principalmente con Seguridad Pública. Los habitantes demuestran con hechos lo que es evidente: falla el sistema de seguridad de las policías municipal y estatal. Existe un posicionamiento axiomático por parte de la policía ciudadana hacia la defensa territorial; con ello, la persecución es constante, esto se puede ilustrar con los fallidos intentos de “desarmar” con operativos encabezados por la Secretaría de Marina y la policía federal a más de 100 policías ciudadanos de Xaltianguis, liderados por Ernesto Gallardo Grande, comandante regional de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.
Llego al crucero de Tierra Colorada. A pocos metros, y en dirección hacia Chilpancingo, se encuentra una base y un retén comunitario del SSyJC de la UPOEG. Aquí realizo una breve parada: las señoras venden atole, los taxistas gritan “¡Las Mesas, falta uno, vámonos!”, los negocios se encuentran abiertos, “no como en Acapulco”4 y los trabajos carreteros aturden con un ruido de maquinaria pesada. Continúo el viaje hacia la comunidad El Mezón, que queda a 42 kilómetros de la cabecera municipal de Ayutla y donde nacen los ideales de la estructura para el orden de seguridad y la conformación del SSyJC, principalmente por la violencia estructural que operaba en los pueblos.
A lo largo de este viaje explico los procesos que han permitido la construcción de un proyecto político de largo aliento: la constitución de la UPOEG (2011), la conformación de la policía ciudadana y el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (2012), la fundación de la Universidad de los Pueblos del Sur (2012), para dar cuenta de la raíz del proyecto autonómico relacionado con el ejercicio del derecho a la libre determinación: el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres (2018-2021), electo a mano alzada por la vía de los sistemas normativos internos y no por la de partidos políticos.
Continúo por la carretera “libre”, a 17 kilómetros del crucero de Tierra Colorada se encuentra el primer retén del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Ellos visten una playera de camuflaje militar color azul, la mayoría trae gafas de sol y portan el “fusil de asalto soviético”: AK-47. A partir de 2014, el FUSDEG se desprende de la UPOEG y formaliza su consolidación el 24 de enero de 2015 en Ocotito, municipio de Chilpancingo. Las fracciones se han dado por “fracturas internas” (Plácido, 2018) que se generaron en el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana.
Desde sus comienzos, el FUSDEG y la UPOEG han mantenido “conflictos de carácter político”5 y caminos bifurcados. Los señalamientos entre las dos organizaciones, tal como lo demuestra la información etnográfica, están vinculados a acusaciones de supuestos nexos con los poderes fácticos que participan en el control del territorio; como consecuencia, se han desatado diversos enfrentamientos, como aquellos sangrientos que ocurrieron el 6 de julio de 2015 en la comunidad de Xolapa (municipio de Acapulco) y el 24 de octubre de 2016 en la comunidad Tlayolapa (municipio de Juan R. Escudero). Desde entonces, ambas organizaciones han sostenido reuniones con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, con el objetivo de dialogar y “pactar una tregua”, sin llegar a acuerdo alguno.
Sin embargo, a partir de este camino escindido, las tácticas gubernamentales para confrontar a ambos grupos han sido variables e indelebles. Ambas organizaciones han sido cuestionadas por parte de las autoridades gubernamentales por portación de armas de uso exclusivo del ejército, fuera de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, aprobada el 15 de febrero de 2011; durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, y que entró en vigor el 8 de abril de 2011; justamente en la víspera de que Ángel Aguirre Rivero asumiera el cargo de gobernador.
El viaje continúa por la carretera federal Tierra Colorada-Cruz Grande, ruta 198; enseguida, en el kilómetro 24, en el entronque a San Juan del Reparo, se encuentra un segundo retén, también del FUSDEG. El coordinador de este frente, Salvador Alanís Trujillo, menciona que ha tenido acciones conjuntas con el gobierno y que, en caso de ser necesario, “se van a replegar a sus bases de operación para que las autoridades hagan su trabajo” (Ocampo, 2016); desde marzo de 2014 ha sido reconocida, en términos simbólicos, como policía comunitaria por parte del secretario general de gobierno, David Cienfuegos (Noticieros Televisa, 2018), a cambio de la instalación de retenes militares en la zona: “Nos dijeron que van a tomar el control de la seguridad, mediante una estrategia conjunta con todas las instituciones de gobierno” (Ocampo, 2016). El FUSDEG tiene sus bases comunitarias principalmente en los municipios de Juan R. Escudero, Mochitlán y Quelchutenango de la Región Centro de Guerrero.
Mientras observo por la ventana del carro las imponentes montañas y los puestos improvisados de flor de jamaica,6 tamarindo, miel y mamey, voy reflexionando lo que hace algunos años señalaba Héctor Díaz Polanco de que el fenómeno general de la llamada globalización contribuía, sin duda, al surgimiento de una nueva identidad sobre bases étnicas y, por lo tanto, surgía una toma de conciencia colectiva de los pueblos indígenas en el sur mexicano.
Después de una breve parada en la comunidad productora de queso Las Mesas (municipio de San Marco), el trayecto continúa. Ahora, a 29 kilómetros en Chacalapa se encuentra el tercer retén y una comandancia, esta vez del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC) de la UPOEG. Esta organización se da a conocer ante los medios de comunicación y ante la sociedad civil el 5 de enero de 2013 en la Costa Chica, principalmente en los municipios de Ayutla de los Libres y Tecoanapa. A partir de su surgimiento, la relación entre Estado y los pueblos indígenas ha colocado a debate no sólo el exclamado respeto a las culturas, sino también el derecho a la autodeterminación en Guerrero.
Continuando por la “libre”, en el kilómetro 35 se encuentra el cuarto retén comunitario, igual que el anterior, resguardado por policías ciudadanos del SSyJC de la UPOEG: “todo empezó por el cobro obligatorio a los ganaderos y por el hostigamiento si no pagabas el derecho de piso”.7 La dinámica de este retén consiste, también, en pedir cooperación voluntaria a las personas que transitan con vehículos por esta vía.
Pasando Las Mesas, a la salida de Tecoanapa (municipio del mismo nombre), justo después del Puente Mecatepec se encuentra la “Casa de los 43”, una casa de cemento pintada con murales: “Exigimos justicia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y esta reivindicación remite a la historia de Guerrero que puede remontarse, según Cirino Plácido, al “hartazgo de los pueblos indígenas ante la negación sistemática de la historia oficial”, hartazgo reflejado en la fundación del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencias Indígenas (Plácido, 2018). Como breve contexto, señalo que a partir de la década de 1990, en Guerrero surgen grupos armados como el Ejército Popular Revolucionario (EPR), las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (escisión del EPR) y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI); desde entonces, la criminalización por parte del Estado hacia las luchas del sur guerrerense ha sido perpetua, tal como ocurrió en las comunidades del municipio de Ayutla con la matanza de El Charco8 o con las esterilizaciones forzadas en el Camalote, La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán.9
En esta senda, Guerrero ha sido un estado en el que sistemáticamente se han violado de forma constante los derechos humanos, económicos, culturales y sociales a causa de un deficiente ejercicio de la función de seguridad pública a cargo de autoridades municipales y estatales (CNDH, 2014); no es casual la premisa de Boaventura de Sousa cuando dice: “sabemos que nos quieren amedrentar, que quieren que el miedo predomine, pero nosotros debemos tener la posibilidad de una esperanza” (Santos, 2018); esta esperanza se reflejó en la creación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (1995) en la región de la Montaña Alta, así como la creación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (2012) en las regiones de la Costa Chica y Centro encabezada por los hermanos Cirino y Bruno Plácido Valerio y el párroco Mario Ocampo.
Quiero enfatizar que pocos días después de registrar en términos etnográficos este recorrido, el 7 de mayo del 2019, en el mismo corredor del viaje de Acapulco-Xaltianguis no sólo se complicaba sino que cambiaba el escenario, debido a que se instalaba una base de operaciones mixtas, conformadas por elementos del ejército, la armada, agentes de la Fiscalía General de Estado, de la policía estatal y de Seguridad Pública del municipio de Acapulco con el objetivo de realizar “recorridos con vehículos blindados y sobrevuelos con helicópteros artillados, para el reforzamiento de la seguridad y la protección de los pobladores de Xaltianguis” (Chávez, 2019), esto después de la irrupción de un nuevo Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG) que atacó la comandancia de la UPOEG, y que devino en un enfrentamiento que dejó “tres muertos, cuatro heridos, un automóvil siniestrado y un bloqueo a la carretera” (Chávez, 2019). La UPOEG se retiraba del corredor, de acuerdo con su promotor Bruno Plácido para “evitar confrontaciones” (Plácido, 2019).
Me interesa ilustrar que la violencia estructural se expresa en Guerrero en el conjunto de prácticas violentas protagonizadas por el crimen organizado, que fragmenta el tejido social comunitario y amenaza con el control de los recursos naturales; no es gratuito, por ello, entender el surgimiento en el ámbito estatal de aproximadamente 25 sistemas de seguridad creados bajo lógicas comunitarias para hacer frente a la violencia fabricada por instituciones, así como por las relaciones y campos de fuerza identificables, tales como el crimen organizado, los sistemas políticos, el racismo, la inequidad de género y los concomitantes sistemas de opresiones (Bourgois, 2009:2).
Si bien mayoritariamente los sistemas de seguridad ciudadana y comunitaria son protagonizados por la UPOEG y la CRAC, también existen otros, como la Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG), la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), la Policía Ciudadana de Olinalá (PCO-CRAC), el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC), el Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero (GRUG), el Movimiento por la Paz de San Miguel Totolapan y el grupo de autodefensa de Ajuchitlán del Progreso (Comandantes, 2019); es decir, existen otros “grupos de autodefensas” o “grupos civiles armados”, en términos del gobierno actual, que batallan en el campo de la negación del acceso a la justicia y que demuestran la descomposición del Estado mexicano y su complicidad con los poderes fácticos. El reto de construir procesos políticos y simbólicos respetuosos de las luchas colectivas, no compete de manera exclusiva a las y los actores de los pueblos indígenas, sino al conjunto de actores de la sociedad con el fin de establecer las pautas de un aprendizaje mutuo en materias de derechos humanos. ¿Qué puede existir detrás de un proyecto político donde la estructura de seguridad se encuentra mandatada a la máxima autoridad: la asamblea comunitaria?
Con el surgimiento de estos sistemas comunitarios de seguridad, la institucionalidad gubernamental ha operado para inmovilizar la capacidad de acción de la policía conformada por los respectivos pueblos indígenas, mestizos y afromexicanos, esto se ilustra con la última iniciativa de reforma al artículo 14 constitucional del estado de Guerrero, que rige a la Ley 701 y que presentó la LXI Legislatura en 2018 con 40 votos a favor y uno en contra (Ramírez, Téllez y Ruiz, 2018), donde explícitamente “desaparece la figura de policías comunitarias y rurales”. De igual modo, la misma legislatura, en la Ley del Sistema de Seguridad Pública Estatal incorporó la creación de un “Sistema de Seguridad Comunitario” que “estará delimitado dentro del territorio de sus respectivas comunidades” y la creación de un Comité de la Policía Comunitaria Indígena como órgano de dirección y organización operativa, lo que significa que las policías comunitarias fungirán como organizaciones auxiliares de la seguridad pública estatal. Esta reforma que carece de una perspectiva intercultural, excluye y omite el marco normativo no escrito que regulan la vida comunitaria de los pueblos y que funciona con legitimidad desde la oralidad para resolver sus propios conflictos.
En el camino se pueden observar los platanales, las altas palmeras y los nanchales.10 Enseguida se encuentra el crucero del Zapote que lleva directo a la comunidad de Atocutla, a El Mezón Chico y finalmente a El Mezón.
¿Cuándo llegué por primera vez a esta comunidad? Por cuestiones académicas, en 2012 me acerqué al equipo docente de la Unisur11 y de manera precisa me invitaron a que asumiera una responsabilidad en una próxima sede que se abriría en El Mezón, así que previamente a su apertura, en ocasiones y junto con autoridades y fundadores de esa universidad asistí a reuniones y asambleas en comunidades de las regiones de la Costa Chica, Centro y Montaña, fue en este contexto que conocí a los hermanos Cirino y Bruno Plácido Valerio, y a diversos intelectuales indígenas.
La metodología que prioricé para elaborar este artículo consistió en una etnografía que denomino “pensar entre dos”,12 es decir, en la inves tigación incorporo mi experiencia de campo en la comunidad desde el año 2012 hasta la actualidad y las perspectivas de los intelectuales indígenas, de las mujeres y de las autoridades locales, mediante talleres comunitarios que me han implicado explorar dimensiones analíticas nuevas, en un principio impensadas. Con ello, referiré a tres asambleas puntuales: la de Cuanacaxtitlan (municipio de San Luis Acatlán), la de Potrerillo (municipio de Malinaltepec) y la Primera Asamblea del Tribunal Popular (municipio de Ayutla). También ha sido trascendental retomar la dinámica activa de las mujeres mezoneñas y la participación de estudiantes de la Unisur. “Pensar entre dos” implicó una dirección diferente a la etnografía tradicional porque me permitió comprender desde otros ángulos “cómo el pueblo agarraba al toro por los cuernos”, no debido a causas accidentales sino estructurales.
“PREPAREMOS GENTE CAPAZ DE RESOLVER EL PROBLEMA A SU PROPIO PUEBLO”: LA UNIVERSIDAD
Llegué a la comunidad de El Mezón, justo a la entrada se encuentra la iglesia que sirvió como espacio estratégico y simbólico para el proceso organizativo en 2012; enfrente se encuentra la comisaría, la cancha y los baños públicos que resaltan por una la leyenda: “UPOEG-Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social”. La tía Ofe junto con Florina me reciben en su casa, justo en la entrada, de lado derecho, existe un letrero que dice: “Modelo A. Por un gobierno de los pueblos 139 representantes. 1 Gobierno por Usos y Costumbres. Somos 139 comunidades decidiendo”. Poco a poco, empiezan a llegar los estudiantes de la Unisur, el comisario actual Estreberto Reyes Palma y el secretario Gilberto Reyes del Consejo de Autoridades (2019-2020).
El proyecto político de la UPOEG rebasaba el tema de la seguridad ciudadana, también proponía la educación de acuerdo con la filosofía de vida de los pueblos indígenas y afromexicanos. Ya reunidos, recordábamos cómo durante 2012, en asambleas previas a la fundación de la Unisur, los comisarios de La Unión, Vano, Zapote, Ahuacachahue, Azozuca, Atocutla, Tlachimala y El Mezón (comunidades del municipio de Ayutla), los profesores locales y Ernesto Gallardo Grande priorizaban la educación “para no seguir de ignorantes”. Las autoridades locales impulsaban y exigían el derecho a la educación intercultural. Gallardo decía:
IMAGEN 1

La tía Ofe junto con Florina (fotografía de Gema Tabares Merino).
Preparemos gente capaz de resolver el problema a su propio pueblo, capaz de sacar a su pueblo de tanto rezago, ellos van agarrar el toro por los cuernos, los muchachos tienen que estar preparados.13
En una asamblea municipal se había decidido instalar la universidad en El Mezón: “mucha gente votaron porque se instalara aquí la universidad”, además, tenía que estar fuera de la cabecera, “fue el primer requisito” (entrevista a Gallardo, 2012). Fue entonces que las autoridades locales “se encerraron” en la comisaría y decidieron los compromisos: “se le dijo al pueblo cómo se iba a mantener la universidad”:
Estamos buscando la forma de echar andar el comedor comunitario. También, tenemos la casa prestada del señor Lozano por un año, cerca de la universidad para los profesores. Y así como está la situación se resguardará al profesor, lo sacaremos desde el pueblo hasta el lugar donde se aborda el autobús (entrevista a Gallardo, 2012).
Los fundadores de la Unisur narraban que fue a partir del Primer Congreso de Educación Intercultural de Guerrero, en 2005, que se creó formalmente la comisión para la planificación de la universidad y el 12 de octubre de 2007 iniciaban las clases. El objetivo era atender y acompañar las necesidades de los pueblos náhuatl, na sávì (mixteco), mè`phàà (tlapaneco), nn’anncue ñomndaa (amuzgo), afromexicano y mestizo. La rectoría general se ubicaba en la Montaña, en Santa Cruz del Rincón, y se contaba con tres licenciaturas: gestión ambiental, lengua, cultura y memoria, y gobiernos de municipios y territorios; posteriormente se incorporaba salud comunitaria y justicia y derechos de los pueblos indígenas (Muñiz, 2012).
En el caso particular de la sede académica de El Mezón y través de un diagnóstico comunitario, se decidió la donación de un terreno para la universidad, inaugurada el 12 de octubre de 2012, junto con el fundador y profesor Bulmaro Muñiz, compartimos vivencias y trabajos colectivos con la primera generación conformada por 15 estudiantes: dos de ellos provenían de Vano, uno de Ahuacachahue, nueve de El Mezón, uno de El Mezón Chico, dos de Azozuca y una de Atocutla.14
Las autoridades locales, principales,15 mujeres y niños se sentían identificados con la universidad. En ese entonces, los habitantes mezoneños repetían que no hablaban ninguna lengua materna. Era interesante observar cómo, por el hecho de que no hablaban un idioma materno “no eran considerados como indígenas” por los hablantes del tù`ùn sávì y del mè`phàà de las comunidades de alrededor. En el proceso de la lucha colectiva se fueron configurando identidades (en plural) y se transitaba hacia la difícil frontera de la autoadscripción política. Después de un sumario de labores de concientización realizado por la Unisur, finalmente los estudiantes se preguntaban “entonces, ¿yo qué soy, cómo me autoidentifico?”, “no hablamos la lengua materna, pero también tenemos sangre indígena y hasta negra”, “nuestros abuelos hablaban el mexicano”, así se interpelaba la identidad homogénea que había prevalecido a partir de la construcción del Estado-nación y que, por ende, tendía a la homogeneización de la identidad nacional y de la diversidad cultural.
Las y los estudiantes de las comunidades vecinas a El Mezón, junto con las facilitadoras, conformábamos grupos de tres o cuatro y solíamos comer con las familias mezoneñas, cada día tocaba una casa diferente para el almuerzo, entonces, mientras las señoras mezoneñas echaban tortillas a mano o cocinaban, decían, “no nos dejan dormir tranquilas, maestra”. Esta forma de vincularse a la comunidad me permitió conocer, en términos de Myriam Jimeno, los testimonios de las mujeres que tenían efectos políticos en la comunidad (Jimeno et al., 2019).
Durante varias reuniones informales, autoridades locales, estudiantes y docentes de la Unisur, sosteníamos largas conversaciones con el dirigente orgánico Ernesto Gallardo Grande, quién más tarde sería nombrado comandante Neto (ex comandante regional del SSyJC de Xaltianguis, asesinado el 17 de octubre de 2020). Sentados, en forma de círculo y enfrente de la comisaría de El Mezón, Gallardo explicaba cómo se organizaron frente a la problemática social que atravesaban las comunidades:
Es aquí donde nace todo y desde aquí se pensaron los ideales del proyecto de desarrollo integral de los pueblos, primero caminábamos por las comunidades buscando la unidad, y una vez unidos, decidimos qué queríamos (palabras de Gallardo, 2012, en la comisaría de El Mezón).
A partir de la preocupación por el hostigamiento, por parte de actores externos a la comunidad, hacia los ganaderos de los municipios de Ayutla y Tecoanapa se reforzaban las estrategias organizativas para hacer frente a las amenazas: “Empezaban a cobrar el derecho de piso”,16 “la gente tenía miedo de ir a Ayutla por los secuestros y aparte lo golpeaban, le quitaban el dinero, los asaltaban, ya no había libertad”, “venía la judicial y se llevaba a quien topaba”, “si alguien hablaba, los subían al taxi y les cosían la boca”.17
Fue desde el año 2011 que Vicente Morales, Gilberto Reyes, Ulises Gallardo, Ernesto Gallardo, Estreberto Palma y Gonzalo Lozano, oriundos de El Mezón, recorrieron las comunidades de Atocutla, Zapote y Coxcatlán, “éstos son los pueblos que nos hicieron fuertes por primera vez”, para después buscar a líderes que tenían experiencia en el proceso de formación de policías comunitarias, fue así que llegaron a la comunidad de los fundadores de la CRAC, Cirino y Bruno Plácido Valerio. Entonces, se empezó a conformar la Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), principalmente para la defensa y control del territorio comunitario disputado por poderes fácticos en complicidad con las autoridades públicas del estado, aunque formalmente se consolidó a partir de 2012. La Unisur siempre acompañó el proceso de lucha colectiva de la UPOEG en el ámbito municipal de Ayutla y se asignaban tareas específicas, mandatadas mediante asambleas comunitarias.
Los excesivos recibos de luz:
“Tendrás los huevos de subirte al poste a cortarla, pero no de bajarte”.
Tía Ofe, principal de la comunidad.
Además de este panorama de múltiples violencias, los recibos de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegaban “exageradamente caros” (testimonio de Beto Zúñiga) a las comunidades, quienes protagonizaban diversos bloqueos carreteros, como el del “famoso puente de Marquelia” (testimonio del comandante Vicente Zúñiga), donde se aglutinaron más de seis mil personas para manifestarse y poner un alto a los abusos de la CFE (testimonio del comandante Vicente Zúñiga, en 2012).
En la comunidad, algunas mujeres me mostraban el recibo de luz y con un tono indignado narraban cómo se armaba “tremendo pleito” cada que iban los trabajadores a la comunidad para intentar cortar la luz por falta de pago: “Tendrás los huevos de subirte al poste a cortarla, pero no de bajarte”, narraba la tía Ofe que así increpaba a los trabajadores de la CFE. Las mujeres mezoneñas manifestaban su molestia por los excesivos precios “cuando apenas uno tenía tres focos y un refri o una tele”. Una de ellas contaba que un trabajador de la CFE (de la comunidad de Pozolapa) intentaba cortar la luz con insistencia: “¿Tú no fuiste campesino? [le decía], ¿tus padres no son campesinos?, ¿estás en la CFE porque es más fácil robarle al campesino que trabajar en el sol, en el campo, verdad? [le volvía a decir], ‘sí’ [decía], ‘mis padres son campesinos’ ”, y dejaba el medidor de la luz como estaba.
Mientras se organizaban en el nivel comunitario, Bruno Plácido Valerio, fundador y promotor de la UPOEG, lideraba el proceso de gestión para que las autoridades gubernamentales, principalmente la Secretaría de Gobernación, atendieran esta situación de los precios excesivos. Ante esta problemática, la UPOEG encabezó una emblemática caravana hacia la Ciudad de México, y asistíamos durante el mes de octubre de 2012 “afuera del Congreso de la Unión” para realizar un plantón donde se presentaron cuatro demandas puntuales: 1) establecimiento de tarifas eléctricas bajas para la zona de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero; 2) cumplimiento de acuerdos de construcción de tramos carreteros; 3) atención a la salud y educación, reconocimiento a la Unisur, y 4) respeto al territorio de los pueblos originarios y rechazo a las mineras. Uno de los logros fue conseguir “una tarifa preferencial de la energía eléctrica” destinada a los pueblos indígenas, además que saldaron una deuda de 65 millones de pesos a la CFE. El Congreso de la Unión otorgó 35 millones y el gobierno estatal 15 millones (Plácido, 2018). A partir de esta lucha contra los altos costos de la electricidad, la UPOEG encabezó gestiones para la construcción de ejes carreteros, principalmente de los tramos de Tlapa-Marquelia-Ayutla-Colotipla-Ayutla San Marcos y Pascala del Oro-Ayutla, “en general buscamos el mejoramiento de la infraestructura social” (Cervantes, 2012); así, la UPOEG empezó a adquirir fuerza como un movimiento para restablecer el desarrollo y la paz social en la Costa Chica de Guerrero.
“Era secuestro tras secuestro”.
Tía Ofe, principal de la comunidad.
En el ámbito del municipio de Ayutla, además del comandante Ernesto, también participaban activamente el comandante Guerrero18 y el comandante Gonzalo. En las asambleas se les veía juntos con las autoridades locales. Los comandantes insistían en lo que después se convirtió el lema del SSyJC: “Un territorio con seguridad, es un pueblo con justicia”.
Frente a este panorama de violencia estructural que se manifestaba en los actos violentos protagonizados por el crimen organizado, sobresalía la inoperancia gubernamental responsable de impartir justicia y a pesar de que permeaba el miedo, las comunidades del municipio eran impulsadas por la impotencia, así que de forma prudente y cautelosa, más en el nivel comunitario y al grito de “¡No estamos en emergencia, estamos en autodefensa!” (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013), se impulsaba la creación de una policía del pueblo: “fue el 19 de octubre de 2012, no olvidaré esa fecha en que salieron los comunitarios”, decía la tía Ofe (que más tarde sería la policía ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana).
De pronto, el 8 de enero de 2013 entre reuniones cotidianas y académicas, el comandante Ernesto Gallardo explicaba el secuestro de Eusebio Alberto García, comisario de Rancho Nuevo (del municipio de Tecoanapa), liberado “horas más tarde y herido de una pierna”, debido a la movilización colectiva. Los responsables Agustín y Rafael Vargas Jijón, Rafael Amador Vargas Carrillo y Osiel Vargas Chávez habían sido resguardados por el comandante. Este secuestro fue una clara llamada de amenaza “para que ya no nos organizáramos” (testimonio del comandante Vicente Zúñiga, 2013).
También, en plena boda voceaban que habían secuestrado a unos niños en Azozuca, comunidad vecina; El Mezón no paró la boda, “agarró machetes, palos y como pudo se preparó”.19 Se sumaba a este panorama el secuestro del sacerdote de la comunidad. Era el 12 de enero y los habitantes de El Mezón se cansaron de esperar la misa que ofrecería el párroco José Luis. “¡Lo secuestraron!”. Anunciaban. “Luego luego lo fueron a rescatar y después hizo la misa en la cancha y nos dijo, no me voy a rajar porque estoy con la policía de ustedes”.20 Y a pesar de “estar atrapados en el miedo”, las mujeres de las comunidades indígenas generaron estrategias para la defensa del tejido comunitario, porque la violencia estructural tenía sus efectos “detrás del velo de la violencia cotidiana” (Jimeno, Varela y Castillo, 2015), así, decantaron en un fuerte proceso organizativo para enfrentar al crimen organizado:
Las instituciones gubernamentales de impartición de justicia fueron diseñadas por ellos y para ellos, no pensadas desde la filosofía de los pueblos, su labor es proporcionarnos paz y tranquilidad nacional, sin embargo se les olvidó implementar políticas en prevención de delitos, y como no hicieron eso, ahora nos rebasó, por eso como pueblo no tuvimos otra alternativa (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013).
Ante los numerosos secuestros perceptibles en la región y dada la ineficiencia de instancias del gobierno de Guerrero relacionadas con la seguridad pública, las comunidades se organizaban y las asambleas se realizaban constantemente pues, por un lado, existía el hartazgo y repetían “están arruinando a nuestro país, están dejando sin futuro a nuestros hijos” (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013); por el otro, había la esperanza de edificar una sociedad más justa donde se reestableciera el orden, el desarrollo y la paz en las comunidades.
Sin embargo, y sin que los medios de comunicación o el gobierno municipal o el estatal supieran, la madrugada del 5 de enero de 2013, aproximadamente 800 personas aglutinadas en la UPOEG de los municipios de Ayutla de los Libres, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala, irrumpieron en la cabecera de Ayutla, mediante la instalación de retenes comunitarios, “lo único que estamos haciendo es defender al pueblo, ¡estamos defendiendo la vida!” (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013). Las personas partícipes en los diversos retenes comunitarios portaban capuchas para cubrir los rostros:
No somos ni los primeros ni los últimos que tendrán que cubrirse el rostro, para ver un nuevo amanecer, donde nuestras familias y nuestra gente, disfrute de la vida y no la viva con amargura, con duelo, con angustia, porque en eso han convertido a México (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013).
Los días posteriores al 5 de enero se realizaban patrullajes, se seguían instalando retenes (construidos con costales rellenos de arena) y puntos de revisión para controlar las entradas y salidas de actores externos que ingresaban a la cabecera municipal, y así, cinco días después se llegó al municipio vecino de Tecoanapa:
La sociedad estaba secuestrada en sus casas, por esta razón decidimos salir a la calle, las instituciones que han sido diseñadas para atender y brindarnos seguridad y justicia, gozan de un gran presupuesto, […] pero sus resultados no sólo son tristes, son lamentables (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013).
En total, durante el mes de enero y sin presupuesto económico, se logró capturar a 54 personas de diversos municipios de Guerrero, vinculadas con el crimen organizado, que serían trasladadas a la comisaría de El Mezón y que al interior de la comunidad se les llamaba “resguardados” (no detenidos). “Hicimos en unos días lo que el gobierno no quiso hacer por años” (Plácido, 2013, 2018).
A partir de esta irrupción, los medios masivos de comunicación empezaron a difundir la noticia de la lucha colectiva que encabezaban las comunidades aglutinadas en la UPOEG, entre los principales titulares usaban el término “grupos de autodefensas” o “encapuchados”. En este sentido, a través de un comunicado de prensa, la CRAC informaba y se deslindaba:
Queremos puntualizar algunas prácticas que se han observado en el levantamiento y que muestran claramente que no es la CRAC Policía Comunitaria, quien lo dirige (CRAC, 2013).
Esto rompía con los acuerdos establecidos en la asamblea de Potrerillo (municipio de Malinaltepec), realizada el 13 de agosto de 2012 donde asistieron autoridades de la Unisur, autoridades comunitarias y agrarias, el padre Mario Ocampo y representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fue una asamblea muy significativa porque en ella se realizó una evaluación cualitativa y permitió ubicar “los errores políticos y organizativos”, tanto de los proyectos políticos de la CRAC y de la UPOEG como de las tensiones entre los liderazgos políticos. Al mismo tiempo, rompía con los acuerdos dialogados durante el mes de noviembre de 2012, en el 17 aniversario21 de la CRAC-PC en Miahuichán, municipio de San Luis Acatlán. En sus inicios, algunos policías conformados por las propias comunidades de Ayutla portaban “la camisa de la CRAC”, para después abandonarla, debido a disputas políticas en torno a las estrategias de defensa territorial y relacionadas con los 54 “resguardados” (Palma, 2013, 2019). Sin embargo, los proyectos políticos de la UPOEG y la CRAC coinciden en la búsqueda de “vivir en paz y con tranquilidad”. Igualmente, en ambas, las decisiones se encuentran subordinadas a una base de poder conformada por una “asamblea comunitaria” y un “mandatario”; la primera se refiere a que el pueblo manda, y la segunda a que la estructura obedece (Plácido, 2012).
A partir de este escenario y conforme a lo previsto en la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y en la Ley 701, de manera explícita confirmaba en su artículo 37, el reconocimiento únicamente como policía comunitaria de la CRAC y su sistema de justicia, esta última ley la definía como un “cuerpo de seguridad pública reconocido, de conformidad con los sistemas normativos de las comunidades y los pueblos indígenas” (artículo 6, Ley 701). El gobierno estatal ha tenido respuestas simbólicas y legales diferenciadas para el reconocimiento de los “cuerpos de seguridad comunitarios” de la Montaña, de la Costa Chica y de la región Centro.
¿Cuál fue la respuesta por parte del gobierno estatal ante el levantamiento de los pueblos sureños? Reforzar la implementación del “Operativo Guerrero Seguro”, que según el vocero del gobierno, Arturo Martínez Núñez, fue un operativo realizado por la Secretaría de Marina (Semar), el ejército y la policía federal (Notimex, 2011), que retomarían la seguridad pública tanto en Ayutla como en Tecoanapa. Empero, para retomar, primero hay que tomar; el objetivo era criminalizar a los grupos comunitarios “hartos de tanta chingadera”,22 por esto, la insistencia de desarmar a “los rostros cubiertos”.
Mientras tanto, en la comunidad de El Mezón se repetía que “sólo el pueblo defendía al pueblo”. El nuevo Consejo de Autoridades electo para trabajar durante el año 2013, ahora lo presidía el comisario Gonzalo Lozano Jacinto. Así, a través de mandatos comunitarios se asignaron quehaceres específicos para el cuidado de las personas resguardadas en la comisaría, “era un gasto bien pesado darle de comer a todos, pero no nos rajamos, les dábamos sus tortillas hechas a mano” (testimonio de mujer mezoneña, 2019). Tanto las mujeres como los jóvenes se turnaban para llevar de comer tres veces al día a los resguardados. Los estudiantes de la Unisur eran campesinos y campesinas que, al mismo tiempo, participaban en los turnos nocturnos para vigilar la comunidad, la comisaría y a los “resguardados”; para ello se emplearon diversas estrategias, sobre todo en las rutas alrededor de la comunidad. La iglesia permanecía salvaguardada, a veces porque se resguardaban en este espacio simbólico a algunos delincuentes o, en ocasiones, porque se vigilaba desde allí la entrada y salida de “aquellos delincuentes que pensaban regresar”.23
Las mujeres se encargaban de trabajar en las fisuras de la violencia; es decir, tenían una participación activa en este procedimiento debido a que colaboraban con funciones específicas: cocinaban para los resguardados, vigilaban la comisaría, participaban en las asambleas y aunque la mayoría ocupaban un espacio cultural y social asignado, algunas cuestionaban dichos roles con sus prácticas y participaban en otras actividades; no era fácil porque el campo de adopción de decisiones comunitarias ha sido un espacio históricamente excluyente para las mujeres, resultaba una tarea complicada, debido al entramado comunitario: “muchas veces las críticas más fuertes provenían de la comunidad por el hecho de trasgredir esos roles” (testimonio de mujer mezoneña, 2019); pero insistían en ser consideradas, o en ocasiones, cuando los hombres salían de la comunidad, algunas mujeres asumían el resguardo. Era notorio el sentido de pertenencia y arraigo territorial.
El panorama era complejo; por un lado, las asambleas comunitarias se realizaban con mayor ímpetu y, por el otro, en el transcurso del mismo mes de enero, de pronto, llegaban dos o tres medios de comunicación a El Mezón y los retenes comunitarios se “reforzaban exageradamente para controlar las entradas al pueblo”, el comandante Ernesto declaraba (lo que ya sabíamos en el nivel comunitario), el secuestro del comandante de Ahuacachahue:
La mafia o chicos malos nos quisieron medir fuerza, nosotros agarramos un delincuente y al rato nos llegó la amenaza, a los dos días levantan al comandante de Ahuacachahue y nos notificaron que íbamos hacer un cambio entre el detenido y mi comandante. Que me presentara sin gente, sin arma y llevando al muchacho, desde luego no íbamos a caer en sus debilidades, lo que he anunciado es que estamos al diez por uno, me agarras uno y te agarro diez (palabras del comandante Gallardo, 2013).
Y así empezaron las ofertas para “arreglar” la situación con dinero:
Aquí con dinero no vamos a arreglar nada, […], no queremos la cuota, que no se metan con la ciudadanía, el pueblo se cansó y el pueblo puso orden y lo estamos demostrando con hechos (palabras del comandante Gallardo, 2013).
EL PROCESO DE REEDUCACIÓN DE LOS 54 RESGUARDADOS
Fueron días de actividades arduas y responsabilidades que asumieron las autoridades locales y agrarias de las comunidades del municipio Ayutla: Tecoanapa, San Marcos y Cruz Grande; al mismo tiempo, las asambleas se intensificaron, el común denominador era la defensa y gestión responsable de los bienes naturales y “limpiar Ayutla de los chicos malos” (palabras del comandante Ernesto, 2012).
De forma simultánea a que se tomaban las clases en la Unisur, algunos de las 54 personas resguardadas tenían pláticas con los principales y con el Consejo de Autoridades, como parte del procedimiento de reeducación: “se acordó que construyan el comedor universitario de la Unisur”. Otros resguardados se dedicaban a tejer hamacas en la cancha, justo enfrente de la iglesia. Como facilitadora de la universidad, en ocasiones, me asignaban ir a la comisaría por los resguardados y explicar dicha construcción. Durante este trayecto, documenté con fotografía y video el trabajo comunitario. Sin embargo, 27 (cinco mujeres) de los 54 resguardados se encontraban en otro espacio que no era la comisaría y al que únicamente el Consejo de Autoridades y los comandantes tenían acceso.
Al mismo tiempo que se llevaba a cabo el proceso de reeducación, inherente al sistema comunitario donde “se daba la oportunidad a los detenidos para reconocer sus errores o faltas cometidas y mejorar sus conductas a través de trabajo comunitario”,24 se realizaron dos asambleas puntuales, hitos en la conformación de la policía ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana.
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Resguardados tejiendo hamacas y vigilados por un policía ciudadano en la cancha de la comunidad de El Mezón, enero de 2013 (fotografía de Gema Tabares Merino).
La primera asamblea fue el 20 de enero de 2013, en Cuanacaxtitlan, municipio de San Luis Acatlán, donde se decidía, con voz y voto de las autoridades y consejeros locales, cuáles serían las comisiones y gestiones para “poner freno a las acciones de los chicos malos”. En esta reunión, el comandante Guerrero mostraba un cartel que decía: “Presentación de los resguardados relacionados a la delincuencia” y, al mismo tiempo, explicaba cuál sería la dinámica en la próxima Primera Asamblea del Tribunal Popular que se realizaría el 31 de enero de 2013 en la comunidad de El Mezón. Asistíamos junto con el comité de padres de familia de la Unisur y el comisario (en turno) Gonzalo Lozano Jacinto. Además, Román Pantoja Valdivia, comisario de La Unión; Álvaro Hernández García, comisario del Vano; Rosalío Onofre Castro, comisario del Zapote; Fidel Morales Teodoro, comisario de Ahuacachahue; Próspero Borja González, comisario de Azozuca; Eduardo Narciso Mendoza, comisario de Atocutla; Joel Onofre Martínez, comisario de Tlachimala, y Juan García Hermelindo, delegado de Palma Sola. En esta ocasión sólo asistimos dos mujeres, “el resto se quedaba cuidando a los resguardados” (palabras de la tía Ofe).
En esta asamblea, la mayoría de los varones referían a los testimonios dolientes que habían protagonizado las personas resguardadas. Todos “sabíamos” (como una especie de secreto comunitario que no podía divulgarse) a través de testimonios de las víctimas, las atrocidades que habían cometido las personas capturadas durante el mes de enero. No trabajé directamente con las víctimas, además, estaba prohibido usar sus testimonios para fines académicos o periodísticos, pero fueron justamente esos testimonios que impulsaron a las comunidades a reforzar el proceso organizativo. Era importante este ejercicio rememorativo de las “atrocidades” porque permitía empujar el proceso de transformación social (Jimeno et al., 2019).
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El comandante Guerrero muestra el cartel
“Presentación de los resguardados relacionados a la delincuencia” en la reunión de Cuanacaxtitlan, municipio de San Luis Acatlán, realizada el 20 de enero de 2013 (fotografía de Gema Tabares Merino).
PRIMERA ASAMBLEA DEL TRIBUNAL POPULAR
La segunda asamblea fue el 31 de enero de 2013 en El Mezón, donde se instalaba formalmente la Primera Asamblea del Tribunal Popular y donde participaron 69 autoridades; entre ellos, comisarios, comisariados y consejeros de los pueblos que pertenecen a los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Marcos y Cruz Grande. La asamblea se rigió por los principios de inmediatez, contradicción, oralidad, imparcialidad e independencia y con pleno respeto a los derechos humanos. Prácticamente se expresaba y analizaba en torno al hartazgo, coraje e impotencia que sentía la población indígena y mestiza ante la ausencia del Estado en materia de justicia.25
La Asamblea del Tribunal Popular proponía la interconexión de: 1) instalar formalmente el tribunal popular; 2) presentar ante los medios de comunicación a los 54 resguardados mediante una lectura de los delitos que se les imputaba, y 3) facilitar un espacio a las víctimas para presentar testimonios (orales y escritos) como pruebas del delito contra los resguardados. Jimeno define a la categoría de “víctima” como “un contenido emocional y afectivo, haciendo que ésta trascendiera mucho más allá de una simple categoría burocrática impuesta” (Jimeno et al., 2019:34). En esta asamblea, las víctimas se atrevían a narrar la experiencia de sufrimiento, convirtiendo esta narración en una estrategia para exigir sus derechos como víctimas y como pueblos indígenas.
Había diferentes comisiones: de alimentos, de logística, de coordinación de los familiares de los resguardados; en calidad de facilitadora de la Unisur y junto con estudiantes, coordinamos la Comisión de los Medios de Comunicación. Mientras que el facilitador y fundador de la universidad, Bulmaro Muñiz fungió como maestro de ceremonias de la asamblea. También figuraba Carmelo García del pueblo de Ahuacachahue, como traductor bilingüe de las víctimas; Manuel Vázquez como promotor de la UPOEG; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan como observador; el comandante Ernesto Gallardo, como coordinador regional de la UPOEG; Bruno Plácido como fundador de la UPOEG; el párroco Mario Ocampo, fundador de la CRAC-PC, y autoridades locales y agrarias. Las acciones y funciones de los líderes encontraban sentido únicamente, una vez insertadas en el sistema comunitario. Es decir, la participación de los pueblos en esta asamblea se planteaba desde el holismo de las cosmovisiones indígenas, lo que implicaba romper con toda perspectiva individualista: “Lo que le pase a un compañero de cualquier región, nos pasa a todos” (palabras de Bruno Plácido, promotor de la UPOEG).
Desde este holismo de las cosmovisiones indígenas, subrayo que se debe romper con la idea predominante que se han difundido tanto en el campo de los medios de comunicación como en el campo académico de personalizar el proceso de lucha, ya que se desconoce la participación colectiva de las comunidades. Éste es un discurso que ha usado política y estratégicamente el gobierno para deslegitimar la capacidad de movilización de los agentes indígenas; Wallerstein lo ha señalado: “el sistema-mundo ha contado con muchas instituciones que forman una matriz que permite al sistema operar, pero al mismo tiempo, estimula tanto los conflictos como las contradicciones que calan en el sistema” (Wallerstein, 2008:3).
Mientras, en el crucero El Zapote, previo a El Mezón, se instaló el primer filtro para los medios de comunicación, quienes se registraron a partir de las nueve de la mañana. Los vehículos se identificaban con el letrero de “prensa”; así, una vez que llegaban a la comunidad, los ubicábamos.
Previamente, elaboramos un reglamento comunitario (Reglamento comunitario, 2013) de ocho puntos en el que se pedía, de manera explícita, a los medios acatar las normas y reglas que ancestralmente rigen a los pueblos, además se indicaba que por la seguridad y el respeto de todos las y los asistentes, quedaba prohibido tomar fotografías, grabar videos, grabar audio, usar teléfonos celulares y realizar entrevistas, en tiempos y lugares no autorizados por la autoridad comunitaria.
La Comisión de los Medios de Comunicación se encargó del ingreso de todos los participantes e instaló mesas de registro para medios de comunicación, familiares de resguardados, autoridades comunitarias y familiares de víctimas. Conforme llegaban las y los periodistas se registraban, se solicitaba una identificación oficial y se pedía firmar el reglamento mencionado; a continuación, una comisión de policías ciudadanos los acompañaba a un espacio asignado, justo enfrente de la mesa de presidium de las autoridades, desde este lugar, grabaron en los tiempos indicados oportunamente por la autoridad comunitaria. Este hecho fue muy criticado por los 127 medios nacionales e internacionales registrados debido a las “restricciones” y “limitaciones” de movilización en el espacio físico y a la “vigilancia estricta”. Siempre se explicaba que la prioridad era garantizar la seguridad y el respeto de las víctimas y se reiteraba que estaba estrictamente prohibido fotografiar los rostros de las víctimas; sin embargo, mientras daban sus testimonios se admitió grabar únicamente en audio.
En esta primera sesión del tribunal popular se recibían las pruebas escritas por parte de las víctimas que decidían no expresar sus testimonios ante los medios de comunicación. La presentación de los resguardados se realizaba por grupos de cinco, cada uno acompañado por uno o dos policías ciudadanos. La cancha se encontraba abarrotada por los asistentes y vigilada por policías ciudadanos de los municipios de Ayutla, Tecoanapa, San Marcos y Cruz Grande, algunos cubrían sus rostros con paliacates, capuchas y máscaras de luchadores y usaban gorras o lentes oscuros. Todos portaban escopetas.
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Primera Asamblea del Tribunal Popular en la comunidad El Mezón, municipio de Ayutla de los Libres, realizada el 31 de enero de 2013 (fotografía de la Comisión de los Medios de Comunicación de la Unisur).
Una vez ubicados los resguardados en medio de la cancha, se leía nombre, edad (de 16 a 50 años), comunidad de origen y delito imputado. De los 54 resguardados que se presentaron, cinco eran mujeres. Las principales acusaciones, según los testimonios, eran “extorsión, robo, cobro de cuotas a los ganaderos, halcón26 y delitos de homicidio”. La instalación de este “Órgano de Justicia Indígena”, como lo llamaba Bruno Plácido, duró más de cinco horas. En esta primera asamblea en ningún momento se juzgó a los resguardados, como erróneamente se ha sostenido en los medios de comunicación.
A mano alzada se decidió que el 22 de febrero de 2013 se realizaría la segunda sesión del tribunal popular en Buena Vista (municipio de Tecoanapa), para iniciar el proceso de “pruebas y alegatos” y “para juzgar a las personas vinculadas con la delincuencia que hemos detenido desde el 5 de enero a la fecha”.27 En esta segunda sesión, los resguardados podían rendir declaraciones y presentar pruebas que demostraran su inocencia ante las acusaciones de las víctimas, los familiares de los resguardados podían fungir como defensores. Al término de las exposiciones orales de las dos partes, este Órgano de Justicia Indígena sesionaría y presentaría su veredicto, que condenaba o absolvía a los resguardados.
En la tarde del mismo 31 de enero, como comisión “enviábamos” a los periodistas los resolutivos de la Primera Asamblea del Tribunal Popular. Posteriormente (ya sin la presencia de los medios de comunicación), las respectivas comisiones daban testimonio de cómo les había ido en las tareas asignadas. Después, la Comisión de los Medios de Comunicación se dedicó al monitoreo de todas las publicaciones de prensa relativas a la asamblea.
Antes de que se realizara la segunda sesión de este Órgano de Justicia Indígena, el gobierno estatal encabezado por Ángel Aguirre Rivero, anunciaba que el 1 de febrero se instalaría una Comisión para la Paz y Desarrollo de los Pueblos Indígenas; el objetivo era la entrega de los 54 resguardados que debían, según la versión gubernamental, ser sometidos a leyes institucionales.
La instalación de la Asamblea del Tribunal Popular no fue reconocida por parte del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, que argumentaba que en la Ley 701 “no se establece la figura de ningún tribunal popular”.28 También la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se limitó a urgir a las autoridades la implementación de mecanismos de protección y atención a la ciudadanía y refutó que se violentaba el artículo 17 constitucional: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia” (Redacción AN, 2013). Mientras que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Coddehum) solicitaba al gobierno medidas cautelares para resguardar la integridad física tanto para los familiares de las víctimas como para los familiares de las policías ciudadanas.
Sin embargo, este Órgano de Justicia Indígena fue fundamentado en los que se dispone en los artículos 1, 8, 9 y 11 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; 1, 2 y 39 de la Constitución federal; 35, 36 y 37 de la Ley 701 de Guerrero. Era expreso, había una inconformidad de las comunidades ante la postura del gobierno:
Nunca quisieron mirarnos, cuando nos secuestraban, cuando nos tenían aterrorizados, cuando nos asesinaban, nunca quisieron ver nuestros rostros, nunca preguntaron que queríamos. Esos que hoy exigen respeto a las instituciones, son quienes nos cerraron las puertas de ellas.29
Después se realizaron incontables asambleas en la misma comunidad de El Mezón para evaluar el trabajo colectivo, pero sobre todo, para definir objetivos de operación frente al hostigamiento por parte del gobierno y de determinados medios de comunicación. Estas reuniones duraban más de cinco horas. La comisaría se encontraba resguardada por los policías ciudadanos y por mujeres jóvenes y mayores de la comunidad. Al comandante Ernesto ya le tocaba operar en las rodadas nocturnas fuera de la comunidad: “casi somos murciélagos que andamos de noche cuidando al pueblo” y era el comandante Vicente quien asumía el resguardo de la comunidad, quien vivía justo al lado de la casa de la tía Ofe, lugar donde siempre habité.30
Conversábamos con las mujeres sobre las distintas experiencias de violencia que “alguna conocida” había vivido y como si se tratara de un ejercicio de recuperación de la memoria colectiva, las mujeres compartían las experiencias de violencia que les contó la vecina, la hija, la tía, o bien, expresaban un coraje generado por los testimonios escuchados el día de la asamblea popular, no había una amnesia colectiva, estaba presente “el relato de injusticia y de la resistencia y en el que era posible tender un puente entre el dolor como sentimiento subjetivo y el dolor como mecanismo político, compartido de forma pública” (Jimeno et al., 2019:47). Entonces, cuando las mujeres iban al molino de la casa de la tía Ofe, conversaban mientras molían el maíz y en todas las pláticas expresaban que tenían “mucho miedo”, pero que ya estaban “metidas en eso”. El discurso de ellas siempre fue de reconocimiento a su cuerpo de seguridad comunitario y desde su práxis mostraban un posicionamiento firme y de respaldo hacia “la policía del pueblo que se atrevía a enfrentar a los chicos malos”.
Al mismo tiempo, la comunidad no sólo era valiente sino se configuraba en una “comunidad emocional”. Myriam Jimeno explica que las comunidades emocionales son comunidades de sentido y afecto, que enlazan personas y sectores distintos y aun distantes, en las cuales el dolor ocasionado trasciende la indignación y alimenta la organización, y la movilización (Jimeno et al., 2019:33).
Retomé el concepto de Jimeno31 para explicar, justamente, lo que ocurría en este municipio, y en particular a partir de la experiencia de la comunidad mezoneña, que se convertía en una comunidad denunciante y afectiva porque recobraba el sentimiento de hartazgo generado por las prácticas crueles “de los chicos malos”, pero en este caso, propongo que ese proceso de exigencia de justicia se transformó en un proceso de búsqueda de una democracia plural, participativa, directa y paritaria, mismo que decantó en el ejercicio del derecho a la libre determinación; es decir, las comunidades víctimas de una violencia estructural participaron directamente en el proceso organizativo, político y jurídico de elección de sus autoridades mediante sistemas normativos internos que reconocía las normas, procedimientos, principios, sanciones y cosmovisión de los pueblos en su conjunto; en otras palabras, las comunidades del municipio de Ayutla defendían con adobe de valentía el reconocimiento del sus sistemas normativos como derechos colectivos.
Conforme pasaban los días se incrementaban las reuniones. Además, había un escenario de presión ante la insistencia de los medios de comunicación por “cubrir el tema”, un ejemplo puntual fue cuando la agencia francesa AFP solicitaba una visita a la comunidad para reportear sobre las condiciones en que se encontraban los resguardados presentados en la Primera Asamblea del Tribunal Popular. Los habitantes se mostraban inconformes, pero finalmente se acordó el acceso a los reporteros de Francia y de Estados Unidos:
No se le permitió a la prensa hacerles preguntas a los presos y ellos estaban callados, y algunos se notaban molestos, quizás porque se les tomara fotografías. Otros dormían o se tapaban el rostro (Cervantes, 2013).
En la comunidad se respiraba un aire de preocupación e indignación debido a las versiones difundidas y al lenguaje despectivo que usaron algunos medios para referirse a la lucha encabezada por los pueblos de Ayutla: “alzados”, “salvajes”, “paramilitares”, “guerrilleros” o “grupos autodefensas”. ¿Qué implicaba en el campo de reconocimiento legal hablar de policía comunitaria, policía ciudadana o de grupos autodefensas?
En octubre de 2013 el Congreso estatal realizó una reforma a la Ley 281 en materia de seguridad pública para incorporar a los “grupos autodefensas” como elementos del Cuerpo de Policía Rural, que funcionaría bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Es decir, las policías municipal, estatal o federal controlarían las funciones de la policía rural fuera de sus localidades comunitarias por medio de autorizaciones previas, por tanto, quedaban establecidas las limitaciones fuera de circunscripciones territoriales. Dicho Cuerpo de Policía Rural contaría con salario, equipamiento de armas y capacitación proporcionados por el gobierno.
Ante este panorama, la UPOEG presentó mociones e impugnaciones, debido a que la reforma no reconocía al sistema de justicia comunitario; por ende, a su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC). Es decir, la posición de la UPOEG siempre fue categórica: “No queremos ser parte de la policía rural, ni pertenecer a este marco jurídico, exigimos un respeto y coordinación con el gobierno municipal, estatal y federal”.32
A través de una asamblea comunitaria se decidió que las personas resguardadas se trasladarían a la comunidad de Ahuacachahue (pueblo na sávì); ahora se instalaría allá una “Casa de Justicia”. ¿Por qué Ahuacachahue? —Porque el acceso es difícil, el camino es de terracería, y para llegar tienen que pasar por El Mezón— decían. Era una estrategia específica ante las omisiones y persecución política por parte de autoridades gubernamentales. Empero, debido a las diversas presiones del aparato institucional, a partir del 6 de febrero de 2013 el gobierno y la UPOEG iniciaron negociaciones y acuerdos para la entrega de los 54 resguardados, junto con expedientes que incluían los delitos imputados, a Humberto Salgado Gómez, secretario general de Gobierno y a Jesús Martínez Garnelo, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
El panorama se tornaba complejo, prevalecían disputas al interior de las comunidades, las mujeres mezoneñas se negaban a entregar a los resguardados al gobierno, “son los mismos” increpaban, el antecedente se encontraba en la falta de credibilidad hacia el gobierno en asuntos de acceso a la justicia, abusos de poder e indolencias en las denuncias sobre violación de derechos humanos. Sin embargo, el pueblo a regañadientes le daba una oportunidad al gobierno, pues “es bien sabido que uno de los efectos de la violencia en quien la sufre es el sentimiento de desconfianza hacia el entorno social” (Jimeno, Varela y Castillo, 2015:156). Así, el 9 de febrero, 11 personas resguardadas fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de Justicia del estado y para el 19 del mismo mes se entregaban 20 más. El resto de los resguardados eran acusados de delitos menores e iniciaron un proceso de reeducación al interior de las comunidades.
Posteriormente, la CNDH realizó diversos foros en las comunidades de Ayutla de los Libres, Tierra Colorada, Marquelia, Xaltianguis y Chilpancingo, los días 5 y 25 de febrero, 7 y 27 de marzo, 23 y 24 de abril, 30 de mayo, 27 de junio y 8 de julio de 2013. El objetivo era el mismo “recabar testimonios” y abrir un expediente “a fin de investigar las violaciones de los derechos humanos” (CNDH, 2014). “¿Cómo volver a empezar en la vida cuando después de un secuestro no recibiste atención psicológica o médica?” (testimonio anónimo).
Un apunte importante fue la visita que realizó el 7 de marzo de 2013 la CNDH a Ahuacachahue; el objetivo era que el ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva, escuchara testimonios. Las víctimas denunciaban casos de colusión entre las autoridades gubernamentales y los actores de la delincuencia organizada. En total, se presentaron 31 testimonios “de viva voz” (informe de la CNDH). Tal como algunas víctimas lo hicieron en la primera asamblea.
Ahora, los retenes comunitarios desde el crucero del Zapote hasta llegar a El Mezón se reforzaban de manera palmaria, se establecían retenes clave durante todo el tramo carretero (que no se miraban a simple vista), prevalecía el temor y la desconfianza, el control para ingresar a la comunidad era ordenado y vigoroso, auxiliado por grupos de más de una veintena de policías que continuaban cubriendo sus rostros.
El temor a la venganza por parte de los ex resguardados preocupaba a las mujeres: “¿Qué vamos hacer si esos hombres malos regresan al pueblo, maestra?”, “¿Y si el gobierno los suelta y regresan?”. Decían mientras continuaban en el molino de la tía Ofe. En esas charlas había afectos, culpas, temores, vergüenzas, devociones, reclamos e indignación, se compartían las emociones de manera colectiva, las mujeres volvían a contar con un tono indignante los testimonios de violencia hacia las mujeres que se narraron durante la Primera Asamblea del Tribunal Popular, “era el relato que daba sentido a la experiencia violenta” (Jimeno et al., 2019), no se hablaba de otra cosa que no fuera de “los chicos malos”.
La UPOEG emprendía la regulación interna de su policía ciudadana, quedaba atrás la etapa en la que se decía “¡estamos en autodefensa!” (Comunicado de Autoridades Comunitarias, 2013); transitaban hacia la constitución formal de la estructura del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC), tal como se manifestó en la reunión de Buenavista el 23 de marzo de 201333 y aglutinó además de los municipios de Ayutla y Tecoanapa a San Marcos, Copala, Florencio Villarreal, Cuautepec, Marquelia, Azoyú y Juan R. Escudero.34
Sin embargo, este proceso de reconocimiento legal del SSyJC era violentado y entorpecido. El gobierno continuaba con su denegación de la justicia y promovía el apoyo a la policía comunitaria legal y “no así a los autodenominados grupos de autodefensa, que no tienen un marco jurídico que los regule” (Expansión, 2013). A pesar de esto, la UPOEG se posicionaba:
La Ley 701 aplica para todos y no para una sola institución, es por eso que vamos a seguir […] no vamos a permitir ni un pago, ni credencialización porque esto le va corresponder al pueblo y a las autoridades de cada comunidad (CNDH, 2014.).
El objetivo era exigir el libre tránsito, no hostigamiento, ni desarme de la policía ciudadana. Sin duda, la población de las comunidades otorgaba un sentido de confianza al nuevo cuerpo de policías del SSyJC porque actuaba a partir de tres principios: responsabilidad, transparencia y eficacia. Actualmente, dentro de las faltas y errores que son castigados según el Reglamento interno del SSyJC se encuentra: robos menores, robo de ganado (cuando se trate de tres cabezas), conflictos matrimoniales, desobediencia a los mandatos de la autoridad, maltrato a mujeres, ancianos, niños o discapacitados, disparos al aire, asalto, incumplimiento de cargos comunitarios. Y las sanciones pueden ir desde un arresto por 24 horas, multas de acuerdo con la gravedad del delito, reparación del daño, decomiso a favor de la comunidad de los bienes, objetos o materiales y trabajo en favor de la comunidad.35
Hoy, el 4 y 5 de enero de 2020, el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG cumple su séptimo aniversario,36 en el que se plantean cinco puntos específicos: qué es el proyecto comunitario, reglamento interno y evaluación del SSyJC, derecho a la consulta y energía eléctrica, desarrollo económico e infraestructura y educación, salud y desarrollo social.
Se puede leer, entonces, que desde sus inicios el reconocimiento del SSyJC se ha visto complicado por estrategias de “acorralamiento” y “persecución” implementadas por parte del gobierno estatal para limitar la capacidad de operación; es decir, como lo manifiestan en las comunidades, “es la hora que el gobierno no los perdona”, no sólo porque demostraron la ineptitud en sus funciones gubernamentales, sino porque en el nivel nacional e internacional se escucharon los ecos de los gritos de dolor contra la irracionalidad que oprimía en nombre de una lógica universal racionalista (Wallerstein, 2008:87). Pero, sobre todo, porque pese al abandono y a las condiciones históricas materializaron un sueño lejano: la construcción de un modelo de gobierno autonómico regido bajo “usos y costumbres”.37
“DESPUÉS DE TODO FUE LA UPOEG EL PUNTO DE LANZA PARA TODO EL PROYECTO DE AUTONOMÍA”
Hasta aquí se observa cómo las comunidades de los municipios de Ayutla de los Libres y Tecoanapa, que participaban de manera activa en el resguardo del territorio y en la reconstrucción de un anhelado proyecto de paz, definían tres escenas: se reflejaban los cambios en un periodo de caos sistémico y de transición de hegemonías en Guerrero (Wallerstein, 2008); se manifestaba la ingobernabilidad del estado y se demostraba con hechos la complicidad del gobierno en actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado y “los rostros cubiertos o encapuchados” denunciaron la exclusión y el abandono histórico en el que, sistemáticamente el Estado los había tenido.
Con la experiencia de la comunidad de El Mezón se demuestra que los pueblos indígenas, mestizo y afromexicano de Ayutla sostenían la movilización étnica de la UPOEG desde una posición política y legítima. Lo que significaba que a pesar de las tensiones y contradicciones, el proceso colectivo se ha construido desde las comunidades y no obstante las diversas fracturas políticas que ha transitado, ésta sigue siendo un referente al interior de las comunidades, la lógica es de aceptación debido al proyecto autonómico relacionado con la libre determinación, expresada en la conformación del Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres: “Después de todo fue la UPOEG el punto de lanza para todo el proyecto de autonomía” (Bazán, 2019).
Por ello, el salto cualitativo de las comunidades y debido a la inoperancia y desconfianza del sistema partidista tradicional, encabezado en los últimos años por Severo Castro Godínez (2012-2015) y Hortencia Aldaco Quintana (2015-2018) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue la apuesta no sólo por la búsqueda de elegir a sus autoridades y sus propias formas de gobiernos mediante Sistemas Normativos Internos sino por el pleno ejercicio del derecho a la libre determinación.38 Como dice Estreberto Palma, actual comisario de El Mezón, “primero expulsamos a los chicos malos de Ayutla y después expulsamos a los chicos malos del ayuntamiento”.
Ahora, no voy a referir a la particularidad de la actual estructura del gobierno comunitario sino cómo la UPOEG, en su papel de sujeto político, escombró senderos hacia la construcción de un modelo autonómico indígena que se gestaba en escenarios complejos, tanto en el campo jurídico39 como en el nivel del municipio.
En el primero se visualizó claramente la omisión y retardo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC local), que “violentaba el derecho constitucional a la libre auto-determinación y autogobierno”40 y, por tanto, se tuvo que recurrir Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano41 ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).42 Aquí, prevalecían tanto los descontentos sociales como las impugnaciones principalmente por parte del PRI y el PVEM, por el ciudadano Rutilio Espíndola, por Roberto García Guadalupe (de la CRAC-PC) y por 1 097 comuneros del municipio.43
En el segundo escenario figuró el racismo y la discriminación por parte de la elite mestiza, política y económica de la cabecera. “Los indios y cuadrilleros”,44 como los llamaban, cuestionaban la cúspide de la dirección política de la clase blanco-mestiza, misma clase que se mostraban inconformes con ceder el poder “a los marginados”:
Nos ha tocado luchar por este reconocimiento, porque no todos están a favor, los de la cabecera municipal, que han sido los más beneficiados con el actual modo de gobernar, no quieren este proceso, lo consideran un retroceso, de la manera más ruin han engañado a la gente, que les quitarán programas sociales, que viviremos como los animales, pero esto no es así, porque ya hay muestra de que sí se puede gobernar bien (Vázquez, 2018, en Hernández, 2018).
Si bien, para el tema de la configuración de la policía ciudadana del SSyJC se pensó y diseñó desde el marco y visión de la UPOEG, el proceso de lucha autonómica se tornaba interesante porque no sólo se gestionaba con la participación de las comunidades aglutinadas en la UPOEG, sino que también, ahora, participaban las comunidades pertenecientes a la CRAC del municipio de Ayutla. Adquiría el proceso de búsqueda por el reconocimiento del derecho a la libre determinación un carácter dialógico, debido a las negociaciones interculturales entabladas entre los dos sujetos políticos que compartían el objetivo de la liberación de los pueblos del precario sistema de partidos políticos.
Fue así que después de un arduo sendero donde “hubo persecución, hostigamiento y presión psicológica” (Plácido, 2019), el 15 de julio de 2018 se eligió a mano alzada, mediante usos y costumbres, la nueva estructura del Concejo Municipal Comunitario,45 conformado por los pueblos na sávì, mè`phàà y mestizo. Como dice la coordinadora municipal de Ayutla, Patricia Ramírez Bazán:
Los usos y costumbres no son novedad, son de los pueblos, son milenarios, son con lo que nosotros hemos crecido, y vivido. Es un derecho que no se había respetado y ahora medianamente se ha respetado por la lucha de los pueblos. Si creíamos que la lucha terminaba cuando los cuadrilleros llegamos al poder, es al contrario, apenas es cuando empieza (Bazán, 2019).46
En la actualidad, el autogobierno enfrenta problemáticas heredadas de los gobiernos predecesores y mantienen una posición firme en defensa del territorio frente a empresas madereras ilegales y mineras.47 Además, este modelo que construyen las comunidades está retoñando “hay más de 30 municipios que quieren seguir el ejemplo de Ayutla” (Bazán, 2019), como Tecoanapa (municipio vecino), que en julio de 2020, se encuentra en el proceso de consulta a la ciudadanía para que decidan si cambian o no su sistema de elección de autoridades municipales, de partidos políticos a Sistemas Normativos Internos (SNI); o como en las comunidades donde se están organizando para exigir y ejercer el derecho a elegir a sus autoridades municipales y diputados locales mediante SNI, conforme la normatividad nacional e internacional en materia de derechos indígenas (Bazán, 2019).
Este proyecto de autonomía indígena de Ayutla de los Libres planteó, en primer lugar, un mecanismo de elección de autoridades municipales fuera de los partidos políticos que transcendió la figura del ayuntamiento por una estructura organizativa más acorde con las prácticas de las comunidades (Vázquez, 2019), lo que permitió democratizar las estructuras hegemónicas del poder en el ámbito municipal.
Además, sostengo que este modelo de autogobierno indígena nos deja ver claramente dos escenarios:
El primero, que prevalece el sentido de comunidad y de colectividad a la hora de reinventar la práxis política frente a un modelo económico neoliberal, que encamina únicamente al sendero del individualismo; una práxis que marca una ruptura con un sistema que ha alimentado histórica y sistemáticamente la inequidad y exclusión de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Segundo, nos deja ver cómo se empieza a nombrar, a percibir y a defender la afrodescendencia en el proyecto autonómico.
CONCLUSIONES: REPENSAR EL TRABAJO COLABORATIVO
Quiero plasmar tres reflexiones finales. La primera. Hoy, el municipio de Ayutla de los Libres es una de “las zonas liberadas que existen en nuestras sociedades donde la gente busca una alternativa no para el futuro, sino para hoy” (De Sousa, 2018). A diferencia de años atrás, ahora el lugar donde se promulgó el Plan de Ayutla en 1854,48 en la Plaza de la Paz se encuentran caminando o sentados, más de 40 policías ciudadanos, todos portan sus armas y sus uniformes con el logotipo del SSyJC de la UPOEG, algunos conversan entre sí y otros fuman mientras responden mi saludo con tenues sonrisas, enfrente de la plaza se encuentra la Honorable Casa de los Pueblos (ex palacio municipal en la lógica del sistema partidista). Al mismo tiempo, se puede observar la imponente parroquia amarilla de Santiago Apóstol y el letrero inconfundible con grandes y coloridas letras que dice “Ayutla de los Libres”, típico para las fotografías del recuerdo.
Las principales problemáticas relacionadas con secuestros, cobro de cuotas, extorsión, asaltos, robo a vehículos, casas y negocios que prevalecía en el municipio han disminuido, lo cual no significa que el control del territorio esté exento de disputas e intereses políticos y económicos por parte de los poderes fácticos. Muestra de ello son los diversos asesinatos de los policías ciudadanos, mediante emboscadas hacia el SSyJC, o enfrentamientos mientras realizan recorridos de rutina. Sin embargo, “en Ayutla ha mejorado la cuestión de seguridad” (Bazán, 2019).49
Antonio Ríos, comandante de la UPOEG, dice que “desde hace seis años en que incursionó la UPOEG los delitos han ido a la baja. Lo que sí se nos ha disparado son los delitos de extorsión telefónica, pero ahí no podemos hacer nada, porque no tenemos la tecnología para poder combatirlos” (Trujillo, 2019). Por su parte, la coordinadora municipal comunitaria, Patricia Ramírez Bazán, señala que, “en cuestión de seguridad pese a lo que se diga Ayutla es un municipio muy tranquilo y muy tranquilo porque existen los sistemas de seguridad [CRAC y UPOEG]” (Bazán, 2019). Estos sistemas de seguridad trabajan de manera conjunta con la guardia municipal comunitaria que se desprende del Concejo de Seguridad y Justicia de la nueva estructura de gobierno comunitario y son los garantes de esperanzas y tranquilidad frente a la violencia estructural en Guerrero; sin duda, el trabajo es exhaustivo porque se apuesta por enfrentar los problemas desde la raíz para prevenir la violencia familiar y erradicar los feminicidios en la región. Es tiempo de transición y de miradas cóncavas hacia una cultura de prevención.
La segunda reflexión está relacionada con la formación de intelectuales por parte de la Unisur y que han acompañado el proceso organizativo de la UPOEG; es decir, los representantes actuales de la comunidad El Mezón están gobernando en la nueva estructura del Concejo Municipal Comunitario: Patricia Ramírez Bazán, estudiante50 de la licenciatura Justicia y Derechos de los Pueblos es la actual coordinadora de Seguridad y Justicia, y Rafael Lozano Gallardo, egresado de la carrera de Gestión Ambiental Comunitaria, es el actual representante de la Comisión de Ecología. Esto significa que el modelo pedagógico de la universidad fue diseñado para que las y los estudiantes acompañen los procesos de luchas de sus propias comunidades, y promoviera de manera transversal el servicio comunitario y el aprendizaje autónomo.51
La tercera y última reflexión que quiero plantear se relaciona con mi experiencia de tránsito de estudiante a actual investigadora en contextos de múltiples violencias. Es decir, con mi retorno, he podido observar que la comunidad no está dispuesta a perder lo que les costó recuperar: la tranquilidad. Mantienen el mismo modelo organizativo ante posibles amenazas del crimen organizado en territorio comunitario, sobre todo, porque algunos ex fundadores del SSyJC y ex autoridades hasta la fecha tienen órdenes de detención.
Años después de la constitución de la UPOEG y durante la escritura de un proyecto de investigación (que se convirtió en este ensayo), conversé con una antropóloga acerca de mi experiencia en campo, y me preguntó directamente: “¿Escribiste algo sobre la UPOEG en aquel tiempo?”, mi respuesta fue inmediata: “no”. Refiero a esta pregunta porque llama la atención la “urgencia”, dentro del campo académico, de publicar sobre una problemática social puntual, el hecho de no escribir algo me permitió pensar en el quehacer antropológico y en las prácticas éticas con las que nos relacionamos con los pueblos indígenas y afromexicano. Reconocí tres elementos visibles: la construcción colectiva del conocimiento, mi cuerpo y mis emociones. Era importante para mí tener una especie de vigilancia epistemológica concreta, debido a la simulación mediática de cómo se abordaba “el tema de Ayutla”. Además, reconocía que mi mirada antropológica se limitaba a aspectos meramente de la cotidianidad comunitaria.
Ahora tengo una óptica más ordenada y metódica, pues debo confesar que durante mi experiencia y vivencias como facilitadora de la universidad cegaron posibilidades de métodos analíticos debido a tres razones que ubico: la presión que sentía al tener “información delicada” que me proporcionaba el Consejo de Autoridades (por ejemplo, nombres, fechas clave, listas de asistencias de asambleas, material fotográfico y audiovisual); la confianza de las autoridades comunitarias que permitían mi asistencia a determinadas asambleas (siempre en calidad de facilitadora), y mi cóleramiedo (así, inseparable) para con la lucha indígena que no me dejaba ubicar contradicciones internas, aunque para ser honesta, creo que esa cólera (más que miedo) en el fondo del asunto era un compromiso personal-político y una deuda emocional que me debía al no haber encontrado justicia por el asesinato de mi madre, protagonizado por el crimen organizado y que quedó simplemente como una víctima del delito de feminicidio para engrosar las estadísticas en México. Como decía Gramsci, el punto de partida de cualquier elaboración crítica es la toma de conciencia de lo que una realmente es, es decir, la premisa conócete a ti misma, en tanto que producto de un proceso histórico concreto que ha dejado en ti infinidad de huellas sin, a la vez, dejar un inventario de ellas (Gramsci, 1985, en Said, 1997).
IMAGEN 5

“Quítate esa chingadera” —con un tono imperativo dijo Bruno Plácido Valerio, y entonces decidí bajar discretamente el paliacate que cubría la mitad de mi rostro. Plácido decidió no cubrir su rostro. Primera Asamblea del Tribunal Popular, 31 de enero de 2013 (fotografía de la Comisión de los Medios de Comunicación de la Unisur).
El cuerpo y la teoría son las herramientas de trabajo de las antropólogas. Por tanto, el cuerpo y la teoría me situaron. Durante el ejercicio etnográfico, observé y presencié los riesgos a los que una antropóloga está expuesta en contextos de violencias. Ahora que vuelvo a las revisiones de mis dispersas anotaciones, leo diversas glosas y apuntes acerca de los espacios comunitarios (iglesia, molino, cancha, comisaría) donde se reunían las mujeres mezoneñas para hablar “del tema” y siempre que aparecía la palabra “miedo”, enseguida venía un “no nos vamos a rajar”. En este sentido, para mí fue importante no escribir, fue como estar en campo sin la “presión académica”, así que en esas fechas, mientras estudiaba el doctorado en antropología social, nunca vi la temática como un proyecto de tesis doctoral. Posteriormente, de manera informal, entre charlas y chilates, avisé al Concejo de Autoridades en turno mi decisión de salir nuevamente al extranjero para cumplir con una etapa de trabajo de campo de mi doctorado: el acuerdo simbólico y verbal fue que yo debía regresar, ya sea para compartir los conocimientos adquiridos, para visitar la comunidad y beber de nuevo chilate o ya sea “para ir por pan a casa de Mayra” o bien, como decía el ex fundador del SSyJC, Gonzalo, “para llevar las fotos impresas de todas las asambleas”.
Por último, mientras terminaba la redacción de este texto, la actual coordinadora municipal, Patricia Ramírez Bazán (oriunda de la comunidad El Mezón), junto con mujeres representantes de la Comisión para la Atención de la Mujer Comunitaria del gobierno comunitario y, sobre todo, a partir del trabajo colaborativo por invitación y mandato comunitario que realizamos actualmente con la an tropóloga Laura Valladares, sosteníamos largas charlas acerca de “la antropología y sus debilidades”, insistían en que “cuando se aborda el tema de Ayutla citan y refieren a los que se adueñaron del proyecto colectivo y no a los verdaderos fundadores que son las comunidades” (Bazán, 2019) y reflexionábamos sobre las viejas prácticas antropológicas, “no basta con que nos regresen las tesis” (Bazán, 2019), ahora son otras las formas urgentes que debemos diseñar las y los investigadores para vincularnos con los pueblos indígenas y afromexicanos para documentar procesos particularmente en contextos de autonomías indígenas desde una postura ética, epistemológica, metodológica y comprometida. Era el principio de una reflexión colectiva y de cuestionar nuestro trabajo colaborativo.
BIBLIOGRAFÍA
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Jimeno, Myriam; Daniel Varela y Ángela Castillo (2019), “Violencia, comunidades emocionales y acción política”, en Morna Macleod y Natalia de Marinis (eds.), Comunidades emocionales. Resistir a las violencias en América Latina, Ciudad de México/Bogotá, Universidad Autónoma Metropolitana/Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pp. 33-64.
Said, Eduard (1997), Orientalism, Nueva York, Vintage Books A Division of Random House.
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Vázquez Quintero, Manuel (2019), “El uso del derecho indígena como herramienta de emancipación y autonomía”, en seminario Autonomía, comunidad y municipio, 13 de noviembre, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
Wallerstein, Immanuel (2008), Historia y dilemas de los movimientos antisistémicos, México, Los Libros de Contrahistoria: La otra mirada del Clío.
Boletínes
Comunicado de Autoridades Comunitarias (2013), Pueblos armados de valor, trabajo, dignidad y organización, Ayutla de los Libres, Guerrero.
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (2013), Comunicado de prensa, Comité ejecutivo de la policía comunitaria, territorio comunitario, San Luis Acatlán, Guerrero.
Comisión Nacional de Derechos Humanos (2014), Informe especial sobre los grupos de autodefensas y la seguridad pública en el estado de Guerrero.
Comunicado de Autoridades Comunitarias (2013), Resoluciones de la primera asamblea del tribunal popular, El Mezón, Ayutla de los Libres, Guerrero.
Raíces de Identidad (2018), Tarjeta de presentación ejecutiva de la Universidad de los Pueblos del Sur.
Reglamento Comunitario (2013), Los pueblos organizados y la policía comunitaria, un territorio con seguridad, es un pueblo con justicia, Ayutla de los Libres, Guerrero.
Comunicaciones personales y notas de campo
Bazán, Patricia (2019), comunicación personal.
Comandantes (2019), notas de campo, enero.
Muñiz, Bulmaro (2012), comunicación personal.
Palma Reyes (2013), comunicación personal.
Palma Reyes (2019), comunicación personal.
Plácido, Bruno (2012), comunicación personal.
Plácido, Bruno (2013), comunicación personal, 31 de enero.
Plácido, Bruno (2018), comunicación personal.
Plácido, Bruno (2019), comunicación personal, 9 de mayo.
Plácido, Cirino (2018), comunicación personal.
Notas periodísticas
Cervantes, Zacarías (2012), “Programa la UPOEG una marcha a la ciudad de México para pedir presupuesto al Congreso de la Unión”, en El Sur de Acapulco, disponible en <https://suracapulco.mx/impreso/2/programa-la-upoeg-una-marcha-a-la-ciudad-de-mexico-para-pedir-presupuesto-al-congreso-de-la-union/>.
Cervantes, Zacarías (2013), “El acceso a reporteros, sin preguntas”, en El Sur de Acapulco, disponible en <https://suracapulco.mx/archivoelsur/archivos/63430>.
Chávez, Lourdes (2019), “Instalarán en Xaltianguis una base de operaciones mixtas con soldados, marinos y policías”, en El Sur de Acapulco, disponible en <https://suracapulco.mx/instalaranen-xaltianguis-una-base-de-operaciones-mixtas-con-soldados-marinos-y-policias/>.
Expansión (2013), “Hemos apoyado la policía comunitaria, que es legal: gobierno de Guerrero”, en Expansión, disponible en <https://expansion.mx/nacional/2013/12/18/hemos-apoyado-la-policia-comunitaria-que-es-legal-gobierno-de-guerrero>.
Hernández, Iliana (2018), “Pueblos indígenas hacen historia”, en El Sol de Acapulco, disponible en <https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/estado/ayutla-unico-municipio-que-elegira-autoridades-a-traves-de-usos-y-costumbres-elecciones-2018-guerrero-acapulco-chilpancingo-1801783.html>.
Notimex (2011), “Operativo Guerrero Seguro permanecerá en 2012”, en Notimex, disponible en <https://www.excelsior.com.mx/2011/12/26/nacional/797418>.
Mzepeda (2013), “Pobladores de Ayutla ‘enjuician’ a 50 personas retenidas”, en Animal Político, 1 de febrero, disponible en <https://www.animalpolitico.com/2013/02/pobladores-de-ayutla-retienen-a-50-personas-las-quieren-enjuiciar/>.
Ocampo, Sergio (2016), “Comunitarios del Fusdeg ofrecen tregua”, en La Jornada, disponible en <https://www.jornada.com.mx/2016/10/30/estados/028n1est>.
Ramírez, Roberto; Dassaev Téllez y Raymundo Ruiz (2018), “Diputados y senadores electos de morena rechazan la reforma del artículo 14”, en La Jornada Guerrero, disponible en <https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/politica/item/3813-diputados-y-senador-electos-de-morena-rechazan-la-reforma-delarticulo-14>.
Redacción AN (2013), “CNDH investiga grupos de autodefensa en Guerrero”, en Aristegui Noticias, disponible en <https://aristeguinoticias.com/2201/mexico/cndh-investiga-grupos-de-auto-defensa-en-guerrero/>.
Trujillo, Javier (2019), “UPOEG presume que han bajado índices delictivos en Ayutla, Guerrero”, en Milenio, disponible en <https://www.milenio.com/estados/guerrero-policia-comunitaria-presume-baja-delictiva-ayutla>.
Notas al pie
* Antropóloga feminista. Investigadora posdoctoral del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I). Correo electrónico: <tabaresmerino@gmail.com>.
1 Boletín “Pueblos armados de valor, trabajo, dignidad y organización”, Ayutla de los Libres, 21 de enero de 2013.
2 Entrevistas realizadas durante varios trayectos recorridos durante los años 2018 y 2019.
3 Haciendo referencia al término “jaque mate” en el juego de ajedrez y que usaba con mucha frecuencia Ernesto Gallardo Grande, actual comandante regional de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.
4 Profesor Bulmaro Muñiz Olmedo, uno de los fundadores de la Universidad de los Pueblos del Sur, con quien realicé innumerables viajes desde Tierra Colorada hasta Ayutla de los Libres.
5 Conversaciones con Bruno Plácido, dirigente orgánico y promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.
6 Guerrero es uno de los estados principales productores de jamaica en México.
7 Entrevista con el ex comandante Vicente, de la comunidad de El Mezón, municipio de Ayutla de los Libres.
8 Durante la gubernatura de Ángel Aguirre Rivero, el 7 de junio de 1998, en la escuela primaria “Catarino Maldonado”, ubicada en el municipio de Ayutla de los Libres, los soldados dispararon contra 70 actores indígenas del pueblo mixteco, asimismo se criminalizó a la población en su conjunto.
9 Recomendación 066/2007 de la CNDH. Los hechos ocurrieron el 16 y 17 de abril de 1998.
10 Término que usan los habitantes del municipio de Ayutla para referir a los árboles de nanches, típicos de la zona.
11 Me acerqué al antropólogo Joaquín Flores Félix, fundador y en calidad de rector de la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur) me invitó a formar parte del equipo docente en la sede de Santa Cruz el Rincón; posteriormente, asumí, junto con el profesor Bulmaro Muñiz Olmedo (con quien viajo), la responsabilidad de la administración de la sede en El Mezón.
12 Metodología que diseñé en mi trabajo de investigación doctoral a partir de los postulados teóricos de los intelectuales kichwas de Ecuador.
13 Entrevista a Ernesto Gallardo durante la fundación de la Unisur en octubre de 2012, en la comunidad de El Mezón.
14 Asimismo coordinábamos invitaciones a profesores de universidades públicas de México para que colaboraran como talleristas.
15 Este concepto es usado tal cual en la comunidad y hace referencia a las mujeres de la tercera edad y en el caso de los varones, son quienes han ocupado todos los cargos comunitarios. Ambos, tienen un papel moral y aconsejan a las autoridades en turno sobre problemas que van surgiendo en la comunidad.
16 Comandantes, ex comandantes y fundadores del Sistema de Seguridad y Justi cia Ciudadana.
17 Testimonios recabados durante los talleres comunitarios con los policías ciudadanos del SSyJC realizados en El Mezón en 2019 y 2020.
18 De nombre Crisóforo García Rodríguez.
19 Testimonios recabados durante los talleres comunitarios con los policías ciudadanos del SSyJC realizados en El Mezón en 2019 y 2020.
20 Testimonio de mujer mezoneña y de comandantes en 2012.
21 Asistíamos una comisión de El Mezón conformada por Sotero Zúñiga Rosen-do, comisario en turno, estudiantes, docentes, el comité de padres de familia de la universidad, esta asamblea fue interesante porque asistían los primeros policías de la co munidad.
22 A partir de aquí, citaré como “testimonio anónimo” a quienes decidieron no dar su nombre o que si lo dieron, pidieron explícitamente no ser mencionados.
23 Palabras del comandante Ernesto Gallardo Grande, mismas que se retomaron para la redacción de un boletín.
24 Palabras de Bruno Plácido Valerio, promotor de la UPOEG, en 2019.
25 Esta información fue retomada de los boletines que redactamos junto con los estudiantes de la Unisur, a partir de las reflexiones de la asamblea, mismos que fueron enviados a los medios de comunicación que cubrieron el evento; por lo tanto, esta información también se puede encontrar citada en artículos de prensa.
26 En este contexto, este término se le asigna a una persona que vigila e informa de los procesos organizativos de lucha de los pueblos indígenas a los grupos de poderes fácticos que participan en la toma de decisiones sobre el territorio.
27 Resoluciones de la Primera Asamblea del Tribunal Popular, realizado el 31 de enero de 2013 en la comunidad de El Mezón, municipio de Ayutla de los Libres.
28 Mzepeda (2013).
29 Resoluciones de la Primera Asamblea del Tribunal Popular, realizado el 31 de enero de 2013 en la comunidad de El Mezón, municipio de Ayutla de los Libres.
30 Desde el primer día que llegué a la comunidad y hasta la actualidad, siempre he llegado a casa de la tía Ofe, principal y tía de toda la comunidad.
31 Myriam Jimeno trabajó con víctimas del conflicto armado en Colombia, principalmente con la masacre del Naya.
32 Foro de análisis de consulta sobre el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, “policía ciudadana”, realizado en la Escuela Secundaria número 11 “Justo Sierra”, el 16 de febrero de 2014 en la comunidad del Ocotito, municipio de Chilpancingo.
33 Fue a partir del primer foro que se realizó en Ocotito (16 de febrero de 2014), municipio de Chilpancingo, que se consultó, mediante mesas de trabajo, a las comunidades sobre la creación de una propuesta concreta para que el gobierno respetara al SSyJC y su participación, desde la perspectiva de la democracia y el pluralismo jurídico.
34 Información proporcionada por el promotor Bruno Plácido Valerio y por el comandante regional Ernesto Gallardo Grande durante la conformación del SSyJC. También es una información difundida en los boletines comunitarios del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana.
35 Reglamento interno del SSyJC, Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.
36 Realizado en Marquelia, Guerrero.
37 Empleo el término de “usos y costumbres” tal como lo emplean y diseñan los agentes indígenas en la praxis. No es mi interés discutir este concepto en términos teóricos, ésa es una discusión únicamente en la academia, que no creo pertinente para las realidades geopolíticas de Guerrero.
38 Incorporado en la legislación nacional e internacional en materia de derechos de los pueblos indígenas
39 El 15 de junio de 2015, Manuel Vázquez Quintero, Eneida Lozano Reyes, Raymundo Nava Ventura, Hermelindo Candia Solano, María Cristina Guevara Ramírez, promovieron dicho juicio
40 SDF-JDC -545/2015.
41 SDF-JDC -295/2016.
42 El 14 de julio de 2014, el Consejo Municipal de Autoridades Civiles, Agrarias y Promotores de la UPOEG cumplieron los requerimientos y nombraron, mediante una asamblea comunitaria, como representante legal a Manuel Vázquez Quintero. Por tanto, en la arena judicial, este proceso ha sido encabezado y defendido por el abogado comunitario, quien ha mantenido una posición firme frente a las trabas en trámites administrativos y jurídicos en defensa de los derechos de los pueblos. Y quien desde su participación como promotor de la UPOEG en la Primera Asamblea del Tribunal Popular cuestionaba fielmente que las leyes fueron diseñadas sin pensar en la filosofía de los pueblos indígenas.
43 SDF-JDC -295/2016.
44 Insulto racista con el que los mestizos de la cabecera municipal se refiere a los habitantes de las comunidades.
45 Véase el artículo “Ejerciendo autonomía: las mujeres del Concejo Municipal de Ayutla de los libres”, de Laura Valladares y Gema Tabares (2019).
46 Conferencia de prensa, transmisión en vivo vía Facebook realizada el 21 de diciembre de 2019, en la Honorable Casa de los Pueblos, Ayutla de los Libres.
47 En el municipio existen cinco concesiones mineras: en el ejido Chacalinitla, ejido Tepetates, ejido Colotepec, ejido El Salto. Por las compañías Mercedes Lorenzo Carbajal. Compañía Técnica Mineral, Compañía Mineral El Patrón y por la Compañía Marcos Martínez y Alcántara y Asociados (fuente: Centro de Estudios Ecu ménicos, s/f).
48 El objetivo del plan consistía en derrocar la tiranía de Antonio López de Santa Anna y fue firmado por Adrián Florencio Villareal, Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort.
49 Conferencia de prensa, transmisión en vivo vía Facebook realizada el 21 de diciembre de 2019, en la Honorable Casa de los Pueblos, Ayutla de los Libres.
50 Actualmente la sede académica de El Mezón se encuentra en pausa, sin clases, debido al nulo interés por parte de las instituciones gubernamentales en reconocer a la Unisur como una institución de educación pública y gratuita. Bazán, junto con autoridades comunitarias, han encabezado la búsqueda por el reconocimiento sin lograr respuesta alguna.
51 “Raíces de identidad” (2018), tarjeta de presentación ejecutiva de la Universidad de los Pueblos del Sur.
Discriminación lingüística y vulnerabilidad: los elementos de una violencia normalizada contra las mujeres mè’phàà y na savi de la Montaña de Guerrero
Cristina Hernández Bernal*
SUMARIO: Introducción. Violencia contra las mujeres indígenas. Inconclusas. Bibliografía.
Cuando llegas a Tlapa es muy duro, yo me sentía mal porque me criticaban en la escuela de que soy india, no nos sacaban de esa palabra, y yo pues sí venía de un pueblito.
“Pinche montañera” me decían, “lleno de piojos en tu cabeza” me decían. ¡Pues yo nunca tuve piojos!, pero sí me criticaban feo […] yo les tenía mucho miedo, y no podía hablar de lo que me pasaba con mi hermano que era mayor, porque también le tenía miedo.
Lucy, mujer mè’phàà, Tlapa de Comonfort, Guerrero, 2017.
INTRODUCCIÓN
Lo que presento aquí es un trabajo eminentemente etnográfico y pretende hacer visible la “violencia normalizada” a la que están expuestas las mujeres indígenas mè’phàà y na savi que habitan en la Montaña de Guerrero, mediante la documentación de sus experiencias de exclusión y discriminación agravadas por el uso de su lengua materna. Ésta es el principal medio de comunicación de las mujeres indígenas, pero al mismo tiempo se constituye como una barrera que se genera desde una política lingüística fallida o inexistente. Esto les impide, como ciudadanas, acceder de manera plena a sus derechos humanos, civiles y culturales. Por ello resulta urgente profundizar sobre el terrible impacto social y personal de esta problemática, tomando como caso representativo las experiencias de algunas mujeres que viven en los municipios de Tlapa y Malinaltepec.
En la región Montaña del estado de Guerrero coexisten tres grupos etnolingüísticos: nahuas, mè’phàà y na savi y aglutina en su territorio a 19 municipios. Concentra ocho de los 12 municipios mè’phàà, y en cuatro de ellos comparten territorio con pueblos nahuas y na savi: Acatepec, Zapotitlán Tablas, Tlacoapa y Malinaltepec. Más allá de lo geográfico-administrativo, en términos de la medición de la pobreza, el Coneval (2014:116) destaca que
[...] la pertenencia étnica se asocia siempre a mayores niveles de precariedad que los de la población total […]. Además, conforme los rasgos étnicos se vinculan de manera más estrecha con criterios estructurales como el habla, dicha precariedad tiende a acentuarse.
Para Gisela Espinosa y Miguel Meza (2000:86, 96):
La vida en el campo sureño es difícil. Las carencias sociales son, más que graves, alarmantes, y abatir los rezagos del Guerrero rural atenuando las abismales desigualdades productivas y socioeconómicas es un reto mayúsculo. Sin embargo, se trata de un desafío no asumido, pues desde hace décadas las novedosas políticas públicas, las añejas estructuras de poder político y las fuerzas del mercado se han conjugado no para atenuar, sino para agudizar los desequilibrios de la sociedad rural guerrerense.
[Se debe añadir que] en algunos municipios de la Montaña y la Costa Chica el rezago educativo se asocia a la insuficiencia de aulas, así como a los malos caminos […] Pero la pobreza es el factor decisivo en la explicación del rezago educativo, pues muchos niños se ven obligados a trabajar desde temprana edad, o bien emigran con su familia durante algunas épocas del año. Los pueblos autóctonos son los más afectados por las carencias educativas […] Aunque la pobreza se puede encontrar en cualquier parte de Guerrero, los 20 municipios con más bajos niveles de ingreso se concentran en la Montaña (con diez municipios) y la Costa Chica (con siete). No es casual que sean también és tos los municipios de mayor población indígena.
Armando Bartra explica que Guerrero es un territorio naturalmente propenso a la sismicidad extrema y escenario también de recurrentes “terremotos políticos”. Combinando
[…] los peores rasgos del centralismo presidencialista y el regionalismo conservador, gestando un sistema político tan autoritario como conflictivo […] Guerrero bronco: despliegue de poderes direccionales que chocan entre sí y se ejercen mediante la violencia (Bartra, 2000:14-15).
Aquí pongo como un punto de anclaje el papel central que tienen la discriminación y la exclusión en accionar mecanismos para que las violencias no se cuestionen o hacerlas legítimas en el peor de los casos. Con ello, profundizo en los tratos y acciones que son en realidad violentas pero que difícilmente pueden catalogarse como tales, por ejemplo, que su participación en las decisiones familiares se encuentre extremadamente limitada hablando del espacio doméstico; o que sean víctimas de malos tratos y palabras ofensivas por parte del personal del sector salud, que son casos muy cotidianos en el ámbito público. Completando lo anterior, la discriminación y la exclusión que pesa sobre las mujeres indígenas se recrudece en los espacios públicos y de acceso a servicios como las escuelas, los comercios y las instituciones gubernamentales, haciendo cuasi nulo su valor como persona y silenciando sus voces:
Cuando yo ingresé al magisterio había mucha discriminación al indígena, cuando íbamos en Tlapa a comprar porque las maestras cambiaban sus cheques ahí, entonces pues uno no sabía expresar perfecto el español. Ya la gente te quedaba mirando y nos decían “la india”, “la montañera”; eso nos decían los comerciantes (Ale, mujer mè’phàà y profesora de preescolar, Malinaltepec, octubre de 2017).
Los distintos tipos de violencia y sus múltiples formas, de acuerdo con Philippe Bourgois (2009), se presentan en la vida cotidiana y contiene en sí misma raíces, vínculos, tentáculos, diversidad, omnipresencia y mala fe, además de encontrarse relacionada de forma estrecha con la distribución desigual de los recursos. Lo que se presenta aquí se relaciona con la discriminación y la exclusión, que se consideran como acciones sociales que se encuentran en la esfera cotidiana de las mujeres, tanto en el ámbito familiar y comunitario como fuera de él. Por ello he dejado para otro momento la discusión del racismo,1 porque denota determinadas condiciones estructurales y sistémicas que se justifican por las diferencias culturales, biológicas y de clase.
La etnografía narrativa,2 consiste en poner de relieve lo que las mujeres mè’phàà y na savi expresan sobre la discriminación de la que son víctimas, haciendo énfasis en su punto de vista, sin distorsiones ni interpretaciones de sus narraciones, pero, sí parte del análisis de los alcances dañinos a la salud integral de las mujeres. Utilicé esta metodología porque se ha empleado de manera significativa y privilegiada en contextos de exacerbada violencia y vulnerabilidad de quienes comparten fragmentos dolorosos de su vida privada.3 Gracias a este enfoque metodológico, las entrevistas aportaron datos significativos sobre el problema de la discriminación y la violencia a partir de experiencias que son pequeñas muestras de la condición de vulnerabilidad generalizada que viven. En el análisis de esa etnografía coincido con María Rodó (2013) en que los espacios en que se desarrolla la violencia son múltiples y se constituye de manera mutua con otras expresiones sociales denigrantes como lo es caso de la discriminación.
A la unidad que supone la multiplicidad y la generación mutua de factores de opresión se le ha llamado dentro de las teorías feministas como interseccionalidad:4
Este concepto trata el género, la raza, la sexualidad, la edad y la clase social, entre otras, [como] categorías interseccionadas y que las opresiones (y privilegios) que producen son vividos de forma simultánea y por tanto deben estudiarse de forma relacional. Así, se contribuye a una comprensión más compleja y dinámica de las estructuras de poder que parte de la diferencia entre categorías, intentando evitar exclusiones (Rodó, 2013:1).
Tal y como lo demostrara Rodó en su metodología denominada como “Mapas de relieves de la experiencia”, asumo en el presente caso de análisis, que las mujeres que viven en contextos rurales y deben de trasladarse a zonas urbanas experimentan la opresión de distintas estructuras de poder desarrolladas en espacios específicos, por lo que existe una variación de esas estructuras en relación con los lugares que tienen un papel primordial en la reproducción de las desigualdades.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDÍGENAS
Las experiencias de discriminación que sufren las mujeres indígenas de la Montaña de Guerrero se deben a las desigualdades estructuradas a partir de lugares concretos, donde la opresión hacia ellas es permisible debido a: 1) una condición de género reforzada mediante la asignación de roles definidos en la práctica social y cultural de los pueblos mè’phàà y na savi; 2) situaciones que se agravan por la condición de clase presente en los contextos de vida indígena por la marginalidad, la exclusión y la pobreza, aunque esto es compartido por todos los miembros de las comunidades a las que pertenecen, debido a que la discriminación se relaciona de manera específica con las particularidades culturales y una ideología de poder que subordina la diversidad cultural en beneficio de una cultura homogénea; las mujeres son sometidas a prácticas de control más violentas provocando en ellas malestares que cursan lo emocional, lo psicológico y lo físico, y 3) la discriminación padecida por las mujeres se agrava por la falta de mecanismos efectivos para su acceso a los servicios de salud, procesos de impartición de justicia, programas sociales de atención y, en su caso, protección como en la atención de las instituciones gubernamentales. Esta discriminación tiene connotaciones culturales por la histórica subordinación de los pueblos originarios ante las distintas instituciones que han ostentado el poder. En estas tres formas de discriminación hay dos constantes conjugadas de manera diferenciada para que las mujeres experimenten una condición de vulnerabilidad hasta llegar a la violencia: la lengua materna y la pobreza. Por esta razón, propongo entender a la discriminación lingüística como un tipo específico de discriminación que ocurre a una persona o grupo social a causa de su lengua materna o particularidades lingüísticas y por ese motivo se le trata de manera despectiva, que se justifica en la diferenciación del habla y la comunicación incompatible que los segrega respecto al idioma nacional dominante. Junto con lo racial, es un fenómeno social, cultural y político de larga duración. En México existe una negación histórica para que los pueblos originarios se expresen en su idioma mediante la imposición de otra lengua: el español.
Cuando yo llegué a Tlapa me sentía mal, al principio yo me quería regresar al pueblo, se me hacía bien difícil hablar con la gente, hasta en la escuela también, cuando llegaba a clases me daba mucha pena con los maestros allá, que nos hacían preguntas. Para participar en clase se me hacía muy difícil, por lo mismo a lo mejor yo misma me metí la idea de que no puedo y no sé qué pasó, pero me ponía nerviosa con eso, pues porque no sabía hablar el español y expresarme bien. En la escuela siempre se burlan y cuando es en la ciudad mucho más.
Discriminan a la gente de la Montaña, a los montañeros. Cuando no hablas bien el español ya unos se empezaban a reír, hasta apodos te ponen a veces cuando uno no se sabe expresar. Yo tenía muchos compañeros de la lengua mè’phàà en la prepa, en el salón éramos varios y más otras compañeras que de plano no sabían nada, hablar para nada y se burlaban de ellas y sí les decían de cosas, se reían (Ely, mujer mè’phàà, madre y ama de casa, 32 años, Malinaltepec, agosto de 2017).
Aunque las mujeres no sufran discriminación por hablar la lengua en sus comunidades, sí la padecen en el sentido de la expresión de su opinión. Si bien cuentan con el lenguaje para expresar sus ideas, la voz femenina es, por su misma condición de género, silenciada en forma sistemática. El derecho de las mujeres para expresarse, participar y adoptar decisiones comienza en el espacio privado, es en el ámbito familiar donde emprenden su lucha para ser escuchadas y es la primera barrera a vencer para ser reconocidas dentro de los procesos que buscan el bienestar familiar, comunitario, municipal y regional.
Como mujeres hemos dado batalla, sin embargo, muy pocas veces se toman en cuenta en la participación comunitaria, y si se toman en cuenta se dejan en segundo plano. Por eso las mujeres necesitamos mucha ayuda de las organizaciones para que se promueva el respeto y se garantice la seguridad de las mujeres en la participación social colectiva comunitaria.
También debemos ser fuertes las mujeres para hablar en público, perder el miedo a ser juzgadas a de las posibles burlas, porque sólo así demostraremos que somos también la otra parte que se necesita. Hay que convencernos primero nosotras de eso, que somos importantes (mesa de trabajo “Las mujeres mè’phàà y na savi en la defensa del territorio”, San Miguel del Progreso, Malinaltepec, octubre de 2019).
La mirada de las mujeres respecto a los problemas que les son particulares por su condición de género ayuda a entrever cuáles son los espacios de lucha y resistencia donde se posicionan como sujetos protagónicos en el sentido de la exigencia para su incorporación en la participación comunitaria y su derecho a la no discriminación:
El contexto en el que se desarrollan las mujeres pues es muy complejo porque son varias situaciones que atraviesan las mujeres indígenas de la región, por un lado, la pobreza económica en la que están, por otro lado, porque son víctimas de violencia por parte de sus parejas; excluidas en la toma de decisiones en las comunidades y frente a las autoridades, ni hablar, hay una discriminación muy palpable, muy cruda de las autoridades frente a las mujeres. Entonces pues es un contexto muy complejo en el que se desarrollan las mujeres y esto las hace estar en una situación de mucha vulnerabilidad frente a estas situaciones, entonces para acceder a sus derechos mínimos, sus derechos humanos, es más complejo que en el caso de los hombres, si ya al hombre indígena de la Montaña, le cuesta acceder a sus derechos, la mujer lo ve aún más complicado (Maribel González Pedro, Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Malinaltepec, octubre de 2017).
En el caso de requerir algún servicio fuera del ámbito comunitario, el uso de la lengua materna se convierte en una barrera infranqueable y causa primaria del maltrato recibido. Es una acción característica de la discriminación lingüística. Al lado de la discriminación racial, es un fenómeno social, cultural y político de larga duración.
Con nada de respeto nos tratan en las instituciones, así nos tratan en la Secretaría de Asuntos Indígenas cuando fuimos a tramitar las becas. A parte te dejan esperando afuera de las instalaciones, estamos ahí esperando en el sol, muchas horas. Por el tono que hablas, dicen “ahí va un indio”, ya te discriminan. Otros que también sufren mucho la discriminación son los jornaleros agrícolas, los que se van a cortar jitomate, los que se van a Michoacán y Sinaloa. También hay discriminación entre etnia. Pero de todo lo que hemos pasado nosotros como pueblos, hasta ahora lo que queda es la lengua, y yo veo que es lo más importante porque la misma gente indígena podría estar en las dependencias del gobierno o en los hospitales y tratar mejor a los que son también como ellos (Yazmín, mujer mè’phàà, estudiante, 21 años, Tlapa de Comonfort, octubre de 2017).
Cuando las acciones discriminatorias se llevan a cabo para hacer una diferencia entre el sí y los Otros con base en factores raciales o étnicos como el color de la piel, la indumentaria, la apariencia física o la lengua materna; para quienes son objeto de ésta, es un evento potencialmente traumático por los prejuicios implícitos:
Se trata de imágenes negativas y rígidas, a veces naturalizadas o estigmatizadas, de actitudes de rechazo burdas o sutiles, de valoraciones negativas de sus culturas que aparecen en condiciones de dominación, cuando se percibe una amenaza a intereses específicos y privilegios y una competencia por recursos […] (Castellanos, 2000:15).
El hablar su lengua materna y que ésta sea su opción lingüística privilegiada ha resultado en el rechazo y maltrato de las mujeres en el ámbito público. Aunque ello contraviene el reconocimiento de sus derechos lingüísticos, la barrera del lenguaje se ha impuesto como uno de los mecanismos privilegiados para su exclusión, que es además una condición estructural que nace de una ideología de desvalorización, en un proceso histórico donde las distinciones culturales son utilizadas para empoderar a un grupo social sobre otro y a partir de ello justificar un sistema de dominación que se traduce en subordinación, pobreza y vulnerabilidad; características elementales del uso de la fuerza, la exclusión se encuentra también íntimamente ligada con la violencia. La definición de exclusión, hace referencia a quitar algo a alguien de un lugar que le corresponde estar; de manera más profunda la exclusión se refiere a un modo de no participación, en ese sentido el quitar algo se relaciona con elementos fundamentales que se corresponden con la idea del bienestar; tenemos así que la exclusión indica la no participación en el mundo del trabajo y en aspectos esenciales como la vivienda, la educación, la salud, la protección social y las relaciones sociales: “Se habla de estar excluido del nivel de vida, el no disfrute de los derechos, recursos y servicios, oportunidades vitales, de los que se disponen o se disfrutan en la sociedad de bienestar social” (Fabre, 2000:19). En el caso de la pobreza, ésta establece límites para el acceso a una vida de bienestar, situación que describiré con más detalle más adelante.
Siguiendo a Philippe Bourgois (2006), la discriminación se transforma en una forma de violencia cuando se hace una práctica continua, permanente, histórica; donde la opresión a los sectores culturalmente diversos es permisible por una opresión estructural, un “apartheid étnico y de clase”. Como consecuencia, hay una internalización de la opresión, que es dolorosa y altera de manera contundente la estabilidad emocional y las relaciones sociales caracterizadas por la agresión en las coacciones externas que inciden de manera negativa en los sectores vulnerables mediante los juicios de valor.
Retomo el concepto violencia normalizada5 de Bourgois (2009) para describir el amplio espectro de acciones discriminatorias que afectan la vida toda de las mujeres mè’phàà y na savi. En la violencia normalizada se encuentran diversos elementos que se conjugan para manifestarse en patrones históricos de racismo internalizado que incluyen los rituales humillantes a los que, por ejemplo, médicos y enfermeras someten a los pacientes en la asistencia diaria, como se demostrará en este trabajo etnográfico:
El concepto de violencia normalizada coincide con el argumento de Michel Taussing sobre la “cultura del terror” y el “sistema nervioso” por el cual la omnipresencia de la brutalidad y las violaciones a los derechos humanos crea un “espacio de muerte” que normaliza la muerte y la tortura y silencia la oposición [...] El reconocimiento del fenómeno de la violencia normalizada nos permite ver cómo ciertos discursos habituales vuelven invisibles unos patrones sistemáticos de brutalidad, tales como cuando el amor romántico se transforma en violencia doméstica o cuando los dictámenes de la masculinidad llevan a la tolerancia del feminicidio por parte del Estado y a que un hecho de violación sea erróneamente reconocido como inofensivo o merecido (Bourgois, 2009:31-32).
Dentro de la violencia normalizada encontramos a la discriminación, que puede ser vista también como un conflicto cultural y luego de clase; es decir, la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los sectores más marginados de la sociedad mexicana, entre ellos los grupos indígenas y los campesinos, los ha relegado históricamente y los ha colocado en la frontera de la ciudadanía, en tanto que los beneficios a los que tienen derecho han sido sistemáticamente negados por una ideología que los ha mantenido encasillados en el paradigma del atraso, la incapacidad y el subdesarrollo. Bajo este argumento existe una manifestación profundamente despreciativa que Olivia Gall nombra “racismo anti-indígena” en México, donde:
La terrible masacre de Acteal, cuyas principales víctimas fueron las mujeres indígenas, no hizo sino demostrar una vez más dos cuestiones. La primera: hasta qué punto el tiempo del racismo es un tiempo extenso […] un tiempo que mide básicamente no las transformaciones de las estructuras sino sus permanencias, su carácter de obstáculo al cambio. Y segunda: hasta qué punto las mujeres resultan las principales víctimas de las lógicas discriminatorias de clase, raza y género que redundan en la peor manifestación del segregacionismo: el exterminio (Gall, 2004:245).
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