Read the book: «La revolución de la libertad»

© 2021, Diego Giacomini

©2021, RCP S.A.

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Primera edición en formato digital: agosto de 2021

Versión: 1.0

Digitalización: Proyecto 451

ISBN 978-950-556-822-2

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Diseño de interior: Pablo Alarcón | Cerúleo

Diseño de tapa: Tomás Colson

Dedicado a Mumu, el gran amor de mi vida, que es sabia y me vive enseñando las cosas más importantes de la vida. A Malena y a Martina, que son lo mejor que me ha pasado en la vida. Y a Baco, que siempre se sienta a escribir conmigo.

Les quiero agradecer especialmente a Marita (@Libersens3) por todas las conversaciones a lo largo de la producción de este libro, a Nicolás Morás por su generosidad escribiéndome el prólogo y, sobre todo, por todas las idas y vueltas profundamente intelectuales que hemos tenido, y también a Natalia Russo, por imprimirme y anillarme mucho material que he leído para este libro.

Reconocimiento aparte para el profesor Mariano Fernández. Juntos no solo intercambiamos muchas ideas filosóficas, económicas y políticas, sino que enfrentamos (espalda contra espalda), e intentamos comenzar a cambiar la triste y difícil realidad ética y cultural que todos enfrentamos en esta sociedad.

“Aquellos que profesan la libertad y sin embargo desprecian la agitación son personas que quieren cosechar sin haber arado la tierra. La lucha puede ser una lucha moral, o puede ser tanto moral como física.Pero debe ser una lucha. El poder no concede nada sin que se lo obligue a darlo.”

FREDERICK DOUGLASS, abolicionista

(14/2/1817, Maryland – 20/2/1895, Washington)

PRÓLOGO. CAMINO A LA REVOLUCIÓN

Le propongo un breve ejercicio imaginativo. Recuerde su vida previa a la implementación del confinamiento masivo. Sitúese hace tan solo dos años, o tal vez menos. Fines de 2019. No estamos hablando de tiempos remotos, ¿verdad?

Tan solo se requiere una pizca de retrospección para visitarse a usted mismo antes de que la peste del autoritarismo sanitario liquide nuestros derechos y garantías fundamentales. Imagine. Imagínese entablando un diálogo entre su versión del 2019 y quien hoy es usted, cargando ya sobre su espalda la fatídica experiencia de los últimos meses. ¿Creería su alter ego del pasado que bastó un abrir y cerrar de ojos para encerrar, de punta a punta del planeta, a las miles de millones de almas que lo habitan? Simultáneamente, desde Nueva York hasta Pekín, pasando por Caracas y Santiago de Chile, París y Teherán, desde la más cosmopolita de las urbes hasta la más modesta aldea campesina.

Sin importar la presunta forma asumida por cada gobierno, sea una monarquía constitucional, una república democrática o una dictadura de partido único, con escasos matices todos los Estados se pusieron de acuerdo en abolir, de facto y de jure, las libertades elementales e indispensables que recogen y teóricamente protegían la virtual totalidad de tratados internacionales, constituciones, códigos civiles y demás cuerpos jurídicos, que se revelaron como lo que realmente son: una sucesión interminable de fojas y fojas de papel pintado. Sin más.

Entre otros tópicos, este libro aborda el derecho positivo y su máscara demagógica (“leyes votadas por nuestros representantes”), una estafa perpetrada para encubrir la cruenta verdad. No hemos dejado de ser esclavos de nuestros amos, quienes, con mayor o menor benevolencia y de acuerdo con la cambiante coyuntura, deciden permitirnos una menguante cuota de autonomía personal. En palabras del autor, el crecimiento de la legislación positiva empodera a la casta política y alimenta la injusticia.

Giacomini ahonda sobre la génesis teórica y práctica del fracaso constitucionalista, ofreciendo una explicación insuperable a esta situación que aqueja a muchos de nuestros contemporáneos, a quienes les resulta un enigma deprimente puesto que adoraban con fervor mitológico a Alberdi, ignorando simultáneamente el descomunal aporte jurídico de Lysander Spooner, citado en más de treinta pasajes de este libro.

En la actualidad la libertad de tránsito es una costumbre extinta, porque oportunamente usted puede ser arrestado por el temerario acto de rebeldía consistente en atravesar la puerta de su hogar. En países tan cercanos como Perú, difícilmente equiparables hasta ahora con los paisajes de una guerra civil africana, el gobierno de Martín Vizcarra avaló el fusilamiento policial, la ejecución sumaria, de todo aquel que ose incumplir la cuarentena.

Sin llegar a explicitar semejante barbarie, el grupo de bandidos autodenominado Gobierno de la República Argentina hizo lo suyo terminando con la vida de 411 civiles entre marzo y noviembre de 2020, muchos de los cuales murieron pura y exclusivamente por esa misma razón, pisar la calle que pavimentaron con sus impuestos. Así da cuenta el último reporte sobre muertos a manos de las fuerzas represivas elaborado por CORREPI.

A su vez, nuestra cotidianidad se rige por un léxico propio de planes quinquenales estalinistas: “fases”. Ya en “fases” de aislamiento menos estrictas, los vuelos en avión comercial permanecen severamente restringidos y circular trayectos ínfimos dentro del territorio que supuestamente yace bajo una misma soberanía nacional precisa del permiso especial del Estado, salvoconducto que los jerarcas comunistas de antaño le reservaban a quien avalaran para atravesar la cortina de hierro. Con el “permiso para circular” puede trazarse otra analogía histórica: la autorización que debía verbalizar el señor feudal a aquel siervo que quisiera moverse de un sitio a otro sin arriesgar su vida y la de sus seres queridos.

Sorprende, ¿verdad? En pleno siglo XXI, cumbre del progreso tecnológico y cima de la civilización según algunos exégetas entusiastas del statu quo, nos toca revivir postales de la rutina gris que caracterizó al totalitarismo soviético o la agobiante oscuridad de esa larga noche trágica que cubrió a Europa de peste, miseria obligatoria y sumisión resignada durante el milenio medieval. Sin embargo, el vasto recorrido de nuestra especie también ofrece escenas alentadoras, desconocidas por la gran mayoría del público. Por citar solo un ejemplo, la inmensa capacidad autogestiva de la sociedad inglesa antes de que el Estado conquiste, no sin dificultad, sus numerosos espacios de libertad pura. Aprenderemos de este libro que la seguridad privada no es una mera utopía anarcocapitalista, sino que fue lo normal para este pueblo hasta muy avanzada la edad moderna.

Volviendo al presente, carecemos, ahora más que nunca, de dosis mínimas de libertad de expresión. Se han avanzado causas judiciales de diversa índole contra médicos y pacientes que afirmaron que hospitales supuestamente repletos, según la información oficial, estaban en realidad vacíos. También merecen mención los oligopolios de las big tech, encabezadas por Alphabet (Google, Android, YouTube), Microsoft, Facebook (con WhatsApp e Instagram), Apple y Amazon, que han avanzado un paso en la ominosa sinergia con sus aliados y delegados de la política, que, a través de privilegios fiscales, subsidios y leyes a medida, garantizan la posición de privilegio.

Estos nuevos sóviets californianos, ministerios de la verdad orwelliana cuyo alcance excede los más excitados delirios megalómanos de cualquier tirano anterior, resolvieron entregar sus usuarios a distintas policías y organismos sanitarios toda vez que detectaran, vía geolocalización, que salieron de sus hogares o realizaron búsquedas relativas a los síntomas del covid-19. Así mismo y como si se tratase de una sola corporación monopólica, el conjunto de las big tech prohibió explícitamente discutir las directrices sanitarias gubernamentales, aun si se hace a partir de evidencias epidemiológicas y fuentes científicas de la jerarquía de Science o Nature.

Como periodista, y siendo uno de los comunicadores más influyentes de YouTube en lengua castellana, he de admitir que jamás imaginé que los “medios de comunicación alternativos” terminarían ejerciendo sobre nuestro trabajo una presión tanto más superior que la de los viejos editores de los grandes periódicos impresos o los productores de platós televisivos, por donde también pasé.

Este libro reflota la trágica decepción de Thomas Paine, un héroe que arriesga la vida por un ideal fallido, la democracia liberal, y que su propio ejercicio de libertad de conciencia lo obliga a abandonar las dos repúblicas que construyó con sus propias manos: Estados Unidos y Francia. Salvando las enormes distancias, reafirmo que abundan en esta época los desconcertados ante la desintegración de su optimismo. Las big techs ya no obedecen a la presión de anunciantes, ejecutan automáticamente los mandatos de gobiernos amigos, a los que también, sorprendentemente, imparten órdenes. Son las mismas compañías que hace una década desenmascararon a un objetor de conciencia, Edward Snowden, y a un verdadero revolucionario liberal, Julian Assange.

Nos mostraron, con documentos oficiales en la mano, que cada conversación, cada like, cada lectura, cada actividad realizada en cualquiera de estas plataformas es registrada y conservada a perpetuidad por los servidores de una lista creciente de instituciones estatales, en flagrante violación de los términos contractuales establecidos con los usuarios. Han vuelto Torquemada y la Inquisición y, en otra muestra de doble pensar, gusanos intrascendentes que osan llamarse a sí mismos “liberales” los defienden en nombre de una propiedad privada que no es tal, puesto que nadie con dos dedos de frente puede omitir que los tentáculos de estas compañías se extendieron por y para las necesidades espurias de sus socios gubernamentales. Porque a fin de cuentas, todo el mal del que son capaces las corporaciones puede resumirse en una sola palabra: Estado.

Acierta una vez más este libro en sentenciarlo como nuestro único enemigo real. Cito: “La más aceitada maquinaria diseñada para violentar en forma permanente, sistemática y organizada al derecho natural, avasallando la esencia del ser humano, es decir, su libertad”. Esta crisis mundial planificada no solo se explica a través del deseo de exacerbar a una velocidad increíble el poder de la clase política y sus aliados sobre la gran mayoría de sus víctimas, los que vivimos de los medios privados. También se trata de encubrir el colosal desastre económico que previamente han generado las políticas monetarias de emisión salvaje y gasto público desmesurado. El autor, uno de los mejores economistas en nuestra lengua y tiempo, lo explica con lujo de detalles y sin abundar en tecnicismos, fiel a la tradición del pensamiento austríaco y a la fluidez del estilo narrativo de sus precursores intelectuales.

No conforme con ello nos recuerda, datos mediante, que la inflación es el arma confiscatoria por antonomasia, y la moneda prostituida es vector de las peores guerras y catástrofes humanitarias. Y esta no es la excepción a la norma. El caso es que buena parte de la sociedad global decidió trocar una vez más libertad por comodidad, hacer la vista gorda y entregarse voluntariamente a la vejación, la indignidad, el sometimiento absoluto, tal y como Étienne de La Boétie retrató en su tratado más célebre cinco siglos atrás.

Sigamos el racconto sobre la vulneración de la propiedad privada, último y principal reducto de la individualidad humana. Durante meses la mayor parte de las empresas privadas y competitivas del orbe han sido forzadas a cerrar sus puertas. Una conjura planificada por los herederos de la elite bancaria que perpetró el crimen de la FED y la consiguiente expansión de la industria de la guerra (magistralmente ilustrada por Giacomini) contra los verdaderos hombres y mujeres de negocios que cumplen su rol de benefactores de la sociedad. Realizadores prosaicos de la vida comunitaria. Como no podía ser de otra forma, las consecuencias nefastas de esta intervención estatal no tardaron en llegar.

La ONU, proyecto de gobierno mundial que desempeña un papel protagónico en este drama genocida, cifró su magnitud en 300 mil muertes diarias por inanición. La Gran Hambruna que sobrevino a la Revolución rusa luce hasta amigable si se la compara con este exterminio, idénticamente generado por una minoría de iluminados que se arrogan el poder de decidir por el destino del prójimo y concretan su dislate a través de la violencia estatal pura y dura.

Comerciantes que han visto desmoronarse el esfuerzo de toda una vida e inclusive el de anteriores generaciones, desempleados que se suicidan ante la imposibilidad de ofrecerles a sus hijos pequeños un plato de comida y masas de ancianos desesperados, los más propensos a enfermarse, agolpándose en filas interminables bajo el sol ardiente, con el único fin de constatar si el leviatán aún puede pagarles su pensión de miseria.

Quienes sobrevivimos a la hecatombe trabajamos, obligados, desde casa. Digitalizados más que nunca y, repito, por la fuerza. Enriqueciendo a los magnates de las big tech, que levitan entre la autoría y la complicidad directa en este impiadoso experimento social, el más ambicioso del que se tenga conocimiento. Incluso el mundillo de la gran empresa es hoy dominado por enemigos del libre mercado y de la competencia, repito, los nuevos Morgan, Rockefeller, Rothschilds y otras tantas dinastías de cabilderos cuya naturaleza despótica expuso Rothbard, una faceta suya convenientemente oculta por los círculos endogámicos del liberalismo de canapé, pero reivindicada en páginas posteriores.

Al fin y al cabo, es mucho más fácil concentrar capital mediante subsidios, patentes, licencias monopólicas, aranceles, contratos leoninos con los políticos, mercados cautivos, impuestos regresivos y regulaciones que fundan a la competencia. A los empresarios prebendarios, a los lobistas, la idea del laissez faire se les antoja obsoleta, peligrosa, una amenaza natural a su situación dominante. Y en esto último tienen toda la razón. Uno de estos magnates confesamente devotos del socialismo, el “filántropo” Bill Gates, se posiciona como el financista número uno de la OMS y uno de los ideólogos de la primera cuarentena para sanos de la historia universal.

Para llamar “pandemia” a este virus de ínfima letalidad se tornó menester modificar la propia definición del estatuto oficial de las OMS, y para callar a la disidencia científica se desplegó el aparato de censura y propaganda terrorista descrito anteriormente. El sanitarismo no es otra cosa que el arcaico discurso utilitarista de Bentham reducido a su nivel más primitivo: “Si sales de tu casa, morirás o matarás con el virus a tus seres queridos”.

La pluma de Giacomini sitúa la decadencia del movimiento liberal concretamente cuando resultó consumido por el utilitarismo tecnocrático. A la luz de los acontecimientos, podría decirse que este principio se extiende incluso a la decadencia de nuestra especie.

Como es lógico, durante el encierro avanzó la bancarización tan elogiada por tecnócratas conservadores que se disfrazan de liberales. Y con ella prosperan la fiscalización y la conquista de la mafia política sobre los últimos espacios de libertad económica real: el mercado negro y el mercado gris, oasis de mercado en suelo latinoamericano. Sobre esto último se explaya el autor de esta obra, quien defiende con argumentos inmejorables el ejercicio de la contraeconomía como límite verídico y constatable al poder político.

Mientras escribo estas líneas el Foro Económico Mundial viste a Xi Jinping como estadista modelo en Davos. Su fundador, el empedernido millonario socialdemócrata Klaus Schwab, nos dice sin ruborizarse que en nombre de la salud y del medioambiente debemos acostumbrarnos a vivir con menos. Él, para variar, codo a codo con Gates, China y la OMS, se encargó de abrir las puertas de este infierno. Más Estado, menos propiedad. Más colectivismo, menos individuo. Más socialismo, menos libertad.

Vemos aquí un contraste nítido. Por un lado, la fuerza expoliadora que causa todos nuestros males, el estatismo, asumido por izquierdas y derechas, progresistas y conservadores, magnates y piqueteros, prensa y academia. Por el otro, la acción humana, el comercio, la desobediencia, la revolución del sentido común, la tesis abrazada por el autor.

Unos nos plantean como única salida aparente al confinamiento la vacunación compulsiva de la población mundial con inyecciones cuya falta de estándares mínimos de bioseguridad invita al pobre Louis Pasteur a revolcarse en su tumba. El último paso del totalitarismo, luego de haber confiscado o destruido la propiedad, y haber domado o silenciado su espíritu, es transgredir los sagrados límites de su piel y despojarlo de su posesión más elemental: el propio cuerpo.

Por el otro lado, Giacomini nos propone vacunarnos filosóficamente contra el verdadero virus al que debemos sentir pánico: la esclavitud mental.

Me atrevo a adivinar, estimado lector, que su yo del pasado lo tomaría por loco a la hora de narrarle esta serie de acontecimientos funestos y, al presentarle evidencia, caería en la más absoluta perplejidad. ¿Cómo demonios llegamos a esto? ¿Qué hicimos para concretar y padecer las pesadillas distópicas dibujadas por novelistas de ficción como Huxley, Orwell, Bradbury, Papini o Asimov? Y lo cierto es que ante tan complejo escenario hay una sola respuesta certera: obediencia.

Si bien el avance de la tecnología, tan elogiable en cierto sentido, se ha revelado nefasto a la hora de multiplicar la asimetría de poder entre gobernantes y gobernados, lo que hoy sucede no se diferencia esencialmente de otros capítulos cerrados de la evolución humana, que como advirtió Spencer antes que Darwin, no es lineal y está poblada de altibajos.

El sustento de todo totalitarismo ha sido, es y será en todo momento y en todo lugar el engaño. La más estúpida mentira, repetida mil veces, impregnada hasta el último recoveco de la sociedad y refrendada por el paso de generación a generación se convierte en la verdad orwelliana, en una alienación suicida que adormila nuestro instinto de supervivencia y conduce el rebaño anestesiado al matadero.

Pero no todo es desazón y pesimismo. Al contrario. Como he dicho, de aquellos polvos estos lodos y siempre que llovió, paró. La humanidad ya se impuso a constantes transes agónicos causados por el mismo dirigismo fatalmente arrogante que pretende dominarnos en la actualidad. La pugna entre la pulsión de libertad y el falaz deseo de seguridad es ancestral; no obstante, creo, como Spinoza, que la libertad, nuestro divino tesoro quijotesco, finalmente prevalecerá sobre sus enemigos. La ignominia feudal, aparentemente perpetua, pereció a manos de la burguesía, una fuerza transformadora emanada por un grupo de hombres dispuestos a arriesgar su vida con tal de renunciar a la condición de siervos de la gleba. Ellos, los desobedientes, talaron los árboles que los señores dejaron crecer en medio de los antiguos caminos romanos. Y volvieron a transitarlos, contra órdenes de captura y muerte y excomuniones que amenazaban con el fuego eterno. Las olvidadas urbes renacieron en forma de burgos. El comercio, sistema circulatorio de la civilización, renació y, con él, la humanidad se despertó del letargo, del odio a la existencia carnal y material, de la negación de sí misma.

Del mismo modo, cuatro siglos más tarde perecieron las monarquías absolutas, que, al igual que los Estados democráticos modernos, se proponían como única forma posible de orden social. Desapareció del mapa la Inquisición y el Index librorum prohibitorum pasó de ser ley a un vulgar boletín de sugerencias dominicales. Sucumbió el Imperio español y trastabilló el británico, al tiempo que el ser humano se despidió de una vez por todas de su mayor pecado: la esclavitud. Nada de esto fue resultado del azar. TODO se lo debemos a los movimientos revolucionarios y a los cambios culturales paulatinos que derivaron de una sola filosofía: el liberalismo.

El siglo XIX tuvo como best sellers y líderes editoriales indiscutidos primero a Thomas Paine, luego a Frederic Bastiat y finalmente a Herbert Spencer en materia filosófica. Sin nada que se le parezca a la World Wide Web, el periódico bostoniano Liberty unió las almas y las plumas de sus discípulos: el belga Gustave de Molinari, el británico Auberon Herbert y el norteamericano Spooner, que coincidieron en declarar obsoleta la farsa de la división de poderes, puesto que la experiencia empírica ya había refutado dicha ensoñación, la de un Estado que se limita a sí mismo contra su propio interés. Todos ellos proclamaron que el nuevo desafío consistía en vencer a la tiranía de los parlamentos, cuya deshonestidad suprema convierte a muchas de sus víctimas, los votantes, en cómplices de sus cadenas. Pueden elegir cada cierto tiempo a su carceleros, pero jamás se les permite definir si serán realmente soberanos de sí mismos. Destutt de Tracy lo llamó ideología social; Marx, superestructura; Gramsci, hegemonía. Las ideas que prevalecen sobre los pueblos determinan su destino.

El autor de este libro desmiembra magistralmente distintos conceptos que resultaron imprescindibles para abolir la efervescencia libertaria de aquellos años e inaugurar el siglo de la muerte, el siglo XX, que Antony Sutton llamó con razón el siglo de los tres socialismos: el soviético, el nacional/fascista y el corporativo, que termino por imponerse por su condición pragmática y su eficiencia superior a los anteriores, convirtiéndose en hegemonía del nuevo milenio y caldo de cultivo de la dictadura sanitaria.

Desde la democracia hasta la educación pública, pasando por el dinero fiduciario, Diego Giacomini replica la formidable destreza argumentativa que caracterizó a los padres fundadores del liberalismo. Y, armado de la ventaja de ser nuestro contemporáneo, alerta sobre cada uno de los ardides que cimientan la cárcel estatal. No conforme con ello, redobla la apuesta destrozando los cantos de sirena de impostores que usurpan el buen nombre del liberalismo y hace más de cien años alimentan el sistema liberticida en busca del privilegio personal, tal y como advirtió Spencer en El hombre contra el Estado y confirmó Buchanan con su public choice theory.

El presente trabajo, que revitaliza lo mejor del pensamiento liberal clásico, de su inevitable evolución anarquista y de la mirada prexeológica austríaca, no se limita a la crítica de lo existente, sino que postula una posible escapatoria, realista y acorde a la naturaleza humana. Sin mesías ni atajos facilistas.

Los invito, sin más, a beber de este vaso de agua en el desierto, a cometer el acto subversivo de pensar y cuestionarlo todo y a motivarse para emprender el necesario esfuerzo de poner nuestro grano de arena por la revolución de la libertad.

Nicolás Morás

Montevideo, marzo de 2021

EL DERECHO NATURAL Y LAS IDEAS DE LA LIBERTAD
¿Qué es el derecho natural?

El derecho natural es la piedra fundamental de las ideas de la libertad. O sea, las ideas de la libertad emanan del derecho natural, le deben su existencia. Por ende, hay que entender acabadamente el derecho natural para comprender en profundidad las ideas de la libertad. En este sentido, hay que saber qué es y qué postula el derecho natural, ya que solo así se toma conciencia de que el derecho natural es inherente al ser humano y de que, por ende, las ideas de la libertad hacen a la esencia del hombre y la mujer. Una vez que se comprenda qué es el derecho natural y qué son las ideas de la libertad, el lector podrá advertir que ambos son el mejor paraguas debajo del cual los individuos podrán prosperar más y, en consecuencia, la civilización mejor podrá desarrollarse. Del otro lado, una vez comprendido el derecho natural y las ideas de la libertad, el lector pasará a no tener ninguna duda de que el Estado es nuestro único enemigo, ya que visualizará correctamente que el Estado no es otra cosa que la más aceitada maquinaria diseñada para violentar en forma permanente, sistemática y organizada el derecho natural, avasallando la esencia del ser humano, su libertad. Paralelamente, el lector también comprenderá que la legislación positiva, o sea, las normas redactadas por los burócratas del Estado, son la carga de infantería que ametralla y hiere de muerte al derecho natural, y se convierten en un instrumento para que un grupo de hombres (burócratas del Estado) someta a otro grupo de hombres (ciudadanos). En este sentido, el conocimiento del derecho natural es lo que desnuda que la legislación es violencia física, invasión, conquista y explotación de un grupo de hombres por otro grupo de hombres. Es la apropiación por un grupo de hombres del derecho de abolir de un mazazo artero todos los derechos naturales y toda la libertad, también natural, de todos los otros seres humanos, convirtiéndolos en esclavos para su propio beneficio, ordenándoles qué pueden o no tener, dictaminando qué pueden hacer y qué no pueden hacer, decretando qué pueden ser y qué no pueden ser; es decir, destruyendo su propia esencia.

El derecho natural es la ciencia de la justicia y establece los derechos inherentes y esenciales del hombre y de la mujer como individuos y del ser humano interactuando con su prójimo. El derecho natural establece que el ser humano tiene el derecho a la vida, a la libertad y a la persecución de su propia felicidad. También establece que dichos derechos deben ser perseguidos siempre sin lesionar los derechos naturales de las otras personas, o sea, sin invadir su propiedad, ni vulnerar su libertad. En palabras coloquiales, el derecho natural marca qué es de cada uno (“lo mío” y “lo tuyo”). El derecho natural es la ley que establece qué derechos le pertenecen a cada ser humano por el mero hecho de haber nacido y existir; en consecuencia, qué derechos le seguirán perteneciendo y serán inviolables durante toda su vida, ya que no pueden ser eliminados de la propia existencia de la persona. Los seres humanos nacen desnudos, pero con derechos naturales, los cuales estarán presentes a lo largo de toda la vida. Así, el derecho natural es una ley que nos dice qué es justo y qué es injusto, qué es honesto y qué no lo es, cuáles son mis derechos sobre mi persona y mis bienes y cuáles son los derechos de mis prójimos sobre su persona y sus bienes, y dónde está el límite entre mies derechos y los derechos de mi prójimo, así como entre cada uno de los míos y cada uno de los de mi prójimo.

En este marco, el derecho natural es la ciencia de la honestidad, de la convivencia y de la paz, marcándonos qué comportamiento individual hay que tener para vivir en armonía con el prójimo. Como esquema de reglas, es realmente muy sencillo. Todo hombre, con su comportamiento y en lo relacionado con el prójimo, debe abstenerse de hacer sufrir a otro o hacerle lo que el derecho natural le prohíba, renunciando a robarle, agredirlo, lastimarlo, asesinarlo o cualquier otro crimen sobre su persona o sus propiedades o bienes. Y si lo hiciera, el derecho natural lo obligaría a devolver cualquier bien tomado prestado o robado a su legítimo propietario, reparar cualquier daño o sufrimiento propiciado a la persona o a los bienes del otro, así como pagar y saldar las deudas de los prestamos recibidos. Si el derecho natural no se respetara, los seres humanos entrarían en guerra entre sí, y la violencia se propagaría entre los individuos y, consecuentemente, en la sociedad.

En este marco, se entiende que el derecho natural es la ley suprema. El derecho natural dice lo que está bien y lo que está mal para todo ser humano, de cualquier sexo, color, religión, raza, edad, tamaño, coeficiente intelectual y pensamiento político. También dice lo que está bien y mal en cualquier momento del tiempo, tanto en el pasado como en el presente o el futuro, es decir; será el mismo en cualquier momento. A su vez, también es válido en cualquier espacio físico, sin importar los países, las regiones, los puntos cardinales o las latitudes y las longitudes.

Y el derecho natural es muy fácil de aprender. De hecho, los niños lo aprenden desde que comienzan a interactuar con sus prójimos, ya que, sin comprender el derecho natural, hasta los juegos infantiles son imposibles. Primero se aprende el derecho natural y, solo luego de internalizarlo, se aprende el significado de las palabras injusticia y justicia. Es decir, primero se aprende que no debe robar y que eso está bien y es justo, luego se aprende el significado de la palabra justicia. En pocas palabras, sin derecho natural no hay justicia porque el derecho natural es la justicia, porque es lo que establece lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, para todos, siempre y en todo lugar. Puede ser pisoteado, infringido, pero nunca abolido ni cambiado, porque no lo construye el ser humano, sino que nace con él.

¿Cómo surge y qué implica el derecho natural?

La razón humana es la que descubre el derecho (ley) natural y su cuerpo de normas éticas en virtud de las cuales se pueden juzgar las acciones humanas en todo tiempo y lugar. El ser humano, a diferencia de los animales, no posee un conocimiento innato, instintivo y automáticamente adquirido cuando nace. En consecuencia, tanto el hombre como la mujer no saben sobre sus fines ni de los medios para conseguirlos, sino que tienen que aprenderlos y, para ello, deben ejercer sus facultades de prestar atención, observar, abstraer y reflexionar, es decir, deben utilizar su razón. En otras palabras, la existencia humana emana del uso y el despliegue que el hombre hace de su mente, de la adquisición de conocimientos que el hombre realiza de lo que es mejor para él y sobre las formas (medios) para alcanzar sus objetivos (fines). El ser humano utiliza su razón, que, combinada con su experiencia, es utilizada para modificar su entorno y hacerse de los medios (instrumentos) para correr tras sus fines (objetivos), que no son otros que sobrevivir y vivir, pero siempre persiguiendo su propia felicidad. Y la consecución de la felicidad individual le permite prosperar y desarrollarse. De esta manera, la razón es el instrumento del conocimiento del hombre, de su auténtica supervivencia y existencia. La razón es la naturaleza humana. Justamente, el hecho de que el hombre tenga que emplear su mente para adquirir el conocimiento necesario para sobrevivir (existir) demuestra que el hombre es libre por su propia naturaleza. El hombre debe ser libre, debe tener libertad, ya que la libertad es indispensable para que pueda elegir entre todos sus fines y medios. La libertad es el combustible indispensable de todo el proceso de creación del ser humano. El ser humano necesita total libertad para crear, descubrir e identificar permanentemente nuevos fines y novedosos medios. Sin esta dinámica, no habría prosperidad, ni desarrollo individual.

El hecho natural es que el ser humano es dueño y propietario tanto de sí mismo como de la extensión de sí mismo dentro del mundo material, es decir, de su energía, de su fuerza de trabajo y del fruto de este. Sin embargo, el ser humano vive en sociedad. Y una sociedad libre es aquella en la cual todo ser humano disfruta de sus propiedades naturales (su persona y los frutos de su trabajo) a salvo de agresiones, invasiones o injurias por parte de otros hombres o mujeres. En otras palabras, hay libertad si y solo si no hay invasión de la propiedad que el hombre tiene de sí mismo, de la propiedad de su libertad para trabajar y propiciarse su sustento, ni tampoco de todos los títulos de propiedad adquiridos por medio del intercambio comercial. En este sentido, se podría decir que, basándonos en el derecho natural, las ideas de la libertad son aquellas que te dejan disfrutar de tu propiedad privada y el legítimo producido de tu propiedad privada, impidiendo que nadie pueda interferir en tu goce, pero obligándote a no interferir en el goce de tu prójimo y respetándolo en su elección. En un sentido profundo, el derecho natural proporciona un manual de los caminos para que la especie humana alcance su felicidad. La ley natural establece para todos los seres humanos qué fines (objetivos) y medios (instrumentos) pueden ser buenos o malos en diversos grados. El valor es objetivo y es determinado por la ley natural del ser humano como especie. Acá no hay subjetivismo posible. Y este valor objetivo de lo que está bien y de lo que está mal para la especie humana y para su felicidad se descubre utilizando la razón. La razón es la que le permite al ser humano comprender cuál debe ser su conducta moral y ética. Es decir que esta última está dictada por la razón. Y la razón es la gran diferencia entre el ser humano y el resto de los animales. Mientras que estos deben actuar según los fines que su naturaleza les dicta, los seres humanos poseen su razón para descubrir sus fines y medios, y siempre tienen libre albedrío para elegirlos o rechazarlos. Por el contrario, los animales no tienen opción de ir contra los designios de su naturaleza.

De acuerdo con la filosofía del derecho natural, hay un orden moral y ético objetivo que la inteligencia humana descubre y entiende. A partir de este orden moral y ético, los seres humanos deben organizar su convivencia, ya que solo a partir de esto se puede lograr la armonía, la paz y la felicidad, que no es sino disfrutar de la propiedad privada y del producido de la propiedad privada sin sufrir agresiones externas, ni provocar daño a la propiedad privada y al producido de la propiedad privada del prójimo. Este accionar, que no es otra cosa que la ética y la moral de las ideas de la libertad, tiende a propiciar la felicidad humana, y su realización es parte del derecho natural. En este sentido vale la pena remarcar que nada es más intrínseco al derecho natural del ser humano que su propia felicidad como fin. Del otro lado, toda acción que atente contra la felicidad del ser humano debe estar prohibida por el derecho natural. Y dado que el ser humano como especie tiene una constitución psicológica, fisiológica y biológica inalterable, el hombre puede establecer, mediante métodos científicos racionales, una ética objetiva y absoluta del derecho natural.

No hay que confundir, ni mezclar, el concepto absoluto de la ética y la moral del derecho natural y su persecución de la felicidad del ser humano como fin, en un marco de armonía y paz, con los fines y medios de un individuo en particular. En el primer caso, el valor es objetivo y la felicidad humana es entendida en un sentido racional, como un concepto global, despojado de gustos, preferencias, etc. Por el contrario, en el segundo caso el valor es subjetivo, tanto para los fines como para los medios. A diferencia de la felicidad entendida para todos los seres humanos, que es poder disfrutar en paz y armonía, la felicidad de un ser humano en particular es siempre y en todo subjetiva, y responde a sus propias únicas curvas de indiferencia, es decir, a sus gustos y preferencias individuales, que solo son conocidas por él y son distintas que las de su prójimo. En este marco, el utilitarismo individual que corre detrás de felicidades personales es válido, porque dicho individuo es el único que tiene toda la información perfecta para saber en qué consiste su propia felicidad. Sin embargo, este utilitarismo individual subjetivo debe estar siempre subrogado a la moral y a la ética del derecho natural, que es objetivo, ya que es la única forma de no agredir al prójimo, ni a su propiedad y, por ende, de mantener la paz, la armonía y la felicidad del ser humano.

Esta norma absoluta y objetiva del derecho y de la propiedad natural sustenta la defensa irrenunciable de los tres derechos inherentes del ser humano: la libertad, la vida y la propiedad privada. Estos tres derechos son inseparables porque tienen el mismo origen: la esencia del propio hombre. La estricta defensa de la vida, la libertad y la propiedad, como ya dijimos, son de aplicación universal para todo ser humano, en todo espacio físico y temporal. Su aplicación debe ser siempre defendida en todos los tiempos y lugares, y con cualquier nivel de desarrollo social y económico. De hecho, no hay ningún otro sistema social que pueda ser calificado de ley natural.

En este marco, el delincuente es quien viola el derecho natural, atacando a una persona o a la propiedad producida por ella, es decir, aquel que ejerce violencia contra otros individuos o contra sus propiedades. El delincuente es aquel que rompe la paz, que en esencia consiste en poder disfrutar en forma tranquila, sosegada e imperturbable de la propiedad natural y sus resultantes. En este sentido, la violencia ofensiva siempre es delito, o sea, la violencia sin violencia previa —la violencia que no surge como respuesta a una violencia previa— es siempre delito contra el derecho natural.

Por el contrario, la violencia puede no ser delito si es defensiva, es decir, si es utilizada como respuesta a una agresión previa procurando recuperar la propiedad anteriormente violentada o reparar la agresión. Es más, ante una violencia ofensiva, debe ser obligatorio el uso de la violencia defensiva reparadora, ya que, sin derecho a defender la propiedad natural, deja de haber propiedad natural. Hay que tener bien claro que, sin defensa de los derechos, no hay derechos. Sin defensa del derecho natural, se extingue el derecho natural. Y, en este contexto, emerge una pregunta básica: ¿hasta dónde alcanza el derecho del ser humano a defenderse a sí mismo y sus propiedades? Fácil: hasta el punto en el cual sus acciones defensivas comienzan a incidir o a impactar en los derechos de propiedad de terceros. Si se sobrepasa este punto, su defensa pasa a ser delictiva por agredir a terceros; y esos terceros podrían, a su vez, defenderse contra su previo accionar violento.

En pocas palabras, el individuo puede emplear la violencia defensiva contra una agresión previa que invade su propiedad natural y sus producidos. Ahora bien, este tipo de respuesta defensiva no puede utilizarse contra cualquier tipo de daño. La agresión puede ser utilizada solo como defensa frente a una amenaza de invasión, violencia o daño que sean indudablemente palpables, inmediatos y directos. Por el contrario, no se puede apelar a la violencia como respuesta a una (supuesta) agresión por amenazas o daños potenciales imprecisos y futuros, es decir, que no son ni patentes, ni inmediatos. De actuar de esta manera, todas las especies de tiranía encontrarían justificación. La única manera de protegerse frente al despotismo es atenerse al criterio de que la invasión que se percibe ha de ser clara, inmediata y abierta. No obstante, es inevitable que aparezcan situaciones borrosas y confusas. Ante este riesgo, se deberá comprobar si la amenaza de invasión es directa e inmediata y, de serlo, los individuos ciudadanos deberían adoptar las medidas preventivas pertinentes tendientes a evitar dicho acto violento.

En resumen, el derecho natural es el único y verdadero derecho inherente al hombre. En consecuencia, la justicia no es otra cosa que la ciencia que procura la defensa del derecho natural. El derecho natural y la justicia que lo defiende son la única opción universalmente justa. Es la única ley común a todos los hombres y mujeres. Ergo, no puede ser modificada, es inmutable a lo largo del tiempo. Por el contrario, toda (supuesta) justicia que atente o lesione los derechos naturales es una justicia injusta, una justicia que arremete contra la propia esencia del ser humano. Y esto último es justamente lo que hace el derecho positivo en numerosas ocasiones. Las normas o el cuerpo de legislación escrito, sancionados y promulgados por los burócratas de carne y hueso del Estado, suelen avasallar el derecho natural.

Derecho natural vs. derecho positivo

Según todo lo que dijimos, el derecho natural debería regir la vida de los todos seres humanos. Por consiguiente, la justicia debería consistir solamente en la defensa del derecho natural, de manera que cuanto más se circunscriba solo al derecho natural, más justicia habrá. Por el contrario, cuanto más se aleje del derecho natural, la justicia será más injusta. Como explica Rothbard: “En esencia, la ley natural es una ética profundamente ‘radical’, porque marca límites al statu quo actual, que tal vez viole gravemente la ley natural, olvidando la incesante e inflexible luz de la razón. En el ámbito de la política de la acción del Estado, la ley natural se presenta al hombre como un conjunto de normas que pueden suponer una crítica radical a la ley positiva en vigor impuesta por el Estado”.(1)

De acuerdo con nuestra visión, el derecho natural debe ser utilizado como indicador para abolir, suprimir y recortar la mayor cantidad de leyes positivas que puedan derogarse. El derecho natural debe guiar la reducción del frondoso caudal de legislación (en todos los niveles de gobierno) que hay en las democracias universales y representativas modernas. El derecho natural debe ser revolucionario, radical y debe convertirse en el punto de partida para arremeter contra el statu quo de la legislación positiva actual.

El derecho natural debe encender la mecha de los cambios radicales, arremetiendo contra todo el orden institucional actual y jurídico que emana de las constituciones liberales (ver “El fracaso de las constituciones liberales”). A partir del derecho natural hay que desarmar el monopolio estatal de la justicia y la seguridad, y también la mentirosa estafa de la división de poderes y de los frenos y contrapesos, que solo han legitimado y contribuido a la expansión del Estado y al saqueo organizado y sistemático de unos para con otros. El derecho natural debe reducir el derecho positivo hasta hacerlo coincidir con su ley y su justicia. Sin un derecho natural que arremeta y achique la legislación presente, el Estado no solo mantendrá su tamaño actual, sino que seguirá creciendo. Justamente, el derecho natural debe ir contra el derecho positivo para achicar el Estado, desempoderar la política y empoderar a la sociedad. El derecho natural debe ser la plataforma de despegue para hacer desaparecer el Estado, que es el único enemigo del ser humano, de su libertad y de su prosperidad. Pero mientras haya legislación, habrá Estado. Y si no se ataca y reduce el derecho positivo, el instrumento que expande el yugo sobre los individuos, el Estado seguirá creciendo. Más aún bajo los regímenes de democracia universal y representativa y sus dictaduras parlamentarias.

En la democracia universal representativa (ver “Democracia y socialismo”), que es un régimen de gobierno de propiedad pública en el cual todos los esquemas de incentivos están dirigidos a hacer crecer los medios políticos a expensas de los medios económicos, la legislación está condenada a crecer, porque su expansión consolida cada vez más el sistema de anticuerpos tendiente a evitar que el sistema pueda ser cambiado desde arriba y desde adentro; y así se impide que se modifique su trayectoria temporal, que nos condena a cada vez más política, más Estado y menos individuo.

La legislación, hecha por burócratas estatales de carne y hueso y basada en el derecho positivo contrario al derecho natural, es el corazón del avance del Estado por sobre el individuo. Los jueces son el cerebro. Ambos, en forma conjunta, solo producen injusticia. El poder judicial no cumple su rol. Los jueces han decidido dejar de ser el (supuesto) mecanismo para limitar las acciones del Estado. Por el contrario, los jueces han elegido convertirse en el instrumento más eficaz para dotar de legitimidad ideológica el avance del Estado. El poder judicial imprime de legitimidad todo avance inconstitucional de los burócratas del Estado, asegurándole al público que sus crecientes poderes son en realidad y de hecho constitucionales. Este resultado no puede sorprender, ya que es la consecuencia lógica del armado del propio derecho positivo y sus instituciones. El poder judicial nunca pueda ser independiente, ya que sus miembros son propuestos por el poder ejecutivo y nombrados por el poder legislativo, o sea, por los otros dos poderes, a los cuales (supuestamente) debe limitar. Esto es una severa inconsistencia, ya que implica que los burócratas que deben limitar el Estado (y proteger los derechos naturales) son también funcionarios que se benefician de su expansión. Es más, los jueces no solamente suelen tener lazos con el mismo mundo de la política al cual pertenecen los burócratas del poder legislativo y ejecutivo, sino que también viven de los medios políticos, por lo cual tienen el mismo esquema de incentivos que los miembros del poder ejecutivo y el poder legislativo, que no es sino hacer crecer el Estado y los medios políticos.

Es muy fácil de entender. El poder ejecutivo suele mandar proyectos de leyes de derecho positivo. El poder legislativo las sanciona y el poder ejecutivo las promulga. Luego, los jueces velan por su cumplimiento. Todos son funcionarios del Estado y todos viven de los medios políticos que pueden crecer y aumentar a expensas de los medios económicos. En este contexto, las leyes que crean, sancionan, promulgan y hacen cumplir son casi siempre tendientes a hacer crecer al Estado e hieren el derecho natural de los seres humanos. En este marco, el derecho positivo no será nunca inmutable, sino que siempre estará sujeto a permanente cambios, que dependerán de los intereses, voluntades y circunstancias de la casta política.

En concreto, la legislación de los burócratas suele cambiarse, modificarse y adaptarse a lo largo del tiempo, creando injustica o justica en la medida en que se aleje o solo se circunscriba al derecho natural, respectivamente. Por un lado, si el derecho positivo estuviera totalmente alineado con el derecho natural y no lo excediera, la legislación alimentaría el principio de justicia. Por el contrario, cuando la legislación excede el derecho natural, sus normas inexorablemente terminan contradiciéndolo y, por ende, generando injusticia. En un régimen de gobierno como la democracia universal representativa, de propiedad pública, estamos condenados a enfrentar esto último.

No obstante, si, a raíz del avasallamiento de los derechos naturales, hay cada vez más injusticia, los hombres y las mujeres no solo tienen el derecho sino la obligación y el deber de levantarse contra los parlamentarios, exigiéndoles que alineen el derecho positivo con el derecho natural. En este sentido, no hay que perder de vista que toda legislación que avasalle los derechos naturales del ser humano se convierte en un instrumento que alimenta la dictadura parlamentaria. El hecho de que los legisladores sean votados por el pueblo no asegura que no se caiga en una dictadura parlamentaria, ya que una dictadura no es definida por el sistema de elección del gobierno, sino por su accionar. Si los burócratas del parlamento sancionan en forma sostenida y creciente leyes que avasallen el derecho natural de las personas, estos legisladores terminarán convirtiéndose en una dictadura parlamentaria, sin importar como hayan sido elegidos previamente. Es decir, una dictadura no se define solo por cómo llegaron al cargo, sino por lo que hacen permanentemente en ese cargo. Si los legisladores, por ejemplo, viven sancionando leyes que aumentan la presión tributaria en forma creciente a lo largo de los años, en realidad no hacen otra cosa que confiscar (por la fuerza) una porción (cada vez mayor) del fruto del esfuerzo, intelecto, energía y trabajo ajeno, lo cual es lisa y llanamente una violación a la propiedad privada ajena, es decir, un atentado contra el derecho natural. Dicha confiscación persigue como objetivo esquilmar en forma creciente el producido del esfuerzo ajeno con el único objetivo de tener más financiamiento para el gasto propio: un aumento de la explotación de unos (sector privado) por otros (burócratas del Estado). Es un aumento de los medios políticos a expensas de los medios económicos. La casta política, mediante la legislación de los parlamentos, cada vez se apropia de más días de trabajo ajeno. Del otro lado, las personas trabajan cada vez más días para los burócratas del Estado y menos para sí mismas. La esclavitud es creciente. El derecho natural es cada vez más avasallado. Los legisladores elegidos por el pueblo se han convertido en dictadores que avanzan constantemente sobre los derechos naturales de los seres humanos, y el derecho positivo no ha sido otra cosa que el vehículo que se los permite.

Queda en evidencia que el derecho positivo ha desplazado y violentado el derecho natural y, como sin derecho natural no hay justicia, las normas escritas han terminado sustituyendo la justicia por la injusticia. Así, el derecho positivo consiste en una toma violenta de autoridad y dominio de parte de los burócratas del Estado, que en realidad no tienen ningún derecho a ejercer esa autoridad y esa dominación. No es más que un absurdo, una intrusión violenta que sustituye la justicia por su propio poder, regulando el comportamiento ajeno bajo un manto de usurpación y tiranía. El derecho positivo, al avasallar el derecho natural, es un crimen. El peor de los crímenes, porque se comete con la certeza de la impunidad, sin correr riesgos: los delincuentes tienen el monopolio de la violencia, la ley, la seguridad y la justicia. Escriben, sancionan, promulgan, hacen cumplir y castigan el incumplimiento de la ley, pero, sobre todo, se benefician de ella.

La historia del derecho positivo o legislación siempre tiene el mismo hilo causal y origen: ser un instrumento de dominación de unos sobre otros. El derecho positivo es inseparable del Estado. Hay Estado, entonces debe haber legislación; porque las normas escritas son las que perpetúan la dominación de los burócratas del Estado por sobre el resto de la población. El rol del derecho positivo es expandir sistemáticamente el saqueo, conservando un bando que roba y confisca de un lado, contra un bando de esclavos que es robado del otro lado. Estas leyes, como se las suelen llamar, “no son más que pactos que los políticos juzgan útil concertar entre sí con el fin de conservar su organización, de ponerse de acuerdo para despojar y dominar a los demás, y de garantizar la parte del botín a repartir. Tales leyes no pueden obligar más que los pactos que los asaltadores, bandidos y piratas establecen unos con otros a fin de perpetrar más fácilmente sus crímenes y poder compartir con la máxima tranquilidad el producto de sus robos. Así, por tanto, en lo fundamental, toda la legislación del mundo tiene por origen la voluntad de una clase de hombres empeñados en el expolio y la dominación de los otros, la manera de cómo hacer de estos últimos propiedad suya”.(2)

Igualitarismo e injusticia

Acabamos de entender que es el derecho natural el que establece lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, para todos, en todo lugar y en todo momento. En este sentido, si el derecho positivo se ajustara estrictamente al derecho natural y no lo sobrepasara, entonces habría justicia. Por el contrario, explicamos que cuanto el derecho positivo más excediera al derecho natural, más injusticia (y menos justicia) habría. Obviamente, el derecho positivo, es decir, el caudal de normas escritas por los burócratas de carne y hueso, crece año tras año, lo cual hace que el derecho natural sea cada vez más excedido y la injusticia avance a expensas de la justicia. Es que hay que comprender que el crecimiento de la legislación positiva empodera a la casta política y aumenta el poder político a expensas del poder social. Fortalece los medios políticos y debilita los medios económicos, atentando contra la ética de la libertad. Ejemplos de esto último son el sostenido aumento del derecho público y el crecimiento del derecho administrativo, que son columnas sobre los cuales avanza la intervención estatal en los más variados aspectos de nuestras vidas: derecho administrativo orgánico, derecho administrativo funcional, derecho procesal administrativo, responsabilidad del Estado, derecho ambiental, derecho urbanístico, derecho vial, derecho aduanero, derecho migratorio, derecho de contratación pública, etc.

Sin embargo, más allá de cada avance del Estado, más allá del análisis puntual del instrumento con el cual el Estado avanza y más allá del estudio de las consecuencias de dicho avance, es importante visualizar que el Estado y sus burócratas siempre justifican su accionar a partir de la justicia. Es decir, el Estado pretende legitimar su constante y sistemático avance aduciendo que su accionar tiene como fin lograr y asegurar la justica. En este marco, cobra suma relevancia observar qué “vara” de justicia utilizan los burócratas estatales. Si su vara justiciera se encontrara alineada con la esencia del ser humano y lo derechos naturales, la obtención de Justicia sería una posibilidad. Por el contrario, si su vara justiciera estuviera totalmente desalineada con la esencia del ser humano o, peor aún, fuera a total contramano de su naturaleza, el universo de la injusticia siempre terminaría estando más cerca que el reino de lo justo.

El Estado y sus burócratas pretenden utilizar como vara de “lo justo” y “lo injusto” la igualdad. El igualitarismo es el pretendido patrón de justicia. De acuerdo con este paradigma de justicia, lo que tiende a la igualdad es justo, mientras que lo que tiende a la desigualdad es injusto. De hecho, el ejemplo máximo en este sentido son las intervenciones binarias del Estado en el campo fiscal, donde los presupuestos imponen el yugo impositivo y gastan dinero ajeno (sin sistema de precios) pretendiendo lograr un igualitarismo imposible de alcanzar. ¿Qué hay detrás de este accionar? Primero, se supone que la distribución de ingresos, antes de los impuestos, es muy desigual. Luego, se asume que dicha desigualdad hay que corregirla porque es “mala” y, en consecuencia, es “injusta”. Y de aquí se deduce que el Estado debe intervenir para sacar a la sociedad del mundo desigualitariamente injusto para conducirlo hacia el edén igualitario en el cual reina la justicia. Claramente, a priori, la vara justiciera de la igualdad es un instrumento que empodera al Estado, porque le da argumentos para intervenir y avanzar cada vez más. Esto es más que claro y no puede ser materia de discusión. Ahora queda por discutir si la vara justiciera del igualitarismo está bien o mal.

El igualitarismo como vara de justicia solo estaría bien si se pudiera demostrar que la igualdad es un ideal ético incuestionable. O sea, se necesita una base ética para defender la igualdad como principio regidor de lo justo. Es decir, no se puede permitir que el Estado y sus burócratas impongan el igualitarismo como principio absoluto de justicia sin antes demostrar su superioridad ética y moral. No podemos admitir como dado que la igualdad es el patrón de lo justo e injusto. Por el contrario, debemos exigir su demostración desde lo ético y moral. Y si no se pudiera demostrar, debería ser abandonado como vara de justica. El punto es que el igualitarismo va contra la esencia del ser humano, contra su naturaleza y, por ende, nunca la justicia puede construirse sobre este principio, que está mal. En realidad, el igualitarismo es injusto porque va contra los derechos naturales y la naturaleza del ser humano. Al ir contra los derechos naturales del ser humano, el igualitarismo atenta contra la ética y la moral del ser humano. Paralelamente, al ir contra la naturaleza del ser humano, el igualitarismo es imposible de lograr. Y, como es imposible de lograr, el igualitarismo no hace otra cosa que agravar la fatal arrogancia y el camino de la servidumbre (esto lo explica muy bien Hayek), alimentando el crecimiento del Estado y el avance del poder político a expensas del poder social. En palabras coloquiales, el igualitarismo termina siendo la base del negocio de la casta política a expensas de los medios económicos.

Si el igualitarismo no puede funcionar en la práctica, entonces no puede servir como ideal de justicia y debe ser abandonado instantáneamente. Es muy fácil de ver: si un supuesto ideal ético y moral, como el (según la casta política) igualitarismo viola la naturaleza del ser humano y, por ende, no puede ser llevado a la práctica, entonces es, en realidad, un ideal perverso moralmente y debe ser abandonado como objetivo y como vara justiciera. De ser así, nada puede estar bien (justo) por ser igualitario; y mucho menos, nada pasará a estar mal (injusto) por no ser igualitario.

La humanidad se caracteriza por la desigualdad. Esta es la naturaleza y la esencia del ser humano. La biología y la naturaleza nos hacen a todos diferentes. La igualdad es imposible de lograr. Ni siquiera la igualdad de ingresos es un objetivo posible. Los ingresos nunca pueden ser iguales. El ingreso real nunca puede igualarse. Lo explica muy bien Murray Rothbard: “Como cada ciudadano está situado necesariamente en un espacio distinto, el ingreso real de cada individuo debe variar en cada bien y en cada persona. No hay manera de combinar bienes de distintos tipos para medir cierto ‘nivel’ de ingresos, por lo que no tiene sentido intentar llegar a ningún tipo de nivel ‘igual’. Debe aceptarse el hecho de que no puede alcanzarse la igualdad porque es un objetivo conceptualmente imposible para el hombre, en virtud de su necesaria dispersión en ubicaciones y su diversidad en individuos. Pero si la igualdad en un objetivo absurdo (y por tanto irracional), cualquier esfuerzo por acercarse a la igualdad es consecuentemente absurdo. Si un objetivo no tiene sentido, cualquier intento de acercarse a él, tampoco”.(3) También es un error conceptual, científico y una mentira el concepto de “igualdad de oportunidades”. Sin embargo, la igualdad de oportunidades tampoco es realizable; por ende, también este concepto debe ser completamente desechado. La diversidad de ubicaciones, los diferentes puntos de partida de cada persona, las distintas realidades que se enfrentan, las diversas familias, los diferentes momentos de cada uno y las distintas formas de interactuar con ese mismo entorno según cambia el tiempo, sumado a las diferentes formas de interactuar que tiene cada uno, así como la diversidad de habilidades, gustos, intereses y necesidades, todo hace imposible que pueda haber igualdad de oportunidades.

Es más, es un error conceptual muy grosero pensar que la justicia es necesariamente la igualdad de oportunidades y que este último tipo de igualdad requiere que las personas tengan el mismo punto de partida. Nadie puede tener el mismo punto de partida porque todos salimos diferentes del vientre de nuestras madres, que también son todas distintas. Es más, dos hermanos separados por diez años muy probablemente han tenido madres muy diferentes. Pretender el mismo punto de partida también es muy antinatural. La vida no es una carrera de cien metros llanos. Es más, ni siquiera en una carrera de cien metros llanos los participantes tienen el mismo punto de partida. Por el contrario, los participantes solo están colocados en igualdad de metraje con respecto a la meta, pero todos tienen distintos puntos de partida: diferentes entrenadores, entrenamientos, cuerpos y energía.

Es fácil visualizar que es ridículo y antinatural creer que los participantes del juego de la vida deben partir del mismo punto para que haya justicia. La justicia del mismo punto de partido exigiría que todos naciéramos en el mismo lugar y en el mismo momento para así tener la misma dotación de recursos. No solo esto, se debería abolir la familia. El Estado debería sustraer a todos los niños, ya que diferentes padres y madres aseguran diferentes capacidades. Los niños deberían ser estatizados y confinados a guarderías y jardines de infantes públicos en los cuales todos fueran adoctrinados de la misma forma. Igual así, bajo este hipotético comunismo atroz, no se lograría la igualdad en el punto de partida. Cada maestro del sistema comunista es único y enseña diferente al otro. Cada niño receptor de las enseñanzas del maestro comunista también es único, y cada uno recibirá las mismas enseñanzas en forma diferente.

Queda claro que el igualitarismo en todas sus formas, ya sea de ingresos o de oportunidades, es una filosofía sin ningún sentido, porque atenta contra la naturaleza del ser humano. Y al estar contra la naturaleza del hombre y ser impracticable, el igualitarismo debe ser totalmente abandonado como principio ético y moral, es decir, como vara de lo que está bien y de lo que está mal. Por el contrario, al estar desalineado con la naturaleza del ser humano, el igualitarismo no solo nunca se podrá lograr, sino que se procurará alcanzarlo (infructuosamente) mediante la coacción y la violencia, volviéndose falto de ética y moral con las ideas de la libertad.

La justicia basada en el igualitarismo es injusticia. Además, la infinita heterogeneidad existente entre las personas es la base de la división del conocimiento y del trabajo. La división del trabajo conduce a la especialización, pilar fundamental del aumento de la producción, del comercio y de la generación de riqueza. La inherente desigualdad del ser humano no solo es muy buena, sino que es el motor de la prosperidad individual y del progreso y del desarrollo de la civilización. No podría ser de otro modo, ya que la desigualdad, al estar alineada con la naturaleza del ser humano, es ética y moral con las ideas de la libertad. La justicia debería estar basada en la ley de la libertad o de libertad total. No hace falta agregar nada más. El principio de no agresión está implícito en el concepto de libertad. La justicia de la libertad es una sola, y es la justicia del derecho natural. No solo es siempre alcanzable, sino que es válido para todos, en todo momento y en todo lugar.

1. La ética de la libertad. Murray Rothbard. Unión Editorial, 2009, pág. 45.

2. Ley natural de la justicia. Lysander Spooner. 1882, pág. 16.

3. Poder y mercado. Murray Rothbard. Unión Editorial, 2015, pág. 259.

EL ESTADO: EL ÚNICO ENEMIGO
El monopolio de la ley y la justicia como anabólico del crecimiento del Estado

El Estado es el único enemigo. Esta es nuestra idea faro. Todo movimiento en esta dirección tiene dos certezas. Primero, y lo más importante, es un movimiento en el sentido correcto. Segundo (esto nunca hay que perderlo de vista), mientras que no termine de desaparecer el Estado ese camino será incompleto. Ese avance será solo un eslabón de una cadena más larga que la humanidad debería inexorablemente recorrer para alcanzar su libertad. O sea, no hay que contentarse con el logro alcanzado, sino que hay persistir e insistir en la misma dirección.

Hay muchas diferencias entre el anarquismo de libre mercado o liberalismo radical(4) y cualquier otra filosofía política, pero la más importante de todas es que nosotros entendemos que el Estado es el máximo agresor, el criminal supremo, el origen de los mayores males que enfrenta el hombre, porque es el delincuente mejor organizado a partir del monopolio de la seguridad, la ley y la justicia, con lo cual tiene siempre la legislación positiva de su lado para violentar en forma permanente, sistemática y creciente nuestros derechos naturales. Los liberales radicales no esperamos nada del Estado. De hecho, nuestra intención es combatirlo y desobedecerlo hasta exterminarlo. Pensamos que la desaparición del Estado nos devolverá la libertad que siempre deberíamos haber tenido y nunca perdido. La desaparición del Estado eliminará la verdadera y única grieta que hay en la sociedad, ya que hará que los medios políticos desaparezcan y todos los seres humanos vivamos solo de los medios económicos, subrogando nuestro comportamiento al prójimo. La desaparición de los medios políticos implica que no habrá más invasión, violencia, confiscación, robo y explotación de unos por otros, con lo cual desaparecerá la relación entre amos (burócratas del Estado) y esclavos (resto de los ciudadanos). Todos viviremos de los medios económicos, comprando nuestro dinero en el mercado, vendiendo los bienes y servicios que producimos a nuestros prójimos, que los comprarán voluntariamente solo si valúan subjetivamente que lo que producimos e intentamos vender son un medio que les sirve para alcanzar sus fines, es decir, para satisfacer sus necesidades de sobrevivir, vivir, progresar, desarrollarse y ser feliz. De esta manera, todos estaremos persiguiendo nuestros fines y beneficios, pero siempre sujetos a prestar atención a la voluntad, deseos y necesidades de nuestro prójimo, descubriendo y creando en forma permanente nuevos fines y medios, y con ellos nuevos desajustes sociales que serán corregidos por nuestra propia acción. En este sentido, la desaparición del Estado potenciará el poder social y desbaratará el poder político, encumbrando la libertad y menoscabando el poder. O sea, la eliminación del Estado resolverá en forma favorable la verdadera dialéctica que siempre estuvo presente en la historia de la humanidad: poder vs. libertad; política vs. individuo. La eliminación del Estado empoderará a los individuos y su interacción en libertad, la acción humana. Y la acción humana es el único motor del progreso del individuo y en consecuencia del desarrollo de la sociedad. En síntesis, la eliminación del Estado solo potenciará el poder social y el desarrollo de la civilización, permitiendo que vuelva a haber justicia de verdad, es decir, la única justicia posible, la que nunca cambia, la que es válida en todo tiempo y lugar y para todos los seres humanos, sin importar su edad, sexo, credo o color de piel: la justicia del derecho natural. La justicia del derecho natural, aquella que jamás debería haber sido abandonada ni vilipendiada, es el único marco de justicia posible que permitirá que todos los seres humanos vivamos en armonía, paz y persiguiendo nuestra felicidad.

Sin Estado, la legislación positiva escrita a mano por hombres de carne y hueso desaparecerá, y con su abolición será desterrada la injusticia a manos de los burócratas del Estado, que siempre cambian la ley positiva a su conveniencia, avanzando sobre nuestros derechos naturales y menoscabando nuestra libertad. Sin Estado, y sin la ley positiva de los burócratas de este, desaparecerá la esclavitud de unos (ciudadanos de a pie) en manos de otros (burócratas del Estado). Por el contrario, sin Estado, como dijimos, habrá justicia porque la ley será solo el derecho natural y el sistema de administración de justicia estará basado en el derecho consuetudinario, bajo el cual las personas acatarán la norma natural porque tendrán incentivos a hacerlo. Las normas serán respetadas no por las instituciones que las respaldan, sino porque cada uno de los individuos advertirá los beneficios de comportarse como todos las otras demás personas esperan que se comporte, obviamente, siempre que estos también tengan una conducta como él espera. Tampoco hay que creer que no habrá delitos, no estamos diciendo eso. Seguramente, los habrá, pero serán menores y serán juzgados en libre mercado, como veremos más adelante, por medio de una justicia basada en el derecho natural y el derecho consuetudinario, que es el único andamiaje filosófico institucional en línea con la ética y la moral de las ideas de la libertad y, como consecuencia de esto último, será el sistema más eficiente.

Sin Estado y, por ende, sin monopolio estatal de la justicia, la ley no será impuesta coercitivamente desde arriba por una minoría, porque ya no será necesaria la coacción para imponerlas y hacerlas respetar. Por el contrario, las normas respetarán la ley y estarán basadas en el derecho consuetudinario, y estarán hechas desde abajo, y a partir y por medio de la mutua aceptación y el respeto. Este marco legal en el cual se hará respetar y hacer cumplir las normas estará basado en un sistema de derecho consuetudinario cuyo origen será la reciprocidad. Es decir, los individuos, en su propio beneficio, aceptarán y acatarán ciertas normas legales. Esta relación de reciprocidad surgirá de un acuerdo voluntario entre las partes, que son quienes crean ese deber. Esta reciprocidad, que implica necesariamente equivalencia entre las partes, une a los hombres en sus diferencias, ya que la reciprocidad surge de las diferencias. Esta reciprocidad implicará que las obligaciones entre las partes sean reversibles, es decir, si una parte (A) le debe hoy a otra parte (B), es probable que mañana la parte B se lo deba a la parte A.

Hay que tener bien claro que todo este sistema, basado en el derecho natural, la reciprocidad y el respeto al derecho a la propiedad privada y los derechos individuales, será el pilar fundacional tanto del sistema legal construido sobre el derecho consuetudinario como de la administración de la justicia en el libre mercado que surgirá con la desaparición del Estado y la consecuente emancipación del nuevo hombre libre. Más allá de los delitos que surjan y que deberán ser juzgados, el acatamiento voluntario de las leyes y la participación en la defensa de su observancia tendrán lugar como consecuencia de que este comportamiento traerá beneficios netos sustanciales para todos los individuos que, actuando en libertad, potenciarán la acción humana, la función empresarial y el desarrollo y el progreso de la civilización. Los individuos acatarán las normas porque esperan ganar más respetando las normas de lo que les cuesta acatarlas voluntariamente. Los ciudadanos escogerán acotar voluntariamente las reglas ya que hacerlo les trae más beneficios que costos, porque la defensa de la propiedad y de los derechos individuales objetivos a proteger son un incentivo muy potente para hacerlo. La norma se convierte en parte del ordenamiento social solo si el grupo la acepta, y no porque es coercitivamente impuesta por alguna autoridad. En este tipo de régimen consuetudinario, los delitos son considerados como daños a otras personas, o sea, una responsabilidad civil, y no como crímenes, es decir, un atentado contra la sociedad o contra el Estado.

En pocas palabras, para que un acto sea considerado un delito debe afectar negativamente a otra persona o a la propiedad privada de otra persona. Por el contrario, si cualquier acto, ejecutado en soledad o en grupo, no daña a nadie, dicho comportamiento muy probablemente no sea condenado como delito en un sistema legal consuetudinario. En síntesis, las normas consuetudinarias solo hacen referencia a agravios entre personas, y la parte agraviada deberá hacerse cargo de la acusación. En estas circunstancias, siempre habrá fuertes incentivos a que surjan instituciones y se formen grupos de apoyo mutuo para asuntos de seguridad, jurídicos y justicia en libre mercado. A priori, solo podemos darnos una idea potencial de la forma que adoptarían la seguridad y la justicia en libre mercado (volveremos sobre esto), pero nunca podemos adivinar su formato con exactitud, ya que este se irá definiendo paulatinamente por la interacción de los individuos en libertad y la función empresarial, que es cambiante y dinámica.

Todo esto no es nuevo. El derecho anglosajón previo a la invasión normanda era básicamente consuetudinario. De hecho, para Frederick Pollock y Frederick Maitland, el derecho anglosajón escrito “no es más que una superestructura que descansa en una amplia base consuetudinaria”.(5) El derecho anglosajón concedía gran importancia a la protección de la persona y su propiedad, previendo castigos contra violación, abusos, heridas, asesinato y robo. En aquel entonces, cuando se producía una disputa, se sometía a un arbitraje, que cuando identificaba un daño del individuo A para con la persona B, prescribía que A le hiciera un pago a B, admitiéndose compensación económica para reparar cualquier delito, siempre y cuando se tratara del primer delito del agresor. O sea, un asesinato, siempre y cuando fuera el primero que cometiera, podía compensarse con dinero. Negar la sentencia te sacaba del sistema y te convertía en un paria sin defensa y sin capacidad de trabajar y ganarse el sustento; ergo, todos tenían potentes incentivos para participar voluntariamente del sistema legal y de justicia basado en el derecho consuetudinario, cuyo objetivo siempre es uno solo: reparar los daños al agredido y que dicha carga debe ser responsabilidad del agresor. Este entramado legal del derecho consuetudinario anglosajón fue cediendo terreno frente al avance de derecho autoritario, que ganó terreno a partir del aumento del poder de los reyes y del avance del Estado, que ellos representaban, sobre los derechos naturales de las personas. El derecho autoritario comienza a crecer muy lentamente sobre el fin de la era anglosajona, pero se potencia exponencialmente luego de la invasión normanda(6) a Inglaterra.

En la era anglosajona, como marca Bruce Benson, la función más primitiva del rey, en relación con la aplicación de ley, fue la de “dar apoyo al sujeto incapaz de llevar ante un tribunal privado a ofensores relativamente poderosos. El rey, como pago por sus servicios, recaudaba una parte de la multa impuesta al delincuente”.(7) O sea, el primer paso de los reyes fue hacerse socios en la compensación al agresor a cambio de un supuesto servicio prestado para facilitar la administración de justicia. A partir de esta situación, los reyes comenzaron a ver la justicia como una importante fuente de ingresos y decidieron avanzar sobre ella. Con el tiempo, se estableció la “violación de la paz del real”, que no era otra cosa que hacer intervenir los servicios del rey en la administración de justicia. La violación de la paz real comenzó a ser cobrada cada vez más cara, y su producido iba a parar a las arcas individuales del rey.

Posteriormente, los reyes se dieron cuenta de que si compartían el producido de la violación de la paz real con nobles y funcionarios, la administración de justicia terminaba convirtiéndose en un instrumento para hacer política y sacar réditos. En consecuencia, los reyes establecieron que los ingresos provenientes de la violación de la paz real eran para el rey y también para los que gozaran del favor del rey. En ese momento comenzaron a surgir los notables y sheriffs. Los notables fueron nombrados representantes legales del rey en los condados y recibían un tercio de las multas ingresadas por la justicia, así como un tercio de las rentas públicas de las aduanas y tributos exigidos por el monarca. Luego, cuando un notable comenzó a representar al rey en varios condados, se creó la figura del sheriff, que a cambio de sus servicios obtenía concesiones de tierras del rey y tenía derecho a apropiarse una porción de la renta de dichos terrenos. A cambio, los notables juntaban, unían y dirigían hombres en combate para el rey, a quien representaban en la justicia. O sea, los reyes sajones habían avanzado gradualmente sobre la justicia, utilizándola como fuente de ingresos, a partir de ir concentrando el poder a través de acuerdos recíprocos con los notables (condes), sheriffs y la Iglesia.

Pero esta situación se agravó exponencialmente luego de la invasión normanda encabezada por Guillermo el Conquistador, que virtualmente confiscó todas las tierras de Inglaterra y estableció un sistema feudal, el cual repartió en feudos a vasallos normandos, nobles (barones) y la Iglesia. Así, con los normandos, la monarquía inglesa comenzó a hacerse extremadamente más fuerte y absolutista de lo que era con los anglosajones. Los reyes normandos utilizaron la ley y la administración de justicia para apoyar grupos poderosos, financiar las guerras y aumentar exponencialmente su propia riqueza, lo cual les permitía comprar más voluntades, adquirir más ejércitos y financiar más guerra y poder. Y para hacerlo en forma cada vez más creciente, debían avanzar cada vez más sobre la ley y la administración de justicia. De hecho y en este sentido, fueron los normandos quienes dejaron de lado el viejo sistema de la justicia basada en el principio de restitución y compensación (el agresor debe restituir y compensar al agredido) y lo cambiaron por un nuevo sistema de multas, confiscaciones, castigos corporales y pena capital. O sea, se dejó de resarcir al agredido y se pasó solo a castigar al agresor y a engordar las arcas del monarca y sus burócratas (el Estado).

El cambio de sistema que introdujeron los normandos tuvo consecuencias muy negativas, ya que redujo en forma muy significativa los incentivos de los ciudadanos para mantener acuerdos entre sí (de protección, persecución, acusación, acatamientos de fallos, seguros), eliminando todo atisbo de reciprocidad. El libre mercado de la seguridad y la justicia, que venía en retroceso, comenzó a desvanecerse. Sin derecho consuetudinario, sin reciprocidad, sin acuerdos mutuos y voluntarios, todos desaparecido por obra y gracia del avance del Estado, los reyes normandos tuvieron que establecer un aparato de justicia compulsivo estatal estrictamente bajo su órbita. Así, la administración de justicia se volvió una gran fuente de ingresos fiscales, en la cual el rey (a través de sus cómplices) estaba cada vez más interesado en participar. En este sentido, para incrementar sus ingresos, el rey solo necesitaba hacer uso de sus facultades extendiendo su jurisdicción a cada vez más delitos y casos. Así los reyes normandos permitieron que (casi) todo se apelara a los tribunales reales. Cualquier falta era considerada quebrar la paz del rey y, por ende, podía ser llevada a la corte real, generando recursos fiscales para el monarca. De hecho, los reyes normandos impusieron el concepto de felonía,(8) que era castigado con la muerte o con el decomiso de todas las propiedades y tierras al rey. Más felonías, mayores ingresos reales y más rico el rey.

Sin embargo, Enrique II, quien fuera rey de Inglaterra entre 1154 y 1189, desarrolló el sistema de administración pública inglés y sentó la mayoría de los fundamentos del sistema legal moderno. Primero y principal, creó los tribunales permanentes de jueces profesionales bajo órbita estatal del rey, a quienes también los facultó de hacer regularmente expediciones de justicias itinerantes, lo cual permitía consolidar y expandir el sistema recaudador de ingresos. Dado que se habían creado muchas normas, también se crearon muchos delitos, y en consecuencia la justicia no daba abasto y se hacía lenta, con lo cual se acumulaban los casos. Así fue como en 1178 Enrique II estableció un tribunal permanente centralizado en Westminster que debía conocer todos los casos, excepto aquellos que exigían la propia atención del rey. El rey cobraba por hacer justicia. De hecho, el tesorero siempre se sentaba en el tribunal, lo cual mostraba el papel primordial que tenía la justicia como fuente recaudadora de impuestos que financiaba cada vez más el gasto de la monarquía. Si el acusado era encontrado culpable, su castigo era la confiscación de todos sus bienes. Por el contrario, si era encontrado inocente, el acusador era castigado con fuertes multas por falsa acusación. El resultado: los agentes privados tuvieron incentivos a dejar de hacer denuncias de agresiones y delitos.

Hasta este punto, solo hemos presentado un breve comentario histórico sobre cómo Inglaterra fue de a poco abandonando la ley natural y el derecho consuetudinario, cambiándolo por la norma positiva y el derecho autoritario. Fue un proceso largo y creciente en el que, de acuerdo con el profesor Harold Berman,(9) los cambios más dramáticos ocurrieron en el siglo XX en todo el mundo occidental bajo el régimen de gobierno de la democracia universal representativa exportada por EE. UU. a toda Europa luego de la Gran Guerra de 1914-1918. Esto no sorprende si entendemos que, como explica Hans-Hermann Hoppe,(10) la democracia es un régimen de gobierno de propiedad pública que tiene todos los incentivos alineados para hacer crecer al Estado avasallando los derechos individuales de las personas y, además, presenta los mejores anticuerpos para evitar que los cambios puedan ser hechos con las reglas que provee el sistema, así como desde dentro y desde arriba del sistema. Y el monopolio de la justicia estatal desempeña un papel fundamental para que la democracia universal representativa sea el mejor anabólico para el crecimiento de la masa muscular del Estado y el debilitamiento privado (ver el capítulo sobre la democracia y las ideas de la libertad).

Las monarquías absolutistas quedaron en el pasado, pero no se rechazó la idea de que el Estado es la fuente suprema del Derecho y, por tanto, no se rechazó el concepto de que el Estado es el determinante del orden social. En consecuencia, somos cada vez más esclavos o vasallos del Estado y sus burócratas. Nuestro derrotero no solo continúa, sino que no es una función lineal, sino una función exponencial. Somos cada vez más aceleradamente esclavos. En términos matemáticos, tanto la primera como la segunda derivada de nuestra esclavitud frente al Estado son positivas. Hay que entender que el derecho estatal y el monopolio del Estado sobre la administración de justicia no refleja una mayor eficacia del gobierno representativo a la hora de dictar leyes, hacer cumplir la ley y administra justicia, sino que es la muestra de que los Estados han perfeccionado todo el andamiaje para transferir riqueza desde los privados hacia sus burócratas y sus asociados inmorales y cómplices solidarios. Hay que entender que la justicia dejó la ley natural y pasó a la ley positiva, abandonando el derecho consuetudinario y abrazando al derecho autoritario, como resultado de una ingeniería social que solo tenía como objetivo facilitar y potenciar el aumento, la centralización y la consolidación del poder estatal (monarca) sobre los ciudadanos de a pie, para debilitar el poder social y afianzar el poder político. El proceso legal y la administración de justicia pasaron a ser el cerebro y el corazón, el alma y el cuerpo del crecimiento del Estado. El monopolio de la ley, de la Justicia y de la seguridad que las constituciones liberales (ver el capítulo “El fracaso de las constituciones liberales”) le confieren al Estado es el nudo del problema, ya que lo hacen parte única de la generación de las leyes y de su cumplimiento, rompiendo el precepto básico de la justicia, y así crean un monopolio estatal que está condenado a crecer a expensas de nosotros. El Estado se paga con impuestos, tasas (de justicia y otras), impuesto inflacionario, impuesto devaluatorio y deuda; todos mecanismos de financiamiento que implican una quita de recursos de ingresos y riqueza al sector privado en favor del sector público y sus burócratas de turno y permanentes, así como de sus cómplices solidarios y asociados inmorales. La idea faro es que el Estado es el enemigo. La libertad solo podrá ser alcanzada el día que no haya más Estado. Mientras que el Estado tenga el monopolio del dictado de leyes, la observancia de las leyes (seguridad) y la administración de justicia, nuestro enemigo seguirá creciendo en nuestro detrimento, haciéndonos cada vez más esclavos, quitándonos cada vez más de lo que generamos. Ante todo debemos dejar de creer en el Estado, debemos dejar de pensar que el Estado vigila, hace cumplir y castiga el incumplimiento de las leyes. Mientras pensemos esto último, estaremos perdidos.

Origen y esencia del Estado enemigo

Los primeros pueblos primitivos no tenían Estado y vivían, se podría decir, en anarquía. No pude sorprender que no hubiera Estado. En aquella situación de extrema pobreza en la cual el ser humano vivía en la más básica subsistencia, prácticamente no había medios económicos o, en realidad, había muy pocos medios económicos y, en consecuencia, no podía haber Estado. La existencia de este exige un piso mínimo de medios económicos, es decir, al menos un umbral básico de generación de riqueza, ya que no se puede confiscar, robar la riqueza que no existe, ni tampoco “sirve” esclavizar gente que no produce. En otros términos, no puede haber Estado donde no hay nada para confiscar, ni robar. Es decir, ningún Estado puede emerger sin que previamente se haya desarrollado una cantidad mínima de objetos que sirvan para la necesidad humana. Y el hilo causal es uno solo: primero se generan los medios económicos, luego aparece el Estado y los medios políticos. Primero se genera la riqueza, y luego aparece un grupo de bandidos que invaden, confiscan, roban y explotan a su vencidos, convirtiéndolos en sus esclavos para que produzcan para ellos. En pocas palabras, sería un grave error intelectual invertir la causalidad y pensar que se vivía primitivamente y en la pobreza porque no había Estado. Es un error intelectual porque el Estado no genera ninguna riqueza, sino que la roba y la confisca de los medios económicos, por lo cual los medios económicos y la generación de riqueza son previos al Estado. También sería un error pensar que la anarquía era lo que mantenía al ser humano en la subsistencia y en estado primitivo. Esto se visualiza claramente cuando logramos despojarnos de la idea equivocada sobre anarquía que nos enseñaron en el adoctrinamiento de la educación pública (ver “La educación pública: el más aceitado mecanismo de dominación”) y entendemos qué significa en realidad este concepto. La anarquía (ver “Hacia una sociedad libre”) son hombres y mujeres organizados por medio tan solo de los medios económicos, con lo cual es un sistema que estimula la generación de riqueza. En anarquía lo que no hay son medios políticos, es decir, no hay confiscación y explotación de unos (muchos) por otros (pocos). En anarquía no hay una clase parasitaria que no produce ni genera riqueza y que solo vive como rémoras de los productores. De hecho, en aquellas tribus primitivas que vivían en anarquía todos los hombres adultos disfrutaban de los mismos derechos. Podría haber habido jefes, que en general eran personas de mayor edad, con lo cual dicha posición respondía al mayor conocimiento adquirido con el paso del tiempo, lo cual daba lugar a un respeto espontáneo y voluntario de los demás para con él. Aunque dichos jefes tribales no tenían en realidad medios para imponer, sino que su voluntad o sus consejos eran recibidos voluntariamente por los otros miembros de la tribu o clan. O sea, nadie estaba obligado a obedecerlo o seguir sus órdenes, es decir, no había ninguna autoridad que gobernase sobre el resto.

El Estado surgió cuando los pastores nómades, que eran más violentos, invaden a los campesinos sedentarios, que eran más pacíficos y se dedicaban a la agricultura. Estos campesinos, que dependían de su trabajo y de su esfuerzo agrícola, vivían apegados a la tierra, su fuente de subsistencia. Obviamente, no eran belicosos, ni conocían el arte de la guerra, ya que la violencia no les proporcionaba más riqueza (conocida por ellos), ni mejoraba su calidad de vida. Es que el campesino no podía llevarse de otro campesino nada que ya no tuviera. Al ser una economía primitiva de subsistencia, no había comercio, ni capacidad para mantener lo producido por la tierra largo tiempo sin pudrirse. Cada campesino utilizaba solo la porción de tierra que necesitaba, y no había interés de trabajar más que aquella porción de tierra que ya trabaja. De hecho, había tierra libre y ociosa. Por consiguiente, se entiende que aquel campesinado no tenía ni intención, ni formación, ni posibilidad de subyugar en forma violenta a ningún habitante cercano. En consecuencia, fueron fácilmente invadidos, confiscados, robados y hechos esclavos por los pastores nómades, que los pusieron a trabajar y a generar riqueza para ellos, convirtiéndolos en esclavos. De hecho, dada su dócil idiosincrasia, los invadidos, confiscados y robados fueron fácilmente convertidos a la esclavitud, ya que casi inmediatamente aprendieron a preservar su vida bajo el yugo de la casta política invasora. Y es en este momento, con la aparición y luego la consolidación de la esclavitud, cuando termina dándose forma final y completa al Estado. En este sentido, hay que tener claro que el Estado implica un círculo que empieza en la invasión, avanza con la confiscación y el robo y termina cerrándose con la creación de la esclavitud, es decir, la aparición de la sistemática y constante explotación de unos (invadidos y esclavizados) por otros (invasores y explotadores).

En definitiva, el Estado ha surgido a partir de la dominación de un grupo de hombres sobre otro conjunto de personas, y su justificación no es otra que la explotación económica de los dominados en beneficio de los dominantes. En este sentido, solo comprendiendo que los seres humanos tenemos dos únicas formas (trabajar o robar) de hacernos de los medios (instrumentos) para alcanzar nuestros fines (objetivos) de sobrevivir, vivir, progresar y desarrollarnos, podemos comprender qué es el Estado y qué implicancias tiene su existencia. El Estado es violencia física, coacción, explotación y transferencia de riqueza desde los explotados (medios económicos), que la generan, hacia los explotadores (medios políticos), que viven parasitariamente de los primeros sin producir nada para sus prójimos. Los medios económicos son pacíficos, voluntarios y enriquecen a todos los que viven de ellos. Por el contrario, los medios políticos enriquecen solo a los ladrones que se organizan para saquear sistemáticamente desde el Estado y empobrecer a los explotados, a quienes se les sustrae, por medio de la fuerza y la violencia, la riqueza que generan. Y el problema es que los medios económicos exigen esfuerzo y trabajo, mientras que los medios políticos son parasitarios. Es decir, es mucho más fácil y cómodo vivir de los medios políticos que hacerlo de los medios económicos. Y esto último es un problema, ya que siempre existirá la tentación de pasarse del bando ético (medios económicos) al bando inmoral. Como decía Albert Nock: “Debido a que la gente tiende a actuar con el menor esfuerzo posible, en la búsqueda de sus fines preferirán siempre los medios políticos antes que los económicos, un rasgo que ha producido el moderno corporativismo estatal”.(11)

En este marco y, como muy bien explica Franz Oppenheimer, el Estado podría definirse “como la organización de una única clase que domina sobre todas las otras. Una organización como tal solo puede darse de una forma: mediante la conquista y el sometimiento de grupos étnicos por parte de un grupo dominante”.(12) Esta característica se ha mantenido invariable a lo largo de toda la historia. La dominación, explotación, confiscación y robo de muchos a manos de pocos se ha ido sofisticando, haciéndose más velada y oculta, pero, paradójicamente, incrementándose con el paso del tiempo. Primero, el Estado y su inherente violencia fueron tan solo un Estado terrestre organizado en un territorio delimitado. Posteriormente, se pasó del Estado terrestre al Estado feudal. Luego, el Estado empezó a avanzar sobre la administración de justicia y comenzó a alejarse sistemáticamente del derecho natural y a dictar su propia legislación, creando el derecho positivo. Los medios políticos avanzaron en forma creciente sobre la esfera jurídica, aumentando su poder y el yugo sobre los explotados. Más tarde, el creciente avance del Estado sobre la creación de la legislación, sumado a su marcha sobre la vigilancia del cumplimiento de dichas normas creadas por él mismo y la obtención del monopolio de la administración de justicia, terminaron dando lugar al Estado absolutista de las monarquías que sobrevivieron, para citar dos ejemplos, hasta 1688 en Inglaterra y 1789 en Francia. Posteriormente, a partir de las ideas del liberalismo clásico, el Estado absolutista fue derrocado y surgió el Estado constitucional.

En la actualidad, el estado constitucional tiene como forma de gobierno la democracia universal representativa o las monarquías parlamentarias. Sin embargo, más allá de las mutaciones de tipo o forma de explotación, la esencia del Estado sigue manteniéndose e incluso aumenta con el paso del tiempo; por eso es que sigue habiendo explotación de muchos (medios económicos) a manos de pocos (medios políticos); caso contrario, el Estado habría dejado de existir. El punto es que más allá de la mutación estatal, la administración, la creación de leyes, la vigilancia del cumplimiento de las leyes (seguridad), el castigo de su incumplimiento (administración de justicia), la defensa nacional y la política internacional continúan siendo un Estado que surge a partir de la fuerza física y la violencia. Así, hoy en día nada ha cambiado y el Estado, al igual que a lo largo de toda la historia, sigue alimentando la única y verdadera grieta que existe entre los seres humanos. Por un lado, las personas que viven de los medios económicos produciendo bienes y servicios que sus prójimos eligen voluntariamente en el libre mercado, generándose la riqueza, y, por el otro, los individuos que viven de los medios económicos, es decir, que viven sin producir nada, sino que tan solo se dedican a confiscar y robar el producido del esfuerzo ajeno.

En este marco, hay que entender que el Estado, ya sea terrestre, feudal, mercantilista, monárquico, monárquico absolutista, republicano o monárquico parlamentario, siempre y en todos los lugares es una organización de los medios políticos, lo cual implica lisa y llanamente sacar todo el dinero posible a alguna clase de ciudadanos para dárselo a otro grupo de ciudadanos. Y hay que advertir que aquellos que piensan que las constituciones escritas y la división y los frenos y contrapesos entre poderes pueden proteger al individuo de la violencia y el saqueo del Estado se aferran a la mayor utopía sin fundamento de la historia de la humanidad, cuando es el propio Estado, a través de su Corte Suprema, el que tiene que juzgar si su propia acción es legítima o ilegítima. Parafraseando a Herbert Spencer,(13) estamos en condiciones de afirmar que el Estado está engendrado por y para la agresión y la violencia.

Estado y gobierno: dos cosas distintas

En la última frase del punto anterior, parafraseando a Herbert Spencer, nosotros sostenemos que el Estado está engendrado por y para la agresión, mientras que el autor británico del siglo XIX le asignaba esa cualidad al gobierno. Por consiguiente, en este punto nos parece muy relevante hacer una distinción, y queremos aclarar que gobierno y Estado no son lo mismo. Es más, en este sentido, y teniendo en cuenta que somos liberales radicales o anarquistas de libre mercado, consideramos muy importante remarcar que en anarquía puede haber gobierno, pero nunca Estado, ya que anarquía implica, por un lado, la ausencia total de medios políticos y, por el otro, entraña que los seres humanos se organicen en total libertad y de común acuerdo, coordinándose exclusivamente a partir de los medios económicos, lo cual no es contradictorio con la presencia de un gobierno, pero sí con un Estado, porque este último implica medios políticos que avanzan sobre los medios económicos.

La teoría demuestra (y la historia ilustra), como ya explicamos, que el Estado ha tenido su origen y se ha perpetuado con la conquista, la confiscación y el robo. Absolutamente todos los Estados han hecho esto último, tantos los primitivos y antiguos como los modernos y actuales. A lo largo de la historia y del futuro, la característica invariable del Estado es la explotación de una clase vencida por otra. Los explotados son los privados que generan riqueza. Del otro lado, el equipo de los explotadores está conformado por los burócratas estatales de carne y sus socios inmorales y cómplices solidarios, como puede ser el sector bancario y los empresarios prebendarios que hacen negocios con el Estado a cambio de una parte del botín.

El accionar de los burócratas del Estado no tiene ninguna diferencia con el comportamiento de una banda de criminales profesionales. Los burócratas en nombre del Estado roban parte del producido de la sociedad y lo transfieren hacia ellos mismos para gastar dicha riqueza discrecionalmente en lo que ellos juzgan pertinente, sin tener ningún sistema de precios de por medio que les informe en qué, cuánto, dónde y de qué calidad gastar, es decir, sin que haya ningún tipo de revelación de preferencia de parte de los consumidores. De ahí que el gasto no solo sea inmoral, ya que es financiado con un acto violento (impuestos, impuesto inflacionario o devaluatorio, tasas y deuda), sino que también sea ineficiente desde un punto de vista utilitarista. Por consiguiente, queda claro que los intereses del Estado y de sus burócratas son directamente opuestos a los intereses de la sociedad y, en consecuencia, un aumento del poder estatal implica una reducción del poder social. A más poder estatal, menos poder social y menos libertad. Esto es así siempre. Y si tenemos en cuenta que el progreso y el desarrollo de la civilización dependen positivamente de la potencia de la acción humana, que a su vez también depende positivamente de la libertad y negativamente del poder estatal, concluimos que a más Estado menos desarrollo del ser humano. Todo el progreso de la humanidad fue a pesar del Estado, nunca gracias a él.

Dado que el Estado siempre termina involucrando al gobierno, a los ciudadanos de a pie nos cuesta entender que Estado y gobierno son en realidad dos conceptos diferentes, y terminamos visualizando ambos como la misma “cosa”. De hecho, hasta cometemos el error de utilizar ambas palabras como sinónimo. Pero el problema no somos nosotros. El problema es que el Estado termina gobernando e imprimiéndole sus características a la forma de gobernar. De hecho, cuando el Estado absorbe al gobierno, gobernar pasa a ser el arte de robar dinero a unos para entregar dicho botín a otros, luego de que una porción de este quede, muy probablemente, en el “camino”.

Sin embargo, como ya mencionamos, Estado y gobierno son en realidad dos conceptos diferentes. En este sentido, cuando no hay explotación económica de un grupo de hombres por otro grupo de personas, sin importar las causas de dicho fenómeno, no hay Estado, pero sí puede haber gobierno. Ni las tribus americanas de cazadores ni los primitivos campesinos tenían Estado, por los motivos que ya analizamos. Sin embargo, ambos grupos podían tener gobierno. La primera gran diferencia entre Estado y gobierno es que el primero es poder político, mientras que el segundo es poder social. El primero es coacción; el segundo, voluntario y con consentimiento. La segunda diferencia, y no menos importante, es que el Estado interviene en forma positiva, mientras que los gobiernos lo hacen en forma negativa. El Estado interviene positivamente creando cada vez más legislación (derecho positivo), que atenta contra los derechos naturales, lo cual convierte la justicia (derechos naturales) en injusticia (administración estatal de la justicia). Es más, dichas normas positivas son cambiadas constantemente, y casi siempre en favor de los intereses de los burócratas y del poder político y, por oposición, contra el poder social y el derecho natural. La intervención positiva del Estado tiende a agrandar la explotación de unos muchos a manos de pocos. Por el contrario, los gobiernos intervienen solo negativamente procurando defender los derechos individuales de los seres humanos, y así hacer la única justicia posible, la justicia de los derechos naturales. En este sentido, Albert Jay Nock explica: “La esencia y el objetivo del gobierno, según lo establecen Parkman, Schoolcraft y Spencer, tiene una raíz social. Basándose en la idea de los derechos naturales, el gobierno le asegura al individuo esos derechos por una intervención estrictamente negativa, haciendo justicia de manera gratuita y de fácil acceso, este no va más allá. El Estado, por otro lado, tanto en su origen como en su objetivo primario, es puramente antisocial. No se basa en la idea de los derechos naturales, sino en la idea de que el individuo carece de derechos excepto los que le dé provisionalmente el Estado. Este ejerce la justicia a un alto precio y es difícil acceder a ella, y siempre se ha puesto por encima de la justicia y de la moralidad común cuando ha podido sacar algún tipo de beneficio”.(14)

En este marco, se entiende que un gobierno sin Estado se dedica exclusivamente a defender los derechos naturales de los seres humanos, lo cual implica defender la vida, la libertad y la propiedad privada, que empieza por el cuerpo, la energía individual y la propia fuerza de trabajo que, en un entorno de libertad y combinados con la razón y la experiencia, transforman el entorno para que todos y cada uno de los seres humanos se hagan de los medios para obtener los fines que valoran subjetivamente. En este sentido, los gobiernos se abocan exclusivamente a garantizar que el comercio, la acción humana y la función empresarial se lleven a cabo garantizando el principio de no agresión y el principio de libre asociación, impidiendo que haya uso de la violencia en forma ofensiva. En otros términos, los gobiernos son los que garantizan que la violencia sea solo defensiva, y siempre sea usada exclusivamente como respuesta a una violencia previa dentro de un proceso de administración de justica basado exclusivamente en los derechos naturales.

Gobiernos (sin Estado) que solo hagan intervenciones negativas que no avasallan los derechos naturales de los individuos solo son posibles bajo un sistema en el cual tanto la justicia como la seguridad sean proveídas en libre mercado, y bajo un sistema de administración de justicia que se encuentre basado en el derecho consuetudinario y a partir del concepto de reciprocidad, procurando fallos que tengan como objetivo la reparación del daño cometido al agredido (víctima) y no el castigo del agresor (victimario). Es decir, bajo este sistema, la atención de la justicia volvería a concentrarse sobre la restitución a la víctima, dejando de estar focalizada sobre el castigo por crímenes. Esta vuelta hacia la restitución promueve la armonía y el orden social, lo cual potencia la acción humana, la función empresarial y el desarrollo de la civilización. Por un lado, la restitución a la víctima es reparadora y resarce a la víctima, lo cual es moral y ético con las ideas de la libertad, pero además elimina el riesgo de deseo de venganza. Por otro lado, la restitución también beneficia al agresor, ya que luego del pago le permite recuperar su lugar en la sociedad en un marco de paz. Todo lo opuesto a lo que sucede actualmente con el derecho penal, que no resarce a las víctimas, ni devuelve a los transgresores a la sociedad, sino que a estos últimos los mantiene ociosos y como una pesada carga financiera sobre los hombros de los agredidos.

En este marco, las normas consuetudinarias solo harían referencia a agravios o lesiones entre personas. Para que se cuestione la legalidad o ilegalidad de un acto, este debe afectar a otros. Por el contrario, si una acción no daña a nadie, no será objeto de una norma del derecho consuetudinario. La norma se transforma en tal cuando es aceptada por el grupo, y no porque es impuesta coercitivamente. De este modo, las normas que facilitan la interacción entre las personas tienden a perpetuarse en el tiempo, mientras que las malas son ignoradas o dejadas de lado. Así el derecho consuetudinario basado en el derecho natural sería simple, pero también evolucionaría en forma constante a lo largo del tiempo, a lo que contribuiría la propia resolución de los conflictos. Bajo este esquema de administración de justicia, el agraviado debería realizar la acusación. Además, el financiamiento de dicho sistema debe descansar sobre los hombros exclusivamente de las partes intervinientes, que sin Estado ya no pagarían impuestos y voluntariamente contratarían servicios privados de seguridad y justicia (ver “Justicia y seguridad en libre mercado”).

Obviamente, con gobierno y sin Estado, con una justicia basada en los derechos naturales, en el derecho consuetudinario y en la reciprocidad, los ciudadanos obedecerían no por miedo al castigo, sino porque están convencidos de que es bueno (moral) y les conviene (utilitarista) obedecer. La ley no estaría impuesta coercitivamente desde arriba, sino que se desarrollaría desde abajo. Las leyes impuestas desde arriba por un monarca o un parlamento, lo que se llama derecho autoritario, requieren poder para imponerlas; las leyes que se desarrollan desde abajo requieren aceptación. En este último esquema, la ley se respeta porque los individuos advierten los beneficios de comportarse en línea con lo que los otros esperan de él, siempre que los otros también tengan la conducta que él espera. Es decir, los individuos aceptan mutuamente aceptar un conjunto de reglas en beneficio individual de cada uno de ellos y, por ende, de todos. No sorprende. El acatamiento voluntario de las leyes y la participación en la defensa de su observancia solo tienen lugar cuando los individuos esperan ganar tanto o más de lo que les cuesta acatar voluntariamente las normas de sistema. Y, de hecho, la protección de la propiedad privada y la defensa de los derechos individuales son incentivos muy potentes y atractivos para que las personas se convenzan de que les conviene voluntariamente obedecer. Por el contrario, no obedecer tiende a expulsar o no dejar bien parado dentro del entramado social al infractor, lo cual juega negativamente a la hora de producir, vender y comerciar, es decir, no es positivo en términos de prosperidad individual. No obstante, hay que destacar que habrá transgresores. Pero dichos transgresores serían juzgados y condenados a reparar el daño provocado y resarcir a quien agredieron, lo cual es un sistema mucho más acorde con la ética y la moral de las ideas de la libertad que el existente hoy en día.

A partir de lo expuesto estamos en condiciones de entender la genial frase de Henry Thoreau con la que comienza Desobediencia civil: “Acepto cordialmente el lema de que ‘el mejor gobierno es el que menos gobierna’, y me gustaría verlo actualizado más rápida y sistemáticamente. En la práctica, lleva a otro en el que también creo: ‘El mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto’, y cuando los hombres estén preparados para ello, será la clase de gobierno que tengan. En el mejor de los casos, el gobierno no es sino un medio, pero la mayoría de los gobiernos suelen ser inconvenientes y todos los gobiernos lo son en ocasiones”.(15)

Mientras haya Estado, nunca podrá existir este tipo de gobierno mínimo, que solo interviene en forma negativa procurando proteger solo los derechos individuales de las personas por medio de una Justicia basada en los derechos naturales. Recíprocamente, este tipo de gobierno mínimo planteado por Henry Thoreau solo podrá lograrse después de eliminar por completo al Estado. Y el Estado no podrá eliminarse de un día para otro, sino que su desaparición será resultado de un proceso evolutivo que se plasmará en el largo plazo, ya que exige una humanidad con otra ética, intelectualmente más fuerte y también más confiada en el poder social. Se necesitan personas que no crean en el Estado y, por ende, que no esperen nada del Estado. Por el contrario, es imperioso que las personas entiendan que el Estado es un palo en la rueda de su progreso individual y un lastre para el desarrollo de la civilización. Y esto no se logra de un día para el otro, sino que lleva tiempo. Jorge Luis Borges entendía (con extremada lucidez, para variar) esta problemática: “Para mí el Estado es el enemigo común ahora; yo querría —eso lo he dicho muchas veces— un mínimo de Estado y un máximo de individuo. Pero, quizá sea preciso esperar… no sé si algunos decenios o algunos siglos —lo cual históricamente no es nada—, aunque yo ciertamente no llegaré a ese mundo sin Estados. Para eso se necesitaría una humanidad ética, y además, una humanidad intelectualmente más fuerte de lo que es ahora, de lo que somos nosotros, ya que, sin duda, somos muy inmorales y muy poco inteligentes comparados con esos hombres del porvenir, por eso estoy de acuerdo con la frase: ‘Yo creo dogmáticamente en el progreso’”.(16)

El fracaso del liberalismo, el daño del conservadurismo y la receta para vencer al Estado

Desde muy pequeños somos adoctrinados en la religión del Estado por el sistema de la educación pública obligatoria, ya sea de gestión estatal o de gestión privada. En materia de adoctrinamiento, no hay grandes diferencias entre los dos tipos de gestión, que solo diferencian qué billetera es la que financia al establecimiento educativo. Un establecimiento de gestión estatal es financiado por los impuestos cobrados por el Estado. Del otro lado, la gestión privada marca que dicho establecimiento es financiado por los bolsillos privados de (generalmente) los padres de los alumnos. También hay gestión mixta, es decir, establecimientos de gestión privada pero que reciben subsidios estatales.

El adoctrinamiento en la religión del Estado proviene de los contenidos que se enseñan en la educación pública, que son definidos por los burócratas del Estado desde un Ministerio de Educación, tanto nacional como provincial. Son los burócratas del Estado quienes definen qué, cómo, en qué cantidad, cuándo y de qué manera enseñar. Son los mismos burócratas del Estado quienes deciden qué no enseñar, qué ocultar y qué proscribir. Los burócratas del Estado definen todos los contenidos mínimos y uniformes para todos. La diferenciación solo puede ser marginal, y solo como una suerte de adicional por sobre lo mínimo determinado por los burócratas del Estado. La educación pública nos enseña lo que el Estado y sus burócratas quieren que aprendamos, no somos educados en un saber para nosotros. Es muy fácil verlo.

Desde jardín de infantes venimos escuchando que es imprescindible que haya un Estado. Desde que tenemos cuatro años y nos obligan a instruirnos coercitivamente en establecimientos aprobados por Ministerios de Educación, escuchamos que debe haber un Estado que intervenga, que regule, que cobre impuestos y que distribuya desde unos hacia otros, creando ganadores y generando perdedores. Nos enseñan que el Estado debe intervenir en aspectos muy variados, pero a la vez concretos de la vida social, corrigiendo “injusticias” y “fallos” de mercado, brindando igualdad de oportunidades y eligiendo ganadores y perdedores. Desde el jardín de infantes hasta la universidad vivimos bajo las enseñanzas de todo un establishment académico que no solo justifica y apoya la intervención estatal, sino que la reclama en cantidades crecientes y en mayores dosis con el objeto de dar solución a supuestos fallos de mercado e injusticias.

Desde muy pequeños nos dicen que los burócratas del Estado gobiernan por y para nosotros persiguiendo el bienestar general, lo cual implica que nos “venden” que los funcionarios son una suerte de ente benévolo que no persigue objetivos individuales, sino la maximización del bienestar de los ciudadanos. Es más, esta prédica engañosa lleva implícito un fenómeno delirantemente imposible: asumir que los hacedores de política saben en qué consiste ese bienestar de los ciudadanos y, además, que ellos mismos tienen toda la información necesaria para llevar a cabo la política que maximice dicho bienestar. O sea, que conocen a la perfección el modelo económico, los parámetros, las propiedades estocásticas de las variables, la fuerza y el tiempo de perturbación de las variables, etc. En pocas palabras, nos enseñan que los políticos saben qué botones tocar, con qué fuerza hacerlo y durante cuánto tiempo presionarlos, lo cual es una estafa moral y un error intelectual desenmascarado por el teorema de la imposibilidad del socialismo.

Este teorema, desarrollado por la escuela austríaca, demuestra que es imposible hacer cálculo económico sin sistema de precios, por lo cual es imposible saber qué, cómo, cuánto, de qué calidad y dónde producir bienes y servicios. En este sentido, Jesús Huerta de Soto demuestra que las políticas públicas en manos de los burócratas del Estado están condenadas al fracaso, porque los planificadores estatales nunca se pueden hacer de la información necesaria para llevar a cabo sus mandatos coactivos. De acuerdo con el profesor Jesús Huerta de Soto, el socialismo implícito en toda intervención estatal es un error intelectual. Se supone que el planificador central tendrá mejor valoración e información con respecto a los medios y fines que los actores económicos y sociales individuales. Error. No es ni teórica ni efectivamente posible que el órgano planificador disponga de la información suficiente como para poder coordinador los desajustes sociales existentes.

Si el burócrata del Estado no tiene la información necesaria para intervenir eficientemente, provoca daño. Esta imposibilidad es resultado de las propias características (inherentes) de la información relevante. La información no puede fluir desde los individuos hacia los burócratas porque la información no solo tiene carácter privativo, sino que es una información práctica y dispersa, que en su mayor parte es de naturaleza tácita y, por tanto, no articulable. Además, el burócrata nunca se puede hacer con ella como resultado de su gran volumen, que está dispersa entre todas las personas a nivel individual y, además, que está en las mentes de cada una de las personas como conocimiento no articulable.

Justamente, el problema es que la información relevante tiene todas las características exactamente opuestas. La información relevante para la vida social y la civilización se crea y transmite de una forma implícita, descentralizada y dispersa, es decir, no consciente ni deliberada. La gente disciplina su comportamiento en función del prójimo y sin darse cuenta explícitamente de que está siendo protagonista de un proceso de aprendizaje. Por el contrario, la gente tan solo es consciente de que intenta conseguir sus fines utilizando los medios a su alcance.

Sin embargo, los problemas de información no solo son los estáticos. A su vez se presentan problemas dinámicos de información, que contribuyen también a que la política del burócrata estatal termine fracasando. El proceso social de la acción humana y la función empresarial crean y descubren nueva información constantemente, con lo cual está más que claro que no se puede transmitir al burócrata estatal información que todavía no se ha creado. Además, la propia coacción del burócrata estatal impacta negativamente, impidiendo que se descubra y se cree nueva información. En este sentido, cuanto más efectiva sea la coacción socialista, más imposibilitada estará la persecución de fines individuales y se descubrirá y creará menos cantidad de nueva información. Resultado: menos coordinación y más desajustes sociales. O sea, el burócrata estatal con su propia intervención destruye información e impide que se cree nueva información, lo cual atenta contra su propósito, que es intervenir para coordinar la sociedad. Además, hay pequeña o nula posibilidad de que el planificador sepa qué o cómo buscar y dónde encontrar la información dispersa que se genera en el proceso social y que tanto necesita para controlarlo y coordinarlo. El burócrata no se da cuenta ni de su propia ignorancia supina.

Pero la estafa de la educación pública que adoctrina en la religión del Estado no termina aquí. La educación pública vende que los burócratas son otra cosa. La educación pública vende zorro por oveja. Los burócratas del Estado son hombres y mujeres de carne y hueso que, al igual que cada uno de nosotros, ejercen irremediablemente su propia función empresarial, es decir, descubren y crean la información relevante para alcanzar sus propios fines personales. Es mentira que los burócratas del Estado gobiernan por y para nosotros, persiguiendo el bienestar general, porque este último concepto no existe. El bienestar general no se puede obtener agregando los bienestares individuales, que sí existen. Hay que entender que la maximización de una función de bienestar solo puede existir en el campo individual, pero nunca en el colectivo. En el campo individual, existe porque cada individuo conoce sus curvas de indiferencia (preferencias) y, por ende, su función de bienestar, y en consecuencia puede maximizar su propia utilidad sujeto a una restricción. Por el contrario, en el campo social este último ejercicio es imposible de llevar a cabo. El bienestar es un concepto que emana exclusivamente desde la individualidad. Para tres personas diferentes (X, Y Z), el bienestar consiste necesariamente en tres nociones diferentes (W1, W2 y W3) que no pueden sumarse para llegar a un bienestar general o colectivo. En consecuencia, está más que claro que nunca puede existir una función de bienestar social y la maximización de la utilidad general. De aquí, la teoría explica que los burócratas del Estado solo persiguen sus objetivos particulares, como pueden ser una reelección, su utilidad, beneficiar a su partido político o favorecer a grupos económicos que los financian y sostienen en el poder. Nunca gobiernan por y para nosotros.

No obstante, la estafa de la educación pública tampoco termina aquí. En el sistema de educación pública formal y obligatoria nos enseñan que el Estado no solo es “nuestro”, sino que cada uno de nosotros “somos parte” del Estado. Si a esto le sumamos que en democracia universal, al menos en los papeles, todos podemos ser gobernantes, el Estado procura convencernos de que nadie es gobernado por otro y cada uno se gobierno a sí mismo. Esta (mentirosa) arquitectura intelectual persigue como objetivo debilitar la resistencia del público contra el poder del Estado, facilitando que aumente la explotación en la forma de impuestos más altos, creando dinero FIAT (impuesto inflacionario) o reglamentos (legislación). A la vez, el número de empleados del gobierno (funcionarios) aumenta en términos absolutos y relativos con respecto al empleo privado.

El marketing creado por la educación pública es perfecto. Si nos cobran más impuestos, volverán en forma de más servicios y bienes públicos. Si el gasto sube, este incremento es para nuestro bienestar. Si el impuesto inflacionario erosiona nuestro poder adquisitivo, la soberanía monetaria “trabaja” para nosotros. Si crece el endeudamiento y los niños actuales (futuros) financian gasto corriente, es para pagar la (imprescindible) obra pública que enaltece nuestro desarrollo y prosperidad. De acuerdo con la democracia universal republicana, somos todos nosotros quienes, a través de nuestros representantes, votamos más impuestos, gasto, emisión monetaria y deuda (estudiar todos los presupuestos argentinos entre 1991 y 2019). No nos podemos quejar. Mucho menos defender, porque todo este avance sobre la propiedad privada y el individuo está legitimado por la ley monopólica de los políticos. Y, como todo monopolio, solo cabe esperar que su negocio (tamaño del Estado) aumente, que su precio se encarezca (más presión tributaria total) y que su calidad de contraprestación (seguridad, justicia, salud, educación, etc.) sea cada vez peor.

Y así es como la educación pública y digitada por los ministerios del Estado y sus burócratas ha logrado crear una verdadera religión del Estado. Es mentira que la educación sea laica, tan solo ha cambiado de religión. Pasamos del catolicismo a la religión del Estado. Antes, la educación estaba al servicio del mantenimiento del poder de la Iglesia y su papa, cardenales y obispos. Ahora está al servicio del Estado y los políticos. En el pasado, los intelectuales afirmaban al público que el Estado y sus gobernantes eran divinos o estaban investidos de autoridad divina y que, por lo tanto, todo su obrar era la acción benigna y misteriosa de la divinidad que se ejercía en el cuerpo político. Así, el Estado, los políticos y los funcionarios gobernaban por Dios y para Dios. Ahora los gobernantes tienen un conjunto de funcionales intelectuales cortesanos que filosofan, investigan, escriben teorías y desarrollan modelos para convencer al público, que ahora vota, que el Estado y los políticos gobiernan, intervienen, imponen contribuciones (impuestos) y gastan nuestro dinero mejor que nosotros persiguiendo el “bien común” y el “bienestar público”. La estafa y la mentira se han perfeccionado por obra y gracia de la educación pública.

En pocas palabras, el primer paso para identificar al Estado como único enemigo es internalizar que la educación pública nos ha estafado, mentido y engañado durante décadas, a todos y a cada uno de nosotros. No es una tarea sencilla, sino todo lo contrario; es ardua y difícil. A nadie le gusta darse cuenta de que lo han engañado y estafado, más aún si ha sido durante largo tiempo. La tarea demanda esfuerzo, porque implica asumir responsabilidades y equivocaciones propias, y esto es algo que el promedio de la gente suele esquivar. Recién luego de entender y admitir que hemos sido adoctrinados en una religión que atenta contra nuestra propia esencia humana estaremos en condiciones de perder la fe en el Estado y la política, y podremos convertirnos en ateos estatales, con lo cual dejaremos también de creer en los burócratas y sus políticas públicas.

Dejar de lado la creencia en el Estado y la política implica abandonar el pensamiento mágico y pasarse al campo de la razón. Una vez en este lugar, la praxeología(17) nos ayudará a comprender que el Estado es nuestro único enemigo y que la política no transforma ninguna realidad. La praxeología nos ayudará a entender e internalizar que la realidad del individuo que vive en sociedad es transformada por la acción humana,(18) que es un proceso dinámico y espontáneo, es decir que no es diseñado conscientemente por nadie. La acción humana es un proceso muy complejo, que está constituido por millones de personas (con casi infinita variedad de objetivos, gustos, valoraciones y conocimientos prácticos) que interactuando libremente entre ellas constantemente crean, descubren, inventan y transmiten información sobre fines (objetivos y problemas a resolver) y medios (instrumentos para alcanzar los fines), permitiendo que los individuos nos coordinemos en sociedad a través de todo tipo de relaciones de intercambio. Así, la acción humana es el motor del progreso del individuo y del desarrollo de la civilización. En pocas palabras, el progreso del individuo y el desarrollo de la civilización están motorizados y alimentados por un proceso que es, en realidad, la némesis de todas las ingenierías sociales implícitas en toda política pública y en toda intervención estatal.

De esta forma, cuando entendemos que la realidad del individuo, que interactúa en sociedad, surge de este proceso espontáneo llamado acción humana, comprendemos que el Estado y su legislación solo ocasionalmente y en el mejor escenario terminan “validando” con significativo retraso los resultados emergentes de la acción humana. Sin embargo, lo más común es que la política, con toda su ingeniería social a cuestas, sea en realidad un palo en la rueda de la acción humana. Veamos un ejemplo: durante muchos años las personas se divorciaban de hecho, dejaban de vivir juntas y formaban nuevas parejas y hogares, pero el derecho positivo de los burócratas del Estado (políticos) lo impedía, atentando contra el principio de libre asociación y contra la libre interacción de las personas. Después de muchos años, los burócratas del Estado modificaron su derecho positivo y promulgaron una ley de divorcio. Obviamente, los políticos salieron a mentir y engañar a la gente una vez más, diciendo que las personas se podían divorciar debido al cambio que ellos habían introducido en la legislación. La verdad estaba muy alejada de esa patraña. La ley de divorcio tan solo había sido la “validación” de un proceso espontáneo que ya venía aconteciendo hace mucho tiempo en la civilización. Es decir, la ley de divorcio y el cambio de legislación no transformaron la realidad, sino que dejaron de ponerle palos en la rueda a la libre asociación e interacción de la gente. Exactamente lo mismo sucedió con los matrimonios de personas del mismo sexo.

En este marco, después de dejar de creer en el Estado y al visualizar que la realidad es cambiada por el individuo, comprenderemos que la política y toda su organización son patas fundamentales de un aceitado mecanismo de agresión institucional, que suele justificarse a nivel popular, político y científico como un sistema capaz de mejorar el funcionamiento de la sociedad y lograr un determinado conjunto de fines colectivos considerados como buenos. Comprenderemos que esta agresión institucional es violencia física o amenaza de violencia física ejercida por burócratas (a cargo del Estado) sobre los actores económicos y sociales, impidiéndoles el libre ejercicio de la acción humana. Entenderemos que esta coacción de la política y sus burócratas hace que el actor económico y/o social actúe en muchas oportunidades distinto a cómo habría actuado en total libertad, adecuando su comportamiento a los lineamientos de la ingeniería social. Es decir, concebiremos de una buena vez que tanto el Estado como la política nos obligan a hacer “algo” que jamás habríamos elegido hacer por propia voluntad, obstaculizando así el proceso de desarrollo de la civilización. No solo esto, visualizaremos con claridad que creer en la política como instrumento transformador de la sociedad implica perder de vista qué es el Estado y qué implicancias tiene su existencia.

En este marco, habiendo dejado de creer en el Estado, visualizaremos con claridad que la aceptación de los medios políticos implica generar la peor grieta social y aceptar que la sociedad quede dividida en dos. Por un lado, los políticos viven de lo que roban coercitivamente a los privados y no tienen que pensar en el prójimo para obtener sus ingresos. Por el otro, los individuos que viven de los medios económicos y deben subrogar su comportamiento en forma permanente a las necesidades del prójimo. A su vez, discerniremos que está grieta no es estática, sino dinámica; y que a medida que sigamos aceptando al Estado, el bando de los políticos tenderá a crecer a expensas del bando de las restantes personas, haciéndonos cada vez más esclavos y pobres. Advertiremos que los medios políticos crecerán a expensas de los medios económicos, porque la grieta da lugar a una pelea por ser ganador neto en lugar de perdedor neto, ya que la gente procura ser parte del equipo invasor interviniente (políticos y sus socios) y no quedar del lado de la víctima. Y dado que los medios políticos tienden a prevalecer sobre los medios económicos porque la gente tiende a actuar con “el menor esfuerzo posible” en la procura de los medios para alcanzar sus fines, el sector público y la fila de los políticos se va engordando año tras año, década tras década; y hasta el más impensado termina convirtiéndose a la religión del Estado y la política. En este sentido, nunca hay que olvidar que toda persona procura maximizar su propio bienestar, lo cual implica obtener los mayores ingresos a cambio del menor esfuerzo. O sea, es mucho más fácil e implica mucho menos esfuerzo vivir de los impuestos que financian campañas políticas, pagan cargos de diputados, senadores o concejales, que vivir pensando en qué bienes y servicios hay que producir para poder satisfacer las necesidades de nuestros prójimos.

Una vez que se haya completado este primer paso y haya una masa crítica de personas que descrea del Estado y de la política institucionalizada, esa misma gente entenderá que el sistema no se cambia aprovechando las reglas del mismo sistema, y mucho menos desde arriba y desde dentro de él. Menos aún con un Estado que se sostiene a partir de un sistema de gobierno de propiedad pública como la democracia universal, republicana y representativa, que desarrolló los anticuerpos más efectivos y a su vez presenta los esquemas de incentivos más potentes para hacer crecer a “lo público” por sobre “lo privado”. En el mejor de los casos, es utópico o quimérico pensar que un grupo acotado de personas, sin apoyo popular significativo, pueda cambiar el sistema desde arriba y desde dentro. Ni siquiera utópico, es directamente arrogante y linda con el delirio mesiánico, porque, si bien este tipo de cambio siempre fue muy difícil, al menos era excepcionalmente posible en tiempos de monarquía, cuando no hacía falta el apoyo de las masas y solo alcanzaba con convencer a un rey inteligente y a sus asesores. Por el contrario, los dirigentes de hoy, que son elegidos por su capacidad demagógica y su culto al Estado presente, son imposibles de convertir a las ideas de la libertad. Además, dado que un gobierno no está vinculado a un hombre o a un grupo de hombres en particular, sino que las funciones gubernamentales son desempeñadas por miles y miles de funcionarios anónimos que cambian periódicamente, actualmente hay certeza de que la estrategia de conversión desde arriba y desde adentro ya no sirve. Es fácil de ver. Ningún hombre o grupo de hombre tiene el poder para, por ejemplo, disolver el monopolio gubernamental de la seguridad y de la justicia, eliminar la educación obligatoria en la cual los contenidos son coercitivamente definidos por el Estado, o las jubilaciones compulsivas, o desarmar el sistema de salud estatal. Es más, nadie puede ni siquiera asegurar que cualquier cambio, por más mínimo que sea, sea permanente y no termine siendo revertido.

Al comprender que los cambios no son desde arriba y desde adentro del sistema, la gente comienza a entender que los cambios solo tienen chances de acontecer si se los intenta ejecutar desde abajo y desde afuera del sistema que se pretende cambiar. Así lo demuestra la praxeología, lo explica la bibliografía libertaria y lo ilustra la historia. De hecho, los datos de la historia ilustran que los sistemas sociopolíticos y económicos han sido cambiados desde abajo y desde afuera del sistema, y todos los cambios acontecieron como resultado de un proceso evolutivo que inexorablemente lleva tiempo. Es lógico que así sea. Los cambios de sistemas políticos y económicos solo pueden acontecer en el largo plazo, ya que son resultado del proceso de la acción humana, que implican cientos y miles de personas interactuando, generando conocimiento y aprendiendo. Es decir, dadas sus propias características, nunca puede ser un proceso que pueda tener lugar ni en el corto ni en el mediano plazo. Es más, si se tiene en cuenta que los burócratas del Estado nunca estarán dispuestos a entregar sus privilegios de casta fácilmente y con una sonrisa, se podrá entender que se defenderán y contraatacarán, dificultando y ralentizando el propio proceso de creación y aprendizaje de la acción humana, con lo cual el proceso evolutivo está condenado a ser lento y a plasmarse únicamente en el largo plazo.

Lo único razonable es ser optimista en el largo plazo, pero nunca en el corto y mediano plazo. El liberal radical es optimista en el largo plazo. El liberal radical ve altamente posible que los cambios se terminen plasmando en el largo plazo. Porque el liberal radical o anarquista de libre mercado comprende que los cambios surgen de un proceso social que inexorablemente necesita tiempo para hacer su trabajo. Es muy fácil de ver con un ejemplo hipotético y por el absurdo. Supongamos que por arte de magia cae una revolución proideas de la libertad desde el cielo y derroca a todo el régimen actual. Si toda la gente sigue creyendo y esperando bines y servicios de parte del Estado, la realidad posrevolución no terminará siendo muy diferente a la que existía antes.

Por el contrario, los conservadores son optimistas en el corto plazo y pesimistas en el largo. Murray Rothbard explica muy bien esta actitud intertemporal en su ensayo “Izquierda y derecha: perspectivas para la libertad”(19) cuando explica: “Durante mucho tiempo el conservador se ha caracterizado por tener una visión pesimista del futuro que se le presenta a largo plazo: por la creencia de que la tendencia a largo plazo, y por tanto que el tiempo, juegan en su contra. Así pues, para él inevitablemente la tendencia dominante es el triunfo del estatismo de izquierda en casa y del comunismo en el exterior. Esta desesperanza a largo plazo contrasta con el extraño optimismo a corto plazo que caracteriza al conservador; como en el largo plazo se da por vencido, piensa que su única esperanza de éxito está en el presente. Hacia el exterior, este punto de vista le lleva a buscar enfrentamientos desesperados con los comunistas ya que cree que cuanto más tiempo pase peor se pondrán invariablemente las cosas; y en los asuntos domésticos, le lleva a concentrarse por completo en las próximas elecciones en las que siempre tiene la esperanza de victoria, aunque nunca la consiga. Siendo la quintaesencia del hombre práctico y viéndose, a largo plazo, acosado por la desesperación, el conservador se niega a pensar o planear más allá de las siguientes votaciones”.(20) Por el contrario, Rothbard, como buen liberal radical, entiende que hay que ser optimista y que el futuro está en el largo plazo y en las antípodas del conservadurismo: “¿Pero qué perspectivas de triunfo tiene la libertad? Muchos libertarios por error vinculan las perspectivas de la libertad con las del movimiento conservador, aparentemente más fuerte y supuestamente aliado; esta vinculación hace que el característico pesimismo a largo plazo de los libertarios modernos sea fácil de entender. Pero en este capítulo sostengo que, si bien las perspectivas a corto plazo para la libertad en el país y en el extranjero pueden parecer débiles, la actitud apropiada que debe adoptar el libertario es de inagotable optimismo ante las que se presentan a largo plazo”.(21)

Sin embargo, de acuerdo con nuestra visión, tampoco hay que confundirse y pensar que esta postura optimista de largo plazo implica que los cambios van a venir por sí solos y terminarán decantándose casi espontáneamente. Sin duda, este último pensamiento sería un grave error intelectual, ya que implicaría caer en una suerte de darwinismo social que concibe los cambios como una suerte de evolución social, lenta e infinita. Los cambios sociales no son automáticos, sino que hay que impulsarlos, generarlos e ir con ellos por medio de la acción, ya que ninguna casta dominante ha entregado jamás voluntariamente el poder, por lo que el liberalismo radical se deberá abrir paso hacia los cambios mediante una evolución que inexorablemente tendrá revoluciones, lo cual indudablemente empezará con una revolución intelectual y proseguirá con otra revolución en el campo de la acción. Estas revoluciones no tienen por qué ser inexorablemente sangrientas. Tampoco se puede descartar en un cien por ciento que no lo sean. De hecho, el liberalismo genuino siempre fue radical y revolucionario, ya que la teoría liberal le dio prioridad a “lo que debería ser” por sobre a “lo que es” o “lo posible”. En este sentido, Lord Acton fue quien mejor internalizó estos conceptos: “El liberalismo es esencialmente revolucionario. Los hechos deben ceder paso a las ideas. A ser posible, con paciencia y pacíficamente. Y mediante la violencia en caso contrario”.(22) No obstante, nosotros pensamos que las revoluciones pueden ser incruentas y no sangrientas. La Revolución Gloriosa de Inglaterra (1688-1689), que eliminó la monarquía absolutista, demuestra que tenemos razón. Además, pensamos que la probabilidad de tener que usar la violencia ha bajado dramáticamente, ya que el ser humano ha experimentado una notable evolución y un fuerte aprendizaje en contra del uso de la violencia luego de los acontecimientos del siglo XX, cuando las muertes en guerras y guerrillas alcanzaron los picos históricos máximos.

Además, no solo hay que entender que los cambios son solo posibles en el largo plazo, sino que siempre son hacia adelante, nunca hacia atrás. Los sistemas sociopolíticos y económicos cambian hacia algo nuevo, nunca hacia un estadio que ya existió. Por ejemplo, del Estado monárquico absolutista evolucionó hacia la democracia universal representativa o hacia la monarquía parlamentaria, no se fue hacia la monarquía previa o hacia el Estado terrestre. En este marco, de la actual democracia universal representativa, cuya principal característica es la tiranía parlamentaria y el Estado ciclópeo, no se puede evolucionar hacia un Estado liberal clásico pequeño, que es lo que ya existió en el pasado. Menos aún se podrá volver a este tipo de Estado combinado con algún tipo de democracia no universal, es decir, con algún tipo de voto calificado.(23) De hecho, la actual democracia universal representativa, que es socialdemócrata y cuasi socialista en el siglo XXI, es hija del liberalismo clásico. El liberalismo clásico nos trajo hasta aquí. En los últimos ciento cincuenta, doscientos años, pasamos de un Estado pequeño, monarquista, que proveía solo seguridad y justicia y protegía solo los derechos fundamentales(24) (la vida, la libertad y la propiedad), a un Estado socialdemócrata o socialista siglo XXI, que además provee salud, educación, vivienda y varios derechos adquiridos más.(25) Y este resultado era cantado. No podía ser de otra manera. Al aceptar al Estado, los liberales clásicos estaban admitiendo el germen de su propia destrucción. Justamente, el error fue concederle al Estado el monopolio de la seguridad y la justicia, creando un monstruo condenado a crecer, ya que la Corte Suprema de Justicia estatal garantiza que nada sea declarado inconstitucional, asegurando un sostenido aumento del tamaño del Estado y un continuo avance sobre el individuo y el sector privado. En pocas palabras, las constituciones liberales fueron el mecanismo que permitió que el Estado avanzara sobre todo lo que procuraban proteger.(26)

La filosofía política de las ideas de la libertad ha aprendido que el liberalismo clásico tiene como resultado un mayor Estado y un avasallamiento del derecho natural. Nunca se puede hacer una revolución para llegar al mismo punto de partida. La teoría de las ideas de la libertad ha aprendido la lección. La superioridad teórica del liberalismo radical o de la anarquía de libre mercado es indiscutible en relación con el liberalismo clásico. De hecho, los grandes pensadores y teóricos clásicos del siglo XVII y XVIII terminaron siendo sucedidos por liberales radicales. En EE. UU. los Jefferson terminaron pariendo a Henry Thoreau. Lysander Spooner destrozó toda la arquitectura liberal clásica de la constitución americana. Más tarde, Milton Friedman tuvo a David Friedman, que dejó detrás el liberalismo clásico y abrazó el anarcocapitalismo. En Francia, Bastiat tuvo de discípulo a Gustave de Molinari. De lado alemán, se podría decir que Mises y Hayek, con cruce del océano Atlántico de por medio, terminaron dando luz a Murray Rothbard y más tarde a Jesús Huerta de Soto, aunque este último gran profesor dirá que Rothbard le debe mucho a los escolásticos españoles, precursores de la escuela austríaca. En Inglaterra sucedió algo similar. Los Locke y Adam Smith evolucionaron hacia William Godwin y Herbert Spencer.

Queda más que claro que volver hacia el liberalismo clásico y a una situación de Estado pequeño es imposible. La evolución es hacia delante, hacia algo nuevo y diferente. A priori, no se puede saber qué formato exacto adoptará el nuevo sistema sociopolítico y económico, apenas se podría esbozar tener una idea. No se puede saber qué formato porque todo sistema sociopolítico y económico es delineado por la acción humana, es decir, por una enorme cantidad de personas interactuando dinámicamente a lo largo del tiempo. O sea, el sistema se va creando, cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo y, a ciencia cierta, no se puede saber qué instituciones se terminarán desarrollando porque justamente de eso se trata el proceso de descubrimiento y creación de la Acción Humana. Nadie puede saber qué se va a descubrir y qué se va a crear. Esto último se entiende fácilmente con un ejemplo: hace muchas décadas, se podía imaginar que la desregulación de los servicios de televisión conduciría a un sinnúmero de nuevas posibilidades, pero nadie podría haber anticipado la sucesiva creación de la televisión por cable, el pay per view, el streaming, YouTube, Netflix y la televisión libre de horario y a demanda en teléfonos celulares.(27) Además, en el espíritu de ninguno de nosotros tampoco está la pretensión de anticipar, ni de desarrollar las instituciones del futuro, ya que las ideas de la libertad y la escuela austríaca se encuentran en las antípodas morales y éticas de la ingeniería social. Pero, siguiendo la visión de Lord Acton, que sostenía que la historia constituye el desarrollo progresivo de la libertad y el escenario de la lucha entre el bien y el mal, entre el poder absoluto y la libertad, nosotros pensamos que el próximo sistema sociopolítico y económico deberá virar marcadamente hacia la libertad, ya que en los últimos ciento cincuenta y doscientos años la dinámica fue completamente en el sentido contrario y a contramano del devenir histórico anterior. El liberalismo clásico nos salvó del absolutismo monárquico, luchó por los derechos naturales del ser humano y los derechos individuales del hombre y la mujer como ninguna filosofía y filosofía política lo había hecho previamente, pero final (y paradójicamente) terminó facilitando el crecimiento del Estado como nunca antes en toda la historia de la humanidad. En este contexto, y pensando hacia delante, hay que entender qué pasó con el liberalismo clásico. Simplificando y planteándolo en términos coloquiales, se podría decir que empezó muy bien, pero que terminó muy mal.

En el siglo XVI, Europa estaba caracterizada por un Estado central absoluto y un rey que gobernaba por derecho divino en la cima de una red antigua y restrictiva de monopolios territoriales feudales y de controles y restricciones gremiales en las ciudades. En ese contexto, Europa era burocrática y belicosa, tenía una organización centralizada y un sistema económico mercantilista. El mercantilismo estaba cimentado sobre una red de controles, impuestos y monopolios de privilegios que los gobiernos centrales y locales conferían para producir y comerciar a los productores privilegiados relacionados con los medios políticos. Con este sistema sociopolítico y económico, Europa estaba estancada.

En este marco, las ideas de la libertad nacieron para destronar a los productores y comerciantes privilegiados por el Estado mercantilista del rey y a los terratenientes feudales. El objetivo de los primeros liberales fue recuperar la libertad individual en todos sus aspectos. En la economía, el liberalismo propiciaba reducir drásticamente los impuestos, los controles y las prebendas del Estado mercantilista del rey. Desde la filosofía liberal se sostenía que había que desterrar el yugo mercantilista y feudal asociado con los medios políticos para que la energía humana, la empresa y los mercados quedaran en libertad y para que el ser humano pudiera crear, desarrollarse, producir y competir realizando intercambios que beneficiarían a todos los consumidores, propiciando el progreso y desarrollo de la civilización.

Puntualmente, el libertarismo emergió de la revolución inglesa del siglo XVII.(28) Los levellers, que entre 1647 y 1649 formularon por primera vez en la historia una alternativa liberal y democrática frente a la monarquía, fueron los primeros exponentes liberales. Estos creían que, por derecho natural y desde el nacimiento, todos los hombres estaban igualmente vinculados con la propiedad, la libertad y la independencia. De hecho, proponían la creación de un parlamento representativo del poder popular, elecciones parlamentarias cada dos años, redistribución de los escaños sobre la base de la población, derechos políticos, libertades y tolerancia religiosa para todo el mundo. Además, sostenían que había que abolir todo diezmo y peajes.(29)

Con los escritos de John Locke, que a fines del siglo XVII planteaba que “el gobierno debe estar estrictamente limitado a defender los derechos naturales y, si se excede, el pueblo tiene derecho a alterarlo o abolirlo” y la ejecución de esta idea en la Revolución Gloriosa, el liberalismo logró terminar con la monarquía absolutista de Inglaterra hacia fines de siglo. Pero el liberalismo no se quedó en eso, y, haciendo honor a lo que Lord Acton iba a decir ciento cincuenta años más tarde, cuando sostuvo que “el liberalismo es la revolución permanente”, en la década de 1720 aparecieron los verdaderos whigs (John Trenchard y Thomas Gordon), que eran seguidores radicales de las enseñanzas de John Locke y escribían en las Cartas de Catón(30) que “todo gobierno tiende hacia la destrucción de los derechos individuales” y que “toda la historia de la humanidad es un registro del conflicto permanente entre el poder y la libertad”.

Los verdaderos whigs y las Cartas de Catón expresaban las ideas radicales del liberalismo original, que vio originalmente la luz encarnando las ideas de la esperanza, del cambio de “fondo”. El radicalismo del liberalismo original levantaba a la humanidad de su hundimiento secular, estancamiento y desesperación. El liberalismo de comienzos del siglo XVIII no era otra cosa que las ideas del partido de la esperanza, del radicalismo, de la libertad, de la revolución industrial, del progreso y de la humanidad. Aquel liberalismo original anhelaba lo que debería ser, independientemente de lo que era, convirtiéndose en las ideas de la revolución permanente.

Las Cartas de Catón se reimprimieron a lo largo y ancho de todo EE. UU. El pensamiento liberal nació en Inglaterra, pero alcanzó su mayor desarrollo y expresión en la realidad de EE. UU., porque las colonias americanas no se hallaban sujetas a un (tan extendido) monopolio feudal de la tierra y mucho menos a una casta aristocrática gobernante tan arraigada. Así nació EE. UU. de una revolución que, en sus comienzos, fue explícitamente libertaria. Una revolución contra el imperio, contra el impuesto, el monopolio comercial y la regulación. También contra el militarismo y el poder del Ejecutivo.

Sin embargo, trece años más tarde, los conceptos e ideales de la revolución americana comenzaron (y terminaron) vilipendiados y traicionados en lo más profundo. El problema fue que hubo poderosas fuerzas elitistas, sobre todo entre los grandes comerciantes y agricultores de EE. UU., que deseaban mantener el sistema restrictivo “mercantilista” inglés de altos impuestos, controles y privilegios monopólicos otorgados por el gobierno en su propio beneficio. Estos grupos deseaban un gobierno central fuerte e incluso imperial, en resumen, querían el sistema británico sin Gran Bretaña. Estas fuerzas conservadoras y reaccionarias aparecieron por primera vez durante la revolución y más tarde formaron el partido y la administración federalistas en la década de 1790.

Este conservadurismo nació como una reacción al liberalismo radical de la revolución permanente y el “deber ser”. Este conservadurismo luchó contra los cambios radicales y la esperanza de libertad del liberalismo original, y sobre todo luchó a capa y espada para restaurar la jerarquía, el estatismo, la teocracia, la servidumbre y la explotación de clase del viejo orden. En Francia, en tiempos de revolución (1789), este conservadurismo, que era vocero del viejo régimen, se ubicó sentado en la extrema derecha de la asamblea. Por el contrario, el liberalismo, partidario del abandono del viejo régimen y de los cambios radicales, se sentó a la izquierda.

La dialéctica y la oposición entre liberalismo y el nuevo conservadurismo es total. El nuevo conservadurismo estaba a favor del proteccionismo, el imperio, las proezas militares y los gobiernos grandes en lugar de los gobiernos mínimos. El nuevo conservadurismo, que se había modernizado con respecto al viejo conservadurismo, pasó a estar a favor del industrialismo y de un nivel de vida más alto, pero sostenía que para alcanzar esos fines hacía falta regular la industria en procura del bienestar público y sustituir la rapacidad del mercado libre y competitivo por la cooperación organizada.

Así fue como, a fines del siglo XIX, se volvió al estatismo y al gobierno grande, pero exhibiendo ahora una cara favorable a la industrialización y al bienestar general. Los beneficiarios ya no eran la nobleza, los terratenientes feudales y los comerciantes privilegiados, sino más bien el ejército, la burocracia y los fabricantes privilegiados. Estos fenómenos, con diferente intensidad y dependiendo su fuerza de lo acontecido en cada país, tuvieron lugar en ambas márgenes del océano Atlántico, tanto en EE. UU. como en Europa. Von Bismarck en Prusia fue el ejemplo máximo de conservadurismo.

Estos neoconservadores entendieron que el éxito de sus ideas y la prolongación de su dominio en el tiempo, así como el aumento de su poder, tanto político como económico, dependían de hacer que la gente creyera en su doctrina. Los neoconservadores comprendieron que era clave intentar convencer, y no imponer sus ideas a las personas. Y así fue como los neoconservadores avanzaron sobre la educación, quitándoles a los padres el derecho de educar a sus hijos y obligándolos a concurrir a la escuela pública obligatoria. Estos nuevos conservadores, que hicieron una alianza entre intelectuales y Estado, tomaron el control de la educación y comenzaron a enseñar las virtudes del Estado y a ser obediente al Estado. Comenzó una ingeniería social que nunca paró de crecer en los últimos ciento cincuenta años. Muy hábilmente, los nuevos conservadores dieron vuelta las “cosas” y se autoproclamaron liberales y progresistas; y denominaron “hombres de Neandertal y reaccionarios” a los partidarios del laissez-faire.

En este contexto, los liberales actuaron de la peor forma traicionando su esencia. Los liberales abandonaron su radicalismo, su obstinada insistencia por el “deber ser” en detrimento de “lo que se puede”, y así terminaron dejando de lado su lucha (hasta la victoria final) contra el estatismo conservador. Los liberales clásicos empezaron a perder su fervor por el cambio y la pureza de principios. Dejaron de ser un movimiento radical para convertirse en un movimiento “conservador”, en el sentido de estar conformes con la preservación del statu quo. Los liberales terminaron adoptando una legislación cada vez más coercitiva, mientras que los conservadores nunca la abandonaron. A fines del siglo XIX, el liberalismo se conformó con cederle al Estado el dominio sobre todas las palancas de poder en la sociedad: el poder bélico, el poder educativo, el poder sobre el dinero y los bancos, así como sobre las rutas y gran parte de los recursos naturales, aunque con algunas diferencias entre países. Liberales y conservadores terminaron siendo lo mismo.

En pocas palabras, los liberales terminaron aliándose con los conservadores para disfrutar de las mieles de su asociación con el poder y sus negocios con el Estado. Solo pasaron a preocuparse por el libre comercio, dejando de lado el resto del pensamiento filosófico y filosófico político de las ideas de la libertad. Es más, pasaron a sostener el libre mercado tanto en lo productivo como en lo comercial siempre y cuando no afectara sus negocios. Por el contrario, cuando sus negocios crecían de la mano del Estado, nunca dudaron en defender los subsidios, las cuotas, las trabas y los aranceles de importación, haciendo gala del capitalismo más prebendario. Y así fue como el nuevo conservadurismo, como bien marcó Herbert Spencer,(31) pasó a ser el régimen del Estado, de la cooperación forzosa y de la desigualdad de clases.

Esta alianza entre liberales y conservadores no fue gratis y tuvo el peor de los costos. La desaparición del liberalismo como partido del cambio radical y de la esperanza dejó el campo abierto para que el socialismo se convirtiera en el partido de la esperanza y del radicalismo. Permitió que los corporativistas aparecieran como “liberales” y “progresistas”, también como los principales rivales de la extrema derecha conservadora. De hecho, la alianza entre liberales y conservadores fue la que le entregó la victoria en bandeja de plata, tanto intelectual como moral y en forma equivocada, a los socialistas.

El problema es que el socialismo jamás puede conducir al progreso y al desarrollo de la civilización, ya que es movimiento híbrido condenado a fracasar, porque intenta alcanzar los objetivos del liberalismo, es decir, la libertad, la paz, el desarrollo industrial, el crecimiento económico y la prosperidad humana por medio del camino equivocado, o sea, imponiendo los antiguos medios conservadores del estatismo, el colectivismo, los mandamientos coactivos, medios políticos y el privilegio jerárquico. El socialismo pretende utilizar medios equivocados para alcanzar fines buenos, lo cual conduce inexorablemente a malos resultados y a no alcanzar nada de lo pretendido, pero sí logra todo lo opuesto. A los fines a los que pretende acceder el socialismo solo se llega a través de los medios opuestos del socialismo. Se necesita libertad, máximo de acción humana, medios económicos y función empresarial, nada de medios políticos y el gobierno más pequeño posible.

El problema es que el socialismo y su Estado, a través de la fatal arrogancia y el creciente avance de sus normas positivas, terminan destruyendo la igualdad de los hombres frente a ley en nombre de monstruosos y quiméricos objetivos de igualdad o uniformidad de resultados, que no solo conducen al abandono del derecho natural y por ende a la injusticia, sino que divide a la sociedad en dos clases de personas frente a la normativa. Por un lado, aparecen los ciudadanos de primera, que son los burócratas del Estado, que ostentan los medios políticos y son la nueva casta privilegiada. Y, por el otro, están los hombres y mujeres del pueblo, que pasan a tener solo los derechos que los burócratas les conceden. Así, todos los socialistas que detentaron el poder durante el siglo XX y XXI terminaron abandonando el objetivo original de eliminar el Estado, meta que coincidía con los viejos ideales de la revolución libertaria. Por el contrario, los socialistas se convirtieron en conservadores acomodados, defensores de la idea del Estado presente, protectores del statu quo y sostenedores a ultranza de todo el entramado neomercantilista y del capitalismo monopolista de Estado, así como del belicismo y el imperialismo.

En definitiva, al aliarse con el conservadurismo en la segunda parte del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el liberalismo abandonó la filosofía de los derechos naturales y la reemplazó por el utilitarismo tecnocrático. El problema es que el utilitarismo solo puede existir en la esfera individual, ya que es en el último campo en el cual se conocen las preferencias, los gustos y las necesidades. En consecuencia, solo en el plano individual se puede construir una función de bienestar a maximizar sujeta a restricciones. Pero toda esta información está ausente en la esfera colectiva, de ahí que no se pueda construir una función objetiva de bienestar social a maximizar. El utilitarismo social está condenado a fracasar y a conducir a más y más intervención, haciendo crecer al Estado por sobre los individuos. Así, al abrazarse al utilitarismo, el liberalismo del siglo XIX y XX toleró y aceptó de buen grado la acumulación de poder por parte del Ejecutivo y de una cantidad de empleados del Estado afianzados en la oligarquía y en la burocracia. A fin de cuentas, el utilitarismo social termina siendo un seguro de no cambio y un alimento para los problemas más graves. Es más, si al utilitarismo social se le suma el darwinismo social, que sostiene que la ingeniería social solo da resultados en una evolución de largo plazo, entendemos por qué murió el liberalismo radical.

Nosotros pensamos que es imprescindible volver al liberalismo radical. Estamos convencidos de que el liberalismo debe ser optimista y pensar en el largo plazo: los cambios deben ser de fondo y se van a lograr. Coincidiendo con Jorge Luis Borges, nosotros no somos optimistas para el corto y mediano plazo, pero sí lo somos cuando ponemos el foco en el largo plazo. En este sentido, pensamos que en el futuro de corto y mediano plazo el Estado seguirá creciendo y avasallando nuestros derechos individuales. El Estado seguirá avanzando en el corto y mediano plazo. Sin embargo, visualizamos un futuro de largo plazo sin Estado. Sin embargo, este futuro no se dará solo, ni mágicamente. Hay que construirlo. Ninguna casta dominante ha entregado jamás voluntariamente el poder. Tampoco lo hará en el futuro.

La sociedad sin Estado surgirá en el largo plazo solo como resultado de nuestro accionar. No caerá de un árbol. Será un cambio que tendremos que provocar y será posible solo con una revolución, que a su vez será fruto de una evolución; y puede ser pacífica y sin violencia. Primero y ante todo, hay que deslegitimar el sistema imperante. En este sentido, la historia ilustra que los procesos de cambio se iniciaron con un grupo de intelectuales que comenzaron a deslegitimar intelectualmente tanto los fundamentos como el funcionamiento del sistema a cambiar. Al comienzo, fueron unos pocos intelectuales que criticaban el sistema de organización social, político y económico imperante, poniendo en evidencia no solo su falta de ética con los derechos naturales del ser humano, sino también la injusticia de los medios políticos para con la mayoría de las personas que viven de los medios económicos. Obviamente, esta deslegitimación intelectual siempre terminó convirtiéndose en un ataque a los burócratas del Estado y al propio Estado, lo cual nunca fue gratis para dichos intelectuales. Por el contrario, en la mayoría de los casos tuvo altos costos, ya que la respuesta del Estado, de los burócratas y de los cortesanos nunca tardó en aparecer. Generalmente, la contraofensiva de los medios políticos nunca se centró en argumentos sólidos, ya que no los poseían, sino que se focalizaba en ataques personales. En todas las ocasiones fueron acusados de locos, delirantes y, en el mejor de los casos, de utópicos, pero la realidad era que solo se pretendía esconder lo que los intelectuales mostraban, que no era sino lo que los burócratas en poder de los medios políticos y sus cortesanos inmoralmente asociados paralelamente pretendían esconder. Es más, la lógica de los burócratas del Estado y de sus cortesanos inmoralmente asociados solía y suele ser errada. Por ejemplo, en el siglo XVII y en el siglo XVIII a los primeros liberales —hombres que comenzaban a deslegitimar tanto la monarquía como la monarquía absolutista y la esclavitud y que en su lugar proponían una democracia universal y representativa con todos hombres libres y eligiendo su gobierno por medio del voto universal— se les decía: “Eso es imposible, todos los países desarrollados del mundo tienen monarquía y un sistema de producción basado en la esclavitud. Decime dónde hay un país cuyo gobierno sea elegido por medio del voto por todos sus habitantes y que el voto de todos valga uno”. Suena conocido, ¿no? De hecho, no tiene ninguna diferencia con la frase “es imposible un mundo sin Estado, todos los países tienen Estado. Decime dónde hay un país sin Estado y que viva en el caos de la anarquía”.

Hay que deslegitimar el sistema actual. Después, hay que dejar de creer en el Estado. Hay que comprender que el Estado no existe ontológicamente, sino que son un grupo (creciente) de personas de carne y hueso muy bien organizadas, que se coordinan entre sí para extraernos sistemática y permanentemente nuestra riqueza. Si entendemos que el Estado vive de los medios políticos, entendemos que son burócratas que viven de coaccionarnos, violentarnos y agredirnos. De ahí, y siguiendo a Hobbes, vamos a comprender que las agresiones tienen lugar en ámbitos de lucha por el poder de los medios políticos. Ergo, nos daremos cuenta de que la única forma de que la violencia, la coacción y la agresión tiendan a minimizarse es que desaparezca la organización con base en los medios políticos, o sea, suprimir el Estado.

Ahora bien, una sociedad organizada sin medios políticos y sin Estado no es otra cosa que una sociedad organizada en torno a la anarquía. No hay que tenerle miedo a esta palabra. La anarquía no es caos, como se enseña en la educación pública (una mentira más de la casta política, que está, siempre y en todos los lugares, interesada en esparcir el miedo funcional a la expansión de su poder: si la gente piensa y cree que la anarquía es caos y terror, la gente entrega el poder a los medios políticos y a los burócratas del Estado para que la cuiden). La sociedad se puede organizar en anarquía, es decir, sin organización de medios políticos, sin coacción, ni violencia institucional sistematizada. La anarquía no quiere decir que no haya gobernantes, sino que la organización gubernamental es por medio de los medios económicos, no de los medios políticos. Hay anarquía cuando no hay poder real, cuando no hay medios políticos dentro de la organización. O sea, en anarquía, hay gobierno, hay una organización que este coordinada y organizada por el mutuo interés y la conveniencia, por ideas, dinero, filosofía, códigos de honor, etc.

En este marco, la anarquía de libre mercado es la única forma de anarquía posible, porque, al organizarse en torno al libre mercado, tiene sistema de ordenamiento social. Las personas deben comprar su dinero en el mercado para, con él, adquirir los bienes y servicios destinados a satisfacer sus necesidades y placeres. Y ese dinero lo podrán comprar solo si subrogan su comportamiento a las necesidades de su prójimo, que solo les comprará los bienes y servicios que producen si estos sirven para satisfacer sus necesidades. La anarquía de libre mercado es posible porque tiene un sistema de ordenamiento social mediante la cooperación. Por el contrario, la anarquía que no cree en el libre mercado se queda sin sistema de ordenamiento social y cae en una inconsistencia y una contradicción cuando debe recurrir a la violencia estatal para ordenar el entramado socioeconómico.

Además, la teoría económica ya ha demostrado que el Estado no puede funcionar, y la realidad también ya ha ilustrado que el Estado genera muerte, violencia, genocidio y guerras. Por ende, no hay nada que temer, ni perder, yendo hacia la anarquía. A lo sumo, lo peor que puede pasar es que la situación evolucione a una sociedad como la que tenemos ahora.

En pocas palabras, la anarquía de libre mercado es el futuro a largo plazo. Es la opción que se encuentra más alineada con la esencia del ser humano, convirtiéndose en el mejor sistema para ordenar la sociedad, propulsar el progreso e incentivar el desarrollo de la población. La praxeología demuestra que la anarquía de libre mercado no es caos, ni utopía: esto es una mentira construida por los políticos persiguiendo su propio interés. De hecho, la anarquía está en todos lados y no solo funciona, sino que ha funcionado en todo tiempo. El punto es que los políticos están interesados en que no veamos ni internalicemos esto. No la quieren ver. Las coaliciones políticas son anárquicas en esencia. Sus jugadores entran y salen cuando quieren y se encuentran coordinados por medios económicos. De hecho, la corrupción coordina la casta política sin utilizar la violencia, es decir, anárquicamente. No hay Estado dentro del Estado. Los bandidos que crearon los primeros Estados estaban articulados y organizados por convenciones entre ellos. Estaban en anarquía. Es más, los Estados son anárquicos entre sí dentro del contexto internacional. No hay una coacción violenta supranacional. A nivel de la vida de todos los días entre los privados, una empresa está organizada en anarquía, ya que un trabajador puede dejar de ir cuando quiera o lo decida, y nadie puede hacer que vaya por la fuerza. Del otro lado, una banda de delincuentes es anarquía. Hay que entender que la anarquía es cooperación y una coordinación espontánea que no necesita, ni usa, la fuerza, la coacción.

De hecho, el Estado es un método de organización social inferior a la anarquía. Si el Estado fuera tan superior, no necesitaría tanta arquitectura para mantenerse en el poder. Por el contrario, el Estado no puede mantener el orden, mucho menos la seguridad. La gente mantiene el orden y vive gastando fortunas en seguridad después de pagar los multimillonarios impuestos para financiar a la ineficiente policía. Las alarmas, las rejas, los seguimientos satelitales, las cámaras de seguridad privada, la policía privada, los alambres de púas y los cercos electrificados privados lo confirman. Esto último es muy fácil de ver con un ejemplo extremo pero simple y potente: el Estado no puede mantener el orden ni en una cárcel pública y una cárcel en Suiza es más ordenada que en Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué esos dos Estados son diferentes? No porque la gente en Suiza y Brasil sea diferente.

Además, como dijo Frédéric Bastiat: “Donde entra el comercio no entran las balas”. La división del conocimiento ha crecido exponencialmente en las últimas décadas y siglos, impulsa la división del trabajo y la especialización como nunca, lo cual ha impulsado exponencialmente la producción y el comercio, lo que hace que la esencia del ser humano sea cada vez de mayor orden y paz. Solo el Estado, con su industria armamentista financiada con su monopolio del dinero FIAT, rompe esta creciente paz y armonía esencial del ser humano. De hecho, hay más Estado, hay más muerte. Así lo ilustra la historia del siglo XX, el siglo de las guerras masivas, en el cual hubo 170 millones de muertes por el Estado y 14 millones de muertes privadas. El dinero FIAT, invento estatal del siglo XX, ha brindado financiamiento infinito para la industria armamentista y la creación de armas de destrucción masiva que cambiaron la forma de hacer la guerra. Antes morían mayormente los militares y los soldados en el frente, y los blancos eran puntuales y localizados. Con las armas de destrucción masiva, los blancos dejaron de ser puntuales y pasaron a morir más civiles que militares en el frente.

Además, el Estado tampoco debería proveer la defensa, porque no lo puede hacer eficientemente sin sistema de precios. En este sentido, el punto es que la defensa es un bien subjetivo. Y, sin libre mercado, los ciudadanos jamás podrán revelar cuánta defensa hay que tener, ni mucho menos ponerse de acuerdo en cuánta defensa hay que tener. Es simple, diferentes personas quieren distintos niveles de seguridad. Unas personas quieren defensa, otras no quieren defensa. Algunas quieren riesgo, otras no quieren nada de riesgo. Y la única forma de que este problema tenga solución es con libre mercado de defensa y sistema de precios. Por el contrario, con defensa proveída en forma monopólica por el Estado, sin sistema de precios y dinero infinito para financiar la carrera armamentística, el gobernante decide. A su gusto y a su necesidad. En este escenario, el resultado solo puede ser uno: más violencia, más inseguridad y más muerte. Del otro lado, ya comentamos que el aumento de la producción y del comercio había vuelto a la gente más pacífica, y que esto parecía irreversible. En otras palabras, los Estados han fomentado la violencia cuando la gente es cada vez más pacífica, toda una dialéctica que pone en evidencia que el Estado va contra la esencia del ser humano, mientras que la anarquía es el camino que la enaltece.

En este marco, y a partir de todo lo que hemos explicado en este capítulo, está más que claro que el Estado es nuestro único enemigo, porque es nuestro amo esclavista, y un esclavo tiene un solo enemigo: su amo. Y ese esclavo no será libre mientras esté bajo el yugo de su amo. En otras palabras, las personas no tendremos libertad mientras suframos la esclavitud estatal. Y, por ende, la única forma de dejar de ser esclavos es eliminar a nuestro amo. Hoy en día, el hombre actual gasta la mitad o más de su energía, de su fuerza de trabajo y de su tiempo enfrentando, ocupándose, defendiéndose, pagando, resistiendo o sirviendo al Estado, sus impuestos, leyes, normas y regulaciones. Más de la mitad de nuestras acciones, que no son sino la combinación de tiempo y energía, están signadas por el Estado. En otras palabras, más de la mitad de nuestra energía está focalizada en servir y satisfacer las necesidades de un tercero, pero no las nuestras; y para peor, ese tercero tiene el monopolio de la ley, de la fuerza y de la justicia. Ese tercero (Estado) escribe las leyes estableciendo de forma unilateral qué nueva parte de nuestra energía y de nuestro esfuerzo le tenemos que entregar. No tenemos ninguna defensa frente a su violenta esquila. Este amo es el que legisla. “Hasta ayer esto lo gastabas en lo que vos querías, pero a partir de mañana no lo gastarás más en vos, me lo darás a mí, que lo gastaré en lo que yo quiera y no tendré por qué rendirte cuentas”. Es el amo Estado el que escribe las leyes en su favor y en nuestra contra y además es el Estado el que tiene la legitimidad de actuar sobre y contra nosotros, sirviendo sus propios intereses y objetivos a través el monopolio de la fuerza y la justicia. Si no cumplimos con la batería de órdenes que nos impone, tiene la legitimidad del derecho positivo para cazarnos y hacernos cumplir sus vicios. Y no solo eso, después de traernos encadenados y encapuchados diciéndonos “tiene derecho a guardar silencio”, nos cobrará y confiscará parte de nuestro ingreso o riqueza para ser actor y juez en su juicio en contra nuestra, llenándose la boca como administrador de justica, que en realidad es injusticia, debajo de una estatua de una señora con los ojos vendados y la balanza equilibrada. Nunca ha habido un amo esclavista tan tirano y poderoso como el Estado. Tenemos que organizarnos y ser los John Brown contra el Estado, pero no moriremos en nuestra emancipación.(32)

En este marco, la pregunta que debemos responder es la siguiente: ¿qué acciones concretas debemos tomar para ir paulatinamente socavando el Estado hasta herirlo de muerte y eliminarlo?, ¿qué tenemos que hacer para pasar de este sistema sociopolítico y económico actual hacia otro nuevo, sin Estado y con plena libertad para los individuos, en el cual todos estemos organizados solo por medios económicos y sin medios políticos, coordinándonos en forma espontánea y con acuerdos mutuos bajo la justicia del derecho natural, derecho consuetudinario y un esquema legal basado en la reciprocidad?

Todo lo que hagamos para erosionar y eliminar el Estado debe partir de la ética y la moral de las ideas de la libertad, y debe ser plenamente consistente con ellas. Nuestra forma de actuar debe ser consistente y nada contradictoria con respecto a la ética y la moral de la libertad, respetando el principio de no agresión, de libre asociación, la propiedad privada y los derechos naturales. Como sostenía Samuel Edward Konkin III: “El principio básico que lleva a un libertario desde el estatismo a una sociedad libre es el mismo que los fundadores del libertarismo usaron para descubrir la teoría en sí. Ese principio es la coherencia. Por lo tanto, una aplicación coherente de la teoría del libertarismo a cada acción realizada por un individuo libertario termina creando la sociedad libertaria”.(33) Es decir, coherencia entre fines y medios. ¿Más claro? Otra vez Samuel Edward Konkin III: “Si la coherencia fracasa, todo pierde su significado”.(34)

Lo segundo que tenemos que saber concierne al terreno de la acción. Para esto, nunca tenemos que perder de vista qué es el Estado y cuáles son sus consecuencias. Cuando vemos que el Estado nos cobra impuestos para brindarnos bienes y servicios públicos, tenemos que recordar que lo primero es un robo y una confiscación y que lo segundo es proveído sin sistema de precios y, por ende, sin revelación de preferencia de parte del consumidor. Ergo, el Estado no sabe qué, cuánto, de qué calidad y en dónde ofrecer lo que ofrece. En el extremo, el Estado lo provee sin saber si el consumidor quiere ese bien o en realidad le gustaría consumir otro. Teniendo en claro todo esto y considerando tanto el plano (primero) ético y moral como (segundo) el plano utilitarista, nos damos cuenta de que uno de los carriles del camino es dejar de pagar impuestos para que nos dejen de robar (ético y moral), y el Estado se quede sin financiamiento (utilitarista) para gastar en estos bienes y servicios. Este accionar se llama agorismo.

El agorismo como estrategia para vencer al Estado

El agorismo es una actitud revolucionaria. Es pensamiento y acción actuando conjuntamente para erosionar y eliminar el Estado, siempre en forma coherente con la libertad. El término agorismo proviene del griego agorá, que significa “lugar de mercado libre”. Libre significa sin coerción; ergo, un mercado libre es un mercado en el cual nadie coacciona a otro. No hay violencia contra nadie con el objeto de amenazarlo y persuadirlo para que se someta a algo, o deje de hacer lo que desea para pasar a hacer alguna otra actividad no elegida voluntariamente por él. Libre mercado es ausencia de toda coacción.

La coerción destruye valor, invariablemente. El que coacciona obtiene una ganancia sin producir nada de valor, ya que extrae del prójimo sin darle nada a cambio; ergo, la víctima siempre pierde. Por el contrario, cuando hay libre mercado y solo intercambios voluntarios, ambas partes ganan (al menos ex ante), caso contrario el intercambio nunca tendría lugar. A priori, ambas partes entregan algo que subjetivamente valoran menos que lo que reciben. Ambas partes ven su insatisfacción disminuida y su felicidad aumentada. Ambas ganan.

Otra definición es aquella que sostiene que el agorismo es la integración coherente (con la libertad) del libertarismo con la práctica contraeconómica, o sea, un agorista es aquel individuo que actúa coherentemente en libertad, por la libertad y para la libertad. Esta integración entre la teoría y la práctica implica no solo entender e internalizar los conceptos teóricos, sino también tener la capacidad de llevarlos constantemente a la práctica. Pasar de la teoría a la práctica es esencial e inseparable en el agorismo. El agorismo es ambos planos a la vez, teoría y práctica. La teoría sin práctica está disociada de la realidad y pasa a ser misticismo. La práctica sin teoría no tiene sustento y, al no tener sustento, no puede tener buena lectura de la realidad, por ende, no puede llegar a buen puerto y está condenada a fallar. Tanto es así que toda buena teoría está desarrollada de frente a la realidad, observando los hechos. Teoría y realidad son un matrimonio sólido, no por conveniencia.

Según el agorismo, toda teoría que no describa la realidad es inservible o, peor aún, es una arquitectura intelectual deliberadamente construida por los intelectuales que trabajan al servicio de los burócratas del Estado para agrandar su negocio estafando a la gente de a pie. En el agorismo no hay lugar para esa frase trillada que sostiene que “la teoría está bien como idea, pero en la práctica hay que tener en cuenta la realidad y debe hacerse otra cosa”. En este punto es interesante hacer un paralelismo entre el agorismo y aquella frase de Lord Acton (“El liberalismo se ocupa del deber ser, no de lo posible”). Para el agorismo, la teoría se debe ocupar del deber ser, y ese deber ser no es otra cosa que la realidad. Y la realidad es, no tiene matices, es decir, la realidad no conoce de moderación. Y aquí emerge otro punto en el cual el agorismo encuentra un paralelismo con frases de Lord Acton. Así como Lord Acton sostenía que el liberalismo es revolución permanente, el agorismo es revolución, ya que quiere desarmar el statu quo que organiza y ordena la sociedad a partir y a través de los medios políticos. En este sentido, el agorismo se encuentra en las antípodas del conservador, del socialista, del comunista, del fascista y de los socialdemócratas del centro, quienes se niegan a cambiar el statu quo de la sociedad organizada y ordenada por los medios políticos.

En pocas palabras, el agorismo tiene dos patas. La primera es la teórica, que está construida sobre la ética, la filosofía, la filosofía política y la economía de las ideas de la libertad, que son lo que da sustento a la anarquía de libre mercado o liberalismo radical. La segunda pata es lo que Samuel Edward Konkin III llama contraeconomía, la cual viene a ser algo así como “el manual del usuario de lo que hay que hacer para erosionar al Estado hasta que desaparezca”.

Samuel Edward Konkin III la llama contraeconomía pretendiendo lograr un fácil entendimiento de lo que hay que hacer para erosionar al Estado y terminar eliminándolo. Si la economía es el sistema actual y todo su ordenamiento se basa en la creencia en el Estado y en su obligada obediencia, la contraeconomía es dejar de creer en el Estado para luego desafiarlo, evitarlo, eludirlo y evadirlo, gambeteando la coacción física de los medios políticos que te obligan a pagar impuestos y respetar todo tipo de normas, reglas, reglamentos y leyes.

En pocas palabras, la contraeconomía es toda acción humana no coercitiva destinada para desafiar al Estado en lo inmediato para erosionarlo, herirlo y destruirlo en el largo plazo. Y hay una relación directa entre el tamaño de la contraeconomía y la coerción. A mayor violencia y más Estado, no solo más posibilidad de contraeconomía, sino también más necesidad de contraeconomía. Cuantos más controles, regulaciones e impuestos haya, más se rebelará la gente, más tenderá a evadir, eludir y no respetar. Es una cuestión de supervivencia. Al mismo tiempo, cuanto más se coaccione al sector privado, se necesitará más volumen de contraeconomía para erosionarlo y vencerlo. Lo bueno es que la contraeconomía se retroalimenta. A medida que más gente se anima a hacer contraeconomía, más personas aprenden de sus beneficios y se adhieren a su práctica, impulsando el crecimiento de la contraeconomía y la erosión del Estado.

La contraeconomía es poderosa. La historia lo ilustra. La contraeconomía fue uno de los factores más importantes para derrotar al socialismo y al Estado en su máxima expresión, la Unión Soviética y los países de Europa del Este. ¿O alguien puede pensar que el régimen soviético habría caído si todos sus ciudadanos hubieran acatado y respetado los mandatos coactivos del régimen comunista? Detrás de la cortina de hierro solo había escasez y bienes de baja calidad, mientras que en la contraeconomía de la ilegalidad soviética se podía encontrar una oferta de bienes extremadamente más abundante y de mejor calidad. Samuel Edward Konkin III cuenta que “los capitalistas contraeconomistas vendían acciones de sus compañías y veraneaban en los resorts del mar Negro; los gerentes de las granjas colectivas que necesitaban reemplazar en un apuro su tractor confiaban en la contraeconomía antes de esperar a que sus granjas colectivas colapsaran mientras esperaban a que el Estado les proporcionase un nuevo tractor”.(35)

En términos sencillos, el agorismo es el camino que construirá una sociedad libre y sin Estado, que estará organizada solo a través de los medios económicos en anarquía de libre mercado, a través de la masificación de la contraeconomía, que deberá conducir al desarrollo de un sector privado con la fuerza defensiva suficiente para protegerse del Estado y abolirlo. O sea, la contraeconomía es la suma de toda acción humana que no viole el principio de no agresión y respete el principio de libre asociación que esté prohibida por el Estado: el mercado libre, el mercado negro, la economía subterránea, todos los actos de desobediencia civil y social, todos los actos de asociación prohibida (sexual, racial, interreligiosa) y cualquier otra cosa que el Estado, en cualquier tiempo y lugar, decide prohibir, controlar, regular, imponer, gravar o tarifar. Por el contrario, la contraeconomía excluye toda acción que el Estado aprueba o defiende: el mercado blanco y el mercado rojo, que son las acciones violentas que agreden la propiedad privada y violentan el principio de no agresión que el Estado también condena.

Al mismo tiempo, casi no es necesario aclarar que el agorismo no cree en la política institucionalizada como instrumento válido para cambiar la realidad del ser humano. Se descarta el sistema político y el voto como caminos viables y posibles de cambiar el sistema socio, político y económico ordenado y coordinado por el Estado mediante métodos coercitivos. Por el contrario, el agorismo sostiene que los mecanismos institucionales del sistema democrático solo sirven para acrecentar el Estado y sus medios políticos, violentando cada vez más los derechos naturales de las personas. De hecho, las leyes son tan pero tan numerosas, el derecho positivo es tan pero tan invasivo y el derecho natural está tan pero tan violentado que un partido libertario jamás podrá cambiar nada. Es fácil de ver. Y esa falta de efectividad y baja representación del partido libertario dentro de un sistema de gobierno en el cual manda la dictadura de la mayoría solo servirá para vilipendiar las ideas de la libertad, socavando los ideales, la filosofía y la filosofía política más inherente a la naturaleza del ser humano.

Usemos de ejemplo el Congreso de Argentina. Este se conforma por una asamblea bicameral con 329 miembros, dividido en el Senado, con 72 butacas, y la Cámara de Diputados, con 257 asientos. Imaginemos que el Partido Libertario logra introducir, en el mejor de los casos, dos diputados, uno por CABA y otro por PBA. En este escenario, el Partido libertario tendría el 0,008 % de los diputados y el 0 % de los senadores del Congreso. ¿Qué poder tendrían los dos diputados del Partido Libertario para impedir que haya nuevas leyes que agranden el poder del Estado y no alimenten su intromisión coercitiva sobre los derechos naturales de las personas? Más importante aún, ¿qué poder tendrían esos dos diputados para derogar las (miles) de leyes que hay que derogar por año? Está más que claro que el Partido Libertario tardaría siglos y milenios en (primero) achicar y (luego) suprimir el Estado. Los datos de la realidad ilustran este último punto. Ron Paul fue diputado federal libertario en EE. UU. entre 1979-85 y 1997-2013. Juró nunca subir impuestos, abolir Ganancias para individuos, nunca aprobar déficits fiscales y prometió intentar eliminar la FED. Nunca logró aprobar ninguno de sus proyectos, ni derogar nada. Sin acción humana previa y sin contraeconomía previa, todo es fracaso. La democracia es el sistema de gobierno con los incentivos contrarios y los anticuerpos más fuertes contra los cambios desde adentro. Los partidos políticos, las elecciones y el voto nunca erosionarán el sistema, sino que, todo lo contrario, lo fortalecerán, ya que son las vitaminas y las proteínas del sistema.

Una vez entendido que los mecanismos institucionales de la política no tienen ninguna posibilidad de cambiar la realidad y de desarmar el sistema imperante, se comprende que el agorismo es el único camino con posibilidades de luchar contra (y de vencer) al Estado. La estrategia del agorismo debe apuntar en dos sentidos: la educación y la acción. Por el lado de la primera, se debe mostrar, comunicar y enseñar la teoría de las ideas de la libertad utilizando todos los medios de información tradicionales, pero sobre todo tiene que estar focalizada en aprovechar todos los canales de comunicación modernos, ya que estos potencian no solo la cantidad de receptores, sino también la velocidad con la cual nuestra filosofía llega. En este sentido, hay que hacer hincapié en que nuestras ideas son las únicas que pueden conducirnos hacia la libertad plena, ya que son las únicas que entienden y, sobre todo, respetan la esencia del ser humano, haciendo foco en eliminar el único enemigo real de la libertad del individuo: el Estado. Luego, hay que comunicar en qué consiste la contraeconomía y cómo llevarla a cabo. Pero, sobre todo, los comunicadores del agorismo deben ser consistentes y contraeconómicos en su accionar, pues de lo contrario serán poco creíbles y nada convincentes. Este es el caso de los candidatos políticos (seudo)libertarios que desacreditan todo lo que dicen de valor (si es que hay algo de valor en lo que dicen) queriendo entrar al sistema político que supuestamente pretenden derrotar. No entienden que, ingresando al sistema, jamás lo derrotarán, sino que lograrán exactamente lo opuesto: lo fortalecerán. Esto es importante. Un libertario que se hace político no solo tiene el fracaso cien por ciento asegurado, sino que debe saber que la probabilidad que tiene de terminar alimentando al propio sistema también es del cien por ciento. Por el contrario, el activista del agorismo tal vez también puede fracasar, pero si tiene, por ejemplo, un uno, un dos, un cinco o un diez por ciento de probabilidad de éxito, su posibilidad de triunfo es infinitamente superior a la del libertario legislador, que tiene cero chances (todo divido por cero da infinito). Y, además, muy importante, el activista del agorismo jamás alimentará al sistema, cosa que el político libertario sí hace.

Las instituciones de los medios políticos son los instrumentos a través de los cuales el Estado nos coacciona, agrede y violenta; no tenemos que pretender entrar en ellos, sino que debemos trabajar desde afuera para erosionarlos y, después de un largo camino, destruirlos e ir hacia un nuevo orden basado en la anarquía de libre mercado, único sistema con libertad plena. Hay que entender que este camino sinuoso brindará frutos en cada paso que se dé, por más pequeño que sea, ya que cada movimiento será una disminución de la opresión. Además, los beneficios de cada uno de estos pasos serán inmediatos. ¿A quién se le ocurre rechazar este camino reformista en serio? ¿Quién puede sostener que traer más y más gente hacia la contraeconomía no es más libertad, no es ético y no sirve? ¿Quién se anima a decir que la reducción del botín estatal que logra la contraeconomía es inmoral y no sirve?

Sin duda, este camino de la contraeconomía es largo y lento, pero trae beneficios constantemente, trasladando actividades y personas desde la opresión del Estado hacia la libertad de los medios económicos. No hay duda de que sin contraeconomía el Estado sería mayor y su opresión y coacción más violentas. La contraeconomía avanzará a paso seguro, transformando la actual sociedad en una sociedad sucesivamente más libre, “convirtiendo más contraeconomistas en libertarios y más libertarios en contraeconomistas, integrando finalmente teoría y práctica”.(36) A medida que la contraeconomía avance, los medios económicos avanzarán a expensas de los medios políticos, exactamente al revés de lo acontecido durante las últimas (muchas) décadas. Gracias a la contraeconomía, el poder social crecerá y el poder político disminuirá, lo cual potenciará el sector privado e irá debilitando el sector público. La contraeconomía del agorismo, al potenciar el sector privado y su crecimiento, fomentará el ahorro y la acumulación de capital, retroalimentando positivamente el sector privado y el crecimiento. En este punto será crucial no detenerse. Cuando la contraeconomía vaya erosionando el Estado, es crucial ir por más, no detenerse, y acrecentar la contraeconomía de manera de acelerar el proceso. Al enemigo lesionado no se le debe dejar tomar aire hacia una esquina del ring, sino que hay que ponerlo contra las cuerdas e intensificar el castigo hasta que caiga a la lona. Si se levanta tambaleante, ir por más y redoblará la apuesta. En términos matemáticos, la contraeconomía debe tener derivada primera positiva y, si es posible, derivada segunda positiva también. Es decir, la contraeconomía siempre debe avanzar. Si es posible, acelerarse también. Lo que nunca debe tener es primera derivada cero o, peor aún, primera derivada negativa, o sea, detenerse o, en el peor caso, disminuir. Esto último es fundamental, ya que es más fácil ampliar las prácticas contraeconómicas cuando todo el mundo las practica y también las incrementa alrededor. Y todo el mundo sabe en su actividad, negocio, empresa, profesión, sector y mercado cómo practicar la contraeconomía.

Obviamente, practicar el agorismo no será sencillo, ni estará libre de riesgos, amenazas y castigos, sino todo lo contrario. El camino desde el Estado hacia la libertad de la anarquía demandará mucho esfuerzo, ya que es ir contra las fuerzas físicas del actual ordenamiento político, social y económico, que tiene todo el esquema de incentivos para ir en el sentido opuesto al agorismo. Metafóricamente, practicar la contraeconomía del agorismo sería como luchar contra la ley de gravedad. Difícil, pero no imposible. El ser humano estuvo miles de años sin volar, pero hoy en día surca los cielos. Además, la contraeconomía del agorismo, al igual que volar, no está libre de riesgo, sino todo lo contrario. Volar tiene altos riesgos. Sin embargo, el hombre se sube a aviones y vuela, ya que el beneficio de hacerlo supera su costo. El agorismo y la contraeconomía también tienen riesgos. Pero subirse a la contraeconomía traerá más beneficios que costos. Hay que hacerlo. En este sentido, Samuel Edward Konkin III dice: “El principio fundamental de la contraeconomía es canjear riesgo por beneficio”,(37) y luego brinda un pie de página con un ejemplo en este sentido, en el cual muestra los beneficios de contrabandear, evadir y violar la ley sopesándolos contra los riesgos de caer preso.

Es más, este principio de canjear riesgo por beneficio no solo es fundamental para la contraeconomía, sino que es crucial para los comunicadores de la teoría de las ideas de la libertad. Los intelectuales que sostienen y comunican la teoría detrás de las ideas de la libertad y plantean que hay que dinamitar el actual orden estatal mediante el agorismo para ir hacia una anarquía de libre mercado también serán atacados, injuriados y, llegado el caso, castigados. Sin embargo, estos intelectuales que deslegitiman el sistema basado en los medios políticos tampoco deberán claudicar y, predicando con el ejemplo, deberán trabajar para eliminar la errónea culpa que genera la práctica de la contraeconomía entre las personas, que siempre han sido adoctrinadas en la educación formal en la cual los contenidos que se enseñan son delineados por burócratas del Estado. En este sentido, se deberá trabajar para que el contrabandista esté orgulloso de ser contrabandista, que el trabajador en negro esté orgulloso de ser trabajador en negro y no quiera conseguir un trabajo en blanco para tener obra social y jubilación. Que ese trabajador en negro vea que tiene la ventaja de hacer lo que él decida con su salud y su futuro retiro, amén de que toda la salud pública y el sistema de jubilación de reparto estatal son inmorales e ineficientes. Además, el intelectual del agorismo debe promocionar todos los triunfos de la contraeconomía y festejar todos los fracasos del Estado, evidenciándolos con crudeza y explicándolos en profundidad, lo cual implica mostrar que la alternativa de libre mercado habría sido superior desde lo ético y lo moral, así como desde lo utilitarista. Todo este accionar no solo permitirá concientizar, sino reclutar más practicantes de la contraeconomía y del agorismo. Esta es la verdadera revolución que deben encabezar los intelectuales.

Sin embargo, más allá de que los riesgos del castigo por practicar la contraeconomía y transmitir las ideas de la libertad radical son una posibilidad, el miedo al castigo no puede (ni debe) paralizarnos. Justamente, detentar el monopolio de la fuerza y el poder monopólico de sancionar a los transgresores de sus propias normas es lo que le permite al Estado crecer más y más, avanzando constantemente sobre los derechos naturales de las personas. Ergo, si nosotros no avanzamos con la práctica de la contraeconomía por miedo al castigo, no solo seremos funcionales al Estado, sino que estaremos contribuyendo a su expansión en contra de nuestros propios intereses. Parafraseando a León Gieco, si por miedo no actuamos contraeconómicamente, el Estado será un monstruo que pisará cada vez más fuerte. Por el contrario, si pagamos cada vez menos impuestos, si utilizamos cada vez menos la moneda FIAT violentamente impuesta por el Estado, si nos revelamos y pagamos menos multas, el oxígeno que alimenta “el suministro de sangre y el vampírico Estado perecería sin remedio; el monstruo perdería sus colmillos”.(38)

En resumen, la contraeconomía del agorismo tan solo pone en práctica la teoría de las ideas de la libertad, negando por completo que sea una ideología o una filosofía desconectada de la realidad. El agorismo es tan coherente y consistente que plantea la única alternativa moral y ética correcta, pero te deja libre para que hagas o no hagas la contraeconomía, haciéndote a vos solo responsable de tu libertad o esclavitud. Es decir, el agorismo empodera al individuo, haciéndolo único motor de todo cambio deseable y probable, que son parte de la misma cosa, porque teoría y realidad son las dos contracaras de la misma moneda en el agorismo. Es más, el agorismo honra a la praxeología, que demuestra que todo cambio solo puede ser desde abajo y desde fuera del sistema, como toda la historia humana lo ilustra.

Todo sistema puede ser cambiado o derribado por una profunda modificación de la opinión pública y un cambio de comportamiento de las personas, es decir, por la negativa de la gente a seguir prestándoles su consentimiento y cooperación a la política y al Estado. Todos los grandes cambios de la historia política universal fueron iniciados por minorías en el campo de la transformación cultural y social. Primero, y desde fuera del régimen, hubo intelectuales que deslegitimaron el sistema. Segundo, y también por fuera del régimen, las ideas se fueron propagando hasta formar una masa crítica de gente que avalara y sostuviera el cambio de régimen y la transformación sociocultural. Tercero, y ya con el apoyo de una masa considerable de gente, se pasó al campo de la acción, de la contraeconomía, socavando las bases del sistema hasta herirlo gravemente para terminar de liquidarlo. De hecho, así pasó con la monarquía y la esclavitud. Así pasará con la democracia universal representativa, republicana y sus Estados.

4. Más allá de las pequeñas diferencias que puede haber entre cada una de estas filosofías, y siendo consciente de que hay subespecies en cada una de las tres, en este texto utilizo anarquista de libre mercado, liberal radical y libertario como sinónimos.

5. Cita que hace Bruce Benson en Justicia sin Estado, Unión Editorial, 2000, sobre Pollock y Maitland, The History of English Law, volumen 1, pág. 27.

6. La conquista normanda de Inglaterra fue la invasión y ocupación de Inglaterra en el siglo XI por un ejército formado por normandos, bretones, flamencos y franceses y liderado por el duque Guillermo II de Normandía, luego conocido como Guillermo el Conquistador, que reclamaba el trono inglés amparándose en su parentesco con el rey anglosajón Eduardo el Confesor, que no tenía descendencia, circunstancia que alentó las esperanzas del normando de conseguir su entronización.

Eduardo murió en enero de 1066 y le sucedió su cuñado Haroldo Godwinson. El rey Harald III de Noruega invadió el norte de Inglaterra en septiembre de 1066 y consiguió una victoria en la batalla de Fulford, pero fue derrotado por Haroldo en la batalla de Stamford Bridge el 25 de septiembre de ese año. Guillermo ya había desembarcado en el sur de Inglaterra y Haroldo marchó rápidamente hacia allí para hacerle frente, aunque dejando a gran parte de su ejército en el norte. El 14 de octubre de 1066 ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Hastings, que se saldó con la victoria de Guillermo, dando lugar a los comienzos de la era normanda.

7. Justicia sin Estado. Bruce Benson. Unión Editorial, 2000, pág. 58.

8. Bajo el régimen feudal impuesto por los normandos, un vasallo debía contraer obligaciones para con su señor feudal. En el caso que dicho vasallo violase los empeños que hubiese contraído hacia su señor feudal, incurría en delito de felonía y todas sus posesiones eran confiscadas por el rey y su señor feudal, quienes se las repartían.

9. Ver Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Harold J. Berman. Harvard University Press, 1983.

10. Ver Monarquía, democracia y orden natural. Hans-Hermann Hoppe. Unión Editorial, 2020.

11. Nuestro enemigo, el Estado. Albert Jay Nock. Unión Editorial, 2013, pág. 21.

12. El Estado. Franz Oppenheimer. Unión Editorial, 2013, pág. 17.

13. “Sea verdad o no que el hombre es hijo de la iniquidad y está concebido en el pecado, es indudablemente cierto que el gobierno está engendrado por y para la agresión”, en El hombre contra el Estado. Unión Editorial, 2019, pág. 97.

14. Ver Nuestro enemigo, el Estado. Albert Jay Nock. Unión Editorial, 2013, pág. 60-61.

15. Ver Escritos sobre la vida civilizada. Henry Thoreau. In Itinere, pág. 143.

16. En Diálogo I. Jorge Luis Borges y Osvaldo Ferrari. Editorial Sudamericana, 1998, pág. 220.

17. La praxeología se vale de razonamientos lógicos que construyen axiomas a priori, es decir, demuestran verdades o falsedades que necesitan estar sujetas a comprobación empírica. Los datos de la realidad tan solo ilustran una verdad que la praxeología ya se había encargado de demostrar racionalmente que era cierta.

18. Ver La acción humana. Tratado de economía. Ludwig von Mises. Unión Editorial Argentina, 2013.

19. Ver El igualitarismo como rebelión contra la naturaleza. Murray Rothbard. Barbarroja, 2019, págs. 75-110.

20. Ibídem, pág. 75.

21. Ibídem, págs. 75-76.

22. Lord Acton. Gertrude Himmelfarb. University of Chicago Press, 1962, págs. 204-205.

23. Muchos liberales clásicos proponen calificar el voto mediante segmentaciones basadas en la propiedad o en el nivel de instrucción, cuya vara no será otra que la educación pública.

24. Los derechos fundamentales son los derechos naturales, los derechos con los cuales nace el hombre. Estos son los únicos derechos que pueden ser reclamados por todos los seres humanos, en cualquier tiempo y lugar.

25. Los derechos adquiridos no son universales y, además, no pueden ser provistos a todos por igual forma. Tampoco son naturales, ya que no son inherentes al ser humano, sino que son ganados con esfuerzo, energía, trabajo y merecimiento u obtenidos porque algún tercero los ha regalado. Pero si han sido regalados, dicho regalo debe ser estrictamente voluntario y debe necesariamente implicar una sucesión de la persona A (quien regala) hacia la persona B (receptor del regalo). Nunca puede ser coactivo y estar financiado a partir de la confiscación o robo a una persona C. Cuando se entiende esto último, se visualiza que los derechos adquiridos, que se suelen incluir (equivocadamente) debajo del paraguas de los derechos humanos, son una mentira, una estafa y un robo socialista. El planificador socialista A roba a C y regala a B con patrimonio ajeno, justificando todo este accionar a partir de toda una ingeniería social desarrollada en las altas casas de estudio que se encuentran inmoralmente asociadas y en complicidad solidaria con los medios políticos.

26. Además, el accionar de los burócratas del Estado y sus políticas públicas también aseguran un crecimiento exponencial del Estado en el largo plazo. Primero está el problema de la “fatal arrogancia” de Hayek que hace que los burócratas intervengan con sus políticas públicas. Obviamente, debido al problema de “la imposibilidad” de cálculo económico en el socialismo de Mises, los resultados nunca son los esperados y siempre son malos. Ante el fracaso, el burócrata sistemáticamente procura corregir los malos resultados con más intervenciones, lo que arroja cada vez peores resultados. Este accionar conduce al “camino de la servidumbre” de Hayek, que no es otra cosa que un Estado cada vez mayor, más medios políticos y más avasallamiento de los derechos naturales y más avance sobre los medios económicos. Así se pasa del liberalismo clásico a la socialdemocracia, y de ahí al socialismo y al comunismo. En este marco, se entiende que el liberalismo clásico tiene implícito y dentro de sí a la socialdemocracia, al socialismo y al comunismo. En realidad, la diferencia entre ellos es solo un problema de escala, pero en esencia son lo mismo.

27. Mel Brooks, el agente 86 y el zapatófono han sido una formidable excepción.

28. La Revolución inglesa abarca desde 1642 hasta 1689. Se extiende desde el fin del reinado de Carlos I de Inglaterra, pasando por la República y el Protectorado de Oliver Cromwell, y finaliza con la Revolución Gloriosa, que destituye a Jacobo II. Fue un enfrentamiento entre la corona inglesa, apoyada por los partidarios del absolutismo, y el parlamento, que trataba de ponerle límites al poder real. Fue especialmente violenta entre 1642 y 1649, es decir, durante las dos primeras guerras civiles. La primera guerra civil inglesa se extiende desde 1642 hasta 1646, cuando estalló el enfrentamiento entre el poder legislativo y el poder real. El parlamento ganó la contienda por el poder y comenzó a controlar en forma creciente al rey Carlos I, que fue moderando su política absolutista. El rey dejó de tener poder para disolver el parlamento y fueron condenados a muerte varios aliados del rey. La segunda guerra civil inglesa tiene lugar entre 1648 y 1649. Las disputas entre los partidarios del rey Carlos I, que se encontraba encarcelado por las fuerzas parlamentarias, y los partidarios del parlamento no solo persistieron, sino que ganaron volumen. El conflicto trepó a los niveles más elevados cuando el rey Carlos I escapó y se alió con irlandeses y escoceses para hacer una contrarrevolución y restaurar el absolutismo. Este accionar del rey desencadenó nuevamente la guerra civil en 1648. Cromwell reprimió una rebelión en Gales y derrotó a los escoceses en Preston (agosto de 1648). De nuevo se puso de parte del ejército en contra del parlamento, que intentaba reanudar las negociaciones con el rey Carlos I. En el mes de diciembre, autorizó la expulsión de la oposición, dejando solo a unos pocos miembros que estaban de acuerdo con la designación de una comisión que juzgara al rey por traición, ya que intentó aliarse con extranjeros en contra de los intereses de Inglaterra. Finalmente, Oliver Cromwell venció al ejército promonárquico, el rey Carlos I fue enjuiciado por alta traición y terminó siendo decapitado. Una vez decapitado el rey, se proclamó la República de Inglaterra, que duró de 1649 a 1660.

La república inglesa representó el triunfo de la burguesía por sobre la realeza. La burguesía, que había comenzado a enriquecerse gracias al comercio, necesitaba eliminar las barreras feudales y mercantilistas impuestas por la monarquía para producir, comerciar y enriquecerse más y más aceleradamente. En este marco, la república garantizaba que la política pasara a ser en gran medida impuesta por los intereses comerciales al Gobierno. La república significó el triunfo de la burguesía y de la moral y la ética de las ideas de la libertad, que planteaban que los hombres tenían el derecho a hacer lo que se les antojara con lo que era suyo, y que, persiguiendo su propio beneficio, subrogaba su comportamiento al prójimo beneficiándolo. La primera tarea de Cromwell durante la república fue que Irlanda y Escocia dejaran de instigar contra la esta y no apoyaran más a las fuerzas monárquicas, que pretendían reinstaurar al rey mediante la coronación del sucesor legítimo Carlos II de Inglaterra. Cromwell logró su objetivo y aplastó a los partidarios monárquicos en Irlanda y Escocia. Sin embargo, la República de Inglaterra devino en el Protectorado de Cromwell, que abolió la Cámara de los Lores y centró su poder en el ejército y la Cámara de los Comunes. Una de las leyes más significativas de este período fueron las Actas de Navegación. El éxito de Cromwell se debió a que supo mantener la paz y la estabilidad y a que proporcionó los medios necesarios para la tolerancia religiosa de grupos no católicos. Así, por ejemplo, los judíos, que habían sido expulsados de Inglaterra en 1390, pudieron regresar en 1655. Paralelamente, política exterior de Cromwell fue muy exitosa y estableció los primeros cimientos de la Inglaterra imperial. Sin embargo, la tensión entre Cromwell y el parlamento fue ganando volumen. Tras la muerte de Oliver Cromwell en 1658, el Parlamento nombró cómo protector sucesor de Inglaterra a su hijo Richard Cromwell, quien terminó renunciado al cargo. Tras su renuncia, el Parlamento decidió volver a la monarquía y dar por terminada la República, declaró rey de Inglaterra a Carlos II, hijo del decapitado Carlos I y el rey que querían imponer los irlandeses y escoceses a los que Oliver Cromwell había sofocado años atrás.

En 1660, el nuevo rey Carlos II nombró a su hermano Jacobo Estuardo como lord almirante supremo de Inglaterra. Doce años más tarde (1672), Jacobo se convirtió al catolicismo cuando el parlamento y toda la sociedad inglesa eran fervientemente anticatólicos. Así, al año siguiente, el parlamento inglés aprobó un acta (ley) según la cual los católicos no podían desempeñar cargos públicos. Jacobo tuvo que dimitir como almirante supremo. Pero en 1685 murió Carlos II, que no tenía hijos, y en consecuencia Jacobo de Estuardo se convirtió en rey. Jacobo trató de ganarse el apoyo de los disidentes y de los católicos en 1687, poniendo fin a las restricciones religiosas, pero solo consiguió aumentar las tensiones. El 10 de junio de 1688 nació su hijo Jacobo Francisco Eduardo, lo cual garantizaba la sucesión católica en el trono de Inglaterra. A partir de este nacimiento, la oposición no católica decidió organizarse para sacar del trono a Jacobo. La oposición invitó al yerno de Jacobo, Guillermo de Orange, más tarde Guillermo III de Inglaterra, a hacerse con el trono inglés, desencadenando así la Revolución Gloriosa.

La Revolución Gloriosa duró entre 1688 y 1689 y estuvo propiciada por el parlamento inglés, que procuró dar por terminado el nuevo absolutismo real que intentaba reimplantar el catolicismo en una sociedad mayoritariamente protestante. Se calcula que solo el tres por ciento de la población de Inglaterra era católica. Así, el parlamento derrocó al rey Jacobo II Estuardo y llevó al poder a su hija María II y a su esposo, Guillermo III de Orange, poniéndole fin a la monarquía absolutista y estableciendo de una buena vez y hasta ahora, una monarquía parlamentaria. El Parlamento aprobó el Acta de Tolerancia y la Declaración de Derechos. El primero garantizó tolerancia a todos los protestantes no anglicanos, pero no así a los católicos. El segundo restringió los poderes del rey, al quitarle las facultades para suspender leyes, crear impuestos o mantener un ejército permanente sin el permiso del parlamento, protegiendo a los súbditos de los posibles abusos del poder real. De esta manera, se inició un período de libertades, equilibrio de poderes y fomento del comercio y la industria, lo que creó las condiciones para el inicio de la Revolución Industrial.

La Revolución Gloriosa inglesa de 1688 y 1689 terminó dando origen a la democracia parlamentaria como sistema político en el cual el parlamento tiene plenas facultades legislativas, y el rey, escaso poder. Su importancia histórica es trascendental, ya que fue la primera revolución exitosa impulsada por las ideas de la libertad y la primera que terminó con la monarquía absolutista, estableciendo el poder real por primera vez en el pueblo y a través de sus representantes en el parlamento. La Revolución Gloriosa inglesa es la madre y el padre de la Revolución de EE. UU. de 1776 y de la Revolución francesa de 1789, que acontecieron casi exactamente cien años más tarde. Además, y como si fuera poco, la Revolución Gloriosa de Inglaterra ilustra que no todas las revoluciones deben ser cruentas y llenas de muerte, porque tuvo en realidad un carácter fundamentalmente incruento y con pocas víctimas en Inglaterra.

29. El movimiento termina cuando tres de sus cuatro líderes fueron ejecutados por Cromwell en el cementerio de Burford en 1649.

30. Las Cartas de Catón se publicaron desde 1720 hasta 1723. Catón (95-46 a. C.) había sido un enemigo implacable de Julio César y un famoso y tenaz defensor de los principios republicanos. Las cartas son consideradas una obra fundamental en la tradición reformista de los protestantes y republicanos británicos. Los 144 ensayos fueron publicados originalmente en el London Journal, después en el British Journal. Estos ensayos periodísticos, que condenaban la tiranía y promocionaban los principios de libertad de conciencia y libertad de expresión, fueron el principal vehículo para la difusión de los conceptos que habían sido desarrollados por John Locke. Una generación más tarde, los argumentos de las Cartas de catón fueron decisivos para alimentar la Revolución de EE. UU.

31. Ver El hombre contra el Estado. Herbert Spencer. Unión Editorial, 2019.

32. John Brown fue un capitán del ejército americano, abolicionista y ferviente activista contra la esclavitud en el período previo a la guerra civil de EE. UU. En ese período había una ley Federal que obligaba a los Estados no esclavistas del norte a devolver los esclavos a sus dueños en los Estados del sur del país. Los esclavos escapaban del sur al norte tratando de pasar las fronteras hacia Canadá, con el fin de eludir las fuerzas estatales de los Estados del norte, que los perseguían para restituirlos a sus dueños. En esos años, John Brown fue conductor del ferrocarril subterráneo (túneles para huir a Canadá) y estableció la Liga de Galaaditas, una organización que ayudaba a los esclavos fugitivos a escapar a Canadá. A los 55 años se mudó con sus hijos a Kansas, donde en 1856 tuvo lugar el conflicto de Kansas. Aquí John Brown comandó a un grupo de hombres en la batalla de Black Jack (victoria para los abolicionistas) y en la batalla de Osawatomie (victoria para los proesclavistas). El Estado de Kansas recién se había creado y en esas dos batallas se enfrentaron los que querían una Kansas sin esclavos contra los que deseaban una Kansas esclavista. John Brown comienza a liderar a pequeños grupos de voluntarios antiesclavistas que no creían en la lucha pacífica, sino que pensaban que la única vía para acabar con la esclavitud era mediante la desobediencia y la insurrección violenta, que en realidad era defensiva porque surgía como respuesta contra una agresión violenta previa, la esclavitud. O sea, la visión de John Brown estaba alineada con la moral y la ética de las ideas de la libertad. El 16 de octubre de 1859, apoyado por abolicionistas del Norte, Brown planeó crear zonas liberadas en las colinas de la parte occidental de Virginia y con veinte de sus seguidores asaltó y tomó el arsenal federal de Harpers Ferry (actual Virginia Occidental) y se hizo con el control de la ciudad. Su grupo fue rodeado por una compañía del ejército bajo el mando del coronel Robert E. Lee. Diez hombres de Brown, entre ellos dos de sus hijos, murieron en la batalla que se libró a continuación, y él fue herido y obligado a rendirse. Detenido y acusado de traición y asesinato, lo ejecutaron el 2 de diciembre de 1859, en Charles Town, Virginia Occidental (entonces Virginia).

33. Manifiesto neolibertario. Samuel Edward Konkin III. Editorial Innisfree y Unión editorial, 2013, pág. 33.

34. Ibídem, pág. 35.

35. Manual agorista. Samuel Edward Konkin III. Editorial Stirner, 2008.

36. Manifiesto neolibertario. Samuel Edward Konkin III. Editorial Innisfree y Unión editorial, 2013, pág. 68.

37. Ibídem, pág. 69.

38. Ibídem, pág. 63.

EL FRACASO DE LAS CONSTITUCIONES LIBERALES
Las constituciones liberales como anabólicos del Estado

El principal objetivo de las constituciones liberales era preservar los derechos individuales (naturales) de las personas frente al avance estatal. En este sentido, los Jefferson o los Alberdi tenían bien claro que la gran dialéctica en toda sociedad consistía en el antagonismo entre Estado y la libertad. Es decir, todo aumento del poder estatal implica, inexorablemente, una disminución del poder social. A más poder estatal, no cabe otra alternativa que menor poder de la sociedad, ya que los intereses del Estado y los intereses de la sociedad, a diferencia de lo que se nos enseña en el adoctrinamiento de la educación pública,(39) son diametralmente opuestos. Y esta dialéctica se entiende, como ya mostramos en un capítulo anterior, estudiando el origen del Estado. Como bien explica Albert Nock: “El Estado, por otra parte, en su génesis y por su intención primaria, es puramente antisocial. No está basado en la idea de derechos naturales, sino en la idea de que el individuo no tiene derechos salvo aquellos que el Estado puede que le conceda de manera provisional”.(40)

Como ya hemos explicado, el Estado tiene su origen en la conquista y la confiscación, es decir, en la violencia física. Como bien explica Franz Oppenheimer,(41) nunca a lo largo de toda la historia ningún Estado primitivo pudo haberse originado de ninguna otra forma. El Estado, cuya característica fundamental es la explotación económica de una clase social por otra, no es otra cosa que una institución que un grupo de hombres conquistadores imponen a otro grupo de hombres conquistados, con el solo propósito de mantener una sistemática dominación de los primeros sobre los segundos. Esta dominación es la única y verdadera grieta en la sociedad: los medios políticos versus los medios económicos.

Franz Oppenheimer explica en su libro El Estado (1908) que los recursos que el hombre necesita para sobrevivir, vivir, progresar y desarrollarse pueden ser obtenidos básicamente a través de solo dos medios: el trabajo o el hurto. El trabajo es el esfuerzo personal. En este caso el hombre utiliza su propiedad privada primaria, su cuerpo, su energía, su fuerza de trabajo, para modificar su entorno, y así propiciarse sus medios (instrumentos) para alcanzar sus fines (objetivos), que como ya dijimos son sobrevivir, vivir, progresar y desarrollarse. Estos medios son utilizados directamente pasa satisfacer sus fines, o son intercambiados voluntariamente por otros medios (bienes y servicios) en el mercado. Estos bienes y servicios adquiridos en el mercado son inexorablemente aplicados a la satisfacción de otros fines (necesidades). Ambos medios, los obtenidos por la propia fuerza de trabajo o los adquiridos por intercambios comerciales voluntarios, son los que Franz Oppenheimer ha denominado “medios económicos”. En contraposición, están los medios que se adquieren a través de la apropiación del trabajo ajeno, es decir, la apropiación forzosa y violenta. Esta apropiación indebida del trabajo proveniente del esfuerzo ajeno es lo que Franz Oppenheimer denomina “medios políticos”. En este marco, hay que entender que “toda la historia, desde los primitivos hasta nuestros días, presenta y presentará un único tema hasta que hayamos alcanzado la libre ciudadanía: la lucha entre los medios económicos y medios políticos”.(42)

Hay indefectiblemente un juego de suma cero entre Estado y libertad, entre lo público y el individuo, entre los medios políticos y los medios económicos. Más de lo primero conduce a menos de lo segundo. En consecuencia, la única forma de tener más de lo segundo es que haya menos de lo primero. Por consiguiente, para tener más libertad, más individuo y más cantidad de medios económicos, que son los únicos generadores genuinos de riqueza, hay que achicar el Estado, lo público, y reducir los medios políticos, que no generan ninguna riqueza, sino que viven parasitariamente de los medios económicos. En un análisis estático, o sea, en una foto, no hay duda de que este diagnóstico es correcto. Así lo entendieron lo liberales clásicos del siglo XVIII y XIX que pensaron y escribieron las constituciones de los nuevos países de América, empezando por EE. UU. (Jefferson) y siguiendo por Argentina (Alberdi). Sus (buenas) intenciones no fueron otras que contener al Estado y a los medios políticos en su mínima expresión para facilitar y promover el desarrollo del individuo, los medios económicos y el poder social hasta su máxima expresión. La arquitectura institucional elegida en este sentido fue el establecimiento de constituciones que, a través de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), los frenos y contrapesos de Montesquieu y el sistema de gobierno democrático, procuraban preservar los derechos naturales de los individuos a salvo de los avances del Estado.

Más allá de las intenciones originales, nada salió como los teóricos liberales habían pensado originalmente. La democracia parlamentaria había sido originalmente pensada como una forma de limitar el poder absoluto de los monarcas, pero finalmente los Congresos terminaron convirtiéndose en dictaduras parlamentarias. Paralelamente, la división y los frenos y contrapesos de los poderes del Estado habían sido originalmente diagramados para impedir el avance y el crecimiento del Estado, pero en realidad terminaron casi siempre trabajando en forma mancomunada y cooperativa (de los burócratas del Estado) en pos de legitimar el crecimiento de los medios políticos en detrimento y a expensas de los medios económicos.

Después de más de un siglo de gobiernos constitucionalmente limitados, los resultados no admiten controversia. Las constituciones liberales terminaron legitimando todo aquello que querían contrarrestar y evitar: la explotación de los conquistados (individuos y sector privado) a manos de los conquistadores (burócratas y Estado). Los gobernantes ordeñan la propiedad pública tan rápido como les es posible. Los gobiernos democráticos universales y republicanos han venido practicando, desde sus orígenes, un implacable expansionismo agresivo sobre el sector privado y los individuos. Es decir, la constitución terminó siendo el arma más poderosa y eficaz de la casta política para forzar a todos los individuos a que aceptaran que el Estado creciera sostenidamente y avanzara cada vez más sobre sus derechos naturales e individuales.

La división de poderes cayó en saco roto. En términos proporcionales, las leyes que salen del Congreso suelen ser mayormente proyectos originalmente desarrollados y presentados por el poder ejecutivo. Como sostiene Bruce Benson: “La parte relevante del proceso legislativo tiene lugar a puerta cerrada, y la mayoría del debate parlamentario es simple retórica para consumo general. Unos pocos miembros de los comités legislativos negocian las decisiones importantes”.(43) De hecho, los procesos legislativos, sus determinantes y la creación de leyes responden, por un lado, a intereses de grupos políticos y, por el otro, a intereses de lobistas. Es decir, el contenido de las leyes responde mucho más a la inmensa importancia de estos dos grupos de poder que a los intereses del público en general, ya que en la mayoría de los casos los legisladores no inician ni elaboran los proyectos de ley, sino que reaccionan a la demanda de los grupos de poder, ya sean políticos o lobistas. En términos generales, las leyes emergen de un proceso en el cual en primera instancia solo intervienen integrantes del lobi (político o empresaurio) y unos pocos miembros de los comités legislativos relevantes. En esta instancia se negocian los aspectos más importantes del proyecto de ley. Además, en este proceso pueden y suelen ser consultados funcionarios del orden público (bajo el mando del poder ejecutivo) y jueces (integrantes del poder judicial), que son quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes.

Así el poder legislativo pasa a ser una suerte de escribanía del poder ejecutivo y de los grupos de poder, ya sean políticos o lobistas. Tal vez por una cuestión de disimulo o (farsante) dignidad, los parlamentarios pueden intentar impedir que los interesados grupos de poder consigan todo lo que pretenden, y en consecuencia diluyen, aunque sea en alguna tenue medida, la intención original del proyecto, inclusive transformándolo en un híbrido que solo refleja lo que es políticamente admisible. No obstante, hay que destacar que no es de extrañar que este proceso legislativo a puertas cerradas y bajo presión de grupos de poder termine sancionando en numerosas ocasiones leyes que violentan los derechos naturales y avanzan sobre los derechos individuales de las personas, es decir, leyes inconstitucionales. En Argentina podríamos hacer una lista muy larga de leyes o medidas muy claras en este sentido, como por ejemplo, entre las más conocidos, se puede citar el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales y, ahora, el impuesto a la riqueza (primero doble, después triple imposición), así como se puede citar el plan Bonex, la pesificación asimétrica, el corralito, el corralón, el cepo, etc.

Las leyes inconstitucionales son el corazón del avance del Estado sobre los derechos naturales e individuales de las personas. Y el liberalismo clásico, que rescató a la humanidad de la dictadura de las monarquías absolutistas, con el tiempo la hundió en la dictadura parlamentaria. Pero este segundo tipo de dictadura es peor que el primero, ya que un régimen dictatorial no se define por la forma en que el gobernante adquiere el poder (herencia vs. voto), sino por la envergadura e intensidad con la cual el Estado avanza sobre los derechos naturales e individuales de las personas. Todos los datos muestran que nunca en la historia de la humanidad el Estado avanzó tanto contra los individuos como en los siglos XX y XXI. De hecho, la experiencia reciente de la pandemia del coronavirus es el mejor ejemplo en este sentido.

Pero si los parlamentos son el corazón del avance del Estado sobre los derechos naturales e individuales, el poder judicial es el cerebro. El poder judicial no cumple su rol. Los jueces han decidido dejar de ser el (supuesto) mecanismo para limitar las acciones del Estado. Por el contrario, los jueces han elegido convertirse en el instrumento más eficaz para dotar de legitimidad ideológica al avance del Estado. El poder judicial imprime de legitimidad todo avance inconstitucional de los burócratas del Estado, asegurándole al público que sus crecientes poderes son, en realidad y de hecho, constitucionales. Los jueces han herido de muerte la principal función que las constituciones liberales les habían otorgado, la revisión judicial.

Los hechos y los números son contundentes. A fines del siglo XIX, el gasto público rondaba el 5 % del PBI. Cuando estalló la Gran Guerra (1914), el gasto total de los gobiernos europeos era todavía inferior al 10 % del PBI. Luego, con la hegemonía de la democracia universal republicana, el gasto total de esos mismos gobiernos saltó entre 20 % y 30 % del PBI en el transcurso de los veinte y los treinta, arrimándose al 50 % en los setenta. Dejando de lado a Europa y analizando al mundo, hoy en día el gasto público se encuentra en sus máximos históricos.

Sin embargo, vale la pena destacar que hasta finales del siglo XIX, aproximadamente el 50 % del gasto público financiaba al ejército. La administración disponía del restante 50 %. El gasto social prácticamente no tenía importancia. Por el contrario, hoy en día el gasto público no está lejos del 50 % del PBI y aproximadamente la mitad, o sea, el 25 % del PBI, se destina a gasto social. Paralelamente, el gasto militar ha perdido peso relativo, ya que representa entre el 10 % y el 20 % del gasto total. Algo similar sucedió con el empleo público. A comienzos del siglo XX, en Europa el empleo público nunca superaba el 3 % de la fuerza laboral total, trepando al 8 % en los veinte y al 15 % en los setenta.

Como contrapartida del incremento del gasto público, la carga fiscal también ha subido exponencialmente. Antes de la Gran Guerra (1914-1918), la carga fiscal casi nunca excedía el 5 % del PBI. Posteriormente, con las democracias universales representativas la presión tributaria nunca dejó de subir: crecieron tanto la cantidad de impuestos como la porción de sus ingresos que los agentes económicos privados resignan a manos del monopolio de la violencia de los burócratas del Estado que viven de los medios políticos. En la Europa occidental, luego de la Gran Guerra, la presión tributaria creció hasta 15 % y 20 % del PBI en los veinte. Posteriormente, en los treinta trepó hasta 30 % del PBI. Hoy en día, se ubica en niveles cercanos al 50 %. No obstante, los gobiernos democráticos han demostrado una tendencia hacia el déficit financiero y, por ende, al endeudamiento. Actualmente, la deuda pública en términos del PBI casi nunca se ubica por debajo del 40 % del PBI y en numerosas oportunidades se acerca o incluso supera el 100 %.

El aumento del tamaño del Estado y el avance de los medios políticos por sobre los medios económicos, los derechos naturales y las libertades individuales terminaron llevándose puesto el dinero mercancía, o sea, el patrón oro. Con un patrón monetario internacional basado en el oro, aunque no fuera total y hubiese encaje fraccionario, se hacía más complicado que los gobiernos generasen inflación. Si bien los reyes usufructuaban el señoreaje, no podían monopolizar la creación exponencial de dinero fiduciario. Sin embargo, la democracia, con las constituciones liberales, la división de poderes y los frenos y contrapesos, sí lo logró.

La consolidación de los regímenes democráticos universales y republicanos logró cumplir la máxima pretensión histórica de la casta política que, desde el antiguo Egipto, había soñado con que el dinero no tuviera ningún respaldo, para así poder multiplicarlo infinitamente. Nunca lo había podido lograr en 5.000 años. Más allá de los circunstanciales abandonos del patrón oro (incompleto), constantes a los largo de todo la historia, sobre todo en tiempos de guerra, los Estados se terminaban viendo obligados a retomarlo.

Sin embargo, la democracia universal republicana logró en menos de 100 años lo que ningún otro régimen de gobierno había podido alcanzar en más de 5.000 años de historia. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon puso fin al sistema de posguerra de Bretton Woods. El dólar norteamericano pasó a no tener ningún respaldo en metal, ni en oro ni en plata. Se rompió el último y tenue lazo que desde 1933 mantenía unido al dólar con el oro. Luego, el 18 de diciembre de 1971, con el Acuerdo Smithsoniano, los países del mundo se comprometieron a mantener tipos de cambios fijos, pero sin el oro, ni ninguna moneda como respaldo. Pero el dólar se desmoronó y, en consecuencia, se pasó a un sistema de monedas fluctuantes entre sí. Así se consolidó un sistema monetario mundial en el cual todos los países, por primera vez en la historia, tienen un sistema de moneda FIAT (fiduciaria y de curso legal, obligatorio y sin competencia), cuyos billetes, emitidos monopólicamente por cada Estado, fluctúan libremente. En este escenario, los Estados pasaron a tener el monopolio del dinero FIAT, es decir, fiduciario y sin respaldo, pero libre de toda competencia en su mercado interno y con obligatoriedad de aceptación. La consecuencia fue inmediata: la setenta y los ochenta fueron el período de más inflación a nivel mundial. Las monedas han presentado una permanente tendencia a la inflación y devaluación.

GRÁFICO 1: INFLACIÓN EN PAÍSES DESARROLLADOS

Fuente: elaboración propia en base a Banco Mundial

Durante los últimos 58 años, la inflación en los países desarrollados acumula entre +369 % (Alemania) y +1712 % (Gran Bretaña). Por ejemplo, Estados Unidos (+749 %), Francia (+944 %) y Australia (+1381%) acumulan aumentos de precios minoristas que van de entre +750 % y +1400 % entre 1960 y 2018. Sin embargo, ha habido una disminución de la inflación en los últimos veinticinco años. A partir de los ochenta (desarrollados) y los noventa (emergentes), con la revolución iniciada y encabezada por el profesor Milton Friedman desde la Universidad de Chicago, que cambió la forma de hacer y conducir la política monetaria, dando en tierra con el manejo keynesiano y totalmente discrecional de la política monetaria, que tanta (creciente) inflación había causado entre los sesenta y ochenta, la política monetaria comenzó a ser conducida según reglas, primero de instrumentos, después de objetivos, y la inflación bajó marcadamente en los últimos veinticinco años: entre 1993 y 2018 la inflación acumula +200 % (mundo), +218 % (Asia Oriental y Pacífico), +248 % (LATAM) y +449 % (África). Más allá de todo, la tendencia alcista de la inflación sigue siendo muy marcada. Sin respaldo ninguno, con el monopolio del Estado emitiendo dinero y el curso legal obligatorio sin competencia de monedas dentro de cada uno de los países, con el sistema de encaje fraccionario y los bancos centrales actuando de prestamista de última instancia, las monedas FIATs tienen una tendencia permanente hacia la inflación y depreciación.

En estos últimos veinticinco años ha habido una creación y expansión récord del dinero bancario, los depósitos y el crédito artificial sin respaldo. En ningún momento de la historia de la humanidad hubo más dinero físico, más dinero bancario, más crédito y más deuda que en la actualidad. La masa monetaria total asciende a más de USD 95 trillones de dólares. De esta cantidad de dinero, solamente alrededor del 10 % es dinero físico. Según los últimos datos del BCE y de la RFEU, el circulante asciende a 9,8 % y 11,1 % de M², respectivamente. O sea, la masa monetaria total excede aproximadamente en diez veces a la cantidad de circulante (dinero papel) emitido por los bancos centrales. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, la masa monetaria total de EE. UU. crece +182 % en los primeros diecinueve años del siglo XXI. En ese mismo período, la masa monetaria total en UK (+242 %) crece todavía más que en EE. UU. Sin embargo, dicha performance es todavía mucho más vertiginosa en las economías emergentes. En China (+1381 %) y Brasil (+1312 %) se expande a una velocidad siete veces mayor que en EE. UU. Paralelamente, en Rusia (+2772 %) crece quince veces más que en EE. UU. Puesto en otros términos, en los casos de menor expansión, la masa monetaria total (dinero papel + depósitos) crece a un ritmo promedio anual que supera el 10 %, es decir, se duplica (como mínimo) aproximadamente cada siete años.