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La noche de Iguala¹

Estos demonios no son ni locos ni cuerdos. Se mueven como fantasmas en un mundo de tinieblas y problemas morales y crueles. Si fueran menos cobardes se suicidarían; si tuvieran un poco más de carácter serían santos. En verdad buscan la luz, pero la buscan completamente sumergidos en el barro. Y ensucian lo que tocan.

Roberto Arlt

1. La llegada

El 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero –municipio situado a 200 kilómetros al sur de la Ciudad de México–, todo mundo esperaba una gran fiesta. Se alistaban los últimos detalles para que a las 18:00 horas, en la plaza cívica Las Tres Garantías, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, rindiera su segundo informe de labores como presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (dif) municipal. El acto tenía no sólo relevancia como festividad local, implicaba el lanzamiento de la también perredista como sucesora de su marido en el ayuntamiento.

A 123 kilómetros de distancia, en la localidad de Ayotzinapa, en el municipio de Tixtla, alrededor de 95 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se alistaban para, a bordo de dos camiones de la empresa Estrella de Oro –con números 1531 y 1568– que habían secuestrado la víspera, viajar a Chilpancingo y ahí recabar dinero para financiar su participación en la marcha conmemorativa de la matanza del 2 de octubre. Aunque su plan tenía otro componente más ambicioso: querían hacerse de 25 camiones para poder viajar en caravana a la Ciudad de México, pues así lo habían determinado en una asamblea de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, conocida por sus siglas como la fecsm, la cual se había efectuado el 21 de septiembre de 2014.

Alrededor de las 16:00 horas, Bernardo Flores Alcaraz, estudiante conocido como El Cochiloco, se dirigió hacia la zona de la Normal donde mantenían retenidos los camiones y le dijo al chofer de la unidad 1531 que se preparara, según recuerda este último. Cuarenta minutos después llegó un grupo de jóvenes, la mayoría de primer grado, que podía identificarse en esa condición porque tenía la cabeza rapada como parte de una novatada que es común en la Normal. El chofer del autobús 1531 en su declaración ante la Procuraduría General de la República declaró que el jefe de los jóvenes que fue asignado para su unidad fue un “güero flaquito”.

Describió además la vestimenta de los muchachos, la cual denotaba que se trataba de jóvenes en su mayoría de origen humilde: algunos llevaban playeras de color rojo, otros blancas, otros camisetas azules, otros color café; incluso uno llevaba una playera rosa. Unos usaban huaraches, otros sandalias y algunos más, tenis. En la unidad 1568 quedó al mando El Cochiloco quien durante todos los trayectos estuvo de pie junto al chofer, para coordinar las acciones del resto de los normalistas.

Su salida de la escuela fue entre las 16:30 y las 17:30 horas. No pudieron llegar a Chilpancingo porque la policía federal se los impidió. Sólo llegaron a las inmediaciones a las 17:50 horas. En ese sitio, Flores Alcaraz les dio una segunda orden: dirigirse a Iguala. Les dijo, de acuerdo con las indagatorias del caso, que iban a secuestrar camiones para trasladarse a la Ciudad de México el 2 de octubre. Los camiones entonces se enfilaron hacia el norte del estado y llegaron a su destino, Iguala, entre las 19:30 y las 20:00 horas.

El autobús número 1568 se detuvo en el restaurante La Palma ubicado en la colonia Rancho del Cura, a diez kilómetros del centro del municipio, mientras el número 1531 se dirigió a la caseta de Iguala, a cuatro kilómetros del ayuntamiento. En el lugar, los jóvenes que iban a bordo se bajaron a botear. Entre las 20:15 y las 20:30 horas, cuando ya caía la noche, estudiantes encapuchados que venían en el vehículo de El Cochiloco pararon un autobús de la línea Costa Line –de la empresa Estrella Roja del Sur, con número económico 2513– y se apoderaron de él no sin algunos problemas pues el chofer les hizo ver que traía pasajeros y no los podía dejar abandonados en el lugar. Algunos viajeros, molestos, pidieron hablar con quien iba a cargo de los estudiantes y, tras una negociación, los normalistas aceptaron que les entregaran el vehículo en la central de camiones de Iguala. Una decena de muchachos trepó entonces a la unidad que emprendió el camino hacia ese punto ubicado entre las calles De Salazar, Hermenegildo Galeana e Ignacio Manuel Altamirano, en el centro de la ciudad.

Minutos después, los normalistas que permanecían en los dos puntos a los que originalmente arribaron, Rancho del Cura y la caseta, terminaron su labor de boteo. Sin embargo, en ese momento El Cochiloco recibió una llamada del grupo que se había dirigido a la terminal, solicitándole apoyo porque, tras haber llegado al lugar, alrededor de las 20:45 horas, el secuestro de más unidades que tenían previsto realizar se complicó: el chofer que los había trasladado los dejó encerrados en el vehículo, en la zona de los andenes, y ellos, tras pasar algunos minutos, mientras los operadores de la línea intentaban pedir instrucciones a la Ciudad de México, con desesperación habían roto los vidrios a pedradas. El Cochiloco les respondió al instante y dio la orden de dirigirse a la terminal.

Alrededor de las 21:10 horas los normalistas llegaron a la central a apoyar a sus compañeros apostados en los autobuses Estrella de Oro 1531 y 1568, y, ejerciendo violencia, tomaron dos camiones más de la empresa Costa Line, con los números 2012 y 2510. Un chofer se resistió y fue golpeado por ellos.

La unidad que llevó hasta ahí al primer grupo –número 2513–quedó con los vidrios rotos, y ya no fue utilizada en las siguientes acciones. Pero con los dos camiones recién tomados sumaban ya cinco los que hasta ese momento se habían visto involucrados en los acontecimientos (los números 1531, 1568, 2513, 2012 y 2510).

Un sexto camión, el Eco ter (Transportes Estrella Roja) con número 3278, que tiempo después sería motivo de una polémica tras ser denominado como “el quinto camión” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, giei, también fue abordado por alrededor de catorce estudiantes. Eran los primeros acontecimientos violentos que se suscitaban durante esa noche y que derivarían en una cacería brutal, de la que los normalistas serían las principales víctimas y habría 43 desaparecidos², porque desde que se presentaron en Iguala, no sólo la policía registraba sus movimientos: también Sidronio Casarrubias Salgado, jefe máximo de la organización delictiva Guerreros Unidos, al igual que células de sicarios y halcones a su servicio, tenía conocimiento de todo lo que ocurría.

El matrimonio Abarca-Pineda

A esas horas, en la plaza Las Tres Garantías, ubicada a unas seis cuadras de la terminal, el informe de María de los Ángeles Pineda Villa había terminado y su esposo, el alcalde José Luis Abarca, así como funcionarios y habitantes del municipio, festejaban con un baile amenizado por un grupo de música de banda. Un sello populista característico del matrimonio desde su arribo al poder dos años antes, el 30 de septiembre de 2012, cuando la carrera política de José Luis Abarca, ubicado entonces como un próspero empresario, se encontraba en un momento determinante, pero acompañado de una sombra: para serlo había dado un salto socioeconómico inexplicable.

Quienes lo conocían sabían que cuatro décadas atrás, el edil vendía aretes, collares y pulseras de oro y plata de casa en casa y un poco antes, con su abuelo Isidoro, sombreros que compraba en Toluca y llevaba a Iguala. Esa situación había cambiado repentinamente: en 2008 anunció que invertiría 300 millones de pesos en la construcción de un centro comercial, la Plaza Tamarindos. Su negocio inició con seis locales, pero al año siguiente ya tenía diecinueve en Guerrero y otros seis en Morelos: se había convertido en el mayor comerciante de oro del municipio.

Pobladores de Iguala cuentan que los caminos de Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, se cruzaron en una tienda de vestidos de novia que poseía el abuelo de éste, adonde llegaban Pineda Villa y su madre, Leonor, a vender las prendas que ellas mismas cosían. Poco después, Abarca y Pineda contraerían matrimonio. María de los Ángeles también se volvería rica y poderosa.

En ambos crecerían las ambiciones políticas que irían encontrando cauce: en el año 2010, cuando Ángel Aguirre Rivero³ buscaba la gubernatura de Guerrero, por la coalición Guerrero Nos Une, Abarca buscó a Lázaro Mazón, quien entonces era coordinador de la campaña del ex priista, para ofrecerle la realización de un evento para el candidato en el centro joyero de Iguala.

Éste se efectuó el 9 de enero del 2011 y Abarca lo dirigió. Ahí comprometió su apoyo y el de otros joyeros a Aguirre Rivero. A partir de ese día, Abarca se involucró en la campaña no sólo con apoyo moral sino también aportando millones de pesos. Igual hizo su esposa, quien incluso acompañó al candidato a giras y mítines y lo haría mas tarde ya con Aguirre como gobernador.

El empuje definitivo para la incursión de Abarca en la política provino del propio Mazón, quien se convertiría en secretario de Salud del estado, tras haber ocupado un escaño en el Senado y la propia alcaldía de Iguala. Se convertiría en padrino de aquél influido también por una relación añeja que los unía: María Velázquez, tía de José Luis, inició el negocio del oro en la familia y surtía a Lázaro algunas piezas para que éste pudiera venderlas y así pagar su carrera de médico. Con el paso de los años, Mazón pagó el favor con el impulso a Abarca para que llegara a la presidencia municipal de Iguala, el tercer municipio en importancia del estado de Guerrero.

Y para hacerlo llevó a su protegido ante la dirigencia del prd como aspirante externo a la candidatura y amenazó con renunciar si no lo aceptaban. David Jiménez Rumbo, líder del grupo Guerrero y de la corriente Alternativa Democrática Nacional, impulsaba a Justino Carbajal Salgado, sobrino de Félix Salgado Macedonio, mientras que el entonces gobernador, Ángel Aguirre, estaba con Óscar Díaz, quien era el aspirante mejor posicionado en las encuestas internas.

En medio de la pugna de corrientes intervino el dirigente nacional del prd, Jesús Zambrano, y contra la voluntad de muchos militantes del sol azteca, designó a José Luis Abarca como su candidato a la alcaldía. María de los Ángeles Pineda asumiría la función de operadora política y abriría un cauce a la consolidación de sus ambiciones políticas.

Una vez instalados en el ayuntamiento, Pineda ocupó la titularidad del dif. Llamaba la atención que su oficina tenía las mismas dimensiones que la de su esposo, además de tener poder total sobre la policía y sobre los empleados del ayuntamiento a quienes trataba con dureza. A su servicio tenía tres secretarias y dos ayudantes, pues además de poseer y ejecutar una agenda propia, determinaba en gran medida las actividades de su marido. Incluso en un momento dado, Abarca pasaría a un segundo plano dejando en manos de su esposa el protagonismo que requería para poder sucederlo en el cargo, en 2015. Y lo estaba logrando.

El 7 de septiembre de 2014, la originaria de Cayuncha, Zirándaro, estaba de plácemes: había ganado la elección interna del prd como consejera estatal cobijada por Los Chuchos, la corriente perredista Nueva Izquierda, y se perfilaba como aspirante a la alcaldía. También era uno de los principales enlaces con el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y aún protagonista en las giras del mandatario con su esposa Laura del Rocío Herrera.

Y mientras Pineda Villa de Abarca se codeaba con las altas esferas de la política guerrerense y escalaba posiciones, el grupo criminal del que presuntamente era líder, Guerreros Unidos, se iba asentando cada vez más en Iguala. Sus principales actividades delictivas eran el lavado de dinero, el secuestro, los levantones, el trasiego de drogas y el cobro de piso, y, al tiempo que la banda criminal sentaba sus reales en Iguala, lo hacían también en al menos otros catorce municipios del estado en las regiones norte y Tierra Caliente, además de distintas regiones de Morelos y del Estado de México. Paradójicamente, Abarca había llegado a la alcaldía con un discurso en el que denunciaba la inseguridad creciente.

El antecedente criminal, en el caso de Pineda Villa, era de tipo familiar: María de los Ángeles y sus cuatro hermanos, Julio Guadalupe, Alberto, Mario y Salomón, además de sus padres, fueron parte del cártel de los Beltrán Leyva, que disputaba las plazas de esas entidades al sur del país con el Cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán.

De acuerdo con información de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, cuando los Beltrán Leyva operaban al servicio de El Chapo, los integrantes de la familia Pineda Villa operaban en Zihuatanejo, Guerrero, y en municipios de Morelos. Aunque poco a poco fueron encontrando su destino y pagando las consecuencias de sus actividades relacionadas con el crimen organizado.

Cuando los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa se fragmentaron, la familia Pineda se mantuvo leal a los primeros. El 6 de mayo de 2009, cuando ya los Abarca habían inaugurado el Centro Joyero de Iguala y comenzaban a buscar opciones políticas, fueron detenidos los padres de María de los Ángeles, de nombre Salomón y María Leonor (la misma señora que años atrás vendía vestidos de novia a la tienda del abuelo de Abarca), junto con otros doce integrantes de una célula de los Beltrán Leyva. Fueron presentados por la policía federal incluso en televisión y, en esa ocasión se identificó al matrimonio Pineda Villa como el principal responsable de la operación de narcomenudeo en Morelos. Cuatro meses después, en septiembre, dos de los hermanos de María de los Ángeles, Alberto, a quien apodaban El Borrado, y Mario, El mp, fueron asesinados por grupos rivales. Sus cuerpos fueron encontrados a la vera de la Autopista del Sol, también en Morelos.

El 16 de diciembre de 2009, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México dieron un importante golpe al abatir, en un departamento del conjunto residencial Altitude, a Arturo Beltrán Leyva. El hermano de El Barbas, Héctor, El H, quien había sido su mano derecha, heredó el liderato, sin embargo, no pudo mantener el control del grupo criminal y el cisma fue inevitable. Algunos de sus aliados, como su jefe de sicarios, Édgar Valdez, La Barbie, decidieron encabezar sus propias células y dividirse las plazas de Guerrero, Morelos y el Estado de México, pero la detención de este último, en 2010, y de otros cabecillas como José Vázquez, El Indio, gestaron una nueva generación criminal.

Los distintos integrantes del clan de los Beltrán Leyva comenzaron a disputarse la sucesión y aparecieron en escena Guerreros Unidos, Los Rojos, La Barredora, el Cártel Independiente de Acapulco y el Cártel de la Sierra que iniciaron una guerra, una carnicería, para quedarse con el control de Guerrero.

Guerreros Unidos en Iguala

Guerreros Unidos, la organización delictiva que esa noche empezaba a exhibir toda su capacidad de organización para actuar con violencia ante lo que consideraba una invasión de territorio, se había apoderado de Iguala desde años atrás. En 2010, al frente de Guerreros Unidos estaban los hermanos Salomón y María de los Ángeles Pineda Villa.

A Salomón le decían El Salo o El Molón, y había sido detenido poco antes de la caída de Beltrán Leyva en 2009 y recluido en el Centro de Readaptación Social de Matamoros por delincuencia organizada, delitos contra la salud, acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y posesión de cartuchos reservados para las Fuerzas Armadas. Desde el penal dirigía la organización. Sin embargo, por errores en la integración de la averiguación previa, un juez de Tamaulipas ordenó su liberación en 2013. La pgr informó sobre su captura en octubre de 2014.

El grupo Guerreros Unidos logró consolidar su poder hasta el punto de disputarles las plazas a cárteles como La Familia Michoacana o Los Caballeros Templarios. Desde que fueron detectados, inteligencia militar ha dado seguimiento a sus actividades y ha clasificado a la organización criminal como sumamente violenta, ya que surgió de sicarios y de grupos como Los Pelones, que habían sido el brazo armado de los Beltrán Leyva.

En los últimos años, Guerreros Unidos ha tenido varios líderes, algunos de los cuales han sido capturados, aunque la organización sigue operando. El principal fundador fue Cleotilde Toribio Rentería, El Tilde, quien inició su carrera bajo el cobijo de Édgar Valdez Villarreal. Tras la detención de La Barbie, El Tilde se sumó al Cártel Independiente de Acapulco, pero más tarde lo abandonó para crear el grupo denominado La Barredora y se disputó a sangre y fuego el control de Acapulco con sus ex compañeros.

Se separó también de La Barredora para fundar Guerreros Unidos, que comenzó a operar en los municipios de Iguala, Coyuca de Catalán, Taxco y Ciudad Altamirano, en Guerrero, y en Cuernavaca, Morelos. Cleotilde Toribio Rentería fue detenido en junio de 2012 junto con el contador de la organización, Mario Saúl Farfán Ortiz. Tras esa captura, Mario Casarrubias Salgado, El Sapo Guapo, tomó el control de Guerreros Unidos y amplió la influencia del grupo al Estado de México.

La organización criminal se extendió hasta comercializar su droga en Chicago, Estados Unidos, y realizaba los traslados a través de tráileres de fruta y autobuses de pasajeros. Casarrubias Salgado dirigió Guerreros Unidos hasta su captura, en abril de 2014 y la organización delictiva volvió a cambiar de líder. El lugar lo ocupó Gonzalo Martín Souza Neves, pero no por mucho tiempo, pues tres meses después, en julio, fue detenido en Puebla.

Entonces, el hermano de El Sapo Guapo, Sidronio Casarrubias Salgado, tomó el control de Guerreros Unidos hasta que fue detenido en octubre de 2014, por su responsabilidad en la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa y consignado al penal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Otro liderazgo de Guerreros Unidos señalado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada fue el de Ángel Casarrubias Salgado El Mochomo, actualmente prófugo, líder de la organización desde Toluca y en relación directa con José Luis Abarca, quien le pedía desaparecer a sus enemigos. Las autoridades también identificaron a Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastian, como dirigente de Guerreros Unidos en Morelos y a un sujeto apodado El Chucky como operador del grupo criminal en Iguala. Un líder más de Guerreros Unidos era Benjamín Mondragón Pereda, El Benjamón, quien al verse rodeado por policías federales prefirió quitarse la vida, durante un operativo en Jiutepec, Morelos, el 14 de octubre de 2014.

“Abarca, asesino”

Horas antes de que los normalistas llegaran a Iguala, la policía de ese municipio supo de sus movimientos gracias a una llamada proveniente del c-4 de Chilpancingo, efectuada a las 17:59 horas, en la cual se reportaba el movimiento de las dos unidades en las que los jóvenes viajaban. En Iguala recibió la información David Hernández Cruz, adscrito al área de Protección Civil y Seguridad Pública, quien se encargó de transmitirla a sus superiores, que no sólo eran los policías sino integrantes del grupo delictivo.

La noche del 26 de septiembre, en medio del festejo, Abarca, identificado con la clave a5, recibió una llamada notificándole la presencia de los jóvenes ante lo cual ordena a la corporación reaccionar y pedir apoyo a la policía del municipio vecino de Cocula –también bajo el mando de Guerreros Unidos–, para darles un escarmiento.

El centro se comunica por radio con los policías de Iguala para informarles las instrucciones: a5 ha ordenado enfrentar a los estudiantes. Y según un informe del cisen, fechado el 1 de octubre y revelado algunos días después por la prensa⁴, María de los Ángeles Pineda Villa pidió a su jefe de seguridad comunicarla con el director de la policía municipal, Felipe Flores Velázquez, para ordenarle impedir que llegaran a su festejo. Estos hechos son confirmados en sus respectivas declaraciones por David Hernández, encargado del Centro de Control de la Policía de Iguala; por Marco Antonio Ríos Berber, halcón de Guerreros Unidos, y por otros policías detenidos. Pero el hecho es que cuando los estudiantes llegaron a Iguala, el festejo ya había concluido.

Para el matrimonio Abarca-Pineda, la presencia de los estudiantes en el municipio no era nueva, por lo que no sólo podían presumir que la pretensión de los normalistas era sabotear el acto político que estaban a punto de encabezar, también algunos antecedentes, viejas rencillas políticas, los orillaban a creerlo así. El 3 de junio de 2013, hacía sólo 15 meses, los normalistas habían tomado violentamente el Palacio Municipal para exigir la presentación con vida del entonces desaparecido Arturo Hernández Cardona, dirigente de la organización Unidad Popular de Guerrero, de la que los alumnos de la Normal se habían hecho aliados políticos, luego de que éste respaldara las movilizaciones para exigir castigo a los autores materiales e intelectuales de la muerte de los estudiantes Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, durante un desalojo que realizaron las policías federal y estatal el 12 de diciembre del 2011 en la carretera federal México-Acapulco.

Los militantes de la organización social y los estudiantes escalaron ese 3 de junio el nivel de sus protestas: derribaron puertas y pintarrajearon paredes. “José Luis Abarca, asesino”, decía una de las pintas que más incomodó al edil, quien era el principal sospechoso de la desaparición del líder social Hernández Cardona, levantado cuatro días atrás, el 30 de mayo de 2013, junto con Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez, quienes formaban parte además de la corriente Izquierda Democrática Nacional del Partido de la Revolución Democrática (de la que René Bejarano es fundador).

Al día siguiente del inicio de la protesta violenta en el Palacio Municipal de Iguala, Hernández, Banderas y Román fueron encontrados muertos a balazos y con huellas de tortura en el municipio de Tepecoacuilco. Otras cuatro personas que estaban con ellos, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y Nicolás Mendoza Villa, lograron escapar. El homicidio de Hernández Cardona representaba el punto más encendido de una confrontación política por el poder en Iguala y también una muestra de la capacidad de violencia que podía ejercer Abarca contra sus opositores.

El líder de Unidad Popular se había encargado de ser un opositor muy incómodo, denunciando actos de corrupción de Abarca. Acusaba, por ejemplo, que el alcalde tenía al menos a 30 de sus familiares con puestos en el ayuntamiento y exigía que renunciaran inmediatamente; protestaba también contra las extorsiones de la policía local, pedía cesar los operativos contra vendedores ambulantes en el Zócalo y demandaba la entrega de fertilizantes. Sus acciones muchas veces se tradujeron en actos vandálicos contra el Palacio Municipal.

En el caso de los familiares se quejaba de que Rafael, el medio hermano de José Luis Abarca, fuera director de Reglamentos y Espectáculos del municipio y su cuñada, Lucero Muñoz, directiva en el dif. Y de que en el Seguro Popular hubiera puesto a Mónica Abarca Muñoz, esposa del director de Recursos Humanos, Ignacio Tolosa, e hija de Javier Abarca, hermano de José Luis, quien se encargaba de la obra pública y de la distribución del diésel y que había llevado a sus sobrinos Axel y María Guadalupe Castellanos.

También en la nómina municipal estaban los sobrinos de José Luis Abarca, Boris Axel y Andrea Salgado y algunos de sus primos: Miguel Ángel Aureoles fue designado director de la clínica del Seguro Popular, Jesús y Daniel Velázquez Wences tenían puestos en el dif.

Miguel Ángel Garduño Velázquez era jefe de Control y Reparación Vehicular, mientras que Nury Salgado Jardón se desempeñaba en el área de Adquisiciones de la Comisión de Agua Potable y su esposo, Salomón Gutiérrez Muñoz, estaba adscrito al Rastro Municipal. Pero también la protegida de la presidenta del dif María de los Ángeles Pineda, Elizabeth del Carmen Avendaño Barrera, tenía categoría de procuradora de la Defensa del Menor y de la Familia en el dif municipal, y el compadre y amigo del alcalde, Jesús Bruno Corrales, era jefe de Servicios Generales. El alcalde también favoreció a Ulises y David Flores Hernández, sobrinos del ex secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, involucrado en el ataque a normalistas.⁵

El punto de quiebre entre Arturo Hernández Cardona y José Luis Abarca tuvo lugar el 1 de abril de 2013, en una reunión con el cabildo. Ese día la Unidad Popular, que aglutina a quince asociaciones de campesinos y colonos de asentamientos irregulares en Iguala, volvió a exigir la renuncia de los familiares de Abarca. Cara a cara le dijo que debía investigar los manejos de dinero de la alcaldía y le gritó que lo hacía responsable si alguno de los integrantes de su grupo era asesinado. La reunión terminó mal. Abarca le respondió: “Estás loco y pendejo, ahora nomás falta que te andemos cuidando para que no te maten con tantos problemas que tienes, cabrón”.

La última vez que Abarca Velázquez y Hernández Cardona protagonizaron una acalorada discusión fue la noche del miércoles 29 de mayo de 2013⁶, en el salón de cabildo, justo un día antes de la desaparición de los miembros de la up. La reunión tenía como objetivo buscar una salida a las demandas de la agrupación, que reclamaba la entrega de cien toneladas de fertilizante, promesa hecha por la anterior administración municipal a las organizaciones campesinas. El ayuntamiento aseguraba que el producto ya había sido entregado, y que no había más recursos. Hernández Cardona y sus acompañantes acusaron a las autoridades de corruptas y mercenarias.

Furioso, José Luis Abarca abandonó la reunión, pero según testigos exclamó: “Yo ya me voy, no le hago caso a pendejos. Vete a la chingada, ya me tienes hasta la madre, pendejo. Tengo gente que me hace mis trabajos”. Hernández Cardona aprovechó el momento y la concurrencia para responsabilizar públicamente al alcalde de Iguala por lo que pudiera ocurrirle en el futuro. Además, acusó a Abarca de promover una línea de investigación en la procuraduría estatal para inculparlo por el asesinato del síndico Justino Carvajal Salgado, ocurrido dos meses antes.

María de los Ángeles Pineda, la esposa de José Luis Abarca, presente en la reunión, cruzó también insultos con Hernández Cardona y acusó a la up y a su líder de criminales. “Mugrosos, delincuentes, vividores, lucradores”, les gritó. Pineda responsabilizó a Hernández Cardona por lo que pudiera pasarles a los miembros del cabildo y a la familia Abarca-Pineda y se lanzó a los golpes contra él. El carácter de la primera dama municipal hacía temblar a casi todos, incluido a Abarca.

Después de la fallida reunión, Hernández Cardona acordó con su organización realizar una manifestación en la Autopista del Sol para que se atendieran sus demandas respecto al fertilizante. La caseta de cobro Iguala-Puente de Ixtla, en Guerrero, fue el último lugar donde familiares y amigos vieron con vida a Hernández Cardona, el jueves 30 de mayo de 2013. El ingeniero fue secuestrado junto con seis de sus colaboradores. Luego apareció muerto y torturado. Una denuncia apunta directamente a Abarca como asesino de su principal opositor.

Según una reconstrucción realizada a partir de la declaración ministerial del sobreviviente Nicolás Mendoza Villa⁷, Abarca, auxiliado por su entonces secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, asesinó a Hernández Cardona. Al borde de una fosa, Abarca le disparó en el lado izquierdo del rostro, pero como el cuerpo no cayó en el agujero tuvieron que empujarlo. Ya en la fosa, Flores Velázquez instó a Abarca a darle otro balazo y éste lo hizo. Asustado, Félix Rafael Balderas Román trató de escapar, pero se atoró en una alambrada y los cómplices de Abarca lo asesinaron a golpes y pedradas para después enterrarlo.

El resto de los sobrevivientes fue sometido a torturas e interrogatorios mientras sus captores cavaban fosas. Tras una llamada que recibió la gente de Flores Velázquez, sacó los cuerpos y los subió a una camioneta junto con los otros acompañantes de Hernández Cardona. “A nosotros nos pusieron encima de los cuerpos y nos colocaron una cobija de cuadros… nos llevaron a Mezcala (a 55 kilómetros de Iguala), ahí tiraron los cuerpos… cuando nos bajaban de la camioneta Ángel Román Ramírez trató de escapar, pero uno de los sujetos le dio un balazo, lo jaló del brazo y cayó muerto”, declaró Mendoza Villa quien expresó tener miedo por la seguridad de su familia. Su madre ya había recibido amenazas de muerte, así que responsabilizó a Abarca y a Flores de lo que pudiera ocurrirles a él y a los suyos.

El 27 de abril de 2015 el hermano de Mendoza Villa fue asesinado. Le dispararon en la cara –como a Hernández Cardona– y le cortaron las orejas. Su cuerpo fue abandonado en una cuneta de la carretera a Chichihualco, en Guerrero. La regidora perredista y viuda de Arturo Hernández, Sofía Mendoza, solicitó al Congreso local un juicio político contra Abarca para que la Procuraduría de Guerrero investigara su presunta participación en el secuestro y homicidio de los tres activistas, sin embargo, su petición fue rechazada. Abarca Velázquez se deslindó de los asesinatos días después y solicitó a la Procuraduría General de la República atraer el caso.

La toma del Palacio Municipal tuvo su origen en este crimen, el 3 de junio de 2013, y la participación de los alumnos de Ayotzinapa concluyó sólo hasta que el gobernador Ángel Aguirre intervino y prometió resolver el caso. El 12 de junio de 2013 la pgr decidió iniciar una averiguación previa contra el edil y remitió tres tomos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para que se hiciera cargo de la indagatoria. Esta última, entonces a cargo de Rodrigo Archundia, inició otra contra Abarca por el secuestro de los ocho miembros de Unidad Popular. Desde entonces se indagó el hecho de que supuestos integrantes de Los Rojos, la banda rival de Guerreros Unidos, estuvieran infiltrados en las protestas que realizaba la Unidad Popular contra el gobierno municipal. En términos políticos también el hecho representó una ruptura en el prd pues David Molina Francisco, presidente del Consejo Político Estatal, acusaba a Abarca⁸ del asesinato de los activistas.

2. La toma de camiones

El centro de Iguala se conforma de cuatro espacios públicos. Tres de éstos se alinean consecutivamente de poniente a oriente de la siguiente manera, y cada uno en una cuadra: primero está la de la explanada Las Tres Culturas, donde se erige el palacio municipal; enseguida la del atrio y la Parroquia de San Francisco de Asís; y finalmente la de la plaza del kiosko. En una cuadra más, al sur del templo católico, está la del parque del monumento a la bandera.

A este conjunto de espacios lo cruza en sentido sur a norte una sola calle: Juan N. Álvarez, la cual es continuación de Hermenegildo Galeana, es decir, esa vialidad es la que más rápidamente conduce de la terminal de autobuses al punto donde se efectuaba esa noche la fiesta del matrimonio Abarca-Pineda.

Fue precisamente esa calle la que tomó el camión 1531, con cerca de veinte jóvenes a bordo, alrededor de las 21:13 horas. Seguido por una columna de tres camiones más conformada por las unidades 2012 y 2515 de Costa Line, y la 1568, de Estrella de Oro. Todos iban rumbo al Zócalo y si su idea era dejar Iguala tomaron una ruta más larga. Otro camión, con unos catorce normalistas a bordo –el Eco ter 3728– no se integró a esa caravana: salió por el lado opuesto, la calle Ignacio Manuel Altamirano y avanzó hacia el sur.

De acuerdo con declaraciones de los normalistas, el autobús Estrella de Oro 1531 dio vuelta a la derecha en la esquina donde hay un Elektra, es decir, en la calle Juan Aldama, que delimita el costado sur del parque donde está el monumento a la bandera, y es paralela a la calle Bandera Nacional que pasa justo a un lado de la explanada Las Tres Garantías.

Los otros tres camiones, con 61 normalistas, continuaron circulando hacia el norte por una calle repleta de comercios. De acuerdo con el informe de la pgr del caso Iguala, esta caravana de vehículos fue interceptada al menos cinco veces en su trayecto hacia el norte, la primera de ellas sólo 50 metros después de haber salido de la terminal. En las tres siguientes, todas en puntos contiguos al centro de Iguala, los uniformados abrieron fuego. En la cuarta, en la calle Emiliano Zapata, unos diez normalistas se bajaron de los vehículos y lanzaron piedras a los policías. Así lograron abrirse camino por aquellas calles que, a causa del informe y la fiesta del alcalde y su esposa, ese día presentaban una saturación mayor a la habitual, antes de llegar al primer punto donde ya hubo un ataque directo y se registraron las primeras víctimas de la noche.

Los vehículos atravesaron el cuadrante donde ya había terminado el informe, pero la hostilidad policiaca les impidió aproximarse aún más. Para ese momento de la noche ya estaban en choque la osadía y el sentido de provocación de los normalistas de Ayotzinapa y la capacidad de violencia de una policía cooptada por el crimen organizado.

Según las investigaciones de la pgr, José Luis Abarca entregaba, a través de su esposa, entre dos y tres millones de pesos mensuales a los líderes de Guerreros Unidos para operar y controlar a la policía municipal: Raúl Núñez Salgado, operador financiero del grupo delictivo, detenido por fuerzas federales, dijo que parte de ese dinero, 600 mil pesos, era usada mensualmente para cubrir los gastos de “nómina” de la corporación cooptada a tal grado por Guerreros Unidos que éstos eran los que decidían quiénes podían ser admitidos como agentes.

Núñez declaró que daba una importante cantidad de dinero al subdirector de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, actualmente detenido.

Además, al llegar Abarca a la presidencia municipal, su esposa reforzó a la policía de Iguala con doce patrullas y ocho motopatrullas, veinte radios portátiles y ocho radios móviles e incorporó veinte efectivos más, aunque la seguridad no mejoró pues todos los agentes, incluidos sus mandos, estaban al servicio de ella, su esposo y Guerreros Unidos.

Y así fue como comenzaron a desaparecer personas y a aparecer fosas clandestinas en toda la sierra cercana a Iguala, hecho que encendió los focos rojos en el ejército y en la procuraduría del estado. El 11 de abril del 2014 la policía estatal encontró un narcolaboratorio en la colonia San Miguel, sin embargo, la policía municipal alertó del operativo a quienes producían drogas sintéticas en el lugar y no hubo detenidos.

Unos días después, el 17 de abril, en la colonia San Miguelito, el ejército encontró los cuerpos de siete personas en una fosa clandestina y el 20 de mayo otros nueve fueron localizados en cuatro fosas clandestinas en la colonia Lomas del Zapatero.

Homicidios en Guerrero

El grito de auxilio no era nuevo, pero fue hasta la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cuando todo mundo volteó hacia Guerrero, donde el poder y la infiltración del narcotráfico parecían un secreto a voces. En Iguala, Cocula y sus alrededores, los desaparecidos se cuentan por decenas, al igual que las fosas clandestinas descubiertas en los últimos años. Guerrero es, además, la región con más homicidios de México, 63 por cada 100 mil habitantes, según cifras de 2013.

Desde que empezó el combate militar contra el narcotráfico en 2006, hay trece mil 241 personas oficialmente no localizadas en México, según datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas hasta julio de 2017.

Desde mucho antes del fatídico 26 de septiembre de 2014, Iguala ya era una zona de horror donde la gente desaparecía y, por las noches, pasaban camionetas cargadas de cadáveres rumbo a los cerros. Los vecinos aseguran que la zona es un cementerio de los narcotraficantes y recuerdan que el tiradero de cadáveres en el ejido de Pueblo Viejo empezó en 2010.

Autoridades de Guerrero señalan que esta zona agreste al poniente de Iguala fue escogida por Guerreros Unidos para instalar narcolaboratorios y casas de seguridad en las que mantenían retenidas a sus víctimas, a quienes después ejecutaban y sepultaban en algunos puntos de las faldas de los cerros.

Este grupo delictivo también opera en Cocula, Huitzuco, Tepecuacuilco, Cuetzala del Progreso, Cateopan de Cuauhtémoc y Taxco de Alarcón, municipios aledaños a Iguala. En Teloloapan y Apaxtla de Castrejón, que completan la región norte del estado, Guerreros Unidos se disputa la plaza con La Familia Michoacana.

3. El primer ataque

A las 21:45 el grupo de tres camiones, formado por los dos Costa Line recién tomados en la terminal –con números 2012 y 2515–, seguidos por el Estrella de Oro que sí se mantuvo en la misma ruta –el número 1568–, fue interceptado en la calle Juan N. Álvarez, esquina con Periférico Norte, por un conjunto de patrullas de Iguala y Cocula que les impidió el paso. Un estudiante ubicó perfectamente el lugar al referir que ocurrió frente a la pozolería La Flechita y la Bodega Aurrerá.

Los normalistas descendieron de las unidades y Bernardo Flores, El Cochiloco, y otro sujeto apodado El Fresco intentaron dialogar con los agentes sin llegar a nada. Al contrario, el ambiente se tensó y se inició la agresión con armas de fuego. El normalista Aldo Gutiérrez resultó herido de un balazo en la cabeza que lo dejó en estado de coma cuando, junto con algunos de sus compañeros, intentó mover una camioneta de la policía de Iguala que, puesta en su camino, obstruía el paso. Existe una imagen de esa noche, en la que se aprecia al muchacho tirado en el pavimento que luce húmedo, cerca de la parte trasera de una camioneta policiaca.

En medio de la balacera, algunos estudiantes se dispersaron por la zona y lograron huir. Sin embargo, estudiantes refirieron a la pgr que alrededor de 20 ó 25 de sus compañeros, la mayoría de ellos ocupantes del autobús de la retaguardia, el 1568, que había salido desde la Normal, fueron detenidos por policías de Iguala. Entre ellos se encontraban los alumnos Doriam y José Luis González Parral, Bernardo Flores Alcaraz, Miguel Ángel Hernández Martínez y Marco Antonio Gómez Molina, quienes fueron bajados del camión y obligados a poner las manos en la nuca mientras les apuntaban con rifles ar-15.

Los forzaron a tirarse al piso boca abajo, antes de ser subidos en las bateas de al tres menos tres pick-ups, dos de la policía de Iguala, la 027 y la 028, y una de la de Cocula, la 302. En el lugar, los uniformados después se tomaron el tiempo de recoger casquillos percutidos por sus armas. A los jóvenes detenidos sus compañeros ya no los volvieron a ver. Siguiendo instrucciones del subdirector de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, fueron trasladados a su comandancia para luego entregarlos al crimen organizado.

En ese primer ataque frontal, un estudiante recibió un balazo en un brazo, corrió y, al sentir la sangre emanando de la herida, optó por hacerse un torniquete; a otro, un tiro le destrozó varios dedos y uno más tuvo una crisis respiratoria. Todos fueron llevados al hospital.

El origen de Los Rojos

Al igual que Guerreros Unidos, el grupo criminal conocido como Los Rojos se creó tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, a manos de la marina. El nombre nació del apodo de su primer líder Jesús Nava Romero, alias El Rojo, quien extendió su poder hasta Morelos y alcanzó a la policía de Yautepec. Éste murió el mismo día que Beltrán Leyva tras lanzarse por una ventana.

Otro de sus jefes fue José Ángel Nava, el r2, cuyo mando no duró mucho, pues el 9 de octubre de 2010 fue secuestrado y luego hallado muerto en el basurero de la comunidad de Tuxpan. El grupo fue entonces liderado por María del Carmen Nava Romero, hermana de El Rojo y el esposo de ésta, Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez, alias El Bocinas, quien fue asesinado en Médica Sur de la Ciudad de México en diciembre de 2012 por integrantes de Guerreros Unidos que lo habían dejado herido durante un atentado en Cuernavaca. María del Carmen Nava se hizo del liderazgo de Los Rojos y comenzó a hacer cobros de piso, secuestros y extorsiones, distribución y trasiego de drogas desde Chilpancingo y la zona de Ayotzinapa a otros municipios hasta su detención en marzo de 2014. Un mes después de esa captura se conocería el poderío de la organización criminal en Chilpancingo. Las autoridades de seguridad del estado detuvieron a principios de mayo a siete integrantes ligados a varios homicidios en ese municipio, así como a robos, extorsiones y secuestros. A partir de esa fecha se empezó a decir que el líder de Los Rojos era Omar Cuenca Marino, El Niño Popis, y su principal operador Santiago Mazari Hernández, El Carrete.

No se sabe dónde está El Carrete, pero en 2015, a través de mantas colocadas en cinco municipios de Morelos, éste se deslindó de la desaparición y masacre de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El deslinde vino después de la detención de Rubén Mazari Sánchez o Rubén Aguilar Sánchez, El Charro, hermano de aquél, el 9 de febrero de 2015, quien de acuerdo con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, controlaba los secuestros, en la zona surponiente de Morelos, principalmente en Amacuzac y Jojutla, dos municipios cercanos a Iguala.

4. Ataque al autolavado El Peque

Casi de manera simultánea a la agresión contra los estudiantes, a sólo 250 metros del punto donde ésta ocurrió, en la calle Benito Juárez –paralela a Juan N. Álvarez–, un tiroteo se suscitó en el autolavado El Peque –referido también en las indagatorias como Los Peques–, en el que resultó herida de bala una empleada de ese negocio. En éste participan, de acuerdo con las investigaciones, camionetas Nissan Urvan en las que viajaban algunos normalistas que en esos momentos estaban en Iguala, según testimonios recabados en la investigación, para “apoyar” a sus compañeros. En el lugar quedaron, todos con impactos de arma de fuego calibre .223 y de rifle ar-15 una Urvan, un Chevy, un Pointer, otra camioneta y una motocicleta.

El establecimiento donde ocurre la agresión resulta ser propiedad y guarida de los hermanos Benítez Palacios: Mateo, Reynaldo, Salvador, Osiel y Orbelín, encabezados por Víctor Hugo, apodado El Tilo, quienes conformaban el brazo armado de Guerreros Unidos en Iguala, Cocula, Taxco y Huitzuco, y se dedicaban también a la extorsión y el narcomenudeo.

La noche del 26 de septiembre, desde el primer instante en que pisaron territorio igualteco, El Tilo ordenó “halconear” (o sea, avisar de cualquier movimiento que consideraran sospechoso, sobre todo de fuerzas de seguridad) a los alumnos, concentrándose en los autobuses 1531 y 1568 de Estrella de Oro, es decir, los que originalmente salieron de la Normal. Los integrantes de su célula criminal fueron dando informes sobre los movimientos de los jóvenes y lo que consideraban era su objetivo: para ellos se trataba de “contras”, es decir, integrantes de Los Rojos, información que desde el primer momento se diseminó entre sicarios y vigías del grupo criminal.

El Tilos le dijo esa noche a Gildardo López Astudillo, El Gil, el hombre de confianza de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos, que los jóvenes iban armados y que pretendían calentar la plaza. Nunca precisó a sus superiores que se trataba de alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Y él mismo es señalado por otros indiciados del caso como el que inició “el desmadre” contra los normalistas.

El 17 de octubre de 2014, tras ser detenido, Sidronio Casarrubias confirmó esos dichos: el líder de Guerreros Unidos, declaró que esa noche los infiltrados hurtaron tres taxis propiedad de Los Peques –esa noche además de los camiones fueron baleados varios taxis– y que, tras el tiroteo en el autolavado, Guerreros Unidos recuperó algunas armas largas calibre nueve milímetros. Aseguró que de los autobuses sacaron hk y varias armas cortas. También, que Guerreros Unidos había secuestrado y asesinado a tres integrantes de Los Rojos y que a eso podía deberse la presencia de ese grupo criminal en Iguala.

Igualmente indicó que los líderes de este grupo habían pagado al entonces fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco y al secretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Octavio Vázquez, 300 mil dólares para que los dejaran hacer el operativo contra los hermanos Benítez Palacios, y que el dinero también fue para el director de la Normal Rural de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, para que éste permitiera que Los Rojos se infiltraran en los autobuses con los estudiantes.

El caso Omar García

Omar García, un joven que se presenta como sobreviviente de los hechos de Iguala y se dice normalista, aunque no hay registros de que haya formado parte de la escuela, la noche de Iguala se movió en una camioneta Urvan, hecho confirmado no sólo por él mismo sino por diversos testimonios como el que dio el jefe de sicarios encargado de la desaparición de los normalistas, Felipe Rodríguez, El Cepillo.

Tras su captura, éste último declaró que al volver a la casa del jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, la madrugada del 27 de septiembre, escuchó cómo César Nava, jefe policiaco de Cocula al servicio de Guerreros Unidos dijo: “¿Te acuerdas de los cuatro chavos que murieron en Carrizalillo en un enfrentamiento de Los Rojos con Guerreros Unidos?... Pues aquí anda su hermano. Anda en una Urvan de las de los Ayotzinapos… Ahí anda también con ellos”.

Omar García, quien tras los sucesos se convirtió en uno de los voceros de la causa política de los 43, ha utilizado diversos nombres para identificarse ante los medios y en diversos foros. En entrevista con bbc Mundo, por ejemplo, dijo llamarse Omar García Velázquez; en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, Omar Salgado Bahena, y en entrevistas para medios como Milenio, El Universal, La Otra Opinión y Vanguardia, entre otros, Omar Vázquez Arellano.

En un trabajo especial de The New York Times⁹ que habla de los sobrevivientes de Ayotzinapa, García aparece con el nombre de Manuel Vázquez Arellano, y ahí el rotativo estadunidense habla de sus orígenes: “Creció en Tlacotepec, un pequeño pueblo de montaña en el estado de Guerrero, conocido por sus cosechas de amapola… y la violencia. Tenía doce hermanos, pero cinco murieron en su niñez debido a enfermedades curables… De niño, Vázquez trabajó en el campo, cosechando amapolas y extrayendo su savia, el ingrediente clave de la heroína. Cuando tenía tan solo siete años, vio cómo unos sicarios abrieron fuego en una fiesta, mataron a una persona e hirieron a varias más. Años más tarde, uno de sus hermanos fue asesinado en una riña que, sospecha, estaba relacionada con una rivalidad entre pandillas”.

Este último es el punto coincidente con la declaración de El Cepillo, pues se refiere al enfrentamiento en el que integrantes de Guerreros Unidos mataron al hermano de Omar, Narciso, el 1 de julio de 2014, quien presuntamente formaba parte de Los Rojos.

En su declaración ante el Ministerio Público, el joven, a quien también se ha denominado en medios como “el 44” se identificó como Manuel Vázquez Arellano y planteó versiones distintas y contradictorias con otras de las que se tienen registro. El 9 de octubre de 2014 ante medios sostuvo que: “El día 26 en la tarde nosotros estábamos en la escuela, ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido hacia Iguala a realizar una colecta y a eso de las 7:30 a 8:00 me llamó particularmente un compañero y me dijo: ‘Oye, nos están balaceando los policías aquí en Iguala’, en cuanto me dijeron eso yo corrí por los compañeros rápido, rápido, y organizamos la salida hacia allá en las Urvans de la escuela”.

Pero en el expediente de la pgr, con identidad reservada mva (Manuel Vázquez Arellano) –fragmento extraído del expediente público Tomo 117, foja 280– expone que venía en los autobuses secuestrados por los jóvenes que iban a Iguala: “Comparezco ante esta Representación Social de la Federación voluntariamente previa solicitud de ésta a fin de declarar en relación a los hechos ocurridos el 26 de septiembre del año 2014 en el Municipio de Iguala, en el estado de Guerrero y en relación a los mismos, sé y me consta que: siendo el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce, aproximadamente las diecisiete treinta horas, abordamos dos camiones de la empresa Estrella de Oro con aproximadamente ochenta compañeros de la Escuela Normal de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos y nos dirigimos hacia Iguala en la carretera federal Chilpancingo exactamente en el cruce con la carretera que va a Huitzuco, llegando a dicho lugar aproximadamente a las diecinueve o diecinueve treinta horas, ahí decidimos…”.

El 20 de noviembre de 2015 ya convertido en un vocero de la causa política del caso aseguró a medios: “Mira, nosotros los que sobrevivimos tenemos un deber moral de hablar por nuestros compañeros porque estuvimos ahí y vimos lo que pasó. Vimos a la policía que se llevaba a los compañeros o disparando contra nosotros, por lo tanto en un primer momento dijimos: ‘Es como si ya hubiéramos muerto’, sobrevivimos por pura casualidad o porque no cupimos en las patrullas o porque no nos alcanzó una bala, entonces nuestro deber es hablar por aquéllos que se llevaron...”.

La multiplicidad de versiones que aporta llevó a cuestionar dónde estaba realmente, cuál era su verdadero nombre y si realmente era un estudiante de la Normal Raúl Isidro Burgos. Por esas fechas, el periódico La Razón publicó que de acuerdo con autoridades de la Normal Rural de Ayotzinapa no existe ningún registro ni historial académico que compruebe que Vázquez Arellano es, o fue, estudiante del plantel. “No hay ningún estudiante en la escuela registrado con esos apellidos. Sólo existe un trabajador administrativo de nombre Omar Vázquez Vicuña, pero ningún alumno”, aseguró personal de la institución.¹⁰

Omar García recorrió México pidiéndole a la gente que tomara las calles para manifestarse y criticar la forma en que el gobierno llevaba el caso. Terminó llevando su campaña fuera del país, a Estados Unidos y Europa, para levantar conciencia en torno al caso y haciendo presión con políticos y activistas para instar al gobierno mexicano a resolver el caso.

5. Enfrentamiento frente al Palacio de Justicia

En el surponiente de la ciudad, en la carretera a Chilpancingo, muy cerca del nuevo Palacio de Justicia, y a sólo unas cuadras del Hospital General, otro autobús –el 1531, que se había separado de los otros tres por la calle Aldama– quedó baleado principalmente en la parte de enfrente y en su interior había prendas de vestir de los normalistas, algunas de ellas ensangrentadas.

En ese lugar, también conocido como Puente del Chipote, a las 21:40 horas la policía había instalado un retén desde el cual le marcó el alto a la unidad, iniciando un feroz enfrentamiento, porque los uniformados querían que los jóvenes bajaran del vehículo, pero éstos se resistían y les arrojaban piedras. Una veintena de uniformados, la mayoría encapuchados, rompieron ventanas y faros y poncharon las llantas del automotor. Como los jóvenes se mantuvieron en el autobús, los agentes lanzaron gas lacrimógeno. El chofer entonces se arrojó por la ventana y al caer al piso fue golpeado. Igual pasó con alrededor de quince muchachos que fueron subidos a camionetas de la policía y no volvieron a ser vistos.

Algunas versiones, particularmente una de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, basadas en el testimonio del chofer del camión 1531, refieren que en esta acción también habrían participado policías del municipio de Huitzuco, quienes se habrían llevado a algunos estudiantes en sus camionetas, aunque esta línea de investigación no se ha agotado.

6. El quinto camión

Muy cerca del Puente del Chipote, los jóvenes que viajan en el quinto camión –el Eco ter 3738– descienden del mismo y también se dispersan, buscando refugio en casas particulares y en el monte. Esa unidad, que es la conocida como “el quinto camión”, había salido de la terminal a las 21:18 y se había quedado estacionada por algunos minutos en Periférico Sur. La pgr recoge dos versiones sobre la forma en que entre ocho y diez jóvenes abandonaron ese vehículo: en un caso señalan que policías revisaron la unidad, y en otro que ellos mismos decidieron bajar por su propia voluntad.

Lo cierto es que cualquiera de las dos ocurrió a la altura de la colonia denominada Las Tres Iguanas, tras lo cual los normalistas intentaron regresar a la ciudad, huyendo de policías que para ese momento los habían ubicado y los estaban agrediendo. Se ocultaron por más de una hora en un cerro aledaño, a la altura de la colonia Los Pajaritos.

Sobre la ruta que siguió ese camión, la pgr realizó una investigación y no detectó ningún motivo para suponer que éste pudiera llevar alguna carga, presuntamente droga. Interrogó al chofer, reconstruyó su itinerario e incluso hizo una revisión del mismo –pues lo tenía asegurado– casi al año siguiente, cuando integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes consideraron que la unidad podría abrir una línea de investigación más amplia.

Sin embargo, se descartó que el vehículo pudiera haberse utilizado para el trasiego de drogas, ya que su recorrido no era hacia las entidades que representan rutas directas a Estados Unidos. Tampoco resultaron positivos el peritaje ni la inspección realizada con un binomio canino para detectar la presencia de alguna sustancia ilegal.

7. Ataque a los Avispones

Tras los dos ataques simultáneos a los normalistas, el de Juan N. Álvarez y el del Puente del Chipote, la policía municipal tenía retenes no sólo en Periférico Sur sino también en la calle Hermenegildo Galeana para vigilar la entrada y salida de los vehículos.

Pasadas las 22:00 horas, de acuerdo con la investigación de la pgr, la policía dejó pasar un autobús de la empresa Castro Tours, que transporta al equipo de futbol de la tercera división los Avispones de Chilpancingo, el cual en esos momentos iba saliendo del estadio general Ambrosio Figueroa tras haber jugado un partido. Al recibirse la alerta relacionada con la huida de los estudiantes, un grupo se desprendió a toda prisa tras ese autobús.

A veinte kilómetros al sur de la zona urbana de Iguala, a la altura del poblado Santa Teresa, sobre la carretera federal 95, policías municipales y algunos hombres armados atacaron a diversos vehículos. Alrededor de las 23:30 horas, detectaron el autobús de los Avispones, un Volvo gris con placas 434rk9, y le dispararon arteramente. Mataron a uno de sus tripulantes, un jugador menor de edad identificado como David Josué García Evangelista, y dejaron mortalmente herido al chofer del automotor, Víctor Manuel Lugo Ortiz, de un disparo en la cabeza. Éste perdió la vida la mañana del 27 de septiembre.

Instantes después la policía se percató de su error y llamó a los servicios de emergencia para que atendieran a las víctimas. En ese lugar las balas también impactaron al taxi en el que viajaba Blanca Montiel Sánchez, quien también murió en el lugar mientras el chofer del auto de alquiler quedó herido. Al menos otros dos taxis resultaron también agredidos a tiros.

8. Nuevo ataque en la “conferencia de prensa”

Pasada la media noche, ya en los primeros minutos del sábado 27 de septiembre, un grupo de estudiantes se reunió donde ocurrió el primer ataque y la detención de entre 20 y 25 estudiantes, en Periférico Norte y Juan N. Álvarez. Un testigo identificado como Ángel señala que había alrededor de 50 personas entre estudiantes, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (ceteg), y algunos periodistas, quienes escuchaban a un normalista denunciar lo ocurrido minutos antes cuando, refiere el mismo testigo, empezaron a sonar ráfagas de armas. Aparentemente éstas provenían de las inmediaciones del Hospital Cristina, ubicado sobre la avenida Juan N. Álvarez, entre la calle Rubén Figueroa y Aquiles Serdán, a tres cuadras del lugar, aunque también hay versiones que dicen que provenían de civiles que se ubicaban en Periférico Norte.

Algunos normalistas pidieron a gritos a la gente mantenerse junta, tras precibir ruidos que parecían tiros al aire. No obstante, cuando empezaron a escuchar que los tiros estaban impactando los vehículos estacionados cerca de ellos, entendieron que era una agresión directa.

En ese lugar quedaron muertos el estudiante Daniel Solís Gallardo y Julio César Nava Ramírez, quienes también habían llegado en vehículos Urvan de la Normal a “apoyar” a sus compañeros. Quedó gravemente herido Édgar Andrés Vargas, con un disparo en el maxilar superior. El resto de la gente reunida en el lugar empezó a correr hacia diferentes lugares. Las ráfagas, de acuerdo con las versiones, duraron alrededor de quince minutos.

Los policías de Iguala y Cocula, en una acción en la que también participan integrantes del crimen organizado en vehículos particulares, empezaron a detener a más normalistas y a subirlos a las patrullas municipales, así como a otra camioneta de redilas para llevárselos.

Julio César Mondragón

Uno de los normalistas que se encontraba en el lugar durante la conferencia de prensa, Julio César Mondragón, de 22 años, apodado El Chilango, fue brutalmente asesinado. Su cadáver apareció del otro lado de Periférico Norte, en la zona industrial, sin piel en el rostro, sin nariz y sin un ojo. Uno de sus agresores, de acuerdo con algunas hipótesis, pudo haber sido directamente El Tilos.

Julio César, a diferencia del resto de los normalistas, tenía el pelo largo y vestía una playera roja. Al momento del ataque corrió hacia la esquina de la calle Benito Juárez, la del autolavado El Peque, paralela a Juan N. Álvarez. Según testimonios, jóvenes que habían conseguido que los dejaran guarecerse en una casa aledaña le gritaron que fuera con ellos, pero éste no les hizo caso y siguió corriendo hacia Benito Juárez. Esa fue la última vez que lo vieron.

Julio César Mondragón, conocido como El Chilango, tenía 22 años y era originario del pueblo de San Miguel Tecomatlán, municipio de Tenancingo, en el Estado de México. Según sus familiares, cuando terminó la preparatoria, entró a la Normal Rural de Tenería pero fue dado de baja. Intentó entrar a la Benemérita de Maestros en la Ciudad de México y a la Tecnológica de Villa de Guerrero, en Toluca, Estado de México, pero por falta de dinero no lo logró.

En 2011, en un baile de Tenería conoció a Marisa Mendoza, de la Ciudad de México, y el 5 de octubre de 2013 se casó con ella, por lo que se mudó ahí. Julio consiguió un trabajo como elemento de seguridad en la empresa Conpryssa que da servicios en el centro comercial Santa Fe. Al enterarse de que sería papá decidió estudiar, por lo que presentó examen primero en la Normal de Michoacán donde no quedó y luego en la Normal de Ayotzinapa, en donde fue aceptado el 18 de agosto de 2014. Dicen que pronto hizo amistad con normalistas de distintas partes del país.

La hija de César Mondragón nació el 30 de julio, 15 días después de que él decidiera mudarse a Ayotzinapa. Antes de lo ocurrido en Iguala, Marisa llevaba al menos once días sin hablar con Julio César porque supuestamente había perdido su teléfono celular. El último mensaje de texto lo recibió de otro número con la leyenda que estaba bien, que no se preocupara, que la amaba y que le diera besitos a la bebé, según lo dicho por Marisa. Le contó que tenían que botear para la marcha del 2 de octubre. El sábado 27 de septiembre Marisa se enteró de lo ocurrido en Iguala. Tomó el teléfono y marcó al número del último mensaje recibido, pero nadie le contestó. Después alguien subió a las redes sociales una foto de un hombre con playera roja y una bufanda alrededor del cuello y desollado.

A Marisa le llegó esa foto y lo reconoció, sólo faltaba hacerlo físicamente, así que viajó a Chilpancingo. Fue en el Servicio Médico Forense, donde estaba el cuerpo de Julio, que le dijeron que le habían quitado la piel estando vivo. El cadáver fue llevado al Estado de México para velarlo y sepultarlo el 9 de octubre. En noviembre, la viuda de Julio César recibió por parte del gobierno de Guerrero quince mil pesos en dos cheques “para reparar el daño”. De acuerdo con algunas versiones, El Chilango sería líder de Los Rojos en Ayotzinapa y por eso fue que lo torturaron y asesinaron de forma tan brutal. El principal sospechoso de esta acción es presuntamente la cabeza de Los Peques, Víctor Hugo Benítez Palacios, quien habría actuado con Gildardo López Astudillo, El Gil, apoyados por David Hernández Cruz. Esa versión, aunque no está confirmada, sí está incluida en el informe del caso Iguala de la Procuraduría General de la República: “El indiciado 18, según declaró El Gil, dijo que lo habían correteado (a Julio César Mondragón) pero como no se quería parar lo empezaron a apedrear hasta matarlo y enseguida lo desollaron y fueron a tirar su cadáver a un camino de terracería”.¹¹

9. Los heridos

Veinticinco personas, entre estudiantes, maestros de la ceteg, dos taxistas, integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, una reportera y un ministerio público resultaron heridos y poco a poco comenzaron a llegar al Hospital General de Iguala, ubicado cerca del dif municipal, y a otros hospitales como el Cristina, en cuyas inmediaciones tuvieron lugar tiroteos y detenciones.

En el primero fueron atendidos diecisiete heridos de bala y por lesiones menores, ocho de los cuales eran normalistas. El estudiante Aldo Gutiérrez Solano, de 20 años, originario de Tututepec, municipio de Ayutla, llegó muy grave, en coma, tras haber recibido un disparo en la cabeza. Otro estudiante, herido de un disparo en el rostro, era Édgar Andrés Vargas, quien días después requirió una cirugía plástica en el Distrito Federal. Igual se atendió a los alumnos de la Normal de Ayotzinapa, Erick Santiago López, que traía una herida de bala en la mano, Leonel Fonz Loyola y Fernando Marín Benítez.

El director general de ese nosocomio, José Fernández Yáñez, confirmó que también llegaron jugadores de los Avispones de Chilpancingo, atacados en Santa Teresa, y el chofer del autobús, Víctor Manuel Lugo Ortiz, quien murió alrededor de las 6:00 horas del 27 de septiembre, tras recibir atención por un impacto de bala en la cabeza. El médico señaló que ante el temor de los jóvenes de ser nuevamente atacados, decidió solicitar el apoyo de las Fuerzas Federales, que se encargaron de resguardar el lugar.

También llegó herida la profesora de la ceteg, Fátima Viridiana Piña –quien, después se supo, en los tres meses previos había cobrado 49 mil pesos sin dar clase–, el director de Cultura, Física y Deporte de Chilpancingo, Facundo Serrano Urióstegui; el utilero del equipo Avispones, Carlos Adame Flores; y los jugadores de futbol Javier Medina Bello y Félix Pérez Pérez, entre otros.

A principios de febrero de 2015, peritajes revelaron que estas últimas cinco personas, al igual que los normalistas Leonel Fonz Loyola y Fernando Marín Benítez, dispararon armas de fuego esa noche. El dictamen 627 elaborado por la dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría de Guerrero, con fecha 28 de septiembre de 2014 y con el número de expediente hid/sc/02/0993/2014, arrojó que todos ellos dieron positivo a la prueba de rodizonato de sodio, es decir, se les detectaron restos de pólvora y bario en las manos. El documento está firmado por la perito química María de Guadalupe Moctezuma Díaz, con cédula profesional 2423858.

10. Hospital Cristina

Estudiantes que estuvieron en el segundo ataque ocurrido en Periférico Norte y Juan N. Álvarez se dirigieron al Hospital Cristina, con un compañero herido. Alrededor de la 01:15 llegaron al lugar. El Dr. Ricardo Herrera reconoció más tarde, en declaración ante la pgr, que había solicitado apoyo por conducto del c-4, porque había ingresado gente armada a la clínica.

En las primeras dos horas de ese 27 de septiembre, militares del 27 Batallón de Infantería acudieron al lugar y en el camino vieron que había dos cadáveres. Cuando llegaron, las luces estaban apagadas, por lo que llamaron a la puerta que fue abierta por un supuesto estudiante. Los militares revisaron el hospital y comprobaron que había estudiantes heridos y profesores, y llamaron ambulancias para que los pudieran atender en otros nosocomios.

El militar que encabezaba al grupo declaró que “una vez que nos percatamos que no había personas armadas, procedimos a bajarnos al recibidor donde se encontraba un grupo de aproximadamente veinticinco personas del sexo masculino, de edades aproximadas de entre quince y veinte años de edad, otra quien dijo ser profesor de Iguala, y les pregunto qué estaban haciendo aquí en el hospital; pero como me respondieron varias personas a la vez, les dije que hablara una persona para que los pudiera escuchar con claridad, qué es lo que querían manifestar; manifestando una persona de aproximadamente veinte años de edad, de estatura uno sesenta y cinco, quien dijo ser estudiante de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que habían sido objeto de una agresión con armas de fuego por parte de la policía municipal, y que habían resultado uno de sus compañeros lesionado por disparo de arma de fuego en el labio; por lo que veo al lesionado y éste presentaba una lesión en el labio superior, misma que sangraba de leve a moderado y uno de sus compañeros le limpiaba la boca con una playera; en ese momento sonó el teléfono celular de una de las personas, preguntando si podía contestar, yo le indique que sí podía contestar el teléfono, y escuché que decía: ‘sí estamos bien, estamos en el hospital, aquí están los militares’; en ese momento salgo del hospital para comunicarme con el [...], para informarle de la situación del grupo de los estudiantes, así como del herido, y solicitando el apoyo de una ambulancia; dándome la orden de que les proporcionara los apoyos que solicitaran respetando siempre sus derechos humanos y su integridad física, así como sus pertenencias y objetos personales”.¹²

La versión de algunos estudiantes es que los militares los fotografiaron y les pidieron sus generales. Lo cierto es que los efectivos del ejército se retiraron para revisar el sitio donde estaban los cuerpos de, se sabría después, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. Y decidieron dividirse en dos grupos: el primero permaneció en el sitio del primer ataque, mientras el segundo retornó al Hospital Cristina aunque, al llegar, se percató que los estudiantes ya lo habían abandonado.

la presencia del ejército, dónde y cuándo

El ejército, a través del 27 Batallón de Infantería, con sede en el municipio, tuvo participación en varios momentos y lugares durante los sucesos de Iguala, ofreciendo apoyo y resguardo a las víctimas, facilitando el acceso a los servicios médicos y de emergencia y preservando lugares en donde ocurrieron hechos relevantes.¹³ El 26 de septiembre, la mitad de las fuerzas disponibles, porque el resto se encontraba de franquicia –como se llama a los días de descanso– lo había pasado mayormente atendiendo una emergencia que se presentó en el kilómetro 44 de la carretera de cuota Iguala-Puente de Ixtla, en las inmediaciones de la comunidad de Cieneguillas, donde se volcó un tráiler de la empresa Trans Explo que transportaba 35 toneladas de nitrato de amonio, una sustancia inflamable que genera vapores altamente tóxicos.

Alertado desde las 10:30 horas de la situación, el comandante de la unidad ordenó a una fuerza de reacción, conformada por un oficial y 21 integrantes de la tropa, acudir al sitio a prestar apoyo, labor que concluyó a las 22:30 horas. Ese día, el mismo batallón debió atender una invitación y cumplir con el protocolo de enviar a un elemento que lo representara al informe de labores de María de los Ángeles Pineda Villa. El capitán que acudió esa noche al evento se retiró a las 22:00 horas.

El 27 Batallón, al tener acceso a las comunicaciones del c-4, estuvo informado de los hechos que iban ocurriendo en Iguala, y en los que estaban involucrados los normalistas desde que éstos se encontraban en el Rancho del Cura y en la caseta, hasta la toma de camiones que llevaron a cabo en la central, en donde le habían destrozado las ventanas a una unidad, y su salida rumbo al norte de la ciudad.

Fue por ese medio que a las 21:50 horas recibió la información de que había detonaciones en la calle Juan N. Álvarez y una persona herida por arma de fuego “quien era atendida por una autoridad”. Desde ese momento, el ejército intentó establecer contacto con algún mando de la Secretaría de Seguridad Pública, lo cual logró cinco minutos después, a las 21:55 horas. José Adame Bautista, coordinador operativo de la policía estatal indicó en ese momento que su personal no saldría a atender el caso hasta no recibir una instrucción superior.

El comandante del 27 Batallón buscó entonces al secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez, quien respondió hasta las 22:55 horas y, al ser cuestionado sobre los hechos de los que se estaba teniendo noticia, respondió que su personal no le había informado nada y negó que sus agentes tuvieran detenidos a los normalistas o que hubiesen disparado sus armas. Ello a pesar de que, después se sabría, estaba teniendo lugar la acción de agresión de policías e integrantes del crimen organizado a los jóvenes.

A esa misma hora se iba reincorporando la fuerza de reacción que había acudido a atender el accidente en Cieneguillas, pero su ingreso al cuartel fue por la avenida Colegio Militar, no por el Periférico Sur, donde a la altura del Puente del Chipote estaba ocurriendo otra agresión de los policías a los normalistas. En ese momento, cuando ocurrían sucesos importantes, ninguna autoridad civil había solicitado apoyo, así que sólo cinco minutos después, a las 23:00 horas, el comandante dio la instrucción a la fuerza de reacción de acudir a verificar las llamadas anónimas que advertían que había heridos de bala en el Hospital General, el cual se localiza a 300 metros de las instalaciones militares.

Este grupo confirmó entonces que había tres heridos en el hospital: Aldo Gutiérrez, baleado en la cabeza, Érick Santiago López, herido de un brazo y Andrés Daniel Martínez Hernández, lesionado de la mano por arma de fuego. Los soldados no obtuvieron el dato del sitio exacto donde habían sido agredidos, pero con la información que les dio el médico de guardia regresaron a las instalaciones del batallón y reportaron los datos. Ya eran las 23:40 horas.

Sólo cinco minutos después, a las 23:45 horas, arribaron a las instalaciones del batallón familiares de los jugadores del equipo de futbol los Avispones de Chilpancingo, quienes solicitaron apoyo tras recibir una agresión en el crucero de Santa Teresa, a 20 kilómetros de distancia por carretera. Cinco minutos después le confirmaron al comandante del batallón que en ese sitio efectivamente había personas heridas que viajaban en un autobús y en un taxi. Éste ordenó a la fuerza de reacción acudir a verificar los datos de los que disponían.

Ante la sucesión de hechos e informaciones, el jefe del batallón decidió integrar, con 23 elementos que conformaban esa noche personal de guardia y 41 de servicios interiores, una segunda unidad de fuerza de reacción que muy pronto estuvo lista para obedecer instrucciones.

A las 00:30 horas el personal que se había desplazado hacia Santa Teresa se comunicó para informar lo que había encontrado: un taxi en cuyo costado se encontraba el cuerpo de una mujer que había recibido impactos de bala, y el camión de Castro Tours –en el que viajaban los Avispones– con un joven muerto a bordo y heridos. También que en el lugar ya habían hecho acto de presencia policías federales y un agente del Ministerio Público del fuero común, un perito en criminalística y un vehículo del Servicio Médico Forense. Los militares se quedaron en el lugar para resguardar las diligencias que ahí se efectuaron y concluyeron hasta las 3:20 horas del sábado 27 de septiembre.

Poco después de recibir esta información, el comandante envió a hacer labores de patrullaje a otra unidad, que encontró el camión de Estrella de Oro 1531 bajo el puente del Chipote cuando estaba siendo remolcado por una grúa, ya sin personas a bordo. Ésta se retiró a la 01:00, una vez que el camión fue retirado, pero recibió la instrucción de acudir al Hospital Cristina a efecto de verificar si era cierto que personas presuntamente armadas –después se enterarían de que eran los estudiantes– habían ingresado a esa clínica. En el camino, los militares pasaron por la esquina de Juan N. Álvarez y Periférico y tomaron nota de que había dos personas tiradas, “al parecer sin vida”.

En cumplimiento de la instrucción recibida, los soldados llegaron al Hospital Cristina, alrededor de la 1:15, y tocaron la puerta. Ésta fue abierta por una persona que al verlos prendió las luces de la recepción y puso las manos en alto. Se identificó como normalista de Ayotzinapa e informó que había más personas en un piso superior del inmueble. Los uniformados le pidieron pasar a la zona de recepción y al pasillo de la entrada.

Los militares contabilizaron alrededor de 25 personas, entre normalistas y profesores, quienes informaron que habían sido atacados a balazos por la policía municipal, sucesos en los cuales había resultado herido uno de sus compañeros. Ese joven, quien después se sabría era Édgar Andrés Vázquez, sangraba de la zona del maxilar superior y estaba acompañado por un adulto que los militares identificaron después como el mismo hombre que declaró a la empresa Telemundo, cuando reporteros de ese medio llegaron a Juan N. Álvarez, que los soldados habían dicho a los muchachos que ellos “se lo habían buscado” y acusó a las Fuerzas Armadas de haber impedido que hicieran llamadas y de tomar fotografías en la clínica.

Sin embargo, el jefe de la fuerza de reacción constató que los jóvenes sí hacían y recibían llamadas dentro del hospital y justificó el haber tomado una fotografía con su teléfono celular, porque así lo permiten los manuales militares a efecto de dejar testimonio de sus actuaciones. El militar, quien siempre se identificó con los jóvenes, llamó a una ambulancia y, cuando le indicaron que ésta se dirigía hacia el lugar, informó a los muchachos que pronto recibirían ayuda y se movió junto con los elementos de tropa a su cargo a la esquina donde habían visto que se encontraban los camiones 2012, 2510 y 1568 y las dos personas aparentemente sin vida.

De lo que vio en la zona de los ataques, lugar donde fue testigo del paso de dos ambulancias de la Cruz Roja, dio cuenta a sus superiores y recibió la orden de trasladarse nuevamente al Hospital Cristina. Así que tomó la decisión de dividir en dos grupos de seis elementos cada uno al equipo de reacción: el primero volvería a la clínica y el segundo se quedaría en la calle Juan N. Álvarez protegiendo la escena del crimen.

A las 2:05 horas, el primer equipo regresó al Hospital Cristina, donde vio que ya no había normalistas. Habló con el dueño del nosocomio, Ricardo Herrera, quien les aseguró que el grupo de muchachos había preferido no acudir antes de que llegaran los servicios de emergencia. El reporte 0139-10 registra el pedido de una ambulancia y el retorno de ésta sin pacientes al no hallar a nadie en el Cristina. Los seis militares regresaron entonces a Juan N. Álvarez.

A las 2:45 horas, a ese lugar llegó en un camión el profesor que los militares habían visto en el hospital Cristina, Pedro David García López, quien aprovechó la presencia de medios para acusar a “las autoridades” de haber cometido el ataque. Ya vestía para entonces una sudadera que antes había sido usada por un estudiante. A las 3:10 tomaron nota del arribo del Ministerio Público del fuero común, de un perito en criminalística y de un médico forense a dar fe de los hechos y a hacer el levantamiento de los cuerpos, diligencias que concluyeron hasta las 5:45 horas, momento en que la fuerza de reacción retornó al batallón.

La mañana del sábado 27, a las 10:20, el comandante de la unidad ordenó a la fuerza de reacción acudir a corroborar la información del c-4 según la cual había sido encontrado el cadáver de un hombre en la calle Industria Textil, también conocida como Camino del Andariego. Se trataba del cadáver desollado de quien resultaría ser Julio César Mondragón. Su retorno al cuartel está reportado a las 13:00 horas.

En el parte oficial de su participación esa noche, el ejército señaló que sustentó su actuación en los artículos 21 y 115 constitucionales según los cuales las fuerzas armadas no pueden intervenir ante manifestaciones sociales o su control o acciones de seguridad pública salvo si recibe la petición de ayuda de alguna autoridad civil o si hay flagrancia. Pero esa noche la autoridad municipal no pidió apoyo: mintió y ocultó información.