Europa y el Mediterráneo

Europa y el Mediterráneo

Perspectivas del diálogo euromediterráneo

IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO

ISAÍAS BARREÑADA

RAFAEL BUSTOS JORGE CARDONA

LLORENS JAVIER JORDÁN

JOSÉ MARÍA JORDÁN GALDUF

IVÁN MARTÍN

RUBÉN MARTÍNEZ DALMAU (ED.)

ALFONSO MERLOS GARCÍA

HELENA OLIVAN

Mª ANGUSTIAS PAREJO FERNÁNDEZ

SUSANA RUIZ SEISDEDOS

INMACULADA SZMOLKA MANUEL R. TORRES

LUCIANO ZACCARA

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

INSTITUTO MEDITERRÁNEO DE ESTUDIOS EUROPEOS (IMEE)

2006

Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.

© Los autores, 2006

© Publicacions de la Universitat de València, 2006

© Institut Mediterrani d’Estudis Europeus (IMEE), 2006

Publicacions de la Universitat de València

c/ Arts Gràfiques, 13 46010 València

Tel.: 96 386 41 15 Fax: 96 386 40 67

c/e: puv@uv.es

Diseño de la cubierta:

Inmaculada Mesa

Ilustración de la cubierta:

Fotografía de Jesús Císcar (2004)

ISBN: 84-370-6443-0

Realización ePub: produccioneditorial.com

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

BRUSELAS-TEL AVIV: UN FRACASO EUROMEDITERRÁNEO

EL EMPLEO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL EN LA ASOCIACIÓN EUROMEDITERRÁNEA. BALANCE, PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS DE ACCIÓN

COMPARANDO ELECCIONES Y SISTEMAS POLÍTICOS EN IRÁN Y ARGELIA: ¿ESTRUCTURAS O SUPERESTRUCTURAS ELECTORALES?

EL YIHADISMO EN EUROPA: TENDENCIAS Y EVOLUCIÓN

DIMENSIONES Y RETOS DEL DIÁLOGO EUROMEDITERRÁNEO

LA AMENAZA DE LAS REDES YIHADISTAS MARROQUÍES EN EL ESPACIO EUROMEDITERRÁNEO

EL BALANCE DEL PROCESO DE BARCELONA Y LA ENCRUCIJADA DE LA POLÍTICA DE VECINDAD: ¿QUÉ INSTRUMENTOS PARA LA SOCIEDAD CIVIL?

LA LARGA TRAVESÍA EN EL DESIERTO DE LOS SOCIALISTAS MARROQUÍES (USFP) DE LA OPOSICIÓN AL GOBIERNO

PAUTAS Y COORDENADAS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN MARRUECOS

LA RELACIÓN DE BOUTEFLIKA EN LOS COMICIOS PRESIDENCIALES DE 8 DE ABRIL DE 2004

PRESENTACIÓN

El diálogo intercultural y el futuro de las relaciones euromediterráneas

Jorge Cardona Llorens

Jorge Cardona Llorens es Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universitat Jaume I y Presidente de la Fundación Instituto Mediterráneo de Estudios Europeos (IMEE)

Aunque no siempre sea un ejercicio grato, muchas veces intuir cuándo se acercan los malos tiempos ayuda a saber a qué nos enfrentamos; frente a ópticas crédulas que confunden el optimismo con la ingenuidad, a veces cabe ser pragmáticos para apuntar soluciones ante las situaciones inesperadas. Por eso no cabe calificar de apresuradas ni alarmistas aquellas voces que, recién ocurridos los sucesos del once de septiembre de 2001, avisaban de un cambio trascendental en las relaciones internacionales. Los elementos que apuntaban a ese cambio estaban ahí desde un principio para quien quisiera verlos.

No es verdad que los atentados del 11 de septiembre, ni los que le siguieron (Madrid, Londres) fueran batallas de débiles contra fuertes ni, desde luego, de bárbaros contra civilizados. Se trata de una contienda de fuertes contra fuertes y, como suele suceder en estos casos, los perjudicados son los que nada tienen.

Es cierto que las diferencias culturales entrecruzan todo el sistema internacional. Y que esas diferencias culturales han servido a algunos profetas del pesimismo (Fukuyama, Huntington, Kaplan) para plantear el choque de civilizaciones que en la actualidad enfrentaría al Occidente judeo-cristiano con una serie de enemigos difícilmente identificables pero que nos devolvería al momento en que J. Lorimer (The Instituts of the Law of Nations, 1883-1884) dividía la humanidad entre civilizados, bárbaros y salvajes. Pero como ha sido señalado entre nosotros por Remiro, retomando y revisando críticamente esta trilogía y situando en perspectiva histórico-política la influencia de la diversidad cultural: «la afinidad/diferencia cultural/civilizadora es un elemento importante, influyente en las relaciones humanas y en las relaciones entre colectividades, incluidas las estatales; pero en este plano no son decisivas por sí solas

salvo en supuestos particulares. Los conflictos más característicos de nuestro tiempo son nacionales, no civilizatorios; la geopolítica, la economía son factores no menos influyentes que los civilizatorios. Allí donde el desigual reparto del poder y la riqueza originan graves conflictos sociales cabe preguntarse qué diferencia el reivindicacionismo radical de la teología de la liberación y del fundamentalismo islámico en modelos como el de Huntington» («Desvertebración del Derecho internacional en la sociedad globalizada», CEBDI, vol. V (2001), p. 95).

Pero si esto es cierto, también lo es que a estas alturas nadie duda de que, a corto plazo, las acciones terroristas han provocado un aumento, sin precedentes en la historia contemporánea, de la desconfianza entre civilizaciones, revitalizando concepciones radicales –realistas, las llaman– de las relaciones internacionales, como las que afirmaban en los años cuarenta el «destino manifiesto» de los Estados Unidos, o versiones actualizadas de Kennan, como es el caso de Huntington y su conocida tesis sobre choque de civilizaciones, de la que quizás sea más acertada la segunda parte del título de su libro: la reconfiguración del orden mundial. Reconfiguración del orden mundial de la que, cómo no, han salido perjudicados los más débiles, los pobres, los que cada vez cuentan menos y molestan más a los grandes capitales porque de ellos poco tienen que ganar, como no sea mano de obra económica.

No es que con anterioridad a los ataques terroristas la proximidad entre civilizaciones fuera estrecha y de sólidos pilares. Nada más lejano de la realidad. La mayor parte de los conflictos que asolan el mundo musulmán ya se encontraban en plena efervescencia a finales del siglo pasado. El diferendo entre Israel y Palestina, la presencia siria en el Líbano, el ralentización de las decisiones fundamentales sobre el Sahara Occidental, el auge del fundamentalismo en Argelia o la revolución iraní, por no hablar, más en general, de la falta de democracia, la situación de los derechos humanos o los niveles de pobreza en algunos de los países del sur. El papel de nuestra civilización en la agudización de los conflictos, cuando no en su surgimiento, es evidente. Fijémonos si no en el proceso de descolonización, en algunos casos no sólo irresponsable sino insensato, de las antiguas colonias del Magreb o del Oriente medio; en el uso de las guerrillas talibanes para fines políticos –cuestionar a los gobiernos afganos próximos a la causa soviética–; en la venta de armas a Irak o en la vista gorda hacia la situación en la antigua Yugoslavia donde, aunque no ha sido el aspecto más público, la cuestión religiosa tuvo mucho que decir. En efecto, la situación no era la mejor a finales del siglo veinte.

Pero no cabe duda de que algunos avances tuvieron lugar, y que en algunos casos levantaron no pocas expectativas. Sin duda, uno de esos pasos adelante fue el proceso de Barcelona, nombre con que se conoció a la institucionalización de las relaciones entre la Unión Europea y los denominados países terceros mediterráneos en la llamada Asociación Euromediterránea. La Conferencia de Barcelona, en 1995, significó un punto y aparte en las relaciones euromediterráneas. Por primera vez el acercamiento entre las riberas norte y sur –en algunos aspectos separadas no tanto por orillas como por verdaderos abismos– no sólo apareció como conveniente, sino como posible. Se instauró un proceso de relación basado en tres ámbitos de actuación conjunta:

seguridad y cooperación, economía y diálogo intercultural. Se crearon –o se potenciaron, cuando existían– los mecanismos para aumentar la cooperación, incrementar el conocimiento mutuo y concederle habitualidad a la relación euromediterránea. Con altibajos, el proceso de Barcelona ha cumplido más de diez años. Si se nos concede la metáfora, estaría a punto de enfrentar la adolescencia. No obstante, la realidad nos confirma que todavía anda con los dientes de leche.

De la lentitud del proceso de Barcelona no podemos culpar a los sucesos del once de septiembre y los que les sucedieron, al menos no únicamente a ellos. Si el proceso de Barcelona no ha avanzado lo suficiente ha sido por falta de voluntad política de todos sus componentes, del norte o del sur, musulmanes o cristianos, de ciudades gélidas o del desierto abrasador. En este ámbito, sin tapujos, cabe ser claro. Quizás las prioridades europeas cambiaron; el proceso de ampliación ha sido uno de los mayores retos planteados al proceso de integración europea, el cuestionado proceso de constitucionalización ha consumido notables energías del proceso integrador, y las divisiones en las relaciones internacionales –el conocido segundo pilar de la Unión Europea–, en particular la posición sobre la participación occidental en Irak, ha hecho más difícil que nunca el acuerdo entre los socios europeos. Quizás el problema de los países de la ribera sur es que sus prioridades no han cambiado: la inmutabilidad de gobiernos, la mayoría de ellos sin la necesaria legitimidad democrática; la situación económica, en manos de oligarquías bien posicionadas; la situación de las libertades... parecen ser las mismas ahora que una década atrás.

Pero aunque no debe colocarse en ellos toda la responsabilidad, es obvio que los atentados terroristas fueron un peso definitivo en la balanza, ya de por sí poco equilibrada, a favor de la confrontación y la desconfianza. Los vientos en el mundo internacional no corrían, desde luego, en la búsqueda del fraternal abrazo entre civilizaciones. De hecho, casi puede considerarse sorprendente que, en esas circunstancias, el proceso de Barcelona perdure. En ello tiene mucho que ver la consecución, casi ultimada, de la zona de librecambio euromediterránea prevista para 2010, vista con muy buenos ojos por los poderes económicos y políticos de ambas riberas.

Por eso quizás la cuestión más peligrosa, y la más delicada, en este ámbito de las relaciones euromediterráneas sea no sólo la falta de acercamiento, sino el alejamiento fácilmente comprobable que se ha producido entre las culturas mediterráneas. La tercera cesta del proceso de Barcelona, la que incidía en el diálogo intercultural, en el conocimiento mutuo, en la desaparición de miedos respecto al otro, ha quedado atrás en las prioridades de las relaciones euromediterráneas, con apenas alguna iniciativa puesta en marcha y quizás sin demasiado éxito, al menos en un principio. Son momentos difíciles para hablar de diálogo, pero el diálogo hoy es un intervalo común entre idealistas y pragmáticos. Tampoco aquí cabe confundir la ingenuidad con el optimismo. Una región euromediterránea próspera, segura y en paz requiere necesariamente del éxito en el diálogo entre civilizaciones. Lo contrario, podemos intuir, no sólo obstaculizará, sino hará imposible la convivencia pacífica basada en la confianza y el respeto que es, a la postre, lo que buscan los pueblos del norte y del sur: la riqueza en la diversidad, la convivencia en la cooperación y el fundamento en el respeto.

Escribe Braudel que más que cualquier otro universo de los hombres, el Mediterráneo no cesa de contarse a sí mismo, de revivir en sí mismo. Para el Mediterráneo haber sido es una condición para ser. Es esperanza de todos que ese constante ir y venir sirva para aprender que sólo la paz y el entendimiento han traído la prosperidad a los pueblos. Por eso, ahora más que nunca, es necesario hablar de diálogo euromediterráneo. Porque es en estos momentos donde es necesario ver que el entendimiento, aunque lejano, todavía es posible; una vez perdida la oportunidad no sabemos si lo será.

BRUSELAS-TEL AVIV: UN FRACASO EUROMEDITERRÁNEO

Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño

Ignacio Álvarez-Ossorio Alvariño es profesor del Área de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante. Es editor del Informe sobre el conflicto de Palestina. De los Acuerdos de Oslo a la Hoja de Ruta (2003) y coautor de ¿Por qué ha fracasado la paz? Claves para entender el conflicto palestinoisraelí (2005).

Cuando en 1995 se puso en marcha el proceso euromediterrráneo, uno de los principales objetivos que se cifró fue el de contribuir a la resolución pacífica del conflicto árabe-israelí. Diez años más tarde, la concesión de un trato preferencial a Israel y el afianzamiento de las relaciones entre Bruselas y Tel Aviv no han traído consigo el ansiado impulso del proceso de paz de Oriente Medio, al contrario de lo que muchos esperaban. La firma de una serie de acuerdos de asociación entre la UE y los países de la cuenca oriental del Mediterráneo, incluido Israel, tampoco ha conseguido reforzar «la paz, la estabilidad y la seguridad» de una región que ha experimentado importantes sacudidas de violencia en esta última década.

Ante esta situación cabe preguntarse por las razones que han impedido que la UE asuma un papel más activo en Oriente Medio, una de las zonas de mayor importancia geoestratégica del espacio euromediterráneo. Si pretende cambiar las tornas y tener un mayor peso específico, la UE no debe renunciar a presionar a las partes para que hagan valer los acuerdos firmados y, en especial, garanticen el respeto de los derechos humanos y la búsqueda de la paz. En caso contrario, la UE podría ser desplazada a un papel secundario y verse limitada a gestionar la ayuda humanitaria y de emergencia para cubrir las cada vez mayores necesidades de la población palestina.

LA UE ANTE EL CERCO DE JERUSALÉN

El 12 de diciembre de 2005 la UE dejaba pasar una magnífica oportunidad para asumir un mayor peso político en la mediación israelo-palestina. En una coyuntura política especialmente propicia para favorecer una mayor implicación de la UE en la resolución pacífica del conflicto, tras la tregua palestina y la evacuación de Gaza, Bruselas prefirió mantenerse en un discreto segundo plano y no pronunciarse sobre la política de hechos consumados puesta en práctica por el gobierno israelí.

Ante el avance imparable del muro que Israel construye sobre los territorios palestinos ocupados, la UE pidió a sus cónsules en Jerusalén Este que elaborasen un informe sobre la situación existente sobre el terreno. El informe puso en evidencia que las autoridades israelíes estaban logrando completar el cerco de Jerusalén a marchas forzadas, contraviniendo así el derecho internacional que impide a la potencia ocupante modificar la composición demográfica de los territorios que ocupa, y advirtió que, de finalizarse el muro en torno a la ciudad, «Israel podrá finalmente completar el aislamiento de Jerusalén Este; centro político, social, comercial e infraestructural de la vida palestina».

Tras un minucioso estudio sobre los avances registrados en los últimos meses, los diplomáticos europeos concluyeron que «Israel está aumentando la actividad colonizadora en forma de una herradura a tres bandas encarada al este, en y alrededor de Jerusalén Oriental, unida por nuevas carreteras», de tal manera que «se deja fuera gran parte de Jerusalén Este, con sus 230.000 residentes palestinos, del resto de Cisjordania (es decir, divide palestinos de palestinos, no palestinos de israelíes)».

Al mismo tiempo resaltaba dos aspectos fundamentales: el Muro se erige «lejos de la Línea Verde», la frontera oficiosa de Israel establecida tras los armisticios con los países árabes en 1949, y «no está motivado solamente por razones de seguridad», aseveración que rebatía el principal argumento israelí para justificar el levantamiento del muro: prevenir los ataques terroristas. Su construcción había motivado, según el informe, «la demolición de casas palestinas», «la separación de los residentes palestinos de Jerusalén de los residentes de Cisjordania», «la construcción y expansión de ilegales asentamientos, por entidades privadas y por el gobierno israelí, en y alrededor de Jerusalén Oriental» y, muy particularmente, el de Maale Adumim (entre Jerusalén a Jericó) que «amenaza completar el cerco a la ciudad por asentamientos judíos y dividir Cisjordania en dos áreas geográficas separadas».

Este clarificador y demoledor informe, que no fue refrendado por los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, concluía que una vez que «la barrera se complete, Israel controlará el acceso a, y desde, Jerusalén Este, separándola de sus palestinas ciudades satélites de Belén y Ramallah, y del resto de las pertenecientes a Cisjordania. Esto tendrá consecuencias económicas, sociales y humanitarias graves para los palestinos». Por todo ello recomendaba encarecidamente a la UE tomar cartas en el asunto y adoptar una posición crítica con Israel ya que «algunas políticas israelíes interrelacionadas están reduciendo la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el estatus final de Jerusalén, y demuestran una clara intención israelí de convertir la anexión de Jerusalén Este en un hecho concreto».

LA UE ANTE EL MURO DE SEPARACIÓN

Dieciocho meses antes, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitía, a instancias de la Asamblea General de NNUU, una Opinión Consultiva sobre el Muro. Tal fallo, fechado el 9 de julio de 2004, consideraba que el Muro pretendía fijar las nuevas fronteras de facto de Israel y conminaba a la comunidad internacional a que actuase, en el menor plazo posible, para evitar que el Muro fuese completado. En el párrafo 163 del dictamen se recordaba que

todos los Estados están en la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del Muro y de no prestar ayuda o asistencia en el mantenimiento de la situación creada por esta construcción; todos los Estados partes de la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la Protección de los Civiles en Época de Guerra del 12 de agosto de 1949 tienen, además, la obligación de asegurar el cumplimiento por parte de Israel del Derecho internacional humanitario.

Quedaba claro que el llamamiento de la Corte Internacional de Justicia implicaba también a los veinticinco miembros de la UE, aunque, al no ser vinculante, el dictamen de la Corte sólo podría aplicarse en el caso de que la comunidad internacional presione de manera efectiva a Israel para que lo respetase. El párrafo 163 también reclamaba que, tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad, se activasen inmediatamente para «poner término a la situación ilegal creada por la construcción del Muro».

La UE, al contrario que EEUU, recibió positivamente el veredicto de la Corte al considerarlo acorde con el Derecho internacional y reclamó a Israel que «desmantelase la barrera en el interior de los Territorios Ocupados palestinos, incluido Jerusalén Este». Sin embargo, el Consejo de Seguridad no consiguió adoptar ninguna resolución al respecto debido a la amenaza de veto de EEUU. Como manifiesta Víctor de CurreaLugo, se puso en evidencia que

la supremacía del Consejo de Seguridad en el sistema de NNUU, el secuestro del Consejo por parte de EEUU y la sistemática negación de EEUU de votar a favor de decisiones relevantes que afecten a Israel, hace que el derecho internacional y las instancias de la llamada comunidad internacional no reaccionen de la manera adecuada.[1]

El papel desempeñado por la UE desde entonces muestra de manera ejemplar su incapacidad para articular políticas comunes ante uno de los principales problemas de la agenda internacional. Aunque el 10 de abril de 2002, tras la reocupación de las principales ciudades palestinas, el pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que solicitó al Consejo y a la Comisión Europea una suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, la UE evitó en todo momento abordar esta espinosa cuestión en sus contactos bilaterales.

Un claro ejemplo de esta tendencia europea a desaprovechar las oportunidades que se le sirven en bandeja la ofrece la intervención del presidente del Parlamento Europeo, el español Josep Borrell, ante la Knesset el 27 de junio de 2005. En su largo discurso, elogió los estrechos vínculos existentes entre la UE e Israel:

Considero que es de vital importancia el desarrollo de los vínculos bilaterales entre Europa e Israel porque ambos se necesitan mutuamente. En primer lugar, Israel es, debido a su población y a su cultura política democrática, un socio natural de Europa. En segundo lugar, la UE está comprometida totalmente en la promoción de los valores democráticos y el buen gobierno en toda la región.

En ningún momento, el presidente del Parlamento Europeo se refirió a la congelación del proceso de paz, ni tampoco hizo referencia a la política de hechos consumados israelíes, dentro de la cual se enmarca la construcción del Muro, que pretende, en último término, dificultar la creación de un Estado palestino viable. En su intervención, Borrell aplaudió la evacuación de Gaza, a pesar de ser una decisión unilateralmente adoptada por el Gobierno israelí:

Como ha señalado el Parlamento Europeo en sus resoluciones, una retirada exitosa de Gaza representará el primer e imprescindible paso en un proceso que debería continuar en Cisjordania, con una moratoria en [la construcción de] asentamientos y un fin de las demoliciones. El objetivo final es ofrecer a los palestinos los medios para crear un Estado que sea democrático, independiente, sostenible y viable. Es el precio que Israel tiene que pagar por su propia seguridad [...]. Las fronteras físicas sólo son definitivas en el caso de que sean legítimas, es decir si son aceptadas y respetadas.

EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE LA UE E ISRAEL

Dentro de los mecanismos de los que dispone la UE para lograr que Israel retorne a la mesa de las negociaciones está el Acuerdo de Asociación con Israel que, tras firmarse el 20 de noviembre de 1995, entró en vigor el 1 de junio de 2000. El artículo 2 de dicho acuerdo, la llamada cláusula de derechos humanos, señalaba inequívocamente que «las relaciones entre las Partes, así como todas las provisiones del propio acuerdo, se deberán basar en el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos que guían su política nacional e internacional y constituyen un elemento esencial de este Acuerdo». También en el caso de los acuerdos firmados con los países árabes de la ribera sureña mediterránea (Túnez, Marruecos, Argelia y Egipto), aparecía esta misma cláusula, aunque, como en el caso israelí, sin demasiado éxito en su aplicación.

El acuerdo euro-israelí partía de la base de una nueva realidad en las relaciones bilaterales y reconocía que existían unos estrechos vínculos comerciales (el 40 % de las importaciones y el 30 % de las exportaciones de Israel proviene o tiene como destino la UE). Por eso no es de extrañar que el acuerdo contemplase el establecimiento de una zona de libre cambio entre las partes, así como la cooperación económica, la apertura de los mercados, la libre circulación de capitales y un diálogo político regular. El 25 de marzo de 1996, siguiendo la estela de este compromiso, se firmó un Acuerdo de cooperación científica y tecnológica que, por primera vez, permitió a un país no europeo participar en los programas científicos y tecnológicos no nucleares de la Unión.

Pese al referido pronunciamiento del Parlamento Europeo en torno a la revisión del trato preferencial del que goza Israel, la UE no ha estimado oportuno congelar temporalmente el acuerdo con el objeto de que Israel haga frente a los compromisos asumidos en 1995. Es evidente que, en el curso de la última década, Israel ha violado de manera sistemática los derechos más elementales de la población palestina, tal y como ponen en evidencia diversos informes aparecidos en los últimos años, sin que por ello la UE haya revisado su posición. Recientemente el Euro-Mediterranean Human Rights Network publicó un informe en el que se ponía énfasis en la escasa repercusión que tenían las constantes violaciones de los derechos humanos por la parte israelí en la política exterior europea. En sus conclusiones dicho informe constataba que

Israel se comprometió con los principios del Proceso de Barcelona. Al firmar el Acuerdo de Asociación entre Israel y la UE, ambas partes asumieron la responsabilidad de promover los derechos humanos en sus relaciones bilaterales. Ambas partes tienen el deber de disuadir las violaciones de los derechos humanos cometidas por su socio de asociación. A pesar de que la UE critica de manera regular las violaciones israelíes de la ley humanitaria y de los derechos humanos, no tiene reflejo alguno en sus relaciones prácticas con Israel.[2]

LA POLÍTICA DE VECINDAD EUROPEA: ALGO ESTÁ FALLANDO

En lugar de revisar el trato preferencial que concede a Israel, la UE decidió en 2004 mejorar sensiblemente el mencionado Acuerdo de Asociación. La nueva Política de Vecindad Europea, planteada tras la incorporación de diez nuevos miembros a la Unión el 1 de mayo de 2004, implicó también una revisión de la relación con los países del entorno, tanto de la Europa del Este como de la ribera sur del Mediterráneo. Medio año más tarde, en el mes de diciembre, la UE e Israel firmaron un Plan de Acción en el que se volvía a incidir en que «la UE e Israel comparten unos valores comunes como la democracia, el respeto de los derechos humanos, el gobierno de la ley y las libertades fundamentales».

Dicho plan se encaminaba a «reforzar su interdependencia política y económica», ya que la ampliación «permitía la posibilidad de que Israel participase de manera progresiva en aspectos centrales de las políticas y programas de la UE, así como mejorar el grado y la intensidad de la cooperación política». El plan también identificó

las prioridades de cooperación inter alia en áreas como el conflicto de Oriente Medio, el contraterrorismo, la no proliferación de armas de destrucción masivas, los derechos humanos, el diálogo entre culturas y religiones, la migración, la lucha contra el crimen organizado, el tráfico humano, la cooperación policial y judicial, el transporte, la energía, el desarrollo, la ciencia y la tecnología.

Cabía deducir que la resolución del conflicto pasaba a considerarse un asunto menor y situarse a la misma altura que otros asuntos como la lucha contra el terrorismo o la cooperación contra el crimen organizado.

Junto a esta detallada descripción de las áreas de interés bilaterales, también aparecían algunas consideraciones sobre el proceso de paz. El plan mencionaba la necesidad de «trabajar de manera conjunta con la UE, sobre una base bilateral y como miembro del Cuarteto, con el propósito de alcanzar un acuerdo global del conflicto israelo-palestino y una solución permanente basada en la fórmula de los dos Estados con los Estados israelí y el palestino viviendo en paz y seguridad, de acuerdo con la Hoja de Ruta y las obligaciones que las partes adquirieron en ella». A continuación se recogían diversos compromisos adquiridos por Israel, entre ellos «la importancia de respetar la legalidad internacional» y «minimizar el impacto de las medidas securitarias y contraterroristas en la población civil, aunque reconociendo el derecho de autodefensa israelí».

El plan también recogía otros llamamientos genéricos a las necesidad de «facilitar el movimiento seguro de la población y los bienes salvaguardando, lo máximo posible, la propiedad, las instituciones y las infraestructuras», «mejorar las condiciones económicas y sociales de todas las poblaciones» y, por último, «facilitar la aplicación y la distribución de asistencia humanitaria y apoyar la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura». Alguno de los compromisos parecían más bien dirigirse a la Autoridad Palestina a la que se le exigía «desmantelar todas las infraestructuras terroristas y asegurar un cese completo e incondicional de las actividades terroristas y de la violencia». También se demandaba a Israel que «prosiguiese los esfuerzos para apoyar y respaldar las reformas, la trasparencia, la responsabilidad y el gobierno democrático de la Autoridad Palestina, así como la consolidación de todos sus servicios de seguridad».

El elemento más novedoso residía en que, trascurridos tres años de su aplicación, una serie de subcomités se encargarían de valorar el progreso alcanzado en las distintas

áreas del acuerdo. De darse un avance, no sólo en el terreno económico sino también en el político, el plan podría ser revisado y ampliado en el marco de un Acuerdo de Vecindad euro-israelí. Lo que es lo mismo, en el caso de impulsarse la paz con los palestinos, la UE podría premiar a Israel concediéndole nuevas ventajas económicas y comerciales.

¿QUÉ TIPO DE ASOCIACIÓN EURO-PALESTINA?

Desde el arranque del proceso de paz, la UE se ha distinguido como el principal donante a la Autoridad Palestina. Como dice en el apartado de su página web dedicado a las relaciones euro-palestinas,

la UE está comprometida con la mejora de la situación humanitaria y económica de los palestinos y, al mismo tiempo, respalda los principios de la Hoja de Ruta encaminados a erigir las instituciones de un Estado palestino, democrático, indepen diente y viable, que viva en paz y seguridad con Israel. Los principales instrumentos para alcanzar estos objetivos son el Acuerdo de Asociación Interino de Comercio y Cooperación y el programa de asistencia financiera de la Comisión.[3]

El 1 de abril de 1997 entró en vigor el mencionado acuerdo interino entre la UE y la OLP (en beneficio de la Autoridad Palestina) que trataba de contribuir al desarrollo económico de Cisjordania y Gaza y se cifró como objetivo la creación de una zona de librecambio en 2001. El fracaso de las negociaciones de Camp David, el posterior desencadenamiento de la Intifada del Aqsa y la reocupación de todas las ciudades autónomas palestinas impidieron que dicho acuerdo llegase a buen puerto.