Operación Turia

Operación Turia

La III Región Militar durante el 23-F

Roberto Muñoz Bolaños

ISBN: 978-84-15930-38-9

© Roberto Muñoz Bolaños, 2014

© Punto de Vista Editores, 2014

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Índice

EL AUTOR

INTRODUCCIÓN

1. LAS CAUSAS DEL INTERVENCIONISMO MILITAR. EL CASO ESPAÑOL

2. LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN MILITAR

3. LAS FUERZAS ARMADAS EN LA TRANSICIÓN (1975-1981)

4. LA SOLUCIÓN ARMADA. ORIGEN DEL GOLPE DE ESTADO DEL 23-F

4.1. Causas

4.2. El diseño de la operación golpista

4.3. La fase constitucional de la Solución Armada

4.4. La fase pseudoconstitucional de la Solución Armada

5. EL GOLPE DE ESTADO DEL 23-F

6. LAS COMANDANCIAS MILITARES DE LA III REGIÓN MILITAR DURANTE EL GOLPE DE ESTADO DEL 23-F

6.1. Los preparativos

6.2. Alicante

6.3. Castellón

6.4. Murcia

6.5. Cartagena

6.6. Albacete

6.7. Lorca

6.8. Alcoy

7. EL FINAL DEL GOLPE DE ESTADO EN LA III REGIÓN MILITAR. MILANS DEL BOSCH, ARRESTADO

CONCLUSIÓN

FUENTES DOCUMENTALES

TESTIMONIOS PERSONALES (RECOGIDOS POR EL AUTOR)

BIBLIOGRAFÍA

EL AUTOR

Roberto Muñoz Bolaños (Madrid, 1970) es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de la Universidad Camilo José Cela y del Instituto General Gutiérrez Mellado de la UNED, ha escrito numerosos libros y artículos centrados en dos campos: la historia militar y la didáctica de las Ciencias Sociales. Su tesis doctoral, “La involución militar en la Transición: el golpe de Estado del 23-F”, es el primer trabajo académico sobre este tema y ha sido calificada con la máxima nota posible (apto cum laude), no en vano es su autor el mayor especialista universitario sobre este tema.

INTRODUCCIÓN

En la noche del 23 al 24 de febrero de 1981, 54 carros de combate M-47 circularon por las calles de la ciudad de Valencia en la que fue una de las imágenes más famosas del golpe de Estado. Imagen que simbolizó también la ocupación de la III Región Militar por unidades del Ejército, y que no sólo se limitó a la ciudad de Valencia, sino que incluyó también el resto de las provincias de esta región militar: Alicante, Castellón, Murcia y Albacete. Esta operación, estrictamente militar, hasta el extremo de que se prohibió cualquier manifestación de la extrema derecha representada por el partido Fuerza Nueva, se denominaba Turia, y formaba parte de una más amplia, cuyo objetivo era convertir al general de división Alfonso Armada Comyn en presidente de un Gobierno de concentración nacional, integrado por los principales partidos del arco parlamentario. Si hubiera alcanzado el éxito, el teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar, se habría puesto a las órdenes del nuevo presidente del Gobierno, habría pasado a convertirse en presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y, por tanto, en la máxima jerarquía militar española; así como el Gobierno salido del golpe de Estado habría procedido a congelar el desarrollo autonómico, a cambiar la política económica, a mejorar las relaciones con la Iglesia católica, a fortalecer el orden público y a desencadenar una ofensiva con todos los medios posibles contra la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Pero esta operación golpista no incluía, a pesar de lo que se ha dicho, listas de personas que deberían detenerse inmediatamente, ni mucho menos, la posibilidad de ejecuciones inmediatas. En la Europa Occidental de los años ochenta del siglo XX era imposible un golpe de Estado como los que se habían producido en el Cono Sur en los setenta. En todo caso, con este programa, los planificadores de la operación pensaban acabar con la situación de crisis que padecía España en dos años; después de los cuales, el Gobierno presidido por el general Armada habría cesado en sus funciones y convocado elecciones legislativas, acabando así con la situación de excepción existente.

Sin embargo, el golpe de Estado fracasó, y por esta acción y por su participación anterior en la operación golpista, tres militares destinados en la III Región Militar fueron imputados, juzgados y condenados: el capitán general Milans del Bosch, máxima autoridad de la misma (30 años de prisión); el coronel de Ingenieros diplomado de Estado Mayor Diego Ibáñez Inglés, segundo jefe de Estado Mayor de dicha región militar (10 años de prisión), y el teniente coronel de Infantería Pedro Mas Oliver, ayudante de Milans del Bosch (6 años de prisión). Pero no lo fueron los generales, jefes y oficiales que en todas las comandancias militares de la III Región Militar obedecieron las órdenes de Milans del Bosch –a pesar de su carácter manifiestamente ilegal–, haciendo posible la sublevación completa de este territorio militar; sin que además recibieran ninguna orden contraria desde Madrid.

El objetivo de esta investigación es explicar la sublevación en todas y cada una de las comandancias de la III Región Militar durante el golpe de Estado del 23-F y la actitud seguida por sus principales mandos durante la misma. Mandos que, en su totalidad, pertenecían a los tres grupos más intervencionistas del Ejército: las promociones de la II República (Milans del Bosch); los Alféreces Provisionales (la mayor parte de los generales de la III Región Militar); y las diez primeras promociones de la Academia General Militar en su tercera época (general Emilio Urrutia Gracia, jefe del Estado Mayor de la III Región Militar, y coroneles y tenientes coroneles de la misma). Mandos cuya actitud demostró, a lo largo de las 16 horas y media en las que se prolongó la ocupación del Congreso de los Diputados, que existía un importante componente golpista en el imaginario colectivo de la mayoría de los generales, jefes y oficiales que componían el Ejército español. Se trata de un conjunto de hechos históricos que nadie ha investigado hasta ahora, y que son clave para demostrar que el golpe de Estado del 23-F fue un proceso más complejo y extenso de lo que se ha explicado hasta el día de hoy.

En la elaboración de esta investigación hemos utilizado como base las principales fuentes primarias que existen sobre el golpe de Estado del 23-F: el sumario de la Causa 2/81, el acta de la vista oral y las dos sentencias existentes, la del Consejo Supremo de Justicia Militar y la del Tribunal Supremo.

Para desarrollarla, la hemos articulado en siete puntos. En el primero, explicamos las causas que provocan el intervencionismo de las Fuerzas Armadas en el ámbito político. En el segundo, describiremos los diferentes tipos de intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito político, de acuerdo con la tipología de Samuel E. Finer. En el tercero, analizamos el papel de las Fuerzas Armadas en el proceso de cambio político iniciado tras la muerte del general Franco. En el cuarto, describimos el diseño del golpe de Estado del 23-F, y el papel que dentro del mismo correspondía a la III Región Militar y a su capitán general, Milans del Bosch. En el quinto, hacemos una síntesis del desarrollo de las diferentes fases en las que se divide esta operación golpista. Por último, desarrollamos en el sexto y séptimo capítulos la parte central de esta obra, donde se aborda la situación de las comandancias de la III Región Militar durante el golpe de Estado.

1. LAS CAUSAS DEL INTERVENCIONISMO MILITAR. EL CASO ESPAÑOL

Las razones que han provocado el intervencionismo de las Fuerzas Armadas en el ámbito político han sido estudiadas por numerosos historiadores y politólogos, la mayoría de origen anglosajón, destacando sin duda Samuel E. Finer, Charles Moskos, Morris Janowitz y Charles Huntington. A partir de sus obras, y de nuestras investigaciones, hemos elaborado una tipología propia, que se articula en nueve condiciones que justifican y hacen posible la intervención de los militares en política, y que en la España de 1975 se cumplían en su totalidad:

Patriotismo versus supremacía civil. Consideraban que su lealtad a la nación como concepto se situaba por encima de la obediencia a las autoridades civiles. Algunos autores, como Gabriel Cardona defienden que el franquismo había creado las Fuerzas Armadas más obedientes de la historia de España. Pero esto no es cierto completamente. El Ejército había actuado como elemento constituyente del régimen, y a partir del 1 de octubre de 1936, un militar, que encabezaba el escalafón de los tres ejércitos, había sido el jefe del Estado, y a su vez, otro miembro de las Fuerzas Armadas dirigía cada uno de los tres ministerios militares. Por tanto, los militares se habían limitado a obedecer a sus jefes naturales, ya que la cadena de mando terminaba en el propio Franco, capitán general de los Ejércitos, y no en las autoridades civiles, que no ejercían ningún mando directo sobre los militares, siendo el principal sostén del régimen. A la muerte de Franco, los militares trasladaron esa lealtad a su sucesor, el rey Juan Carlos I, convertido en capitán general. Sin embargo, esa lealtad no era tan profunda como la que sentían con Franco, ya que la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas no era monárquica, lo que explica que no dudasen en enfrentarse con los gobiernos de turno, e incluso pusieran en tela de juicio la figura del monarca, apoyándose para ello en el patriotismo.

La falta de profesionalismo. Las Fuerzas Armadas españolas no eran un cuerpo completamente profesionalizado. Durante el franquismo, sus miembros habían actuado en numerosos ministerios y organismos, destacando en este sentido el Instituto Nacional de Industria (INI), y habían controlado las Fuerzas de Orden Público. Estos hechos les habían permitido extender su influencia en determinados sectores de la administración y ponerles en contacto con la clase política franquista, estableciéndose vías de relación que favorecerían su intervención en el ámbito político.

El destino manifiesto de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas españolas eran, como señala Finer, una de las organizaciones militares con un más alto concepto de su importancia, y de su función como defensores de la patria, y sus únicos salvadores en los momentos de crisis. Esta consideración tenía su origen en la Guerra Civil, que para la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas en 1975 seguía siendo una cruzada que había evitado la destrucción de España. En este sentido, el teniente general Manuel Díez-Alegría, uno de los miembros más liberales de las Fuerzas Armadas, había escrito: “...pueden existir casos, enormemente restringidos exactamente, en que las Fuerzas Armadas pueden, sin afiliarse a ninguna corriente de opinión determinada, pero haciéndose eco del sentimiento general de su país, recoger de la calle los atributos del poder para impedir con ello la pérdida de la Nación, al perderse sus esencias fundamentales”.

La necesidad de prestigio de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Las Fuerzas Armadas españolas gozaban de un inmenso prestigio entre las clases más conservadoras de la sociedad española de la Transición, que las consideraban el único dique capaz de detener el proceso de disgregación que se había iniciado tras la muerte de Franco. Este apoyo al ejército se manifestaba fundamentalmente a través de medios de comunicación como El Alcázar, El Imparcial o El Heraldo Español.

La defensa del interés nacional. Las Fuerzas Armadas españolas justificaron sus intervenciones a lo largo de la Transición apoyándose en el interés nacional, especialmente en su lucha contra el terrorismo, el separatismo y el desorden público, que estaban poniendo en peligro la propia existencia de España como nación.

La defensa de intereses sectoriales. Las Fuerzas Armadas españolas tenían intereses sectoriales que defender durante la Transición. Así, si bien sus intervenciones no podrían vincularse con ninguna clase determinada, ya que económicamente los militares españoles se situaban en el espectro de la clase media; si existían intereses regionales, pues mayoritariamente procedían de territorios de cultura castellana, teniendo un desprecio muy acusado por cualquier manifestación cultural española de otra procedencia, a la que consideraban siempre como “separatista”, y defendían importantes interés corporativos, especialmente su deseo de mantenerse fuera del control del Gobierno, dependiendo directamente del rey.

La existencia de frustraciones en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas españolas en 1975 no eran todavía una institución frustrada, a pesar del escaso sueldo de sus integrantes y la pobreza de su armamento. Por el contrario, se habían forjado en dos victorias: la campaña de Marruecos (1909-1927) y la Guerra Civil (1936-1939). Ni siquiera la lamentable campaña del Sahara Occidental (1974-1975) había modificado esa mística victoriosa. No obstante, a lo largo de la Transición, un hecho habría de causar una gran frustración en el seno de las Fuerzas Armadas españolas: el azote del terrorismo revolucionario, especialmente de carácter izquierdista, como los Grupos Revolucionarios Armados Primero de Octubre (GRAPO), y nacionalista, como Euskadi Ta Askatasuna (ETA), el principal grupo terrorista de este periodo, que pasó de asesinar 16 personas en 1975 a acabar con la vida de 92 en 1980, la mayoría pertenecientes a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden Público. De estas muertes, los militares no dudaron en acusar al Gobierno por su incapacidad para frenar la acción de estas organizaciones; siendo una de las causas fundamentales del intervencionismo de las Fuerzas Armadas en política.

La incapacidad de las autoridades civiles para acabar con los problemas del país. A lo largo del periodo comprendido entre 1975 y 1978, y de forma más clara a partir de esta última fecha y hasta 1982, los integrantes de las Fuerzas Armadas llegaron a la conclusión de que los sucesivos gobiernos postfranquistas eran incapaces a la hora de frenar de forma contundente el deterioro del país, especialmente en tres grandes ámbitos: terrorismo, crisis económica y aumento del separatismo y el independentismo. Esta incapacidad sería una de las justificaciones para su intervención en el ámbito político.

La existencia de una coyuntura favorable. Entre 1975 y 1982, España vivió inmersa en una situación de crisis, de la que el azote del terrorismo fue una de sus manifestaciones más importantes. La otra fue la crisis política, derivada del cambio de régimen, y la crisis económica, provocada por el aumento del precio del petróleo a partir de 1973 con la guerra del Yon Kippur, y de nuevo en 1979, con la caída del sha de Irán. Esta crisis se reflejó en dos hechos de extraordinaria importancia: el desempleo pasó de poco más de 250.000 personas en 1975 a más de 1.500.000 en 1981, y la inflación del 14,096 por ciento al 15,02 en el mismo periodo con un extraordinario pico en 1977 donde alcanzó el 26,4 por ciento. Sólo a partir de 1982, coincidiendo con el comienzo de proceso de consolidación democrática, la situación económica comenzó a mejorar.

Junto a estas nueve condiciones, existen otras tres que, según nuestra opinión, son las que explican el triunfo de las intervenciones militares en cualquiera de sus formas:

La unidad de las Fuerzas Armadas. Toda intervención militar alcanza un éxito completo cuando las distintas ramas de las Fuerzas Armadas actúan conjuntamente, sin que existan divergencias en el seno de las mismas. Por el contrario, si las Fuerzas Armadas se dividen, la intervención militar puede terminar en fracaso, e incluso acarrear una guerra civil. Eso fue lo que ocurrió en España en 1936.

La existencia de un líder. Es literalmente imposible que una intervención militar, sea en la forma que fuese, alcance el éxito si las Fuerzas Armadas no tienen un líder indiscutido; ya que eso crearía divisiones, tensiones y facciones en el seno de las mismas, debilitando su intervención y provocando su fracaso.

El reconocimiento del nuevo gobierno por, al menos, una gran potencia. Reconocimiento necesario para legitimar la intervención militar y su triunfo en el ámbito internacional.

Estas tres condiciones que justifican el triunfo del intervencionismo militar, no se daban durante el periodo de la Transición, ya que no todos los miembros de las Fuerzas Armadas estaban dispuestos a intervenir en política; tampoco existía un líder indiscutido dentro de las mismas, pues la figura del general Franco lo había impedido, y tampoco los países del bloque occidental, al que España pertenecía, estaban dispuestos a avalar una intervención militar pura que truncase el proceso de democratización que se había iniciado tras la muerte del dictador en 1975.

Para explicar la inexistencia de la primera de las condiciones que hacen posible el triunfo de cualquier intervención militar, es necesario partir de dos hechos: el primero era la propia estructura de las Fuerzas Armadas españolas en 1975, y especialmente la composición de la oficialidad del Ejército español, la más numerosa de las Fuerzas Armadas, y por tanto, la única con capacidad real para poner fin al proceso de reforma política, como demuestra la siguiente tabla (Alto Estado Mayor, 1976):

Esta fuerza no era homogénea en cuanto a su formación, distinguiéndose en este sentido cuatro grupos perfectamente definidos. El primero, estaba constituido por los generales de Franco, es decir, aquellos militares formados bajo su dirección en la Academia General Militar durante el periodo comprendido entre 1928 y 1930. Miembros de este grupo ocupaban, a la muerte de Franco, los primeros puestos del escalafón militar, y estaban a cargo de la casi totalidad de la capitanías generales, la jefatura del Estado Mayor Central –el cerebro del Ejército– y el Ministerio del Ejército. Su formación castrense había tenido lugar en los últimos años de la monarquía de Alfonso XIII, y los primeros de la República. Habían vivido las tensiones sociales y políticas que había caracterizado a ésta, y, luchado como oficiales de carrera en la Guerra Civil. Conflicto en el que habían resultado vencedores, pero que también había sido una experiencia traumática para ellos, por la destrucción que había traído consigo. Estos hechos, unidos a su avanzada edad, les hacían ser conservadores, y poco amigos de cualquier cambio que supusiese una liberalización del sistema político vigente. Sin embargo, eran hombres obedientes, y poco dispuestos a intervenir en política −salvo excepciones−, si la situación no se consideraba irreversible. A este grupo pertenecía el principal militar de la transición, Manuel Gutiérrez Mellado.

El segundo grupo de oficiales estaba constituido por los hombres que habían entrado en el Ejército, en tiempos de la II República, habían participado en la Guerra Civil y, en muchos casos, en la División Azul. El día de la muerte de Franco, sólo tres militares de este grupo habían alcanzado el grado de teniente general: José Miguel Vega Rodríguez, Pedro Merry Gordon y Carlos Fernández Vallespín. Sin embargo, su avance en los escalafones a lo largo de los primeros años de la Transición, los convertiría en los auténticos protagonistas militares de este periodo. Eran, igual que en el caso anterior, obedientes, conservadores, reacios al cambio, y, salvo contadas excepciones, indiferentes en materia política (apartidistas). Sin embargo, a diferencia de aquéllos, algunos de sus miembros estaban más dispuestos a intervenir en el proceso político, o por lo menos, a exponer en público, sus impresiones sobre las consecuencias de la transición a la democracia. A este grupo pertenecía el teniente general Jaime Milans del Bosch y Ussía.

El tercer grupo lo formaban los llamados alféreces provisionales. Procedían del mundo civil, y habían ingresado en el Ejército durante la guerra. Al final del conflicto, más de diez mil oficiales de este grupo −exactamente diez mil setecientos nueve− se habían incorporado al mismo como profesionales, engrosando los escalafones. Procedentes mayoritariamente de familias de clase media y, en buena medida, de zonas rurales; su formación básica la recibieron entre los 17 y los 20 años, durante la guerra o la inmediata posguerra. De ello en parte deriva el acentuado carácter conservador de este grupo, anticomunista, antiliberal y fuertemente nacionalista, lo que les convirtió en los más firmes defensores de las esencias del régimen franquista. Esto se hizo patente, a partir de 1958, con la creación de la Hermandad de Alféreces Provisionales, que agrupaba tanto a civiles como a militares que no estaban dispuestos a tolerar lo que ellos consideraban la perversión del régimen por la política tecnocrática del Opus Dei. Eran, por tanto, el grupo de oficiales más ideologizados y franquistas. Sin embargo, al igual que en los dos casos anteriores, se habían acostumbrado a obedecer, sin discutir, cualquier orden emanada del Gobierno. A este grupo pertenecía el general de división Alfonso Armada y Comyn.

El cuarto grupo estaba constituido por los oficiales de la Academia General Militar, formados a partir de 1941. No era un colectivo homogéneo. El historiador Fernando Puell lo divide a su vez en tres subgrupos. El primero estaría formado por las promociones comprendidas entre 1942 y 1951. Ideológicamente se aproximaban a los alféreces provisionales, de los que les separaba su superior preparación técnica y profesional, rasgo que aireaban para marcar distancias con ellos. A este grupo pertenecía el teniente coronel de la guardia civil Antonio Tejero Molina.

El segundo subgrupo, comprendido por las promociones de 1952 a 1963, componía un conjunto peculiar, muy atípico en un régimen autoritario, debido a que nadie se preocupó de formarles ideológicamente durante su educación castrense. Se les exigió estudiar táctica, tiro, topografía, etc., pero, se les permitió cultivar la mente de forma más libre. A este grupo pertenecía el comandante de Infantería diplomado de Estado Mayor José Luis Cortina Prieto.

Por último, el quinto de los grupos que venimos analizando es el integrado por las promociones formadas entre 1964 y 1975 eran fuertemente franquistas, gracias a la labor del entonces general de brigada de Infantería Carlos Iniesta Cano, director del centro, que creó unos ciclos de conferencias, para que los más importantes ideólogos del franquismo (Jesús Fueyo y Blas Piñar, entre otros), adoctrinasen a los cadetes. Valga de ejemplo la descripción que realizan el sociólogo Julio Busquets y el historiador Miguel Ángel Losada sobre el adoctrinamiento de la oficialidad en los años 1970-1973, momentos en los que se impone en las Fuerzas Armadas el criterio del sector más conservador. Sin embargo, dada la edad y el grado de sus miembros -tenientes y capitanes-, era, sin duda, el menos importante de los subgrupos del Ejército.

El segundo hecho que acaba con la unidad corporativa de las Fuerzas Armadas será la política militar de Gutiérrez Mellado, como veremos más adelante.

No obstante, a pesar de las diferencias existentes entre los diferentes grupos de oficiales del Ejército, en cada uno de ellos −especialmente entre los formados durante la república, los alféreces provisionales, y el primer subgrupo de la Academia General Militar−, existían oficiales más activos políticamente que sus compañeros, e incluso con más predisposición al golpismo, que podían dar al traste con el sistema democrático; justificando su acción en las nueve condiciones ya señaladas.