Read the book: «La transición energética en la Argentina»
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Introducción
Parte I. La energía y la transición como problemáticas integrales
1. Crisis socioecológica, léxico crítico y debates sobre las transiciones (Maristella Svampa)
Nuestros tiempos de Antropoceno
Léxico crítico del Antropoceno. Miradas desde el Sur Global
El rol innovador de los movimientos socioambientales
Debatir la transición socioecológica
2. Perspectivas sobre energía y transición (Pablo Bertinat, Melisa Argento)
Una mirada crítica, integral y relacional de la energía
¿Qué fue de las transiciones? Del incremento en la intensidad energética al paradigma de las desigualdades
Caracterización del sistema energético
Los caminos de una transición energética justa y popular
Coordenadas de una transición energética justa y popular
A modo de conclusión
3. Los sindicatos frente a la crisis socioecológica y la transición energética (Cecilia Anigstein)
¿Una transición justa?
Génesis de la transición justa en el movimiento sindical internacional
Entre la gobernanza global y la globalización desde abajo
Sindicatos, conflictos y transición justa. Experiencias internacionales
La transición justa en el escenario latinoamericano
Parte II. El fosilismo como horizonte estructurante y sus problemas
4. La transición energética en la prensa escrita argentina (2012-2019) (Felipe Gutiérrez Ríos)
El debate sobre la transición energética en un contexto global
Las disputas por el sentido en torno a la transición energética
La transición energética con Vaca Muerta
Perspectivas: el desarrollo sustentable y la economía verde
La transición energética sin Vaca Muerta
Perspectivas ambientales en la izquierda nacional y anticapitalista
Un debate a la sombra de Vaca Muerta
5. ¿Transición energética en el Cono Sur? Renovables, potencia público-social y neoextractivismo en la era del declive fósil (Bruno Fornillo, Martín Kazimierski, Melisa Argento)
La transición chilena, el laboratorio verde del mercado
La transición uruguaya, ¿descentralización público-social o para el capital?
La transición argentina, el desembarco privado y el potencial público
La sociedad en movimiento frente a la mercantilización de la energía
6. La producción de energías extremas en la Argentina: Vaca Muerta interrogada (Gabriela Wyczykier, Juan Acacio, Jonatan Nuñez)
La tierra prometida: Vaca Muerta como esperanza pública
Vaca Muerta en acción: su importancia subnacional
Trabajo y regalías
La viabilidad económica y productiva de Vaca Muerta en cuestión
Tensiones, disputas y valoraciones divergentes en tierras fracturadas
El fracking en el centro de la polémica
La problemática del agua y los derrames
La tierra tiembla: sismos en Vaca Muerta
Conflictos en tierra mapuche
Conclusiones
Parte III. Alternativas, ambivalencias y falsas soluciones
7. ¿Son los agrocombustibles parte del problema o de la solución?. Pensar la transición energética desde el sistema agroalimentario (Nazaret Castro)
El sector de los agrocombustibles en la Argentina
La sustentabilidad como discurso legitimador. Los impactos socioambientales de los agrocombustibles de primera generación
Segunda, tercera y cuarta generación de agrocombustibles: ¿parte del problema o de la solución?
Pensar la energía en el marco de la transición ecosocial: la agroecología como proyecto político
8. El litio y la acumulación por desfosilización en la Argentina (Melisa Argento, Ariel Martín Slipak, Florencia Puente)
La configuración de la cadena global de valor de las baterías de litio y el marco normativo de las actividades extractivas
Presión extractivista e insustentabilidad de la minería del litio en los salares argentinos
La crítica radical por transiciones socioecológicas justas
Reflexiones sobre el litio, de cara a una transición energética popular
9. Las ambivalencias de las energías renovables. Del Programa RenovAr a la generación distribuida (Martín Kazimierski)
RenovAr, un programa financiero antes que productivo
Política industrial extranjerizadora
Contratos errantes, costos estatales
Pensar un sistema alternativo a partir de la generación distribuida
Motivaciones políticas, estímulos económicos y diálogo social
Reflexiones finales. Debates y combates por la transición (Maristella Svampa, Pablo Bertinat)
Sobre las autoras y los autores
Fuentes
Maristella Svampa
Pablo Bertinat
compiladores
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA ARGENTINA
Una hoja de ruta para entender los proyectos en pugna y las falsas soluciones
Juan Acacio • Cecilia Anigstein • Melisa Argento • Nazaret Castro • Bruno Fornillo • Felipe Gutiérrez Ríos • Martín Kazimierski • Jonatan Nuñez • Florencia Puente • Ariel Slipak • Gabriela Wyczykier
Svampa, Maristella
La transición energética en la Argentina.- Maristella Svampa; Pablo Bertinat, comps.- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2022.
Libro digital, EPUB.- (Otros Futuros Posibles)
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-801-139-4
1. Crisis Ecológica. 2. Crisis de Energía. 3. Combustibles. I. Bertinat, Pablo. II. Título.
CDD 363.70561
© 2022, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Diseño de colección y de cubierta: Pablo Font
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: marzo de 2022
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-139-4
Introducción
1.
Pocos recuerdan ya el apagón ocurrido en la Argentina el domingo 16 de junio de 2019.
Ese apagón, que afectó también a Uruguay y Paraguay, hizo que sintiéramos el roce de la catástrofe y advirtiéramos la importancia de la energía en nuestras vidas. Por primera vez en la historia del país, el corte se registró en la casi totalidad del territorio nacional y afectó a un mismo tiempo a unos cincuenta millones de personas. Ese domingo se festejaba el Día del Padre y, en medio de un diluvio sin fin, en algunas provincias se votaba para elegir nuevos representantes. La electricidad se restableció ese mismo día, de modo gradual; primero en las grandes ciudades, después en varios partidos del Conurbano bonaerense; por último, en las provincias y localidades más lejanas, donde al apagón extendido se sumó muy rápidamente la falta de agua. Hubo una excepción: la pequeña localidad de Ticino, en Córdoba, que, a menos de 200 km de la capital de esa provincia, cuenta con tres mil habitantes; allí opera una central termoeléctrica de biomasa, que obtiene energía a partir de la cáscara de maní como materia prima combustible.[1]
A otra escala, en 2017, el colapso sanitario y energético asoló Puerto Rico, una isla recurrentemente azotada por huracanes en tiempos de crisis climática. El 6 de septiembre de ese año, tras el paso del huracán Irma, con vientos de cerca de 170 km/h, por el extremo norte del país, más de un millón de personas amanecieron sin luz. Dos semanas después, el paso del huracán María, de categoría 4 y vientos de unos 200 km/h, dejó sesenta y dos muertos, según las cifras oficiales; más de mil, según investigaciones independientes. La isla quedó en penumbras. El huracán arrancó de cuajo los techos y dejó comunidades a oscuras durante meses.[2] Hubo una sola excepción en la isla: Adjuntas, un pequeño poblado situado en la cordillera central, donde se encuentra la sede de Casa Pueblo, un proyecto de gestión comunitaria que desde 1999 opera con energía renovable, gracias a la cual se convirtió en un oasis energético en medio de un escenario catastrófico. Durante el paso del huracán, el fundador de esta ONG –el ingeniero Alexis Massol, quien en 2002 obtuvo el premio Ambiental Goldman, equivalente al Nobel en esta área–, estuvo transmitiendo en vivo desde su radio comunitaria para informar a la población y coordinar las tareas de limpieza y ayuda a los afectados. Tras el paso de la tormenta, los vecinos comenzaron a acercarse a Casa Pueblo para recargar sus celulares o someterse a tratamientos médicos que requerían uso de electricidad. En la emergencia y gracias a la solidaridad internacional, Casa Pueblo repartió catorce mil lámparas solares y acompañó la instalación de paneles fotovoltaicos en las casas y lugares que por razones de salud los necesitaban.
Asi surgió la idea de iluminar ese municipio de más de dieciocho mil habitantes con energía solar, tarea para la que los puertorriqueños en el exterior comenzaron a asumir un papel fundamental, enviando bombillas solares. Dicho de otro modo, el huracán María abrió una oportunidad para dejar atrás un sistema energético fósil, dependiente del continente (los Estados Unidos) y controvertido por sus tarifas elevadas, pero además obsoleto por utilizar fuentes no renovables. Refiriéndose al sistema de lamparillas solares, Arturo Massol Deyá –director adjunto de Casa Pueblo–, especificó: “No depende de las líneas de transmisión ni distribución, es libre de combustibles fósiles, inmediato, liviano, seguro, económico y beneficia a la gente directamente” (Arroyo, Corbella y Poveda, 2017). En medio de la crisis, Casa Pueblo propuso avanzar en un programa de expansión de la energía solar, “50% con SOL”, para que –con el año 2027 como meta– la mitad de la isla de Puerto Rico diera el salto al sistema solar de generación de energía, un modelo local que se pensó en clave de responsabilidad planetaria.
El carácter innovador de las experiencias de resiliencia sale a la luz en momentos de catástrofe climática. Dicho de otro modo, la vivencia cada vez más palpable del colapso convive con la difusión de nuevas experiencias colectivas, ligadas a la sostenibilidad de la vida y llevadas a cabo por organizaciones y grupos de mujeres y hombres que apuestan por otros sistemas sociales y otros modos de relacionarse con la naturaleza.
Si retomamos al caso argentino, vemos que ciertamente el apagón de junio de 2019 no se puede atribuir a los impactos del cambio climático, sino a un “error operativo” de la empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión, Transener. Pero esta experiencia de desamparo que todos vivimos, marcada por el temor de haber visto la cola del monstruo en la oscuridad, bien podría haber servido para abrir el debate sobre la importancia de la energía en nuestras vidas; la situación crítica que atraviesa el sistema energético argentino; los enormes problemas ligados a su privatización, a la permanencia de un marco normativo neoliberal; la necesidad de un nuevo paradigma energético, basado en energías limpias y renovables, en fin, nada menos que la urgencia de colocar en la agenda pública la problemática de una transición energética justa y popular. Pero, como bien sabemos, nada de eso ocurrió.
2.
Pensar la transición en términos de paradigma energético es sin duda uno de los desafíos más grandes y complejos que se plantea a nuestras sociedades. Como se advierte en diferentes investigaciones de carácter teórico y empírico, la concepción de la energía como bien de uso mercantilizado, asociada a un paradigma productivista y a una visión antropocéntrica de la naturaleza, muestra limitaciones críticas tanto en lo que hace a la disponibilidad de recursos naturales, como a los impactos socioambientales que la extracción y utilización de energías provenientes de fuentes convencionales (básicamente combustibles fósiles) trae aparejados sobre los ecosistemas, los territorios y sus poblaciones.
Desde fines del siglo XX esta realidad energética ha venido impulsando debates sociales, políticos y filosóficos, así como diferentes estudios técnicos y económicos, que confirman la necesidad de repensar las políticas públicas, de llevar a cabo una transición hacia energías sustentables y renovables, de generar un nuevo paradigma orientado a la reconfiguración de las relaciones sociedad-naturaleza, al cambio del metabolismo social, a la reducción de las asimetrías y desigualdades sociales, a la transformación de relaciones de poder y dominación propias del escenario energético existente.
En los últimos ciento cincuenta años, la generación de energía ha estado basada en la explotación de combustibles fósiles. En este corto lapso, hemos extraído y consumido cada vez más recursos energéticos no renovables que la naturaleza ha tardado millones de años en crear. A escala global, en la actualidad estos recursos no renovables constituyen el 92,4% de la energía utilizada y, de este alto porcentaje conformado por recursos obtenidos de la tierra, el 82% proviene del carbono: gas, petróleo y carbón.
No por casualidad, suele afirmarse que la nuestra es una “civilización del petróleo”. Efectivamente, los hidrocarburos han sido cruciales en el cambio y en la expansión del consumo, pero esa matriz energética también ha estado asociada a la concentración de poder. Así, entre las mayores corporaciones transnacionales del mundo, las empresas petroleras ocupan un lugar destacado, con un gran poder de lobby a escala global y fuertes vasos comunicantes con el poder político, a escala nacional y subnacional. Más aún, desde que el petróleo devino un recurso estratégico, el acceso a los yacimientos siempre fue sinónimo de luchas de poder y de guerras imperialistas. En Sudamérica, un ejemplo de ello fue la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-1935), que dejó casi un millón de muertos. Detrás de esta guerra estaban los intereses de dos grandes corporaciones que se disputaban el posible petróleo del Chaco: la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell. En 2003, el entonces presidente de los Estados Unidos y accionista petrolero George Bush (h) inició una guerra –junto con sus aliados europeos– contra Irak, cuyo propósito era tomar control del petróleo, y dejó graves secuelas sociales y políticas que todavía pesan enormemente en ese país y en la agenda geopolítica.
Para los países capitalistas periféricos y dependientes, la fortuna de contar o no con tales recursos estratégicos, así como que el control de dicha renta estuviese a cargo del Estado, ha sido motivo de obsesión permanente y ha tendido a identificarse con la idea misma de soberanía nacional. No en vano, a mediados del siglo XX en América Latina, la expansión de las compañías petroleras estatales estuvo vinculada a los procesos de industrialización. La historia de un modelo que se exportó a otros países de Sudamérica –por ejemplo, la empresa argentina YPF, desde su creación en 1922 hasta su privatización en los años noventa– es emblemática no solo por su participación en todas las etapas de explotación, sino porque implicó el fortalecimiento del Estado nacional, así como el de las economías regionales.
Ahora bien, estos recursos estratégicos agotables, diseminados de manera azarosa en el subsuelo terrestre, están en franco declive. Los expertos suelen hablar de la aproximación al pico de petróleo (para algunos ya habría sucedido en 2006), momento a partir del cual la extracción de ese recurso y de gas convencional comenzaría a descender, y la humanidad tendría dos opciones: o encarar con seriedad la transición hacia un nuevo paradigma energético, o bien afrontar una fuerte crisis económica y tensiones políticas por el encarecimiento de ambos combustibles.
Además, la creciente importancia que durante los últimos decenios adquirieron la crisis climática y la agenda ecológica (calentamiento global, huella ecológica, extinción masiva, pérdida de biodiversidad y de resiliencia del planeta) ha generado mayor conciencia sobre los daños ambientales, sociales y sanitarios del actual modelo energético y la necesidad de orientarse hacia un cambio de paradigma. A esto se añaden, sobre todo en el Sur Global, las múltiples denuncias de organizaciones y movimientos socioambientales acerca de los impactos del neoextractivismo y sus modelos de maldesarrollo, el aumento exponencial de conflictos socioecoterritoriales y la ampliación de zonas de sacrificio.
Llamamos “transición energética” al pasaje de una concepción de la energía como commodity, de matriz fósil, agotable y con graves impactos sobre el ambiente, privada y concentrada, a otra que la considere bien común, renovable, descentralizada y sustentable en sentido pleno. Así, la transición representa un umbral de pasaje de un capitalismo fosilista altamente depredador a un modelo de posdesarrollo que articule justicia social con justicia ambiental bajo un paradigma relacional, que transforme nuestro vínculo con la naturaleza. En consecuencia, entendemos que no podemos plantear un debate sobre la transición energética si no lo inscribimos en un contexto más amplio e integral: el de la transición ecosocial justa, que postula la necesidad de una transformación en diferentes niveles, construyendo una sociedad resiliente y sostenible, igualitaria y democrática. No se trata entonces solo de descarbonizar el modelo energético, sino también de transformar el modelo productivo y, más en general, el sistema de relaciones sociales y el vínculo con la naturaleza.
Para ello es necesario abandonar las concepciones sectoriales y desarrollar una visión en verdad holística, capaz de pensar la transición energética dentro de la transición socioecológica. La primera es deudora de la segunda, es su condición misma de posibilidad. Una transición energética que no se inscriba en una visión integral, que no se ocupe de la radical desigualdad de la distribución de los recursos energéticos, que no propicie la desmercantilización y fortalezca las capacidades de resiliencia de la sociedad civil, solo abonará a una reforma parcial, sin modificar las causas estructurales del colapso que estamos atravesando.
3.
La transición energética debe ser pensada desde una perspectiva integral que abarque las diferentes dimensiones que la comprenden: técnica, social, económica, ambiental, política, cultural; que a la vez dé cabida a los factores geopolíticos del debate: tensiones, conflictos y relaciones de desigualdad en el avance de la transición entre países del Norte y emergentes, y los países del Sur; por último, que se focalice en la situación de la Argentina contemporánea.
Como señalamos, nuestro punto de partida es pensar la energía como un bien común. De hecho, casi toda ella procede de la fuente madre, el sol. En definitiva, los combustibles fósiles son resultado de procesos naturales en los cuales la energía solar desempeñó un papel preponderante. Lo mismo ocurre con la energía del viento, la del agua y otras formas, todas se deben a procesos naturales en los cuales interviene decisivamente la energía solar. En menor medida, otros elementos naturales como aquellos fisionables (uranio, por ejemplo), gravitacionales (las mareas) o del subsuelo (geotérmica) aportan al contexto energético.
Se trata de responder preguntas elementales. Por ejemplo, ¿qué entendemos por transición y, más específicamente, por transición energética? ¿Cuáles son las concepciones de transición energética que existen hoy? Si efectivamente no hay una única concepción de la transición energética y entonces está en disputa, ¿cuáles son los modelos y las propuestas en discusión para avanzar en este sentido? ¿Qué diferencias podemos advertir entre la agenda de transición energética del Norte y del Sur globales? ¿Es posible advertir la construcción de un modelo predominante de transición energética, por fuera de la dinámica mercantil? ¿Podemos disociarla de una transición ecosocial más integral? ¿Qué significa cambiar/transformar el sistema energético actual? ¿Para quién y para qué producir energía? ¿De qué modo inciden intereses, posiciones y asimetrías de actores políticos y de clase? ¿Qué límites presentan aquellas fuentes de energía que actualmente se presentan como limpias y renovables? ¿Qué tiene que ver ese cambio de rumbo con la participación desde abajo y, de modo más específico, con la democracia? ¿Qué sucede en América del Sur con la transición energética? ¿Es posible, según variables temporales (corto, mediano y largo plazo), diseñar arreglos socioeconómicos para hacer viable una transición desde un país dependiente y periférico?
Interesa aquí subrayar varias cuestiones. En primer lugar, diversos estudios han demostrado la incidencia determinante que posee la energía en la gobernabilidad. Claramente, un colapso energético continuado entrañaría el derrumbe de la sociedad, tal como la conocemos en la actualidad, debido al hecho de que nuestras sociedades son complejas y energívoras. De modo más acotado, la dificultad del autoabastecimiento, sea por factores endógenos (disminución de la generación) o por factores externos de diverso tipo (importación), implica afrontar graves problemas sociales. En el caso argentino, la energía entró en la agenda pública a partir de 2007, a raíz de las dificultades de la balanza comercial, que desde entonces no ha dejado de mostrar un déficit, lo cual se ha traducido en una restricción externa por los términos de intercambio. En efecto, la Argentina abandonó su capacidad de autoabastecimiento energético para comenzar a ser un importador de recursos, luego de un período crítico en la exploración y explotación de bienes primarios por parte de empresas transnacionales. En consecuencia, la problemática energética fue resituada en el debate público como una dimensión de la soberanía de primer orden, decisiva a la hora de consolidar perspectivas políticas y económicas de orientación productivista para el desarrollo del país. En este sentido, resulta de especial interés investigar y poner en discusión las características propias del entramado económico de la energía y la gestión que la Argentina realiza de los beneficios y la “renta energética” de bienes cada vez más escasos, no renovables, con impactos altamente contaminantes, así como indagar en el potencial de la industria de las energías renovables y sustentables, sus impactos territoriales y sobre las poblaciones; la capacidad de descentralizar, desconcentrar y democratizar la generación y distribución del sistema energético. Entendemos que estos elementos resultan muy significativos en las propuestas y estrategias públicas y sociales que contemplen la transición energética. Al mismo tiempo, es indudable que la geopolítica de la energía está en el centro de las relaciones internacionales, no solo por la voracidad inherente a la explotación de los combustibles fósiles en términos globales, sino también porque los países centrales se aprestan a realizar una transición basada sobre un proceso de descarbonización a gran escala, que garantice su desarrollo endógeno, y además se proponen la inserción subordinada y dependiente de los países de las periferias.
En segundo lugar, lo antes mencionado se vincula con la dimensión política de la energía y sus diferentes escalas. A fin de situar y problematizar la “cuestión energética” y los proyectos de transiciones posibles, urge desentrañar los condicionantes que los intereses de las grandes corporaciones globales acarrean, los dilemas propios de las provincias en tanto “propietarias” de los bienes naturales, la actuación del Estado nacional en este contexto, pero también la participación de los movimientos socioambientales y de los pueblos originarios, de las poblaciones afectadas y la sociedad civil en general, allí donde se implementan diferentes proyectos energéticos.
En tercer lugar, aspiramos a aportar una reflexión centrada en los procesos de transición energética, discusión nodal a escala global pero que, en la Argentina, pese a los debates que se han desplegado de un tiempo a esta parte, aún no han calado de manera contundente. Históricamente, la energía se consideraba un insumo para el desarrollo general, la soberanía y la industrialización; por esa razón había que sostener de manera constante la oferta y asegurar su control. La manera en que se aborde la “cuestión energética” permitirá avanzar en el análisis de los modos en que se resitúa la preocupación sobre la soberanía, cuáles son los alcances de lo que se comprende por independencia económica, cuáles las modalidades de aprovechamiento que se discuten y proponen en torno al potencial de energías renovables, cómo se relaciona con los patrones de consumo, cómo se vincula con el impulso de nuevas industrias tecnológicas, cómo se liga con los procesos de asimetría y desigualdad social, cómo se construyen modelos de desarrollo creativos y ecológicamente sustentables.
Frente a este dilema actual, más allá de las limitaciones, desde el Norte, algunos países europeos así como los Estados Unidos (recientemente, a raíz del cambio de gobierno), bajo programas alentados por el Green New Deal, han comenzado a programar una transición hacia otro paradigma energético, basado en la descarbonización, esto es, en el reemplazo de los combustibles fósiles por energías renovables (eólica, hidráulica, fotovoltaica, entre otras) y, en algunos casos, por la eficiencia energética y la descentralización productiva. Eso no ocurre en los países capitalistas periféricos –entre ellos, los latinoamericanos–, cuyas agendas energéticas están más ancladas a una geografía de la extracción vinculada a recursos no renovables –hidrocarburos–, y supeditadas a restricciones económicas y tecnológicas; su avance en programas de transición energética es muy lento. A esto hay que agregar el peso de la deuda externa y su asociación con el incremento de la deuda ecológica. El mandato exportador se basa en la aceptación –sin críticas– de la necesidad de generar divisas para pagar los intereses de la deuda financiera (Cantamutto y Schorr, 2021), lo cual obtura una discusión seria sobre la transición energética y, de modo más general, sobre la transición ecosocial y los modelos de desarrollo.
En suma, entendemos que la transición ecosocial debe estar asociada a la justicia climática global. La pandemia de covid-19, de carácter zoonótico, desnudó las responsabilidades de los modelos de desarrollo hegemónico o de maldesarrollo (deforestación, avance sobre ecosistemas silvestres, cría de animales a gran escala, entre otros). Asimismo, puso de manifiesto nuestra vulnerabilidad como humanidad, revelando algo tan evidente y natural como la interdependencia y la complementariedad, y con ello, la necesidad de reformular nuestro vínculo con la naturaleza. No por casualidad, desde 2020 se potenciaron las propuestas de transición ecosocial (discusiones sobre la renta básica, la cancelación de la deuda de los países más pobres, los impuestos a los sectores superricos, la descarbonización) y, muy particularmente, desde el Norte se ha acentuado la preocupación por concretar la transición energética hacia un sistema posfósil. Pero, como veremos en este libro, uno de los mayores riesgos es que en un contexto de aceleración del colapso sistémico y, en lo referido a la hoja de ruta de la transición ecosocial, desde el Sur Global continuemos siendo hablados por y desde los gobiernos del Norte, por y desde una transición corporativa que pregona las virtudes de la energía verde mientras acentúa el neoextractivismo y las desigualdades en nuestras poblaciones y territorios.
4.
Este libro colectivo aspira a realizar un aporte al estudio comparativo sobre la energía en la Argentina a través del prisma de las ciencias sociales, acentuando una perspectiva sociopolítica, socioantropológica y sociohistórica de la temática. Nuestra premisa inicial es que existe un territorio inexplorado, un área de vacancia analítica e investigativa sobre la cuestión energética desde una aproximación sistémica, multidimensional, compleja y situada como la que proponemos aquí. En esta línea, apostamos a poner en agenda una discusión necesaria, poco presente en el campo académico y político argentino. Sin embargo, aclaramos que nuestro objetivo no es el de agotar todos los aspectos del debate sobre la transición (tarea imposible, por cierto). Así, en este primer abordaje quedan fuera tanto la energía hidroeléctrica, por ejemplo, la producida a través de megarrepresas, como la energía nuclear –ambas, alternativas de transición energética muy controvertidas–, y la menos conocida: el hidrógeno verde.
Asimismo, tomamos como punto de partida la hipótesis de que las diferentes dimensiones de la cuestión energética dan cuenta de una ampliación de la brecha de la desigualdad entre países del Norte y del Sur globales, visible no solo en la persistencia de una matriz energética ligada a los combustibles fósiles (lo cual conlleva una expansión de las fronteras de la extracción), sino también en la consolidación de una neodependencia energética (entramado de extranjerización, sesgos de la balanza comercial, dependencia tecnológica, entre otros factores). En la primera parte del libro nos abocamos a una presentación más general de la problemática. Así, en el capítulo “Crisis socioecológica, léxico crítico y debates sobre las transiciones”, Maristella Svampa introduce un marco general para leer la crisis que estamos viviendo, al tiempo que sistematiza algunos de los conceptos críticos utilizados, entendidos estos como parte de un léxico indispensable, un vocabulario mínimo para pensar la crisis y la transición socioecológica desde el Sur Global. Por otro lado, el capítulo da cuenta del rol de los movimientos ecoterritoriales en la elaboración de una narrativa emancipatoria y en la incipiente discusión sobre la transición socioecológica. Por último, se ocupa de sintetizar algunos de los debates vinculados a la transición ecosocial, su alcance en ese mismo territorio y en el económico, y su puesta en agenda, al calor del covid-19 y sus impactos.
El segundo capítulo, de Pablo Bertinat y Melisa Argento, aborda con una mirada crítica e integral la cuestión nodal de la energía, situándola en el centro de la relación histórica y co-constitutiva del par sociedad-naturaleza. De ese modo, el texto apunta a clarificar una serie de conceptos claves para leer la problemática de la energía desde un punto de vista más general, al visibilizar, por un lado, las formas de apropiación y explotación que se encuentran en la génesis de la crisis socioecológica y civilizatoria y, por otro, la urgencia de impulsar alternativas hacia una transición ecosocial.
Esta primera parte general se cierra con un capítulo de Cecilia Anigstein, “Los sindicatos frente a la crisis socioecológica y la transición energética”. La autora analiza la noción de “transición justa” como parte de una narrativa que moviliza inicialmente al actor sindical de cara a conflictos ecológicos distributivos que afectan al mundo del trabajo. La expresión surge como respuesta defensiva frente a la destrucción de puestos de trabajo ocasionada por procesos de transición energética y reconversión industrial en los países centrales, en cumplimiento de los compromisos contra el cambio climático asumidos en los acuerdos multilaterales. Es, además, una estrategia frente a los nuevos empleos “verdes” y la expansión de plataformas digitales enmarcados en vínculos precarios, informales o salariales no reconocidos, que erosionan profundamente las bases de la representación de los sindicatos. En la actualidad existe un debate político-ideológico amplio con impacto en los programas y objetivos de las organizaciones sindicales que involucra a académicos, movimientos sociales y ONG, de contornos difusos y extendido tanto en los ámbitos de la gobernanza neoliberal como en las articulaciones desde abajo.
La segunda parte se abre con el capítulo “La transición energética en la prensa escrita argentina (2012-2019)”, en el cual Felipe Gutiérrez Ríos analiza los discursos que –con distintos abordajes de la cuestión ambiental– se sostuvieron durante la década pasada en la disputa mediática acerca de la idea de transición energética. Vaca Muerta entrañó el gran parteaguas de este debate. Por una parte, existen sectores que consideran que su explotación permite el desarrollo del gas como “combustible puente” de la transición energética, o como material explotable de manera complementaria a las energías renovables. Estos discursos están vinculados con las perspectivas del desarrollo sustentable y la economía verde. Por otra parte, sectores de izquierda, desde una perspectiva nacional-estatal y anticapitalista, discuten la utilización del fracking y proponen miradas que trascienden el problema de las fuentes para la transición energética.
Ahora bien, además del nivel de penetración que recientemente han tenido las energías renovables en los territorios australes, sus dinámicas han estado acompañadas por modalidades de aprovechamiento que han dejado al descubierto cuestiones no resueltas que, desde el mundo político e incluso académico, se dan por verdades consolidadas. ¿Es el desarrollo de las energías renovables una garantía de desfosilización? ¿De desarrollo económico sostenible? ¿De soberanía energética? ¿De participación social? En el contexto de los sucesos reales, todo indica que en el mediano plazo serán Chile y Uruguay los dos países pioneros a la hora de emprender una transición energética completa en Sudamérica y descarbonizar sus circuitos económicos; pero la clave está en el modo como la llevarán adelante. De esto se ocupa el capítulo de Bruno Fornillo, Martín Kazimierski y Melisa Argento, titulado “¿Transición energética en el Cono Sur? Renovables, potencia público-social y neoextractivismo en la era del declive fósil”.
En el siguiente capítulo, Gabriela Wyczykier, Juan Acacio y Jonatan Nuñez reflexionan sobre la producción de energías extremas en el megaproyecto Vaca Muerta ubicado en la zona norpatagónica de la Argentina, destacando la importancia que aún reviste el paradigma energético fósil predominante en nuestro país en términos tanto políticos como económicos y culturales. Con esta clave, el texto describe y analiza un conjunto de dimensiones relevantes para pensar el proceso de extracción de hidrocarburos no convencionales que se inició en 2011 en la provincia de Neuquén. Describe la relevancia de Vaca Muerta como promesa pública en los niveles nacional y provincial, destaca los cuestionamientos al fracking, y el modo en que los consensos y las divergencias sobre esta técnica privilegiada de extracción son recreados y actualizados por los distintos actores involucrados y afectados en el proceso productivo. Conjuntamente, indaga la viabilidad económico-productiva y financiera de la actividad y revisa los principales resultados de las operaciones desplegadas hasta 2019 y la composición nacional de las empresas que las llevaron adelante. Por último, analiza en profundidad el conflicto social con las comunidades mapuches que disputan el territorio objeto del avance de la frontera hidrocarburífera no convencional.
En la tercera y última parte se exploran algunas de las alternativas de transición energética: los biocombustibles, el litio, las energías renovables (generación distribuida y a gran escala). Así, el capítulo “¿Son los agrocombustibles parte del problema o de la solución? Pensar la transición energética desde el sistema agroalimentario” de Nazaret Castro, ofrece una panorámica del sector del agrodiésel en la Argentina –que en 2017 ya era el primer exportador y el tercer productor mundial–, en el marco del modelo del agronegocio, y reflexiona acerca de las posibilidades de que los agrocombustibles de segunda, tercera y cuarta generación contribuyan a la transición energética: tengamos en cuenta que su producción en nuestro país, en su mayoría a partir de soja transgénica, se multiplicó por diez en tan solo una década, en un contexto mundial donde se legitimaba como fuente de energía “renovable” y “verde”.
El capítulo dedicado a la problemática del litio y firmado por Melisa Argento, Florencia Puente y Ariel Slipak desanda algunos de los imaginarios ligados a la expansión de la explotación de este mineral en función de una agenda energética “limpia”. Describe en este camino las ambivalencias del escenario actual: por un lado, un futuro promisorio asignado al rol estratégico del litio en la transición –a la que se suman perspectivas de desarrollo e industrialización–, y, por otro, una modalidad de explotación que más bien reproduce las lógicas del conjunto de actividades neoextractivistas. Con esas prácticas, se vulneran derechos y se trasladan los costos hacia la naturaleza, los territorios y las poblaciones. Así, termina consolidándose un modelo de acumulación por desfosilización, conceptualización novedosa, acuñada por los autores, que ilumina con una nueva luz dichos procesos. Las luchas de los pueblos y las comunidades y los conflictos ecoterritoriales surgidos por la insustentabilidad de la minería del litio expresan una crítica radical a las formas en las que se concibe la transición energética corporativa y aportan claves para construir una transición justa ecosocial.
En el último capítulo, “Las ambivalencias de las energías renovables”, Martín Kazimierski analiza el desempeño del programa RenovAr como experiencia de transición corporativa e indaga en los factores determinantes que explican tanto su alta receptividad en las convocatorias como su bajo grado de desarrollo posterior. Asimismo, aborda las incipientes pero disruptivas experiencias de transición hacia modelos locales de generación, como experiencias alternativas de transición popular.
El libro se cierra con las reflexiones finales, “Debates y combates por la transición”, escritas por Maristella Svampa y Pablo Bertinat, cuyo objetivo es unir las distintas piezas, reponiendo los ejes centrales abordados: el marco general en términos de crisis socioecológica y crisis energética; el modo en que Vaca Muerta (y la explotación de los hidrocarburos no convencionales) obtura la discusión sobre la transición energética; las “falsas soluciones” adoptadas por el gobierno argentino con los biocombustibles; las ambivalencias y complejidades del litio y de las energías renovables; en fin, la reafirmación argumentada de nuestro rechazo a las vías de la transición energética corporativa y de qué entendemos por transición popular justa.
* * *
Este proyecto de investigación colectiva, originalmente titulado “La energía como problemática integral: Escenarios, geopolítica y transiciones. Una aproximación comparativa e interdisciplinaria al caso argentino”, fue financiado por la Agencia de Ciencia y Técnica (PICT 2016-1834), y estuvo radicado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Agradecemos especialmente a Silvia Moya, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP (encargada de administrar el proyecto) la enorme amabilidad, diligencia y empatía que siempre mostró para con nosotros, facilitando trámites que suelen ser lentos y engorrosos.
A la editorial Siglo XXI y especialmente a Caty Galdeano y Carlos Díaz, agradecemos por confiar en la importancia y urgencia de estos materiales, centrados en una problemática que recién ahora asoma en la discusión académica y pública. A Caty y el equipo editor sumamos los agradecimientos por los consejos a fin de volver más legible y fluida la lectura en la presentación de problemáticas que sabemos son por momentos arduas, además de complejas. Si de intervenir en la agenda pública se trata, somos conscientes de que es importante asegurar la accesibilidad de los textos, matizar en algún punto la tendencia academicista o excesivamente técnica de algunas investigaciones.
Una de las particularidades de este libro es que constituye el primer aporte conjunto que realizamos como Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre la Problemática Energética (Gecipe). Dicho espacio aparece como la continuidad natural de otras investigaciones que han estudiado las diferentes formas de neoextractivismo, los modelos de desarrollo, el colapso ecológico y la transición ecosocial, la energía renovable y la problemática del litio. Así, esta investigación reconoce en su origen diferentes filiaciones; entre ellas, las de otros grupos: “Modelos de Desarrollo en la Argentina Contemporánea”, “Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes comunes”, “Observatorio de Energía y Sustentabilidad” (Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Rosario [UTN-FRRo]). Sin dicha convergencia de trayectorias y disciplinas, muy probablemente la investigación y la reflexión presentadas en este libro habrían sido difíciles de realizar, dada su amplitud y complejidad.
Para quienes lo hicimos, es una gran satisfacción, además de todo un desafío, ofrecer este libro. Se trata de un producto ambicioso, deliberadamente incompleto, abierto al diálogo y el debate; una investigación financiada con fondos del Estado nacional y realizada en universidades públicas, lugares por excelencia desde los cuales abordar temáticas tan cruciales como urgentes que atraviesan a la sociedad contemporánea.
Grupo de Estudios Críticos e Interdisciplinarios sobre la Problemática Energética (Gecipe)
Buenos Aires - Dina Huapi - Rosario, diciembre de 2021
[1] Véase <www.lanacion.com.ar/economia/campo/ticino-pueblo-cordobes- se-salvo-del-apagon-nid2259006>.
[2] Conocimos esa experiencia gracias a Geneviève Azam, economista de la organización Attac France.
Parte I
La energía y la transición como problemáticas integrales
1. Crisis socioecológica, léxico crítico y debates sobre las transiciones
Maristella Svampa
Vivimos una era de incertidumbres y carente de parámetros que sirvan para comparar nuestro mundo con otros períodos históricos. En estas condiciones, las posibles respuestas de la naturaleza implican un salto abismal, un umbral de peligro hasta ahora desconocido. Como planeta, hace tiempo que hemos abandonado el Holoceno, caracterizado por la estabilidad climática, que duró aproximadamente entre diez mil y doce mil años y permitió la expansión y el dominio del ser humano. Hoy en día, ya convertidos en una fuerza de transformación con un alcance incluso geológico, transitamos el Antropoceno, una nueva era cuyos impactos destructivos a muy corto plazo ponen en peligro la vida y la reproducción de la vida en la Tierra.
La pandemia de covid-19 colocó en el centro de la escena problemáticas que antes estaban relegadas, minimizadas o invisibilizadas. En primer lugar, puso al desnudo las desigualdades sociales, económicas, étnicas y regionales y los altos niveles de concentración de la riqueza. Hoy, más que nunca, somos conscientes de que vivimos en un mundo de superricos, en un contexto de concentración profundizada bajo la globalización neoliberal durante los últimos treinta años al calor de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Tal como se viera durante la pandemia, tras varias décadas de neoliberalismo, es notorio el retroceso de los servicios básicos, no solo en la salud sino también en la educación (la brecha digital), en el acceso a la vivienda y la degradación del hábitat.
En consecuencia, la diseminación del virus puso en evidencia el fracaso del modelo de globalización neoliberal, lo cual no quiere decir que el neoliberalismo esté muerto ni agonizando. Lejos de ello: la crisis desatada por la pandemia exacerbó esas mismas desigualdades extremas en todos los niveles.
En segundo lugar, la pandemia mostró el vínculo estrecho entre crisis socioecológica, modelos de maldesarrollo y salud humana. Hasta marzo de 2020, el término “zoonosis” no formaba parte de nuestro lenguaje –ni trascendía la especialización en estudios veterinarios–. Quizá para algunos todavía sea un concepto algo técnico o lejano, pero en él reside la clave para entender el “detrás de escena” de la pandemia. En esa nada teatral trastienda del covid-19 se halla la problemática de la deforestación, esto es, la destrucción de ecosistemas que expulsa a los animales silvestres de sus entornos naturales. El contacto con otros animales y con humanos en ámbitos más urbanos posibilita una escalada en la transmisión de virus (precisamente, los zoonóticos, pasibles de saltar de una a otra especie e infectar a seres humanos) que estuvieron confinados durante milenios.Claro que el covid-19 no es el primer virus zoonótico que conocemos; ya hubo otros, incluso más letales (el ébola, el SARS, la gripe porcina y aviar, el vih/sida) (Quammen, 2020; Wallace, 2016; Ribeiro, 2020). Sin embargo, la interconexión e intensidad de los intercambios y la circulación de personas y bienes en el marco de la globalización abrieron la posibilidad de una diseminación más acelerada por todo el planeta.
El elemento revelador es que el avance del capitalismo sobre los territorios tiene la capacidad de liberar una gran cantidad de virus zoonóticos, altamente contagiosos, que mutan con rapidez, y para los cuales no tenemos cura. En suma, la pandemia mostró hasta qué punto hablar de Antropoceno no es solo una cuestión de crisis climática y calentamiento global, sino también de globalización y modelos productivos y alimentarios de maldesarrollo. Esto resaltó otros aspectos de la emergencia climática, no vinculados exclusivamente con el incremento en el uso de combustibles fósiles, sino también con los cambios en el uso de la tierra, la deforestación y la expansión de la ganadería intensiva, todos ellos fuentes de potenciales pandemias.
Nuestros tiempos de Antropoceno
Los indicadores del Antropoceno remiten a múltiples factores, precisamente, de carácter antropogénico. Entre ellos la inestabilidad climática resultante del calentamiento global; la extinción masiva de especies y la consiguiente pérdida de biodiversidad; los cambios en los ciclos biogeoquímicos, fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas; el aumento de la población mundial y la concentración urbana; la expansión de un modelo de consumo insustentable y un régimen alimentario global tóxico, controlado por grandes corporaciones.[3]
Uno de los factores más preocupantes alude al calentamiento global, producto del aumento de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero (GEI). En relación con 1750, la atmósfera actual contiene un 150% más de gas metano y un 45% más de CO2. Desde mediados del siglo XX, la temperatura aumentó 0,8 ºC, y los escenarios previstos por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) anticipan, de acá a finales del siglo XXI, un aumento de entre 1,2 y 6 ºC. Los expertos consideran que un incremento de 2 ºC establece un umbral de peligro, aunque la temperatura del planeta bien podría dispararse si todo continúa como hasta ahora (business as usual). Ciertamente, los enfoques sistémicos y los avances científicos acentúan la no linealidad de los efectos, la retroalimentación vertiginosa y veloz de los cambios, los cuales podrían producir incluso un salto de escala, totalmente imprevisible e irreversible; una acumulación que termine por obrar cambios que tornen insostenible la vida tal como la conocemos hasta hora. Como afirma el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (2021), incluso con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París (2015), las temperaturas globales podrían aumentar 3,4 ºC, lo cual dificultaría enormemente la adaptación humana debido a los nuevos patrones climáticos extremos.
En la actualidad, las emisiones de CO2 y otros GEI como el gas metano se deben a tres factores centrales: en primer lugar, la quema de combustibles fósiles, que representa el 65% del total. Esto no tiene una expresión uniforme, pues a lo largo de la última década, respecto de los combustibles fósiles, los cuatro emisores principales (China, los Estados Unidos, los veintisiete integrantes de la Unión Europea y la India) contribuyeron con el 55% de las emisiones totales de GEI (ONU-Pnuma, 2021).
En segundo lugar, la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra representan casi una cuarta parte de las emisiones de GEI de origen humano. La deforestación y la degradación de los bosques alcanzan el 11%, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus iniciales en inglés).[4] Esto sucede sobre todo en los países llamados en desarrollo, en el Sur Global; se debe no solo al incremento de las actividades extractivas clásicas, sino también al notorio giro hacia un modelo alimentario a gran escala, enfocado en la alta productividad y en la maximización del beneficio económico, e implementado por las grandes firmas agroalimentarias del planeta. La expansión de la frontera agraria conlleva una degradación de todos los ecosistemas, debido a varios fenómenos: la extensión de monocultivos –como la soja, el maíz, la hoja de palma– y, por tanto, la aniquilación de la biodiversidad, la tendencia a la sobrepesca, la contaminación por fertilizantes y pesticidas, el desmonte y la deforestación, el acaparamiento de tierras, entre tantos otros asociados.
En tercer lugar, la ganadería es responsable de un tercio de la emisión de gas metano. El tema no es menor, pues otra de las rutas de la zoonosis es la cría intensiva de animales a gran escala, un modelo de explotación cruel y altamente insustentable desde el punto de vista socioambiental y sanitario, el cual se ha incrementado en las últimas décadas. Asimismo, el sector de la ganadería es, según la FAO, la mayor fuente de contaminación del agua.[5] Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a causa del covid-19, las emisiones de CO2 podían descender un 7% en 2020, en comparación con los índices de 2019. Sin embargo, la mayoría de los cambios observados en 2020 fueron temporarios ya que no respondieron a transformaciones estructurales en los sistemas económico, de transporte o energético, de manera que el efecto directo de la pandemia sobre la temperatura global es insignificante (Camilloni, 2020). Así como aquellos animales que salieron de sus nichos y se atrevieron a recorrer las ciudades en época de confinamiento humano, el fenómeno se reveló sencillamente pasajero; apenas un efecto colateral de corto alcance. En realidad, en 2020 la concentración de dióxido de carbono (CO2), se situó en el 149% de los niveles preindustriales. En cuanto al gas metano (CH4) y al óxido nitroso (N2O), sus concentraciones equivalieron, respectivamente, al 262 y al 123% de los niveles de 1750, el año elegido para representar el momento en que la actividad humana empezó a alterar el equilibrio natural de la Tierra (Infobae, 2021).
Por otro lado, durante la pandemia la activación del freno de emergencia fue relativa. En América Latina, pese a la gravedad cada vez mayor de los conflictos socioambientales y la amplitud de las problemáticas que estos acarrean, las políticas públicas de los diferentes gobiernos no apuntaron a fortalecer las demandas ambientales. Todo lo contrario. No pocas de las actividades extractivas (como la minería) fueron declaradas esenciales, el desmonte y la deforestación avanzaron, y con ello también los incendios forestales, como pudo constatarse en el Pantanal brasileño (el mayor humedal continental del planeta) o en diferentes regiones de la Argentina, tanto sobre humedales como en zonas de producción de soja, y también en la Patagonia. La urgencia no cuestionada de pagar la deuda externa hace que la presión sobre los territorios sea cada vez mayor (megafactorías de cerdos, explotación de combustibles offshore, ofensiva de la minería a gran escala), confirmando que “el mandato exportador” no solo desborda la división entre economistas ortodoxos y neodesarrollistas, sino que se basa sobre una serie de omisiones asociadas a la deuda ecológica y su relación con la deuda externa, a la explotación de la fuerza de trabajo y a conflictos sociales y ambientales existentes de la región (Cantamutto y Schoor, 2021).
El giro antropocénico tiene también hondas repercusiones filosóficas, éticas y políticas; obliga a repensar los modelos de desarrollo dominantes, pero también, de modo central, nos lleva a replantear el vínculo entre sociedad y naturaleza, entre humanos y no humanos. Tal como lo entendemos aquí, esto plantea un cuestionamiento al paradigma cultural de la modernidad que se basa en una visión dualista e instrumental de la naturaleza, funcional a la lógica de expansión del capital. En esta línea, la antropología y la filosofía crítica de las últimas décadas nos recuerdan la existencia de otras modalidades de construcción del vínculo con la naturaleza, entre lo humano y lo no humano (desde la visión relacional de los pueblos originarios y la de los feminismos ecoterritoriales o ecofeminismos del Sur (Svampa, 2021b).
El Antropoceno señala la inminencia de un punto de no retorno y, sobre todo, nos advierte que el colapso ecosistémico ya ha comenzado. Las alertas climáticas son tantas y de tal envergadura que cuesta hacer un relevamiento que luego no sea alcanzado por nuevas tragedias, superando cada vez nuestra capacidad de asombro. No hay que esperar que el permafrost libere el metano que escondió durante milenios bajo las capas de hielo o la extinción acelerada de más especies: esas escenas anunciadas ya son un hecho. Por ejemplo, los incendios forestales en la Amazonia y en Australia entre 2019 y 2020 mostraron nuevos fenómenos catalogados como “tormentas de fuego”: liberan tal cantidad de energía que modifican la meteorología de su entorno.[6]
En julio de 2021 los diarios del mundo informaron que la Amazonia (específicamente, la región sureste) dejó de ser un sumidero de carbono, vale decir, de sistema vegetal que capturaba dióxido de carbono y evitaba así el calentamiento de la tierra, pasó a ser un emisor de ese gas. Esta preocupante inversión se dio por obra de la deforestación, la sequía, los incendios, el avance de la frontera agraria, entre otros factores… El hecho en sí no es el único ni tampoco está aislado. Como advierten desde la climatología, para cada subsistema existen puntos críticos o de inflexión (tipping point), valores a partir de los cuales comienza una oleada sucesiva de acontecimientos desestabilizadores de cada uno de los distintos subsistemas que conlleva un cambio de fase, la reorganización del conjunto (Puig Vilar, 2021a y b), bucles de retroalimentación positiva –en el sentido de que incrementan el proceso– que se propagan en cascada, acelerando los procesos y amplificando los cambios de escala, con lo cual nos instalan en lo desconocido. En esta coyuntura, la tierra podría convertirse por sí misma en una emisora de GEI.
Ese mismo mes de julio de 2021, el Paraná, el segundo río más largo de América del Sur después del Amazonas, llegó a su bajante histórica. En ciertos puntos –por ejemplo, frente a la ciudad de Paraná–, las imágenes mostraron el lecho del río seco y barroso, un arenal desolador ahí donde antes fluían el agua y vida. Cierto es que en 1944 hubo una bajante, pero esta no estuvo acompañada por la destrucción de los ecosistemas de la cuenca entera. Así, no se trata solo de una tragedia, sino de un colapso que golpea la resiliencia del sistema, y responde a un combo fatídico de factores: cambios en el uso del suelo, expansión de la soja, crisis climática, megarrepresas, sobredragado de la hidrovía Paraná-Paraguay, deforestación masiva en la Amazonia, contaminación industrial.
De hecho, a más de un año de declarada la pandemia por el covid-19, lo que se vislumbra bajo el nombre de “nueva normalidad” delata un empeoramiento y una exacerbación de las condiciones –sociales y ecológicas– existentes. En lo cotidiano vemos proliferar imágenes catastrofistas sobre la sociedad, muchas de ellas desprovistas de un anclaje político (o abiertamente antipolíticas), interpretadas en un lenguaje que alude a la distopía y al caos. Sin embargo, hay que entender el fenómeno en un sentido más complejo. Como reflejan los numerosos estudios que analizan cómo y por qué se han extinguido diferentes sociedades a lo largo de la historia, el colapso no es solo ecológico sino sistémico, nunca es de un día para otro, sino un proceso gradual, variable y distinto. Su tránsito involucra empero diferentes niveles (ecológico, económico, social, político) así como distintos grados (no tiene por qué ser total) y diferencias geopolíticas, regionales, sociales y étnicas (no todos lo sufren de la misma manera). El colapso implica también una reducción de la complejidad social, así como una pérdida de valores democráticos, lo cual genera conductas sociales reactivas más ligadas al miedo y la insolidaridad: un caldo de cultivo por excelencia para la expansión de expresiones de ultraderecha (Diamond, 2006; Fernández Durán y González Reyes, 2018; Taibo, 2017; Servigne y Stevens, 2015).
Sin embargo, transitar el colapso no significa abandonarse, sin más, de brazos abiertos a la distopía (el mal lugar, el lugar indeseable), caer en la inacción y en la parálisis o decretar la clausura cognitiva, renunciando así a la imaginación de otro futuro posible. Antes bien, constituye un llamado urgente a redoblar la apuesta por la resiliencia y la sostenibilidad de la vida. La experiencia del colapso debería ser una oportunidad para replantearnos qué Antropoceno queremos transitar. No hay que olvidar que las crisis extraordinarias abren también procesos de liberación cognitiva, que suelen implicar una transformación de la conciencia de los potenciales participantes en la necesidad de una acción colectiva[7] y la ampliación del horizonte de expectativas. La historia no está escrita de antemano. Es posible reactivar la imaginación política, no desde una actitud ingenua o abstracta, sino desde la comprensión individual y colectiva de nuestros límites como humanidad, y de la urgencia por implementar una transición ecosocial justa.
Léxico crítico del Antropoceno. Miradas desde el Sur Global
Pensar el Antropoceno desde la noción de especie humana como fuerza telúrica es condición necesaria, aunque no suficiente. Debemos pensarlo también en clave de mercantilización y frontera, de desencastramiento de lo económico respecto de lo social, así como de la expansión incontrolada de los alcances del capital y del metabolismo social (concepto que retomaremos). El Antropoceno es también Capitaloceno (Moore, 2020), pero entendido como la fase interna de la mundialización capitalista (Altvater, 2014), una frontera que expresa el avance tanto de la mercantilización de todos los factores de “producción” como de los límites materiales y ecológicos del planeta. Algo que en el Sur Global se ve reflejado en la exacerbación de múltiples modelos de (mal)desarrollo, a gran escala, donde se conjugan rentabilidad extraordinaria, destrucción de territorios y desposesión de poblaciones.
Sería imposible desarrollar de modo exhaustivo los conceptos que componen nuestro léxico crítico del Antropoceno/Capitaloceno desde el Sur Global, por ello en este apartado intentaré hacer solo un resumen. Abordaré los conceptos de metabolismo social, geopolítica del Antropoceno y deuda ecológica; crítica al desarrollo y neoextractivismo; ambientalismo popular y movimientos socioterritoriales; colapso, diálogo de saberes y transición socioecológica.
Cuando hablamos de metabolismo social hacemos referencia al intercambio entre sociedad y naturaleza, a la forma en que las sociedades humanas organizan los crecientes flujos de energía y materiales del (y al) ambiente (Martínez Alier y Walter, 2015).[8] Dicho proceso va configurando un determinado perfil metabólico, que puede desglosarse en cinco fenómenos: la apropiación, la transformación, la circulación, el consumo y la excreción. En los últimos tiempos esa matriz analítica se ha vuelto más compleja en la medida en que se utiliza menos trabajo intensivo pero hay más empleo intensivo de energías (Toledo, 2013: 47-48).
En términos generales, el capitalismo ha profundizado un perfil metabólico insustentable. De la mano de la OMC y la nueva arquitectura de negocios, la globalización consolidó un modelo de consumo predatorio e insostenible, el que para su mantenimiento en los países más ricos exige mayor cantidad de materias primas y energías, lo cual trae aparejada una mayor presión sobre los bienes naturales y los territorios. Uno de los indicadores del perfil metabólico de las sociedades contemporáneas y los impactos sobre los recursos naturales es la huella ecológica,[9] la que en la actualidad excede la capacidad de regeneración de los ecosistemas: esto quiere decir que la humanidad está consumiendo una vez y media lo que el planeta puede proveer de manera sustentable; que la Tierra necesitará más de un año y medio para equilibrar lo que hemos utilizado y desechado en un año.
Otros enfoques sobre el metabolismo social subrayan la persistencia de la brecha colonial como elemento estructural, ya que existe un intercambio ecológico desigual entre los países del Norte o metrópolis, que requieren grandes cantidades de energía y materiales a precios bajos para mantener su perfil (Martínez Alier y Walter, 2015: 78-79), y aquellos otros que extraen y exportan a granel dichas commodities, al tiempo que enfrentan la degradación de sus territorios y un aumento exponencial de los conflictos socioambientales. Así, por ejemplo, la presión y demanda de recursos mineros a escala global hizo que las empresas busquen minerales dondequiera que se puedan encontrar. En consecuencia,
la minería no respeta zonas protegidas, sitios arqueológicos o sagrados, asentamientos humanos, glaciares, nacientes de agua, cabeceras de cuencas ni ecosistemas frágiles. Incluso se ha comenzado a explotar minería bajo el mar y las muestras obtenidas fuera de la tierra son analizadas con la esperanza de encontrar materiales explotables más allá de los límites terrestres (Padilla, 2012: 38).
Las enormes exenciones impositivas en provecho de las grandes compañías del sector explican el auge inédito de la minería en la región latinoamericana a partir de 2002, ante la escalada del precio internacional de los metales y la liberalización de los marcos regulatorios. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), trece países de la región alcanzaron los quince primeros lugares mundiales como productores de minerales (Cepal, 2013; Ocmal, 2015).
El estudio del metabolismo social pone en evidencia una geopolítica propia del Antropoceno y la profundización de la deuda ecológica, con sus inequívocas raíces históricas. Los países centrales industrializados persisten como importadores de naturaleza, papel que también asumen ahora las grandes economías emergentes (como China). Estos países presentan mayores emisiones debido al consumo; desde luego, superiores a las producidas dentro de sus fronteras geográficas, pues importan más commodities o productos primarios y secundarios, y externalizan así los impactos, en nombre del cuidado del ambiente en sus territorios. Por su parte, el Sur Global carga con el peso de los costos de apropiación y extracción de esas commodities, así como de los pasivos socioambientales, y sus territorios terminan convertidos en zonas de sacrificio.
La deuda es ecológica y también climática, pues el uso del espacio ambiental ha sido monopolizado por los países más desarrollados y por las grandes corporaciones. Entre 1751 y 2010, solo noventa empresas fueron las responsables del 63% de las emisiones acumuladas de CO2. En 1900 el Reino Unido y los Estados Unidos representaban el 60% de ese acumulado; en 1950, el 55%, y casi el 50% treinta años después. Otros países fueron engrosando la lista, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, Rusia llegó al 200% de su capacidad hacia 1973 y China, que alcanzó este índice en 1970, fue acelerando su aumento, hasta llegar al 256% en 2009. Si volvemos a considerar la huella ecológica global, el sesgo geopolítico es patente. En su cálculo anual, apenas para 2016, la Global Footprint Network calculaba que necesitaríamos 5,4 planetas si consumiéramos como Australia; 4,6 si lo hiciéramos como los Estados Unidos; 3,3 en caso de equipararnos a Suiza, Corea del Sur o Rusia; mientras que Alemania, Francia, Reino Unido, Japón e Italia, derrochan como si dispusieran de entre 3,1 y 2,9 planetas; en fin, necesitaríamos 2 planetas si consumiéramos como China y 0,7 si lo hiciéramos como la India. A excepción de Brasil, que consume 1,8 por habitante, los países de nuestra región se encuentran por debajo de 0,5 (Bonneuil y Fressoz, 2013).
Uno de los primeros economistas ecológicos que abordó el concepto de deuda ecológica fue Martínez Alier en 1997, cuando intentó describir mediante dos relaciones la deuda externa y deuda ecológica. En primer lugar, entendió que la deuda externa en términos crematísticos oculta la exportación mal pagada (dado que los precios no incluyen diversos costos sociales y ambientales, locales y globales) y los servicios ambientales proporcionados de manera gratuita (agua, energía, nutrientes). El segundo aspecto de las relaciones entre deuda externa y deuda ecológica es de qué manera la obligación de pagar la deuda externa y sus intereses lleva a una depredación de la naturaleza (y, por tanto, aumenta la deuda ecológica; véase Martínez Alier, 1997).
Sin embargo, el reconocimiento de la deuda ecológica y climática no puede utilizarse para absolver a los modelos de maldesarrollo que se despliegan en los territorios del Sur Global, porque esto obturaría cualquier crítica y discusión al respecto (Svampa y Viale, 2020). En realidad, no hay nada más colonial que aceptar pasivamente el rol de proveedor global de materias primas que se le asigna a nuestra región, como si fuese un destino en vez de una decisión geopolítica mundial. Por añadidura, lo que se denomina desarrollo, en tanto reedición de los estilos de vida de los países centrales, resulta irrepetible a escala global: como acabamos de ver, se necesitarían más de cuatro planetas y medio para que todos los habitantes del mundo alcancen el nivel de consumo de un estadounidense promedio.
Pese a las críticas y frente a la gravedad de la crisis climática, el imaginario desarrollista sigue en pie, muy especialmente en América Latina. La visión asociada al crecimiento indefinido, como si los recursos naturales fueran inagotables y su extracción no tuviera efecto en las condiciones de reproducción de la vida del planeta, continúa intrínsecamente asociada a una concepción instrumental y antropocéntrica de la naturaleza, por la cual el ser humano se concibe como alguien externo y no integrado a ella. Como tantas pensadoras ecofeministas han sostenido, esta perspectiva tiene raíces históricas y filosóficas. Fue hacia finales del Renacimiento europeo cuando se impuso una ontología dualista respecto de la relación sociedad y naturaleza, que dejaría de lado aquellas visiones holísticas y más relacionales para consolidar un paradigma mecanicista e instrumental. Este dualismo se expresa también en las relaciones de género y en el ámbito del conocimiento, así como en el vínculo de dominación hacia otras culturas consideradas no modernas, no occidentales. Esto ha dado origen a una narrativa modernizadora, desarrollista, a la vez que patriarcal y colonial. El paradigma del (supuesto) desarrollo sustentable expresa esta visión instrumental que, en nombre del progreso y de las soluciones tecnológicas subordina el ambiente al crecimiento y ve a la ecología solo como una ciencia remedial. Asimismo, el concepto de economía verde, más reciente, no abandona la relación entre crecimiento y desarrollo; antes bien, la enmascara y exacerba, al mercantilizar la naturaleza. Este modelo considera que las funciones de los ecosistemas pueden ser tratadas como mercancía y, por tanto, que esos servicios deben cobrarse. De este modo, ya que en los hechos los bienes comunes solo son ponderados por su precio, el mejor modo de proteger el ambiente es hacerlo formar parte del sistema de precios (Svampa y Viale, 2014).
En América Latina, hacia el año 2000 asistimos a un regreso del imaginario del desarrollo, en sentido fuerte. A medida que los precios de las materias primas aumentaban y el metabolismo social, con el sesgo impulsado por la OMC, se aceleraba, el neoextractivismo actualizó narrativas y prácticas sociales ligadas a la (histórica) abundancia de los recursos naturales en nuestra región, desdeñando las (también históricas) críticas a la profundización en el deterioro de los términos de intercambio y a la reprimarización de las economías. Así, en una nueva fase de expansión de las fronteras del capital, gracias a las oportunidades económicas (el alza de los precios de las materias primas y la creciente demanda, sobre todo desde China), ingresamos a la era del Consenso de las Commodities. Sea en el lenguaje crudo de la desposesión (perspectiva neoliberal) o bien en aquel que apuntaba al control del excedente por parte del Estado (perspectiva progresista), los modelos de desarrollo vigentes, basados en el paradigma extractivista, reactualizaron el imaginario eldoradista (Svampa, 2013).
En esa línea, el neoextractivismo contemporáneo implica un modo de apropiación de la naturaleza y un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de bienes naturales, en gran parte no renovables. Se caracteriza por la gran escala y su orientación a la exportación, y además por la expansión vertiginosa de las fronteras de explotación hacia nuevos territorios, que antes el capital consideraba improductivos o no valorizaba. Por consiguiente, designa algo más que aquellas actividades que tradicionalmente se mencionaba como extractivas, pues abarca desde la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (energías extremas, fracking mediante), la construcción de grandes represas hidroeléctricas y demás obras de infraestructura (hidrovías, puertos, corredores biocéanicos, entre otros), hasta la expansión de diferentes formas de monocultivos (incluidos los forestales) o monoproducción, con la generalización del modelo de los agronegocios (soja, hoja de palma, etc.) o la sobreexplotación pesquera. No podemos dejar de mencionar que, en el contexto de las disputas geopolíticas y geoeconómicas entre los Estados Unidos y China, la implementación de proyectos de infraestructura para estas actividades que impulsa el país asiático en el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, conocida como “nueva ruta de la seda”, exacerban estas tendencias del metabolismo social y profundizan una configuración extractiva en varios países del Sur Global.
En todos los países, independientemente del signo político-ideológico de los gobiernos, el boom de las commodities y de sus ventajas comparativas permitió la ampliación del gasto social –por la vía de políticas sociales o bonos– y una considerable reducción de la pobreza respecto del período neoliberal. Sin embargo, hoy en día sabemos que una parte importante del crecimiento económico experimentado en dicho período fue capturado por los sectores más ricos de la sociedad. Datos de la revista Forbes exponen que la riqueza de los multimillonarios latinoamericanos (con fortunas superiores a US$1.000.000.000) creció a un ritmo del 21% anual entre 2002 y 2015, incremento seis veces superior al del PBI de la región (que fue del 3,5% anual) (Benza y Kessler, 2020: 86). En el período 2013-2014, según Oxfam, el 10% de las personas más ricas de la región se quedaba con el 37% de los ingresos; pero si se toma en consideración la riqueza, estos datos ascendían de modo abrumador: ese mismo 10% de la población acumulaba el 71% de la riqueza; y, en especial, el 1% más privilegiado se quedaba con el 41% (2020: 85). Esto ocurre también en la Argentina, donde vimos que, pese a la reducción de la pobreza, hubo un aumento de la concentración de la riqueza y se expandió el neoextractivismo; algo que posteriormente, con la alternancia neoliberal (2015-2019) y los impactos económicos y sociales de la pandemia, escaló a niveles incalculables.
A partir de 2013, cuando finalizaba el llamado superciclo de las commodities, varios gobiernos realizaron un nuevo giro extractivista. La expansión de las energías extremas forma parte de este proceso, y caracteriza tanto a los hidrocarburos no convencionales que se explotan con la técnica del fracking, a los crudos bituminosos y los yacimientos offshore, como también a un contexto en el que la explotación del gas, el crudo y el carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales. Además este tipo de energía se caracteriza por una alta recurrencia de accidentes laborales si se la compara con las explotaciones tradicionales o convencionales (Roa Avendaño y Scandizzo, 2017).
La pandemia de covid-19 amplificó aún más las brechas de la desigualdad en América Latina. Según un reciente informe de Oxfam, las élites económicas y los superricos ampliaron su patrimonio en US$48.200, un 17% más que antes de la aparición del covid-19, mientras que la recesión económica provocó que 52.000.000 personas caigan en la pobreza y otras 40.000.000 pierdan sus empleos, impulsando un retroceso de quince años para la región.[10] La antropóloga y pensadora feminista Rita Segato tiene razón cuando afirma que “este es un mundo marcado por la dueñidad o el señorío”,[11] y que la palabra “desigualdad” no alcanza para graficar tamaña obscenidad. Este es un mundo de dueños. En esa línea, neoextractivismo y dueñidad, globalización y superricos van de la mano.
Por último, nuestra reflexión sobre el Antropoceno viene acompañada por una valoración del diálogo de saberes. Dentro del amplio campo de las ciencias, hay que destacar el surgimiento de corrientes del pensamiento crítico y descolonizador que tomando en cuenta la complejidad de las nociones involucradas y la centralidad que adquiere la crisis socioecológica, buscan construir una visión más modesta y cooperativa, que apunta al diálogo no solo entre diferentes enfoques disciplinarios, sino también con los saberes locales y la visión de las comunidades afectadas. En efecto, en América Latina existe un espacio heterogéneo, donde confluyen la ecología política, la agroecología, las ciencias y la historia ambientales, la economía ecológica, la sociología crítica de los movimientos sociales, la geografía crítica, la antropología, los estudios del cambio climático, el posdesarrollo, el ecofeminismo, en fin, nuevas perspectivas del derecho y del constitucionalismo crítico, entre muchos otros, que proponen un intercambio de saberes que se inscribe, como sugiere Enrique Leff, “en una configuración teórica y en las estrategias de construcción de una racionalidad ambiental” (2014). Parte de estos nuevos enfoques críticos apuestan a construir un paradigma alternativo, sobre la base de una relación diferente entre sociedad y naturaleza, entre espacio y relaciones sociales, entre sujetos colectivos y democracia, al tiempo que proponen otra epistemología. Se trata de un campo inter- y transmultidisciplinario en construcción, con gran potencialidad que sin duda se articulará debatiendo con otras perspectivas dominantes.
El rol innovador de los movimientos socioambientales
La problemática ambiental ingresa a la agenda global hacia los años setenta del siglo pasado. Surgen diferentes organizaciones ecologistas, ligadas a las luchas antinucleares en Europa y los Estados Unidos, así como numerosas ONG, con tendencias y orígenes ideológicos muy contrastantes, desde los más conservadores hasta los más radicales, al tiempo que se llevan a cabo las primeras cumbres internacionales sobre el tema.
A lo largo de los años ochenta nacen las movilizaciones socioambientales de los países del Sur que Joan Martínez Alier (2005) bautizó “ecologismo popular”. Esa corriente crecía en importancia y ponía el acento sobre los conflictos causados por la reproducción globalizada del capital y la división internacional y territorial del trabajo, desplazando los costos ambientales desde los países del Norte a los países del Sur. Esta desigualdad geopolítica se traduciría también en desigualdad social y ambiental, pues en el seno de las sociedades del Sur perjudica sobre todo a las poblaciones pobres y más vulnerables, afectadas por la expansión de la frontera minera y petrolera, así como por otras industrias contaminantes. En la misma época, asistimos a una inflexión similar en los Estados Unidos, vinculada a las luchas de las comunidades afrodescendientes, cuyos barrios eran los más afectados por las actividades riesgosas para la salud humana, como los vertederos de residuos tóxicos y la instalación de otras industrias. Así, los ambientalismos populares o movimientos por la justicia ambiental nacen con una vocación por la participación y la democracia, cuestionando el racismo y la deuda ecológica. Se trata de comunidades que, en una lucha social asimétrica, van gestando nuevos lenguajes de valoración, contrapuestos a la visión productivista de los actores hegemónicos, resistiendo a la expropiación de sus territorios y condiciones de vida.
Ya hacia 1999, tras la batalla de Seattle –en ocasión de la contracumbre que cuestionaba a la OMC–, asomaron en la escena pública global los movimientos antiglobalización que impugnarían el rol de ese ente y de la globalización neoliberal, responsabilizando al capitalismo por la degradación social y ambiental. Los movimientos y las organizaciones ambientales interpelaban así a los principales actores que regulan el capitalismo en el mundo. Sería recién en 2009, tras el fracaso de la Conferencia de las Partes (COP) de Copenhague, cuando la apelación a la justicia climática encontraría una traducción en términos de movimiento global, de carácter más radical, con eje en la crítica al capitalismo y la transición energética como horizonte. El concepto de justicia climática fue introducido en 1999 por el grupo Corporate Watch (que nuclea a activos miembros del movimiento de justicia ambiental), con sede en San Francisco (Estados Unidos), y propone abordar las causas del calentamiento global, pedir cuentas a las corporaciones responsables de las emisiones (las compañías petroleras) y plantear la necesidad de la transición energética. Si bien los principios fueron establecidos en Bali (International Climate Justice Network, 2002), la nueva agenda ambiental fue presentada en sociedad en varias reuniones, entre ellas en la sede de Chevron Oil en San Francisco.
En América Latina, en los últimos veinte años, la expansión exponencial de los ambientalismos populares está muy asociada al auge del neoextractivismo del siglo XXI (Svampa, 2019b). Expresión de ello es el giro ecoterritorial que advertimos en la región, que se plasma en el cruce innovador de diferentes narrativas: principalmente, la indianista comunitaria con la autonómica ambientalista, a la cual se añadiría, al promediar el fin de ciclo, la de los feminismos ecoterritoriales. Se fueron configurando así marcos comunes de la acción colectiva, que funcionan no solo como esquemas de interpretación alternativos, sino como productores de subjetividades colectivas, que instalan nuevos temas, lenguajes de valoración y consignas: bienes comunes y soberanía alimentaria, justicia ambiental y buen vivir, cuidados y derechos de la naturaleza, postextractivismo y justicia climática son algunos de los tópicos que expresan este cruce. Aunque hay interpretaciones diversas, la justicia climática plantea una política no solo de equidad sino también de reconocimiento y participación política de los sectores afectados.
A escala global y regional, existe un campo amplio y heteróclito de acción que incluye desde organizaciones de base (corrientes socioambientales locales y culturales, ONG ambientalistas, organizaciones de pueblos originarios, entre otros), redes de nucleamientos y exponentes sociales que nacen como instancias de coordinación para realizar acciones de protesta puntuales y específicas, simultáneas en diferentes partes del mundo para interpelar a las élites políticas y económicas (ya sea en la OMC, la COP, el Foro de Davos, o recientemente en las Marchas Globales por el Clima); protestas de jóvenes bajo la forma de “huelgas climáticas”, hasta aquellas movilizaciones espontáneas o acciones de desobediencia civil que exigen cambios en las políticas climáticas o denuncian la inacción de los respectivos gobiernos ante determinados crímenes ambientales (incendios en la Amazonia y en Australia, por ejemplo). En la Argentina, a partir de 2018, a la acción de las asambleas territoriales que luchan contra las variadas formas del extractivismo hay que sumar los numerosos colectivos como Jóvenes por el Clima, Alianza por el Clima, Rebelión o Extinción, que, inspirados por la joven sueca Greta Thunberg, amplifican las voces y buscan dar visibilidad a la amplia cartografía nacional de las luchas socioambientales. En términos organizacionales, los movimientos por la justicia climática comparten el ethos propio de los movimientos alterglobalización: la acción directa y lo público, los repertorios o la performance en el cruce estético-político, la autonomía y la vocación nómade por el cruce social, la multipertenencia, las redes de solidaridad y los grupos de afinidad, en un proceso siempre fluido y constante de identidad en construcción.
No es casual entonces que nociones como las de transición socioecológica, justicia climática y transición justa, entre otras, ocupen un rol cada vez más relevante entre los ambientalismos populares. Frente al agravamiento de la crisis socioecológica, la lucha por la justicia climática se ha profundizado. En América Latina la transición desde los movimientos sociales conlleva el desafío de pensar alternativas al neoextractivismo dominante, elaborar estrategias que marquen el camino hacia una sociedad posextractivista, tanto en el campo energético, debido a la dependencia de los combustibles fósiles, como en el productivo, a raíz de la expansión de los agronegocios. Para ello, se plantea como necesario superar aquellas perspectivas hegemónicas que continúan percibiendo el Desarrollo (así, con mayúsculas) de modo instrumental y productivista (crecimiento indefinido). Para eso resulta clave adoptar un enfoque relacional que –como subrayan los pueblos originarios y los feminismos ecoterritoriales– sitúen en el centro la interdependencia, la ecodependencia y el cuidado de la vida. En consecuencia, la transición socioecológica exige la salida del patrón actual de desarrollo, lo que abarca no solamente el modo de apropiación de la naturaleza y el modelo de acumulación sino también los patrones de circulación y de consumo dominantes. Esto requiere de propuestas alternativas integrales y sistémicas.
Debatir la transición socioecológica
Una vez conocido su despliegue actual en la esfera pública, resulta interesante encarar más en detalle el concepto de transición, que ha sido utilizado de diversas maneras. En líneas generales, este designa un cambio de estado, de modo de ser o estar, como un proceso con una cierta extensión en el tiempo, que incluye etapas. Puede hacer referencia a un cambio de sistema social (como la transición del feudalismo al capitalismo) o de régimen político (como la transición de una dictadura a la democracia en América Latina, o la transición del comunismo al capitalismo, en los países del Este europeo). En los temas que nos ocupan aquí, debe ser entendido menos como lo hace la ciencia política (que prioriza las políticas públicas y sus estructuras), y más en términos de un cambio social integral y profundo, que abarque todas las esferas de la vida social (Brand, 2012: 146). Desde nuestra perspectiva, la transición implica una transformación radical, democrática y democratizadora, apunta a un cambio integral –en el plano energético, productivo y urbano–, buscando modelos que articulen justicia social con justicia ambiental; prácticas económicas y productivas basadas en la reciprocidad, la complementariedad y los buenos cuidados; un nuevo pacto con la naturaleza, cuya consigna no puede ser otra que la sostenibilidad de la vida digna. Ahora bien, cómo transformar, con qué actores, cuáles son las alternativas, qué escalas involucra, cuál es el rol del Estado: estas son algunas de las cuestiones que recorren los debates al respecto.
En la medida en que el covid-19 puso en el centro aquello que estaba relegado a la periferia, los debates sobre la urgencia de la transición ecosocial, muy particularmente, sobre la transición energética, ingresaron a la agenda pública. Propuestas integrales elaboradas en años anteriores fueron actualizadas al calor de la pandemia. Científicos, intelectuales y activistas de todo el mundo promovieron manifiestos y programas que incluían desde una agenda verde –especialmente enfocada en la descarbonización–, hasta un ingreso universal o renta básica y la condonación de la deuda de los países más pobres.
Sería imposible relevar las diferentes propuestas de transición ecosocial que se han difundido desde principios de 2020, por lo cual solo me concentraré en algunas. La primera, por su proyección, es aquella del Green New Deal promovido por el ala izquierda del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que tiene como referentes a Bernie Sanders y a Alexandria Ocasio-Cortez, y es sostenida por intelectuales como Naomi Klein. La misma apunta a la descarbonización de la economía y la creación de empleos verdes, para lo cual propone un Estado planificador y democrático. Durante 2020, la propuesta se tradujo en un “Plan Estímulo Verde”, cuyo objetivo es recuperar la economía utilizando recursos públicos para la transición energética (energía, transporte público y viviendas verdes, salud y educación). En todo caso, como sostiene la politóloga Thea Riofrancos, una de las más activas en dicha plataforma, el triunfo del demócrata Joe Biden abre un escenario de disputa que permite anticipar que ha comenzado la década del Green New Deal (cit. en Svampa, 2021b).
En el plano internacional, bajo el lema “Internacionalismo o extinción”, se constituyó la Internacional Progresista que, lanzada entre otros por el célebre lingüista Noam Chomsky, tuvo su primera cumbre virtual en septiembre de 2020. En esa ocasión, el exministro griego de Finanzas Yanis Varoufakis (2020) sostuvo que “ya estamos entrando en una etapa poscapitalista”, y que el dilema era si su economía “será autoritaria y oligárquica o democrática y social”. Ante el desastre ambiental, planteó un “acuerdo ecológico internacional” que, con un presupuesto de US$8.000.000.000.000 anuales, podría llevar a cabo la transición de las energías fósiles hacia las energías renovables, disminuir el consumo de carne y apostar a los alimentos orgánicos. Sin embargo, más allá del llamado global contra el avance de las extremas derechas y de los despliegues retóricos, la Internacional Progresista es un conglomerado muy heterogéneo de figuras intelectuales y políticas: desde connotados ecologistas que promueven la transición ecosocial, hasta el núcleo duro del progresismo extractivista latinoamericano (Rafael Correa, Álvaro García Linera, entre otros), reconocidos por la persecución a sectores ambientalistas de sus respectivos países. En razón de ello, no hay una reflexión sobre cuál sería el rol de la transición misma o cómo podrían articularse la justicia social y la justicia ambiental.
Otras propuestas, provenientes de intelectuales y organizaciones ambientalistas –como Ecologistas en Acción, en España, o Attac France– abordan la temática del decrecimiento. Por ejemplo, Attac France (2020) publicó un manifiesto en el cual propone refundar los servicios públicos por y para el cuidado, repensar las necesidades e inventar un proceso democrático de planificación ecológica para hacer sostenible nuestro sistema de producción. Eso implica que algunos sectores decrezcan y otros crezcan. Antes que un ingreso básico, propone financiar uno de transición ecológica destinado a quienes sostengan actividades que involucren opciones como la agroecología, la eficiencia energética, la ecomovilidad, la low tech.
Son varias las propuestas de transición elaboradas desde América Latina. Entre ellas, querría destacar el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, promovido por diferentes activistas, intelectuales y organizaciones sociales de países como la Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Chile, abocados a las luchas ecoterritoriales del continente. El Pacto Ecosocial fue lanzado en junio de 2020, y tuvo diferentes inflexiones y agendas, según los países y articulaciones sociales logradas. Sus ejes son el paradigma de los cuidados, la articulación entre justicia social y justicia ecológica (ingreso básico, reforma tributaria integral y suspensión de la deuda externa); la transición socioecológica integral (energética, alimentaria y productiva), y la defensa de la democracia y la autonomía (en clave de justicia étnica y de género). Su invitación es a construir imaginarios sociales, acordar un rumbo compartido de la transformación y una base para plataformas de lucha en los más diversos ámbitos de nuestras sociedades.[12]
El Pacto Ecosocial dialoga con otras propuestas en danza, como el Green New Deal, el decrecimiento o los manifiestos de relocalización ecológica y solidaria. Pero su apuesta ecosocial, económica, intercultural rechaza que el Sur continúe siendo hablado y pensado solo desde el Norte, incluso cuando se trata de propuestas de transición, que por lo general no colocan en el centro la cuestión de la deuda ecológica y, en algunas ocasiones, tampoco van más allá de la descarbonización de las sociedades, sin cuestionar el modelo productivo. Desde el Pacto Ecosocial se afirma que los problemas de América Latina son diferentes a los del Norte, que existen fuertes asimetrías históricas y geopolíticas; que al calor de la crisis socioecológica y de la aceleración del metabolismo social, la deuda ecológica del Norte aumentó de modo exponencial en relación con la del Sur. En esa línea, nos advierte también sobre las falsas soluciones, sobre la imposibilidad de subirnos sin más al carro de cualquier transición si en definitiva esta promueve un modelo corporativo y concentrado en vez de uno democrático y popular que asegure una transición justa para el Sur. En suma, sostiene que es necesario debatir qué se entiende por transición, para qué y para quién. Por último, lejos de tratarse de una propuesta abstracta, el Pacto Ecosocial se entronca con las luchas, con los procesos de resistencia y de generación de espacios alternativos, así como con los conceptos-horizonte forjados en las últimas décadas en el Sur Global y en América Latina en particular. Entre esos conceptos, se destacan derechos de la naturaleza, buen vivir, justicia social y redistributiva, transición justa, paradigma del cuidado, agroecología, soberanía alimentaria, postextractivismos, autonomías.
Vale la pena agregar que una de las pocas instituciones regionales que estuvo presente en el debate fue la Cepal, para la cual no es posible desarrollar una política de austeridad, ya que la crisis dejó en claro que la política fiscal vuelve a ser la herramienta para enfrentar choques sociales y macroeconómicos. Para ello es necesario aumentar la recaudación tributaria, mediante la eliminación de espacios de evasión y elusión que alcanzan el 6,1% del PBI. Asimismo, hay que consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, y extender el alcance de los impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, así como gravar la economía digital. Además, propone correctivos, como impuestos ambientales y relacionados a la salud pública.[13] La iniciativa de la Cepal incluyó la recomendación a los gobiernos latinoamericanos de implementar de modo gradual un ingreso básico universal, pero que incluya primero a los sectores más afectados por la pandemia. La inflexión no es casual y, como señalan Rubén Lo Vuolo, Daniel Raventós y Pablo Yanes (2020), “hoy el debate sobre la renta básica ya no es en torno a ‘experimentos’ acotados a grupos seleccionados como ‘pilotos’, sino en relación con políticas y [con] intervenciones de escala nacional”.
La pandemia mostró la necesidad de transformar la relación entre sociedad y naturaleza, de superar el paradigma dualista y antropocéntrico que concibe a la humanidad como independiente y externa a la naturaleza, vínculo y concepción que residen en el origen de los modelos de maldesarrollo que hoy padecemos, e incluso de una visión instrumental y objetivista de la ciencia. No es casual, por ello, que nuestra mirada preste cada vez más atención a otros paradigmas o narrativas relacionales, que enfocan prioritariamente la interdependencia, el cuidado, la complementariedad y la reciprocidad. En esa línea, una de las grandes contribuciones de los ecofeminismos, los feminismos ecoterritoriales del Sur y de la economía feminista, junto con los pueblos originarios, es el reconocimiento de otros lenguajes de valoración, otros vínculos posibles entre sociedad y naturaleza, que sí colocan el cuidado y el sostenimiento de la vida en el centro.
Como ya vimos, la pandemia visibilizó la importancia de los cuidados, en sus múltiples dimensiones. Por un lado, el cuidado de los territorios, de los ciclos de la vida, de los ecosistemas. En tiempos del covid-19, asistimos a una verdadera explosión de foros y conversatorios en la región latinoamericana, protagonizados por diferentes lideresas, activistas y organizaciones de diferentes corrientes feministas y territoriales sobre el cuidado y la relación con los cuerpos y los territorios, las prácticas de cuidado, las semillas y la agroecología, el cuidado y la soberanía alimentaria, el cuidado y las tareas de la autogestión comunitaria.
La pandemia también puso en evidencia la insostenibilidad de la actual organización de los cuidados, que recaen sobre las mujeres, especialmente sobre las mujeres pobres. En América Latina y el Caribe, desde antes de la pandemia,
las mujeres dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, situación agravada por la creciente demanda de cuidados y la reducción de la oferta de servicios causada por las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas para frenar la crisis sanitaria (ONU Mujeres-Cepal, 2020).
En efecto, durante 2020 y 2021 se multiplicaron las reflexiones acerca de los cuidados como un derecho, temática impulsada particularmente desde la economía feminista. Hace unos años, la abogada argentina Laura Pautassi (2016), impulsora de un enfoque de derechos con relación al tema, se refería al período 2010-2020 como “la década de los cuidados”. Hoy en día, esa cuestión está más presente que nunca. La necesidad de pensar políticas públicas activas, mediante sistemas integrales de cuidados que los conciban como un derecho y reduzcan la brecha de género resulta clave para pensar la recuperación pospandemia.
Por último, el paradigma de los cuidados, como base de una transición ecosocial, apunta a ser concebido desde una perspectiva multidimensional, que incluya la articulación con las diferentes esferas de la vida social: cuidado y salud, cuidado y educación, cuidado y trabajo, cuidado y acceso a la vivienda, cuidado y gestión comunitaria, entre otras. De esto se desprende que, lejos de ser una moda, el paradigma de los cuidados como piedra basal de la transición ecosocial, revela la potencia de los diferentes feminismos actualmente movilizados en la escena social y política, en su cuestionamiento radical al patriarcado, en su denuncia del capitalismo como una máquina de guerra contra la vida y en su apuesta por la sostenibilidad de la vida digna.
En suma, la experiencia del colapso, acelerada durante la pandemia del covid-19, nos instala en una disputa civilizatoria, configura nuevos dilemas de tipo político, ético, cultural, económico y, sobre todo, nos desafía a pensar las salidas por la vía socioecológica. A partir de ello, bien podría considerarse increíble que, en plena crisis climática y mientras prospera una pandemia de indudable raíz zoonótica, las élites políticas y económicas en nuestro país y en gran parte de América Latina continúen negando la importancia de la problemática socioambiental y la necesidad de discutir la transición ecosocial. Ciertamente, el mandato exportador en un contexto de crisis de la deuda externa, obtura la posibilidad de pensar una agenda de transición. Ni siquiera se discuten los modelos de desarrollo vigentes y las élites –políticas y económicas– continúan apegadas a una agenda del pasado. Así, pese a la expansión de movimientos socioambientales y la creciente conciencia que irrumpe desde abajo, la cuestión ambiental continúa siendo para muchos un punto ciego, no conceptualizable, que desborda las diferencias político-ideológicas, por encima de las polarizaciones vigentes. Más aún, en América Latina, a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes –Europa y los Estados Unidos–, los llamados a la transición ecosocial –más allá del nombre que adopten– tienden a venir desde abajo, desde ciertos sectores de la sociedad civil, impulsados por organizaciones e intelectuales, sin vinculación con el Estado y los partidos en el gobierno.
Nadie sostiene aquí que la transición ecosocial sea algo simple o lineal, mucho menos en un contexto de potenciación de la dueñidad, de destrucción de los ecosistemas y de peligrosa expansión de las extremas derechas. Pero no nos queda otra alternativa que navegar estas aguas turbulentas. Los gobiernos latinoamericanos deben abrir cuanto antes la discusión sobre todos estos temas, pues el riesgo es que, en un contexto de aceleración del colapso, sigamos siendo hablados por y desde los gobiernos del Norte, por y desde una transición corporativa, en detrimento de nuestras poblaciones y territorios, cancelando así la posibilidad de una transición ecosocial justa.
[3] Acerca del Antropoceno, véanse Svampa (2018b), Svampa y Viale (2020).
[4] Material disponible en <www.fao.org/3/ca7126es/ca7126es.pdf>.
[5] Según la FAO, cit. en Red Universitaria de Ambiente y Salud, Las macrogranjas porcinas y su amenaza a la salud y el ambiente, 28/7/2020, disponible en <www.reduas.com.ar>
[6] Véase <www.elperiodico.com/es/sociedad/20171202/fuegos-sexta- generacion-apogeo-incendio-forestal-6432855>.
[7] En términos de Doug McAdam, la liberación cognitiva “se da en tres sentidos, que a su vez son acumulativos (es decir, se deben [presentar] de manera secuencial, en fases): primero, el sistema pierde legitimidad; a continuación, los afectados por un problema salen de su aletargamiento, superan el fatalismo o la resignación y exigen cambios [dejando atrás] su estado de inacción; finalmente, se genera un nuevo sentido de eficacia al percibir expectativas de éxito y logro de resultados a través de la acción colectiva” (cit. en García Montes, 2013).
[8] Si bien el concepto de metabolismo social aparece ya en Marx, quien señalaba la ruptura metabólica que implica la agricultura capitalista, en fecha más reciente fue retomado por economistas ecológicos y utilizado para realizar un análisis de flujos de materiales.
[9] Esta se corresponde “con el área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistema acuático) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico indefinidamente, donde sea que se encuentre esta área”. Véase material de la Asociación Española para la Calidad (AEC): <www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/huella-ecologica>.
[10] Datos de Oxfam, citados en Centenera (2020).
[11] Véase Universidad Internacional Menéndez Pelayo (2019).
[12] Véanse <www.pactoecosocialdelsur.com> y <www.pactoecosocialyeconomico.blogspot.com>.
[13] “No es posible tener austeridad, se requiere política fiscal expansiva: Cepal”, Milenio, 6/10/2020.
2. Perspectivas sobre energía y transición
Pablo Bertinat, Melisa Argento
El objetivo de este capítulo es analizar la energía desde una mirada crítica e integral, que pone en el centro la relación histórica y coconstitutiva del par sociedad-naturaleza, visibilizando las formas de apropiación y explotación en que se radica la génesis de la crisis socioecológica y civilizatoria, y señalando la urgencia por impulsar alternativas hacia una transición ecosocial.
Para ello, en la primera parte se analizan diversas definiciones y aportes teóricos a fin de presentar la concepción de energía a la que adherimos. En una segunda parte abordamos de manera sociohistórica las transformaciones en la relación sociedad/naturaleza que, de manera no lineal, implicaron un incremento en la complejidad y en la aceleración del metabolismo social predador, característico de nuestras sociedades “energívoras”. El itinerario culmina en la actualidad y se proyecta hacia un conjunto de coordenadas para encarar una transición energética popular, en la búsqueda de sociedades más justas.
Una mirada crítica, integral y relacional de la energía
El término “energía”, de origen griego, se asocia a la idea de actividad, de fuerza de trabajo, de acción. Desde la física, las miradas o definiciones fueron variando con el paso del tiempo, desde los enfoques más clásicos hasta los entrópicos o sus derivas contemporáneas; tal vez la concepción más difundida sea la que la entiende como la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos (González Arias, 2006; Melendi, 2020). Según su origen, las acciones que ejerza, la forma de realizarlas o sus resultados, suele conocérsela por tipologías: mecánica, potencial, interna, eléctrica, térmica, electromagnética o química, entre otras. Puede transformarse, degradarse, conservarse, propiedades todas sobre las cuales se han postulado leyes universales. Además, en muchos casos es posible almacenarla y transportarla. Se trata de un fenómeno que puede medirse, tiene una magnitud y un conjunto de unidades que se utilizan para representarla. Día a día oímos hablar de kilovatios-hora (kWh), toneladas equivalentes de petróleo (TEP), barriles equivalentes de petróleo (BEP), calorías (cal), BTU (esto es, unidad térmica británica), entre muchas otras que serán utilizadas a lo largo de este libro.[14]
El pilar básico de la termodinámica clásica es lo que se conoce como “ley de conservación de la energía”. Postula que en el universo –o bien en un sistema cerrado– la energía no puede crearse ni destruirse, únicamente se producen procesos de transformación de una forma en otra. Esto no quiere decir que siempre pueda disponerse de la misma calidad de energía. La segunda ley de la termodinámica advierte que la energía irremediablemente se degrada, disminuye su capacidad de producir un trabajo. Estos principios no son inventos, sino descubrimientos acerca del modo de funcionamiento de la naturaleza. El hecho de que los cuerpos o sistemas tengan energía incluso si ella ha perdido la capacidad de realizar trabajo es una evidencia que nos permite introducir la idea de que materia y energía son dos formas de presentación de la realidad física. Según Smil (2017), toda la materia es energía en reposo y, desde luego, todos los procesos naturales y todas las acciones humanas son, en su faceta física fundamental, transformaciones de energía.
Esto nos lleva a revisar un sentido extendido de la energía en su potencia vital, entendida como aquello que mueve al mundo, esto es, a los cuerpos materiales humanos y no humanos. Nuestros cuerpos precisan de energía calórica para vivir. Esta necesidad de energía-vida es clara expresión de la doble dependencia humana: la forma específica que adopta para nuestra especie la ecointerdependencia. Es decir, nos son indispensables los alimentos que nos proveen la naturaleza más el trabajo-tiempo nuestro o de otros humanos; también –de maneras diversas– dependemos de este trabajo-tiempo y del cuidado por parte de otres, que precisamos como seres sociales para el desarrollo de nuestras capacidades autónomas desde el nacimiento.[15]
Así comprendida, la energía –asimilable o no al trabajo humano y a un recurso natural– se inserta medularmente en ese espacio invisibilizado de la reproducción social, como esfera no asalariada de modo directo por el capitalismo, aunque por completo necesaria para su despliegue incesante (Federici, 2013). Al mismo tiempo, permite observar las formas en que la apropiación privada y la explotación de los cuerpos ha sido (histórica y paralelamente) apropiación privada y mercantilización de la energía en su cariz de tiempo-trabajo y naturaleza, especialmente en determinadas condiciones de producción de valor y división social-sexual-racial e internacional del trabajo (Mezadri, s.f., cit. en Expósito, 2020).
En sintonía con este enfoque relacional, desde The Corner House (2012) advierten que si tomamos la energía solo como un concepto de la física la veríamos separada de la historia de la humanidad y de la política. En efecto, por lo general se la trata como un factor externo a las sociedades humanas, un recurso sobre el que se ejerce presión permanente o un bien (in)finito que se representa como cada vez más necesario, debido a las crecientes aspiraciones de desarrollo y al incremento del metabolismo social. Este concepto de energía desligado de sus condiciones de obtención y producción fue creado por el capitalismo industrial movido por combustibles fósiles, que también difuminó el factor tiempo.[16]
Sin embargo, nuestras sociedades han sido modeladas por la energía que, lejos de ser un concepto puramente físico, es un conjunto de relaciones sociales que entreteje y determina vínculos como el del Estado y las corporaciones, las personas que trabajan para esos entes y las personas afectadas por la producción y su uso. Eso permite confirmar que
la energía continuamente apropiada por una humanidad voraz seguirá siendo un recurso deseado. La escasez energética o, antes bien, la amenaza de escasez –o con aún mayor precisión, la percepción o el sentimiento de dicha amenaza– es omnipresente. Si este punto de vista acerca de la energía es el predominante, entonces nunca habrá suficiente de ella (The Corner House, 2012).
La categoría de naturaleza es una construcción social que ha variado en diversos contextos históricos según el modo de relacionamiento de la sociedad con el medio en el cual se desenvuelve (Merchant, 1980). La idea de un espacio mágico, adorado; la concepción de almacén donde obtener recursos; las miradas que hicieron de la naturaleza como un territorio que conquistar, explotar, mercantilizar estuvieron asociadas a diversos momentos de la ¿evolución? de las sociedades humanas. Cada uno de estos momentos se relaciona con cierto modelo energético, es decir, con formas de utilización, apropiación y uso de la energía en tanto herramienta para vivir, sobrevivir, satisfacer necesidades humanas, pero también para controlar, acumular, concentrar, etc. Por ello además de su dimensión física, la energía tiene también una dimensión social, política, económica, cultural (Fernández Durán y González Reyes, 2018): “Son radicalmente distintas las sociedades que consideran el petróleo como un recurso de las que lo entienden como la sangre de la tierra”. Esto no significa necesariamente que en el segundo caso las comunidades vean los bienes comunes como algo intangible, sino que plantean una explotación racional, determinada por su valor de uso más que por su capacidad de intercambio. La primera concepción se asocia a un paradigma antropocéntrico, mientras que la segunda abona a una mirada de interrelación ecosistémica o ecointerdependiente.
¿Qué fue de las transiciones? Del incremento en la intensidad energética al paradigma de las desigualdades
El devenir histórico estuvo marcado por un incremento de la energía utilizada. Con el crecimiento poblacional se incrementó también la cantidad de energía apropiada y empleada en la ampliación incesante del metabolismo social. Sin embargo, esta relación no ha tenido una evolución lineal, ha habido momentos en que la energía disponible se tornaba una restricción –colapsos menores–, y, a la inversa, períodos, como en el advenimiento de la era industrial, en los cuales la energía utilizada crecía de manera exponencial por sobre el crecimiento poblacional.
Esto último se relaciona con la capacidad exclusiva de nuestra especie –a diferencia de otros seres vivos– de apropiarse de una cantidad de energía exosomática, una de las dos tipologías que el economista ecológico catalán Joan Martínez Alier (1998) aplica al consumo humano de energía. Por otro lado, el consumo endosomático está asociado a necesidades que responden a instrucciones genéticas, y tiene que ver con la energía límite que se necesita para sostener la vida humana, que ronda entre las 2000 y 3000 kcal/día. En cambio, el uso exosomático de energía no obedece a instrucciones genéticas y puede ser de alrededor de 5000 kcal/día en sectores pobres o de más de 100.000 kcal/día en sectores ricos de la población. Ese uso, que se da
directamente en los hogares y el transporte, e indirectamente a través de la energía gastada en la producción[,] no puede ser explicado por la biología humana, sino que depende de la economía, la cultura, la política y las diferencias sociales. La humanidad es una especie animal que carece de instrucciones genéticas que [lo] determinen (1998: 10).
Con esa capacidad, el Homo sapiens hace uso de su habilidad de cooperación y desarrollo de herramientas para ampliar las potencialidades que le proporciona la energía endosomática (Fernández Durán y González Reyes, 2018).
Las interacciones entre distintos sistemas complejos –la sociedad, los ecosistemas, la biosfera– suscitan fenómenos jamás atribuibles al comportamiento de cada uno de ellos por separado. La complejidad de un sistema se puede evaluar por la cantidad de sus elementos, pero también por su interconexión, su diversidad y por la información que en él existe y circula. El crecimiento de esos factores, así como la especialización, diferenciación e interdependencia, más la aceleración de la urbanización, son indicadores clásicos del incremento de esa complejidad. Dicho cambio puede sostenerse a partir de un mayor uso de energía disponible, lo cual supone la apropiación de funciones ecosistémicas de la naturaleza y de trabajo animal o humano, o la utilización de reservorios de procesos biológicos pasados, combustibles fósiles concretamente.
La apropiación desigual de los bienes sociales explica que el aumento de esta complejidad del sistema fuese a la par del bienestar relativo del conjunto de los individuos. Aunque esta relación fue variando en el marco de los diversos modelos metabólicos.
Entendido el metabolismo social como el conjunto de flujos de materiales y energía que se producen entre la naturaleza y la sociedad, podemos distinguir en la historia cuatro grandes períodos energéticos: el forrajero, el agrario, el uso de trabajo animal y humano forzado, y el actual modelo industrial.
El modelo metabólico forrajero fue el más extendido en el tiempo, probablemente cientos de miles de años, y se caracterizó por niveles de apropiación y transformación mínimos, asociados al consumo con casi nula circulación de materiales y energía. Los intercambios de energía estuvieron ligados al trabajo humano y al uso del fuego, al que se sumaban herramientas elementales.
Para diversos autores, el desarrollo de la agricultura se configura como la primera revolución energética y el comienzo de una nueva era geológica: el Holoceno, caracterizado por la mejora en la captación de la energía solar para uso humano (selección de determinadas especies vegetales y desarrollo de ecosistemas cultivados, en detrimento de ecosistemas que se autosostenían y que eran la base del modelo forrajero). Estos nuevos ecosistemas fueron viables gracias al aporte de energía externa en forma de trabajo humano o animal (Smil, 2017; Fernández Durán y González Reyes, 2018). En este período se incrementaron el sedentarismo, la concentración de la población, la especialización, la existencia de excedentes y la posibilidad de apropiación y acopio de ellos.
Según Fernández Durán y González Reyes, dentro del mismo modelo metabólico agrícola hubo una revolución –la configuración de un orden colonial–, con las consiguientes transformaciones en las relaciones sociales. Su condición de posibilidad fue la explotación del trabajo humano mediante la esclavitud, la servidumbre y la expansión violenta hacia territorios de América y África. A ello se sumaron un desarrollo más avanzado de herramientas y la renovada utilización del viento y el agua como fuerzas motrices.
Si bien la base energética de este período fue la utilización de la biomasa, los factores mencionados permitieron incrementar la energía disponible, aunque su apropiación fue excluyente: solo la ejercieron determinados miembros de la sociedad, de modo que crecieron las desigualdades sociales. La existencia de excedentes energéticos, pero sobre todo su apropiación desigual a partir de la explotación del trabajo humano, entre otras condiciones, aumentaron la desigualdad energética y, en consecuencia, la construcción de poder.
Pero la gran transformación y aceleración del metabolismo social quedó plasmada con el pasaje de un capitalismo de base agraria a un capitalismo industrial que, en el despliegue de la acumulación, solo fue posible cuando se incorporaron los combustibles fósiles a la matriz energética: en un primer momento el carbón, luego el petróleo y más tarde el gas. Esto dio origen a una nueva era geológica: el Antropoceno.[17]
La gran transformación del modelo industrial implicó un cambio de escala no solo en cuanto a los recursos materiales y energéticos, sino también en la velocidad en que se produjeron los cambios en comparación con procesos de transformación anteriores: varió (se aceleró) la dimensión temporal. En efecto, los combustibles fósiles fueron rápidamente incorporados, en especial porque su relativa abundancia, la alta densidad y el desarrollo de máquinas y herramientas permitieron convertirlos en otras formas de energía y movimiento. Esto trajo aparejados cambios de diversa índole, sobre todo en la forma de organizar los sistemas productivos, que lograron desvincularse de los ciclos naturales. Modernidad y capitalismo moldearon una visión dual del mundo, depredadora de los cuerpos y de la naturaleza y alteraron su percepción.
Paradójicamente o no, la energía utilizada para satisfacer las necesidades físicas de la vida se tornó cada vez menor en el creciente consumo energético. Gran parte del consumo energético total se destinó a la producción de una enorme variedad de bienes, innumerables servicios y al transporte (Smil, 2017). Aquello que los climatólogos denominan “la gran aceleración”, iniciada luego de 1945, queda ilustrada por una gran cantidad de indicadores de la actividad humana que van desde la mayor petrolización de las sociedades, la concentración atmosférica del carbono y del metano, hasta el aumento de represas, pasando por los cambios en el ciclo del nitrógeno, del fósforo y la drástica pérdida de biodiversidad. Todos estos factores dan cuenta de un impulso exponencial de impactos de origen antrópico sobre el planeta, de 1950 en adelante.
En la tabla 2.1 podemos observar este crecimiento de la utilización de energía en diferentes momentos de la historia, tanto por individuo como en total. Esto nos permite notar el nivel de presión sobre los ecosistemas.
Para desmitificar la idea de que las crisis se deben al incremento poblacional –y, de paso, desterrar las falsas dicotomías neomalthusianas–, señalaremos que, si hoy en día la población fuera una tercera parte de la existente, pero el consumo fuese el de un estadounidense promedio, el consumo de energía superaría incluso al actual. El problema, de hecho, radica en que, entre 1850 y 2011 la población mundial aumentó un 550%, mientras que el consumo de energía escaló en un 5000%. En paralelo con este exponencial crecimiento del consumo energético global, se hicieron más desiguales las realidades de acceso y disponibilidad, de manera que en 2011 un ciudadano estadounidense consumía 4,2 veces más energía que un ciudadano promedio (a escala mundial) y 17 veces más que un habitante de la India (Hughes, 2013).
Tabla 2.1. Consumo de energía (en miles de millones de kcal/día) de la población mundial en diversos períodos históricos
| Período | Comida (también animal), per cápita | Casa y comercio, per cápita | Industria y agricultura, per cápita | Transporte, per cápita | Total per cápita | Población mundial (en millones) | Total |
| Forrajero (10.000 a.C.) | 3 | 2 | 5 | 6 | 30 | ||
| Primera agricultura (5000 a.C) | 4 | 4 | 4 | 12 | 50 | 600 | |
| Agrícola avanzado (1000 d.C.) | 6 | 12 | 7 | 1 | 26 | 250 | 6500 |
| Industrial (1850 d.C.) | 7 | 32 | 24 | 14 | 77 | 1600 | 123.000 |
| Industrial avanzado | 10 | 66 | 91 | 63 | 230 | 7200 | 1 656.000 |
Fuente: Simmonds (1996).
Gráfico 2.1. Población mundial, consumo energético per cápita y consumo energético total, 1850-2011 (año tomado como referencia para los porcentajes)
Fuente: Hughes (2013).
Los enormes niveles de desigualdad se registran no solo en la correlación cantidad-uso de energía por habitante, sino también en las condiciones para (y la posibilidad de) disponer de este bien para la vida digna.
Bajo el signo del neoliberalismo, la desconexión del metabolismo industrial respecto de los límites materiales de nuestro planeta se combinó con una ofensiva mercantilizadora (el avance del capital colonizador) en todas las esferas del mundo de la vida, alterando la producción y reproducción social, incluso en aquellos factores no remunerados o económicamente valorados. Así, la heterogeneización del mundo del empleo, la precarización de las relaciones e inserciones laborales, el consecuente incremento de las desigualdades sociales, la privatización de servicios y el retroceso de los Estados en su misión de garantizar derechos sociales y derechos humanos como el agua, la salud, la vivienda y la energía se expresan en la injusta precariedad de las condiciones socioecológicas en la que vive gran parte de la población mundial.
Como perfecto y alarmante complemento de esa faceta, la extracción, la comercialización y el control de los recursos fósiles –que resultaron las fuentes privilegiadas de energía– intensificaron los esquemas de concentración por parte de actores oligopólicos, capitales transnacionales o empresas estatales que alteran cada vez más dramáticamente los ciclos vitales de la naturaleza.
Por todo esto, cuando desentrañamos la relación histórica entre sociedad y naturaleza a través del prisma de la energía (y entendemos a esta última como relación social), podemos afirmar que, en tanto fuerza de movimiento necesaria para la vida, ella es un derecho humano, pero más aún un bien común que ha sido objeto de sistemáticas apropiaciones y mercantilización, al calor de las formas en que se concibieron la civilización, el progreso y el desarrollo en sus diferentes etapas históricas, según lógicas meramente económicas e instrumentales, binarias y antropocéntricas. Cualquier transición energética que propongamos en nuestros días implica necesariamente y antes que nada desterrar esta relación instrumental y mercantil.
Caracterización del sistema energético
El sistema energético no se reduce a la relación producción-consumo de determinados volúmenes físicos de energía, sino que incluye otras esferas en cuyo entramado intervienen (en diferentes escalas) políticas públicas, conflictos y demandas sectoriales, alianzas geopolíticas, estrategias empresariales, desarrollos tecnológicos (y vínculos con la tecnología), diversificación productiva, oligopolios, correlación entre energía y distribución de la riqueza, o entre energía y matriz productiva, etc. Ese conjunto de vínculos se despliega dentro del sistema humano y entre este y la naturaleza, determinado por las relaciones de producción existentes (Bertinat, Chemes y Forero, 2020).
El sistema energético de matriz eminentemente fósil es altamente concentrado. En esta concentración intervienen características físicas y políticas de los capitales y la propiedad. Las políticas energéticas, desde su concepción hasta su ejecución, suelen estar fuertemente centralizadas en los Estados nacionales. Por añadidura, se cuenta con deficiente información pública y con léxicos opacos o inapropiados (tecnicistas o cientificistas, por ejemplo). En este escenario, el poder de lobby de sectores empresariales y políticos resulta de alta eficiencia a la hora de definir los lineamientos de las políticas. Entretanto, el sistema energético global ya se confirma como profundamente mercantilizado y desigual. El consumo per cápita del 18% de la población mundial que vive en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es más de cuatro veces mayor que el del restante 82% de la población mundial (Bertinat, 2016).
La desigualdad energética es analizada en diversos trabajos por medio de indicadores de “pobreza energética” que, aunque valiosos y necesarios, en muchos casos solo aportan una mirada unidimensional de un problema mucho más complejo: se trata de un sistema inequitativo y, además, inherentemente conflictivo. Como dijimos en la introducción de este libro, a lo largo de la historia la posesión de hidrocarburos se convirtió en un objetivo estratégico, sinónimo de luchas de poder y de guerras imperialistas. La intervención sobre los territorios para la extracción de recursos fósiles implicó e implica hechos de violencia a diferentes escalas: numerosas guerras e invasiones, pero también golpes de Estado, bloqueos, acciones de propaganda infamante, contratación de milicias paraestatales o ejércitos tercerizados, asesinatos.
En América Latina, el carácter conflictivo del sistema energético puede verse también en los impactos socioambientales causados en los territorios, la biodiversidad y las comunidades afectadas por las grandes obras de infraestructura energética en todos los eslabones de su cadena. Con esas mecánicas se vulneran derechos, se desarticulan y fragmentan lazos sociales o comunitarios, se expulsa a poblacionales (lo que se conoce con el eufemismo “desplazamiento”) y se configuran territorios de “sacrificio” víctimas de criminalización social, violencia o represión a líderes, organizaciones y comunidades que oponen resistencia.
En suma, las características del sistema energético –más allá de los aspectos particulares de cada escenario nacional– pueden resumirse así: un sistema fósil, desigual, excluyente, conflictivo, mercantilizado. Un sistema energético opaco y con falta de participación ciudadana en su concepción y su gestión (Bertinat, Chemes y Arelovich, 2014; Worker Institute at Cornell, 2012).
Los caminos de una transición energética justa y popular
Entender la energía desde una perspectiva crítica e integral en el devenir sociohistórico nos lleva a afirmar que es necesaria y urgente una transición energética inserta en la transición ecosocial y coherente con ella.
Las transiciones, conjuntos de procesos y acciones que permiten y acompañan el desplazamiento de una situación a otra, precisan no solo de un diagnóstico o punto de partida, sino de un impulso normativo o una imagen de “futuro deseado”: ya sea “vida digna”, “buen vivir”, o el imaginario que cifre nuestras expectativas y que construyamos (Gudynas, 2011). Esto, en definitiva, expresa el sentido de la energía en disputa –bien común / derecho o mercancía, concepto-marco no unívoco, puro ni lineal, sobre el que existe un debate abierto con sus consensos de clausura o discursividades hegemónicas. Desde nuestra perspectiva, es indisociable de la búsqueda de sociedades basadas más en la equidad y menos en la materialidad.
Existen tantos proyectos de transición como intereses que los promueven; sin embargo, a los fines analíticos, se evidencian dos grandes tendencias: una de ellas es la agenda de transición energética corporativa (Bertinat, Chemes y Forero, 2020), sostenida por aquellos actores que, frente a la situación climática, postulan un mirada corporativa y patriarcal que solo percibe un potencial de acumulación de riqueza y posicionamiento hegemónico geopolítico, con débiles mecanismos de sustentabilidad. Esta posición hoy dominante, el “universo del ambientalismo corporativo” o la “narrativa capitalista-tecnocrática” (Svampa, 2018b), concibe la transición como un mero recambio de fuentes en la matriz energética, sin cuestionar ninguna de las características propias del sistema, que a la vez constituyen los límites concretos para su democratización.
La transición energética corporativa puede tener diversos adeptos tales como empresas multinacionales, Estados (en sus múltiples escalas), instituciones y organizaciones, que adoptan esta perspectiva como forma más rápida de responder a la urgencia de la crisis con la premisa “eficiencia tecnológica”. Lo que importa es conservar los nichos de mercado y garantizar la relación oferta/demanda por el creciente consumo, sin aspirar a que se alteren sus lógicas inherentes.
El objetivo –que se presenta como fin en sí– es emitir menos gases de efecto invernadero (GEI) y generar cierto respaldo geopolítico a la creciente preocupación pública por el cambio climático. Se acopla con la escalada de acumulación de riqueza y poder que ha encontrado impulso en las nuevas áreas de extracción y que continúa dando respaldo a las relaciones de desigualdad existentes, al garantizar un supuesto crecimiento ilimitado, pero solo para unos pocos. Esta tendencia es hegemónica, capitalista, colonial y patriarcal, impulsa falsas soluciones ligadas a alternativas controvertidas: la energía nuclear, el gas como “combustible puente”, las energías “extremas”, los agrocombustibles, entre otros.
En esta línea se inserta también la escalada de expectativas sobre el litio y el hidrógeno, que han venido a exacerbar las agendas de capitalismo verde, al tiempo que reeditan visiones eldoradistas sobre América Latina (Svampa, 2013; Slipak, 2015; Argento, Puente y Slipak, 2017). Como sostenemos a lo largo de este libro, se trata de intereses que presionan sobre los territorios y despliegan formas de “acumulación por desfosilización”.
En contrapartida, existe una multiplicidad de experiencias colectivas de construcción de realidades disruptivas o contrahegemónicas, como organizaciones comunitarias, cooperativas, gestiones autónomas, movimientos socioterritoriales o vecinales que cotidianamente presentan otras formas y valoraciones sobre la energía. Así, expresan disputas sociopolíticas por el sentido, los usos comunitarios y la construcción de lo común en torno a la energía.
Son apuestas, desde la sustentabilidad superfuerte, basadas en la justicia socioambiental, participativa y cooperativa –con otras lógicas de participación, no subalternizadas–, vinculadas al universo del ambientalismo popular y organizadas en torno a las narrativas relacionales, anticapitalistas y enmarcadas en las propuestas para una transición ecosocial. Esta perspectiva daría lugar a propuestas para una transición energética justa y popular, que conlleva la eliminación de las desigualdades energéticas y la generación de mecanismos de redistribución de la riqueza (incluida la energética), aceptando los límites que imponen la finitud de los recursos y el agotamiento de los sumideros.
A continuación, presentamos de manera desglosada y no exhaustiva, algunas de sus coordenadas.
Coordenadas de una transición energética justa y popular
Desmercantilizar
Entendemos la energía como parte de los derechos colectivos en congruencia con los derechos de la naturaleza (Bertinat, 2013; Bertinat, Chemes y Moya, 2012). Tomamos como ejemplo las luchas por el derecho al agua, cada vez más presentes en América Latina.
Nos interesa pensar al “derecho” como la facultad que en calidad de conjunto tenemos los seres vivos –humanos y no humanos–, dado que es vital para el ejercicio de la vida digna presente y futura. Este proceso de apropiación colectiva y gestión común supone la desmercantilización del sector de la energía, al cuestionar que, en el marco del actual sistema capitalista, los mercados sean instrumentos al servicio de sectores cuya racionalidad es la acumulación de ganancia, más allá incluso de consideraciones acerca de los límites físicos o de la vida. Para que este proceso se extendiese del modo en que lo hizo, fue necesario que el mercado capitalista avance y colonice las esferas no mercantilizadas (Aguirrezábal y Arelovich, 2011).
Este concepto disputa las vías para resolver las necesidades y apunta a fortalecer las formas de la economía asociadas a la reproducción de la vida. En la opción de reconocer y potenciar otras instituciones y otros actores por fuera del mercado capitalista debe ser central revalorizar y cambiar el sesgo de “lo público” –no necesariamente sinónimo de lo estatal– y “lo común” en torno a la gestión de la energía: cooperativas, organizaciones barriales comunitarias, comunidades originario-campesinas, movimientos sociales que se aboquen al tema, ya sea para resolver las necesidades de alimento o llevar a cabo las prácticas de resistencia por la defensa de una vida digna.
Ante las propuestas de la economía “verde”, en estas disputas vuelven a cobrar relevancia reflexiones y reivindicaciones de territorialidad y autonomía, de gestión y decisión colectiva, como pilares de nuevas relaciones sociales en el plano de la producción, distribución y consumo de energía.
Como ya hemos señalado, uno de los principales obstáculos con el que se encuentra esta tendencia es la normativa y legislación vigente, en gran parte un resabio de los años noventa, que impuso liberalización, desregulación extrema de los mercados, segmentación de las cadenas energéticas en “unidades de negocios” y formó cuadros “técnicos” dirigentes tanto en el sector privado como público que realimentaran este sistema. En lo que respecta a la desmercantilización, existen espacios donde probablemente sea más sencillo avanzar, como el de la distribución de energía eléctrica, pero para ello resulta necesario apoyarse en las experiencias existentes e impulsar procesos de participación ciudadana.
Disputar la noción de necesidades
El objetivo más ambicioso de la transición está vinculado a la posibilidad de construir procesos y mecanismos de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. Como sostiene Antonio Elizalde (2003),
el modelo de “desarrollo” imperante, entendido como crecimiento sostenido, es tributario de un sistema de creencias anclado a la ideología del progreso y es (eventualmente) la culminación del paradigma científico moderno. Si queremos alcanzar la sustentabilidad, es imprescindible la modificación de tal sistema de creencias. En esta perspectiva, adquiere pleno sentido la propuesta de una nueva teoría sobre las necesidades humanas.
Desde mediados del siglo XX, la noción de desarrollo quedó ligada a la de productivismo y “crecimiento económico”, sin importar qué tipo de bienes, para qué y a quiénes son destinados. Esta idea mecanicista se asocia con el acceso de la sociedad a un conjunto cada vez mayor de bienes y servicios. Analizado en términos de producto bruto interno (PBI), este “crecimiento” esconde la evidencia de que, en los hechos, los bienes no están distribuidos equitativamente y, además, experimentan –en la mayoría de los casos– un fuerte proceso de reducción de su vida útil, ya sea por cuestiones meramente técnicas –obsolescencia programada– como económicas y culturales –decisión de no reutilizar o reciclar los bienes materiales–, lo que los transforma en algún tipo de residuo. Esto configura una lógica esencialmente perniciosa para la mayor parte de la población y, a mediano y largo plazo, destructiva para la humanidad en su conjunto (Bertinat, 2011).
Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1986) señalan que, si se tienen en cuenta determinadas necesidades fundamentales para el conjunto de los seres humanos, la naturaleza humana ha permanecido inalterable a lo largo de la historia y de las culturas. Por ello, han analizado las relaciones entre necesidades, satisfactores y bienes, y detectado la intensificación de la dependencia respecto de un número creciente de bienes para satisfacer necesidades humanas con el desarrollo del capitalismo. A partir de ello, reflexionan sobre las dimensiones asociadas a la cultura, como condición necesaria para el desarrollo de un futuro menos dependiente de materiales y energía. Esto nos sitúa ante la tarea ineludible de trabajar alrededor de los procesos de construcción del deseo, disputar la cultura hegemónica que esa supuesta necesidad plantea como indispensable para alcanzar la felicidad (Bertinat, 2013).
Es un proceso difícil en un contexto donde ha triunfado el consumismo, pero existe la posibilidad de avanzar en la construcción de alternativas. Sin duda las complicaciones más serias a la hora de pensarlas se dan en las zonas urbanas, entre otras razones porque allí se tiene poco o ningún acceso a la tierra y, por lo tanto, a los medios de subsistencia sin la mediación del dinero. Sin embargo, deben analizarse experiencias incipientes para determinar cuáles son las barreras que impiden que se generalicen o se dé un cambio de escala. Más aún si la pandemia de covid-19 ha visibilizado tanto la necesidad de relocalizar los alimentos para poder sostener una vida digna en condiciones extraordinarias, como la enorme huella ecológica del transporte global en estas cadenas deslocalizadas.
Estamos convencidos de que este proceso –de más amplio alcance y gran dificultad– requiere la multiplicación y articulación de prácticas y experiencias de transformación social; desde luego, no puede ser llevado adelante por los sectores hegemónicos. Debe ser parte de la construcción cultural de otro ideario de desarrollo, que algunos asocian al buen vivir, otros al ecosocialismo, otros al poscrecimiento o posdesarrollo.
Reducir el consumo y usar más energías renovables
La disponibilidad de energía y materiales se convierte en uno de los principales condicionantes a la hora de pensar procesos de transición. Como dijimos, la transición corporativa intenta una fuga hacia delante apostando a más mercado, ahora sobre la base de fuentes renovables de energía y en la senda de un consumo insostenible. Por nuestra parte, planteamos la necesidad de adaptarnos a la energía y los materiales existentes, habida cuenta de las cantidades físicas disponibles y de los impactos socioambientales que su uso y su extracción provocan.
La necesaria reducción de la demanda global emerge entonces como el punto más controvertido, porque implicaría encontrar estilos de vida con menor uso de energía y cambios importantes en el modelo de consumo. Un escenario compatible con limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 ºC exige de aquí a 2050 disminuir la demanda energética en un 32% respecto de los niveles de utilización de 2010. Como hemos reiterado, este porcentaje debe ser diferencial tanto en una escala global como dentro de los deciles más ricos y más pobres del conjunto de la sociedad. La reducción de la demanda debe planificarse democráticamente, establecer prioridades, categorizaciones y senderos de avance, sobre la base de la justicia climática global y la construcción del buen vivir o sostenibilidad de la vida digna.
En los trabajos desarrollados por la consultora Ecofys (2011), por ejemplo, se propician para 2050 escenarios mundiales renovables en casi su 100%.[18] Hacemos referencia a esta propuesta porque sus tres ejes podrían articular políticas concretas que servirían como pasos de la transición:
1 la reducción al mínimo necesario de energía para proporcionar servicios energéticos,
2 priorizar el suministro mediante fuentes renovables, locales cuando fuese posible,
3 suministrar la energía restante a partir de fuentes convencionales de la manera más limpia posible (Deng, Cornelissen y Klaus, 2011) y
4 la mejora de la conservación de los ecosistemas junto a un manejo agroecológico de la tierra (Prieto, 2018).
Con esas premisas, debería corroborarse la demanda en función del análisis de los diferentes portadores de energía (electricidad, combustibles, etc.), más las diversas actividades y su intensidad energética. Un desarrollo innovador sería aquel que piense desde las necesidades, elaborando un escenario de abajo arriba, conforme a los usos en condiciones de equidad social.
La controversia acerca de la disponibilidad de suficientes fuentes renovables de energía y la madurez para su utilización todavía no está saldada. Sí hay suficientes certezas acerca de la finitud y escasez de una serie de materiales y minerales necesarios para el desarrollo de esas fuentes.
Esto requiere de nuevos abordajes. Existen algunas herramientas incompletas o imperfectas que podemos utilizar como base. Una de ellas es la doble caracterización de las fuentes energéticas introducida por la Cepal hace ya más de una década.
En un trabajo realizado a comienzos de este siglo (Cepal, Olade y GTZ, 2003) se percibe un avance positivo, ya que introduce un doble estándar para el análisis de las fuentes energéticas: los atributos de renovabilidad y sustentabilidad (esta última, concebida no como un fenómeno propio de la fuente en sí misma, sino como uno antrópico, según los procesos de apropiación y utilización).[19] Más allá de la potencialidad de esta conceptualización creemos que necesariamente debe vincularse a un paradigma holístico e integral acerca de la naturaleza.
Generar nuevas herramientas de análisis de los emprendimientos energéticos cobra relevancia en el actual momento de expansión de la frontera de las commodities, signado por la fuerte embestida para mercantilizar los bienes de la naturaleza. El análisis desde las dimensiones social, ecológica, política y económica puede ser una herramienta metodológica útil en la medida que se comprenda que es imposible alcanzar un equilibrio natural entre ellas.[20] Estas dimensiones se presentan de manera conflictiva, y para resolver los roces entre ellas se requieren las relaciones de fuerza favorables para impulsar el accionar del Estado.
Es necesario emprender una desfosilización rápida y eficaz, pero congruente con los demás ejes que planteamos. En la actualidad, el mayor riesgo en este sentido reside en la captura de las alternativas energéticas renovables por parte de sectores concentrados, que en muchos casos impulsan proyectos excluyentes, realimentando un sistema energético perverso.
En este sentido es indispensable, también, superar la habitual trampa de la “ecoeficiencia” que, si bien opera como un mito siempre presente, fue desmitificada ya en el siglo XIX por William Jevons (1865). Su investigación cuestiona la falacia del optimismo científico depositado en meros cambios técnicos cuando afirma que, al aumentar la eficiencia de algo, se disminuye el consumo específico pero asciende el uso total, lo que provoca en definitiva un balance neto de incremento de uso másico de energía.
Un camino auspicioso y poco explorado es presentado por la eficiencia energética como una fuente de energía. Esto requiere desarrollar procesos de prospección y exploración de eficiencia como una fuente. Es importante construir un análisis comparativo de los beneficios económicos, ambientales y sociales de esa prospección, en contraposición con la exploración hidrocarburífera o de otras fuentes, conforme a un paradigma posfósil.
Asimismo, para que la lógica del sistema energético se sostenga ya no sobre la aducida necesidad actual de “vender” energía como mercancía, sino en sentido opuesto podría ser propicia la idea de la energía como un derecho. Para ello son necesarios procesos de reducción neta del uso de energía y tener presente el contexto de inequidad reinante en este ámbito, vale decir, con atención a los procesos de redistribución. En pocas palabras, necesitamos reducir la energía utilizada en el planeta y eliminar las desigualdades sociales y geopolíticas para que, al mismo tiempo, las grandes mayorías (los sectores populares) consuman más y mejor.
Redistribuir desde la energía
La eliminación de la pobreza energética no es un eje prioritario de las políticas energéticas de hoy en día (Cepal, 2009); entre los sectores de menores recursos, la energía es escasa, más cara y menos eficiente; en especial, en las grandes ciudades se notan condiciones indignas, inseguras e insuficientes; por ejemplo, se ven obligados a sostener conexiones ilegales al tendido eléctrico. El sistema vigente no fue diseñado para resolver los problemas que el conjunto de la población tiene para acceder y usar la energía, y pese a las notables mejoras en América Latina en los últimos años, aún hay millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y muchas más cocinan con biomasa en condiciones riesgosas o nocivas para su salud.
En términos relativos, los sectores de menores ingresos pagan por los servicios energéticos mucho más que los sectores de mayores recursos, lo que evidencia una lógica regresiva de las tarifas que depende sobre todo de la concentración de la energía y de los procesos formadores de su “precio”.
La calidad de la energía utilizada en sectores carenciados siempre es menor que la de otros sectores. En los pocos trabajos que existen sobre eficiencia energética en el uso final, se comprueba que estos sectores de la población requieren más unidades energéticas para cubrir las mismas necesidades. Por ejemplo, utilizan más energía para cocinar, calentarse o refrigerarse que los sectores de mayores ingresos. Esto probablemente se deba a que disponen de equipamiento de menor calidad por su menor precio o a las condiciones de su hábitat y vivienda, entre otras circunstancias.
Así, es necesario pensar la energía como una herramienta fundamental a la hora de fortalecer mecanismos de redistribución de la riqueza aun dentro de un marco normativo como el actual. En este sentido, la revisión de las tarifas de las diferentes fuentes es una condición indispensable para un proceso de transición, lo cual requiere flexibilizar los sistemas tarifarios asociándolos a parámetros como ingresos, condiciones del hábitat y patrimonio, de manera que sean factibles mecanismos que castiguen el sobreconsumo suntuoso y subsidien un consumo digno para otros sectores (Bertinat, 2013). Algunas propuestas en este sentido surgen de multisectoriales y organizaciones que defienden a los consumidores. Es preciso que las políticas públicas recuperen el aprendizaje social y las agendas de estos actores, y avancen de manera concreta hacia la implementación de conceptos e indicadores como el de “canasta energética” (Bertinat y otros, 2002) que significa poder construir, habida cuenta de pautas culturales y sociales, un conjunto de medios energéticos que garanticen una vida digna.
Cambiar el modelo productivo
Al decir del investigador uruguayo Gerardo Honty (2019), ya no se trata de cambiar el modelo productivo, sino de aceptar que el limitante es la energía y debemos pensar qué modelo es posible con la energía que disponemos y podemos utilizar.
El uso final de la energía varía considerablemente en el planeta y, desde luego, en las diferentes subregiones del continente: mientras en algunos países el transporte es el sector de mayor consumo, en otros ese peso es igualado por la industria. Esos dos sectores dan cuenta de las tres cuartas partes del consumo energético, mientras que el tercer lugar corresponde al residencial. Independientemente de las iniciativas asociadas a la eficiencia energética, es necesario avanzar en análisis sectoriales que permitan cuestionar la matriz productiva y el rol del transporte regional, a fin de pensar en alternativas para el corto, mediano y largo plazo, e impulsar transformaciones estructurales.
Un relevamiento sobre los consumos del sector industrial expresa que los sectores más intensivos en el uso de energía son aquellos deslocalizados de los países desarrollados (Cepal, Olade y GTZ, 2003). Resulta determinante poder evaluar integralmente los beneficios y perjuicios de este tipo de actividades en América Latina, incorporando en el análisis no solo las “externalidades”, sino los elementos de las matrices insumo-producto, de manera que se conozca el peso de la energía tanto en su aspecto físico como económico, o aquellos asociados a la infraestructura energética necesaria, que por lo general se desarrolla con dineros públicos y resulta una transferencia de renta hacia sectores transnacionales.
En los países más industrializados de la región, los sectores que consumen más energía son aquellos que exportan gran parte de su producción. El análisis de esta situación nos lleva a pensar en un proceso de exportación virtual de energía incorporada en productos elaborados o semielaborados, en muchos casos utilizados como insumos en países desarrollados para incorporar mayor valor agregado. Este mecanismo se ha mantenido debido a que, en nuestros países, la energía es abundante y barata en términos relativos frente a otras regiones del planeta. Además, no solo las legislaciones son laxas y faltan controles ambientales y sociales, sino que ávida y acríticamente los gobiernos de la región de las últimas décadas abrieron las puertas a propuestas de industrialización deslocalizadas de sus países de origen.
Por otra parte, el sector del transporte probablemente sea uno de los que presenta más perspectivas de intervención con medidas que puedan disputar un sentido diferente. Se revela la necesidad de repensar la circulación de personas y cosas y el modo en que se la implementa. La destrucción de las cadenas locales de producción y su concentración son un potenciador de las distancias y kilómetros que incorporan los diferentes bienes que se consumen. La descentralización productiva, el fortalecimiento y la relocalización de las cadenas y circuitos locales son entonces alternativas para la reducción de la huella energética de circulación de las mercancías y el transporte.
Transformar el sistema energético requiere transformar el modelo productivo, y pensar qué sectores deberían tener menor peso en un futuro no lejano. En este sentido es claro, por ejemplo, que la industria de los hidrocarburos y la del automóvil particular deben decrecer en las próximas décadas. Esto representa un gran desafío a la hora de pensar en políticas públicas que favorezcan procesos trabajo-intensivos y se impulsen con un fuerte protagonismo de las trabajadoras y los trabajadores y de sus herramientas sindicales a la hora de programar sus agendas de transición justa.[21]
Descentralizar, democratizar
En la actualidad, más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades, y se espera que en 2050 la población urbana sea más de un 66%. En América Latina la tasa de urbanización es aún más alta que la media global: mientras que en 1970 era inferior al 60%, en 2010 rondaba el 80%, y para 2025 se proyecta cercana al 90% (ONU-Habitat, 2012).
En estos tiempos, preocupa la falta de participación en el desarrollo de las políticas energéticas, ya que mayoritariamente se concentran en manos de los Estados nacionales y, dentro de estos, en círculos de “especialistas”. Los debates quedan restringidos a sectores de élites del gobierno y a algunas consultoras, expuestas al intenso lobby de los sectores empresariales interesados en el área.
No solo es posible, sino necesario, avanzar en la democratización y descentralización de las políticas energéticas. Experiencias como las de energía ciudadana, ciudades en transición, cooperativas de consumo y producción o algunas prácticas de generación distribuida dan cuenta de que estamos en condiciones de apropiarnos de las políticas energéticas, no delegarlas en los estados nacionales, disputarlas y construir espacios ciudadanos que alienten otro modelo energético, renovable, participativo, inclusivo, que reconozcan los límites planetarios y la inequidad existente.
Así, son destacables las propuestas para crear espacios en ámbitos municipales que disputen el poder en torno a la energía. Concebidos como espacios abiertos, conformados por actores sociales, sindicales, educativos o por los gobiernos locales, permitirían que la ciudadanía se apropie del comando sobre las políticas energéticas. Estas experiencias pueden traccionar las decisiones, desde concepciones como la satisfacción de las necesidades, la garantía del acceso a la energía, el rol del Estado local como consumidor y también como generador, la descentralización de las fuentes energéticas y, de manera general, el compromiso de la sociedad expandiendo la reflexión y la concientización sobre esta problemática.
Por lo tanto, es necesario potenciar las características que estos espacios presentan en nuestra región, así como las experiencias legislativas locales, las asociaciones, multisectoriales o comisiones contra los tarifas abusivas, sin dejar de lado las experiencias más ambiciosas como los ya mencionados movimientos de ciudades en transición o las campañas asociadas a la municipalización de servicios públicos. El proceso de descentralización y desconcentración de las políticas resulta inviable sin una democratización de la energía.
Despatriarcalizar la energía
El patriarcado como lógica violenta de expansión de las diferencias sexuales que pasan a ser desigualdades sociales ha estado históricamente ligado a las estructuras y formas históricas de apropiación del trabajo, la naturaleza y, por lo tanto, de la energía. Despatriarcalizar la energía supone entonces desnaturalizar una multiplicidad de niveles que configuran el carácter patriarcal, capitalista y colonial del sector energético, y además los actores sociales vinculados con este (tanto empresas y decisores políticos cuanto sindicatos y trabajadores, entre otros).
Desde la crítica situada, feminismos y ecofeminismos populares, territoriales, urbanos vienen cuestionando los órdenes de desigualdad que se expresan en lo micro/macro. Despatriarcalizar la energía implica necesariamente transformar los límites heterónomos para las mujeres y entidades feminizadas, y también visibilizar la multiplicación de las “naturalizaciones” que obran en la negación de las desigualdades sexogenéricas, ya sea por los sentidos ligados a determinadas tareas o labores como “masculinos”, ya sea por la persistencia de brechas salariales –históricamente las mujeres obtienen salarios menores que los hombres por las mismas labores–, o por el “techo de cristal”, que –de modo silencioso– controla y limita el porcentaje de mujeres que acceden a cargos jerárquicos o a situaciones y beneficios que se consideran prerrogativa de los varones.
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