Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia: entre el posacuerdo y la globalización

Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia

Entre el posacuerdo y la globalización

Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia

Entre el posacuerdo y la globalización

Catalina Toro Pérez

Pablo Ignacio Reyes Beltrán

Ivonne Patricia León

Editores académicos

Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico Sociales

Gerardo Molina (Unijus)

Bogotá D.C., 2021

CATALOGACIÓN EN LA PUBLICACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia : entre el posacuerdo y la globalización / Catalina Toro Pérez, Pablo Ignacio Reyes Beltrán, Ivonne Patricia León, editores académicos ; producido por el Grupo de Investigación Política y Derecho Ambiental (PODEA). -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho Ciencias

Políticas y Sociales. Vicedecanatura de Investigación y Extensión. Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina (UNIJUS), 2021.

Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo

ISBN 978-958-794-467-9 (e-pub)

1. Medio ambiente -- Aspectos socioeconómicos -- Colombia 2. Conflicto armado -- Aspectos ambientales -- Colombia 3. Acuerdos de paz -- Aspectos socioeconómicos -- Colombia 4. Impacto ambiental -- Aspectos socioeconómicos 5. Afectaciones territoriales 6. Acceso a tierras ancestrales 7. Extractivismo 8. Globalización -- Aspectos ambientales 9. Investigación ambiental – Colombia I. Toro Pérez, Catalina, 1961-, editor II. Reyes Beltrán, Pablo Ignacio,1970-, editor III. León, Ivonne Patricia, 1985, editor IV. Grupo de Investigación Política y Derecho Ambiental (PODEA) V. Serie

CDD-23 363.7056109861 / 2021

Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia. Entre el posacuerdo y la globalización Colección Gerardo Molina

©Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

©Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

©Vicedecanatura de Investigación y Extensión

©Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, Unijus

©Catalina Toro Pérez, Pablo Ignacio Reyes Beltrán e Ivonne Patricia León, (editores académicos)

Primera edición, 2021

ISBN (impreso): 978-958-794-465-5

ISBN (IBD): 978-958-794-466-2

ISBN (digital): 978-958-794-467-9

Este libro resultado de investigación fue producido por el Grupo de Investigación Derecho y Política Ambiental, PODEA.

Dolly Montoya Castaño

Rectora Universidad Nacional de Colombia

Hernando Torres Corredor

Decano Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

Alejo Vargas Velásquez

Vicedecano de Investigación y Extensión

Preparación editorial

Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, Unijus

Pedro Elías Galindo

Director Unijus

Viviana Zuluaga

Coordinadora editorial

Julieth Leal

Asistente coordinación editorial

Hernando Sierra

Asistente coordinación editorial

Fabio Toro

Coordinador académico

Luis Miguel Solórzano

Asesor administrativo y financiero

Felipe Urrego

Corrector de estilo

Marisol del Rosario Vallejo

Diagramadora

Tatiana Roa Avendaño

Imagen de cubierta

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.

Hecho en Colombia

Made in Colombia

Autores

Editores académicos

Catalina Toro Pérez

Profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinadora del grupo de investigación Derecho y Política Ambiental. Doctora en Ciencia Política y autora de: Aprendiendo de saberes y haceres: Los nadies en tiempo de pandemia (2020), Los negocios de la naturaleza (neo-colonialismo y neo-extractivismo) en los Estados capitalistas/modernos/coloniales en América Latina y el Caribe. Luchas y horizontes emancipatorios en clave de ecología política (2020).

Pablo Ignacio Reyes Beltrán

Docente de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales; magíster en Derecho y politólogo de la misma institución. Miembro del grupo de investigación en Política y Derecho Ambiental. Autor en: Derecho y globalización. Las transformaciones del Estado contemporáneo (2016), Medios de comunicación. Elecciones regionales y proceso de paz (2016), entre otros.

Ivonne Patricia León

Docente de la Escuela Superior de Guerra y de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Derecho y politóloga. Miembro de los grupos de investigación Derecho Público y TIC y Política y Derecho Ambiental. Ha participado en las publicaciones: El otro de los estudios ambientales (2017), Escenarios del posacuerdo en Colombia (2016), Identidad y pensamiento latinoamericano (2013), entre otros.

CONTENIDO

Introducción

Posconflicto y conflictos socioambientales en tiempos de globalización. Extractivismo, embestidas contra líderes sociales y medio ambiente y crisis de la democracia

Catalina Toro Pérez

PARTE I.

GLOBALIZACIÓN Y TERRITORIOS. POLÍTICA, LEGISLACIÓN Y EL AMBIENTE

Globalización y ambiente: derecho, economía y territorio en Colombia

Pablo Ignacio Reyes Beltrán

Posibilidades del acuerdo de paz y la normatividad nacional sobre el ambiente

Fabián Andrés Rojas Bonilla

La ética del medio ambiente: implicaciones para la sostenibilidad de la paz

Mariela Inés Sánchez Cardona

Contradicciones y disputas: Ley Zidres y el proceso de implementación de la reforma rural integral

David Antonio Giraldo Vargas, Hugo Ernesto García Gómez

Biocolonialidad, literatura y posacuerdo

Laura Carolina Castañeda Sua, Yilson Javier Beltrán Barrera

PARTE II.

MARCO REFERENCIAL: INSTITUCIONES, CONFLICTOS, POLÍTICA SOBRE EL TERRITORIO, EL ESPACIO Y LEY ZIDRES

Entre la esperanza y el miedo. Rutas de la paz y posconflicto en Colombia

Ivonne Patricia León

Conflictos no-armados en época de posconflicto

Darío I. Restrepo, Diana Carolina Montoya Henao, Arnold Danilo Ojeda Monsalve, William Chavarro-Rojas

Inequidad espacial y de tierras: lectura comparada entre enfoque-territorial y territorios campesinos

William Chavarro-Rojas

Topologías de la naturaleza y naturaleza de las topografías. Lógicas espaciales e implicaciones territoriales de la relación comunidades-naturaleza en Colombia

Milton Pérez Espitia

PARTE III.

IMPACTOS DEL MODELO EXTRACTIVISTA SOBRE EL AMBIENTE EN COLOMBIA

La construcción de hidroeléctricas en Colombia: extractivismo, desplazamiento de poblaciones y ecocidio

Daniel Libreros Caicedo, Miller Dussán Calderón, Yeison Javier Aldana Holguín, Libia Alejandra Pineda Sierra, Tania Carolina Lugo Mendieta

El aplanador discurso a favor del fracking

Tatiana Roa Avendaño, Natalia Orduz Salinas

Conflictividades socioambientales en tiempos de posacuerdo: paz territorial y privatización de territorios comunes en la cuenca alta del río Magdalena (Huila - Tolima)

Camilo Andrés Salcedo Montero, Daniel Santiago Roldán Zarazo, Felipe Ovalle Villarreal

Afectaciones territoriales por los factores subyacentes tras el conflicto armado en los territorios indígenas de los resguardos de Chidima Tolo y Pescadito en la región del Darién chocoano

Niyireth Fernanda Gutiérrez Montenegro

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE TABLAS

INTRODUCCIÓN POSCONFLICTO Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN. EXTRACTIVISMO, EMBESTIDAS CONTRA LÍDERES SOCIALES Y MEDIO AMBIENTE Y CRISIS DE LA DEMOCRACIA

CATALINA TORO PÉREZ

Hablar de tierra significa para nosotros hablar del territorio como una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones sociohistóricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria, que concibe la tierra como abrigo, y el sentido del buen vivir. [...] la titulación de tierras, tal como la ha diseñado el actual gobierno, es una trampa; encarna una suerte de despojo legal a través del cual se busca que el campesino, una vez con el título de propiedad en sus manos, no tenga otra salida que la de vender o arrendar a las trasnacionales y conglomerados financieros, a los que sólo les interesa el saqueo exacerbado de los recursos minero-energéticos que están debajo del suelo. Dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agrocombustibles que alimentarán automóviles. [...] Lo aseguramos sin vacilación: la bancarización de la tierra derivada de la titulación acabará “tumbándole” la tierra al campesino. Nos están empujando a la extranjerización de la tierra y al desastre ambiental dinamizado brutalmente por la explotación minero-energética y forestal. La naturaleza como fuente de información genética no puede ser convertida en botín de las trasnacionales. Nos oponemos a la invasión de las semillas transgénicas y a la privatización y destrucción de nuestra biodiversidad y a la pretensión de hacer de nuestros campesinos pieza del engranaje de los agronegocios y sus cadenas agroindustriales. Están en juego la soberanía y la vida misma.

IVÁN MÁRQUEZ, DISCURSO EXPUESTO EN OSLO, NORUEGA, 2012

Ni modelo económico ni doctrina militar están en discusión. En la mesa de negociación no se va a discutir el modelo económico ni la inversión extranjera. Tampoco la doctrina militar o la propiedad privada.

HUMBERTO DE LA CALLE, RESPUESTA AL DISCURSO DE IVÁN MÁRQUEZ EN OSLO, NORUEGA, 2012

Por eso trazamos unas líneas rojas, que las hice explícitas desde el principio, que se han mantenido y se mantendrán hasta el fin del proceso. ¿Y qué significan esas líneas rojas? Que en La Habana no se discute nuestro sistema democrático, ni nuestro modelo económico, ni la propiedad privada, ni el tamaño ni el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, ni ningún tema –¡ninguno! – que esté por fuera de la agenda preestablecida. Cada decisión, cada paso, han sido planeados, analizados, estudiados a profundidad, pues desde un principio hemos tenido claro a dónde queremos llegar.

JUAN MANUEL SANTOS, 2015

La Paz no nos representa, ahonda la esclavitud de la madre tierra.

INDÍGENA NASA, 2017

Este diálogo de discursos enmarca el comienzo oficial de las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), en octubre de 2012. Allí se evidencia que en la agenda está ausente la discusión del modelo de desarrollo económico y político que sustenta las condiciones básicas de la organización de la sociedad colombiana en las últimas décadas (Giraldo, 2017). Este es un modelo basado en la economía especulativa —asociada al auge minero-energético como un valor que ofrece los mayores retornos— y, con ella, al poder corporativo: el poder político de las corporaciones multinacionales soportadas en las bases clientelares de los Gobiernos de turno, que legitiman el asalto permanente de la naturaleza y la devastación de culturas y ecosistemas.

Lo anterior evidencia Una contradicción que va a atravesar desde el primer momento los diálogos de paz, ya que tanto el modelo económico, como el modelo político y el modelo militar van a estar imbricados profundamente en las raíces del conflicto, que tocan radicalmente los problemas de tierra, modelo agrario, participación y reconocimiento de las víctimas de todas las injusticias. Abordar estos puntos sin tocar el modelo de desarrollo vigente produciría una paz ficticia o de apariencia.

El discurso promocional de la paz del expresidente Juan Manuel Santos, sobre todo en sus viajes al exterior; en sus reuniones con empresarios de multinacionales en Norteamérica y Europa; en sus visitas a las grandes compañías petroleras, mineras y agroindustriales, así como con el gran empresariado colombiano, expresa una representación de la paz centrada en los beneficios que esta le traería a la inversión extranjera y a las empresas multinacionales. Se posibilita la explotación de los recursos naturales, principalmente los minero-energéticos, sin el temor a ataques o extorsiones de grupos insurgentes.

El extractivismo extremo se asocia a dos conceptos claves para entender los conflictos socioambientales en el continente: maldesarrollo e injusticia ambiental (Svampa y Viale, 2014). El primero permite abordar el carácter insustentable de los modelos hoy en vigencia: el fracaso del modelo de desarrollo en términos de un modelo de “malvivir” de poblaciones vulnerables —pobres, pueblos originarios, mujeres, niños—. El segundo concepto refiere los costos en términos de pasivos ambientales en estas poblaciones —tierras degradadas, derrames de químicos utilizados por las industrias, derrames de minerales e hidrocarburos que destruyen el suelo y el mar, contaminación del agua potable, represas que se revientan inundando todo a su paso, modificación y destrucción de la flora y la fauna, muerte de animales, desertificación—.

La distribución de estos impactos refleja patrones históricos de injusticia social y ambiental que dan cuenta de profundas desigualdades al interior de nuestra sociedad desde el punto de vista social, étnico, de género. Así mismo, las empresas trasnacionales, con la promesa de invertir en nuestros países, se aprovechan de las legislaciones ambientales más favorables y permisivas para propiciar impunidad frente a la “contaminación” en los mercados de la naturaleza (Svampa y Viale, 2014).

Estos procesos en Colombia, que se profundizan bajo el Consenso de Washington en los años noventa y con los acuerdos de libre comercio a mediados de la primera década del siglo xxi, no son ajenos a la multiplicación de megaproyectos de extracción en el continente, que afectan aquellos territorios y medios de existencia no plenamente mercantilizados. Dichos procesos se manifiestan como ofensivas contra las comunidades indígenas y campesinas, así como contra amplios segmentos de la población urbana, al menos a partir de los siguientes aspectos: 1) un nuevo y ampliado énfasis en las políticas extractivas para controlar, extraer, explotar y mercantilizar todo tipo de bienes comunes naturales —petróleo, gas, minerales, agua, tierra fértil, playas, semillas, recursos genéticos, conocimiento tradicional (Toro Pérez, 2010)—, de la mano del desarrollo de megaproyectos turísticos e infraestructura hidráulica, carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria; 2) el impulso de un nuevo sistema industrial agroalimentario, en manos de grandes transnacionales, a costa de la exclusión masiva de los pequeños productores rurales y la desarticulación de las economías campesinas; 3) el reordenamiento de territorios orientado por la lógica del valor, desarrollo de infraestructura y expansión de procesos de urbanización, desarticulando el tejido social y avanzando sobre zonas de cultivo y de conservación (Navarro, 2017).

¿AMBIENTE PARA LA PAZ O PROFUNDIZACIÓN DEL MODELO EXTRACTIVISTA?

La intensidad renovada por la apropiación y explotación de los recursos minerales en Colombia, entre 2002 y 2010 —periodo en el que la actividad minera y de hidrocarburos aumenta su participación en la economía al pasar del 21 % al 82 % hasta llegar al 85 % (Cancino, 2012)— generó la multiplicación de megaproyectos extractivos que afectaron territorios y medios de existencia no plenamente mercantilizados. Este hecho complejizó el contexto del denominado “postconflicto” en términos de la ofensiva contra las comunidades indígenas, campesinas y amplios segmentos de la población urbana, a partir de procesos de control, extracción y mercantilización de los bienes comunes, incluyendo recursos estratégicos claves para la subsistencia de las poblaciones como el agua, la tierra, sus semillas y tradiciones culturales.

Las políticas y discursos de “la minería responsable, para el desarrollo sostenible” y “la paz con un enfoque territorial” (Jaramillo, 2016), se van a encontrar en el Gobierno de Santos (2010-2018) bajo la consigna de la “locomotora energética como motor del desarrollo”, lo que genera grandes fisuras en las movilizaciones sociales que, defendiendo la paz en las calles y pueblos, habían denunciado las disputas históricas sobre la expropiación de recursos que constituyen la matriz esencial de las comunidades rurales, como el agua, el acceso a la tierra y la autonomía alimentaria.

Dado el carácter intensivo y extensivo del modelo extractivo en términos del uso de la tierra, el agua y la naturaleza durante estas dos décadas, en Colombia se van a generar grandes niveles de acumulación de los recursos naturales, y con ello grandes impactos y conflictos ambientales entre los nuevos agentes empresariales, que van a expandir sus actividades bajo patrones agresivos en términos tecnológicos y las comunidades, que tienen otra forma de relacionarse con la naturaleza y entre sí mismas. Los conflictos socioambientales asociados a estas prácticas son entendidos como:

[…] las luchas generadas por los efectos de la contaminación en ciertos grupos o por los sacrificios causados por la extracción de recursos naturales, de los cuales muchos se convierten en incidentes colectivos, que motivan a personas de un lugar concreto a expresar críticas, protestar o ejercer resistencia, presentando reclamos visibles sobre el estado del ambiente físico y los probables impactos en su salud o en su situación económica, que afectarían sus intereses y también lo de otras personas y grupos. (Kousis citado por Pérez Rincon, 2014, p. 77)

Los conflictos socioambientales en estas dos décadas en el país son generados por diferentes tipos de actividades en distintos sectores de la economía, como la agroindustria, la infraestructura, la energía fósil, las fumigaciones aéreas, la generación de energía, la minería, la pesca industrial, el turismo, los residuos sólidos y el transporte marítimo. Estas actividades afectan a distintos tipos de comunidades —población urbana, campesinado, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes— en ecosistemas y territorios diversos: tierra, agua, páramos, humedales, bosques, ríos, mares, manglares, etc. De allí que las comunidades afectadas desarrollen diferentes tipos de resistencias sociales —movilizaciones, paros, protestas, denuncias, etc.— y recurran a instrumentos legales y jurídicos para defenderse y buscar la justicia ambiental —actos legislativos, consultas populares, acuerdos municipales, tutelas, acciones de cumplimiento, derechos a consulta previa entre otros—.

Por otra parte, los conflictos por el agua se multiplican con la distribución desigual, las dificultades en su acceso, la privatización de playas, manglares, ríos y bosques productores de agua, los impactos sociales y ambientales de las represas, así como la contaminación de sus fuentes y la discriminación en los derechos a la autogestión y representación democrática, donde se retoman las decisiones y se hacen las reglas del agua¹.

CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL CONTEXTO DE LOS POSTACUERDOS DE PAZ

Mario Pérez Rincón (2014) muestra que, de los 95 conflictos socioambientales recientes inventariados en ese momento en Colombia, 34 estaban relacionados con la minería. Dentro de estos casos resaltó dos conflictos de minería de oro emblemáticos por su magnitud y relevancia para el país, a saber, el del páramo de Santurbán en Santander, con presencia de la trasnacional Greystar, y la mina La Colosa, en Cajamarca-Piedras, Tolima, relacionada con la multinacional Anglo Gold Ashanti (AGA) de Sudáfrica (Flórez, 2012; García, 2012; Toro Pérez, Fierro Morales, Coronado Delgado y Roa Avendaño, 2012). Los casos de extracción y exploración de energía fósil explicaban el 23 % de los conflictos, destacándose el carbón con 12 (12,6 %) y el petróleo con 9 casos que equivalían al 9,5 % de las disputas ambientales. Por las características del sector, sus impactos y conflictos se desarrollaron aun desde los procesos de extracción y transporte hasta su colocación en los puertos de exportación. En diversos trabajos (Fierro Morales, 2011, 2012; Garay, 2013) se destacaron los conflictos de las minas de La Loma en la Jagua de Ibirico (Cesar), los relacionados con la empresa Drummond (EE. UU.), y la mina de El Cerrejón en La Guajira, donde tienen presencia bhp Billiton (Australia), Anglo American (Sudáfrica) y Xstrata (Suiza).

En el tema petrolero, varios casos emblemáticos han sido objeto de investigaciones académicas y científicas: la exploración en territorio U´wa, donde ha habido presencia de la Oxy (EE. UU.), Repsol (España) y Ecopetrol (Colombia), el caso de Pie de Monte Llanero en Meta, en donde varias empresas se encuentran operando desde 2011, entre ellas Ecopetrol, Oxy (EE.UU.) y la British Petroleum Corporation (Gran Bretaña), con continuos conflictos con las comunidades de la zona y una reciente consulta popular en Tauramena contra el uso de su territorio con fines extractivos. A este problema le siguen en importancia la extracción de biomasa en proyectos agroindustriales causantes de conflictos ambientales, que representaban el 14 % de los conflictos, allí se destacan las disputas asociadas con el cultivo de palma y los proyectos agroalimentarios.

ENERGÍA EXTREMA E (IN)JUSTICIA AMBIENTAL EN TIEMPOS DE PAZ

Seis meses antes de que la Corte de La Haya decidiera otorgar el 75 % del mar Caribe reclamado por Nicaragua a Colombia, en noviembre de 2012, frente las protestas del pueblo raizal, fue suspendido el permiso de exploración y explotación de petróleo y gas en las islas de San Andrés. Sin embargo, una vez obtenido el Nobel de Paz el expresidente Juan Manuel Santos el 8 de diciembre de 2016, visitó varias empresas con experiencia en la llamada operación costa afuera (offshore), entre ellas la empresa BP, causante del mayor derrame petrolero marino de la historia (Toro Pérez, 2017a, 2017b).

Dicho derrame causado por la BP sucedió en el Golfo de México y afectó el 80 % del territorio marino y costero de Luisiana, uno de los dos Estados más pobres de Estados Unidos. Aun así, continuaba perforando en el suroeste asiático, tratando de reconstruir en el mar Caspio, con una reputación deteriorada por los enormes impactos ambientales y sociales que se generaron en 2010, hasta que en 2015 tuvo un nuevo derrame en Azerbaiyán. Para ayudar a reconstruir su prestigio, en agosto de 2017 — bajo los auspicios de nuestro Nobel de la Paz— se elige a Felipe Bayón como presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), expresidente regional de BP para el Cono Sur de Suramérica, exdirector de exploración y producción de la misma firma y quien trabaja extendiendo los contratos de concesión en el mar Caribe y Pacífico.

Sin embargo, el modelo petrolero extremo en Colombia va a evidenciar impactos socioambientales. En marzo de 2018 se produce el derrame petrolero más grande de la historia colombiana, en el pozo 158 del campo La Lizama de Ecopetrol en Santander, donde 550 barriles afectan más de 30 km² del territorio, contaminando quebradas, caños y ríos, lo cual deja miles de animales muertos y ecosistemas perjudicados, así como un número de pobladores —campesinos y pescadores— sin sus medios de subsistencia. Esta vez, el antiguo funcionario de la BP³, declara que existen fallas de revestimiento en el pozo pero que, en comparación con las tragedias ambientales en América Latina este era solo un derrame menor (Caracol Radio, 2018).

Esto sucedió solo unos días después de la declaración de la directora del Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, que indicaba que “el petróleo tiene poco o cero impacto ambiental” en Colombia, defendiendo las compañías petroleras en términos de haber “asimilado muy bien” en los últimos veinticinco y treinta años todo el desarrollo del licenciamiento y evaluaciones ambientales en términos de “disminuir costos sociales y ambientales” de los impactos. Desde ese momento la Institución de Investigación Ambiental empieza a obtener ingentes recursos económicos provenientes de las empresas petroleras.

Dentro del marco del extractivismo “extremo” relacionado con los yacimientos no convencionales, ofrecido por el Gobierno de Santos a las empresas trasnacionales en Colombia, se expide la reglamentación para la explotación de nuevos yacimientos de fracking aun conociendo la experiencia de moratoria en Australia, Bulgaria, la prohibición en Francia, así como los estudios de impacto en términos de contaminantes peligrosos —niveles de arsénico, radioactividad y salinidad en proyectos de shale gas— tras veinte años de esta práctica en los Estados Unidos. Solo en la ronda Colombia de 2014 se ofrecieron 98 bloques para explotación de hidrocarburos, de los cuales 19 fueron ofrecidos para hacer fracking de petróleo y gas de esquistos o lutitas.