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Lo social: un sector particular

Nos interesamos en el texto de Donzelot (2005), La police des familles,1 por la delimitación de lo social en cuanto espacio particular. Por tanto, nuestro propósito no es hacer un comentario exhaustivo del texto mostrando todas sus unidades, su composición metodológica y las críticas de las que ha sido objeto. Tampoco se trata de sacar algunas conclusiones para aplicarlas al caso colombiano, ya que entendemos bien la distancia existente entre las condiciones particulares de cada país, el conjunto de sus relaciones propias y las diferencias en los procesos históricos de cada contexto. En ese sentido, nos concentramos en la caracterización y el hecho de lo social.

Cuando Donzelot (2005) toma a la familia como objeto de estudio, lo hace con dos intenciones generales. La primera, mostrar el funcionamiento del gobierno en la sociedad liberal avanzada. Desde esa perspectiva, la familia es entendida como un ejemplo del ejercicio del poder operado desde finales del siglo XVIII. Es decir, la familia es tomada como punto de ataque para exponer el funcionamiento del gobierno en los últimos dos siglos. El segundo objetivo es extraer las prácticas de transformación de la familia, prácticas que, a su vez, establecerán las formas de integración de nuestras sociedades que les dan su carácter policiaco. Por tal razón a lo largo del texto de Donzelot el objeto “familia” se difumina en provecho de otro: lo social.

Pero esa doble intencionalidad no omite —al contrario, exige— que el autor señale las distancias tomadas respecto a las interpretaciones historiográficas y políticas dominantes sobre la familia. Según Donzelot, la historia política ha definido la familia como una reproducción del orden establecido, convirtiéndola en el blanco de defensas y ataques políticos por parte de la sociedad. De un lado, los conservadores la habrían defendido como el centro constitutivo del Antiguo Régimen. Defensores también los liberales, pero a partir de otros términos: la familia como garante de la propiedad privada, de la ética liberal y como límite de la intervención del Estado. Desde otro lugar, el socialismo y el feminismo atacarán la familia porque sería el lugar de imposición del orden establecido, sea capitalista, sea patriarcal. Otra interpretación, esta vez desde el psicoanálisis, permanecería entre esas posiciones: la familia definida como el lugar donde es posible percibir el psiquismo individual y colectivo. Otra interpretación historiográfica la ofrece la historia de las mentalidades. Esta afirma que la familia moderna debe su formación a la lenta extensión del modelo que la burguesía forjó; que es entonces una reproducción y una expansión concéntrica de sus principios, su lógica, sus sentimientos, sus costumbres y su organización.

Apartándose de esas interpretaciones, Donzelot demuestra cómo fueron efectuadas las intervenciones que conducirían a la modificación de la familia en el seno de la sociedad francesa. Un cambio que el autor define como el paso del gobierno de las familias al gobierno por la familia. Según Donzelot, en el “gobierno de las familias”, propio del Antiguo Régimen, el padre era el responsable de la conducta de cada uno de los miembros (la mujer, los niños, la parentela, los domésticos), por lo que podía interferir sobre sus destinos y regular las relaciones internas. A su vez, el ejercicio de ese poder se sostenía sobre la relación de dependencia entre el padre y un afuera, es decir, el padre como figura responsable del comportamiento de la familia frente al poder soberano y frente a las entidades públicas (religiosas, corporativas, aldeanas).

De otro lado, los reclamos dirigidos al Estado en busca de más subsidios, por parte de una población sometida a una creciente miseria, y las profundas fracturas entre la burguesía y las clases populares dan forma al “gobierno por la familia”. Ante esa doble amenaza contra el Estado y la sociedad liberal, la respuesta fue convertir la familia en el médium por el cual cada miembro podía afirmar su realización. La interpretación de Donzelot (2005) demostrará la exacerbación del carácter familiar, así como la exposición a sus miembros de las ventajas e inconvenientes para conectar las exigencias normativas y los comportamientos económico-morales. De tal manera, el autor ilustra la tutela de la familia en nombre de la lucha contra la inmoralidad, la falta de educación y las falencias sanitarias. En nombre de los miembros más frágiles (mujeres, niños), la familia es objeto de un gobierno directo. Intervención estatal, correctiva y salvadora. Pero la familia puede aumentar su autonomía si logra dominar sus necesidades y su capacidad económica: es el lugar del ahorro, de la promoción de la mujer, de la moral del trabajo, de la iniciativa escolar. Al ganar y conservar su autonomía, ella se hace responsable de los comportamientos normales de sus miembros pero ella puede, a pesar suyo, ser objeto de una tutela directa. De esta manera, la familia moderna es, al tiempo que liberada, controlada. Producto de una transformación y no de una conservación.

La familia moderna no es tanto una institución como un mecanismo. Y debido a la disparidad de figuras familiares (bipolaridad popular y burguesa), al desnivel entre el interés individual y el interés familiar, este mecanismo funciona. Su fuerza reside en una arquitectura social, cuyo principio es desde siempre acoplar una intervención exterior a los conflictos o diferencias de potencial en el interior de la familia: protección de la infancia pobre, que permite destruir la familia como islote de resistencia, alianza privilegiada del médico y del educador con la mujer para desarrollar prácticas de ahorro, de promoción escolar, etc. Las prácticas de control social cuentan mucho más con la complejidad de las relaciones intrafamiliares que con sus complejos, con su apetito de promoción que con la defensa de sus privilegios (propiedad privada, rigidez jurídica). Maravilloso mecanismo, puesto que permite responder a la marginalidad con una desposesión casi total de derechos privados y favorecer la integración positiva, la renuncia a la cuestión del derecho político por la búsqueda privada del bienestar (Donzelot, 2005, pp. 89-90).

Bajo las condiciones y las exigencias del Estado liberal, el procedimiento que finaliza la transformación de la familia fue el conjunto de medidas elaboradas por la filantropía. Al poner a disposición equipamientos colectivos, ella logró responder a las preguntas formuladas por el Estado liberal: ¿cómo contener el riesgo que la miseria significaba?; ¿cómo disciplinar a las clases trabajadoras? Dicho de otra manera, preguntas que se resumen en la necesidad de organizar y controlar una población que asegura la pervivencia del mismo Estado liberal. En esa medida, la filantropía se inscribe dentro de las estrategias biopolíticas del siglo XIX (Donzelot, 2005).

Según Donzelot (2005), la filantropía se organizó a partir de tres polos. El polo asistencial remite a la esfera privada, las demandas formuladas al Estado en términos de derecho al trabajo y a la asistencia. Ese polo toma al Estado como lugar de paso de un cierto número de consejos y de preceptos de comportamiento, centrados en la pedagogía del ahorro entendido como medio para fortalecer la autonomía familiar, en la reducción de formas orgánicas, festivas y transfamiliares de solidaridad y, por último, en la supresión de los riesgos que significaban la dependencia y la insurrección. Así, en lugar de la donación, la filantropía prodiga el consejo práctico y normativo apuntando la falta moral que determina la pobreza de cada familia. Es así como se invierte una cuestión de derecho político en moralidad económica.

El segundo es el polo médico-higienista. Este lo utiliza el Estado como medio material para conjurar los riesgos de destrucción de la sociedad por la disminución física y moral de la población, por la aparición de luchas y por el surgimiento de la violencia política. La orientación médica se compromete a señalar los lugares de intervención estatal donde la liberalización de la sociedad toma el riesgo de invertirse. Para ello, recurre al cuerpo legislativo protector de la infancia, de la salud y de la educación como una manera de intervenir en la familia en nombre de una vida sana y disciplinada. En ese sentido, la higiene pública y privada, la educación y la protección de los individuos más frágiles se dirigen a la población que la industria emplea, al tiempo que se asegura la adaptación positiva de los individuos (Donzelot, 2005).

Donzelot (2005) afirma que el tercer polo surge a finales del siglo XIX en el cruce de las líneas que pertenecen a los otros dos polos. Es el polo de la infancia donde esta es el objeto privilegiado, sea porque ella puede estar amenazada (infancia en peligro), sea porque ella se puede convertir en elemento amenazante (infancia peligrosa). Es el momento de la creación de las sociedades y patronatos de la infancia y de la adolescencia, que se ocupan de los elementos peligrosos con el fin de volverlos útiles mediante el aprendizaje de oficios o de actividades productivas. Pero es también el momento de las campañas e iniciativas para la protección de la infancia que permitirán una transferencia progresiva de la soberanía de la familia moralmente insuficiente hacia el cuerpo de notables filántropos, magistrados y médicos especialistas de la infancia.

Teniendo a la infancia como punto de convergencia privilegiado, la interacción de líneas de esos polos permitirá la configuración de eso que se conoce como “lo social”. El movimiento asistencial y paternalista que se había propuesto conjurar la cuestión de la pobreza encuentra su legitimidad en las viviendas sociales, las escuelas, las cajas de ahorro, el subsidio familiar y todo un conjunto de provisiones familiares, en la promulgación de normas sanitarias y educativas. En efecto, el Estado asume el rol de garante del buen funcionamiento de la sociedad liberal, cuando la asistencia pública, la justicia por la infancia, la medicina, la psiquiatría, la escuela y los organismos de recomendaciones oscilan entre, por un lado, la difusión de normas educativas, sanitarias, económicas y morales que fortalecen la autonomía de la familia y de sus miembros y, por otro lado, la intervención directa en la familia en nombre del bienestar de los más débiles. Según Donzelot (2005), desde el final del siglo XIX aparecen una serie de profesiones: asistentes sociales, educadores especializados y coordinadores, agrupados bajo un estandarte común, el trabajo social.

Con el recorrido histórico descrito por Donzelot como horizonte, la definición de lo social que ofrece Gilles Deleuze toma toda su amplitud. En el texto L’ascension du social que sirve de epílogo al libro La police des familles, Deleuze (2005) dice:

Ciertamente, no se trata de adjetivo que califica el conjunto de fenómenos de los que se ocupa la sociología: LO social remite a un sector particular en el que se incluyen, si es preciso, problemas muy diversos, casos especiales, instituciones específicas, todo un personal cualificado (asistentes “sociales”, trabajadores “sociales”. Se habla de flagelos sociales, del alcoholismo a la droga; de programas sociales, de la repoblación al control de natalidad; de inadaptaciones o de adaptaciones sociales (del predelincuente, del temperamental o del disminuido, hasta los diversos tipos de promoción) (p. 213).

En efecto, el libro de Donzelot da cuenta no solamente de la transformación de la familia sino también de la constitución y de la emergencia a partir del siglo XVIII de ese sector particular en Francia. Lo social no se confunde con el sector judicial, ni con el sector económico, ni con el sector público/privado, incluso si tiene múltiples relaciones con ellos. Es, como lo dice Deleuze (2005), un híbrido moderno definido por el cruce entre la ley y el aparato judicial que, a su vez, toma nuevas extensiones, con las reglas y exigencias económicas llegando incluso a crear toda una “economía social”, con las intervenciones del Estado modificando los límites entre lo privado y lo público. Es un sector cuyas líneas constitutivas se entrecruzan a diferentes niveles. No es la misma organización si se trata de una familia obrera o de una familia rica, de una familia urbana o de una familia rural. No es la misma jerarquía asistencial respecto a sus miembros: en vez del hombre la mujer, mejor los hijos que los ancianos. No se hacen donaciones (limosna, bienes materiales) pero sí se prodigan consejos, normas, principios. Aunque los sujetos —la familia y sus miembros— ganen en autonomía, el control se estrecha. Se rompe y redistribuye la autoridad paternal; la mujer, por su parte, encuentra el principio de su promoción social. Una red de miradas con el deber de hablar y señalar los lugares de intervención: la medicina, la higiene, la pedagogía, la psiquiatría, la sociología, el derecho, el psicoanálisis. En resumen, diferenciación ricos-pobres, ciudad-campo; nuevos sujetos y objetos de la asistencia; redistribución de la autoridad y del control; varios saberes bajo el registro del trabajo social.

Así pues, ese sector particular, ese híbrido moderno, nace de una nueva redistribución en el campo de fuerzas. Finas líneas de mutación que actúan —para el caso descrito por Donzelot— sobre la familia modificándola, pero al mismo tiempo, delimitando el dominio de lo social. A pesar de sus múltiples cruces, se trata en efecto de un nuevo campo donde se distribuyen nuevas técnicas de intervención, nuevos objetos de saber y toda una serie de instituciones y de personal especializado. Sin embargo, y es preciso señalarlo tanto como sea necesario, la ascensión de lo social producto de la transformación de la familia solo es válida para el proceso analizado por Donzelot. Ese proceso de redistribución y de modificación de relaciones no será el mismo en un país periférico como Colombia. La formación y emergencia de lo social como sector particular en ese otro contexto respondió a un campo de condiciones y de intereses diferente; fue una ascensión de lo social determinada por otro tipo de reajuste histórico.

A pesar de la fluctuación de líneas que permitieron la constitución de lo social en Colombia, ese proceso no ha sido debidamente analizado. En ese marco, nuestro trabajo quiere contribuir de alguna manera a esbozar la carta de vectores constitutivos de lo social, enfocándonos en el campo de intervención de la Iglesia católica en las primeras décadas del siglo XX.

La historiografía local sobre el tema de lo social como lo hemos definido aquí se divide en dos ramas. Por un lado, la historia política y socioeconómica y, por otro, la historia de las ideas y de las ciencias. En lo concerniente a la primera, el punto de partida de la gran mayoría de estas investigaciones es la definición de lo social a partir del Estado. En ese sentido, esos estudios hablan de un proceso de ajuste de lo social por el Estado como efecto de las reformas y políticas desarrolladas a lo largo de la década de 1930 por los gobiernos liberales. Autores como Pécaut (1987) o Silva (2005) sitúan la configuración del dominio social a partir de la creación de instituciones para el bienestar del pueblo como parte de los propósitos sociales del Estado. Se identifica entonces la formación del sector social con la puesta en marcha en el país de los principios generales del Estado de bienestar. Según estos estudios, antes de la gestión de esos gobiernos liberales no existían las instituciones, iniciativas, políticas, oficios, conocimientos y medidas que pudieran llamarse, a título propio, sociales. De tal forma, antes de la intervención estatal, solo existían instituciones diseminadas que ofrecían servicios bajo la orientación de la tradición colonial.

En efecto, la mayoría de los estudios de historia política y socioeconómica del país han entendido lo social ligado a una falta o a una precariedad del modelo de nación, que habría dificultado la consolidación de una gestión estatal de lo social (Bushnell, 1993). En ese tipo de lectura, la definición de lo social permanece atada a un sector de la población (enfermos y pobres) o al conjunto de la nación colombiana (la sociedad). Además, lo social en la gran mayoría de esas lecturas socio-económicas es considerado como un campo de la sociedad colombiana profundamente fragmentado a causa de las divisiones históricas que continúan proyectándose hasta el presente (Palacios y Safford, 2002). Aquella fragmentación, revelada en lo geográfico, lo estatal y los intereses partidistas, es presentada por Marco Palacios (1995a) de la siguiente manera:

La inmensidad de una geografía accidentada en relación con la escasa población; la pobreza secular; el desbarajuste de las estructuras de la administración pública agravado por las ambiciones y rencores que, anidados primero en el corazón de élites arrogantes, se filtrarían, bajo la forma del sectarismo rojo y azul, desde las ciudades a los vecindarios más apartados y humildes (p. 13).

Lo social aparece entonces en relación al conjunto de fracturas históricas compuestas por los partidos políticos, las diferencias regionales y los accidentes geográficos. Para autores como Marco Palacios, F. Safford o David Bushnell, la causa principal de esta precariedad que ha dificultado la consolidación de lo social en el país fue la rivalidad entre los dos partidos políticos tradicionales del país, liberal y conservador, que con sus luchas sectarias desintegraron la débil unidad nacional y agravaron la impotencia del Estado.

Este tipo de interpretación ha permitido afirmar categóricamente que el Estado colombiano delegó la responsabilidad social a la Iglesia. Como hechos históricos que corroboran esta tesis se señalan la Constitución de 1886, el Concordato firmado entre el Vaticano y el Estado colombiano en 1887 y la posterior llegada masiva al país, durante las últimas décadas del siglo XIX, de órdenes religiosas vinculadas principalmente a la educación y a la beneficencia (Melo, 1989, 1996; González, 1997). Aquello constituye el marco general a partir del cual se asegura que Colombia no finalizó un proceso de secularización, frenando e impidiendo a su vez la realización de una sociedad propiamente moderna. Un proceso que iba a contrapelo de lo que pasaba en otros países de la región y que explicaría la incapacidad del Estado colombiano de consolidarse como regulador de la sociedad. En este orden de ideas, la fragmentación regional, cultural y bipartidista habría sido la causa fundamental de la formación de un Estado débil, entendida tal debilidad como uno de los efectos visibles de procesos modernos no conducidos a término (Palacios, 1995a).

Respecto a los estudios historiográficos sobre la formación del conocimiento de lo social en el país, el texto de Leal y Rey (2000) se presenta como referencia imprescindible. Si bien existen otros textos sobre esta temática, este representa y sintetiza los postulados fundamentales desde la historia de las ciencias y la historia de las ideas sobre la producción de discursos científicos (Jaramillo-Uribe, 1970; Castaño, 1986). En él se presenta el marco aceptado hasta ahora sobre el pasado de las ciencias sociales en Colombia, donde se afirma que la profesionalización de las disciplinas sociales ha sido relativamente reciente y fuertemente ligada a la modernización del Estado y de la sociedad en la década de 1930.

Este análisis institucional de las ciencias sociales en Colombia parte de la definición actual de las disciplinas que demarcan los límites del estudio de lo social. El “pasado” de los saberes sobre lo social es descrito como una serie de eventos aislados asumidos como precursores de las actuales ciencias sociales. En esa lectura se ven dos movimientos de análisis: primero, se asume la existencia de un campo disciplinar contemporáneo (la psicología, la sociología) para intentar identificar el momento de su emergencia, de su origen. De ello resulta la producción de una serie de artículos dedicados cada uno a una disciplina en particular, lo que produce el efecto de un origen igualmente independiente. Después se establece una relación estrecha entre la modernización estatal y las ciencias sociales donde se explica la consolidación al tiempo que el carácter fragmentario de las ciencias de lo social en Colombia.

En ese sentido, se concluye que aquellos saberes dedicados a lo social no existieron antes de la cuarta década del siglo XX. Se afirma entonces que antes de esos años no existía un campo intelectual ni conceptual, negando asimismo la posibilidad de reconocer una configuración de saber diferente a la actual. A partir de esas interpretaciones historiográficas, de las que el libro de Leal y Rey es un ejemplo representativo, lo que hubo al cambio de siglo fueron intelectuales (abogados especializados) aficionados en el estudio de teorías sobre sociedades desarrolladas “en otras latitudes”, sin espacios institucionales de discusión y de circulación para sus apreciaciones. En ese sentido, las correspondencias entre ese tipo de historia institucional de los saberes y la historia política y socioeconómica de lo social son evidentes.

Sin embargo, hay que señalar que desde hace algunos años, trabajos provenientes de la historia, la filosofía, la sociología y la antropología han desarrollado nuevas formas de estudio de lo social. Ejemplo de lo anterior, el volumen Pensar el siglo XIX identifica nuevas claves para dar cuenta de la constitución del orden político decimonónico y su idea de nación, no solo desde cuestiones económicas, sino también culturales, es decir, dando una especial atención al “entramado simbólico que quiso instaurarse como fundamento cultural de la nación colombiana en el siglo XIX” (Castro-Gómez, 2004, p. 3). A ese nivel Zandra Pedraza ha marcado puntos fundamentales en el debate sobre la apropiación de las ciencias naturales y sociales. En sus trabajos ella explora el rol de la biología en la construcción del orden político finisecular. Pedraza (2004) afirma que “el pensamiento social colombiano y latinoamericano se nutrió durante el siglo XIX de los principios de la biología y produjo un conjunto de recursos para el gobierno de la vida” (p. 185). En ese sentido ella explora los cambios en las formas de gobierno y los intereses políticos de la inscripción en el cuerpo de las formas específicas de ejercer el poder alrededor de la vida.

También se encuentra el trabajo de Castro-Carvajal (2007), quien en su búsqueda a propósito del trato de la pobreza en el país desde 1870 expone la forma en que se cruzaron las iniciativas públicas, privadas y personales de ayuda a los pobres. Agrupando en dos grandes bloques las estrategias alrededor de la pobreza, la ayuda institucional y la ayuda a domicilio, Castro marca la constitución de una red compleja de establecimientos donde participan el Estado, las sociedades privadas, las órdenes religiosas y ciudadanas. Según la autora, hacia 1870 el Estado comenzó a buscar la mejor manera de garantizar la prestación de servicios concediendo recursos a los establecimientos públicos y privados como hospitales, asilos, orfanatos, etc. Un tipo de gestión administrativa que encontraría una cierta estabilidad hacia 1920 por la aplicación de impuestos, presupuestos municipales, departamentales y nacionales y, finalmente, por la creación de loterías. Como lo sostiene Castro-Carvajal (2007), es posible entonces considerar el año 1870 como el momento en el que lo social entró con evidencia y notoriedad en los programas de gobierno colombiano más allá de las afiliaciones políticas y de los agentes que creaban y aplicaban esas nuevas estrategias de intervención.

Por su parte, el trabajo de Obregón-Torres (2002) marca las articulaciones entre ciencia y política a partir del caso de la lepra en Colombia. La enfermedad aparece como el eje sobre el cual fueron articuladas nuevas racionalidades económicas y productivas y los intereses estatales de control sobre la población. Ese ensamblaje contemplaba la preocupación política para “regenerar” un pueblo que, a partir del saber médico de la época y del discurso político, comenzaba a aparecer como degenerado, pobre y enfermo. En la misma línea, el trabajo de Noguera (2003) reconstruye la emergencia del discurso médico e higienista en Colombia, así como las prácticas y los efectos sociales y políticos que él contribuyó a producir.

A ese nivel, se ha analizado el rol de la eugenesia en la articulación de los programas de higiene propuestos y aplicados en los primeros años del siglo XX. Como lo muestra McGraw (2007) para el caso del Caribe colombiano, los proyectos higienistas fueron realizados a partir de “ideas científicas que reprodujeron las jerarquías raciales, de género y de clase ya existentes” (p. 73). En América Latina, en general, la convicción de que existía una raza degenerada encontró en la eugenesia y en el darwinismo social una vía sobre la cual proyectar soluciones sociales y programas políticos en acuerdo con teorías biológicas (Stepan, 1991). Como ha sido destacado por Restrepo y Becerra (1995), aunque en Colombia la biología no se consolidó como disciplina científica, diferentes líderes intelectuales utilizaron el estatuto epistemológico del evolucionismo para debatir y legitimar las estrategias políticas alrededor del orden social.

Estos estudios han permitido superar los principios y criterios de la historia política, la historia socioeconómica y el análisis institucional de los conocimientos que, por un lado, hacían coincidir la formación del sector social con la modernización del Estado en la década de 1930 y, por otro lado, marcaban el surgimiento de los conocimientos sociales en el momento en que fueron institucionalizados en el país. Se ha logrado, por tanto, abrir el campo de las relaciones simbólicas y de las relaciones de saber y de poder hasta el punto de hacer más clara la circulación de metáforas, conceptos, nociones y de estructuras de análisis sobre lo social, sus articulaciones con conocimientos positivos y las formas de intervención en la sociedad. Sin embargo, el panorama historiográfico sufre aún de algunos vacíos.

En la historiografía local, el debate entre religión y ciencia está siendo analizado en un contexto más complejo que aquel de la polarización partidista (Tovar, 1996; 2002). No obstante, en esa línea queda por mostrar cómo el sentido de lo social se encontró entre las definiciones seculares y las definiciones religiosas en el momento en que la Iglesia católica se preocupó oficialmente de la “cuestión social” (con la encíclica Rerum Novarum de 1891) y de la institucionalización, desarrollo y divulgación de la ciencia moderna (con Aeterni Patris en 1879). En ese orden de ideas, deseamos contribuir a colmar el vacío existente respecto a las relaciones discursivas que han permitido a la Iglesia católica pronunciarse a propósito de lo social en el país e intervenir en su nombre. En otras palabras, queremos esbozar el tipo de intervención orientada por la Iglesia, identificando el registro particular de enunciados que hicieron posible la racionalización católica sobre lo social. Sostenemos, pues, que ciertas líneas constitutivas del sector particular de lo social en el país fueron jalonadas por la Iglesia católica, haciendo uso de nociones y conceptos provenientes de las ciencias positivas. De tal manera, debe ser considerado el diseño operado por la Iglesia católica en la formación de lo social y su capacidad de crear un espacio reglamentado donde se trataron temas como la higiene pública, la ayuda pública, la protección de la infancia y del obrero, la seguridad social, la rehabilitación de la infancia […] Un campo donde circularon nociones como “sociedad”, “cuerpo social”, “progreso social”, “orden social”, “justicia social” y otras tantas análogas, constitutivas de ciertos modos de producción de verdad sobre la población colombiana.

Como uno de los postulados de nuestra investigación, tenemos el conjunto de conclusiones de autores como Saldarriaga y Dávila (2004; 2007; 2012) a propósito de la apropiación del positivismo en Colombia. Ellos afirman que hacia 1870, después de la fundación de la Universidad Nacional y de la polémica académica conocida como Cuestión textos2, el campo de saberes sobre el “hombre” tuvo una “ruptura epistémica” gracias a la introducción de la distinción teórica entre las “ideas objetivas” y las “ideas subjetivas”. Ese campo de saber compuesto hasta entonces por la gramática general, la ideología y la economía política, sufrió una transformación de sus métodos a través de la apropiación de las nociones y de los métodos provenientes de las ciencias experimentales, que circularon principalmente con el libro de Claude Bernard L’Introduction à la méthode de la médicine expérimentale (1865). Aquella distinción permitió una operación epistemológica con efectos políticos: salvaguardar la validez del antiguo régimen de veracidad de la ciencia racional —la existencia de verdades universales, absolutas, inmutables— y, al mismo tiempo, incorporar el nuevo régimen de veracidad de la ciencia experimental —la existencia de verdades, también universales, pero relativas y mutables—. Este es el fondo del trabajo que las distintas escuelas positivas realizaron en América Latina (Saldarriaga, 2004; Dávila y Saldarriaga, 2012).

En Colombia, tal ruptura significó que hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX los métodos y los valores de las ciencias experimentales o positivas dominaron el campo epistemológico, donde se entrecruzaron de una manera compleja las ciencias humanas y las ciencias naturales. Todos los intelectuales colombianos, entre ellos los pensadores católicos, se encontraron forzados al efecto retórico de legitimar sus discursos con las ciencias. Así, los conceptos que fueron apropiados o formulados debieron ser efectivamente construidos según las nuevas reglas de producción de verdad. Incluso la religión debió ser validada en el dominio de las ciencias positivas, y en ese proceso circularon, en todas las direcciones, nociones, conceptos, metáforas y métodos entre las ciencias naturales, las ciencias humanas, los discursos políticos y los discursos religiosos y morales.