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EL AGUA O EL ORO
El agua o el oro Análisis bioético del conflicto socioambiental de Santurbán Colección Bios y Oikos, vol. 21
| Primera edición, octubre de 2019 © Universidad El Bosque © Editorial Universidad El Bosque Rectora: María Clara Rangel Galvis © Sandra Patricia Basto Torrado Departamento de Bioética Cra. 7D Bis n.o 129-47 +57 (1) 648 9000, exts. 1123, 1132, 1134 publicacionesbioetica@unbosque.edu.co bioetica@unbosque.edu.co ISBN: 978-958-739-174-9 (impreso) isbn: 978-958-739-175-6 (digital) Editor: Miller Alejandro Gallego Cataño Coordinación editorial: Mónica Roesel Maldonado Apoyo editorial: Juan Carlos Buitrago Sanabria Dirección gráfica y diseño: María Camila Prieto Abello Hecho en Bogotá D.C., Colombia Vicerrectoría de Investigaciones Editorial Universidad El Bosque Av. Cra 9 n.° 131A-02, Bloque O, 4.° piso +57 (1) 648 9000, ext. 1395 editorial@unbosque.edu.co www.unbosque.edu.co/investigaciones/editorial Impresión: Afán gráfico Octubre de 2019 Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la Editorial Universidad El Bosque. Universidad El Bosque | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como universidad: Resolución 327 del 5 de febrero de 1997, men. Reconocimiento de personería jurídica: Resolución 11153 del 4 de agosto de 1978, MEN. Acreditación institucional de alta calidad: Resolución 11373 del 10 de junio de 2016, men. | 179.1 B17a Basto Torrado, Sandra Patricia El agua o el oro: análisis bioético del conflicto socioambiental de Santurbán -- Bogotá: Universidad El Bosque, 2019. 328 p.: tablas; 16 x 24 cm – (Colección Bios y Oikos; Vol. 21) Incluye referencias bibliográficas e índices. ISBN: 978-958-739-174-9 (Impreso) ISBN: 978-958-739-175-6 (Digital) 1. Medio ambiente -- Aspectos bioéticos 2. Explotación por excavación -- Aspectos bioéticos 3. Páramo de Santurbán (Colombia) -- Explotación por excavación -- Aspectos bioéticos 4. Población rural -- Páramos I. Universidad El Bosque. NLM: WB 60 Fuente. SCDD 23ª ed. y NLM – Universidad El Bosque. Biblioteca Juan Roa Vásquez (Octubre de 2019) - NGG |
Colección Bios y Oikos, 21
EL AGUA
O EL ORO
ANÁLISIS BIOÉTICO DEL CONFLICTO
SOCIOAMBIENTAL DE SANTURBÁN
SANDRA PATRICIA BASTO TORRADO
AGRADECIMIENTOS
A Dios, por ser mi luz, fuerza y sabiduría en cada instante.
A mi madre, el amor de mi vida, quien siempre ha estado a
mi lado motivándome a ser mejor persona y mujer.
A Clarita Forero, mi eterna maestra, quien con su ejemplo
y dedicación me inyectó la pasión por la investigación.
A mi directora de proyecto, doctora Constanza Ovalle
Gómez, por haber aceptado acompañarme en esta travesía
y guiarme, con su sabiduría y paciencia, para ser una
mejor persona y profesional.
Finalmente, a mis compañeros del Doctorado, por
tantos momentos compartidos que me brindaron alegría
y crecimiento. En especial a mi gran amiga Francis
Hollminn, quien me acompañó en mis soledades y me
motivó en el desánimo. Gracias por su afecto y solidaridad.
Este trabajo es el producto de cinco largos años de dedicación y pasión. Dios, gracias por regalarme este sueño.
A mi madre, quien siempre estuvo presente dándome aliento y ánimo para ser cada día mejor.
CONTENIDO
Presentación
Introducción
Capítulo I Abordaje metodológico del conflicto socioambiental de Santurbán
El páramo Santurbán como contexto de la investigación
Aproximación al problema
Los actores del conflicto
Actores sociales
Actores ambientalistas
Actores individuales
Actor mediador
Desarrollo de la investigación
Capítulo II Contexto de los conflictos socioambientales en América Latina y en Colombia: el caso de Santurbán
Los conflictos socioambientales en América Latina
Un marco conceptual para aproximarse a los conflictos socioambientales
Una historia de extractivismo y expropiación
Los actores de los conflictos socioambientales
Los conflictos socioambientales en Colombia
Los páramos, ecosistemas estratégicos de vida
El marco legal colombiano para la protección y delimitación de páramos
El principio de precaución como estrategia preventiva para la protección de los ecosistemas
Páramo y cultura
La actividad minera en la degradación de los páramos y la vida
Testimonios de los actores del conflicto socioambiental de Santurbán: Hallazgos y análisis
Discusión
Capítulo III Ideas de naturaleza en los actores del conflicto socioambiental de Santurbán
La bioética anglosajona y la bioética latinoamericana
El nacimiento de la bioética y su relación con las éticas ambientales
La bioética anglosajona y su incipiente relación con la cultura
La bioética latinoamericana: una mirada a la alteridad cultural
La ecología política en América Latina
El ecologismo de los pobres
La ecología de la diferencia
Las racionalidades alternativas
La historia ambiental
La gobernanza ambiental
Ideas de naturaleza: de los regímenes capitalistas a los regímenes híbridos
La naturaleza capitalista en el Nuevo Mundo
La consolidación de la economía-mundo en América Latina
La ética de vida en el pensamiento anticapitalista de José Martí
Las naturalezas orgánicas: entre la relacionalidad y el conocimiento práctico
La ética de la vida en las filosofías andinas
La tecnonaturaleza: ¿del hombre terrestre al hombre cósmico?
Las naturalezas híbridas: ¿una alternativa para sobrevivir en el modelo de mercado?
El “Manifiesto por la vida”: una ética para la tecnonaturaleza y las naturalezas híbridas
Ideas de naturaleza en los actores del conflicto socioambiental: Hallazgos y análisis
Discusión
Capítulo IV Movimientos socioambientales en Santurbán: las estrategias de reapropiación y la igualdad en la diferencia como valor bioético
Los movimientos socioambientales en América Latina
Las estrategias de reapropiación de los movimientos socioambientales
Movimientos socioambientales en Santurbán: Hallazgos y análisis
Discusión
Capítulo V Conclusiones y recomendaciones
Recomendaciones
Epílogo Santurbán ocho años después, entre el capitalismo salvaje y la racionalidad bioética
Lista de tablas
Índice onomástico
Índice analítico
Referencias
PRESENTACIÓN
En su afán de profundizar en el estudio de la bioética, y consciente de su trascendencia en el contexto educativo, el Departamento de Bioética de la Universidad El Bosque cuenta con el área de investigación Bioética y Educación, cuyo propósito es analizar los interrogantes que, desde el ámbito académico, se suscitan en torno a las tareas, perspectivas, epistemologías y prácticas de este campo de conocimiento en aspectos como la convivencia, la justicia social, la influencia de los modelos educativos en un tejido social diverso e inequitativo, el desarrollo humano, la construcción de ciudadanías y liderazgos, la calidad de vida, la dignidad y los efectos de la tecnociencia y el desarrollo industrial, entre muchos otros.
El presente volumen de la colección Bios y Oikos se enmarca en este escenario de reflexiones, indagaciones, propuestas y debates sobre la relación entre bioética y educación. Procede del trabajo de grado de la doctora Sandra Patricia Basto Torrado, dirigido por la doctora Constanza Ovalle Gómez. Este trabajo hace parte del área de investigación mencionada, Bioética y Educación, línea “Desarrollo humano”, y recibió la distinción summa cum laude.
Dirigir la mirada al páramo Santurbán, como a cualquier otro, en su calidad de fábrica de agua para el florecimiento de la vida en todas sus manifestaciones, cobra gran relevancia en la actualidad, especialmente en Colombia. Nuestra nación cuenta con el 50 % de las zonas de páramo del mundo; sin embargo, paradójicamente, también ocupa un deshonroso lugar como uno de los países donde se generan más conflictos socioambientales por cuenta del extractivismo y la explotación de los recursos naturales. La mayor parte de estos conflictos se relacionan con el derecho al acceso y la apropiación del agua, y se ven agravados por el hecho de que los Gobiernos aún no implementan políticas que permitan dirimirlos.
Este conflicto socioambiental es precisamente el tema que aborda la doctora Basto con una mirada bioética, a fin de aportar elementos teóricos que permitan entender y fundamentar el debate con un enfoque de ecología política, no solo en Colombia sino en América Latina. El punto de partida es el análisis bioético de un problema local, el de las comunidades aledañas al páramo Santurbán y su afectación por la explotación del oro, considerando variables como los discursos de los diferentes actores sociales que en él intervienen, sus ideas de naturaleza y las estrategias de reapropiación desarrolladas por los movimientos sociales. El propósito es determinar si “la igualdad en la diferencia” como valor bioético está presente en las alternativas de desarrollo ofrecidas a las comunidades del páramo y, más allá, presentar una visión distinta del problema y otras opciones para la futura toma de decisiones respecto a los conflictos socioambientales en la región, la minería responsable y las políticas extractivistas y de expropiación.
La autora, nacida en Bucaramanga, es comunicadora social - periodista, especialista en Gerencia social y cultura, magíster en Pedagogía y doctora en Bioética. Se ha desempeñado como docente universitaria, tutora e investigadora en temas relacionados con medio ambiente, pedagogía, epistemología, semiótica, paz, educomunicación, educación y currículo. Actualmente es docente formadora de maestros de preescolar y primaria en la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y catedrática de la Universidad Industrial de Santander, y adelanta investigaciones en el área de educación ambiental.
Esperamos que este libro contribuya no solo a la comprensión y superación de conflictos en los ámbitos social, ecológico y educativo, sino al fortalecimiento de la bioética como un campo generador de criterios para la formulación de políticas de gestión ambiental y resolución de los conflictos sociales conexos.
Jaime Escobar Triana, M. D., Ph. D.
Director del Departamento de Bioética
Universidad El Bosque
Bogotá, Colombia, 2019
INTRODUCCIÓN
Los conflictos socioambientales en América Latina y en Colombia vienen en aumento a causa de las políticas extractivistas de los Gobiernos, para los que los recursos naturales constituyen fuentes de riqueza y desarrollo, sin importar que esto signifique el detrimento de los ecosistemas y, por ende, de la calidad de vida de las poblaciones que los habitan y que han establecido con ellos una relación distinta a la del modelo capitalista. En esa medida, para estas comunidades la explotación de los recursos representa la violación de su territorio, su autonomía y sus derechos colectivos.
Los antecedentes investigativos en el campo de los conflictos socioambientales establecen que el 40 % de estos se presentan en América Latina, siendo Colombia el país que ocupa el segundo lugar en el mundo después de la India, con 95 casos. Estos conflictos implican la degradación ambiental de ecosistemas, biodiversidad, bosques y recursos hídricos, así como la afectación a comunidades campesinas e indígenas y grupos étnicos (Environmental Justice Organization, s. f.).
Según Pérez-Rincón (2014b), en Colombia las zonas más afectadas por estas disputas son la región andina (con 45 casos), especialmente por la explotación minera y los proyectos hidroeléctricos, y la costa caribe (con 23 casos), por la extracción de energía fósil. Estas dos regiones concentran el 90 % de los habitantes del país. El autor afirma que el recurso más comprometido es el agua, con 32 % de los casos, y destaca el litigio del páramo Santurbán, que afecta a más de dos millones de habitantes. Además, resalta que los movimientos sociales han sido fundamentales para detener los proyectos de explotación mediante mecanismos de resistencia como paros, marchas y bloqueos, así como mecanismos legales y jurídicos. La lucha de estos grupos se da en situaciones desiguales; no obstante, a la fecha se han detenido diecinueve proyectos, en lo que él denomina “triunfos de la justicia ambiental”.
La ecología política es un enfoque que se ha orientado a analizar el modo en que la naturaleza ha sido desnaturalizada desde la conquista y la colonización de América, y la pervivencia de esa idea hasta nuestros tiempos, que ha suscitado la expropiación de territorios, culturas e identidades. No obstante, las poblaciones expropiadas luchan –de manera desigual– por la reapropiación de sus mundos, sus cosmovisiones y, por tanto, sus recursos naturales, que representan sus estilos de vida y, ante todo, sus posibilidades de subsistencia. Este enfoque analiza los conflictos socioambientales desde dos horizontes: por un lado, las ideas de naturaleza de las diferentes identidades culturales; por otro, los movimientos sociales.
En cuanto al primer horizonte, las investigaciones señalan que las nociones de naturaleza en diferentes grupos latinoamericanos son diversas (Flores, 2008; Escalona y Pérez, 2006; Tarrío, Porter-Bolland y Sureda, 2010; Vanegas, 2013; Sanabria, Socarrás, Herrera, Marín y Noriega, 2013; Muriel, 2013); no obstante, aún hay una tendencia al tipo antropocéntrico, es decir, la percepción de la naturaleza como un asunto biológico y, por tanto, un objeto de consumo. En cuanto al segundo, Chile es pionero en la documentación de casos. Saade Hazin (2013) identificó que los conflictos socioambientales mineros en Colombia, México y Perú enfrentan a los actores de dos modos: por un lado, los conflictos entre las empresas mineras y las comunidades; por otro, los conflictos entre el Gobierno nacional y las autoridades locales a causa de la inequitativa distribución de los ingresos tributarios provenientes de la minería.
Walter y Urkidi (2013) señalan que entre 2002 y 2012 en América Latina (Perú, Guatemala, Argentina, Colombia y Ecuador) se realizaron 68 consultas comunitarias sobre actividades de minería a gran escala, que desafiaron la toma de decisiones centralizadas, en algunos casos detuvieron los proyectos mineros y en otros aliviaron las tensiones.
Sabatini (1998, p. 6) analizó tres estudios de caso en Chile a fin de entender las relaciones entre los actores enfrentados. Según este autor, los problemas locales ambientales son de carácter único e irrepetible, por lo cual las legislaciones se quedan cortas para dar soluciones. Asimismo, considera que el concepto de medio ambiente tiene múltiples dimensiones, entre ellas la justicia, y que esta no se puede abordar solo desde un modelo de justicia distributiva, sino que debe considerar las nociones de los implicados y sus configuraciones en relación con su mundo socioambiental.
Por su parte, Urán (2013, p. 256) anota que una de las mayores causas de los conflictos socioambientales en Colombia es la minería a gran escala practicada por las multinacionales, la cual cuenta con todas las garantías, mientras que la minería artesanal es satanizada por el Gobierno, lo que disminuye las opciones de vida de quienes tradicionalmente han dependido de esta actividad.
El conflicto socioambiental de Santurbán, según el análisis realizado por el Observatorio Nacional de Paz ONP (2011, pp. 123-125) a partir de las voces de los actores populares en disputa, evidencia la diversidad de los intereses enfrentados: los campesinos de la región, en defensa de la economía local, la soberanía y la seguridad alimentaria; los pequeños mineros, a favor de la minería de bajo impacto y, por tanto, su derecho al trabajo; y el movimiento ambientalista, por la defensa del agua y la biodiversidad.
Alimonda (2011, p. 21) considera que el análisis de estas disputas suscitadas en la relación cultura-naturaleza-vida, que se están canalizando a través de los movimientos sociales en América Latina, debe comprender la perspectiva histórica de la región, que ha sido y continúa siendo la de una naturaleza colonizada, expropiada y desnaturalizada. Si bien el enfoque de la ecología política contempla dimensiones importantes como las mencionadas, las éticas de la vida de los grupos sociales contra la “desnaturalización de la naturaleza” aún aparecen tímidamente en esta perspectiva.
La bioética nació en 1927 con el alemán Fritz Jahr (Sass, 2011, pp. 20-23), quien acuñó este término para llamar la atención a los seres humanos sobre las consideraciones éticas que debemos tener hacia todas las formas de vida –especialmente los animales y las plantas–, las cuales reconoce como fines en sí mismas. Hacia la segunda mitad del siglo xx, con Potter (1988, pp. 2-5), la bioética presenta una propuesta global que articula sociedad, naturaleza y política como ejes para la supervivencia humana. No obstante, los enfoques anglosajones desarticulan el sentido global de la bioética para orientarla a tres aspectos: la ética médica, lo ecoambiental y lo social1. Por su parte, los enfoques bioéticos latinoamericanos están fuertemente asentados en la ética médica, aunque en los últimos años se viene afianzando una propuesta con enfoque de ecología (Kottow, 2009), que plantea la necesidad de articular los asuntos ecológicos con los problemas sociales, marcados por la pobreza y la desigualdad en el mundo global.
Por su parte, Heinzmann y Fonti (2012) consideran que los modelos de las bioéticas y las éticas ambientales tradicionales no dan respuesta a las complejas situaciones emergentes en América Latina, como los conflictos socioambientales, cuyos actores sociales luchan por la defensa de los recursos naturales, el territorio y la biodiversidad, a fin de preservar el enorme patrimonio natural, social y cultural que caracteriza al continente. Estos autores definen la bioética como el “lugar” donde interactúan argumentos y cursos de acción a favor de la vida y el medio ambiente, con miras al bien común. Asimismo, destacan el reconocimiento de los interlocutores como condición imprescindible para la participación y el diálogo. En esa medida, consideran que la contribución de la bioética va más allá del análisis y la evaluación: debe elaborar estrategias o apoyar las existentes para denunciar y para exigir los derechos vulnerados, particularmente los que afectan la vida, en un marco de defensa y visibilización de las víctimas.
En Colombia hay un interés más claro de la bioética por las problemáticas ambientales, y especialmente se está desarrollando un enfoque que la propone como mediadora en los conflictos socioambientales. Los trabajos de Pineda (2012, p. 14), Mueses (2011, p. 78) y Guerra (2012, p. 22) se encuentran en este horizonte. El primero se orientó a deliberar sobre el conocimiento tradicional asociado a semillas y los derechos colectivos en Colombia. El segundo analizó el conflicto entre desarrollo social y conservación de la biodiversidad, a partir de la construcción de la variante Mocoa - San Francisco (Putumayo). El tercero indagó el modo como el conflicto armado entre paramilitares, guerrilleros y bandas criminales está afectando el derecho a la vida y los valores culturales y colectivos de los indígenas kankuamos de la sierra nevada de Santa Marta. Sin embargo, en América Latina la bioética aún es débil respecto al reconocimiento de las diferencias culturales y el modo como estas se relacionan con la naturaleza, creando no solo modelos alternativos, sino mundos impregnados de interacciones, pensamientos, prácticas y valores construidos desde sus propias cosmovisiones.
El conflicto socioambiental de Santurbán se ha constituido en uno de los de mayor resonancia en Colombia. En 2011 la compañía Eco Oro, entonces Greystar, pretendió realizar allí minería a cielo abierto, lo que afectaría el agua de más de dos millones de personas y vulneraría la biodiversidad del ecosistema. Esto condujo a los ambientalistas a implementar diversas estrategias para frenar el proyecto, lo que suscitó un standby de las multinacionales que allí operaban por un tiempo de tres años y afectó a las comunidades que históricamente han habitado el complejo, cuya supervivencia depende de la pequeña y la gran minería. En 2014 el Gobierno dictó la Resolución 2090, mediante la cual estableció los límites del páramo, así como las actividades sostenibles que pueden llevarse a cabo en él. La aplicación de esta norma se constituiría en el modelo por seguir en 35 páramos del país; sin embargo, un año después no había claridad para las comunidades, los ambientalistas y las multinacionales. A la incertidumbre se sumó el fallo de la Corte Constitucional, que mediante la Sentencia C-035 del 8 de febrero de 2016 prohibió la minería en los páramos. En consecuencia, la Resolución 2090 quedaría sin piso, pues la minería tradicional desaparecería, así como las opciones de vida de miles de familias. Entre tanto, la gran minería podría continuar debajo de la línea de páramo.
En este contexto, el presente estudio se orientó a resolver la pregunta: ¿Qué elementos bioéticos con enfoque de ecología política centrados en la relación cultura-naturaleza-política-vida están presentes en las reapropiaciones de los diversos actores del conflicto socioambiental del páramo Santurbán después de la delimitación? El objetivo general se formuló, precisamente, en esos términos: analizar los elementos bioéticos con enfoque de ecología política centrados en la relación cultura-naturaleza-política-vida que están presentes en las reapropiaciones de los diversos actores del conflicto socioambiental del páramo después de la delimitación. Los objetivos específicos se plantearon así: 1) identificar las ideas o regímenes de naturaleza –capitalista, orgánica, tecnonaturaleza e híbrida– y sus éticas de la vida, mediante las cuales los actores se reapropian del páramo después de la delimitación; 2) describir las estrategias de reapropiación de los movimientos sociales en disputa después de la delimitación; y 3) develar si la igualdad en la diferencia como valor bioético está presente en las alternativas de desarrollo que redefinirán el futuro de las comunidades del páramo después de la delimitación. Para dar respuesta a estos objetivos, la investigación se dividió en cuatro capítulos.
El primer capítulo expone el proceso metodológico planteado para alcanzar los objetivos. Para ello se presenta una contextualización del caso de estudio seleccionado, el conflicto socioambiental del páramo Santurbán. Se propone, para resolver la pregunta problematizadora, un enfoque cualitativo –estudio de caso– que se basó en la observación y las entrevistas a profundidad realizadas a quince actores de esta disputa, clasificados así: actores sociales, ambientalistas, individuales y mediadores. Esta tipología obedece a la clase de intereses que los motivan. Finalmente, se describen los momentos de la investigación que permitieron llegar al informe final.
El segundo capítulo presenta aspectos teóricos sobre los conflictos socioambientales en América Latina y en Colombia. Se examinan diversos conceptos sobre estos conflictos y los tipos de actores que intervienen en ellos. Posteriormente, se expone un análisis sobre los páramos como ecosistemas estratégicos de vida y los marcos legales que en Colombia los protegen. En seguida, se muestran los resultados y la discusión sobre lo que piensan los diversos actores del conflicto socioambiental de Santurbán. Finalmente, se plantean las conclusiones alcanzadas.
El tercer capítulo responde al proceso metodológico propuesto para el desarrollo de esta investigación. En primer término, se esbozan los referentes teóricos del desarrollo de la bioética en América Latina desde las éticas de la vida de las filosofías andinas, se examina el despliegue de la ecología política latinoamericana y se articula la bioética con la ecología política, como enfoque para analizar el conflicto socioambiental del páramo Santurbán. En segundo término, se muestran los resultados y la discusión de esta perspectiva, identificando las ideas o regímenes de naturaleza de los actores sociales, ambientalistas, individuales y el actor mediador. Finalmente, se plantean las conclusiones alcanzadas.
El cuarto capítulo responde a los objetivos específicos 2 y 3 de esta investigación. En primer término, se revisan los referentes teóricos de los movimientos socioambientales en América Latina y en Colombia, lo mismo que los elementos necesarios para fundar la igualdad en la diferencia como valor bioético. En segundo término, se presentan los resultados y la discusión de las entrevistas a profundidad con los actores sociales y los actores ambientalistas. Por último, se desarrolla la discusión en diálogo con la literatura y la perspectiva de la investigadora y se plantean las conclusiones alcanzadas.
Estos son algunos de los hallazgos más sobresalientes de la investigación:
La historia de Soto Norte, donde se origina el conflicto socioambiental en estudio, está determinada por su historia ambiental, a su vez marcada por la conquista y la colonización españolas. Posteriormente, la llegada de las compañías extranjeras incidió de manera favorable en la calidad de vida de las comunidades de la región. En consecuencia, la posición de estas comunidades en el conflicto es de alianza con los actores individuales, es decir, las multinacionales que allí operan, lo que va en contravía de la literatura expuesta.
El derecho al agua aún no está garantizado, ni con la Resolución 2090 del Ministerio de Ambiente ni con la Sentencia C-035 de la Corte Constitucional, pues continúan las denuncias de los ambientalistas sobre el vertimiento de sustancias tóxicas por las compañías mineras que siguen operando en Santurbán. Estas, por cierto, podrán trabajar fuera de la línea de páramo, mientras que los pequeños mineros serán los grandes afectados, pues tendrán que abandonar la actividad que han practicado durante siglos.
Los actores sociales de Soto Norte presentan ideas capitalistas de naturaleza; los actores ambientalistas, ideas orgánicas; los actores individuales, ideas tecnocientíficas; y el actor mediador, ideas híbridas. No obstante, estas percepciones coexisten en todos los actores con nociones híbridas.
La bioética de los actores sociales de Soto Norte se orienta a los intereses individuales por encima de los colectivos: prima la supervivencia sobre la conservación del páramo y, por ende, del agua. Sus intereses apuntan a lo inmediato, no al futuro. Los valores de autodeterminación, equidad y justicia están presentes en la identidad de estos actores, pero en un sentido distinto al sugerido por los análisis de la ecología política: al constituirse la comunidad en aliada de las multinacionales, este se convierte en un caso de estudio diferente a las luchas de los movimientos de campesinos e indígenas contra la desnaturalización de la naturaleza. En esa medida, la cultura minera de Soto Norte se configura como un referente particular dentro de este enfoque.
En la bioética de los ambientalistas se percibe un sentido de defensa del agua como recurso vital para las generaciones presentes y futuras. Aunque sus principios de relación con la tierra no son del tipo idílico de las filosofías andinas, proclaman la correspondencia y la complementariedad con la naturaleza como ejes para la supervivencia y la calidad de vida humanas. Para ellos prima el bien colectivo –el derecho al agua– sobre el bien particular.
La bioética de los actores individuales se orienta a proclamar la minería responsable como posibilidad para continuar explorando y explotando el oro de Santurbán; no obstante, sus discursos evidencian contrasentidos.
En los enunciados del actor mediador se vislumbra el principio de equidad y justicia, al proclamar la necesidad de un futuro digno para estas comunidades de Soto Norte; sin embargo, la bioética del Gobierno está aún en deuda con la región, ya que no tiene en cuenta a las comunidades para la toma de decisiones ni el diseño de su futuro.
Durante muchos años, las comunidades de Soto Norte no conformaron movimientos sociales por el temor de que las relacionaran con los grupos armados al margen de la ley que azotaron la región en el pasado.
La mayor demanda de los actores sociales de la región es el empleo. Aspiran a que este sea el resultado de la minería responsable que, según ellos, se debe realizar en el páramo.
Para los ambientalistas, la estrategia de reapropiación es la vía jurídica, que en últimas dirimirá la importancia del agua como derecho fundamental.
La autodeterminación de los pueblos de Soto Norte implica la vulneración del derecho al agua de la mayoría.
Este conflicto socioambiental no ha sido abordado desde la diversidad cultural. En esa medida, los pequeños mineros son los más afectados por decisiones jurídicas que, aunque en la teoría pretenden favorecer el derecho al agua, en la práctica no lo garantizan, puesto que las multinacionales podrán continuar operando debajo de la línea de páramo. La inequidad y la injusticia se evidencian en la toma de decisiones, pues no se contempla este ecosistema desde una perspectiva holística.
La igualdad en la diferencia como valor bioético no está presente en las alternativas de desarrollo propuestas a las comunidades tras la delimitación del páramo, pues estas significan una expropiación de recursos, culturas e identidades.
En su texto ¿Qué es la bioética? (2007), el filósofo francés Gilbert Hottois alude a estos tres ámbitos hacia los cuales la bioética ha dirigido sus objetivos.
CAPÍTULO I
ABORDAJE METODOLÓGICO DEL CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL DE SANTURBÁN
El páramo Santurbán como contexto de la investigación
El páramo Santurbán es un complejo ubicado en los departamentos colombianos de Santander y Norte de Santander, cordillera Oriental de los Andes, con una extensión de 260 000 hectáreas. Este ecosistema se conecta con los complejos del páramo Almorzadero, Cocuy, Pisba y Tota. Es estratégico como reserva natural por su rica biodiversidad y como zona de recarga y regulación de agua, puesto que abastece a 48 municipios: 15 en Santander y 33 en Norte de Santander, con una población aproximada de 2,3 millones de personas. Además, el agua de Santurbán es el afluente más importante del lago Maracaibo, en Venezuela.
El conflicto socioambiental por los límites del páramo Santurbán se inició a finales de 2011, cuando los ambientalistas comenzaron a protestar, mediante marchas, por lo que consideraban un atentado ecológico y social: el Gobierno nacional había permitido la explotación a cielo abierto a la empresa canadiense Greystar, hoy Eco Oro, cuyo proyecto Angosturas afectaría el agua que consumen más de dos millones de habitantes de los departamentos de Santander y Norte de Santander y vulneraría la biodiversidad del ecosistema. Ante la presión, el Gobierno decidió marcar linderos al páramo a fin de conservar el ecosistema; no obstante, aplazó la medida durante tres años, alegando que daría un supuesto manejo social a las comunidades, para que sus formas de vida no fueran afectadas. Estos grupos sociales se constituyeron en la otra cara del conflicto, pues al quedar las multinacionales en standby, sus opciones de vida se vieron perjudicadas: muchos pequeños mineros habían vendido sus títulos a estas compañías, a medida que la minería tradicional decaía por las grandes exigencias de las normas ambientales.
Por fin, el 23 de diciembre de 2014 el Gobierno nacional dictó la Resolución 2090 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual delimitó el páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y adoptó otras determinaciones. Esta Resolución estableció que 129 743 hectáreas de las 260 000 del páramo Santurbán serían protegidas. También consideró que este complejo es una valiosa fuente hídrica para los departamentos de Santander y Norte de Santander –por tanto, para 2,5 millones de habitantes– y que las actividades mineras y agrícolas allí realizadas benefician aproximadamente a 8965 personas. Ante la necesidad de garantizar la conservación de este ecosistema, estableció su ordenamiento en cabeza de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) dentro de los tres años posteriores a la Resolución.
Este ordenamiento debería instaurar, en el plazo señalado, tres tipos de zonas en el páramo: de preservación, de restauración y de uso sostenible. Las primeras deben mantenerse sin intervención humana; las segundas deben ser restauradas para mejorar el flujo de los servicios ecosistémicos del páramo, y en ellas son posibles ciertas actividades; y en las terceras es viable el desarrollo de actividades productivas, pero haciendo uso de los componentes de la biodiversidad, de tal modo que no ocasione disminución ni degradación en el largo plazo.
Asimismo, la Resolución determinó las directrices para las actividades agropecuarias y mineras. Respecto de las primeras, indicó que deben ser sustituidas o reconvertidas, de tal modo que los agroquímicos no continúen afectando el suelo; respecto de las segundas, señaló que las licencias seguirán vigentes si fueron concedidas antes de 2010, pero bajo estricto control y vigilancia. Por otro lado, desde esta fecha quedaron prohibidos nuevos contratos de concesión minera, esto es, quedó vedada la actividad minera dentro de los límites del páramo.
Según estas determinaciones, las poblaciones que deberán convertir sus actividades en sostenibles son los municipios de Vetas y California y el corregimiento de Berlín, todos ubicados en Santander. Los dos primeros son de tradición minera; el tercero, de tradición agrícola y ganadera.
La delimitación fue catalogada por los ambientalistas como un inmenso engaño, por considerar que los páramos ya estaban delimitados por la Resolución 0937 de 2011, y que solo se había favorecido a las multinacionales:
Santurbán sin duda es el más grande engaño ambiental del país. Primero, el Gobierno nacional delimita lo que ya estaba delimitado; segundo, privilegia la megaminería sobre el agua que representa la vida de millones de santandereanos (…). Un páramo no es una cota en metros sobre el nivel del mar, un páramo también son cuencas y microcuencas hidrográficas (…) Páramo es páramo y la minería responsable no existe, es una falacia (…). Si este modelo se pretende replicar a más de 35 páramos en Colombia, no podemos desistir en la lucha por el agua de más del 70 % de los colombianos. (Rodríguez-Salah, 20152)
La actividad minera tradicional fue la gran perjudicada, especialmente en el municipio de Vetas, que quedó dentro de los límites del páramo, lo cual impide las actividades que representan el sustento de esta comunidad. El plan de manejo posdelimitación, que contempla acompañamiento y asistencia del Gobierno, ha sido hasta el momento un sofisma; la comunidad afirma, por ejemplo, que en 2015 este plan ofreció solo algunos empleos temporales, pero no soluciones definitivas.
Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la Sentencia C-035 del 8 de febrero de 2016, que prohibió cualquier tipo de actividad minera en las áreas delimitadas de los páramos. Esto suscitó grandes incógnitas, pues la Resolución 2090 quedaría sin piso, y cientos de familias quedarían sin opciones de vida; no obstante, las multinacionales que estuvieran fuera de la línea podrían continuar, lo que se tradujo en nuevas demandas de los ambientalistas contra la Resolución 2090.
Con el paso del tiempo han crecido la incertidumbre y las expectativas, especialmente entre las comunidades de Soto Norte, que son las más afectadas por la Resolución del Ministerio y la Sentencia de la Corte. En ese contexto, surgen múltiples y variadas preguntas: ¿cuál será el futuro del agua en Colombia? Con el fallo de la Corte, ¿prevalece el derecho al agua sobre el desarrollo económico? ¿Cuál será el futuro de las comunidades de Soto Norte que históricamente han vivido de la minería? ¿Cuál es la injerencia de las comunidades en la toma de decisiones y en el diseño de su propio futuro? ¿Desaparecerá la minería de los páramos? El fallo de la Corte, ¿realmente los protege? ¿Qué principios bioéticos rigen esta toma de decisiones?
Aproximación al problema
El modelo de análisis, que se expondrá en los capítulos 2, 3 y 4, resultó de la triangulación de datos3, consistente en la comparación de información de distintas fuentes referida a las dos categorías macro de este estudio: 1) el contexto de los conflictos socioambientales en América Latina y en Colombia y 2) la bioética con enfoque de ecología política. Al confrontar perspectivas diferentes, se garantizaron la complejidad y la validez. Esta configuración teórica tuvo como eje epistemologías latinoamericanas en diálogo con algunas posturas anglosajonas, a fin de enriquecer y potenciar las visiones que están emergiendo en las regiones del Sur.
De acuerdo con las unidades de análisis expuestas en los objetivos se desarrolló el modelo de análisis de la manera que se indica en la tabla 1. Esta investigación adoptó un enfoque interpretativo y su diseño corresponde al estudio de caso, “(…) el cual se orientó a comprender el significado de una experiencia, e implicó el examen intenso y profundo de diversos aspectos de un mismo fenómeno” (Pérez, citada en Galeano, 2004, p. 66). Aunque el caso está marcado por la individualidad, muchos otros casos se pueden ver reflejados en él. Para Galeano (p. 70), la historia singular de un caso se configura a partir de la lectura de su complejidad en muchos ámbitos, entre ellos cultural, social, económico, físico y político.
Tabla 1. Categorías de análisis
| Categorías de análisis | Subcategorías |
| Contexto del conflicto socioambiental Analiza el concepto de conflicto socioambiental y sus desarrollos históricos en la región. También examina por qué los páramos y la explotación minera son hoy en Colombia el centro de estos conflictos. Ejes temáticos Conflictos socioambientales en América LatinaConflictos socioambientales en ColombiaPáramos como ecosistemas estratégicos de vida Bioética con enfoque de ecología política Analiza el contexto en que surge la discusión y plantea por qué es necesario configurar una ética de la vida con esta perspectiva ecopolítica. Ejes temáticos Ideas o regímenes de naturaleza (capitalista, orgánica, tecnonaturaleza e híbrida) y éticas de la vida de los actores del conflicto socioambiental de SanturbánEstrategias de reapropiación de los movimientos sociales en el conflicto socioambiental de SanturbánLa igualdad en la diferencia como valor bioético | Multinacionales: pasado, permanencia durante el standby, presente y futuroMinería tradicional vs. minería a gran escalaExplorar / explotarMarco legalInfluencia de los grupos armadosHistoriaHistoria minera de los municipios de California y VetasHistoria de la multinacionalLucha ambientalista (agua vs. oro), conflictos socialesDelimitación del páramoPerfilFallo de la CorteSituación socialNaturaleza capitalistaNaturaleza orgánicaTecnonaturalezaNaturaleza híbridaProyectosPrincipios del buen vivirPrincipio de precauciónSanturbán en una décadaOrganización - Mecanismos de participaciónDemandasDerechos colectivos que reclamanConocimientos localesUso de redesPlan de manejoConsultasAutodeterminaciónTrabajo con la naturalezaEquidad, justicia y política de la diferencia |
Según el interés de estudio, los casos pueden ser de tres tipos: intrínsecos, cuando su valor radica en lo que les es propio y característico, de tal modo que revelan su propia historia; instrumentales, cuando forman parte de un estudio más extenso; o colectivos, cuando buscan la comparación para obtener resultados similares o contrastantes. Este estudio de caso –el conflicto socioambiental en el páramo Santurbán después de la delimitación, en el cual los diversos actores se reapropian de la naturaleza con múltiples intereses– se configuró a partir de un interés intrínseco. Las unidades de análisis macro fueron los conflictos socioambientales en América Latina y en Colombia y la bioética con enfoque de ecología política, esta última considerada a partir de las ideas o regímenes de naturaleza y las estrategias de reapropiación desarrolladas por los actores sociales e individuales. El propósito era determinar si la igualdad en la diferencia como valor bioético está presente en el escenario posterior a la delimitación.
Los actores del conflicto
En el desarrollo de este estudio, se identificaron varios tipos de actores involucrados en el conflicto socioambiental del páramo Santurbán. El primero de ellos está representado por nueve líderes de los municipios de California y Vetas y el corregimiento de Berlín, los cuales fueron catego-rizados como actores sociales, dado que luchan por intereses colectivos, como el empleo y la autonomía de sus tradiciones.
El segundo grupo se encuentra en la otra orilla del conflicto socioambiental, aunque su lucha también es de naturaleza colectiva: se trata de los ambientalistas del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, que defienden el agua de más de dos millones de personas. Su centro de operaciones es la ciudad de Bucaramanga, y desde allí continúan ejecutando una serie de estrategias en pro del agua de Santurbán, entre ellas la interposición de acciones jurídicas en contra de la delimitación establecida por la Resolución 2090. Para este estudio fueron seleccionados dos ambientalistas pertenecientes a este movimiento.
Las multinacionales que exploran y explotan el oro en el páramo también son parte importante de este conflicto. Ellas se constituyeron en el “florero de Llorente”, por la afectación que su actividad causa al ecosistema. En esta investigación fueron categorizadas como actores individuales, por sus intereses particulares. Se seleccionaron tres individuos de la compañía Eco Oro, detonante del conflicto en 2011 por su pretensión de realizar minería a cielo abierto en el páramo Santurbán.
Por último, el Gobierno fue categorizado como actor mediador, puesto que debe propender tanto por el bienestar colectivo de las comunidades como por el desarrollo nacional. En este caso, se seleccionó al llamado Gerente del Páramo, dado su rol de mediación entre el Gobierno y las comunidades.
Antes de caracterizar a los diversos actores, debe señalarse que la selección se efectuó con base en su estatus de liderazgo dentro de los perfiles propuestos.
Actores sociales
En junio de 2015, durante una visita al municipio de California, se identificó a un primer líder. Se llegó a él por las constantes protestas y solicitudes que a nombre de los mineros de Soto Norte elevaba en el canal regional más importante del nororiente colombiano. Con base en la información suministrada por el canal se contactó a este líder, y en el encuentro en California se le informó sobre el proyecto, el interés en su participación y la necesidad de establecer contacto con otros líderes de la región, a lo cual accedió de manera cordial y entusiasta. De este modo, indicó los nombres de otros líderes, y estos a su vez referenciaron a otros actores sociales de California, Vetas y Berlín.
Con base en esta preselección se inició un proceso de selección teniendo en cuenta los siguientes criterios:
Liderazgo
Representatividad de los diversos sectores mineros y agrícolas de la región
Incidencia de cada municipio en el conflicto socioambiental
Equidad de género
Disponibilidad
A partir de estos criterios fueron seleccionados nueve actores sociales: cinco líderes del municipio de California, tres del municipio de Vetas y uno del corregimiento de Berlín. A cada uno se le asignó un código, dependiendo de su jerarquía en la región. En la figura 1 se presentan sus códigos:
Figura 1. Actores sociales del conflicto socioambiental en Santurbán
Actores ambientalistas
Estos actores fueron seleccionados en atención al liderazgo que han venido ejerciendo, desde el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, en defensa del agua de Santurbán, y porque se han configurado como líderes de opinión a través de los medios de comunicación regionales. El primero es un líder empresarial que tuvo gran incidencia al poner el conflicto socioambiental en los medios de comunicación, lo que produjo una movilización masiva. El segundo es un académico, líder de opinión en el diario de mayor circulación de la región, con un vasto conocimiento sobre los procesos de contaminación del agua y sobre la especificidad del caso de estudio. A continuación, sus códigos:
01. Líder empresarial
02. Líder académico y de opinión
Actores individuales
En esta categoría se escogió la compañía Eco Oro, antigua Greystar, la cual suscitó el conflicto socioambiental por su proyecto Angosturas, que pretendía realizar minería a cielo abierto en Santurbán. Es la única multinacional que después de la delimitación indicada por la Resolución 2090 de 2014 continúa teniendo títulos mineros, tanto dentro como fuera de la línea de páramo. Fueron seleccionados tres miembros de la empresa, cuyas decisiones son definitivas en la proyección de esta. A continuación, sus códigos:
01. Director ambiental
02a. Asesor de comunicaciones
02b. Director social
Actor mediador
Como actor del Gobierno se seleccionó al llamado Gerente del Páramo, dado su rol en el conflicto: en primer lugar, gestionar los recursos para las poblaciones afectadas por la delimitación; en segundo lugar, garantizar que esos recursos realmente lleguen a los destinos asignados. Además, se tuvo en cuenta que su perfil le permite estar en permanente contacto con las necesidades de las comunidades. A continuación, su código:
01. Gerente del Páramo
Desarrollo de la investigación
Dadas la naturaleza interpretativa del estudio y las características de las fuentes de información, se seleccionaron dos técnicas para la recolección de información: la observación no participante y la entrevista a profundidad, como se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Técnicas de recolección de información
| Técnicas | Fuentes de información | |
| Observación no participante | Contexto natural, social y humano de Santurbán | |
| Entrevista a profundidad | • Actores sociales (líderes del movimiento social de Santurbán) | |
| • Actores ambientalistas (líderes del movimiento ambientalista) | ||
| • Actores individuales (representantes de las multinacionales) | ||
| • Actor mediador (representante del Gobierno nacional) | ||
La investigación se desarrolló en varias etapas: diseño y aplicación de las técnicas, recolección de la información, análisis de la información y, por último, elaboración del informe final.
Inicialmente se trabajó en el diseño de los instrumentos. La entrevista a profundidad, que se constituyó en la técnica principal, se desarrolló en tres momentos. El primero fue el encuentro inicial con cada entrevistado, en el cual de manera espontánea este comentó el contexto del conflicto, su rol en él y sus perspectivas. El segundo momento fue el diseño de la entrevista, teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados en relación con el marco teórico, las categorías eje y los diálogos informales del primer momento. El contexto histórico del conflicto socioambiental, las ideas de naturaleza, las estrategias de reapropiación y la igualdad en la diferencia como valor bioético configuraron los núcleos problematizadores, de los cuales se derivaron las subcategorías, expuestas en el modelo de análisis; de estas, a su vez, se derivaron las preguntas eje. El tercer momento correspondió a la aplicación de la entrevista, en la que cada entrevistado, en completa libertad, expuso sus percepciones, visiones, expectativas, intereses y exigencias sobre el conflicto socioambiental de Santurbán. Cada encuentro se extendió entre tres y cuatro horas; posteriormente se acordó otro encuentro para profundizar en algunos aspectos, atendiendo a la perspectiva de la investigadora y a los intereses del entrevistado. Con algunos líderes hubo un tercer encuentro, a fin de subsanar dudas.
Los encuentros se realizaron entre junio de 2015 y febrero de 2016 y fueron registrados en video. Esto se hizo para que fluyera la conversación y para establecer un clima de confianza entre investigadora e investigados. También, para identificar gestos y movimientos de los entrevistados que permitieran determinar la contundencia de sus afirmaciones.
Los primeros encuentros se realizaron en los municipios, en la casa de cada entrevistado; el segundo y el tercero tuvieron lugar en cafés de la ciudad de Bucaramanga, lo que se facilitó debido a que la mayoría de los entrevistados tienen doble residencia, en sus municipios y en la capital del departamento.
La otra técnica empleada fue la observación no participante. Esta se utilizó a lo largo de todo el proceso, tanto en el contexto natural del conflicto –los municipios de California y Vetas y el corregimiento de Berlín– como durante las entrevistas, a fin de develar lo humano y lo social. Por tanto, implicó el uso de todos los sentidos, así como una reflexión permanente sobre lo que ellos registraban. La observación dialogó con las entrevistas a profundidad y quedó registrada en tres relatos: uno sobre California, uno sobre Vetas y uno sobre Berlín.
En cuanto al análisis y la interpretación de los datos, es importante aclarar que en las metodologías cualitativas estos procesos no corresponden a una etapa específica, sino que se realizan a lo largo de todo el desarrollo, tanto teórico como metodológico; no obstante, pueden identificarse algunos momentos sobresalientes.
La codificación de las entrevistas a profundidad permitió develar las tramas de sentido que sostienen los datos. En ese proceso se clarificó y ordenó la información mediante viñetas. Adicionalmente, se desarrolló una matriz categorial para cada tipología de actores.
Estas matrices presentan cinco columnas. Las dos primeras, “Categoría de análisis” y “Subcategorías”, surgieron del marco teórico y dieron lugar a las preguntas establecidas en las entrevistas a profundidad. En la tercera columna, “Actores”, se registran los códigos de los entrevistados, cuyas respuestas se consignan literalmente, a fin de hacer evidente su correspondencia con las categorías y subcategorías. La cuarta columna presenta las “Categorías emergentes”, es decir, los datos relevantes que se convirtieron en los núcleos de los descriptores; y la quinta corresponde a las “Categorías eje” que surgieron al concretar y reducir las categorías emergentes.
En la triangulación se determinaron –a partir de las relaciones entre las categorías eje– el modelo teórico, los horizontes de sentido y la perspectiva de la investigadora. En este proceso de comparación y contraste se desarrollaron análisis y se establecieron las relaciones causales y las articulaciones con las categorías conceptuales.
Posteriormente se examinaron las inconsistencias y lagunas que pudieran evidenciarse entre la teoría sustantiva y el modelo teórico desarrollado, así como los avances y aportes más relevantes del estudio respecto a este modelo. Por último, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones y se preparó el informe final.
Erwing Rodríguez-Salah, cofundador del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana y del Comité por la Defensa del Agua. Esta declaración hace parte de una entrevista concedida a la autora en Bucaramanga, el 15 de enero de 2015.
Esta triangulación es propuesta por Denzin y Lincoln (1994) en su tradicional texto sobre investigación cualitativa, y presentada por Yuni y Urbano (2005) como una valiosa metodología en las construcciones teóricas.
CAPÍTULO II
CONTEXTO DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN AMÉRICA LATINA Y EN COLOMBIA: EL CASO DE SANTURBÁN
En este capítulo se presentan, en primer lugar, los referentes teóricos que permitieron comprender las dimensiones de los conflictos socioambientales en América Latina y en Colombia, y se analiza la situación de los páramos en el país. En segundo lugar, se exponen los resultados del estudio de caso y su discusión; y finalmente, se plantean las conclusiones alcanzadas.
Los conflictos socioambientales en América Latina
Aunque en América Latina los Gobiernos parecen mostrar un equilibrio entre la derecha y la izquierda, sus políticas están cada vez más determinadas por el modelo de mercado que se consolida en el ideal capitalista neoextractivista, esto es, la extracción de recursos naturales bajo procedimientos intensivos orientados básicamente a la exportación (Gudynas, 2014, p. 80). En el último siglo, advierte Svampa (2012, p. 16), se ha intensificado en la región la expansión de proyectos tendientes al control, la extracción y la exportación de bienes naturales –especialmente metales, minerales e hidrocarburos–, los cuales representan una gran riqueza de materia prima para los países centrales y las potencias emergentes; mientras que para los locales se constituyen en una dinámica de expropiación de tierra, recursos, territorios, culturas e identidades, así como en nuevas formas de dependencia y dominación. Este “consenso de commodities”, es decir, “productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de precios internacional y no requieren de tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento” (Svampa, 2013, p. 31), es hoy el eje de la reprimarización de las economías regionales con poco valor agregado; y por otro lado, está suscitando nuevas discusiones alrededor de alternativas de desarrollo al modelo hegemónico y poniendo en tela de juicio el rol de la democracia en los países de la región.
Desde la perspectiva de Toro (2011, p. 22), América Latina se debate en dos frentes. El primero de ellos es promovido por los Gobiernos, que contemplan el desarrollo bajo el precepto de que la explotación minera se constituirá en el siglo XXI en la base de la economía aumentando las divisas y la competitividad de los países en el contexto global. En consonancia, los Gobiernos implementan políticas que ofrecen condiciones excepcionales a las grandes transnacionales, las cuales aprovechan el escenario para aplicar sus modelos de neoextractivismo en detrimento de la calidad de vida de las poblaciones originarias, que se ven presionadas a desplazarse o a conformarse con el nuevo rol de subordinación que les plantean estas empresas. El segundo frente surge como consecuencia del primero: las disputas socioambientales, desencadenadas por la aplicación de este modelo extractivista, consolidan resistencias sociales que se están empoderando con los estudios ambientales y los enfoques emancipadores de la ecología política.
La autora resalta que estas políticas de desarrollo y expropiación no solo son promovidas desde los marcos legales, sino que van acompañadas de estrategias de violación a los derechos humanos de las comunidades que ancestralmente han habitado los territorios. En consecuencia, están promoviendo la explosión de conflictos socioambientales que “expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la naturaleza y el ambiente, así como van estableciendo una disputa acerca de lo que se entiende por desarrollo y de manera más general por democracia” (p. 19).
Un marco conceptual para aproximarse a los conflictos socioambientales
Como señala Gudynas (2014, pp. 85-85), resulta difícil establecer una caracterización única de los conflictos socioambientales, dada su naturaleza diversa –en cuanto a actores, intereses, valores, recursos en disputa, daños causados y lenguajes de valoración, entre otros elementos– y los variados enfoques que los abordan: economía ambiental, economía ecológica, ecología política, enfoque ecosistémico, enfoques de mercado, etc. No obstante, este autor presenta una conceptualización propia del conflicto socioambiental que pretende abarcar esa multiplicidad de dimensiones:
Dinámicas en oposición, que resultan de diferentes valoraciones, percepciones o significados sobre acciones o circunstancias vinculadas con la sociedad y el ambiente, que discurre como un proceso que se expresa en acciones colectivas, donde los actores en oposición interaccionan entre sí en ámbitos públicos. (pp. 86-87)
Gudynas hace énfasis en el carácter colectivo de estos conflictos, puesto que en ellos entran en discusión las visiones de grupo, y no los intereses individuales; señala también que su dinámica es compleja, por tanto cambiante, debido a los elementos que se van incorporando en el camino: en algunos casos, por ejemplo, el uso de la violencia puede redireccionar los objetivos. Clasifica estos conflictos en tres modalidades: de baja, media y alta intensidad, lo cual depende de las acciones y estrategias implementadas por los diversos actores en su lucha: desde marcos legales, uso de redes, derechos colectivos, hasta protestas, acciones de resistencia ciudadana y violencia, entre otras. En suma, la tipología es determinada por la intensidad de la confrontación, que puede iniciarse en un primer nivel e ir escalando hacia la cota más alta.
Gudynas destaca también que en los conflictos socioambientales los intereses son variados y diversos (pp. 97-98), pero los agrupa en tres tendencias eje que pueden coexistir: reconocimiento y legitimación, gestión y reforma, y compensación e indemnización.
En el primer caso, hay intereses que van más allá de las externalidades ambientales para propugnar el reconocimiento de las identidades y los derechos de las poblaciones afectadas, con frecuencia desconocidos o rechazados por los gobiernos de turno y las empresas. A veces, como ocurre en Colombia, los demandantes son vinculados con grupos armados a fin de criminalizar sus intereses, situación que afecta los modos de vida y la supervivencia de comunidades que exigen reconocimiento y legitimación.
En el segundo caso, los grupos afectados aspiran a conseguir modificaciones de los proyectos, tales como mejores tecnologías para la extracción de los recursos o cambios en la gestión, a fin de minimizar los impactos ambientales o ampliar las garantías sociales. Pretenden que se los involucre de una forma digna, tanto en el monitoreo ambiental como en los beneficios económicos y sociales que pueda significar la extracción. Así, por ejemplo, aceptan la minería, pero bajo ciertos parámetros de responsabilidad social y mitigación del impacto ambiental. Sin embargo, esa aceptación no significa estar de acuerdo con los proyectos extractivos, sino reconocer que, pese a sus resistencias, de todas maneras estos se llevarán a cabo; entonces, la única opción es lograr el mayor beneficio posible. También se encuentran en esta categoría las comunidades extremadamente pobres que ven en los megaproyectos la única opción para mejorar su vida, lo cual evidencia la profunda inequidad social de los países de la región. Igualmente, responden a este tipo de interés las disputas por la anulación de los proyectos en consideración a las serias alteraciones ambientales que pueden implicar, de acuerdo con estudios técnico-científicos (p. 99).
El tercer caso se refiere a los conflictos de intereses sobre compensación e indemnización, orientados a solicitar resarcimientos económicos por los impactos socioambientales o una retribución por el derecho del proyecto a operar. Estas reparaciones pueden ser de diversos tipos, como aseguramiento de nuevas áreas agrícolas, otorgamiento de una cuota de empleos para las comunidades, construcción de infraestructura que mejore la calidad de vida en la región, o asignación de regalías a los gobiernos locales.
Estas tipologías, señala Gudynas, pueden coexistir en un determinado conflicto, y también puede haber otras variables. Por eso plantea los umbrales. Estos “permiten delimitar entendimientos y sensibilidades a partir de los cuales se considera que los impactos no pueden ser resueltos por instrumentos reduccionistas tecnológicos o mercantiles, o incluso que impactos antes invisibilizados ahora están en el centro del conflicto, como pueden ser cuestiones culturales, ambientales, etc.” (pp. 102-103). Finalmente, señala que estos conflictos tienen como punto de origen marcos éticos diversificados que contemplan distintas escalas de valoración culturales, éticas o religiosas, entre otras (p. 110).
Una historia de extractivismo y expropiación
Por su parte, Machado (2011) señala que los últimos años del siglo xx representaron en América Latina el reinicio de la colonización, pero ahora con nuevos matices tecnológicos y simbólicos que, proyectados en la explotación minera metalífera, aniquilan territorios y cuerpos, contaminan recursos naturales y humanos, extinguen economías locales, expropian estilos de vida y judicializan la diferencia. Se trata, en suma, de una violencia material y simbólica que se constituye en el motor de los conflictos socioambientales. En esa medida, considera que no es posible comprender el fenómeno neocolonizador extractivista y los conflictos que genera sin examinar la Conquista y la Colonia de América, períodos que constituyen el capítulo fundacional del orden colonial moderno y, por tanto, el punto de partida de la economía-mundo capitalista. Como afirmó Marshall Berman (citado en Machado, 2011, p. 43), “la modernidad es enteramente una vivencia mineral”; esto significa que la minería se constituye en “la madre de las industrias”. Y hoy es impensable la vida sin los objetos que ellas nos proporcionan.
El autor expone (pp. 159-160) que en el siglo xx, las políticas neoliberales promovidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras entidades multilaterales, se encaminaron a redefinir las estrategias y modalidades de dominación mediante la re-estructuración de los flujos productivos y comerciales a gran escala; así consolidaron el boom minero en América Latina. Este se inició bajo el régimen de Pinochet en Chile (1973-1988), el cual facilitó el escenario de experimentación para las políticas extractivas neoliberales que, a la postre, representaron el saqueo institucional de la explotación de cobre –la gran riqueza mineral del país austral–. Este se constituyó en el modelo “exitoso” para la región.
Estas políticas se afianzaron mediante la plena seguridad jurídica sobre la propiedad de las concesiones mineras, el otorgamiento de grandes beneficios fiscales y comerciales y la consolidación de un sistema de controles ambientales extremadamente laxos, inferiores a las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud y a las regulaciones de los países del Norte. Estas bases legales e institucionales fueron adoptadas de modo paulatino por los países de la región: Perú (1991), Bolivia (1991), México (1992), Brasil (1996), Guatemala (1997), Honduras (1998) y Colombia (2001), entre otros, se convirtieron así en escenario privilegiado para la exploración y explotación minera a manos de las grandes transnacionales, que también se empoderaron gracias a la privatización de las empresas mineras estatales. Esta incursión posicionó a América Latina a principios del siglo XXI como la gran proveedora de los recursos mineros demandados en todo el mundo, cuya explotación se incrementó en un 50 %. Sin embargo, esta dinámica megaminera transnacional no ha representado solo exploración y explotación, sino que ha significado procesos de expropiación geográfica, económica, ecológica y política. La expropiación geográfica no se refiere solo a lugares, sino también a territorios y cuerpos: aniquila la diversidad ecoterritorial y sociocultural. Entre tanto, la expropiación económica representa:
La fenomenal transferencia de recursos financieros que involucra la localización de las operaciones mineras en las condiciones geográficas y político-institucionales establecidas (…). Los territorios intervenidos, los dispositivos extractivos instalados en las geografías nacionales a través de las mega-infraestructuras al servicio de los flujos de materiales exportados (carreteras, hidrovías, electroductos, mineraloductos, presas hidroeléctricas, etc.) operan como correas geográficas de transmisión de grandes flujos financieros. (p. 167)
Por su parte, la expropiación ecológica se refiere a la apropiación diferencial de bienes y servicios ambientales en los países del Norte y los del Sur. En el caso de la megaminería, esto implica grandes desigualdades, puesto que los primeros son consumidores y los segundos ponen a disposición de ellos todo su capital natural para ser explotado. “Actualmente de nuestros países se extrae el 47,3 % del cobre, el 41,4 % de la plata, el 29 % del hierro, el 27 % de la bauxita, el 22 % del zinc y el 16 % del oro y el níquel que se consume en el mundo” (Alvabera y Lardé, citados en Machado, 2011, p. 169); mientras tanto, América Latina solo consume entre el 3 % y el 6 % del total mundial. Esto implica degradación de los ecosistemas, contaminación de los suelos y el agua y amenazas a la salud y a la seguridad alimentaria, entre otros efectos que se traducen en la aniquilación o el desplazamiento de formas de vida humanas y no humanas y el agravamiento de la crisis socioambiental.
La dimensión ecológica también contempla las grandes cantidades de bienes y servicios ambientales, como agua y energía, que se consumen con la megaminería y que son expropiados y negados a las poblaciones locales: dada la gran cantidad de agua y energía que se requiere para la extracción, las políticas priorizan los intereses transnacionales en detrimento de los derechos de las comunidades, cuya subsistencia depende de esos bienes. En el caso de Chile, los conflictos socioambientales son en su mayoría por el agua, que debe ser disputada a las grandes mineras transnacionales en los territorios donde es escasa.
Por último, la dimensión política se relaciona directamente con la expropiación por parte de los Gobiernos del territorio y los cuerpos que lo habitan. Expropiación que desconoce los derechos humanos y civiles de esas identidades culturales, como la participación, la autonomía y la toma de decisiones sobre su presente y su futuro. Por el contrario, se ven sometidas a políticas de represión y criminalización.
De este modo, la historia ambiental latinoamericana devela la historia de expropiación de una región cuya diversidad ecológica y cultural, su más rico patrimonio, hoy por desgracia representa el motor de los conflictos socioambientales que la atraviesan.
Los actores de los conflictos socioambientales
En el contexto del extractivismo en la región, estos conflictos involucran tres actores (Göbel y Ulloa, 2014, pp. 20-21): los pobladores locales, el Estado en sus distintos niveles y dimensiones, y las empresas o corporaciones nacionales o transnacionales que realizan los megaproyectos.
El primer grupo lo constituyen las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas afectadas de manera directa en las formas de vida que ancestralmente han configurado en relación con la naturaleza, y que por tanto demandan el derecho a ser consultadas y a tomar decisiones sobre las acciones o proyectos que se adelantan en sus territorios. Estos actores son protagonistas eje de los conflictos socioambientales, cuyas visiones se constituyen en alternativas de desarrollo al modelo hegemónico.
El segundo actor es el Estado, que detenta funciones esenciales en el aprovechamiento y control de los recursos mineros y del subsuelo y fundamenta el modelo económico en el bienestar y el desarrollo social mediante la extracción de recursos y la consecuente distribución de regalías. Para las autoras, el rol del Estado frente a los conflictos socioambientales se mueve en tres horizontes: es aliado de las empresas que realizan los megaproyectos, mediador entre ellas y las poblaciones locales, o generador y legitimador de la exclusión y la desigualdad.
En tercer lugar están las empresas o corporaciones nacionales o transnacionales, con sus diversos representantes. Ellas son determinantes en la economía y el desarrollo y promueven dinámicas locales al alterar las condiciones sociales, económicas, culturales, ambientales y territoriales, entre otras, de las poblaciones involucradas.
Adicionalmente, las autoras reconocen otros actores, entre ellos las organizaciones no gubernamentales (ONG), tanto nacionales como internacionales, los grupos armados y los empresarios de la minería ilegal.
De igual manera, Saade Hazin (2013, pp. 8-9) identifica como actores eje de los conflictos socioambientales a las poblaciones afectadas, los gobiernos centrales y locales y las empresas mineras, especialmente en Colombia, México y Perú. La autora señala que estos conflictos son de dos tipos: entre las empresas mineras y las comunidades vulneradas y entre los Gobiernos centrales y las autoridades locales. En el primer caso, los conflictos se suscitan a raíz de los impactos ambientales, los derechos territoriales, las violaciones a los derechos humanos y el incumplimiento de las políticas de responsabilidad social frente a las comunidades vulneradas. En el segundo, se centran en la distribución que hacen los Gobiernos centrales a las autoridades locales de los ingresos tributarios provenientes de las actividades mineras. Sería conveniente, entonces, evaluar los beneficios económicos de estas actividades, así como las posibilidades de aminorar, eliminar o evitar esos conflictos al proyectarlas.
Los conflictos socioambientales en Colombia
En Colombia se hace cada vez más densa la literatura sobre conflictos socioambientales, debido a que el país incursionó con fuerza en la actividad minera en los últimos quince años. Bajo las políticas del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), “la inversión extranjera directa dirigida a la actividad minera y de los hidrocarburos en Colombia aumentó su participación al pasar del 21 % al 82 % entre 2000 y 2009, superando en 2010 el 85 %” (Cancino, citado en Toro, 2011, p. 23). Estas políticas se acentuaron en el primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) bajo la consigna “La locomotora minera como motor del desarrollo”, lo que profundizó los conflictos socioambientales, al organizarse las poblaciones afectadas en movimientos de resistencia por la defensa de sus territorios, autonomías y formas de vida alternativas que les aseguran el presente y el futuro.
Por eso, cada día se documentan en el país más casos de conflictos generados por las políticas de explotación minera y las resistencias sociales a esta actividad. El estudio de Pérez-Rincón (2014b), profesor de la Universidad del Valle e investigador del grupo EJOLT, presenta una visión panorámica de lo que han significado las políticas extractivistas en todo el territorio nacional. El estudio identifica y caracteriza 95 conflictos socioambientales en Colombia, que se constituye así en el segundo país del mundo con más disputas de este tipo, después de la India. También establece que estas tienen relación directa con el modelo extractivista desarrollado en los últimos gobiernos, el cual afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables: indígenas, campesinos y afrodescendientes. Además, concluye que estos conflictos van más allá de la extracción, dado que implican la construcción de la infraestructura requerida para la comercialización y la exportación, lo que agudiza las tensiones.
Con el enfoque de la ecología política, que examina estas luchas de poder desde su condición de inequidad y desigualdad, el autor analiza los factores económicos, políticos y económicos decisivos en el acceso, la apropiación y el control de los recursos naturales, pero también el impacto ambiental que generan. Señala que la reprimarización de la economía nacional en la actualidad se concentra en las exportaciones, y que el 64 % de estas provienen del sector minero-energético, que ha desplazado a los sectores agrícola e industrial. Este reordenamiento de la economía no solo responde a decisiones económicas, sino también políticas, apoyadas en marcos legales que han promovido una serie de reformas a los códigos mineros. Esta dinámica extractivista se fortaleció a partir del año 2000.
De acuerdo con Pérez-Rincón (p. 69), las principales zonas de conflicto socioambiental en Colombia se ubican en la región andina y en la costa caribe. En la primera zona, los conflictos tienen su origen en la minería y en la generación de energía eléctrica; los de mayor impacto son el del páramo Santurbán y el de La Colosa, ambos por la extracción de oro. Los conflictos en la región andina, donde habita el 80 % de la población colombiana, afectan a 6,3 millones de personas. En la segunda zona, los conflictos responden a la extracción de energía fósil, y entre ellos se destacan el del Cerrejón (La Guajira), el de La Loma (La Jagua de Ibirico, Cesar) y el de las barcazas de Drummond, los tres por la extracción de carbón. En la región caribe, la población afectada corresponde a 1,4 millones de personas, lo que equivale al 18 % de la población. En suma, 68 de los 95 conflictos estudiados (72 %) se producen en esas dos regiones: 23 en la caribe y 45 en la andina. Respecto de los principales impactos ambientales, el autor apunta:
El agua es el recurso más afectado, en un 32 % de los casos, seguido por la biodiversidad con 21 %; el paisaje y el suelo tienen igualmente una participación del 21 y 20 % respectivamente. Finalmente, el aire es afectado en un 6 % de las veces por los proyectos generadores de conflictos. Estas cifras coinciden con el principal ecosistema afectado que son los ríos (32 %), después los bosques con un 25 %; los páramos y los humedales con un 7 % y 6 %, respectivamente. Otros ecosistemas tienen un 19 %. (p. 71)
En cuanto a la población, los más afectados son los campesinos (23 %), seguidos por la población urbana (15 %), los grupos indígenas (14 %), los pescadores (10 %), los mineros (7 %) y, en menor proporción, los afrodescendientes (6 %). No obstante, el mayor número de conflictos, 58 de los 95 (62 %), se genera en territorios indígenas y afrodescendientes.
Entre estos conflictos se encuentran: el Cerrejón, el territorio u’wa y la exploración de la Oxy, los embera-katío y la represa de Urrá, los puertos Brisa, Tribugá y Bahía Málaga, los proyectos turísticos en el Parque Nacional Tayrona, la actividad minera en el Macizo Colombiano, el coltán en Guainía, etc. Todos ocasionan violaciones del derecho a la vida, a la salud o a la autonomía. (p. 72)
Esta vulneración a las poblaciones más pobres, enfatiza el autor, es lo que se ha denominado “racismo ambiental”. Muchos de estos grupos han sido despojados de sus formas de vida, y aun de sus territorios, constituyéndose esa expropiación en el motor de los conflictos socioambientales en Colombia.
Finalmente, Pérez-Rincón señala que hay una manifiesta inequidad política, económica y sociocultural, puesto que el Estado –a nombre del desarrollo– recurre a mecanismos legales e ilegales (como amenazas a los activistas, represión, desplazamiento y muerte) a fin de lograr los propósitos extractivistas, sin importar que esto represente el detrimento de las culturas que configuran nuestra identidad. Además, se pretende reparar los impactos ambientales con compensaciones o beneficios que nunca serán suficientes para resarcir el daño ecológico y social producido.
Por su parte, las comunidades afectadas luchan con mecanismos como los marcos legales, entre ellos la consulta previa consagrada en la Ley 70 de 1993 y el Convenio 169 de la oit, la acción popular y la tutela, instrumentos que permiten la defensa de los derechos colectivos e individuales. Pese a lo desigual de la lucha, las poblaciones vulneradas han logrado detener, de forma parcial o total, diecinueve proyectos extractivos, que equivalen al 20 %. El autor se refiere a “triunfos de la justicia ambiental”.
Los páramos, ecosistemas estratégicos de vida
En la actualidad, algunas de las regiones más afectadas por las políticas extractivas son los páramos, ecosistemas de alta montaña que por su baja temperatura y su ubicación –entre 3100 y 4000 metros sobre el nivel del mar– se constituyen en importantísimas fuentes de flora y fauna, así como depósitos de agua. En consecuencia, son proveedores hídricos tanto en cantidad como en calidad, y al mismo tiempo almacenan grandes volúmenes de carbono atmosférico, lo que contribuye a la disminución del calentamiento global:
No es exagerado decir que prácticamente todos los sistemas fluviales de los países andinos septentrionales nacen en el páramo y que los sistemas de riego, agua potable e hidroelectricidad dependen, en gran medida, de la capacidad del ecosistema de páramo para regular los flujos hídricos (…). Los acueductos de ciudades como Bogotá, Quito, Cali, Medellín, Bucaramanga, Tunja, Cuenca, Loja, Cajamarca y Piura, entre otras, dependen directamente de los páramos como fuentes de agua. (Hofstede, citado en Sarmiento, Cadena, Sarmiento y Zapata, 2013, p. 21)
Estos ecosistemas solo se encuentran en Ecuador, Perú, Venezuela, Costa Rica y Colombia, país que tiene 36 páramos, el 50 % de los existentes en el mundo.
Aunque no hay una definición única de páramo (pp. 25-26), los expertos coinciden en que es una región tropical caracterizada por especiales condiciones físicas, climáticas y meteorológicas, donde confluyen especies de flora y fauna casi exclusivas de ese entorno. Otros van más allá y lo definen como un espacio no solo físico, sino también social, donde la interacción entre el ser humano y la naturaleza configura culturas y genera políticas territoriales. La actividad antrópica ha influido de forma decisiva en estas regiones, modificándolas total o parcialmente.
Según Mujica (citado en Hofstede, 2013, p. 156), la ocupación humana de estos ecosistemas data de la época prehispánica. En Colombia, varias culturas los usaban de manera temporal con fines rituales. Entre tanto, en Ecuador y el norte del Perú estaban destinados a la caza, la recolección de leña y agua, la extracción de minerales y el transporte. En Perú, el impacto ocasionado por los incas sobre los páramos es considerado similar al ocasionado por la invasión española.
Durante la Conquista y la Colonia (Schjellerup, Jorgensen y Ulloa, citados en Hofstede, 2013, p. 156), la introducción de ganado ovino, bovino y caprino por los españoles hizo que se extendieran las fronteras agrícolas y pecuarias hacia las laderas de las montañas. De igual forma, las prácticas de quema de leña, uso de madera para la construcción y minería implementadas por los españoles y desconocidas por las culturas prehispánicas condujeron a una gran deforestación. Al mismo tiempo, las poblaciones indígenas fueron sometidas y muchas de ellas desplazadas hacia zonas por encima de los valles, lo que incidió paulatinamente en el poblamiento de los páramos y, por tanto, la transformación de los suelos.
En el siglo xx, como señala Molano (citado en Sarmiento, Cadena, Sarmiento y Zapata, 2013, p. 35), las culturas americanas se apropiaron de estas regiones y configuraron dinámicas que integraron las energías de la montaña con las construcciones mágicas y prácticas de los grupos humanos. Pero la reforma agraria, dirigida en los países andinos a la redistribución de la tierra y la ocupación de toda superficie productiva, transformó drásticamente estos ecosistemas (Hess y López, citados en Hofstede, 2013, p. 157). Una vez más, las comunidades marginadas ocuparon las zonas paramunas, que destinaron a la actividad agrícola y ganadera.
Hofstede (p. 157) resalta que, en el caso colombiano, el conflicto armado ha determinado muchas prácticas en los complejos paramunos, entre ellas el cultivo de amapola, el establecimiento de rutas de paso de tropas y tráfico de drogas y armas, y la confrontación entre diferentes grupos.
En la actualidad, las principales actividades llevadas a cabo por los pobladores de los páramos son la agricultura, la ganadería, la minería y el turismo. Al respecto, Molano (citado en Sarmiento, Cadena, Sarmiento y Zapata, 2013) indica:
Como consecuencia de los cambios drásticos en las coberturas originales, el clima ecuatorial, el desarrollo de formas de producción campesina y agroindustriales, la expansión de la ganadería y el establecimiento de potreros, el surgimiento de un considerable número de poblaciones y ciudades en los márgenes de la alta montaña y en su interior el páramo ha avanzado sobre las zonas periglaciares de manera creciente ante el retroceso de los hielos, y ha descendido considerablemente copando los espacios de los bosques altoandinos y andinos hasta alcanzar alturas cercanas a los 2700 m.s.n.m. (p. 35)
El marco legal colombiano para la protección y delimitación de páramos
Dada la gran importancia de estos ecosistemas de alta montaña desde los puntos de vista hidrológico, ecológico y social, el marco legal en Colombia establece leyes, decretos y normas para asegurar su protección y delimitación. Desde la perspectiva del Instituto Humboldt (Sarmiento, Cadena, Sarmiento y Zapata, 2013, pp. 38-40), el marco legal de protección a los páramos comienza con la Ley 99 de 1993.
Ley 99 de 1993
Esta Ley, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, y se dictan otras disposiciones”, establece en su artículo 1.° los principios generales que deben guiar la gestión ambiental en el país. Entre ellos se encuentran:
1 Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.
2 En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.
3 La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.
Ley 373 de 1997
El artículo 16 (modificado por el artículo 89 de la Ley 812 de 2003) establece que: “(…) Las zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos acuíferos y de estrellas fluviales, deberán ser adquiridos o protegidos con carácter prioritario por las autoridades ambientales, entidades territoriales y entidades administrativas de la jurisdicción correspondiente”.
Decreto 3600 de 2007
Este Decreto, “Por el cual se reglamentan las disposiciones de las leyes 99 de 1993 y 388 de 1997, relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural”, establece en su artículo 4.° lo siguiente:
Categorías de protección en suelo rural. Las categorías del suelo rural que se determinan en este artículo constituyen suelo de protección en los términos del artículo 35 de la Ley 388 de 1997 y son normas urbanísticas de carácter estructural de conformidad con lo establecido 15 [sic] de la misma ley:
1. Áreas de conservación y protección ambiental. Incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal, para lo cual en el componente rural del plan de ordenamiento se deben señalar las medidas para garantizar su conservación y protección. Dentro de esta categoría, se incluyen las establecidas por la legislación vigente, tales como:
1.1 Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas.
1.2 Las áreas de reserva forestal.
1.3 Las áreas de manejo especial.
1.4 Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna.
Decreto 2372 de 2010
El artículo 29, relativo a “Ecosistemas estratégicos”, establece:
Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrían incluir su designación como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el presente decreto.
Ley 1450 de 2011 (Plan de Desarrollo 2010-2014)
De acuerdo con el artículo 202, relativo a “Delimitación de ecosistemas de páramos y humedales”:
Los páramos deberán ser delimitados a escala 1:25 000 con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, los cuales deben ser realizados por las autoridades ambientales (…). En los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcción de refinerías de hidrocarburos.
Decreto Ley 3570 de 2011
Este Decreto Ley, “Por el cual se modifican los objetivos y estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”, define en su artículo 2.° las funciones de dicho Ministerio, entre ellas “elaborar los términos de referencia para la realización de los estudios (…) para la delimitación de los ecosistemas de páramo y humedales, sin requerir la adopción de los mismos” (numeral 15) y “expedir los actos administrativos para la delimitación de los páramos” (numeral 16).
Resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Este Ministerio ha emitido las siguientes resoluciones, relativas a la elaboración de estudios, planes de manejo e identificación y delimitación de los páramos:
Resolución 0769 de 2002. Contiene disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos.
Resolución 0839 de 2003. Determina los términos de referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de los Páramos (EEAP) y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos (PMA).
Resolución 1128 de 2006. Faculta a las autoridades ambientales para la aprobación del EEAP y el PMA.
Resolución 0937 de 2011. “Adopta la cartografía elaborada a escala 1:250 000, proporcionada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt para la identificación y delimitación de los Ecosistemas de Páramo”.
De acuerdo con el marco normativo vigente, la delimitación de los páramos se adopta mediante la expedición de un acto administrativo y es responsabilidad de las autoridades ambientales, en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Se trata de una decisión administrativa que debe valorar tanto el conocimiento científico como las implicaciones sobre la sociedad, considerando principios constitucionales como el derecho a un ambiente sano, la prelación del interés general sobre el particular y el principio de precaución.
Ley 1382 de 2010
Esta Ley modificó la 685 de 2001 (Código de Minas). De acuerdo con su artículo 34, relativo a “Zonas excluibles de la minería”:
No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente. Las zonas de exclusión mencionadas serán las que han sido constituidas y las que se constituyan conforme a las disposiciones vigentes, como áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales, parques naturales de carácter regional, zonas de reserva forestal protectora y demás zonas de reserva forestal, ecosistemas de páramo y los humedales designados dentro de la lista de importancia internacional de la Convención Ramsar. Estas zonas para producir estos efectos, deberán ser delimitadas geográficamente por la autoridad ambiental con base en estudios técnicos, sociales y ambientales. Los ecosistemas de páramo se identificarán de conformidad con la información cartográfica proporcionada por el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-366 de 2011, dejó sin piso el Código de Minas, por no contemplar las consultas previas a las comunidades directamente vulneradas por la exploración y la explotación minera. Esta medida representó un retroceso, al poner en riesgo lo logrado para la minería en materias ambiental, social y tributaria. Se concedió un plazo de dos años al Gobierno nacional para decretar un nuevo Código; pero ante el vencimiento de los términos, el Gobierno alegó que no era tiempo suficiente para realizar las consultas. La Corte no accedió a la solicitud de prórroga y, como medida de emergencia, el Gobierno expidió decretos con fuerza de ley.
Decreto 2691 de 2014
Así las cosas, se continúa legislando con la antigua Ley 685 de 2001, fortalecida con el Decreto 2691 del 23 de diciembre de 2014 (Ministerio de Minas y Energía),
Por el cual se reglamenta el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 y se definen los mecanismos para acordar con las autoridades territoriales las medidas necesarias para la protección del medio ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población en desarrollo del proceso de autorización de actividades de exploración y explotación minera.
Entre las disposiciones generales más controvertibles de este Decreto se encuentran:
Artículo 2.º Ámbito de aplicación. Las medidas de protección que se adopten en virtud de este decreto se aplicarán a las solicitudes de concesión en trámite a la fecha de publicación del presente decreto y a las presentadas con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mismo.
Artículo 4.° Estudio de soporte. En virtud de lo previsto en el artículo 3.° de este decreto, en el acuerdo del respectivo Concejo Municipal o Distrital se concretará la intención de establecer las medidas de protección referidas, se indicarán las causas y se establecerán los fines perseguidos.
Las medidas de protección deben fundamentarse en estudios técnicos elaborados a cargo del respectivo municipio o distrito, los cuales deben contener los análisis sociales, culturales o ambientales que podrían derivarse de la aplicación de las citadas medidas en relación con los impactos que puede generar la actividad minera.
Artículo 7.° Valoración de la solicitud. La autoridad nacional competente valorará la solicitud del Concejo Municipal o Distrital y presentará ante el Ministerio de Minas y Energía, en un término no mayor a veinte (20) días, contados a partir de la fecha de recibo de la misma, un concepto técnico sobre las razones que sustentan las medidas de protección solicitadas y su procedencia y, de ser el caso, sus condiciones. El término antes referido podrá ser prorrogado, a solicitud de la autoridad nacional competente, por una vez y por el mismo lapso.
De estimarlo conveniente, el Ministerio de Minas podrá solicitar concepto al Departamento Nacional de Planeación o a otra entidad pertinente, con el fin de establecer el impacto económico de las medidas de protección requeridas. Asimismo, se podrá consultar a las empresas que tengan interés en el área o al gremio minero, respecto de la conveniencia de los proyectos que pretenden desarrollarse en relación con las medidas que han sido solicitadas por los entes territoriales, lo cual se tendrá en cuenta para la toma de la decisión.
Artículo 9.° Decisión. El Ministerio de Minas y Energía, en un término no mayor a quince (15) días, contados a partir de la fecha de finalización de la reunión, mediante acto administrativo debidamente motivado, decidirá sobre las medidas solicitadas por la entidad territorial, con fundamento en los principios de desarrollo sostenible, fortalecimiento económico y social del país, propiedad estatal de los recursos naturales no renovables y aprovechamiento eficiente de los mismos.
La decisión consistirá en adopción o no de las medidas para la protección del ambiente sano y, en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población.
Como se observa, las entidades territoriales afectadas por la posible explotación minera, responsables de solicitar las medidas de protección, deben asumir el costo de los estudios técnicos, que serán valorados por la autoridad nacional competente. No obstante, la decisión final recaerá solo en el Ministerio de Minas y Energía, que la tomará privilegiando los principios de desarrollo económico y social sobre el principio de precaución y los derechos territoriales de las comunidades.
Los expertos4 consideran que sin duda este Decreto favorece el modelo de desarrollo basado en la explotación minera y deja a las entidades territoriales afectadas el único papel de solicitar la protección y asumir los costos, al tiempo que vulnera su participación en la decisión final. Esto implica un drástico retroceso respecto tanto de la participación de las comunidades, decretada por la Sentencia C-366 de la Corte Constitucional sobre la consulta previa, como de las gobernanzas híbridas que se pretenden establecer en América Latina. Por eso se han interpuesto numerosas demandas, tanto por organizaciones sociales como por organizaciones no gubernamentales.
El principio de precaución como estrategia preventiva para la protección de los ecosistemas
Para Embid (citado en Jáuregui, 2013, pp. 12-13), el principio de precaución surge ante los riesgos que implica un determinado evento y el desconocimiento de ellos, que puede desencadenar situaciones lamentables. Este principio surgió en Europa occidental, siendo Francia el país que mayor aplicación le ha dado, después de producirse múltiples casos en los que la incertidumbre ocasionó riesgos lamentables que perjudicaron a un gran número de personas. Entre los bienes que apunta a proteger este principio están la salud humana, el medio ambiente y la salubridad animal y vegetal.
Para Kottow y Carvajal (2011, p. 8), el principio de precaución se inscribe en el orden de lo pragmático, y su reflexión se ha centrado en el campo de la ecología, a causa de la degradación ambiental que viene ocasionando la expansión tecnocientífica y el modo como afecta a grandes segmentos de la población global. No obstante, anotan, es la sociología del riesgo la que revalora este principio, ante la creciente preocupación social por el tema, que se canaliza en el aumento de demandas de protección frente a instituciones públicas, la inseguridad sobre el futuro y la aparición de nuevas emergencias medioambientales.
Los autores señalan que existen múltiples definiciones de este principio, algunas de las cuales han recibido fuertes críticas por su falta de claridad conceptual y su presunción de principio. Entre ellas se cuentan la Declaración de Wingespread (1998): “Cuando una actividad presenta amenazas de daño a la salud humana o al medio ambiente, han de tomarse medidas precautorias aun cuando algunas relaciones de causa-efecto no hayan sido plenamente establecidas por la ciencia” (citada en Kottow y Carvajal, p. 10) y la propuesta por el Consejo Europeo: “En situación de riesgo, una hipótesis no confirmada deberá ser considerada provisoriamente válida aun cuando no esté formalmente demostrada” (citada en Kottow y Carvajal, p. 10). Aunque los autores las consideran más asertivas, continúan siendo muy generales. En cuanto a la Declaración de Río, emitida por las Naciones Unidas en 1992, la consideran ambigua, ya que promulga el principio ante “amenazas de daños”, pero lo circunscribe a “las capacidades” del Estado y limita la acción a medidas “costo efectivas”:
A fin de proteger el medio ambiente, el enfoque precautorio será ampliamente aplicado por los Estados, de acuerdo a sus capacidades. Allí donde existan amenazas de daños severos e irreversibles, la falta de plenas certezas científicas no ha de ser aducida como razón para posponer medidas costo efectivas destinadas a prevenir degradaciones medioambientales. (Citada en Kottow y Carvajal, pp. 9-10)
Kottow y Carvajal anotan (p. 11) que han surgido otras propuestas más concisas y pragmáticas, pero no se cuenta aún con un concepto unitario, claro y unívoco que tenga carácter de principio, es decir, que no requiera apoyarse en otras máximas para legitimarse.
Pese a estas debilidades, el principio de precaución ha tenido importantes avances en su marco de referencia, especialmente en su uso como instrumento jurídico y de protección de los derechos humanos y de la vida en el planeta. En este sentido, explican Kottow y Carvajal (p. 12), puede actuar de dos maneras. La primera, como regla reactiva ante los inminentes riesgos (ex post), es decir que se toman medidas frente a lo ya causado, lo cual requiere acciones precautorias restrictivas o de mitigación; es el caso de los efectos nocivos en el medio ambiente, entre ellos el calentamiento global y la polución. La segunda operaría ante la sospecha premonitoria de posibles riesgos y daños (ex ante). Pese a este marco legal, de manera periódica surgen decretos, resoluciones, normas y fallos que debilitan las normas, o terminan por hacerlas ambiguas y de difícil aplicabilidad: a la postre, se diluyen en el tiempo y el espacio, con resultados exiguos en la realidad.
Páramo y cultura
Para León (2011), el espacio geofísico es sin duda determinante en las relaciones que los seres humanos construimos con nuestros entornos. Las características geofísicas de las montañas –de los páramos, en este caso–, dada la diversidad de pisos altitudinales, pero ante todo las dificultades del terreno, han conducido a que sus pobladores acumulen saberes sobre las posibilidades que ofrece cada uno de estos niveles para la producción agrícola, el pastoreo, la forestería y otras actividades. Este uso variado del espacio también ha determinado modos de cultura.
El autor considera que no se puede hablar de un sistema cultural de las montañas, sino de variadas respuestas culturales con tendencias comunes, que a la vez establecen diferentes relaciones sociales, entre ellas intercambio, ayuda mutua y parentesco. Estos vínculos privilegian los valores de reciprocidad, complementariedad y pertenencia, y los hacen prácticos mediante un sistema de obligaciones y correspondencias al cual son ajenos los foráneos. Dadas las dificultades del terreno, los pobladores de la montaña aprecian el sentido del esfuerzo, que consideran un valor colectivo. Estas características hacen de ellos personas reticentes al cambio y a la introducción de modelos que pretendan alterar sus formas de vida: “Estas culturas han construido ritos y concepciones que refuerzan la idea del espacio, la naturaleza, una idea de la montaña, de su diversidad y los valores” (p. 40). De acuerdo con Ramón (citado en Hofstede et al., 2014, pp. 50-51), los páramos aún poseen valor sagrado para las poblaciones indígenas y campesinas de los Andes, que practican en ellos el chamanismo y la curandería.
Hofstede et al. (2014, p. 51) explican que en el páramo las actividades de producción son compartidas por los géneros. Varones, mujeres y niños desempeñan diferentes roles. Los primeros se dedican por lo general a las labores agrícolas, y las segundas, a las tareas del hogar, además de transporte de leña, mudanza de animales y también labores agrícolas. Los niños deben participar en el transporte del agua y del alimento para sus padres, y también se dedican al pastoreo y cuidado de los animales. Estas actividades suelen alejarlos de las obligaciones escolares, de ahí que un gran porcentaje deserte de la escuela.
Estas particularidades de las poblaciones de los páramos por lo general no son reconocidas en el momento de definir las políticas socioambientales para la conservación de estos ecosistemas. Tal desconocimiento conduce a desplazamiento, pérdida de identidad, pobreza, desempleo, violencia física y psicológica y detrimento de la soberanía alimentaria, entre otros problemas.
En esas circunstancias las políticas socioambientales, en lugar de contribuir a la conservación de los páramos, atentan contra la relación cultura-naturaleza, valiosa para la supervivencia de estos socioecosistemas estratégicos:
Los aspectos culturales del ecosistema páramo son muy evidentes y generalmente están altamente valorados por la población, pero limitadamente tomados en cuenta en la gestión (…). La identidad cultural del habitante del páramo, incluyendo su cosmovisión, mitología, conocimiento tradicional, etc., ayuda a incrementar la autoestima y a la vez fortalecer las capacidades para dar un manejo sustentable al ecosistema. (pp. 158-159)
Ante las amenazas a su supervivencia y su cultura, los pobladores de muchos páramos se han congregado en movimientos socioambientales para luchar por sus cosmovisiones, estilos de vida y desarrollos locales, configurando resistencias al modelo de desarrollo hegemónico.
La actividad minera en la degradación de los páramos y la vida
Como se viene analizando, el desarrollo económico que hoy se impulsa en América Latina se sustenta en las políticas neoliberales y posneoliberales, las cuales promueven la explotación de los recursos renovables. En el caso de Colombia, dichos recursos se encuentran en una gran proporción en los páramos, y su explotación implica la degradación de estos socioecosistemas. Se han levantado numerosas voces a favor de conservar estas regiones estratégicas, dado el valor que poseen como fuentes de agua y biodiversidad, por su papel en el control del cambio climático y por las dinámicas socioculturales de las poblaciones que las habitan; entre tanto, otros propugnan la explotación de sus recursos no renovables como fuentes de desarrollo económico y social. En este caso, “el argumento subyacente parte de la premisa constitucional de que el subsuelo es del Estado, pero no toma en cuenta que el acceso al subsuelo debe respetar principios socioeconómicos y ambientales, que tienen igual sustento constitucional” (Guerrero, 2009, p. 5).
Aunque los estudios que se han realizado sobre las afectaciones de los proyectos megamineros a las zonas paramunas son aún exiguos, la información existente señala con claridad que se trata de impactos críticos, dada la fragilidad de estos ecosistemas.
Desde la perspectiva de Guerrero (p. 16), tanto la minería a gran escala como la de socavón afectan los páramos. La primera, por la extensión de los tajos y por las técnicas de extracción, que emplean lixiviación por cianuro, en el caso del oro. En la segunda, aunque la remoción de suelos y coberturas vegetales es menos extensa, las actividades y operaciones conexas generan igualmente gran impacto. Es necesario examinar las afectaciones de un modo integral que contemple tanto las ambientales como las socioculturales.
Por el contrario, Puentes5 afirma que existe una gran diferencia entre estos dos tipos de minería. Aunque la artesanal también ocasiona problemas, su magnitud no es comparable a la de los ocasionados por la minería a cielo abierto y la gran minería subterránea, que dejan daños irreversibles a los ecosistemas. La minería artesanal se practica desde hace siglos, implica pequeñas extracciones y emplea cianuro y mercurio en bajos volúmenes, mientras que la otra minería representa enormes cantidades de estos tóxicos.
Svampa (2011, p. 195) considera que la megaminería a cielo abierto no solo altera los ecosistemas, sino que también afecta de modo drástico las condiciones y la calidad de vida de las poblaciones. Advierte que hay una marcada diferencia entre la minería de socavón, practicada durante siglos por indígenas y campesinos, y la minería a gran escala, la cual se desarrolla a partir de tecnologías modernas,
(...) luego de producir grandes voladuras de montañas por dinamitación a partir de la utilización de sustancias químicas (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, entre otras) para disolver (lixiviar) los metales del mineral que los contiene. En suma, lo particular de este tipo de minería a tajo abierto o a cielo abierto (open pit), diferente de la tradicional, es que implica niveles aún mayores de afectación al medio ambiente, generando cuantiosos pasivos ambientales, al tiempo que requiere tanto un uso desmesurado de recursos, entre ellos el agua y la energía, ambos imprescindibles para sus operaciones, como, asimismo, intervenir de manera violenta la geografía de los territorios para la explotación. (p. 195)
Entre las afectaciones ambientales señaladas por Guerrero (2009, p. 17) se encuentran los impactos al suelo, especialmente en la minería a cielo abierto, que implica fuertes cambios en la estructura y dinámica biológica de los suelos y repercute en su capacidad de almacenamiento y regulación hídrica porque altera su porosidad. Así, la minería aumenta la escorrentía superficial, la erosión y la sedimentación, lo cual tiene un gran impacto sobre las cuencas y los acueductos locales.
Otra afectación ambiental es el impacto a las aguas superficiales y subterráneas ocasionado por las actividades agrícolas, ganaderas y mineras intensivas. En el último caso la magnitud es mayor, ya que se consumen grandes cantidades de agua que provienen de los humedales y acuíferos, elementos importantes de los ecosistemas de páramo. Esto tiene efectos tanto en la oferta como en la demanda. De acuerdo con Guerrero, las consecuencias incluyen contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por sedimentos y por uso de metales pesados; variaciones del pH; afectación de las dinámicas de escorrentía; disminución de caudales, tanto por la afectación de la capacidad de provisión y regulación hídrica, como por la demanda de agua para las actividades mineras; alteraciones en los sistemas naturales de drenaje y en el nivel freático; desviación o interrupción de caudales por mala disposición de residuos sólidos estériles, y secamiento de humedales (lagunas, turberas y bojedales).
Parker, Baigorrotegui y Estenssoro (2015, p. 203) se refieren a otra afectación ambiental: el uso de agua y energía en la actividad minera. Estas constituyen “bienes comunes”, es decir que su valor de uso prima sobre su valor de cambio. El agua como medio de vida, disfrute y desarrollo social y cultural está por encima del valor mercantil; no obstante, en las actuales políticas extractivas ocurre a la inversa. Esto representa un desafío para las políticas desarrollistas, que deben propender por una mirada compleja que trascienda el solo interés económico. En este sentido, es fundamental generar nuevas tecnologías que contribuyan a que la demanda creciente de agua y energía no implique la disminución de su disponibilidad para las poblaciones rurales y urbanas ni la contaminación del recurso hídrico. Por su parte, la utilización de la energía debe estar enmarcada en una eficiencia más alta, sin mayor presión por fuentes contaminantes, especialmente hidrocarburos. Estas propuestas tecnológicas deben responder a una visión integral que asegure cambios en pro de la vida:
Las consideraciones sobre la intensidad del uso del recurso agua y energía en la minería, tanto como la estructura tecnológica con la que se asocian debe ser considerada [sic] simultáneamente como sistemas integrados asumiendo sus connotaciones sociales, políticas y ecológicas. (p. 225)
El compromiso de mayor eficiencia implica, entonces, alentar patrones sustentables de consumo de agua y energía que contemplen visiones alternativas de vida y economía. Los autores concluyen que el pensamiento fragmentado de los actores estratégicos en la región respecto al complejo agua-energía-minería podría acarrear crisis socioeconómicas o socioambientales insospechadas.
La biodiversidad de los páramos es otro de los servicios ecosistémicos que la minería afecta. Aunque la fauna de los páramos no es tan extensa como la de otros biomas, su vegetación incluye más de cinco mil especies. Sin embargo, como aclara Guerrero (2009), la diversidad biológica no se mide en términos de número de especies:
En el caso del páramo, debe tenerse muy presente el alto nivel de endemismos, la riqueza de funciones e interacciones ecológicas, los servicios ecosistémicos que provee, la riqueza en recursos genéticos y la diversidad cultural asociada al ecosistema, entre otros atributos. (p. 20)
Según este autor, entre los impactos causados por la minería se encuentran: afectación de hábitats y microhábitats, disminución severa de poblaciones de organismos, interacciones ecológicas, eliminación de la micro- y mesobiota del suelo y aparición de especies invasoras que extinguen las especies nativas.
El impacto sociocultural ocasionado por la minería en los páramos es uno de los puntos más sensibles de los conflictos actuales en la región andina. Como se describió en el apartado “Páramo y cultura”, estos ecosistemas son de gran importancia para las poblaciones que habitan en ellos y que han construido su mundo social y cultural de acuerdo con las condiciones que ellos les ofrecen, teniendo que adaptarse en algunas ocasiones y que luchar en otras por domesticar su medio. Estas interacciones dotan a los páramos de particularidades y modos de vida propios. No obstante, las políticas socioambientales de países como Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina y Colombia desconocen estas cosmovisiones e imponen la exploración y explotación minera desde la lógica de los Gobiernos centrales y las políticas neoliberales, lo que agrava los conflictos.
Esta vulneración de los derechos comunitarios ha conducido a la emancipación de los pobladores, que se han organizado en movimientos socioambientales, la mayoría de ellos apoyados por los gobiernos locales y por organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales. Como señala Guerrero, “resulta interesante constatar que las implicaciones sociales de la minería son complejas y no van en una sola vía, sino que han adquirido dinámicas y relaciones multiactores complejas” (p. 21): estos conflictos asumen dimensiones diversas, lo que implica lecturas integrales que se proyecten hacia la participación pluralista y equitativa de los diferentes actores, con el fin de configurar lo que se ha denominado “gobernanzas híbridas”.
Svampa (2011, p. 195) afirma que la megaminería –especialmente de oro, plata, cobre, estaño y otros minerales estratégicos– compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades propias de las regiones, como la agricultura y la ganadería, que también constituyen formas de vida de las comunidades en riesgo. Mientras tanto, las grandes transnacionales que realizan la explotación megaminera se erigen como neo-colonizadores, al imponer las condiciones de explotación, no solo de los recursos naturales, sino de las comunidades, con grandes impactos económicos y socioambientales. Esta dinámica de “rapiña”, en complicidad con los Gobiernos nacionales, desplaza economías locales, afecta derechos colectivos, vulnera y explota humanidades, arrasa culturas; en suma, invisibiliza identidades. Según la autora, “el peso económico de estas empresas es tal que no resulta extraño que los intereses de las corporaciones atraviesen y hasta sustituyan al Estado” (p. 197).
Machado (2011, p. 137) explica que el uso de sustancias tóxicas en la megaminería contamina no solo los bienes naturales, sino las naturalezas humanas, cuyos cuerpos son saturados con mercurio, plomo, cromo, arsénico y uranio, entre otras. Estas disminuyen la calidad de vida y la vida biológica de las comunidades que por fuerza mayor se ven abocadas, para sobrevivir, a aceptar las condiciones que las grandes corporaciones imponen. Esta violencia material se suma a la violencia simbólica representada en las instituciones del Estado, como los organismos de salud, medio ambiente, seguridad social y justicia, que se muestran indiferentes a las nefastas consecuencias de las políticas de vida transnacionales. Por el contrario, se camuflan bajo la idea de que estas políticas extractivistas representan desarrollo y progreso para las poblaciones, que ahora podrán competir con las grandes economías transnacionales:
El deterioro del agua, del aire y del suelo “convencerá” con los años a los más obcecados campesinos de la “inviabilidad” ineludible de sus economías “en tiempos de globalización”. Las exigencias de “reconversión” y los “programas de capacitación” para la “mano de obra” local que bajan desde los diferentes “ministerios” para “apalancar” la emergencia de las nuevas “competitividades” requeridas por “el mercado”; fomento a las actividades “productivas”, créditos “blandos” y todo, para hacer emerger los nuevos “nichos de mercado” y “oportunidades de negocio”, muchos de ellos unidireccionalmente orientados a montar efímeras “empresas proveedoras” locales para la nueva “actividad estrella”. (p. 139)
Por su parte, las transnacionales mineras abordan la compleja situación desde estándares internacionales que también desconocen estas dinámicas socioculturales y pretenden reducir sus impactos bajo la premisa de la responsabilidad social. Al tiempo, emprenden campañas mediáticas cuyos discursos desconocen las realidades locales y minimizan los impactos de sus intervenciones. Como afirma Guerrero (2009):
Las grandes empresas mineras suelen abordar el tema social desde unos códigos de conducta y unos criterios globales que se aplican indistintamente en los distintos países donde operan. Si bien estos criterios incluyen la necesidad de adaptar sus prácticas a contextos locales, en la realidad la gestión social minera desarrolla con frecuencia los mismos proyectos asistencialistas y las mismas estrategias comunicacionales defensivas. (p. 21)
El autor destaca que las transnacionales generan grandes expectativas y que logran respeto en la medida en que correspondan a acciones gubernamentales serias y comprometidas que incluyan relaciones con los actores sociales: “Las empresas están comprendiendo cada vez más que el haber recibido una licencia del Estado no significa la liberación de responsabilidades relacionadas con los impactos socioeconómicos y culturales que ocasionan” (p. 49).
Sin duda, la inequidad en la distribución de los beneficios de la exploración y explotación minera es una de las mayores preocupaciones de las poblaciones afectadas, que aparte de recibir las externalidades, ven alteradas sus dinámicas de vida. Entre los principales efectos negativos se cuentan:
Distorsión de la pirámide de ingresos familiares; generación/ profundización de dinámicas sociales inequitativas; erosión cultural; distorsión de valores y prácticas sociales; reubicación de familias campesinas en “cinturones de miseria” de los centros urbanos; inseguridad ciudadana por el incremento de bares, discotecas, prostitución y delincuencia. (p. 22)
Guerrero señala que, aunque han mejorado las prácticas mineras tanto a nivel global como en algunos países de América Latina, la actividad minera debe ser excluida o restringida al máximo en los páramos, dado el valor, la vulnerabilidad y la escasa resiliencia de estos ecosistemas (p. 48). También considera que el enfoque de compensaciones establecido por el ICMM (Consejo Internacional de Minería y Metales, por sus siglas en inglés), según el cual cuando un ecosistema es inevitablemente destruido se debe financiar la creación o manejo de un área protegida de valor equivalente, no es aplicable a estos ecosistemas, que la Ley obliga a proteger.
Por otro lado, aunque se incrementen las buenas prácticas, la minería nunca será una actividad sostenible, por su larga duración y porque sus efectos se extienden en el tiempo: “Los costos ambientales, sociales e incluso económicos pueden ser mayores en comparación con los beneficios coyunturales en términos de las variables macroeconómicas del país” (p. 51). Guerrero sugiere el término minería responsable, señalando que esta comienza con las buenas prácticas del Estado, el cual debe excluir esta actividad de las zonas de páramo por su gran valor hídrico y por los servicios ecosistémicos que ofrecen a la población colombiana. En aquellos ecosistemas paramunos donde los proyectos ya son un hecho, la minería responsable implica elevar al máximo los estándares de gestión ambiental y social, desarrollar buenas prácticas que convoquen la participación comunitaria en la toma de decisiones y pongan los conocimientos locales en diálogo con el conocimiento científico, y ofrecer compensación a las poblaciones en una dinámica equitativa. El autor advierte, sin embargo, que “ninguna mejora en los índices de desarrollo humano se podrá mantener en el tiempo, si se ha hecho a costa de la degradación ambiental” (p. 51).
Testimonios de los actores del conflicto socioambiental de Santurbán: Hallazgos y análisis
A continuación, se presentan los datos obtenidos de las entrevistas a profundidad y las observaciones a los actores sociales, ambientalistas, individuales y mediador, como se explicó en el primer capítulo. Se trata de una síntesis de las matrices categoriales que presentan con mayor detalle los testimonios de los líderes. Posteriormente, estos resultados se discuten en diálogo con los referentes teóricos y el análisis de la investigadora, y se formulan las conclusiones alcanzadas.
En las tablas 3, 4, y 5 se presentan las categorías de análisis relacionadas con los actores sociales de los municipios santandereanos de California y Vetas y el corregimiento de Berlín, respectivamente.
Tabla 3. Actores sociales de California: Contexto del conflicto socioambiental
| Categoría de análisis | Subcategorías | Actores | Categorías emergentes | Categorías eje |
| Contexto del conflicto socioambiental | Historia minera de los municipios de California y Vetas | 01 | La historia minera californiana está determinada por los tiempos en que José Celestino Mutis llegó a la zona a explotar junto con su familia. Los californianos se sienten muy orgullosos de este antecedente. | La colonización española fue determinante en el desarrollo minero de la región. La llegada de José Celestino Mutis a la región para explotar las riquezas mineras es un orgullo para los californianos. La compañía Greystar divide en dos la historia minera de la región. El pequeño minero, acosado por la guerrilla, vende a las multinacionales. |
| Contexto del conflicto socioambiental | Historia minera de los municipios de California y Vetas | 02 | La conquista es determinante en el desarrollo de la región. Después de la independencia, la explotación minera se potencia por la llegada de colonias de extranjeros –ingleses, franceses y japoneses, entre otros–, que trajeron el desarrollo minero. Los indígenas chitareros fueron bautizados así por los españoles debido a los calabazos que cargaban. Ellos explotaban el oro para canjearlo por otros productos. Desde 1970 se reactiva la minería tradicional con molinos, heredada de los ancestros. Los explosivos eran difíciles de conseguir por la prohibición del Gobierno, y los insumos se conseguían a muy alto precio. La compañía Greystar es determinante en la historia de California, pues la divide en dos; negocia con la guerrilla y ofrece un alivio a los pequeños mineros. | |
| 03 | La publicación de la Greystar en la bolsa de valores significó la llegada de otras multinacionales, pero también de los ambientalistas. El apoyo del gobierno departamental en 2004-2008 fue determinante en el desarrollo de la región. La agricultura fue desplazada por la llegada de las multinacionales. | |||
| 04 | La historia minera de California se remonta a la llegada de los españoles. |
| Contexto del conflicto socioambiental | Multinacionales: pasado, permanencia durante el standby, presente y futuro | 01 | La generación de 1000 empleos directos y 2000 indirectos, con salarios dignos, generó una gran familia, que ya no pensaba en ser contratada, sino en generar servicios. Antes el recurso humano de las multinacionales era extranjero, ahora es colombiano 100 %. | La llegada de las multinacionales generó empleo. Cuando estas quedaron en standby por la delimitación, se afectó gravemente la economía de la región. El empleo que generan las multinacionales es para la gente foránea. Las multinacionales hicieron que los pequeños mineros cedieran su territorio e identidad. |
| 03 | El standby de las multinacionales tras la definición de los límites afectó gravemente la economía de la región. | |||
| 04 | Las multinacionales emplean con bajos sueldos; los mejores son para los obreros de otras regiones y una cadena de productores foráneos. | |||
| 05 | La minería tradicional permitía calidad de vida y autonomía; con la llegada de las multinacionales los mineros entregaron su territorio para convertirse en empleados u obreros. | |||
| Minería tradicional vs. minería a gran escala | 01 | La minería tradicional y el galafardeo eran altamente contaminantes por el uso del mercurio e iban en contravía del bienestar colectivo ambiental, además no brindaban seguridad social al trabajador. Con las multinacionales hubo una recuperación de la naturaleza y las microcuencas. El proyecto Angosturas fue un gran error, dada la cercanía con el páramo y sus ecosistemas. La minería subterránea es menos nociva y con mayores garantías para el recurso hídrico. | La minería tradicional contamina más que la minería a gran escala. El proyecto Angosturas fue un error. La minería subterránea es menos invasiva. Ambas minerías contaminan. |
| Contexto del conflicto socioambiental | Minería tradicional vs. minería a gran escala | 02 | La minería tradicional es lo más contaminante que hay, bota desechos al río. Ante el standby de las multinacionales se intenta activar algunos títulos de mineros tradicionales (de lo contrario se pueden perder), pero intentar cumplir la norma, que es muy exigente, limita la continuidad de la minería tradicional. La minería subterránea es menos invasiva, no daña la capa vegetal. El Gobierno nacional ha actuado como mediador, pero más como una posición personal que como política de Estado. | La minería tradicional no contamina del modo en que lo hace la gran minería; además, asegura el futuro de la comunidad, mientras la otra devasta: ¿qué quedará dentro de 20 o 30 años? |
| 03 | Tanto la minería artesanal como la minería a gran escala son depredadoras de la naturaleza. Ambas generan bienestar y desarrollo, pero lastimosamente causan un daño gravísimo al ecosistema. | |||
| 04 | La minería del pequeño minero no daña el medio ambiente, pero el Gobierno la persigue. La minería a gran escala es por un período: ellos vienen por todo, van a sacar esa riqueza en 20 o 30 años, mientras la minería a pequeña escala asegura el futuro de otras generaciones. La diferencia entre la minería tradicional y la minería a gran escala es la magnitud. | |||
| 05 | La minería tradicional contamina, pero no del modo en que lo hace la gran minería, con vías, tala de bosques y movimientos de tierra. |
| Contexto del conflicto socioambiental | Explorar / explotar | 01 | Las multinacionales aún se encuentran en etapa de exploración. No tienen licencia debido a los múltiples estudios que aún realizan para cuantificar y maximizar recursos, así como estudios hídricos; por eso la mora. | Las multinacionales aún se encuentran en etapa de exploración. Las multinacionales llevan explorando 20 años. ¿Por qué tanto tiempo, si esta etapa por lo general es de 5 años, con 3 de prórroga? |
| 02 | La minería a gran escala cuida el agua y el medio ambiente, pues las multinacionales cumplen con la norma y los altos estándares de calidad. El proyecto Angosturas no afectaba el agua, porque el agua que surte los acueductos del área metropolitana de Bucaramanga viene del río Tona, que está a 50 o 60 km. El cuestionamiento a las multinacionales es el cierre de mina: cómo lo van a hacer para que no quede la gente desempleada, porque ellos saben explotar. | |||
| 03 | Las mineras se encuentran en etapa de exploración. | |||
| 04 | La Greystar lleva explorando 20 años. ¿Por qué tanto tiempo, si los permisos de exploración son de 5 años, con prórrogas de 3 años máximo? Las técnicas de la multinacional AUX han secado nacimientos de agua, hay demandas por ello. La minería de túnel también contamina el agua. |
| Contexto del conflicto socioambiental | Lucha ambientalista (agua vs. oro), conflictos sociales | 01 | Rechazamos la lucha ambientalista porque ellos no conocen la zona, además sus intereses son políticos y de negocios. ¿Por qué no se oponen a la industria petrolera, que también contamina? Solo les interesa el aspecto biótico y no lo social. La minería no es el grifo del agua, pues la mayoría de agua la traen del embalse de Tona; aquí sale solo el 10 % del agua de Bucaramanga. Lo positivo de los ambientalistas es que el país haya puesto la mirada en Santurbán. ¿Quién responde por el conflicto social que ha generado el standby de las multinacionales? El galafardeo ha aumentado porque la gente de qué vive, y no puede ser tratado por el Gobierno como minería ilegal. Los recursos destinados por el Gobierno para economías alternativas después de la delimitación son pocos, dada la magnitud del problema. Y un gran porcentaje de ellos son destinados a la burocracia, contratistas externos, y lo que queda para las comunidades se pierde en el camino. No sabemos cuánto va a durar este período de transición. La mayoría de las tierras de Santurbán pertenece a la comunidad. | Los ambientalistas frenaron el desarrollo de la región. ¿Por qué no atacan las otras industrias, como el petróleo, que también contaminan? ¿Por qué hacen uso del confort que les brinda la minería? Con el standby de las multinacionales, el galafardeo aumentó. No puede ser tratado como minería ilegal. El desempleo es el principal problema social. El grifo del agua de Bucaramanga no es California, sino el embalse de Tona. ¿Cuál es el problema? La minería a gran escala no contamina. Los ambientalistas tienen razón, siempre y cuando actúen con conocimiento, sin intereses políticos y económicos. Los ambientalistas tienen la razón: la minería a gran escala contamina, ¿y quién la vigila? Las multinacionales han desplazado a los campesinos; quienes se quedan no quieren trabajar la tierra, y quienes se van no saben cómo sobrevivir. La gente se volvió facilista, solo quiere depender de las multinacionales. |
| 02 | La inversión de us $4000 millones en el proyecto Angosturas significó la avaricia |
| Contexto del conflicto socioambiental | Lucha ambientalista (agua vs. oro), conflictos sociales | de los ambientalistas, quienes pretendieron contratos, pero al no lograrlos se convirtieron en enemigos del proyecto. Los ambientalistas frenaron el desarrollo, el empleo, esto es, la entrada de las multinacionales. Si no están de acuerdo con la explotación de oro, ¿por qué hacen uso del confort que este les genera (automóviles, celulares, edificios)? Antes los pequeños mineros éramos los depredadores ambientales; ahora, que “la minería artesanal no contamina” es la bandera de los ambientalistas. Se teme por el standby de las multinacionales, porque aumentó el galafardeo y este no cuida el medio ambiente. ¿Quién se ha preguntado qué pasó con el parque regional de Santurbán, para el cual no se giraron recursos y el Estado no lo protege? Sus tierras pueden ser invadidas y el campesino ha sido desplazado. La crisis social es el desempleo: se perdieron 1500 empleos de 2500 habitantes. La comunidad siempre hemos criticado a las multinacionales, pero nuestra defensa se centró en la defensa de la minería como tal: pequeña, mediana, a gran escala. Vetas fue contrario: lucharon por la minería artesanal como tradición de 500 años. Además, la injerencia de las multinacionales fue menor. Pero esa posición los perjudicó porque salieron delimitadas sus áreas: en California quedó protegido el 2 %, mientras en Vetas el 60 %. Vetas puede |
| Contexto del conflicto socioambiental | Lucha ambientalista (agua vs. oro), conflictos sociales | desaparecer, pues allí no se puede realizar ninguna actividad, ni minera, ni agrícola ni ganadera. | ||
| 03 | La lucha ambientalista es sana, siempre y cuando conozca la zona y no corresponda solo a intereses políticos y económicos. Desafortunadamente, esta lucha es sin conocimiento. El galafardeo es el principal problema ahora de la zona, tanto por el standby de Eco Oro como por el cambio de dueño de la AUX. Aunque estas empresas continúan, lo hacen con poco personal. El barequeo, esto es, sacar oro del río en bateas, se volvió la opción tanto para hombres como para mujeres. | |||
| 04 | Los ambientalistas tienen la razón, porque las multinacionales contaminan el agua. La minería a gran escala perjudica al medio ambiente. El trabajo de los ambientalistas fue bueno, ellos nos capacitaron y nos invitaron a los foros, allí pudimos darnos cuenta de cómo las perforaciones han secado los pozos. Asistíamos casi en su totalidad los mineros de la asociación sin título. Las multinacionales no se comprometen, hacen lo que quieren. Realizan un trabajo contra la naturaleza, pues las leyes son vulneradas; los residuos los vacían donde sea, dicen que echan químicos que |
| Contexto del conflicto socioambiental | Lucha ambientalista (agua vs. oro), conflictos sociales | no son perjudiciales, pero quién sabe si será cierto o no. Soy minero independiente y no tengo título, tengo mi propia finca. Me persigue el Gobierno y las multinacionales me amenazan con expropiarme. Las opciones que he buscado para sobrevivir son aniquiladas, como en el caso de la cría de cabras: la CDMB me envió pumas que las devoraron. | ||
| 05 | La gente ya no quiere cultivar la tierra, se volvió facilista al depender solo de las multinacionales, puesto que con cultivar la tierra no va a tener su platica mensual. Esto ha hecho perder la identidad del californiano. Estoy de acuerdo con que se respeten las actividades tradicionales del campesino, o sea que no lo desplacen a las ciudades, porque allí por mucha plata que se les dé no saben comportarse ni tienen los conocimientos para sobrevivir. | |||
| Marco legal | 02 | La norma ambiental colombiana es muy exigente y eso hace que haya muchos controles, pero son iguales para la gran minería y para la pequeña, y es muy difícil cumplir esa norma para el pequeño minero. | La norma ambiental colombiana es igualmente exigente para la gran y la pequeña minería. Para el pequeño es imposible cumplirla, y esto aumenta la presión para vender a las multinacionales. | |
| 03 | Las políticas de Estado ahogan al pequeño minero con las exigencias tan altas del Ministerio de Minas, el de Ambiente y las autoridades ambientales. Le queda como única alternativa vender a las multinacionales. |
| Contexto del conflicto socioambiental | Marco legal | 04 | Las multinacionales no tienen cultura del cuidado que aplique la norma, hacen lo que quieren. | |
| Influencia de los grupos armados | 01 | En tiempos pasados la presión de la guerrilla fue grande, lo que llevó a muchos a venderles a las multinacionales. | En tiempos pasados la presión de la guerrilla fue grande, lo que llevó a muchos a venderles a las multinacionales. Cuando estaba la guerrilla todo era mejor, había insumos. Hoy el Ejército solo cuida a las multinacionales. | |
| 02 | Los grupos guerrilleros en el pasado extorsionaban, pedían vacunas, entonces el Ejército restringió los insumos y eso aumentó la presión y la crisis. Esto llevó a relacionar los movimientos sociales con movimientos de izquierda, por eso no nos asociamos. | |||
| 03 | Las tomas guerrilleras del pasado habían acabado financieramente el municipio. | |||
| 04 | Cuando estaba la guerrilla todo era mejor, facilitaban elementos como la dinamita, la pólvora. Ahora el Ejército cuida solo a las multinacionales y persigue al minero tradicional. |
Tabla 4. Actores sociales de Vetas: Contexto del conflicto socioambiental
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