Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El largo camino de la lucha armada a lucha política democrática

Serie de Investigaciones Jurídico-Políticas

© Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá

© Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

© Vicedecanatura de Investigación y Extensión

© Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico Sociales Gerardo Molina, Unijus

© Carlos Medina Gallego autor, 2020

Primera edición, 2020

ISBN: 978-958-794-253-8 (papel)

ISBN: 978-958-794-255-2 (digital)

ISBN: 978-958-794-254-5 (IBD)

Dolly Montoya Castaño

Rectora Universidad Nacional de Colombia

Hernando Torres Corredor

Decano Facultad de Derecho,

Ciencias Políticas y Sociales

Alejo Vargas Velásquez

Vicedecano de Investigación y Extensión

Preparación editorial

Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, Unijus

Viviana Zuluaga

Coordinadora editorial

Fabio Toro

Coordinador académico

Luis Miguel Solórzano

Asesor administrativo y financiero

Hernando Sierra

Corrector de estilo

Marco Robayo

Diagramador

Imagen de portada

Marisol Vallejo

Conversión a ePub

Mákina Editorial

https://makinaeditorial.com/

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

La paz es un derecho y un deber

de obligatorio cumplimiento.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991

Este trabajo de investigación se procesó como libro

gracias al abrigo que me ofreció la Escuela de Cultura

de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Para ellos mi especial sentimiento de gratitud.

CONTENIDO

Prólogo.
El largo camino de la lucha armada a la lucha política democrática
PABLO CATATUMBO

Tu odio, nunca será mejor que tu paz.

JORGE LUIS BORGES

La reconciliación con la sociedad colombiana es un reto político. En el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) surgió de la última conferencia guerrillera, ad portas del Acuerdo especial de paz, cuando se determinó un “adiós a las armas” y a la guerra como paso trascendental al ejercicio de la política: una nueva forma de hacer la política.

La construcción de la paz debe estar arraigada en las realidades subjetivas y empíricas que determinen las necesidades y expectativas de la gente. A fin de hacer esto posible son bienvenidas todas las discusiones teóricas que sean necesarias para la comprensión de los diferentes conceptos, así como el análisis de las experiencias y las prácticas de la lucha armada, tales como las relacionadas con el poder, la participación, el Estado, la corrupción, la exclusión, la inclusión, la marginación, el terrorismo, la miseria, la pobreza, la ignorancia, los derechos, las libertades, los deberes, la dignidad humana o la desigualdad, y todos aquellos factores íntimamente relacionados con la construcción de una paz integral.

De la misma forma, en cuanto al empoderamiento pacifista inserto en el Acuerdo especial de paz como un elemento fundamental de implementación y desarrollo, es necesario señalar que aún faltan muchas contribuciones desde la academia para desestructurar el gran arsenal descriptivo, analítico y teórico del poder dominante en sus versiones clásicas de la política y la dominación social. Creo que, desde el ámbito académico, nuestro esfuerzo y nuestra experiencia histórica y política debe contribuir a la construcción de nuevas teorías, fundamentadas sobre la multidimensionalidad y la fractalidad del poder desde las configuraciones de la paz, así como del empoderamiento pacifista como estrategia de cambio y transformación social no violenta.

En razón a lo anterior, la investigación dirigida por el profesor Carlos Medina Gallego constituye un aporte muy importante a la fundamentación pedagógica, histórica, política y psicosocial sobre el pasado y el futuro de nuestra apuesta política de cambio de las estructuras excluyentes.

Nuestro país ha sido una nación debilitada y frustrada desde sus orígenes. Esto se remonta a cuando se independizó de España, que ya había arrasado con la población nativa y su cultura y nos impuso a sangre y fuego una cultura ajena de tradiciones retrógradas y ultramontanas.

Una vez se constituyó como la Gran Colombia, en la Santa Fe de Bogotá de entonces, se atentó contra la vida del libertador Simón Bolívar. En estas tierras asesinaron al Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, cuando ya se retiraba definitivamente de la política. No le perdonaron la idea de la patria grande que compartía con Bolívar. La explicación de esta máquina violenta desatada por las élites criollas la consigna Antonio Nariño con maestría en una sentencia que escribió para la historia: “Pareciera que no quisiéramos la libertad, sino el mando”.

Las denominadas “guerras civiles” entre federalistas y centralistas en el siglo XIX, así como la confrontación liberal-conservadora a mediados del siglo XX, nos dejaron un 10 % de población desplazada y más de trescientos mil muertos, la expropiación de tierras y la primera experiencia paramilitar por parte del Estado en defensa del régimen semifeudal y excluyente. Asimismo, la confrontación armada liberal-conservadora produjo un hecho notable y de enorme significado: la guerrilla liberal de Guadalupe Salcedo (cincuenta mil hombres en armas, entre otros destacamentos armados). Esa guerrilla fue traicionada por el directorio liberal de entonces y sus jefes; quienes defendieron al pueblo liberal fueron asesinados, perseguidos y encarcelados.

Pedro Antonio Marín, convertido luego en el legendario Manuel Marulanda Vélez, se inició como guerrillero liberal. Él, su familia, sus vecinos, compañeros y amigos fueron víctimas de esa guerra. A cambio, los guerrilleros de esa época fueron traicionados y asesinados. Por esta razón se asentó en Marquetalia, región del departamento del Tolima, y allí se inició lo que a la postre va a configurar la parte más importante de la historia de un conflicto armado de más de cincuenta años; allí lo alcanzó la nueva cruzada anticomunista, tal como lo describe de manera magistral Pedro Claver Téllez en Punto de quiebre.

Es necesario señalar que en este punto surge una notable discrepancia histórica con la investigación de la Universidad Nacional de Colombia, realizada bajo la coordinación del profesor Carlos Medina, pues en el texto se asegura que el origen de las Farc fue el Partido Comunista y que estas se convirtieron en “su brazo armado”. El cruce de caminos entre las Farc y el PCC tiene una complejidad mucho mayor que la de las teorías clásicas del marxismo-leninismo de la primera mitad del siglo XX, y solo puede comprenderse si se concibe el surgimiento autónomo de la autodefensa campesina del sur del Tolima como un hecho de resistencia y contestación ante la violencia oficial, las traiciones a los acuerdos y el vacío político dejado por la aniquilación de los liderazgos campesinos de origen liberal de aquel entonces. En esa violación sistemática del derecho a la vida se desconoció el adversario político, así como se torturó, se violó y se exterminó población indígena y negra, hechos por los cuales los gobiernos jamás rindieron cuentas ante la justicia por sus crímenes de Estado.

Esta guerra, que trascendió la confrontación política entre liberales y conservadores, se dirigió contra el denominado “enemigo político”, de modo que se declaró la guerra contra el comunismo cuando los conservadores consideraban como tales a los liberales y a los socialistas. Es en el marco de esa guerra que se hacen los ajustes del modelo de desarrollo económico en el que la posesión de la tierra se concentró aún más, las haciendas cafeteras prosperaron y el capitalismo criollo en el agro colombiano tuvo un periodo de desarrollo mientras destilaba sangre.

Ahora, la pacificación del establecimiento político produjo un fenómeno vergonzoso: el Frente Nacional, un acuerdo político durante dieciséis años entre las cúpulas de los partidos Liberal y Conservador, enfrentados para excluir al resto del país. Sin embargo, dado que la violencia estatal siguió, la población campesina victimizada no renunció al derecho a la rebelión contra los regímenes autoritarios y despóticos como derecho universal consagrado en 1789 por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Esta expresión del poder formalizó la violencia como forma de hacer política y acudió a todos los medios legales, como, por ejemplo, el estado de sitio (o de preeminencia de las Fuerzas Militares [FF. MM.]), en busca de la protección del régimen dominante y con el fin de alinearse en la geopolítica de la “Guerra Fría” a través de la doctrina de la seguridad nacional para conservar el statu quo autoritario y de exclusión. Por supuesto, este fue el germen de las siguientes guerras que han cobrado más de medio millón de muertos, nueve millones de desplazados, usurpación de tierras, centenares de miles de desaparecidos, torturados, viudas, huérfanos, exiliados, dolor y muerte sin fin.

De esta manera, las Farc fueron una confluencia de guerrilleros liberales, comunistas y sin partido, una estructura guerrillera que establece su propia dirección político-militar y con mucho celo cuidada por Manuel Marulanda Vélez a raíz de una terrible experiencia con la dirección de la regional comunista en el Tolima, la cual tomó decisiones que costaron la vida a más de mil combatientes que se hubieran podido ganar para la revolución. Desde esa época fueron estructuras distintas, con direcciones autónomas que diseñaban sus propias políticas, estrategias y tácticas. Obviamente, se compartían objetivos, concepciones revolucionarias, apreciaciones sobre el país y el mundo, así como sobre lo más destacado: la ideología. Debido a esa identidad, nuestras estructuras debían rendir honores militares a los miembros del Comité Central del Partido Comunista.

Tiempo después, en el marco de las negociaciones con Belisario Betancur y como parte de un acuerdo político por el que el Estado empeñó su palabra, las Farc-EP se convierten en plataforma de lanzamiento de un nuevo movimiento político: la Unión Patriótica (UP). Este se constituyó en el primer proyecto de unidad del país alrededor de la paz en ese tiempo y, de inmediato, caló en la opinión pública y comenzó a crecer. Lamentablemente, la cruzada anticomunista seguía ahí, herida por ese despertar popular en el que veía su propia muerte, de modo que se alzó con todo su arsenal de destrucción y terror. También se despertaron las mezquindades en las filas de la izquierda, pues creían que la UP les arrebataría su espacio político.

El profesor e investigador Carlos Medina Gallego acierta por completo al narrar los objetivos y la plataforma política de la Unión Patriótica, desarrolla los lineamientos de su programa de transformación del país y advierte cómo la UP se convirtió, luego de tres meses de campaña electoral, en “el fenómeno político” de 1986, de modo que era necesario eliminarla mediante la práctica criminal del terrorismo de Estado: el genocidio (delitos por los cuales ha sido condenado de manera reiterada el Estado colombiano). De igual forma, aborda con suficiencia las razones o causas del genocidio que ahogó en sangre la paz de Colombia. Entonces, volvimos a la guerra: cientos de perseguidos salvaron sus vidas y nutrieron nuevos frentes de las Farc-EP, así como algunos de los integrantes en un principio del Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán integraron Causa Común y se unieron a la UP, entre los que se cuenta a nuestro compañero y camarada de siempre Simón Trinidad, hoy victimizado por el imperialismo norteamericano a causa de delitos que jamás pudieron probar en su contra.

De forma paralela, las Farc-EP continuaron, en medio de su actividad militar, el trabajo de masas, la conquista de la conciencia y la organización de la gente en función de la toma del poder como acción política. Para lograrlo, se organizaban de diferentes maneras y por elección de la misma población, de acuerdo con las condiciones de la confrontación y su intensidad: juntas de acción comunal, sindicatos, asociaciones de tipo legal y otras clandestinas, el Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3), uniones solidarias, milicias y milicia bolivariana.

En su investigación, Carlos Medina Gallego se refiere a otro momento de la historia de las Farc-EP, se trata del lanzamiento del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. Sobre este episodio es menester expresar que se cae de su propio peso la afirmación de que las Farc privilegiaban lo militar sobre lo político, es decir, lo militar a la organización de pueblo, lo militar para la toma del poder. No hubo nada más costoso en materia política para la guerrilla fariana que el apoyo popular a la lucha, dirigida a la organización política como estrategia determinante de una insurrección popular que culminara con la toma del poder junto con el pueblo y para el pueblo.

El “Manifiesto Bolivariano” realizó un diagnóstico del país en el ámbito político, social y económico, así como de los efectos devastadores de las políticas del neoliberalismo, del narcotráfico y su impacto en el país mediante el conocido proceso 8000, la legalización del paramilitarismo en las cooperativas de seguridad Convivir (creadas y reglamentadas por los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper), conocidas antes como autodefensas y posteriormente como AUC, con vinculación de jefes del narcotráfico, especialmente con influencia y gestación en el departamento de Antioquia y la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, a partir de 1994.

La característica fundamental del Movimiento Bolivariano consistió en su política clandestina ante la represión del Estado. En este sentido, el “Manifiesto Bolivariano”, su pieza de divulgación política, desnuda el poder político en Colombia frente a un fenómeno violento y nauseabundo que poco a poco se tomaba el Estado a través del narcotráfico —en asocio con su poder económico y político— con la concurrencia de su clase dirigente y los medios de comunicación, y en el que los banqueros convivían y se enriquecían con el exceso y desbordado poder económico, razones que llevaron a la entrega de buena parte del poder coercitivo del Estado para que, en alianza con paramilitares, las Fuerzas Armadas y de inteligencia policial se combatiera a la insurgencia, se asesinara a líderes sociales y se amedrentaran comunidades agrarias mediante el genocidio.

Buena parte de estos episodios el país los sufrió como consecuencia de la apropiación de más de ocho millones de hectáreas de tierras. Esto arrojó más de ocho millones de desplazados forzados por el impacto de la violencia, situación que aún subsiste en el propósito de refundar la patria como una estrategia neofascista que se niega a desaparecer. La investigación cualificada y dirigida por el profesor Carlos Medina presenta unas aproximaciones sobre expresiones de violencia y de guerra en Colombia en el último medio siglo que constituyeron el actual sistema político.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, a través de sus más valiosos instrumentos, la Justicia Especial de Paz y la Comisión de la Verdad, se encuentra en la tarea de construir un nuevo relato sobre la guerra y para la reconciliación, por el que la sociedad colombiana, la comunidad internacional y los amigos de la paz estable debemos acompañar ese monumental esfuerzo. A esto se une la contribución del profesor Carlos Medina Gallego, como aporte académico en ese mismo camino, ante las versiones de la institucionalidad excluyente, encargadas de controvertir la historia mediante la parcialidad absoluta de su sentencia. Es, por tanto, la tarea de contar la historia con todas las voces.

La paz en Colombia tiene pocos pero muy poderosos enemigos tanto en el país como en el exterior. Cada minuto se dilapidan tres millones de dólares en la industria de la guerra, razón por la cual se produce armamento destinado a enfrentar, contener y eliminar el propósito de la construcción de la paz. Mientras subsista la economía de la guerra existirá un obstáculo para consolidar el camino de la democracia real. En nuestro país las contradicciones en el poder, en los partidos, en las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y en los sectores empresariales agrarios, mercantiles e industriales no desaparecieron frente al tema de la guerra; al contrario, esta los unía y los une aún.

La lucha por la tierra, por el salario digno, la educación, los derechos, la vivienda, la salud y la participación bajo la sindicación de comunismo se convirtió en la excusa para eliminar a los luchadores sociales y a los oponentes políticos ante esa situación de violencia criminal; en consecuencia, todos los colombianos que luchamos en el ejercicio legítimo del derecho a la rebelión, hermanados por el cambio social y político, fuimos convertidos en el “enemigo interno” de la sociedad colombiana. Así, se acudió al principio de Maquiavelo según el cual el “fin justifica los medios”, y no se reconoció que siempre existieron los elementos constitutivos del conflicto armado por razones sociales, políticas y económicas, de acuerdo con el derecho internacional público y el derecho internacional humanitario (DIH), aplicables en el país como parte suscribiente de los diferentes protocolos y acuerdos para humanizar el conflicto armado.

En este sentido, lo que dio origen al Acuerdo especial de paz de La Habana fue el reconocimiento histórico por parte del Gobierno nacional de la existencia de un conflicto armado con profundas y estructurales causas sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales. De esta forma, la unidad para la guerra se transformó en la posibilidad de la construcción de una paz estable y duradera. Se trata de una transformación difícil, penosa, con avances y retrocesos. Los vociferadores y enemigos a ultranza del Acuerdo especial de paz se resisten a entender la naturaleza histórica y filosófica de este proceso constructor. Algunos otros reclaman, casi siempre desde la comodidad, no haber decretado la muerte del capitalismo, no haber acordado con el Gobierno el triunfo revolucionario. Son radicales de palabra y pusilánimes de espíritu.

De la investigación académica del profesor Carlos Medina Gallego se deducen los temas y puntos fundamentales del Acuerdo especial de paz para la terminación de la guerra. En este sentido, destaca los cambios necesarios para el proceso de modernización del país, dimensiona la profundización de la democracia, los retos de nuestra organización política y, lo más importante, la proscripción de la violencia como método de acción política por todos los medios.

Por estas razones, las Farc-EP se transforman en partido político como Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, así como se transformó la guerra en paz. El partido nace con su programa y sus estatutos consignados en textos que describe de manera amplia el profesor en la investigación, y que incluso detalla a través de definiciones teóricas y académicas en procura de una mejor comprensión de su nuevo papel como adversario político en el escenario nacional.

¿Qué ha cambiado? Para resolver esta pregunta es necesario acudir a nuestras experiencias de la lucha armada y de las prácticas denominadas “autoritarias” por vastos sectores de la sociedad, pero que internamente se desplegaban mediante la expresión del método científico y dialéctico de construcción democrática, siempre presente en la organización política y militar (aun en sus momentos más difíciles frente a la degradación del conflicto armado y sus propias particularidades), y los cuales hoy se constituyen en referentes necesarios para el presente de nuestra vida política.

Somos aún revolucionarios: comunistas, socialistas, con expresiones y matices, que no se repelen en lo fundamental, sino que se complementan según la construcción política de cada ser humano caracterizado por sus experiencias, sus conocimientos y sus prácticas de la lucha revolucionaria. Asimismo, como estrategia en la toma del poder para el pueblo, primero, por la vía de las armas en cuanto vanguardia del proceso político; ahora, mediante la acción política en la confrontación de las ideas políticas, en la medida en que es una nueva forma de hacer política en su condición de adversario político. En este sentido, nuestra convicción política consiste en la lucha por la conciencia de las masas para el cambio a través de todas las organizaciones y espacios democráticos posibles. Todo con el espíritu de sacrificio, la disciplina, la tenacidad, la voluntad y la amplitud de pensamiento que nos dejó nuestra vida guerrillera en defensa de los intereses de la población más excluida y victimizada de Colombia.

La guerrilla fariana tuvo particularidades cuando confrontó por las armas el régimen hegemónico y logró poner en jaque al poder excluyente y dominante en Colombia. Las Farc-EP se desplegaron por todo el territorio nacional, de modo tal que se convirtieron en una fuerza muy seria que requirió de la intervención directa de potencias extranjeras —como, por ejemplo, Estados Unidos (EE. UU.), Inglaterra e Israel— en ejercicio de la doctrina de la seguridad nacional, a fin de garantizar el predominio de la burguesía nacional y del capital económico norteamericano y así detener su avance hacia el poder. En su crecimiento, nuestra resistencia revolucionaria contó con el apoyo irrestricto de enormes masas populares que, a causa de su solidaridad política, sufrieron el embate y la guerra a muerte por medio del terrorismo de Estado con aliados del crimen.

Esas particularidades del ejercicio de la resistencia armada y política por décadas están íntimamente relacionadas con la democracia interna en las Farc-EP, cuando, en el interior de su organización, se acudía a la participación y a la deliberación de sus decisiones, pero siempre en observancia de la disciplina armada que exigía la confrontación. De esta forma, si bien fue necesario contar con una estructura vertical de orden y mando, incluso esta organización siempre observó el consenso para las decisiones logradas por las mayorías en el interior de la guerrilla. Así, estaban reglamentadas las asambleas generales de guerrilleros, las cuales podían convocarse cuando fuera necesario para la discusión de los asuntos urgentes. De la misma forma, las conferencias nacionales de las Farc convocaban a toda su estructura mediante un debate amplio sobre los aspectos militares, políticos, organizativos o propagandísticos, y en temas referidos a la logística, la salud, la educación o el despliegue de la fuerza a través de los frentes o de bloques.

Como resultado de esta dinámica de construcción de la organización se elaboraban las tesis centrales a causa de una amplia participación en cada frente o unidad y se proponían listas de integrantes a los estados mayores, así como al Estado Mayor Central, como ejercicio de la democracia. Cuando se agudizó la confrontación armada y no se permitía esta amplia concepción, se acudió a medios de comunicación más seguros. Los integrantes del Secretariado Nacional hacían contacto diario, intercambiaban informes, opiniones y noticias, es decir, debatían el acontecer diario. En las Farc-EP se aprendió-construyendo a debatir con altura, con sinceridad, con la verdad y la honestidad de quienes no buscaban prebendas personales y siempre con respeto por los mecanismos democráticos y con acatamiento de las decisiones.

Nunca existieron componendas, listas ocultas, fraccionalismo, oportunismos o ruedas sueltas. Por supuesto, como en toda organización humana, hubo excepciones que le hicieron mucho daño al movimiento.

Sobre la construcción como partido político es necesario decir que las formas de la mecánica política dominante y tradicional en el escenario colombiano, en cuanto son una manera de hacer política, han intentado filtrarse pero han perecido en el camino de las convicciones. Además, sus exponentes cada vez pierden más credibilidad y seriedad mediante la autocrítica permanente en nuestros principios y valores políticos, los cuales se mantienen incólumes.

Asimismo, existía dentro de las Farc un partido político (eso sí, ¡nos faltó crear un partido liberal, otro conservador y otro socialdemócrata!); cada escuadra era una célula comunista en la que los mandos dejaban de serlo y se convertían en militantes al “mando” de los secretarios políticos que impartían los niveles de organización y educación. En su desarrollo e implementación se acudía a la discusión democrática una y otra vez, incluso en lo militar existía una instancia en la que se podían pedir expli-caciones, proporcionar informes y participar. La relación era diaria, cada veinticuatro horas, sobre el transcurrir de la vida cotidiana de la guerrilla.

En este tiempo, el Consejo de Política Nacional y las demás instancias de dirección del partido eliminan los caudillismos y se imponen las decisiones consensuadas y colegiadas como construcción política permanente. El cambio de las Farc-EP en armas al Partido del Común es fundamental y acorde con sus distintas manifestaciones. La guerrilla fariana era una estructura vertical como organización que implicaba un ejército irregular, con instancias y momentos democráticos que definían su vida militar y política. El nuevo partido, el Partido del Común, es una organización horizontal en el que cada integrante es un líder político, un organizador de la revolución democrática. El Partido del Común no es solo un partido de opinión, cuenta con una estructura y responsabilidades en las que se ejerce la democracia deliberativa, cuyas conclusiones se socializan y vuelve el ciclo de los disensos y consensos para obtener las conclusiones mediante tesis y antítesis. Es un partido de lucha y acción cuya forma de organización tiene que ver con el cumplimiento de metas y objetivos determinados y debidamente planificados.

El anticomunismo, que se ha sembrado profundamente en la sociedad colombiana y en otras del mundo, ha polarizado una sociedad a la que han conducido a una precaria educación en valores democráticos y ha permeado incluso a la izquierda, lo cual no permite un debate serio sobre el centralismo democrático. Este es un principio de organización, un método, no es más; no restringe la democracia interna. Lo que sí restringe es la acción política sin argumentación, porque en el centralismo democrático se establece la dirección ideológica que se traduce en acciones de lucha y se decide por mayorías. Las posturas minoritarias deben asumir las mayoritarias, aunque se esté en desacuerdo. Sin embargo, cuando llegue el siguiente momento del debate pueden participar con sus propuestas que, aunque derrotadas, son importantes para el ejercicio de los disensos.

Así, sucede que en el interior de las Farc-EP algunos llegaron sin entender esa práctica política, y adentro de la organización tampoco la aprendieron. De la misma forma, la ausencia de democracia en el ejercicio tradicional de la política colombiana produjo personas con egos desmesurados en cuanto expresiones de la conducta humana que nada tienen que ver con las ideologías. Además, ese fenómeno o condición humana aparece en las organizaciones políticas que suponen la interacción, el debate de las ideas y las satisfacciones personales, de lo cual no escapa el Partido del Común, a pesar de que se compelen mediante la disuasión y la construcción de valores.

Cada cual carga su propia historia, repleta de virtudes y defectos, de esta manera llega a la guerrilla y luego a la lucha política legal. Cada persona es un universo y así aporta a la lucha revolucionaria lo que tiene adentro. Unas veces predomina el egoísmo a cambio de la solidaridad y la fraternidad como práctica del ejercicio de construcción política.

En la X Conferencia Nacional Guerrillera de las Farc-EP se aprobó el Acuerdo general para la terminación del conflicto (previamente se había cumplido con su pedagogía). Esta pedagogía se llevó a cabo en todas las estructuras de la organización mediante asambleas guerrilleras en las que los combatientes tuvieron la oportunidad de opinar de forma amplia sobre los distintos temas tratados, y así llegar a conclusiones consensuadas. De igual forma, se habían recibido los informes elaborados por las asambleas guerrilleras como producto del debate democrático. En el transcurso de la negociación se tuvo informada a la guerrillerada de cada avance y retroceso, muy a pesar de las dificultades que imponía el Gobierno con respecto a las comunicaciones y la posibilidad de una tregua bilateral. Basta con observar las decenas de videos que se hicieron públicos y se difundieron por el mundo en los que la guerrillerada debate sobre los temas estructurales, la guerra y la paz, así como sobre su compromiso con el pueblo y con los cambios necesarios en la sociedad, con el fin de incorporar al sistema político más derechos y más libertades. Así, guerrilleros y políticos informados hicieron suyos los debates de la agenda del proceso de negociación, y luego hicieron lo propio con el Acuerdo especial de paz.

Ahora bien, al profesor Carlos Medina Gallego, así como a todo el grupo de investigación, es necesario hacerles un reconocimiento por su esfuerzo académico, el cual contribuye al análisis dialéctico de nuestro compromiso político con los colombianos más excluidos, al acometer los temas que constituyen los ejes de construcción de una paz integral desde los escenarios del saber. No queremos una paz anémica —como es el deseo de los gobiernos del orden y la seguridad a raja tabla— y en contra de los derechos y de las libertades del pueblo. Tampoco queremos una paz amnésica, aséptica y afásica. Estamos en la arena política con el propósito de luchar por una paz luminosa, vinculante, deliberativa, incluyente, solidaria y responsable de un Estado que hoy se encuentra al servicio de la exclusión.