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El reto de la construcción histórica del conflicto en Colombia / Juan Camilo Rodríguez Gómez [y otros] ; Gerardo Barbosa Castillo, Andrés Rolando Ciro Gómez, Édgar Solano González (editores). - Bogotá : Universidad Externado de Colombia ; Ejército Nacional de Colombia. 2020.
529 páginas : mapas, gráficos; 21 cm. (Ejército, Institucionalidad y Sociedad ; 9)
Incluye bibliografía al final de cada capítulo.
ISBN: 9789587903584
1. Colombia. Ejército Nacional 2. Conflicto armado – Colombia 3. Reparación de víctimas – Colombia 4. Justicia transicional – Colombia 5. Garantías de no repetición – Colombia 6. Acuerdos de paz -- Colombia I. Barbosa Castillo, Gerardo, editor II. Ciro Gómez, Andrés Rolando, editor III. Solano González, Édgar, editor IV. Universidad Externado de Colombia V. Ejército Nacional de Colombia VI. Título VII. Serie
323.04 SCDD 21
Catalogación en la fuente -- Universidad Externado de Colombia. Biblioteca. EAP.
Abril de 2020
ISBN 978-958-790-358-4
© 2020, GERARDO BARBOSA CASTILLO, ANDRÉS ROLANDO CIRO GÓMEZ
Y ÉDGAR SOLANO GONZÁLEZ (EDITORES)
© 2020, EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA
© 2020, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Calle 12 n.º 1-17 Este, Bogotá
Teléfono (57-1) 342 0288
publicaciones@uexternado.edu.co
www.uexternado.edu.co
Primera edición: junio de 2020
Diseño de cubierta: Departamento de Publicaciones
Composición: Karina Betancur Olmos
Impresión: Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S. - Xpress Kimpres
Tiraje de 1 a 1.000 ejemplares
Prohibida la reproducción o cita impresa o electrónica total o parcial de esta obra, sin autorización expresa y por escrito del Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas en esta obra son responsabilidad de los autores.
Diseño epub:
Hipertexto – Netizen Digital Solutions
CONTENIDO
PRESENTACIÓN
Andrés Rolando Ciro Gómez
INTRODUCCIÓN
Gerardo Barbosa Castillo
Édgar Solano González
1
LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD EN COLOMBIA: CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Juan Camilo Rodríguez Gómez
Resumen
Introducción
I. La verdad y la construcción de paz
A. El conflicto armado colombiano: un contexto histórico
B. El Acuerdo de Paz
II. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
A. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
B. Características y desafíos de la Comisión
C. Composición de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
D. Instalación de la Comisión de la Verdad de Colombia
Conclusiones
Bibliografía
2
PERSPECTIVAS DE HISTORIA Y MEMORIA ALREDEDOR DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
Juan Camilo Rodríguez Gómez
Resumen
Introducción
I. Dimensiones metodológicas de los tipos de memoria
A. Memoria individual
B. Memoria institucional
Fuerzas Militares de Colombia
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
C. Sociedad civil
D. Aspectos teórico-metodológicos
¿Memoria-historia?
II. Consideraciones adicionales sobre la verdad
III. En torno a la relación verdad-justicia
IV. Particularidades de la construcción de memoria histórica para el caso del conflicto colombiano
V. Debates metodológicos
Conclusiones
Bibliografía
3
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LAS PERCEPCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA EN COLOMBIA
Juan Camilo Rodríguez Gómez
Resumen
Introducción
I. Algunos antecedentes
II. Los nuevos tiempos
III. Para enfrentar el posconflicto
IV. ¿Hacia una nueva imagen?
V. Representaciones públicas y discursivas
A. Función estratégica
VI. Los discursos
Unas líneas finales
Bibliografía
4
EL AMPARO ECONÓMICO DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD POR ACTOS DE SERVICIO
Magdalena Correa Henao
Resumen
Introducción
I. Derecho al trabajo de las personas con discapacidad
A. Sobre la noción de discapacidad
1. Modelos históricos de comprensión de la discapacidad
a. Modelo de la prescindencia
b. Modelo médico o rehabilitador
c. Modelo social o biopsicosocial
2. Distinta de la invalidez y de la incapacidad
B. Protección jurídica de las personas con discapacidad
1. DIDH
2. Protección constitucional
3. Protección legal
4. Protección jurisprudencial
II. La protección de los derechos y libertades económicas de las personas con discapacidad
A. DIDH
B. Protección constitucional y el derecho de ganarse la vida
C. Legislación interna
D. Jurisprudencia constitucional
III. Los miembros de la Fuerza Pública en situación de discapacidad
A. Misión constitucional formal y material de la Fuerza Pública
B. Legislación y política pública de discapacidad en la Fuerza Pública
C. El Sistema de Gestión de Riesgos y Rehabilitación Integral
D. El Centro de Rehabilitación Inclusiva (CRI)
E. La reubicación laboral: una garantía concebida desde la jurisprudencia constitucional
IV. Balance sobre la justicia y eficacia de las normas y medidas adoptadas para garantizar la inclusión económica y laboral de los soldados y policías en situación de discapacidad
A. La esencia de la construcción jurídica
B. Los resultados concretos de la intervención del Estado
V. Apuntes finales
Bibliografía
5
RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN
Magdalena Correa Henao
Resumen
Introducción
I. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición
A. Jurisdicción Especial para la Paz
B. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
C. Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado
II. Régimen de responsabilidad
A. Jurisdicción Especial para la Paz
1. Tribunal para la Paz
2. Salas de justicia
3. Unidad de Investigación y Acusación
4. Demás funcionarios
B. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
1. Régimen penal y disciplinario
2. Reglas comunes
C. Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado
1. Régimen penal y disciplinario
2. Reglas comunes
III. Reflexiones en torno al régimen de responsabilidad de los funcionarios del SIVJRNR
A. Inviolabilidad a favor de los comisionados de la CEV y los magistrados de la JEP
1. Comisionados de la CEV
2. Magistrados de la JEP
B. El juzgamiento de los magistrados de la JEP y los comisionados de la CEV ante el Congreso
Conclusiones
Bibliografía
6
USO DE LA FUERZA POR PARTE DE LAS FUERZAS MILITARES: RECOMENDACIONES TEÓRICAS
Édgar Solano González
Resumen
I. Cuestión
II. Retomando los paradigmas
A. Incidencia de la caracterización del conflicto
B. El uso de la fuerza: entre dos paradigmas
III. Especificidades del paradigma de la conducción de hostilidades: principios marco de su aplicación
A. Principio de necesidad
B. Principio de proporcionalidad
C. Principio de distinción
D. Principio de precaución
E. Principio de limitación
F. Principio de humanidad
IV. Casos especiales según reunión de expertos
A. El uso de la fuerza contra objetivos lícitos en conflictos armados internos
B. Motines en situaciones de conflicto armado
C. Lucha contra la delincuencia
D. Intentos de evasión y motines en situaciones de detención
E. Desacato de órdenes militares: puestos de control –protección de una zona– protección de propiedad militar
V. Propuesta para la regulación normativa del uso de la fuerza letal en el caso colombiano
A. La decisión político-militar y el procedimiento complementario al PMTD como parámetro de control
B. Principios normativos delimitantes del uso de la fuerza propuestos para la regulación legal
Un intento de conclusión
Bibliografía
7
LA PROLONGACIÓN DEL CONFLICTO ARMADO NO INTERNACIONAL EN COLOMBIA COMO PRESUPUESTO MATERIAL DE APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO: INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES
Édgar Solano González
Resumen
Introducción
I. Presupuestos materiales para la aplicación del derecho internacional humanitario
A. Elementos objetivos que configuran la existencia de un conflicto armado no internacional
B. Prolongación del conflicto armado en Colombia
1. Bandas criminales
2. ELN
3. Disidencia y rearme como consecuencia del postacuerdo con las FARC-EP
a. Subsistencia de actividades ilegales
b. Subestimación de estructuras que integran a los grupos armados organizados
Conclusiones de la primera parte
II. Aplicación del derecho internacional humanitario durante las etapas de investigación y juzgamiento de las conductas punibles perpetradas por los miembros de las Fuerzas Militares
A. Principios establecidos por el DIH en relación con el uso de la fuerza letal
B. Decisiones del sistema interamericano de derechos humanos
C. Sentencia C-084 de 2016
1. Contenido y alcance del fuero penal militar
D. Directiva 003 del 17 de diciembre de 2015, “por medio de la cual se establecen las pautas para la persecución penal de los crímenes de guerra en el territorio nacional”
Conclusiones de la segunda parte
Bibliografía
8
LAS COMPETENCIAS DEL EJÉRCITO NACIONAL PARA COMBATIR A LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS: UN ANÁLISIS NORMATIVO
María José Viana Cleves
Resumen
Introducción
I. De la Ley de Justicia y Paz a las directivas 15 y 16 de 2016
II. Las directivas ministeriales 15 y 16 de 2016
III. La Ley 1908 de 2018
IV. Proyecto de Ley 180 de 2018 en el Senado
Conclusión
Bibliografía
9
TENSIONES EN EL SENO DE LAS COMUNIDADES ÉTNICAS: UN BALANCE ESTADÍSTICO
Luis Rodolfo Escobedo
Gonzalo Cataño
Resumen
Introducción
I. Los grupos étnicos
A. Presencia de los grupos étnicos
B. Negritudes y comunidades indígenas por departamento
C. El universo amazónico
D. Las negritudes
II. Ejército y sociedad
A. Grupos étnicos atados a territorios colectivos en medio del conflicto armado y del crimen organizado
B. Los indígenas y la lucha por la tierra
C. Confrontaciones armadas y comunidades étnicas en Nariño
D. Los casos de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca
E. Conflicto armado y crimen organizado en el Chocó
F. Dinámicas del conflicto y del crimen organizado en la Amazonia
G. Dinámicas del conflicto y del crimen organizado en el Putumayo
H. Destino de las comunidades indígenas
I. El universo de la coca
Conclusiones
Bibliografía
NOTAS AL PIE
LOS AUTORES
PRESENTACIÓN
La colección Ejército, Institucionalidad y Sociedad surgió en el año 2016 como una de las iniciativas del Ejército Nacional de Colombia en su pretensión de propiciar espacios para la reflexión permanente sobre asuntos con incidencia en su legitimidad institucional.
El proceso de transformaciones que atraviesa el país implica repensar el papel de las Fuerzas Militares, puntualmente en el marco del constitucionalismo transicional, y reconocer que su papel no se agota en el campo de operaciones militares contra la amenaza, sino que incluye la recuperación de la dignidad de sus hombres, el reconocimiento de sus derechos fundamentales, el desarrollo de actividades para fortalecer procesos como los que demanda la implementación de los Acuerdos de Paz, la formación en democracia y derechos humanos, el desarrollo de la justicia transicional y dentro de ella la delicada implementación de los mecanismos de justicia y, en general, todas aquellas tareas que buscan propiciar la profundización democrática; ejercicio que demanda labrar y fortalecer los vínculos con la academia como espacio por excelencia para la duda, el cuestionamiento de los paradigmas, el disenso y la construcción colectiva del conocimiento.
Con este ánimo de acercamiento a la comunidad académica y científica, y de apertura y comunión con la sociedad a la que se debe, el Ejército avanza para que este empeño aporte insumos valiosos en la construcción de su nueva historia, una signada por el desarrollo de nuevas capacidades para el razonamiento y el pensamiento crítico, que contribuyan a afianzar su legitimidad a partir de la vivencia y defensa del ideal democrático.
En esta iniciativa ha sido fundamental la labor del Comité de Altos Estudios para el Fortalecimiento Institucional del Ejército (CAEFI), instancia administrativa que ha desarrollado numerosas investigaciones multidisciplinarias a partir del esfuerzo mancomunado de académicos de amplia trayectoria entre los que se incluyen integrantes del Ejército, en una labor que de forma progresiva diluye el nocivo distanciamiento entre civiles y militares, para el análisis de temas atinentes a la seguridad, el conflicto armado, el diseño institucional, las economías ilegales, las problemáticas sociojurídicas del conflicto, entre una amplia variedad de discusiones relevantes en la esfera pública nacional.
Con este propósito, la tercera entrega de la colección Ejército, Institucionalidad y Sociedad presenta a la comunidad académica, política, jurídica y a la sociedad en su conjunto, en el ámbito nacional e internacional, dos nuevos volúmenes que agrupan reflexiones con enfoque multidisciplinario acerca de aspectos interrelacionados y de importancia manifiesta en el escenario actual: (1) Víctimas del conflicto armado colombiano y (2) El reto de la construcción histórica del conflicto en Colombia.
El volumen 8 está compuesto por ocho estudios acerca de las víctimas del conflicto armado colombiano desde diferentes miradas de las ciencias sociales y jurídicas. Incluye una aproximación de carácter sociojurídico sobre la noción de víctima, su caracterización en el contexto de enfrentamiento armado y una revisión crítica del régimen de reparación de las víctimas militares y el reconocimiento de sus derechos en el contexto de implementación de los Acuerdos de Paz.
Por otra parte, se analizan de forma exhaustiva aspectos atinentes a cuestiones que suscita el uso de las minas anti-personal: su tratamiento jurídico como medio ilícito de combate y crimen de guerra y la labor de desminado humanitario desarrollada por el Ejército Nacional para reparar el tejido social de las comunidades víctimas de esta práctica atroz.
Finalmente, se realiza una aproximación a las circunstancias y la caraterización de los militares víctimas del Ejército Nacional para el período comprendido entre los años 2004 y 2017; y se evalúa, mediante el uso de herramientas estadísticas, el comportamiento de las demandas recibidas por el Ejército Nacional, instauradas por integrantes de la institución o por sus familiares en su calidad de militares víctimas, y se plantean posibles escenarios financieros para dar respuesta a las demandas futuras.
El volumen 9 está integrado por nueve textos, y su objeto de estudio corresponde al reto de la construcción histórica del conflicto en Colombia. Esta temática es dinámica y desafiante, comoquiera que la culminación del conflicto armado es una discusión inacabada y que la implementación de los Acuerdos de Paz suscritos en el año 2016 aún se encuentra en etapa germinal. En esa línea de análisis, se examinan las continuidades y discontinuidades del enfrentamiento armado y los criterios jurídicos que delimitan el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares, cuestión sustancial para el cumplimiento de sus deberes y la normatividad aplicable a sus actuaciones.
Se incluye un análisis desde el punto de vista del diseño institucional sobre el régimen de responsabilidad de los funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y, desde la mirada especializada de la historiografía, el texto dedica gran parte de su atención a los aspectos funcionales y metodológicos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y los ejercicios de construcción de historia y memoria colectiva.
En este volumen se incorpora un estudio sistemático y normativo de las medidas adoptadas para asegurar la inclusión laboral o económica de los soldados y policías que se hallan en situación de discapacidad, como resultado de su participación como miembros de la Fuerza Pública en el conflicto armado.
Por último, se realiza una reseña estadística y sociológica de las relaciones entre el Ejército y las comunidades étnicas que han sufrido la mayor afectación por el conflicto en los diferentes territorios del estado colombiano.
Los aportes que de manera independiente y autónoma realiza cada uno de los autores que prestan labores de asesoría en el CAEFI y cuyos análisis se incluyen en los textos que aquí se presentan revisten gran valor para la comprensión de las particularidades del conflicto, al tiempo que enriquecen el debate que posibilita la necesaria generación de opinión pública.
Finalmente, es imprescindible agradecer el apoyo y la colaboración y respetuosa orientación de la Universidad Externado de Colombia, casa de estudios que con profundo sentido de país ha hecho suya la causa de fortalecer la legitimidad institucional del Ejército Nacional, y reafirmar que esta iniciativa responde a una creencia profunda y sincera en la democracia y en la necesidad de que las Fuerzas Armadas avancen de la mano de los retos que apareja servir al logro de los cometidos de un Estado que se proclama social y democrático de derecho.
Andrés Rolando Ciro Gómez
INTRODUCCIÓN
Gerardo Barbosa CastilloÉdgar Solano González
Este noveno volumen de la colección Ejército, Institucionalidad y Sociedad aborda, en nueve artículos, aspectos atinentes a los retos que plantea la construcción histórica del conflicto en Colombia para conseguir el efectivo cumplimiento de los objetivos de esclarecimiento de la verdad, justicia, reparación y demás derechos de las víctimas del conflicto armado en el escenario de implementación del proceso de justicia transicional. Los trabajos que contiene este libro son: “La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia: creación y funcionamiento”, “Perspectivas de historia y memoria alrededor del conflicto armado en Colombia” y “Algunas reflexiones sobre las percepciones de la Fuerza Pública en Colombia”, producto de la investigación de Juan Camilo Rodríguez Gómez; “El amparo económico de los miembros de la Fuerza Pública en situación de discapacidad por actos del servicio” y “Responsabilidad de los funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, contribuciones de Magdalena Correa Henao; “Uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares: recomendaciones teóricas” y “La prolongación del conflicto armado interno en Colombia como presupuesto material de aplicación del derecho internacional humanitario: investigación y juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Militares” escritos por Édgar Solano González; “Las competencias del Ejército Nacional para combatir a los Grupos Armados Organizados: un análisis normativo”, de María José Viana Cleves; y, finalmente, “Balance estadístico del conflicto armado y de las tensiones en el seno de las comunidades étnicas”, estudio mancomunado de Luis Rodolfo Escobedo y Gonzalo Cataño.
En “La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia: creación y funcionamiento”, Rodríguez Gómez analiza la estructura y el desarrollo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición como institución garante de la reparación integral de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano, la resolución pacífica de los conflictos y la no repetición de los hechos victimizantes.
De acuerdo con este propósito, el autor revisa la composición orgánica, los métodos de selección y la puesta en funcionamiento de la Comisión, y posteriormente examina las tensiones generadas a su alrededor y realiza un análisis comparado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en un contexto internacional.
No obstante la claridad de su mandato como una valiosa herramienta para garantizar el derecho a la verdad y reforzar el derecho a la justicia, en opinión del autor la Comisión enfrenta al menos tres desafíos indiscutibles: en primer lugar, este organismo debe ejercer sus funciones en armonía con su papel de promover relaciones de tolerancia, respeto y confianza entre los diferentes actores del conflicto, es decir, en clave de reconciliación e imparcialidad; en segundo lugar, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad constituye un caso atípico entre sus pares en América Latina dada la continuidad del conflicto en gran parte del territorio nacional, circunstancia que puede representar, en su ejecución, barreras de seguridad, desconfianza e intentos de deslegitimar la labor de sacar a la luz la verdad; y finalmente, la incorporación de un enfoque amplio de carácter diferencial y transversal es un plan ambicioso de la mayor importancia en la ejecución de su labor y otro factor diferenciador frente a otras experiencias de esclarecimiento de la verdad en la región latinoamericana.
Por su parte, en “Perspectivas de historia y memoria alrededor del conflicto armado en Colombia”, Rodríguez Gómez realiza un balance crítico de las formas y los mecanismos que existen para construir reflexiones de memoria vinculadas al caso colombiano. Con ese objetivo, el estudio presenta una selección de investigaciones y relatos ligados con la memoria histórica y los organiza en las siguientes tipologías: teórico-metodológica; memoria individual; memoria institucional y memorias construidas por la sociedad civil.
Este trabajo proporciona insumos capitales para la construcción de memoria e historia del conflicto político, social y armado acontecido en Colombia y hace especial énfasis en las aplicaciones metodológicas que suponen para su conocimiento del tiempo pasado.
El estudio de Rodríguez destaca la paradoja en la actual coyuntura política y social, en la que el debate alrededor de la historia y la memoria puede convertirse en un nuevo escenario del conflicto. Frente a esto, el autor concluye con las siguientes orientaciones: es ineludible adoptar instrumentos de historia más que de memoria o de memoria histórica; los ejercicios de construcción histórica no se deben limitar a la memoria como realidad subjetiva de un individuo o una comunidad y se deben evitar los relatos vacíos, sin sustento y poco representativos y, al mismo tiempo, la búsqueda de una visión igual de frágil, como lo sería la de una verdad hegemónica u oficial. Finalmente, el autor retoma el caso de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, para plantear que la construcción de relatos históricos sobre el conflicto no es una tarea que solo le corresponda a esta entidad y que lo que ella construya no puede ser entendido como la verdad histórica, en singular.
En “Algunas reflexiones sobre las percepciones de la Fuerza Pública en Colombia”, su tercera contribución a este volumen, Rodríguez presenta una aproximación preliminar a algunas de las percepciones que se han generado alrededor de las Fuerzas Militares en medio del conflicto armado colombiano y las implicaciones que ellas han tenido en la sociedad civil.
Para alcanzar su propósito, el autor realiza una selección de la bibliografía enmarcada en el conflicto, en la participación de las víctimas en la construcción de la memoria y la relación con los actores institucionales; revisa la información existente en torno a la presencia de la Fuerza Pública en medio del conflicto armado y desarrolla una caracterización del lenguaje usado al referirse al adversario, lo cual también impacta en tales percepciones mutuas.
Rodríguez Gómez adopta como eje central de su trabajo la percepción como resultado de la sensación generada por un discurso y otras formas de comunicación que producen y se constituyen, por sí mismas en “modelos culturales”. En consecuencia, el análisis está basado en una amplia selección de documentos periodísticos y algunos textos escritos por víctimas y testigos excepcionales del conflicto. En el texto se subraya la percepción que la sociedad civil ha tenido de la Fuerza Pública durante el conflicto armado y luego avanza con el estudio de una parte de la bibliografía existente dentro del marco víctima o victimario del conflicto, teniendo como punto de partida la participación directa e indirecta de la Fuerza Pública, con el fin de acercarse a la percepción que se tiene de ella.
En el artículo “El amparo económico de los miembros de la Fuerza Pública en situación de discapacidad por actos de servicio”, Magdalena Correa Henao se pregunta sobre la forma como el Estado colombiano ha abordado la problemática de los miembros de la Fuerza Pública que han quedado en situación de discapacidad mientras se encontraban en actividades propias del servicio. Para responder a este interrogante, Correa lleva a cabo un estudio sistemático de las normas y medidas que se han adoptado para asegurar la inclusión laboral o económica de los soldados y policías que se hallan en esa situación, producto de su participación como Fuerza Pública en el conflicto armado.
Este análisis de carácter exhaustivo explora y describe el concepto de discapacidad y su diferencia con las nociones de invalidez e incapacidad. Posteriormente, la autora vincula este análisis con el tratamiento jurídico de protección que ofrecen las líneas del derecho internacional, constitucional, legal y la jurisprudencia a las personas en situación de discapacidad, el caso particular de los integrantes de la Fuerza Pública en esta condición y las garantías constitucionales de inclusión económica y laboral.
En su siguiente contribución, titulada “Responsabilidad de los funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, Magdalena Correa indaga sobre el régimen de responsabilidad de los funcionarios del Sistema. Para abordar esta cuestión, Correa divide su texto en tres partes: en primer término, analiza la estructura y configuración del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; en la segunda sección, describe el régimen de responsabilidad penal y disciplinaria de cada una de las entidades que integran el sistema a través de las diversas fuentes del derecho que lo determinan; y en la última parte presenta sus conclusiones y consideraciones finales.
El estudio puntualiza que el diseño institucional en relación con la responsabilidad de los funcionarios del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición ofrece garantías razonables para que estos servidores públicos afronten las consecuencias en caso de desconocer su compromiso con la búsqueda de la verdad, de los desaparecidos, la construcción de una justicia restauradora y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, persisten cuestiones por indagar en el futuro sobre este tema, en especial en relación con las formas en que se concreta el control a dichos funcionarios y en el sentido de que el sistema de investigación y juzgamiento ofrezca garantías suficientes para que las conductas sean imparciales, sujetas a derecho y que no estén mediadas por intereses de terceros. Lo anterior es de importancia manifiesta, frente a la singularidad y responsabilidad de estas entidades en la observancia de los objetivos de justicia y verdad en la implementación de los Acuerdos de Paz.
En “Uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares: recomendaciones teóricas”, Édgar Solano se propone identificar y proponer los criterios jurídicos que permitan delimitar el uso de la fuerza en la planeación, preparación y ejecución de operaciones militares en un escenario de postacuerdo. Con esta finalidad, el artículo se divide en tres etapas: una etapa de contextualización sobre el concepto de uso de la fuerza en operaciones militares, una parte descriptiva de casos particulares sobre aplicación de esta normativa y la última parte presenta una propuesta de regulación del uso de la fuerza en operaciones militares.
Solano González indaga por un procedimiento complementario para la toma de decisiones sobre el uso de la fuerza en una operación militar específica, como mecanismo de fortalecimiento jurídico del actual proceso militar de toma de decisiones mediante la inclusión de parámetros y principios desde la perspectiva de la responsabilidad política en la toma de decisiones. Esto último es de los aportes determinantes de este razonamiento que prevé la posibilidad de atribuir responsabilidades a las autoridades civiles que tienen un cierto margen de apreciación en la toma de decisiones sobre operaciones militares que tengan como fin la neutralización de objetivos militares de alto valor estratégico (OMAVE) y objetivos militares de interés nacional (OMINA).
Por su parte, en “La prolongación del conflicto armado no internacional en Colombia como presupuesto material de aplicación del derecho internacional humanitario: investigación y juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Militares”, Solano presenta un conjunto de argumentos fácticos y jurídicos sobre la necesidad de continuar con el uso de la normativa del derecho internacional humanitario en el periodo de postacuerdo, dada la prolongación del conflicto armado en la mayor parte del territorio nacional.
El trabajo de Solano aborda con precisión el estudio de los elementos objetivos de carácter fáctico que permiten constatar la existencia de un conflicto armado interno en el país. Posteriormente, se exponen los criterios jurídicos que autorizan a las Fuerzas Militares a hacer uso de la fuerza conforme al derecho internacional humanitario y justifican la aplicación de esta normativa durante las etapas de investigación y juzgamiento de las presuntas conductas punibles cometidas por sus integrantes, en relación con un conflicto armado o un enfrentamiento armado.
A su vez, María José Viana Cleves ha contribuido a este volumen con el texto titulado “Las competencias del Ejército Nacional para combatir a los Grupos Armados Organizados: un análisis normativo”. El objetivo del estudio es determinar de qué manera debe el Ejército Nacional ejercer sus competencias para combatir a los Grupos Armados Organizados, dentro del marco normativo vigente, contenido en las directivas 15 y 16 de 2016, la Ley 1908 de 2018 y el Proyecto de Ley 180 de 2018.
Frente a la problemática que plantea la transformación de las denominadas “bandas criminales” (Bacrim) en Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), por la modificación del tratamiento dado a los primeros mediante la normativa que regula a estos últimos (las directivas 15 y 16 de 2016 y la Ley 1908 de 2018), Viana Cleves realiza un breve análisis crítico de estas disposiciones. La autora construye un ejercicio de ponderación acerca de los efectos objetivos y jurídicos a los que conduce el cambio de caracterización de estos grupos y sus implicaciones para la actuación de las Fuerzas Militares y la jurisdicción competente para investigar y juzgar a sus integrantes.
El último estudio que integra esta obra fue desarrollado por Luis Rodolfo Escobedo y Gonzalo Cataño bajo el título “Balance estadístico del conflicto armado y de las tensiones en el seno de las comunidades étnicas” en el que se realiza un análisis de las relaciones entre el Ejército y algunas comunidades étnicas en diferentes territorios del país altamente afectados por el conflicto, específicamente los cuatro departamentos que tienen acceso al océano Pacífico (Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Chocó), más el Putumayo y el Amazonas.
Con base en un estudio de campo, la revisión de investigaciones y las bases de datos públicas, Escobedo y Cataño llevan a cabo una caracterización de seis departamentos afectados por el conflicto armado con predominio de población de origen étnico. En esta labor, los autores comienzan por un trazo demográfico de dichos territorios y sus comunidades; continúan con una reseña estadística del daño sufrido por el conflicto armado y la presencia de grupos armados y economías ilegales en estas zonas; y finalizan con una descripción de la relación de estas comunidades con la Fuerza Pública que hace presencia en estos espacios.
Con este volumen, el Ejército Nacional y la Universidad Externado de Colombia ofrecen valiosos insumos para manifestar en la esfera pública las diversas complejidades, tensiones y, a la vez, oportunidades que plantea la construcción histórica del conflicto armado colombiano, como ejercicio colectivo de rescate y preservación de la memoria de aquellos hechos asociados con la vulneración de los derechos humanos. Dicho ejercicio tiene por fin último trascender las dificultades que supone la superación del conflicto y alcanzar el cumplimiento de los derechos a la verdad, la reparación y la garantía de no repetición, entre otros. Ahora bien: la configuración colectiva de esta labor no debe desconocer el rigor historiográfico como eje metodológico que sustenta la credibilidad y la fortaleza en la referencia al pasado en el escenario actual de implementación de los Acuerdos de Paz.
1
LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD EN COLOMBIA: CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Juan Camilo Rodríguez Gómez
Pero el pasado solo se puede buscar, nunca se encuentra. NICOLÁS SUESCÚN, Los cuadernos de N
RESUMEN
El propósito del presente documento es analizar la estructura y el desarrollo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como garante de la restauración integral de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano, la resolución pacífica de los conflictos y la no repetición de los hechos victimizantes, desde su constitución en el Acuerdo de Paz y hasta el inicio formal de sus actividades el 29 de noviembre de 2018, momento a partir del cual corre el plazo de tres años para presentar el informe que deberá elaborar. Con este objetivo se revisa su composición orgánica, los métodos de selección y la puesta en funcionamiento de la Comisión; se señalan las tensiones generadas a su alrededor y se plantea un análisis comparado de la Comisión de la Verdad en un contexto internacional.
INTRODUCCIÓN
El propósito del presente documento es analizar la estructura y el desarrollo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), como garante de la restauración integral de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano, la resolución pacífica de los conflictos y la no repetición de los hechos victimizantes, desde su constitución en el Acuerdo de Paz de 2016 y hasta el inicio formal de sus actividades el 29 de noviembre de 2018, momento a partir del cual corre el plazo de tres años para presentar el informe que deberá elaborar. Con este objetivo se revisa su composición orgánica, los métodos de selección y la puesta en funcionamiento de la Comisión; se señalan las tensiones generadas a su alrededor y se plantea un análisis comparado de la Comisión de la Verdad en un contexto internacional.
I. LA VERDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, como mecanismo institucional transitorio para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado y contribuir a la reconciliación nacional, tiene por mandato esclarecer y promover el reconocimiento de:
- Las prácticas y los hechos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
- Las responsabilidades colectivas del Estado, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), los paramilitares y de cualquier otro grupo u organización nacional o internacional que haya tenido alguna participación dentro del conflicto armado colombiano.
- El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el ocurrido sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
- Los efectos del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia.
- Las consecuencias del conflicto sobre quienes participaron directamente en él.
- El contexto histórico, orígenes y múltiples causas del conflicto.
- Los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto.
- El desarrollo mismo del conflicto armado colombiano.
- Los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resistencia individual y colectiva.
- Los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones relacionadas con el conflicto.
Este primer apartado tiene como objetivo central la verdad y la construcción de paz, tomando como puntos de referencia para este análisis: (1) un breve repaso histórico del conflicto armado colombiano; (2) la condición de las víctimas directas e indirectas; y (3) el Acuerdo de Paz. El énfasis viene dado por el análisis sobre el papel desempeñado por las víctimas en las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
En cuanto al primer punto sobre la historia del conflicto armado colombiano, se asume el estudio de los informes presentados por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV); esto porque dentro del mismo Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, contemplado en el Acuerdo de Paz, se planteó que la CEV debería tener como insumo indispensable los informes y resultados de la CHCV. En este sentido, se debe aclarar que si bien la CHCV es un componente fundamental para la comprensión de la complejidad del conflicto y las responsabilidades de quienes participaron o tuvieron incidencia en él, esta instancia no debe confundirse con la Comisión de la Verdad, ya que dicha comisión no fue propiamente un canal de expresión de las víctimas y fueron otros su propósito y su alcance.
Para los otros dos puntos, además de los ensayos publicados por la CHCV, se tendrán en cuenta los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), los datos presentados por el Registro Único de Víctimas (RUV), el Decreto 588 del 5 de abril de 2017, por medio del cual se organiza la Comisión de la Verdad, los informes de la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre el desplazamiento forzado y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, así como informes realizados por las organizaciones nacionales e internacionales que han seguido y estudiado la evolución del conflicto armado en Colombia y el proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. El apoyo documental del presente trabajo toma en cuenta, además, la información que circula en medios de opinión.
A. El conflicto armado colombiano: un contexto histórico
El 5 de agosto de 2014, la Mesa de Diálogos de La Habana, en el marco de la agenda suscrita por las partes para adelantar las conversaciones de paz, dispuso la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), encargada de estudiar e investigar el origen y la evolución del fenómeno de la violencia en Colombia. El trabajo desarrollado por esta comisión es importante para entender el contexto en el cual se ha enmarcado el conflicto armado interno, dado que, si bien desde mediados del siglo XX se han establecido diversas comisiones con la intención de investigar la naturaleza de la violencia en Colombia, ninguna de estas ha tenido el carácter oficial que presenta la CHCV. Además, esta entidad posee dos particularidades sobresalientes: (1) surge en el marco de un acuerdo de paz; y (2) sus integrantes no fueron designados por el Gobierno Nacional, sino mediante un acuerdo entre las partes en la mesa de negociación, es decir, el Gobierno y las FARC-EP.
Como resultado de su labor, la CHCV presentó un informe compuesto por doce ensayos elaborados por cada uno de los expertos1 que la conformaron. De los documentos presentados por los comisionados se deriva lo siguiente:
Con el ensayo “Un conflicto armado al servicio del statu quo social y político”, Daniel Pécaut sostiene que “incluso cuando se trata de acontecimientos que se consideran rupturas históricas de envergadura, como las grandes revoluciones”, o para el caso colombiano el comienzo del conflicto armado interno, “el debate sobre los orígenes o sobre la multiplicidad de causas nunca se cierra” (Pizarro, 2015, pp. 4-5). El trabajo de la Comisión muestra diferentes puntos de encuentro y desencuentro en relación con el origen, los factores de persistencia y las víctimas e impactos del conflicto interno. Por ejemplo, en lo relacionado con el origen del conflicto, existen diferencias de fondo. Por una parte, María Emma Wills y Renán Vega consideran indispensable remontarse al pasado colonial, analizando las particularidades que luego dieron forma al Estado-nación en Colombia.
Para Wills, la formación del Estado-nación colombiano se distingue de la de los otros países en la región de acuerdo con sus secuencias y articulaciones históricas, dentro de las cuales se pueden destacar: (1) la creación de los partidos políticos tradicionales incluso antes de la consolidación del Estado, generando que fuesen ellos los actores centrales del proceso de constitución de una comunidad nacional; (2) un contexto institucional débil y un escaso intercambio económico; (3) recursos fiscales limitados, que impidieron que el Estado pudiese contar con un ejército sólido; (4) una geografía que imponía desafíos a la gobernabilidad, hecho que estaba reforzado por la resistencia de las regiones a la regulación centralizada. La coexistencia de estos factores, dice la autora, explica en parte el hecho de que durante el siglo XIX en Colombia se hubiesen presentado ocho guerras de carácter nacional y catorce regionales. Precisamente, cada uno de estos conflictos reforzó la filiación partidista y “la noción de que el adversario político era en realidad un enemigo” (Wills, 2015, p. 5).
En otra perspectiva, Darío Fajardo, Alfredo Molano, Sergio de Zubiría y Javier Giraldo Moreno encuentran la génesis del conflicto colombiano en las disputas agrarias de la segunda década del siglo XX. Para Molano (2015), por ejemplo, el conflicto armado comienza con la Violencia. Y la Violencia está asociada a dos factores originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el Estado (p. 1), en especial en zonas cafeteras, donde predominaban el arriendo y la colonización de tierras baldías.
En esta misma dirección, Giraldo Moreno sostiene que el acceso a la tierra es el factor crítico del conflicto en Colombia. “La carencia de tierras donde el campesinado pudiera cultivar alimentos y vivir de manera autónoma se traducía en la dependencia forzosa de las grandes haciendas”, con condiciones laborales muy precarias y que incluso llevaron, a inicios del siglo XX, al levantamiento de diferentes comunidades campesinas e indígenas, como la liderada por Manuel Quintín Lame (Giraldo Moreno, 2015, pp. 10-11).
Un tercer grupo de expertos (Francisco Gutiérrez, Jorge Giraldo Ramírez, Gustavo Duncan y Vicente Torrijos) ubica el origen del conflicto armado interno en el período posterior al Frente Nacional, claro está, sin que esto signifique desconocer una visión más amplia o histórica de la violencia en Colombia. Giraldo Ramírez plantea que el origen de los actores que han protagonizado la guerra en Colombia se remonta a la década de 1960, caracterizada por una oleada revolucionaria que desde Cuba impactó por igual a los estados débiles de América Latina (Giraldo Ramírez, 2015, p. 7).
Para Gustavo Duncan (2015), la extrema situación de exclusión que presentaba el país desde el último tercio del siglo XX es una de las causas fundamentales del conflicto interno. No solo hace referencia a la exclusión económica, sino también a la política y a la ausencia del Estado en las zonas periféricas del país. El Frente Nacional impuso serias restricciones a la competencia democrática, que sumada a las fuertes desigualdades en relación con la distribución del ingreso, la riqueza y la propiedad de la tierra, creó un contexto en el que la violencia insurgente se presentó, para algunos sectores de la población, como el único camino para exigir cambios o reformas sociales.
En cuanto a los factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto armado interno, se pueden observar algunos puntos coincidentes en los doce ensayos: “la cuestión agraria, la debilidad institucional, la honda desigualdad de los ingresos, la tendencia al uso simultáneo de las armas y las urnas o la presencia precaria y traumática del Estado en muchas regiones del territorio nacional” (Pizarro, 2015, p. 6), aspectos que constituyen un cúmulo de factores que han propiciado la construcción de una nación con distintos actores armados y políticos, enfrentados dentro de los diferentes hechos de violencia que se han presenciado a lo largo del siglo XX en Colombia.
Siguiendo lo propuesto por Sergio de Zubiría, también es posible identificar las dificultades para el logro de las reformas sociales, económicas y políticas como otra de las variables explicativas del prolongado conflicto armado colombiano. “La valoración sobre el contenido de las reformas sociales, la actitud de los sectores dirigentes frente a su obligatoriedad y su posibilidad de convertirlas en realizaciones prácticas, son factores importantes para comprender los orígenes del conflicto” (De Zubiría, 2015, p. 17).
Las causas del conflicto antes mencionadas han estado relacionadas con otras variables como la criminalidad, en especial desde la década de los ochenta del siglo pasado. Tanto el secuestro como el narcotráfico generaron nuevas dinámicas dentro del conflicto armado interno, aumentando la capacidad de acción y de impacto de los grupos guerrilleros, de las autodefensas y de los ejércitos privados al servicio del narcotráfico.
Se puede observar, así, que las causas del origen y la prolongación del conflicto en Colombia son múltiples e interrelacionadas. No obstante, se debe resaltar que la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido el factor de violencia más constante y de mayor importancia en el país de acuerdo con el diagnóstico de los comisionados. De hecho, el primer punto del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, presenta los esfuerzos y compromisos que se plantean desarrollar para generar una reforma rural integral.
El propósito de elaborar un documento alrededor de lo ocurrido durante los años de conflicto en Colombia, que tenga en cuenta la diversidad de explicaciones dadas a lo largo de la historia y en la multiplicidad de fuentes y de voces, lo inició la CEV el 29 de noviembre de 2018, día en el que inició oficialmente su mandato. “En una emotiva ceremonia, su presidente, el padre Francisco de Roux, aseguró que la verdad ‘debe ser un bien público, un derecho y un bien ineludible’. Vamos detrás de una verdad que responda a todas las víctimas, una verdad dolorosa, pero necesaria, sin sesgos ni negociaciones, buscada con la mayor libertad posible, sin intereses políticos’, aseguró” (El Espectador, 29/11/2018a). Esta tarea no está exenta de tensiones y críticas pero también hay quienes señalan su pertinencia. El excomisionado de paz Humberto de la Calle señaló en artículo de prensa:
Creo que es la comisión de las verdades. Porque precisamente no se trata de imponer una verdad sobre otra, que es otra de las dolencias que padecemos. Parte de la polarización actual es que nadie quiere ceder un ápice a la verdad del otro. Hubo masacres de un lado y del otro. Cada masacre, siendo de signo contrario, es sin embargo verdadera. Algunos piensan que es mejor el olvido. Barrer debajo de la alfombra y ya está. No es así. De la misma manera que en la justicia no caben las amnistías generales, hay que afrontar las verdades si queremos extirpar la semilla de la violencia (De la Calle, 30/11/2018).
B. El Acuerdo de Paz
Finalmente, y luego de un enfrentamiento de más de medio siglo, el Gobierno Nacional, presidido por Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC-EP, acordaron poner fin al conflicto armado interno. Tal decisión implica, en primera medida, la terminación del sufrimiento que han causado los diferentes enfrentamientos armados y, segundo, el inicio de una fase de transición que contribuya a una mayor integración de los territorios, a la inclusión social y al fortalecimiento de la democracia, como se señaló en el Acuerdo Final, que contempla seis puntos:
1. Reforma rural integral: la cual se enfoca en la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad, creando condiciones de bienes y buen vivir para la población rural.
2. Participación política: relacionada con la construcción y consolidación de la paz. Se requiere el fortalecimiento del pluralismo y la representación de diferentes visiones e intereses de la sociedad.
3. Cese el fuego, dejación de las armas y reincorporación de las FARC: tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP y la conversión de un actor válido dentro de la democracia por parte del grupo armado ilegal.
4. Solución al problema de las drogas ilícitas: se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando el enfoque general de derechos humanos y salud pública.
5. Víctimas: se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuya a la lucha de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, con mecanismos extrajudiciales que contribuyan al escla-recimiento de lo ocurrido. Tal sistema está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición.
6. Mecanismos de implementación y verificación: al igual que el anterior punto, se crea una Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, con el fin de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento y servir de instancia para la resolución de diferencias.
II. LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN
Como parte del punto número cinco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y con el fin de situar a las víctimas en el centro del proceso, el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP acordaron crear la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que junto a la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y razón del conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se articulan dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tiene como propósito consolidar un escenario institucional transitorio apropiado para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado, a la vez que contribuir a la reconciliación nacional. Los tres elementos que lo componen buscan garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los perjuicios de diferente naturaleza que hubieren padecido.
Estos objetivos suponen un panorama complejo y con diversos enfoques. Por un lado, sus actividades pueden estar comprendidas como un mecanismo de transición ficticia de la guerra a la paz (Gómez, 2017, p. 4), como ha sucedido en escenarios transicionales, entre ellos Perú y Guatemala o, por el contrario, concretarse como un proceso que contribuya en una verdadera transformación social, situación que ha de hacerse posible solo mediante estrategias concretas que habiliten la posibilidad de cambio asignada a estos sistemas con base en la historia, la verdad y la memoria de las víctimas.
Es de interés, por lo tanto, identificar el potencial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en términos de aclaración de hechos violentos y alcance de la verdad propuestos en el Acuerdo y reglamentados por el Decreto 588 del 5 de abril de 2017.
A. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
La Comisión es una entidad autónoma e independiente del orden nacional, de rango constitucional, con personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeta a un régimen legal propio, como lo señala el Acuerdo, establecida para un período de tres años, y un lapso previo de hasta seis meses para la preparación de su funcionamiento. En palabras de su presidente, el padre Francisco de Roux, su misión será la de “construir un informe final que establezca patrones de violencia y hechos victimizantes”, en la búsqueda de “la reconciliación y que contribuya a la no repetición de lo ocurrido” (El Espectador, 29/11/2018b).
El resultado del trabajo de la Comisión permitirá la construcción y preservación de la memoria histórica, así como el entendimiento de múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, aunque siempre ha sido clara en el hecho de que no busca la elaboración de una única historia o versión, una historia oficial, sino contribuir al conocimiento de las verdades, en plural, así puedan ser contradictorias. La Comisión deberá cumplir tres objetivos fundamentales, conforme al Decreto 588 (05/04/2017):
1. “La Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en el género, entre otros.”
2. “Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país, el reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales y colectivas […] y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violencias e infracciones como algo que merece el rechazo de todos.”
3. “Promover la convivencia en los territorios, es decir, ‘la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más alta cultura de respeto y tolerancia en democracia’. […] La CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y el reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado.” (pp. 5-6).
La ejecución de estos objetivos posibilitará no solo reconstruir y explicar lo ocurrido, sino además, contribuir a sentar las bases de la convivencia y la no repetición del conflicto. Por ello, la comisión permitirá esclarecer y promover el reconocimiento de las prácticas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, así como serias infracciones al derecho internacional humanitario (Decreto 588, 05/04/2017, p. 8). Simultáneamente, supervisará las responsabilidades colectivas del Gobierno Nacional, la guerrilla de las FARC-EP y diferentes actores directos o indirectos que hayan participado en el conflicto. La tarea es de inmensa envergadura, como lo comentó un columnista de opinión:
Conocer las dimensiones de los hechos de violencia ocurridos es una condición necesaria para el reconocimiento de las víctimas, su reparación y la no repetición. Si hubo cerca de 300.000 muertos, más de seis millones de desplazados, cerca de 80.000 secuestros, un número parecido de desaparecidos y alrededor de 20.000 hechos documentados de violencia sexual, se puede comprender que hay una compleja red de heridas que no cicatrizan y dolores que no han sanado, que abate a millones de compatriotas (Orduz, 13/11/2018).
Al desarrollo de la Comisión se suma un enfoque diferencial y de género, para poner énfasis sobre las diversas formas en las que el conflicto afectó a “mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y Rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos” (Acuerdo Final, 24/11/2018, p. 6), como también personas desplazadas y población LGBTI. Conocer este fenómeno promoverá un espacio de conciencia en la sociedad colombiana sobre las formas específicas en que el conflicto reprodujo mecanismos históricos de discriminación y estereotipos de género, para contribuir así a la creación de una sociedad más incluyente y justa. El desplazamiento forzado, el despojo de tierras, los cultivos de uso ilícito y el lavado de activos, producto del narcotráfico, serán otro foco de atención por parte de la Comisión.
En este sentido, para cumplir con los objetivos trazados, será indispensable ejecutar las funciones de la Comisión relacionadas con la investigación de cada uno de los componentes, la creación de espacios en el ámbito internacional, nacional y territorial, la convocatoria de personas que contribuyan al esclarecimiento de la verdad, la promoción de la orientación de las víctimas, la rendición de cuentas de forma periódica a la comunidad, entre otras.
B. Características y desafíos de la Comisión
La firma del Acuerdo y el fin del conflicto armado constituyen la oportunidad para que se esclarezca y conozca el pasado reciente de Colombia, las últimas cinco décadas de violencia. Es la posibilidad de romper con los ciclos de conflicto armado y proyectar un futuro de dignidad y una mejor calidad de vida. En este sentido, la trilogía verdad, memoria e historia es el núcleo central de la Comisión, pues si bien se propone revisar la historia, debe involucrarse además en las nuevas narrativas históricas fundadas en la memoria colectiva (Gómez, 2017). De esta forma, la memoria y la historia son elementos centrales en la aproximación a la verdad incluyente que refleje a la sociedad en su conjunto.
De acuerdo con Diana Marcela Gómez (2017, p. 7), la Comisión posee cuatro potencialidades: (1) el estudio de lo ocurrido en el marco del conflicto armado, (2) la invitación a un diálogo nacional, (3) la contribución a un proceso de sanación colectiva y (4) la profundización de un proceso de transformación. Estos resultados serán posibles si la Comisión, más allá de ejecutar sus funciones de publicación de resultados en forma periódica trasciende su labor hacia la integración de sus ámbitos de acción para la sociedad en su conjunto. Esto posee especial significación si se tiene en cuenta que, aunque en el pasado se establecieron en el país diferentes tipos de comisiones para estudiar los distintos momentos de la violencia (Zuluaga Aristizábal, 2015), en esta ocasión se considerarán dimensiones novedosas como la territorial y la perspectiva de género y, lo que es esencial, se deriva de un acuerdo de paz. Esta responsabilidad que asume la Comisión generará diversidad de tensiones. Desde su misma concepción se plantearon opiniones contrarias y a partir de su funcionamiento formal en noviembre de 2018, sin duda se multiplicarán: “[…] la Comisión de la Verdad tendrá que escucharlos a todos, y atribuir responsabilidades históricas no será una tarea bien recibida” (Semana, 08/04/2017).
C. Composición de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
El 9 de noviembre del 2017 se anunció la conformación de la CEV con el objetivo de aproximarse a la “verdad no judicial sobre los hechos más atroces ocurridos durante el conflicto armado colombiano” (El Tiempo, 09/11/2017). El órgano encargado de su elección fue el Comité de Escogencia, integrado por José Francisco Acuña Vizcaya, designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diego García Sayán, designado por el secretario general de las Naciones Unidas, Claudia Vacca, designada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, Álvaro Gil Robles, designado por el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y Juan Méndez, designado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, quienes también hicieron parte del proceso de selección de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP, organismos que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Para llevar a cabo el proceso de escogencia, se tuvo en cuenta la equidad de género, la diversidad étnica y cultural, y la transparencia y participación ciudadana, según lo dispuesto por el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Acto Legislativo n.º 1 de 2017 y el Decreto 588 de 2017.
Dentro de los primeros 34 preseleccionados se encontraban, por ejemplo, el integrante de la Comisión Colombiana de Juristas, Federico Andreu, el director de esa entidad, Gustavo Gallón, y el historiador Mauricio Archila, profesor de la Universidad Nacional de Colombia e investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). La publicación de la lista de los preseleccionados de la Comisión produjo una conmoción política y mediática. El ex presidente Álvaro Uribe se pronunció, afirmando que la candidatura de Archila era una apología al terrorismo, acusación desafortunada que causó revuelo en redes sociales y en colegas y alumnos del historiador que rechazaron semejante señalamiento (El Espectador, 11/11/2017).
Realizadas las entrevistas, el proceso de deliberación por parte de los integrantes del Comité de Escogencia llevó a la selección final. Se eligieron “once comisionados de la verdad –acompañados por un equipo interdisciplinario– que estarán en nueve regiones del país y a través de grupos móviles recogerán testimonios de todos los sectores que de manera voluntaria aportarán información sobre los hechos más graves del conflicto” (El Espectador, 29/11/2018b):
- Francisco de Roux, S. J. Trabaja con las comunidades afectadas por el conflicto, especialmente del Magdalena Medio, donde dirigió el Programa de Desarrollo y Paz. Es filósofo de la Universidad Javeriana y magíster en economía de la Universidad de los Andes.
- Saúl Franco Agudelo. Conoce las comisiones de la verdad de Sudáfrica, El Salvador y Guatemala. Es médico cirujano de la Universidad de Antioquia y magíster en medicina social, estudios adelantados en México.
- Lucía Victoria González Duque. Trabaja en la resolución de conflictos sociales y armados en Medellín, en el contexto de milicias urbanas y narcotráfico.
- Carlos Martín Beristaín. Trabaja en Colombia desde 1994 con distintas organizaciones sociales, iglesias, comunidades y víctimas.
- Alejandra Miller. Ex secretaria de gobierno del Departamento del Cauca. Economista y magíster en estudios políticos de la Universidad Javeriana. Desde 1998 ha conjugado su trabajo como docente con el activismo en el movimiento social de mujeres.
- Alfredo Molano. Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en Francia. Ha publicado numerosos libros sobre el conflicto en los territorios. Columnista de El Espectador.
- Carlos Guillermo Ospina. Militar retirado, abogado y administrador de empresas. Lidera desde 2013 la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto Armado.
- Marta Cecilia Ruiz. Periodista. Especialista en cubrimiento de la guerra en Colombia, las políticas de seguridad, las violaciones de derechos humanos, la parapolítica, el proceso de justicia y paz y las ejecuciones extrajudiciales.
- María Ángela Salazar. Afrocolombiana. Coordinadora y vocera voluntaria de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado en Antioquia y en la Corporación Viva la Ciudadanía.
- María Patricia Tobón Yagarí. Indígena con experiencia en la defensa de los derechos humanos. Abogada de la Universidad de Antioquia y especialista en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia.
- Alejandro Valencia Villa. Abogado y defensor de derechos humanos desde 1989. Fue asesor de recuperación de la memoria histórica “La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia”. A su vez, fue asesor de la Comisión de la Verdad del Ecuador y de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú.
Para la selección de los once candidatos se tuvieron en cuenta, según la presidenta del Comité de Escogencia, Claudia Vacca, cinco perfiles considerados necesarios para lograr un eficaz funcionamiento de la Comisión de la Verdad: (1) académicos, (2) defensores de derechos humanos, (3) comunicadores y profesionales en arte y cultura, (4) expertos en trabajos de memoria histórica y (5) representantes de las víctimas (El Espectador, 09/11/2017).
A partir del 8 de mayo de 2017 empezaron a correr los seis meses que la Corte Constitucional otorgó a la CEV para dar inicio formal a su trabajo, al declarar exequible la creación de esa institución. Durante este tiempo, los comisionados seleccionados se dedicaron a la creación del reglamento interno y a la metodología de trabajo para cumplir con su mandato. Dentro de sus principales actividades preliminares se destacan reuniones con víctimas, organizaciones sociales, excombatientes, grupos étnicos, entre otros (El Espectador, 06/05/2018). Según lo ha manifestado por diferentes medios de comunicación el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, el propósito es hacer presencia institucional en diez macrorregiones y 26 lugares. Además, se consideró también la creación de comisiones móviles por diferentes zonas del país.
A pesar de los avances alcanzados entre mayo y noviembre de 2017, las polémicas por diferentes actuaciones de la Comisión no han dejado de aparecer. Entre ellas, la controversia surgida por la solicitud que realizó la CEV al Ministerio de Defensa sobre la entrega de archivos de inteligencia, informes y bases de datos, algunos de carácter reservado, desde 1953 hasta la fecha, los cuales servirían como insumo para esclarecer graves hechos del conflicto armado (El Espectador, 12/07/2018). Al respecto, debe tenerse en cuenta que según “lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Estatutaria de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, Ley 1712 de 2014, no son oponibles las reservas en materia de acceso a la información pública frente a las violaciones de los derechos humanos o infracciones al DIH”. Así, “en cumplimiento de su mandato, la CEV podrá requerir de las instituciones públicas la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna” (Decreto 588, 2017, p. 11).
Sin embargo, los militares retirados asociados en Acore sentaron su voz de protesta al considerar que la información solicitada no podría ser pública por su grado de sensibilidad, en especial la exigida en el punto 29 de la solicitud, donde la Comisión pidió el registro de inteligencia sobre personas y organizaciones, así como hojas de vida del personal de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares (Agencia EFE, 11/07/2018).
Ante este hecho se pronunció María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional, recordando que la Comisión no puede atribuir responsabilidades individuales y que existe una prohibición expresa para ello. José Obdulio Espejo, uno de los críticos de la solicitud del padre De Roux, manifestó que este hecho mostraba un sesgo entre los comisionados a la hora de reconstruir la verdad del conflicto (El Espectador, 12/07/2018). Ante la controversia, el presidente de la Comisión decidió retirar el punto solicitado.
Luego de esta decisión, Vivian Newman, subdirectora de Dejusticia, consideró que “la Comisión tiene plenos poderes para acceder a todo tipo de información, incluso a la que compromete la seguridad nacional”. Por tanto, manifestó que “a pesar de ser un mecanismo extrajudicial, las autoridades no pueden oponerse a la entrega de toda la documentación que solicite y no solo la que pueda hacer referencia a las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH” (El Espectador, 12/07/2018).
Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos ordenó al Ministerio de Defensa facilitar el conocimiento sobre hechos que aporten al conocimiento de la verdad y restringir lo que atente contra la seguridad nacional. Luis Carlos Villegas, el entonces ministro de Defensa, y Francisco de Roux definieron el tipo de material que iba a ser recibido por la Comisión.
Citando el Decreto 588 de 2017, el padre De Roux manifestó que tienen “la facultad de llegar a toda la información, que incluye información reservada, la de inteligencia que se requiere para alcanzar el conocimiento de la verdad”. Además de las Fuerzas Militares, la Unidad de Víctimas, la Procuraduría y la Fiscalía hacen parte de las entidades a las cuales les han realizado este tipo de solicitudes, teniendo en cuenta, según lo señaló en ElPais.com, la privacidad absoluta de todo y “el diálogo entre las instituciones del Estado, respetando el lugar de cada una” (El País, 22/07/2018).
De esta forma, la Agencia Nacional de Tierras puso a disposición 35.000 cajas de expedientes, los cuales servirán para que los comisionados dispongan de un acervo de documentación sobre la relación entre las tierras y el conflicto armado. La metodología pensada para los diferentes procesos de acceso a la información está orientada a la transparencia en la información, la apropiación pública de la documentación, de los testimonios, de las diversas fuentes para el conocimiento de lo ocurrido (El Espectador, 01/08/2018). Al respecto, la comisionada Alejandra Miller afirmó: “[Q]ue esto no sea solamente la tarea de construir un informe –que es lo que vamos a hacer al final del mandato–, sino que el proceso mismo contribuya a que nos apropiemos de la verdad como un bien público, para que se entienda qué significa la verdad, cuál es el aporte de esa verdad a la construcción de la paz” (El Espectador, 09/09/2018).
Sin embargo, y pese a estar consignado en el Decreto 588, el pasado 18 de octubre se llevó a cabo la audiencia pública por la propuesta del representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez, en búsqueda de restringir documentación reservada a entidades como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Ante este hecho, el presidente de la Comisión se pronunció, y aseguró que “este proyecto de acto legislativo viola el derecho de las víctimas y la sociedad de conocer la verdad”, y que si esa posibilidad se vuelve constitucional, se rompería el Acuerdo de Paz, con la imposibilidad de llegar a la verdad (El Espectador, 18/10/2018).
Cada uno de estos escenarios lleva a concluir que lo relacionado con comisiones, que a lo largo de la historia reciente de Colombia han buscado identificar y describir las causas y el desarrollo del conflicto armado, han enfrentado diversidad de retos e inconvenientes, particularmente en lo relacionado con el acceso a ciertas fuentes de información. Además, otro tipo de circunstancias generan particularidades que, en principio, dificultan el proceso, como la transición presidencial, marcada por diferencias de fondo frente al proceso de paz. Ese múltiple escenario de complejidades en la aplicación de la justicia transicional y, en particular, del desarrollo de comisiones de verdad ha sido estudiado en perspectiva comparada y muestra que lo que se vive en Colombia en ese sentido no es del todo inédito y es de esperarse que se enfrente un camino de dificultades para el logro de una paz estable y duradera (Van der Merwe, Baxter, Chapman, 2009).
D. Instalación de la Comisión de la Verdad de Colombia
El 29 de noviembre de 2018 se dio inicio oficial al mandato de tres años que tiene la Comisión “para esclarecer los hechos más graves del conflicto armado colombiano”. En la ceremonia el padre De Roux, presidente de la Comisión, dijo que se había reunido con el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, y aseguró que “respaldaron el mandato de la Comisión de la Verdad. ‘Confiamos en su apoyo como oportunidad de pasar bien la página porque el texto del futuro se escribe sobre la verdad’” (El Espectador, 29/11/2018a).
En esta misma ceremonia,
representantes de víctimas de distintos sectores y regiones del país le pidieron a la Comisión de la Verdad que realice un trabajo colectivo e incluyente. Los invitados a expresar su compromiso con la verdad en este lanzamiento fueron: una indígena, un militante de la UP, una mujer trans, un policía víctima por minas antipersonas, una desplazada, un campesino despojado, un sargento del Ejército, una concejala líder de víctimas, un familiar de un empresario muerto durante su secuestro, una estudiante, un sacerdote, un excombatiente de las FARC y uno más de las AUC (El Espectador, 29/11/2018a).
En algunas columnas de opinión se criticó la escasa presencia estatal, más allá del consejero para el Posconflicto y de algunos militares. Llegó a afirmarse que el Gobierno “pretende convertir la memoria del conflicto en credo político de uniformados y estrado de propaganda reaccionaria” (De la Torre, 04/12/2018). A esto se sumaron críticas sobre la reducción del presupuesto destinado para CEV, y no sobra señalar la polémica suscitada por la designación del reemplazo de Gonzalo Sánchez en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, controversia que a su vez es significativa y muestra la sensibilidad que existe sobre una designación tan importante.
En los días previos a la instalación de la CEV y también luego de la respectiva ceremonia oficial del 29 de noviembre de 2018, se escucharon críticas al papel de esa entidad. Por ejemplo, el editorial del periódico El Colombiano señaló, en alusión al sesgo de izquierda con el que algunos califican a la CEV: “Y no es menor el desafío de lograr que esa verdad corresponda a los hechos, a la narración fidedigna de lo que pasó, en vez de hacer de ella un libreto para exoneración de responsabilidades y lavado ideológico de culpas según quien construya la verdad tenga afinidad con alguno de los principales actores de ese conflicto armado” (El Colombiano, 28/11/2018). De igual forma, columnistas como Darío Acevedo señalaron la “clara tendencia izquierdista” de la CEV y la calificó de “arrevesada e impertinente”, además de “fruto del interés político de las guerrillas por imponer una explicación justificadora de sus aventuras y crímenes en ropaje académico” (Acevedo Carmona, 03/12/2018).
En este sentido, es vital y urgente conservar una línea de rigor metodológico e historiográfico que permita la expresión, el registro y el análisis del amplio universo que va desde los testimonios de las víctimas hasta la comprensión del desarrollo del conflicto. No se debe prejuzgar el trabajo de la CEV sino, por el contrario, hacer el seguimiento de su tarea y otorgarle el apoyo para el éxito de su labor.
CONCLUSIONES
Como dijo la revista Semana (17/11/2018),
Llegó la hora de la verdad. A pesar de que la comisión no tomará caso por caso, apenas unos cuantos, los más representativos, servirán para explicar patrones y no solo situaciones. Cuesta arriba arranca la búsqueda del origen de la guerra y su posterior degradación. Si bien el mayor desafío, desde su nacimiento, ha sido ganar legitimidad en un contexto polarizado, ahora los comisionados se enfrentan a la limitación que implica un recorte de recursos –apenas recibirán 83.676 millones de los 130.000 que solicitaron para funcionar– y la incertidumbre de un posconflicto cada vez más violento.
No obstante, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tiene el ejemplo de la experiencia internacional con más de tres décadas y 30 comisiones que han desarrollado su mandato en diferentes países. Una eficiente ejecución de la Comisión podrá ser una valiosa herramienta para garantizar el derecho a la verdad y reforzar el derecho a la justicia. Su implementación posibilitará superar prejuicios y miedos escondidos durante décadas de constante conflicto, así como desarrollar relaciones de tolerancia, respeto y confianza entre los diferentes actores del mismo. “Su trabajo necesita como complemento, o incluso como requisito, un esfuerzo de reconciliación nacional. El informe que emane de sus entrañas puede servir justamente a ese propósito. Por el contrario, si termina por alentar en el país la división entre quienes consideran que en la guerra hubo un solo demonio y quienes creen que hubo muchos, sería alimentar nuevamente la espiral de la violencia” (Semana, 08/04/2017).
Por otro lado, se debe tener en cuenta lo que dijo Gonzalo Sánchez, ahora exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 1.º de agosto de 2018: “La memoria corre paralela al escenario del conflicto armado y también al escenario de construcción de la paz. La memoria constituye uno de los campos de lucha que en tiempos de transición, como los que vivimos, se pone en el centro del debate público” (CNMH, 2018).
Se abre así la posibilidad de iniciar un camino similar al de muchas comisiones establecidas en América Latina y en otras regiones del mundo azotadas por conflictos armados internos o tránsitos de dictadura a democracia. Debe señalarse sin embargo lo que es obvio: a diferencia de los demás escenarios, el contexto colombiano resulta atípico por cuanto el conflicto armado no ha finalizado, situación que puede representar, en su ejecución, barreras de seguridad, desconfianza e intentos de deslegitimar la labor de sacar a la luz la verdad. Diferentes factores mantienen en vilo el proceso de paz y en otras instancias continúan las acciones del Ejército de Liberación Nacional, crecen las bandas emergentes y las constituidas por quienes no se acogieron al proceso con las FARC, pululan el narcotráfico y diversas economías ilegales y, en fin, la garantía de una paz estable y duradera no depende únicamente de lo acordado con el principal grupo insurgente del país, ahora convertido en partido político. Por lo demás, es vital el ambiente político para la paz y la verdad y sobre esto, “se ha dado un tenaz antagonismo contra este proceso. Los opositores afirmaron con vehemencia que si los guerrilleros no son juzgados en términos del derecho penal vigente habrá impunidad. Sobre la Comisión de la Verdad (CV), han aseverado que su objetivo no es reconstruir la verdad de lo ocurrido con ocasión del conflicto armado, sino hacer una cacería de brujas” (Cortés Rodas, 06/11/2018).
Por último, la incorporación del enfoque diferencial y transversal en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera es considerada uno de los aspectos de mayor importancia en la ejecución de la Comisión. Esto la diferencia de otras comisiones de la región latinoamericana, y esta perspectiva novedosa posibilitará una mayor contribución a la verdad, la memoria y la reparación de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado colombiano. El enfoque territorial, diferencial y de género, en consideración especial para las víctimas, mujeres, niños y niñas, así como las poblaciones y los colectivos más humildes y vulnerables y, por tanto, más afectadas por el conflicto, podrá contribuir en una eficaz ejecución del mandato de la Comisión de acuerdo con lo definido por el Decreto 588 del 5 de abril de 2017 y desde luego, en el Acuerdo Final firmado por el Gobierno Nacional y las FARC. Para puntualizar la perspectiva de reconciliación que permita que se afiance una paz estable y duradera son orientadoras las palabras del excomisionado de paz Humberto de la Calle:
La clave es entender que la narrativa del contrario encarna una porción de verdad. La tarea del padre De Roux no es académica. No es historiográfica. Es enseñarnos a convivir con verdades distintas, todas verdaderas. Eso se llama conflicto. Ahí está la madre del problema: si se parte del principio dogmático de que aquí no hubo conflicto, no lograremos salir del imperio del absolutismo mental y político (De la Calle, 30/11/2018).
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PERSPECTIVAS DE HISTORIA Y MEMORIA ALREDEDOR DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
Juan Camilo Rodríguez Gómez
RESUMEN
En este artículo se realiza la aproximación a un balance crítico de las formas y los mecanismos que existen para construir reflexiones de memoria vinculadas al caso colombiano. Con ese objetivo, se adelantó una selección de investigaciones y relatos ligados con la memoria histórica y se organizaron en las siguientes tipologías: teórico-metodológica; memoria individual; memoria institucional y memorias construidas por la sociedad civil.
El propósito de este análisis es contribuir al debate sobre la construcción de memoria e historia del conflicto político, social y armado acontecido en Colombia, haciendo especial énfasis en las aplicaciones metodológicas que suponen para su conocimiento del tiempo pasado.
INTRODUCCIÓN
Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)1, Colombia entró en una nueva época de su vida política y social, junto con todo lo que de ella se deriva. El fin del conflicto, o al menos el de su expresión militar y armada, contempló el esclarecimiento y el conocimiento de la verdad de lo ocurrido, así como la aplicación de los demás componentes de la justicia transicional: justicia, reparación y garantía de no repetición2. Desde antes del Acuerdo y con mayor razón una vez se formalizó, diferentes grupos, organizaciones, instituciones e individuos han generado un debate político, mediático y también académico sobre cómo construir la tan anhelada verdad. De esta manera ha emergido la elaboración de la memoria histórica del conflicto como una de las posibles narraciones de lo ocurrido, involucrando diversas instituciones públicas y académicas, incluso a las Fuerzas Armadas, que han venido realizando avances en esta materia durante los últimos años.
Respecto al debate mediático, se presentó un hecho que causó especial controversia. Se trató de la decisión del Ejecutivo, por medio del Decreto 502, del 27 de marzo de 2017, que modificó la conformación del Consejo Directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, incorporando en él al ministro de Defensa o a su delegado3. Frente a esto, diversos sectores expresaron su opinión, considerándolo, por un lado, un hecho necesario para enriquecer la verdad al contar con tan importante actor del conflicto; por otro, como una amenaza que puede conducir a una verdad oficial que priorice la narración de ciertos hechos sobre otros4, en pro de la institucionalidad. Otro debate asociado con este problema ha sido el vinculado con el carácter de la futura Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad5. Académicos como Mauricio Archila han insistido en la necesidad de ese órgano y su énfasis relacionado con esclarecer las tendencias y los procesos estructurales de la violencia en el país6. Alejandro Castillejo, por su parte, ha destacado que la comisión debe ir más allá de recoger una serie de relatos o enfrascarse en un debate académico. En ese sentido, su naturaleza debe aglutinar a los involucrados en el conflicto, además de las víctimas y, por tanto, resurge la reflexión sobre los alcances de dicha comisión y lo que de ella se derivará, aspectos que son discusión que no termina7.
El recuerdo, la construcción de memoria, la referencia al pasado, la necesidad de observar el pretérito para comprender el presente son elementos esenciales y constitutivos del individuo y de la sociedad en la que habita. A lo largo de la historia han existido diversas manifestaciones, desde los relatos míticos primitivos que guardan cosmovisiones y nociones identitarias de distintos pueblos, en lo social; como los antiquísimos géneros de autobiografía, la hagiografía y biografía, en lo individual. En todos, la necesidad de preservar el recuerdo lleva a diversas estrategias para hacerlo y de ellas y su rigor historiográfico se deriva el sustento que pueda asignarle credibilidad, fortaleza, rigor, a una narración del pasado.
En tiempos más recientes, la emergencia masiva de estudios sociales y humanísticos, así como políticos y culturales asociados con la preservación y el conocimiento del pasado, adquirió especial fuerza a partir de la época de postguerra y la caída de los regímenes totalitarios en diferentes lugares del planeta luego de la segunda mitad del siglo XX. En un primer momento, estos estudios estuvieron ligados especialmente a las experiencias del Holocausto judío, amparados en las nociones modernas de justicia y la naciente de derechos humanos. Con la puesta en marcha de la Organización de las Naciones Unidas, la dimensión de la memoria pasó a ser una de las preocupaciones fundamentales en cualquier conflicto a escala nacional o internacional en donde se vean amenazados los derechos humanos.
Se podría afirmar, junto con Traverso, que “la memoria invade el espacio público de las sociedades occidentales: el pasado acompaña el presente y se instala en el imaginario colectivo” (Traverso, 2007, p. 13). Esta instalación de la memoria deja algunas reflexiones sobre la aproximación metodológica para su aprehensión porque las posibilidades del recuerdo y el relato son múltiples, diversas y hasta disímiles. Por ejemplo, la dinámica totalizante de las comisiones de la verdad, en las que, a la luz de Brants, se hace un uso de la historia en el que testimonio y memoria se centran en la “víctima”, lo cual conduce a desconocer ámbitos más amplios del conflicto, los partidos y grupos envueltos, las diferencias socioeconómicas pasadas y presentes y las relaciones de poder. Además, desde esta perspectiva, “el discurso sobre las violaciones a DD. HH. individuales enfocados en la víctima oscurece la historia de las acciones sociales y políticas, y la dimensión colectiva de la represión” (Brants, 2013, p. 43). De manera que perspectivas centradas en otros horizontes modifican sustancialmente el recuerdo que perdure del pasado. Así, escenarios y posibilidades de construcción de historia y memoria que en apariencia son simples y de fácil construcción, ofrecen más bien varios desafíos alrededor de la manera de hacerlo e incluso abarcan debates éticos sobre el qué recordar, por qué recordar o cómo recordar.
En este artículo se realiza la aproximación a un balance crítico de las formas y los mecanismos que existen para construir reflexiones de memoria vinculadas al caso colombiano. Con ese objetivo, se adelantó una selección de investigaciones y relatos ligados con la memoria histórica y se organizaron en las siguientes tipologías: teórico-metodológico; memoria individual; memoria institucional y memorias construidas por la sociedad civil.
El propósito perseguido es el de contribuir al debate sobre la construcción de memoria e historia del conflicto político, social y armado acontecido en Colombia, haciendo especial énfasis en las aplicaciones metodológicas que suponen para su conocimiento del tiempo pasado.
I. DIMENSIONES METODOLÓGICAS DE LOS TIPOS DE MEMORIA
A. Memoria individual 8
Los trabajos recogidos en esta tipología son escritos a modo de relatos personales que no presentan en su confección –en su mayoría– una temporalidad causal o lineal. En cierta medida, corresponden a una narración literaria. Es importante tener en cuenta que estos esfuerzos individuales como fuentes del conflicto aportan para la comprensión de dimensiones desconocidas de ese proceso y no solo de las circunstancias personales: los comportamientos de los captores con las personas privadas de la libertad y sus relaciones mutuas; por ejemplo, los sistemas de valores de los guerrilleros observados por sus prisioneros; la capacidad de resiliencia de los cautivos y de la propia organización insurgente; la cotidianidad guerrillera, entre otros. Sin embargo, hay que prestar suma atención al tratamiento de esta fuente, dado que existen impactos psicológicos considerables, sesgos personales, producidos por el trauma en quienes los escriben.
Uno de los libros más relevantes en esta categoría es el escrito por Ingrid Betancourt, No hay silencio que no termine, publicado en 2010. En este libro, la autora narra en 82 capítulos sus experiencias mientras se encontraba privada de la libertad, brinda información sobre sus captores, la vida cotidiana en el interior de los campamentos en la selva, la situación de los militares prisioneros, la relación con sus compañeros y compañeras de cautiverio, sus múltiples intentos de fuga, sus conversaciones con miembros del Estado Mayor de la organización guerrillera y la operación militar que la retornó a la libertad.
Un aspecto que es necesario considerar relevante es el de la forma como está escrito este relato. Como se dijo, es un testimonio personal que comprende seis años y medio9, que no conserva una sucesión cronológica, y se organizó según los recuerdos de su autora. Fue escrito originalmente en lengua francesa porque, dijo Betancourt, “escribir este libro me obligó a sumergirme profunda e intensamente en mí misma y en mi pasado, trayendo desde ese fondo abismal, un caudal de emociones desbocadas […]. El francés me dio la distancia necesaria y, por ende, el control, para poder comunicar lo que estaba sintiendo y lo que había vivido” (Betancourt, 2010, p. 709).
Ingrid Betancourt, por su condición de precandidata presidencial, a lo que se sumaría luego su ciudadana francesa, poseía una importancia mediática y política considerable. Por esta razón, en su relato se muestra una mayor disposición al diálogo, a la discusión con mandos de la organización guerrillera, en ocasiones a la controversia intensa, como también algunas situaciones de castigo y humillación que soportó. Este testimonio constituye un acercamiento único a las manifestaciones políticas e identitarias endógenas de las FARC-EP: ideología política, idiosincrasia de altos mandos y demás escalas jerárquicas, desarrollo y construcción de la identidad guerrillera, entre otros. Otro aspecto de envergadura tiene que ver con los sistemas de valores, convivencia y cosmovisiones de la organización guerrillera, reflejados en ámbitos diversos como el cocinar, las actividades diarias que se realizaban en un campamento insurgente, la jerga de la guerrilla, la manifestación y el desarrollo del poder en el interior de la organización, la división sexual y de género del trabajo dentro de la guerrilla, la mutación de los roles de género establecidos, la construcción de vínculos afectivos entre prisioneros y entre los miembros de las FARC-EP, el espacio biofísico en donde se desarrolló el conflicto, entre otros. Estos temas suponen una riqueza a la hora de estudiar las décadas de la reciente violencia armada en Colombia, pues tales elementos no están presentes en la mayoría de la literatura existente sobre el tema.
Si bien se podría decir que este trabajo de Betancourt es un ejercicio de memoria y no de historia, esto no significa que no posea un gran cúmulo de información sobre un suceso que refleja muy bien determinadas situaciones del conflicto. Simplemente no está organizado según los parámetros habituales del ejercicio de la disciplina histórica, pero sí supone una fuente válida para la construcción de historias del conflicto colombiano. A su vez, este trabajo enuncia una serie de verdades de corte personal, es decir, creencias, afirmaciones, juicios de valor y descripciones que son resultados de la reconstrucción de su experiencia, constituidos en mayor manera por hechos con variedad de contenidos violentos, que deben ser examinados críticamente para los futuros ejercicios de convivencia y no repetición.
Otro trabajo que llama la atención es Mi fuga hacia la libertad, escrito por John Pinchao10. A diferencia del de Betancourt, en este se expone un relato personal en el que se intenta guardar un desarrollo cronológico. El autor, al ser miembro de la Fuerza Pública, tiene una adscripción ideológica particular, considera a sus captores y a sus acciones bajo el criterio de “terroristas”, y el contenido de su relato está cargado de juicios morales, éticos, políticos e ideológicos que pueden entorpecer ejercicios de reconciliación futura. Por otra parte, Pinchao logra posicionar a los integrantes de la Fuerza Pública y militares como actores prioritarios y víctimas del conflicto armado interno junto con el núcleo familiar de sus miembros.
Una particularidad de este relato es que el autor ubica su origen socioeconómico11 y cultural en calidad de sub-oficial de la Policía Nacional. Esta dinámica podría ayudar a revelar la humanidad de los miembros de las instituciones policiacas y militares, que detrás del uniforme y por su participación en la confrontación armada han sido relegadas bajo la generalización de “victimarios”, desconociendo los horrores y el dolor que estas instituciones y sus miembros han atravesado en el desarrollo del conflicto. De la misma forma, el texto sirve para esclarecer algunos comportamientos de la relación establecida entre militares e insurgencia durante el cautiverio, como el trato que recibieron los cautivos, que, según Pinchao, fueron sometidos a dinámicas indignas en mayor proporción que los civiles que también estuvieron en cautiverios prolongados.
No es posible establecer una misma explicación sobre las razones de la existencia de estos ejercicios de memoria personales. En algunos de ellos se encuentran menciones orientadas a la reconciliación y el perdón en momentos en que la solución política al conflicto parecía muy distante en Colombia. En este tipo de relatos el autor, como partícipe y testigo inmediato, elige libremente la utilización del pasado, es decir, qué hechos en particular plasmar en su escrito, y así mismo le pertenece la decisión del perdón.
Dice Pinchao: “Cuando concebí la idea de escribir este libro me encontraba en camino a la libertad. Pensé que se lo debía a quienes habían quedado allá, en esa inhóspita selva, y a mis últimos compañeros de cautiverio, Íngrid y Luis Eladio, con quienes tuve una buena amistad” (Pinchao, 2008, p. 9). Además, “[…] Al ser uno de los pocos que han logrado la libertad por medio de la fuga me veo en la obligación moral de hacer un relato de las condiciones del cautiverio a las que es sometido un grupo de secuestrados llamados ‘los intercambiables’ […]” (Pinchao, 2008, p. 11).
Clara Rojas dejó escrito su testimonio en el libro Cautiva, publicado en el 2009. Para ella, su memoria tiene “múltiples razones; en primer lugar, siempre soñé con escribir un libro personal […] también me he animado a publicar mi testimonio para mi hijo y las nuevas generaciones que él representa, porque deseo un país en que primen la reconciliación, el perdón, la tolerancia, el crecimiento y la paz. Por último, para acercar al lector a mi experiencia y hacerle comprender las dificultades que sufrí y que superé y, en suma, para que la lectura de este libro le deje una inquietud en el corazón” (Clara, 2009, p. 10).
Ejercicios de memoria histórica como los mencionados son disímiles y presentan características variables en aspectos como las diferencias temporales (periodización de hechos), el contenido de la experiencia vivida, sus roles en conflicto y la manera como son escritos, entre otros.
Por ejemplo, si se consideran los relatos de Clara Rojas e Ingrid Betancourt, se encuentran diferencias sensibles en la manera de narrar y afirmar hechos que vivieron en los mismos momentos:
Tabla 1
Diferencias en los relatos de Clara Rojas e Ingrid Betancourt
| Hecho: intentos de fuga |
| Relato de Clara Rojas: - Lenguaje de forma directa, pocos recursos literarios, intenta reconstruir el hecho fielmente a sus recuerdos. - Sintetiza en mayor medida el hecho, suprime descripciones ambientales y de relacionamiento. - El relato se refiere en menor medida a sus victimarios, y juzga mucho menos sus actitudes. - Su vínculo con el universo social guerrillero parece ser más pasivo que el de Betancourt, situación que puede ser explicada por su grado de “importancia” como secuestrada. |
| Relato de Ingrid Betancourt: - Lenguaje con alto contenido literario a la hora de describir entornos geográficos, de relacionamiento y la humanidad de sus captores. - Mayor descripción del contexto de la fuga y las vivencias mientras huían. - En el texto muestra cómo el recuerdo y la añoranza de sus familiares la motivaban. - Juzga intensamente a sus captores tanto en lo ideológico como en sus acciones personales. - Su relacionamiento con la institucionalidad guerrillera parece ser más conflictivo, demuestra mayor grado de protesta y coraje en su relato. |
Fuente: elaboración propia.
Un ejemplo adicional se establece con el relato de Alan Jara12 El mundo al revés. Más que sobrevivir al secuestro y el de Marc Gonsalves, Keith Stansell y Tom Howes13, Lejos del infierno: una odisea de 1967 días en manos de las FARC.
Tabla 2
Diferencias en los relatos de Alan Jara y estadounidenses secuestrados por las FARC-EP
| Hecho: permanencia en la zona de reclusión “campamento Caribe” 14 |
| Relato de Alan Jara: - Este relato, entre los presentes en esta tipología, es el que mayor riqueza descriptiva ofrece respecto de la cotidianidad y el quehacer diario de los recluidos. Muestra que realizaban actividades como juegos de mesa, reparación de radios, elaboración de herramientas, clases de geopolítica y lenguas como ruso e inglés. Estas últimas eran impulsadas por el autor. - En general, en este relato se puede encontrar una dimensión temporal mucho más clara. No se trata de periodizaciones sino del uso del lenguaje seleccionado para dar cuenta del empleo del tiempo, de su sentir social e individual por parte del autor. - En este texto se encuentran descripciones detalladas de eventos poco usuales, como es el caso de la Navidad, en donde mutan las relaciones entre prisioneros y miembros de las FARC-EP. Por ejemplo, el autor describe una serie de regalos que les hicieron en esta época (Jara, 2010, p. 155). - En el relato se percibe como el entorno geográfico y ecológico en donde se desarrolló gran parte del conflicto se vive con incertidumbre y temor tanto para miembros de la guerrilla como para las personas en cautiverio forzado. Al respecto llama la atención una descripción de la fauna, concretamente de un “tigre” que lograron cazar y cómo la presencia de este animal contrariaba sus conocimientos acerca de la clasificación de la fauna nativa en la zona (Jara, 2010, p. 158). |
| Relato de Keith Stansell, Marc Gonsalves y Tom Howes: - Este relato posee una característica única que asevera su complejidad, y es que está escrito a tres manos. En consecuencia, las experiencias descritas y el uso del lenguaje seleccionado para recordar y comunicar no es nunca homogéneo. En este texto se puede observar cómo el conflicto político social y armado del país no tiene una asimilación universal para sus partícipes, por tanto, los recuerdos existentes (y por producir) tienen que ser seriamente cuestionados y conducidos para lograr generar un relato de memoria histórica multicomprensivo y plural. - Los autores son extranjeros, por ello se observa en el relato un intento constante de entender o explicarse a sí mismos la cultura colombiana para lograr comprender la violencia presente en el país. Esto no es un hecho menor, sino que abre un campo de reflexión particularmente novedoso: la construcción de alteridad en el marco del conflicto y así mismo, sobre las identidades y formas de ser generadas en él. - Los autores son profesionales formados en instituciones militares y de inteligencia estadounidenses. Así, se advierte en el texto una filiación ideológica particular, que señala y juzga moral y políticamente las acciones de las FARC-EP. En algunos apartados del texto se emplea un lenguaje que subvalora a los miembros del grupo guerrillero, despojándolos de cualidades humanas. - Quizá por la razón anterior, también es visible una descripción detallada de la composición del armamento e indumentaria de las FARC-EP. - En cuanto a la construcción narrativa de ese tipo de memoria individual pero compartida, la experiencia real del pasado lleva al lector a dos realidades: (a) la narración de los recuerdos de los protagonistas; (b) el lenguaje del escritor que compila el libro. - En este relato es posible encontrar descripciones del comportamiento y de los roles y jerarquías establecidos entre quienes compartieron tiempo en cautiverio, y en ellas los autores expresan fuertes contenidos sentimentales y en algunos casos morales. - Es posible encontrar en el texto ciertas referencias que exploran dimensiones de género y alteridad. Por ejemplo, los autores usan la expresión “machismo latino” (Gonsalves, Howes, Stansell, 2009, pp. 46, 76, 186) para describir comportamientos entre las personas dentro de esta zona de reclusión. |
Fuente: elaboración propia.
Un ejemplo más se contrasta en el mencionado relato de Pinchao y el de Raimundo Malagón Las cadenas de la infamia. Diez años secuestrado por las FARC.
Tabla 3
Diferencias en los relatos de John Pinchao y Raimundo Malagón
| Hecho: combate contra las FARC-EP en donde fueron tomados como prisioneros de guerra |
| Relato de John Pinchao: - A diferencia del relato de Malagón, este texto no se hace con un lenguaje en el que el autor se exalte constantemente como protagonista. - Este texto muestra la percepción de un miembro de la fuerza policial de un entorno urbano en medio del conflicto como lo es Mitú. Describe los servicios públicos y sus precariedades. También a personas con quienes tenía contacto. - En su descripción se toma un momento para reflexionar sobre la composición endógena de las FARC-EP, de la cual afirma que era niños en su mayoría. - Muestra el comportamiento de la guerrilla y de la población civil en una zona deshecha por la guerra, lo cual necesariamente invita a reflexionar sobre la vivencia de hechos y comportamientos violentos. Es decir, las acciones y hechos de victimización poseen marcos sociales y de percepción distintos, por lo cual su incomprensión es de cierta forma, un hecho violento más. |
| Relato de Raimundo Malagón: - Este texto describe a manera de contexto histórico y social del conflicto la región y época en donde el autor desarrollaba sus labores como miembro del Ejército Nacional (La Uribe [Meta], 1998). - Recurre a la mención de marcos internacionales de referencia legal, como los acuerdos de Ginebra, para diferenciar las acciones y formas de realizar la guerra entre la guerrilla y el ejército. - En su narración utiliza el tiempo remoto a la hora de describir los comportamientos de los soldados a su cargo, de los cuales afirma que su valentía proviene del Casanare desde los días de Bolívar (Malagón, 2009, p. 23). - El lenguaje seleccionado exalta constantemente a su tropa a la posición de “héroes”. Así mismo, describe las muertes de los guerrilleros y miembros de las Fuerzas Militares durante el enfrentamiento. - Narra detalladamente el comportamiento de la guerrilla y el ejército durante el combate. Detalla las armas de unos y otros, siempre resaltando las diferencias. Esto no es un hecho menor, pues deja claro que ciertas acciones realizadas están ligadas necesariamente al rango, entrenamiento recibido y pertenencia ideológica a cierta causa en particular. |
Fuente: elaboración propia.
Estos documentos constituyen ejercicios personales de memoria que ofrecen conocimiento del tiempo pasado, pero no son construcciones de historia, ya que escapan de los marcos, formas y paradigmas de esta disciplina del conocimiento y sus diferentes formas de construcción. Esto no quiere decir que no sean una fuente válida para conocer experiencias del conflicto.
Por otra parte, los escritos mencionados no cuentan con referentes que integren el testimonio al contexto o afirmaciones teórico-metodológicas, poseen algunas notas del autor y del editor para aclarar ciertos hechos o situarlos cronológicamente, pero son inexistentes apartados de bibliografía o textos consultados.
En síntesis, los documentos pertenecientes a esta tipología expresan una manifestación individual de la memoria. A partir de ellos se puede llegar a que las verdades personales al ser puestas en colectivo paradójicamente encuentren su negación, lo cual podría invisibilizar las dinámicas que las generaron. Las memorias individuales de esa naturaleza y en escenarios de alta pugnacidad pueden caer con facilidad en una suerte de dicotomía radical que las acepta o rechaza de manera tajante, sin términos medios, se les cree o se les ignora. De esa forma, puede ignorarse el valor que poseen. Memorias de este tipo, a diferencia de lo que se pretende usualmente en las construcciones académicas, no son neutras. Por esta razón, a la hora de conocer hechos y narraciones íntimas del conflicto podrían aportar la idiosincrasia particular que se desarrolla en zonas fundadas por la disputa social agudizada, así como también pueden expresar la remembranza de ciertas dimensiones negativas, tales como tratos inhumanos, acciones horrorosas, que pueden conducir a juicios exacerbados contra ciertos protagonistas. Por otro lado, podría emerger un problema a la hora de establecer la verdad en ejercicios de memoria como estos, sobre todo si se busca una verdad ortodoxa, única e inmóvil, en la medida en que estas certezas suponen hechos reconstruidos desde la óptica personal atravesados por una serie de experiencias que los significan y que no pueden quedar integradas en un gran relato, si así se pretendiera.
B. Memoria institucional
El Estado colombiano tiene un deber de memoria afirmado mediante el artículo 143 de la Ley 1448 de 2011, que estableció: “[…] propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto”.
En Colombia, el gran referente alrededor de los asuntos de memoria e historia es el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). La entidad cuenta con una amplia experiencia y un extenso número de publicaciones en la elaboración de material crítico junto con las comunidades afectadas por el conflicto. Además del CNMH, algunas dependencias de las Fuerzas Militares, especialmente del Ejército Nacional, cuentan con importantes adelantos en esta materia.
Fuerzas Militares de Colombia
El naciente escenario de postconflicto15 –o posacuerdo como de manera creciente se menciona– ha implicado una reestructuración de la doctrina y misión de las Fuerzas Militares de Colombia. Es así como en los años recientes sus diferentes instancias se han interesado por la construcción de su memoria histórica institucional, creando centros de estudios y también capacitando a sus miembros para que elaboren sus propios relatos.
A partir de este escenario, entienden el ejercicio de construcción de memoria histórica institucional como “el conjunto de esfuerzos que realizan las Fuerzas Militares para contribuir al acervo documental e intelectual, fomentar la identidad institucional, dignificar la labor que cumplen sus miembros y principalmente, reivindicar la legitimidad de las actuaciones realizadas en el marco del conflicto armado y fuera de éste”16. Es claro el propósito de distinguir sus acciones de las de su contraparte armada insurgente en el desarrollo del conflicto. También se destaca la idea de que, bajo esta consideración, la memoria podría ser un vehículo para homogeneizar las diferentes perspectivas y consideraciones del conflicto que existen dentro de instituciones tan grandes y diversas como son las que comprenden las Fuerzas Militares.
De hecho, las Fuerzas Militares han avanzado en algunos criterios metodológicos que consideran imperativos a la hora de construir memoria histórica, en la medida en que “existen unos supuestos que dificultan la participación de los miembros de las instituciones militares en los escenarios destinados a la construcción de la memoria del conflicto, estos son la prevención jurídica de la institución y el temor individual de sus miembros a ser judicializados por brindar testimonio” (Ávila, 2016, p. 2). En este sentido, insisten en la importancia de la “confidencialidad” del testimonio y de la identidad de la persona que lo brinda.
Un criterio adicional tiene que ver con el documento fuente para construir memoria histórica. Según publicaciones del Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar, es imperativo “situar la importancia social e histórica del documento de archivo como soporte de la memoria en el marco del post acuerdo, fundamentalmente porque este sirve para garantizar que haya verdad, justicia y reparación”. Cuando se refieren a documento de archivo, lo entienden como aquel que es “producido únicamente por funcionarios públicos en cumplimiento de alguna función administrativa en el contexto de alguna relación del ciudadano con el Estado” (Cuadros, 2016, p. 4). Esta consideración supone una organización consciente del ejercicio de la memoria, pero en exceso restringida. Deja de lado los diversos documentos y soportes de la memoria que poseen diferentes comunidades, actores e instituciones participes en el conflicto, de manera que tomar como relevante una única fuente es omitir la complejidad y heterogeneidad del proceso. Otra de las contribuciones recientes de las Fuerzas Militares ha sido la creación del Museo Militar como lugar de la memoria del conflicto.
Para Badrán, “existe un imaginario social en Colombia que exime al miembro de las [Fuerzas Militares] de la condición de víctima, simplemente por no ser un civil en el marco del conflicto”. Siguiendo a este autor, la memoria no es un atributo o derecho exclusivo de la víctima, sino de todo el conjunto de la sociedad, participe directa o indirectamente en el mismo, motivo por el cual, “la condición de víctima es inseparable a los miembros de las [Fuerzas Militares] y tienen el derecho de narrar sus vivencias para construir una memoria enriquecida y amplia a muchas voces y manos” (Badrán, 2016, p. 4). A su vez, el Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar sostiene “la necesidad de articular los hechos de los diversos actores y matizar las relaciones de causalidad o influencia que dieron origen tanto a las acciones legítimas en el desarrollo del conflicto como a las violaciones de los DD. HH. y el DIH por parte de los múltiples actores”. De esta manera es posible generar una serie de relatos que se relacionan de forma compleja, los cuales permiten comprender los eventos captando los vínculos, las intenciones y clasificar los tipos de hechos sean políticos, militares, culturales y económicos para garantizar el recuerdo de la sociedad (Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar, 2016, pp. 15-16).
Respecto a la producción de trabajos sobre la memoria histórica de las Fuerzas Militares, es importante destacar Militares y guerrillas. La memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares, 1958-2016, investigación de Ugarriza y Pabón. Este documento tiene como fuente principal los documentos institucionales oficiales producidos por el ejército y aquellos incautados a organizaciones guerrilleras que se encuentran en archivos militares. La investigación recoge narrativas y explicaciones parciales del conflicto que cruzan dos perspectivas, la de las Fuerzas Militares y la de las guerrillas. No intenta legitimar una acción sobre otra, busca entender las formas y los porqués en el desarrollo histórico del conflicto armado interno. Este documento cuenta con un trabajo de fuentes fundado en los marcos propios de la disciplina histórica, además remite a ciertos debates sobre la consideración de la memoria colectiva, por estas razones se trata de un estudio que puede ser considerado incluso más de historia del conflicto que de memoria, a pesar de su título.
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) fue creado mediante la Ley 1448 de 2011 (artículo 147), y entre sus funciones se encuentran: “contribuir al esclarecimiento de los hechos, los responsables y las condiciones que hicieron posible el conflicto armado en Colombia, consolidar el papel de la memoria como derecho en la institucionalidad y la sociedad y como patrimonio público, diseñar el Museo de la Memoria como un espacio de dignificación de las víctimas y de promoción de una cultura respetuosa de los derechos humanos, y conformar el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica” (CNMH, 2014). Esta entidad cuenta con una amplia actividad y producción en acompañamiento psicosocial a las comunidades víctimas del conflicto. Entre otras, hacen uso de ejercicios de memoria para rememorar y contribuir en la reparación de hechos con alto grado de violencia y violaciones de derechos humanos cometidas por diferentes autores (Fuerza Pública, guerrillas, paramilitares) en el devenir del conflicto.
De la amplia producción de esa entidad, y con referencia al libro La masacre del Tigre, Putumayo. Un silencio que encontró su voz, es posible ver cómo esta institución reconstruye mediante la memoria escenarios pasados del conflicto. A grandes rasgos el trabajo está organizado de esta manera, relativamente común en otras de sus investigaciones:
a. Reconstrucción de hechos (masacre del 9 de enero de 1999), en donde describen la configuración socio espacial del departamento y el contexto de este hecho.
b. Muestra cómo a partir de la masacre se configuró un nuevo escenario de violencia y control para asegurar el silencio de la población.
c. Identificación de los daños y las consecuencias de la violencia en la región, antes, durante y después del hecho de la masacre.
Una referencia que merece ser nombrada por ser uno de los estudios fundacionales de la memoria histórica del conflicto es Trujillo: una tragedia que no cesa, que intenta demostrar el vínculo existente entre la construcción de memorias y la construcción democrática, para ello parte del reconocimiento de: (a) el carácter político de la memoria; (b) el papel fundamental de la memoria histórica en los procesos de democratización en situaciones de conflicto; (c) la memoria histórica no es de ningún modo sustituto de la justicia; (d) la memoria es en sí misma una forma de justicia; (e) la memoria histórica es una forma de reparación; (f) la memoria es un mecanismo de empoderamiento de las víctimas (Grupo Memoria Histórica, 2008, pp. 26-27).
El estudio en mención se organiza en tres partes:
1. La primera da cuenta del contexto (político, social, económico, espacial; etc.) de la masacre, los hechos y los actores involucrados, tanto víctimas como victimarios, considerando especialmente los mecanismos de terror utilizados.
2. La segunda parte muestra las dimensiones de memoria, olvido e impunidad suscitadas a partir del hecho de victimización, poniendo especial énfasis en dimensiones de sexo y género propias del conflicto.
3. La tercera comprende los procesos de reparación, justicia y verdad, mostrando la respuesta de los mecanismos gubernamentales nacionales y supranacionales involucrados.
Para lograr atar estos contenidos con la experiencia real empírica de la violencia, los autores del estudio, además de conceptualizaciones académicas propias del conflicto, recurren a diferentes técnicas de recolección de información aplicadas a todos los actores involucrados en los hechos examinados, estas son: entrevistas semiestructuradas, testimonio oral, informes de organizaciones de víctimas, cartográficas (mapas de la región con convenciones específicas de la masacre), cuantitativas (tenencia y uso de la propiedad rural en la región), demográficas (datos censales), material visual (fotografías), cartografías sociales y talleres de la memoria.
Estos documentos se inscriben en ejercicios cognoscitivos de la historia académica, recurren a diversas fuentes cartográficas, estadísticas, censales, de contexto histórico, además de la aprehensión de la tradición oral de la comunidad afectada y finalmente, hacen unas recomendaciones para seguir en materia de verdad, justicia y reparación para el tratamiento de este suceso.
Otra labor imperativa de esta institución tiene que ver con su trabajo para entender y caracterizar la naturaleza de los distintos documentos que pueden ser entendidos como fuentes de un proceso de esclarecimiento de la verdad y de construcción de memoria histórica. A diferencia de las consideraciones de las Fuerzas Militares, reconocen que además de las dependencias públicas, diferentes comunidades, agencias de cooperación internacional, organizaciones sociales de víctimas y de la academia han generado una contribución innegable a incrementar el acervo documental sobre la guerra, la violencia, las distintas violaciones de DD. HH. y DIH, que se expresan en diversos soportes como “galerías de la memoria, murales, obras de teatro, testimonios, cartillas educativas, cartas personales, informes, denuncias, documentos oficiales, entre otros registros […]” (CNMH, 2015, pp. 12, 27). En consecuencia, “la información, documentos y archivos de las organizaciones sociales y de víctimas adquieren un lugar medular en la búsqueda de la verdad […]. Si estos registros desaparecen, si no son protegidos y usados de manera adecuada, la sociedad colombiana corre el riesgo de perder las huellas de su historia, de que la verdad siga siendo esquiva y se sigan reproduciendo problemáticas como la impunidad y la denegación de justicia” (CNMH, 2015, p. 12).
En cuanto al armazón metodológico de los ejercicios de construcción de memoria histórica realizados por esta institución, se destaca la publicación Recordar y narrar el conflicto. Herramientas para reconstruir memoria histórica. En ella se muestran diferentes técnicas e instrumentos para evocar la memoria. A la luz de este documento, “un aspecto fundamental en la construcción de memoria histórica es el de la articulación de unas preguntas que guían la exploración sobre el pasado, los eventos violentos y sus impactos” (CNMH, 2013, p. 63). Afirman que estos interrogantes pueden ser agrupados en estas áreas: (1) identificación del pasado; (2) evaluación del impacto de la violencia y (3) perspectivas hacia el futuro.
Partiendo de lo anterior, algunos de los métodos empleados en la evocación de memorias son: talleres de la memoria que utilizan herramientas de la historia oral así como material audiovisual, mapas mentales y del entorno para ubicar el espacio, mapas andantes (recorridos vivos), inventarios (identificación) del paisaje de la memoria, líneas de tiempo, biografías visuales, mapas del cuerpo, teatro narrativo, fotografías, colchas de memoria en imágenes, entrevistas, historia de vida, organización de la documentación y construcción de un archivo de los hechos rememorados (CNMH, 2013, pp. 65-134).
Uno de los talleres que se realizan con esta metodología tiene el objetivo de facilitar un proceso de reconstrucción de memorias (sobre un evento en particular) con el fin de contribuir a la construcción de una memoria histórica integradora. Para este fin cuentan con las siguientes características y actividades: (a) presentación de participantes mediante una actividad llamada ‘telaraña’, tejida en lana; (b) establecimiento de grupos de trabajo (c) realización de actividades previamente definidas, como lo es, por ejemplo, la creación de una línea de tiempo en la que “se identifica un evento o fecha que los participantes consideran marca un ‘antes’ y un ‘después’ en sus vidas. Esta fecha se ubica-escribe-ilustra en un papel en la pared o en una cartelera, induciendo a reflexionar sobre el evento pasado mediante el recuerdo de ciertas imágenes, olores, personas (Grupo de Memoria Histórica-CNRR, 2009, pp. 13, 27, 28). De esta manera se busca conducir la memoria generada para que abarque las nociones de perdón y reparación.
En suma, el CNMH posee herramientas de construcción de memoria histórica que han sido puestas en marcha en escenarios de conflicto, demostrando que este ejercicio es factible y ayuda a la superación de dinámicas arraigadas de violencia, además empodera y moviliza a las comunidades en defensa de la vida y la dignidad. Habría que tener en cuenta que estos ejercicios han sido muy planificados y cuentan con una gran elaboración de trabajo psicosocial y comunitario con las personas afectadas por hechos del conflicto, de lo contrario su realización se torna estéril y en el peor de los casos podría conducir a la revictimización.
C. Sociedad civil
En esta tipología se destacan aquellos trabajos producidos por organizaciones gubernamentales, sociales y comunitarias que buscan narrar sus vivencias en el marco del conflicto armado. Son trabajos que con frecuencia presentan una perspectiva crítica frente al actuar de la institucionalidad oficial.
Uno de los proyectos que se inscriben en la búsqueda de la verdad histórica del conflicto armado interno es “Narrativas Visibles”, desarrollado por la Defensoría del Pueblo. A partir de él han aparecido una serie de publicaciones que recogen múltiples testimonios de diversas víctimas del conflicto. Se destaca que este proyecto pretende dar cuenta de todos los actores involucrados; insurgencias, grupos paramilitares, Fuerzas Militares y Policiales y bandas criminales ligadas al narcotráfico.
Estos trabajos buscan contribuir a la creación de un archivo oral del conflicto. Con este fin, los testimonios recogidos –96 en la primera publicación– no cuentan con algún tipo de intervención metodológica o teórica. Se intenta ser fiel con el lenguaje, el sentir y la forma de ver las cosas desde las víctimas, la mayoría de ellas ubicadas en el departamento del Meta (Defensoría del Pueblo, 2010, p. 4).
Otra publicación de este proyecto se titula “Hasta cuándo” y recoge 56 testimonios de personas víctimas y sus familiares, además entrelaza las acciones del conflicto con factores como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, la pobreza, entre otros, que hacen parte de los diferentes fenómenos que contribuyeron a acrecentar la violencia en su mayoría en zonas rurales dispersas. Los testimonios cuentan con poca intervención y algunos se presentan narrados a modo de poesía, lo que fue elección de la víctima que lo narra. Respecto a las consideraciones teóricas, este texto parte citando una reflexión de Ricoeur, la cual sostiene que “la construcción y búsqueda constante de la verdad, y el hecho de que las diferentes versiones que existen sobre un acontecimiento se interrelacionen, promuevan la apertura y el diálogo, contrario a suponerse, o a suponer al otro, como el único dueño de la verdad” (Defensoría del Pueblo, 2013, p. 4). A raíz de esto, el documento considera que en Colombia se ha cometido un error, “[…] y es el de no reconocer que más allá de mi verdad, o de la verdad de un grupo, hay otra verdad y otras personas que tienen miradas diferentes. En este sentido hemos sido egoístas al interior de nuestra nación, y es que, entre nosotros mismos, sólo nos hemos contado una versión de la historia” (Defensoría del Pueblo, 2013, p. 5).
En el sentido señalado, el texto recurre a las reflexiones de la escritora africana Chimamanda Adichie, para ilustrar los peligros de una historia singular: “Hay historias y textos que muestran un pueblo o un acontecimiento de una sola forma, generando así una representación única de lo sucedido. Si sólo cuento lo negativo o soy imparcial, también estoy eliminando una parte de la historia y de la experiencia, estoy reduciendo la experiencia de un individuo, de una nación, de un pueblo. Si sólo contamos una versión de la historia estaríamos creando un estereotipo, y el problema de los estereotipos no es que sean falsos, sino que muchas veces son incompletos. La historia única, roba la dignidad de los pueblos y de las personas, enfatiza en nuestras diferencias y no en nuestras similitudes” (Defensoría del Pueblo, 2013, pp. 6-7).
Aunque el texto se apoya en consideraciones de los dos autores enunciados, no cita ninguna de sus obras en particular, es más, en el documento no existe un apartado particular para referencias o documentos citados. Así mismo, cuando el texto se refiere a que ha primado una “única versión” de la historia no deja claro a cuál se refiere; tampoco propone una reflexión sobre procesos históricos; muestran numerosos hechos de victimización desde la perspectiva de quienes los vivieron, pero sin integrarlos a una trama que los dote de sentido histórico (periodizaciones, contexto, carácter, entre otros). En consecuencia, en ellos se actúa dentro de un ejercicio de reconstrucción de memorias individuales a partir de testimonios producto de la tradición oral (posteriormente se volverá sobre este aspecto), pues remiten a hechos del tiempo pasado reconstruidos desde la narración de un observador (testigo) primario.
Teniendo en cuenta lo indicado, es notorio cómo estos trabajos buscan enunciar verdades del conflicto desde la óptica de las víctimas intentando escapar de la oficialización de la memoria histórica. Sin embargo, la figura y el papel de la víctima ocupan la totalidad de los relatos y reflexiones, haciéndose ver como una dimensión hegemónica. Esta dinámica podría conducir a opacar o desconocer otras explicaciones y formas de conocer la verdad que escapan de los roles de víctimas o victimarios. Ir más allá de estas consideraciones amplía también el camino de la reparación y el perdón pues pone en cuestión estas nociones que han sido aplicadas únicamente para crear y acrecentar la diferencia.
Además de los trabajos mencionados, se destaca una publicación más del proyecto Narrativas Visibles, titulada “La historia no concebida”, que recoge once testimonios de mujeres víctimas del conflicto armado únicamente por su condición de sexo y género. Es importante tener en cuenta esta dimensión, porque las mujeres y personas con géneros no convencionales sufrieron formas de victimización y de violencias específicas que deben ser esclarecidas, conocidas y tenidas en cuenta para la superación real del conflicto y las formas de relacionamiento dominantes en el país.
El propósito de estos textos es el de afirmar los hechos narrados desde las víctimas, como una forma de conocer un pasado que ha sido ignorado en la mayoría de los casos. Sin embargo, su efecto no parece ser otro que fundar relatos del pasado únicamente desde la posición de quienes los sufrieron como víctimas, asunto que innegablemente omite otras narraciones y así mismo otros actores y nociones involucradas en la disputa social.
Como última consideración, si se toman en cuenta estas fuentes siguiendo métodos de la disciplina histórica, es factible, por ejemplo, construir un relato desde abajo que podría movilizar el análisis de la posición de víctima hacia aspectos más relacionados con la integralidad de la violencia política, la desigualdad social y la resistencia. Es decir, un esfuerzo por trascender nociones a priori sobre las interpretaciones del conflicto y la violencia en el país.
D. Aspectos teórico-metodológicos
Esta tipología reúne a la mayoría de literatura existente sobre el tema, refiriéndose únicamente a reflexiones teóricas y metodológicas respecto a las dimensiones de memoria e historia.
Dado que no todos los trabajos refieren al mismo tema, a continuación presentamos los más relevantes hallados:
¿Memoria-historia?
El vínculo existente entre historia y memoria enmarca el debate más común en la bibliografía consultada.
Como punto de partida, el sociólogo francés Maurice Halbwachs intentó ubicar en su obra Los marcos sociales de la memoria, publicada por primera vez en 1925, el concepto de memoria entendiéndola como un vehículo de carácter eminentemente social, que se construye en la medida en que el individuo forma parte de una comunidad. En esta vía, señala unos marcos a manera de “estados psíquicos” (Halbwachs, 2004, p. 116) de la memoria que inciden en la reconstrucción del pasado. Estos marcos, al tener una naturaleza social resignifican el recuerdo según patrones culturales específicos para cada sociedad y para cada etapa de la vida. En este sentido, la reconstrucción del pasado a través del recuerdo puede tener distintas aproximaciones, en palabras del autor, “lo más usual es que yo me acuerdo de aquello que los otros me inducen a recordar, que su memoria viene en ayuda de la mía, que la mía se apoya en la de ellos” (Halbwachs, 2004, p. 10).
El hecho de recordar es concebido por él como una dimensión móvil, sujeta al desarrollo del ser en comunidad. De esta manera, la transformación o intervención de los marcos de la memoria acarrean la desaparición o transformación de los recuerdos. Es necesario tener en consideración la relación entre el marco y la imagen (recuerdo) que establece Halbwachs: “[…] entre el marco y la imagen se puede establecer un intercambio de sustancia, e incluso que el marco sea suficiente para reconstruir la imagen […]” (Halbwachs, 2004, p. 136).
Como consideración última, siguiendo a Maurice Halbwachs, existe una dimensión homogénea en la manera retrospectiva en que la sociedad se construye, pues usualmente prevalecen en la memoria las nociones que afirman la autoridad del vínculo social vigente. “Estos marcos colectivos de la memoria no son simples formas vacías donde los recuerdos que vienen de otras partes se encajarían como en un ajuste de piezas; todo lo contrario, estos marcos son –precisamente– los instrumentos que la memoria colectiva utiliza para reconstruir una imagen del pasado acorde con cada época y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad” (Halbwachs, 2004, p. 10).
Los aportes consignados en esta obra conducen a pensar que en el caso de Colombia los hechos que se busca recordar pueden contener ciertos marcos con sistemas de acciones y nociones de carácter violento que excluyen otras formas de acercarse al pasado17, por ello, en la búsqueda de la verdad del conflicto y el relato de este, deben definirse sus alcances y finalidades, dado que la construcción de explicaciones sobre un pretérito de guerra y conflicto no puede ser una aproximación únicamente desde lo que ciertos actores o poderes públicos consideren.
Tomando en consideración la obra del historiador italiano Enzo Traverso El pasado, instrucciones de uso: historia, memoria, política, es posible afirmar que se asiste en la actualidad a una suerte de “turismo de la memoria”, que transforma el pasado en memoria colectiva, “después de haber sido seleccionado y reinterpretado según las sensibilidades culturales, los dilemas éticos y las conveniencias políticas del presente”. De esta manera el pasado se ha convertido en un objeto más de consumo (Traverso, 2007, p. 14). Para este autor, la consagración de la memoria en el mundo contemporánea obedece al “declive de la experiencia transmitida, en un mundo marcado por la violencia y por un sistema social que destruye las tradiciones y fragmenta la existencia” (Traverso, 2007, p. 16). En consecuencia, las dimensiones que revisten intereses políticos en la memoria colectiva generan afectaciones a la forma de hacer y narrar la historia.
Lo anterior conduce a una dicotomía entre memoria e historia, señalada por numerosos autores. Bajo el criterio de Traverso, historia y memoria comparten el mismo objetivo: la elaboración del pasado. “La historia nace de la memoria, que es una de sus dimensiones; después, adoptando una postura autorreflexiva, transforma la memoria en uno de sus objetos” (Traverso, 2007, p. 20). En consecuencia, la memoria individual o colectiva es una dimensión eminentemente subjetiva que señala una visión del pasado siempre matizada por el presente. En esta medida la historia “como campo del saber ha de liberarse de la memoria, no rechazándola sino poniendo distancia con ella” (Traverso, 2007, p. 23). Además, señala este autor, es posible realizar una diferenciación más: “Aunque historia y memoria tengan un objetivo en común poseen distintas temporalidades que se cruzan, se amplifican y se enredan constantemente sin, por ello, coincidir. La memoria es portadora de una temporalidad que tiende a poner en causa el contínuum de la Historia” (Traverso, 2007, p. 39).
Es importante considerar, a la luz de Traverso, la existencia de distintos tipos de memoria, “hay memorias oficiales alimentadas por instituciones, incluso Estados, y memorias subterráneas, escondidas o prohibidas” (Traverso, 2007, p. 48). Esto adquiere relevancia en el caso de Colombia, pues la elección final de una memoria del conflicto se expone al riesgo de consolidar una memoria “fuerte”, “oficial”, que aplaque a las demás. Para el autor esto significa un problema dado que “surge una relación privilegiada entre las “memorias fuertes” y la escritura de la historia. Cuanto más fuerte es la memoria –en términos de reconocimiento público e institucional–, más el pasado de la que es vector deviene susceptible de ser explorado y elaborado como Historia” (Traverso, 2007, p. 55).
Otro autor que llama la atención alrededor de la hiperproducción de trabajos sobre la memoria es el francés Tzvetan Todorov. En su obra de 1992 Los abusos de la memoria, Todorov considera que actualmente la memoria no está coaccionada o amenazada “[…] por la supresión de información sino por su sobreabundancia” (Todorov, 2000, p. 14). De la misma forma, lo está por la dinámica del consumo masificado y “por las exigencias de una sociedad del ocio desprovista de curiosidad espiritual, así como familiar con las grandes obras del pasado”, lo cual conduce a la sociedad a vivir en el instante. En otras palabras, las construcciones sobre la memoria –es necesario tener en cuenta que esta obra reflexiona sobre la memoria producto de la experiencia de los regímenes totalitarios del siglo XX, en su mayoría al Nacional Socialismo alemán– no conducen necesariamente a cuestionar determinado pasado, sino, más bien, a alejarse de él.
Esta obra diferencia entre la recuperación del pasado y su utilización. En términos generales, Todorov aboga por la recuperación del pasado sin que este deba “regir” al presente; al contrario, haciendo un uso conveniente de él. Esto no supone necesariamente que el individuo sea independiente de su pasado y pueda usarlo a su libertad (Todorov, 2000, p. 25).
A partir de lo anterior, el interrogante planteado se refiere a los fines para los que puede ser útil el pasado restablecido. Es posible observar cómo una cuestión muy diferente es hacer uso del pasado desde la mirada de la culpabilidad, para imponer castigo y juicio social o para legitimar acciones. Otra es hacerlo en aras de desvelar las estructuras sociales y políticas que condujeron a que se cometieran una serie de acciones violentas y horrendas contra la vida, con el fin de superarlas e intentar no incurrir en ellas nuevamente.
Amparándonos en las reflexiones del historiador estadounidense Dominick LaCapra, contenidas en su obra Historia y memoria después de Auschwitz, publicada en 1998, la memoria es vista como un campo que le plantea cierto tipo de interrogantes a la historia, dado que posiciona problemas que aún siguen vigentes en la sociedad, sea en el ámbito emocional o de valores (LaCapra, 2009, p. 23).
Para este autor, es imperativo superar las consideraciones que sitúan las dimensiones de historia y memoria como oposiciones binarias. En su criterio, éstas están intrínsecamente ligadas pero cada una presenta sus propias especificidades. “La memoria es una fuente fundamental para la historia y mantiene una relación complicada con las fuentes documentales” (LaCapra, 2009, p. 35). A partir de considerar a la memoria como soporte, “la historia sirve para cuestionar y poner a prueba la memoria de una manera crítica y para especificar aquello que es empíricamente exacto en ella […] la historia tiene al menos dos funciones: la adjudicación de exigencias de verdad y la transmisión de recuerdos puestos críticamente a prueba” (LaCapra, 2009, p. 36).
LaCapra distingue dos tipos de memoria. La primaria es aquella “de una persona que ha pasado por acontecimientos y los recuerda de una determinada manera” y la secundaria, “resultado de un trabajo crítico con la memoria primaria, ya sea a cargo de la persona que pasó por las experiencias relevantes o, lo que es más habitual, por un analista, observador o testigo secundario como el historiador” (LaCapra, 2009, p. 37). En síntesis, en la elaboración de un ejercicio de investigación del pasado es necesario relacionar un trabajo crítico de memoria con las exigencias de la acción deseable en el presente. Para LaCapra, la memoria secundaria es el acto de elaboración, de transferencia entre el testigo (víctima, partícipe del conflicto, victimario), que brinda el testimonio de la experiencia, y el historiador. Así, “esta memoria secundaria puede llegar a ocupar el lugar, o al menos complementarlo, de la memoria primaria y ser internalizada como aquello que efectivamente se recuerda. La memoria secundaria es también lo que el historiador trata de impartir a los demás que no han pasado por las experiencias o acontecimientos en cuestión. Este procedimiento puede demandar una transmisión enmudecida o disminuida de la naturaleza traumática del acontecimiento, pero no un revivir o un pasaje al acto completo. También requiere una interpretación y evaluación de lo que es más que fáctico en la memoria” (LaCapra, 2009, p. 37).
A la luz de estas consideraciones, en un proceso como el actual en Colombia, que busca que la verdad sea un medio que contribuya en la superación del conflicto, se requiere diseñar un método específico de reconstitución del pasado. En otras palabras, al ser una narración destinada a la superación de una realidad determinada, las memorias existentes deben ser intervenidas y resignificadas con este fin, de lo contrario quedarían inconexas o mostrarían la violencia por sí misma, contribuyendo a acrecentar ese tipo de comportamientos.
Los aportes de Nathalie Pabón y Juan E. Ugarriza en su investigación a partir de archivos militares contribuyen a situar el alcance de ejercicios de construcción de memoria histórica. Ellos admiten que “la memoria no es un recuerdo detallado de lo que ocurrió, sino de lo que alcanzamos a recordar”, es decir, interpretaciones subjetivas. En este sentido, es necesario reconocer una brecha entre una noción de realidad y una de memoria. Abogan por construir una memoria histórica no como verdad absoluta, sino como una explicación más. Desde esta perspectiva entienden por memoria histórica, “una construcción social, una elaboración que parte de lo que recuerdan los individuos, así como de documentos, y aspira a ser reconocida de forma colectiva. […] se basa en elementos comunes de aquello que vivieron los individuos para intentar una reconstrucción de un mundo intersubjetivo […] construido y tejido alrededor de las subjetividades de memorias parciales” (Pabón & Ugarriza, 2017, p. 3).
Hay un aspecto adicional que debe ser considerado, que ha sido tratado desde diferentes perspectivas. Se trata del olvido y su relación con la memoria. El antropólogo francés Marc Augé sostiene que son dos asuntos que poseen una relación indisoluble. En su obra Las formas del olvido explicó que se puede conocer cómo estas dimensiones guardan la misma concomitancia que la vida y la muerte, es decir, “se define una en relación con la otra”, el olvido entonces no implica ignorar el recuerdo o despreciar la memoria. (Augé, 1998, p. 19) A partir de esta relación, “la definición de olvido como pérdida del recuerdo toma otro sentido, en cuento se percibe como un componente de la propia memoria” (Augé, 1998, p. 20). Señaló además que “los recuerdos son como las plantas: hay algunos que deben eliminarse rápidamente para ayudar al resto a desarrollarse, a transformarse, a florecer” (Augé, 1998, p. 23). De esta manera aparece una posición en apariencia contradictoria o paradójica pero llena de sentido según la cual “el olvido es la fuerza viva de la memoria y el recuerdo es el producto de ésta” (Augé, 1998, p. 28).
Augé sitúa tres figuras del olvido observadas en ciertos ritos africanos:
1. La del retorno, “cuya principal pretensión es recuperar un pasado perdido, olvidando el presente y el pasado inmediato, con el que tiende a confundirse […]”. Para él, la posesión es la “institución emblemática” del retorno: “[…] quien ha sido poseído, siguiendo diversas fórmulas rituales, por un espíritu, un ancestro o dios, debe olvidar ese episodio en cuanto ha finalizado […] quienes le rodean, han sido testimonios de esta posesión y a veces destinatarios del mensaje […]” (Augé, 1998, p. 66).
2. La del suspenso, “cuya pretensión principal es recuperar el presente seccionándolo provisionalmente del pasado y del futuro y, más exactamente, olvidando el futuro por cuanto éste se identifica con el retorno del pasado” (Augé, 1998, p. 66). En estos rituales, “quien representa el rol de la inversión18 […] juega a abolir en él la presencia del mismo […] deja de ser lo que era y olvida lo que será nuevamente (él mismo) o llegará a ser […]” (Augé, 1998, p. 67).
3. La del recomienzo. “Su pretensión es recuperar el futuro olvidando el pasado, crear las condiciones de un nuevo nacimiento que, por definición, abre las puertas a todos los futuros posibles sin dar prioridad a ninguno” (Augé, 1998, p. 67).
Estas formas, aunque poseen un carácter individual, son esencialmente colectivas, por constituir una práctica social y espiritual. En conclusión, olvido y memoria son inherentes y el olvido, en particular, conjuga el tiempo presente en la medida en que, “cuando se trata de olvido, todos los tiempos son tiempos de presente, ya que el pasado se pierde o se recupera en el presente y el futuro no hace más que insinuarse en él” (Augé, 1998, p. 68).
A partir de estas consideraciones el olvido puede ser entendido como una decisión consciente, y en algunos casos necesaria, de procesos de socialización posteriores a escenarios de guerra y violencia o, en general, traumáticos. Sin embargo, en el debate colombiano actual parece ser que las formas del olvido se vinculan de manera más estrecha con las vías de revictimización o con escenarios estériles a la hora de sentar las bases de una convivencia futura. Por esta razón, prima el énfasis sobre el recuerdo en las instancias pensadas para este fin. A su vez, el carácter del olvido presente en sociedades no occidentales –como las descritas por Augé– puede conducir a poner sobre la mesa nuevas formas y métodos de construir un relato histórico.
II. CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE LA VERDAD
Un debate de gran envergadura en el conocimiento del pasado tiene que ver con el reiterado asunto de las posibilidades de la verdad. En un extremo se ha llegado a creer que es posible reconstruir el pasado tal cual sucedió; en otro, que este existe sólo como reconstrucción e interpretación de un observador secundario. Si esta realidad ambigua se vincula con el compromiso de esclarecer la verdad, señalado por el Acuerdo de Paz, surge la pregunta: ¿Es posible conocer la verdad de lo ocurrido a lo largo del conflicto colombiano? O ¿Existe verdad o verdades del conflicto colombiano?, entre muchos otros cuestionamientos similares.
A continuación se presentan algunas consideraciones sobre la verdad derivadas de trabajos académicos alrededor de los asuntos de memoria e historia, que complementan lo expuesto en otras oportunidades19.
En la obra Adiós a la verdad el filósofo italiano Gianni Vattimo considera que no existe la “verdad” como realidad totalizante. “Si existiera una verdad objetiva de las leyes sociales y económicas, la democracia sería una elección por completo irracional” (Vattimo, 2010, p. 18). A partir de tal argumentación, dice Vattimo que la verdad que se construye con el consenso y el respeto a la libertad es la base para cualquier proceso democrático y de superación de las condiciones violentas del pasado.
Para Vattimo la verdad absoluta es más un peligro que un valor, ya que “conduce a la república de los filósofos, de los expertos y de los técnicos […] que pretende decidir cuál es el verdadero bien de los ciudadanos, incluso contra su opinión y preferencia” (Vattimo, 2010, p. 29). Sin embargo, para él, en sociedades donde se han vivido procesos de violencia y violaciones de derechos, la verdad objetiva solo tiene sentido si está inspirada “en la necesidad de hacer justicia, por lo tanto, de hacer valer no la objetividad en cuanto tal sino el derecho de todos lo que sufrieron o sufren hasta ahora, y el propio derecho de la comunidad a reafirmarse como lugar de convivencia civil […]” (Vattimo, 2010, p. 32).
Vattimo propone una alternativa llamada ontología de la actualidad20, definida como “el evento (del ser) al cual el pensamiento tiene la tarea de corresponder en la época de la democracia es el modo en el que el ser va configurándose en la experiencia colectiva” (Vattimo, 2010, p. 40). Para una mejor comprensión de este asunto es necesario descomponer el término. El autor entiende ontología “en el sentido […] de Heidegger, para quien esta indica el pensar el ser en doble sentido, subjetivo y objetivo […]” (Vattimo, 2010, p. 41). Por actualidad, “el sentido en el que la entiendo es el que se refiere a la condición humana del común de nuestra vida actual […]” (Vattimo, 2010, p. 41).
Así, la ontología de la actualidad tiene un doble sentido: “darse cuenta del paradigma al cual somos lanzados y suspender de éste la pretensión de validez definitiva a favor de una escucha del ser como no dicho”. Con escucha del ser como no dicho el autor se refiere a la atención que merecen las voces silenciadas, los perdedores de la historia, señalados por Benjamin (Vattimo, 2010). De esta manera puede ser posible dejar de lado toda pretensión global en la verdad, ofreciendo a la política una comprensión del proceso histórico en curso, cuestión imperativa en procesos de reparación y superación del conflicto.
Pabón y Ugarriza establecen diferencias entre memoria histórica y verdad. Para ellos la “memoria histórica no es lo mismo que verdad. Ni científica, ni judicial, ni no judicial” (Pabón & Ugarriza, 2017, p. 8). A partir de estas apreciaciones, dado el carácter de proceso social de la memoria colectiva, consideran imposible intentar establecer una verdad definitiva: “Si se retira la pretensión de inmutabilidad a las verdades científicas […] se abre el camino para preguntarse cuál es el tipo de verdad, así sea imperfecta, que puede contribuir a la superación del conflicto. Es decir, qué tipo de verdad es útil para superar el pasado de violencia, sin generar más traumas ni dividirnos profundamente […]. Y esa verdad será un insumo para la construcción de memorias históricas e historia” (Pabón & Ugarriza, 2017, p. 9). Por último, para estos autores lo ideal del proceso social que se vive actualmente es crear insumos para escribir historia en el futuro, cuando el historiador tenga cierta distancia temporal con el objeto de estudio. Es lo que en un tiempo se denominaba “esperar a que los hechos se decanten”, posición de todas formas polémica.
III. EN TORNO A LA RELACIÓN VERDAD-JUSTICIA
En la construcción de la memoria histórica del conflicto y en los espacios de la justicia transicional, las nociones de “verdad” y “justicia” aparecen como complementarias. Esto conduce a una serie de preconceptos como los señalados por Carlo Ginzburg.
En su concepto, el empleo de los métodos del derecho y la investigación judicial lleva a la aparición de dificultades en la construcción del conocimiento histórico, tales como la disolución de las nociones de “prueba” y “verdad”. Esas dos nociones son dimensiones constitutivas del oficio del historiador, quien tiene “derecho a distinguir un problema allí donde un juez decida un ‘no ha lugar’” (Ginzburg, 1993, p. 23). Además, resalta el entendimiento del contexto que para la justicia puede contener una serie de elementos atenuantes –o agravantes–, los cuales intervienen modificando una determinada situación, mientras que para la historia el contexto se entiende como “un lugar de posibilidades históricamente determinadas sirve para colmar lo que los documentos no dicen, son conjetura, no hechos comprobados” (Ginzburg, 1993).
En suma, para Ginzburg el historiador y el juez comparten la búsqueda de la verdad, pero su naturaleza es absolutamente diferente. La verdad judicial busca que se asuman responsabilidades y se adelanten procesos de justicia, mientras que la verdad histórica es reflexiva y se orienta a comprender. Por tanto, no deben confundirse en procesos de construcción de verdad y memoria histórica: “El que intenta reducir al historiador a juez, simplifica y empobrece el conocimiento historiográfico; pero el que intenta reducir al juez a historiador contamina irremediablemente el ejercicio de la justicia” (Ginzburg, 1993, p. 122).
Pabón y Ugarriza también reflexionan respecto a esta relación. En su apreciación, “la verdad judicial, por su parte, es una emanación del poder político. Quienes gobiernan hacen leyes que derivan en un sistema judicial, y los jueces establecen responsabilidades basadas en ese sistema. Por eso, en el caso de las postguerras y postconflictos armados, el vencedor nunca es culpable: solo el vencido” (Pabón & Ugarriza, 2017, p. 8). Sin embargo, también le atribuyen un carácter de mutabilidad a esta verdad, al afirmar que cuando cambia la naturaleza del vínculo social, también lo hacen las verdades judiciales. A su vez, previenen sobre la creación de verdades no judiciales en la medida en que estas pueden estar sujetas a un riesgo, “creer que un único ejercicio de verdad no judicial equivale a la verdad definitiva” (Pabón & Ugarriza, 2017, p. 9).
Daniel García-Peña asegura que “esclarecer la verdad implica establecer y reconocer responsabilidades, lo cual conlleva a la condena social y el escarnio público; en otras palabras, la verdad como una forma de venganza legítima. Así mismo, la verdad es lo que permite que el perdón sea reparador y no encubridor” (García-Peña, 2017, p. 151). Otro carácter que el autor le atribuye a la verdad es el de “instrumento de castigo que propicia una sana elaboración y procesamiento de la venganza, una contribución esencial para la reconciliación. La verdad duele, pero cura” (García-Peña, 2017, p. 157).
En esta posición, la idea de esclarecimiento histórico de la verdad se liga con la de la elaboración de una historia de ámbito más amplio: “Solo el esclarecimiento de la verdad puede brindar los elementos requeridos para construir conjuntamente un nuevo entender de quiénes somos y de dónde venimos como nación” (García-Peña, 2017, p. 165).
IV. PARTICULARIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA PARA EL CASO DEL CONFLICTO COLOMBIANO
Al tener en cuenta un escenario como el colombiano, en donde la vía armada ha dejado de ser el principal mecanismo de oposición, al menos por parte del principal actor de ese actuar, dándole paso a la posibilidad de un nuevo escenario de participación política, surgen respecto de la construcción de la memoria histórica y la verdad del conflicto ciertas posibilidades y dificultades.
Según Andrés Cancimance, una dificultad evidente en los procesos de reconstrucción de memoria que son agenciados por el Estado o por la sociedad civil es “la restricción y supresión de los relatos de las víctimas, versus la generación de memorias y relatos de los perpetradores” (Cancimance, 2013, p. 21). Para él, el deber ético y político del Estado y la sociedad frente a las víctimas puede ser convertido en una “plataforma para re-victimizar e incumplir los compromisos de justicia, reparación y garantías de no repetición” (Cancimance, 2013, p. 22). En esta vía, es importante señalar que “en contextos de guerra, también se instaura un deber de memoria, solo que éste se configura como demanda explícita de grupos, organizaciones y colectivos específicos (jóvenes, mujeres, indígenas), bajo el argumento de que la verdad no posee plazos y que no sería política y éticamente correcto esperar a una transición o a pactos para hacer memoria” (Cancimance, 2013, p. 23). Esta dinámica se puede apreciar en denuncias, relatos, la consolidación de organizaciones de víctimas y la creación de recursos del recuerdo (galerías, monumentos, teatro).
El autor sitúa el debate de la memoria como un escenario más donde se asienta el conflicto, “la memoria se convierte en un campo de juego, donde diversos agentes e instituciones buscan dominar o subvertir la representación de ciertos pasados, legitimar su posición y condición de narración” (Cancimance, 2013, p. 33).
Uno de tantos ejemplos de esta dinámica en el pasado de Colombia se encuentra en 1862. Al término de la guerra civil se expidieron una serie de decretos con el objeto de restaurar la vida pacífica:
[…] Decreto del 13 de noviembre de 1862
Art. 6.º. Se concede el indulto a todos los guerrilleros que en los Estados de Boyacá, Cundinamarca y Tolima se hayan sometido al Gobierno Nacional […]21.
[…] Decreto del 26 de noviembre de 1862
Art. 1.º. Se concede amnistía completa por todos los hechos que, en los Estados de Bolívar, Cundinamarca, Magdalena y Panamá, aparejen alguna responsabilidad política contra cualquiera de sus habitantes […]22.
Para establecer una situación armónica y de paz era necesario superar los hechos de la guerra rápidamente. Pero puede llevar a un efecto negativo en el cuestionamiento de los hechos y las prácticas sociales presentes en tiempos de guerra.
[…] 2.º. Que en las guerras civiles no hay delitos, sino errores funestos de parte de los extraviados que defienden, como ha sucedido en la República, la causa contraria a la libertad […] las consecuencias de esos errores, por lamentables que sean, no deben dejar en el país una huella eterna de rencores y venganzas que lo lleven a la barbarie23.
Para el bando que se alzó con la victoria, la única posibilidad de superar la violencia conflictiva pasada era mediante el olvido.
3.º. […] conviene expedir una amnistía que, relegando al olvido todo lo pasado, ofrezca a los pueblos el bien inestimable de la paz […]24.
Una dinámica como la señalada al final de aquella guerra civil cobra especial relevancia en el momento actual del conflicto interno en Colombia, particularmente el campo de la construcción de la verdad y la historia de él, pues sólo la afirmación retrospectiva que constantemente realiza la sociedad puede generar valores y nociones de convivencia que se diferencien de las históricamente dominantes. En consecuencia, para Cancimance se debe hacer uso de la elaboración del pasado en su condición de marco colectivo que permita la cohesión social y la reparación del tejido social en contextos de transición luego de épocas de violencia y guerra.
El académico británico Malcolm Deas llama la atención sobre la interpretación de la causalidad histórica asignada al conflicto colombiano, haciendo especial énfasis en la consideración de “mirar a Colombia como un país que desde su independencia ha tenido un pasado particularmente violento, de guerras civiles incesantes en el siglo XIX y, después, de lucha política violenta continua” (Deas, 2015), argumento defendido por el Acuerdo de Paz suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional. Según Deas, esta afirmación no es absolutamente verdadera por las siguientes razones: (a) “no es claro que Colombia haya sufrido más guerras que las otras repúblicas de la América antes española”, (b) “casi todas las guerras civiles colombianas fueron cortas y de reducida escala” a excepción de la Guerra de los Mil Días (1899-1902) (Deas, 2015, p. 102).
Desde la perspectiva de Deas, las guerras civiles del siglo XIX tuvieron características que las separan de la violencia política del siglo XX. Por ejemplo, dichas guerras “tuvieron inicios claros y terminaciones claras: pronunciamientos, tratados de paz, amnistías” (Deas, 2015, p. 103). A diferencia del conflicto reciente, estas guerras representaron muy poco interés para el resto del mundo (exceptuando el caso del istmo de Panamá), tampoco se pelearon exclusivamente por causas económicas y a la última guerra (Mil Días) le siguieron cuarenta años de paz relativamente ininterrumpidos. Estos elementos sugieren para Deas que la cadena de causalidad histórica es ininterrumpida. Por otro lado, aunque no parece evidente una sucesión histórica cronológico-lineal, existen “aspectos de este pasado que sí forman parte de una explicación de la violencia del siglo XX, aun de la violencia de las últimas décadas”. Destaca al respecto la naturaleza de las guerras civiles colombianas, esto es, la pugna entre liberales y conservadores, que es mucho más compleja que una simple disputa bipartidista, y que se intensificó en el siglo XX en medio de la debilidad histórica y la falta de capacidad del Estado colombiano (Deas, 2015, p. 106).
Otra interpretación que según Deas necesita ser revisada es la caracterización de las FARC-EP “como una guerrilla histórica”, especialmente por ligar sus orígenes con los movimientos vinculados con la tierra y la dinámica agraria. Para él, no es posible categorizar a esta organización como una insurgencia agraria pues “los conflictos que dieron lugar al nacimiento de las FARC fueron conflictos de campesinos contra campesinos, de autodefensas rivales, de estas contra la Policía y el Ejército; los terratenientes estuvieron poco involucrados” (Deas, 2015, p. 121). Así mismo, las FARC no hicieron ninguna protesta significativa contra los despojos masivos de tierras agenciados por paramilitares y narcotraficantes en las décadas finales del siglo XX (Deas, 2015, p. 122). Para Deas es importante revaluar este tipo de afirmaciones, especialmente porque en los acuerdos de La Habana se insistió en que la cuestión agraria es la médula del conflicto, fenómeno que limita la comprensión de este.
Por último, Deas propone que algunos de los aspectos de los conflictos en Colombia adquieren mayor relevancia y pertinencia si son vistos “en la larga perspectiva de los doscientos años de su historia independiente”. Así se contribuye a su comprensión y también a desmitificar preconceptos y verdades sobre el conflicto que no parecen tan claras (Deas, 2015, p. 128).
Por supuesto que Deas no propone un modelo particular para construir un relato histórico. Busca llamar la atención sobre diversidad de asuntos inherentes al conflicto, los cuales se alzan como realidades necesarias a la hora de explorar su desarrollo histórico, cuestión que para él es imposible que se elabore en su totalidad por un único historiador en un ensayo particular.
Un argumento para tomar en cuenta es el de Gonzalo Sánchez, quien asevera que en Colombia las guerras internas presentan complejidades particulares para las que, vistas en perspectiva histórica, “resulta inútil buscar un sentido de totalidad del conflicto, de globalidad de las soluciones”. Lo anterior no excluye y más bien resalta la diversidad de experiencias de las víctimas y de los actores, es decir, la emergencia de “memorias parciales” (Sánchez, 2014, p. 65). Otro debate propuesto por Sánchez se vincula con tres dificultades que se vuelven complejas en la realidad colombiana al estudiar el proceso histórico de las guerras y la violencia, cuales son “cómo nombrar, periodizar y ordenar los eslabones de la cadena histórica” (Sánchez, 2014, p. 37).
Para este autor, nombrar al otro es “asignarle un lugar en la memoria, en la narrativa política, en la escena social” (Sánchez, 2014, p. 37). Pero las denominaciones cambian al mismo tiempo que los escenarios que las producen. Las grandes circunstancias de rupturas y mutaciones político-sociales son “momento de quiebre en los usos del lenguaje”, en la medida en que este se vuelve un escenario perceptible de relacionamiento político (Sánchez, 2014, p. 38). Por ejemplo, “los ‘bandoleros’ en los sesenta, y los guerrilleros hoy, son clasificados en sus zonas como ‘los muchachos’, con cierto aire de tolerancia o simpatía” (Sánchez, 2014, p. 38).
Lo anterior nos sitúa en una realidad que se ha venido nombrando: se trata del uso del lenguaje y las formas de construir un escenario de conflicto, partiendo de circunstancias, incluso del lenguaje, que están significadas por las viejas estructuras de la violencia, de generación de diferencia y exclusión. En estos casos, un relato histórico sobre la contienda social debería proponer nuevas formas de nombrar el otro, sobre todo entre las partes más contradictorias, de esta manera es posible propiciar nociones reales de perdón y convivencia.
V. DEBATES METODOLÓGICOS
En la amplia y diversa literatura existente se hallan reflexiones metodológicas de diferente índole. De tan variados referentes, algunos ofrecen propuestas sugerentes para el momento de Colombia. Algunas de ellas se presentan a continuación.
Como punto de partida, se ubica el razonamiento de Jorge Semprún, quien fue prisionero en un campo de concentración nazi y a su retorno a la libertad escribió sus memorias, consignadas en el libro La escritura o la vida.
Recordar la vivencia en un campo de concentración significaba para él volver a una época en la que no se consideraba vivo e incluso estaba desposeído hasta del nombre: “sobrevivir, sencillamente, incluso despojado, mermado, deshecho, ya había constituido un sueño un poco disparatado” (Semprún, 1995, p. 22). Por esta razón, durante muchos años de su vida el autor eligió el olvido y con él la posibilidad de estar vivo nuevamente. Como en el título de su libro, la escritura le resultaba insoportable, con ella volvían a la memoria las llamas anaranjadas del crematorio cegándole la vista en medio de la noches o el olor constante de cuerpos humanos incinerados. Sin embargo, con el paso de los años, Semprún decidió confrontar sus recuerdos optando por contar su experiencia “de la muerte, para decir mi vida, para expresarla, para sacarla adelante” (Semprún, 1995, p. 180). La escritura se convirtió entonces en la mejor manera de reelaborar su vida, la de un pasado inmerso en la violencia y el terror.
Para avanzar en su tarea, Semprún reflexionó sobre la manera de convertir una experiencia personal en un texto escrito que pudiera transmitir lo vivido, y al respecto sostuvo que “la verdad esencial de la experiencia sólo en transmisible mediante la escritura literaria”, en su caso una reconstrucción a modo de novela pero en la que su esencia no es ficción (Semprún, 1995, p. 141). No optó entonces por un relato sometido a los formalismos habituales del histórico.
En cuanto a las fuentes para abordar el componente de verdad en la justicia transicional, en Colombia va en aumento el debate sobre su existencia, procedencia y pertinencia. Las hay de diversa índole, desde libros de memoria hasta los testimonios judiciales y las tradiciones orales de algunas comunidades y actores. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad sin duda recogerá infinidad de testimonios y evidencias.
Partiendo de la consideración de Jan Vansina, las tradiciones orales “son todos los testimonios orales narrados, concernientes al pasado” (Vansina, 1967, p. 33). Sin embargo, no toda fuente oral supone una tradición oral. “Sólo las fuentes narradas; es decir, las que son transmitidas de boca en boca por medio del lenguaje” (Vansina, 1967, p. 33). Menciona tres tipos de testimonios orales: el testimonio ocular, la tradición oral (testimonios auriculares) y el rumor. Todos ellos conservan y comunican algún hecho del pasado y se constituyen en fuente para la historia.
Por testimonio verbal el autor entiende un “conjunto de declaraciones hechas por un mismo testigo concerniente a una misma serie de acontecimientos, en la medida que tengan una misma referencia” (Vansina, 1967, p. 36). Es importante señalar que el testimonio es definido en primer lugar por el testigo, por tanto la existencia de variantes de un testimonio está ligada a su carácter verbal, de lo cual resulta que, desde el testimonio inicial hasta la tradición final, el contenido puede ser alterado por los diversos testigos auriculares, o por pérdida de la memoria.
Vansina sugiere una clasificación de las tradiciones orales partiendo del entendido de que “en el interior de cada cultura puede elaborarse una división, basada en los géneros literarios” de las mismas (Vansina, 1967, p. 67). Tales textos están sometidos a reglas que determinan su disposición interna, asunto de la mayor importancia para evaluar la pertinencia de tales relatos: “[E]l análisis de la estructura formal e interna de los testimonios es de gran utilidad para el historiador. Alumbra el problema de la transmisión, da directivas para la comparación de los testimonios, permite descubrir las fuentes de error y de engaño y alumbra la interpretación que se debe dar al testimonio”.
A partir de las propuestas metodológicas de Vansina, utilizadas por él en sus trabajos de campo, puede pensarse en sus alcances para situaciones muy diferentes de aquellas que él vivió en sus trabajos académicos. En ese sentido, autores que abordan este tipo de problemas en Colombia, como Escamilla y Novoa, problematizan “la conexión que se ha planteado entre los archivos orales y la memoria histórica del conflicto armado interno” (Escamilla & Novoa, p. 3). Formulan una serie de dificultades como: (1) “La poca importancia que tienen los documentos orales como documentos de archivo […] esta poca atención que han merecido los archivos orales en el país se ha reflejado en el escaso desarrollo teórico de los mismos”; en este aspecto resalta la confusión entre historia y tradición oral (Escamilla & Novoa, pp. 5-6); (2) la reducción continua de los archivos orales de memoria del conflicto armado interno colombiano a la categoría de archivos de derechos humanos. A la luz de los autores, el aporte de los primeros “trasciende los ámbitos jurídicos que hoy por hoy presupone la connotación humanitaria” (Escamilla & Novoa, p. 12).
Otorgar la importancia que debieran poseer los archivos orales en la construcción de la memoria histórica del conflicto colombiano “supone la confrontación de múltiples retos, también significa la existencia de posibilidades que enriquecen la labor investigativa y amplían los alcances del trabajo en el presente, desde la comprensión del pasado y de cara al futuro” (Escamilla & Novoa, p. 14). Estos autores resaltan “la necesidad de hacer memoria del conflicto bajo la interpretación y mirada que ofrece la historia oral y con miras a la constitución de archivos orales que amplíen el alcance del trabajo de investigadores y favorezcan la comprensión que de la historia reciente del país tienen las víctimas y la sociedad en general” (Escamilla & Novoa, p. 21).
Por su parte, Brants considera que las comisiones de la verdad convierten memorias complejas y comprensiones del pasado en una narración incluyente de la construcción de nación para concebirla como memoria colectiva (Brants, 2013, p. 37). De igual manera, argumenta que la justicia transicional es una herramienta mediadora entre diferentes memorias colectivas. Por su parte, Pécaut afirma que las comisiones de la verdad “dan mucha importancia a la memoria, pero ayudan a estructurarla irrigándola a una temporalidad concreta” (Pécaut, 2013, p. 190). De todas formas, para este autor, dada la experiencia cotidiana del terror y la violencia, las acciones de un conflicto presentan vivencias dispersas, “engendran una memoria basada en acontecimientos, que las víctimas no logran fácilmente escribir en una trama productora de sentido”25. Esta dimensión fundada en acontecimientos genera ciertas restricciones puesto que “el momento no crea memoria, sino más bien olvido, ya que cada acontecimiento nuevo va desplazando el anterior”. Además, “el acontecimiento no crea memoria por otra razón […] se pierden también los referentes espaciales, por medio de los cuales la memoria es posible”26 (Pécaut, 2013, p. 177). Así mismo, se favorecen escenarios de mitificación de la memoria y, en consecuencia, propone que es necesario elaborar un verdadero relato histórico “un relato de esta naturaleza, al permitir una periodización argumentada […] haría posible romper con la memoria mítica y sería un punto de apoyo para la conformación de una memoria a la vez reconocida y compartida” (Pécaut, 2013, p. 190). En este proceso, los historiadores desempeñan un papel esencial para proponer los lineamientos de un relato de esta naturaleza y emprenderlo.
CONCLUSIONES
No deja de ser una paradoja que en la actual coyuntura política y social el debate alrededor de la historia y la memoria pueda convertirse en un nuevo escenario del conflicto, o ya lo sea. Frente a esto, es indispensable no perder de vista la elaboración de instrumentos de historia más que de memoria o de memoria histórica, como usualmente se denomina la aplicación cognoscitiva de ambas dimensiones. Esto va dirigido a que la búsqueda de verdades consensuadas o de relatos rigurosos y verificables sobre el conflicto político, social y armado de Colombia –con transfondo de reparación, reconciliación y no repetición– no debe limitarse a la memoria como realidad subjetiva de un individuo o una comunidad. Se deben evitar los relatos vacíos, sin sustento y poco representativos y, al mismo tiempo, la búsqueda de una visión igual de frágil, como lo sería la de una verdad hegemónica u oficial. En el caso de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, es claro que la construcción de relatos históricos sobre el conflicto no es una tarea que solo le corresponda a esta entidad y que lo que ella construya no puede ser entendido como la verdad histórica, en singular. Por supuesto, no se está descalificando a priori su labor, tan solo se llama la atención sobre la necesidad de mantener abiertas otras perspectivas. De hecho, así será porque en el “boom de la memoria”, como en ocasiones se llama lo que ocurre en ese tipo de situaciones de posconflicto, se multiplicará la investigación histórica proveniente de diversidad de instancias. Desde las que harán los propios actores comprometidos y con específicas tendencias, interesados en la perduración de relatos determinados, hasta las que dejarán instituciones del Estado o aquellas de tipo académico-universitario.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LAS PERCEPCIONES DE LA FUERZA PÚBLICA EN COLOMBIA
Juan Camilo Rodríguez Gómez
Si observamos que el adversario utiliza un argumento meramente aparente o sofístico podemos anularlo sencillamente atacando su capciosidad y apariencia, pero es mucho mejor presentarle otro argumento si cabe, de análoga apariencia y sofistería para liquidarlo, pues lo que importa no es la verdad, sino la victoria.
ARTHUR SCHOPENHAUER, Dialéctica erística, estratagema 21
RESUMEN
El autor hace una aproximación preliminar a algunas de las percepciones que se han generado alrededor de las Fuerzas Militares en medio del conflicto armado colombiano y las implicaciones que ellas han tenido en la sociedad civil. Con este propósito se realiza una selección de la bibliografía enmarcada en el conflicto, en la participación de las víctimas en la construcción de la memoria y la relación con los actores institucionales.
Para tal fin, se realiza una revisión de la información existente en torno a la presencia de la Fuerza Pública en medio del conflicto armado, con énfasis en el seguimiento a las versiones que muestren detalles para determinar su percepción como víctima o victimario. Por otra parte, se desarrolla una caracterización del lenguaje usado al referirse al adversario, lo cual también impacta en tales percepciones mutuas. El problema se considera teniendo como eje una selección de documentos periodísticos y algunos textos escritos por las víctimas y testigos excepcionales del conflicto. Se subraya la percepción que la sociedad civil ha tenido de la Fuerza Pública durante el conflicto armado. Se ha desarrollado el estudio de una parte de la bibliografía existente dentro del marco víctima o victimario del conflicto, teniendo como punto de partida la participación directa e indirecta de la Fuerza Pública, con el fin de acercarse a la percepción que se tiene de ella.
INTRODUCCIÓN
En este documento se hace una aproximación preliminar a algunas de las percepciones que se han generado alrededor de las Fuerzas Militares en medio del conflicto armado colombiano y las implicaciones que ellas han tenido en la sociedad civil. Con este propósito se realiza una selección de la bibliografía enmarcada en el conflicto, en la participación de las víctimas en la construcción de la memoria y la relación con los actores institucionales.
Por otro lado, se hace una revisión de la información existente en torno a la presencia de la Fuerza Pública en medio del conflicto armado, con énfasis en el seguimiento a las versiones que muestren detalles para determinar su percepción como víctima o victimario. Por otra parte, se desarrolla una caracterización del lenguaje usado al referirse al adversario, lo que también impacta en tales percepciones mutuas. El problema se considera teniendo como eje una selección de documentos periodísticos y algunos textos escritos por las víctimas y testigos excepcionales del conflicto. Se subraya la percepción que la sociedad civil ha tenido de la Fuerza Pública durante el conflicto armado. Se ha realizado el estudio de una parte de la bibliografía existente dentro del marco víctima o victimario del conflicto, teniendo como punto de partida la participación directa e indirecta de la Fuerza Pública, con el fin de acercarse a la percepción que se tiene de ella.
I. ALGUNOS ANTECEDENTES
La seguridad en los países latinoamericanos y las funciones delegadas a las Fuerzas Militares1 han enfrentado los recurrentes problemas derivados de la precaria formación de sus estados, en naciones con numerosos conflictos y con limitados recursos para construirse. Un desbalance ha sido característico a lo largo de la historia para controlar las manifestaciones ilegales y violentas de individuos y grupos mediante el uso de la fuerza, sin garantizar a cambio la concomitante protección de las libertades y los derechos. En América Latina la coerción estatal se ha visto como un mal menor y no como una condición complementaria a los derechos de la ciudadanía. Más aún, las doctrinas de la seguridad asumieron que los mecanismos de coerción serían suficientes para garantizar las libertades civiles y no inversamente.
La histórica separación tajante entre el Estado y la sociedad civil mantuvo al primero en condición de autonomía y control autocrático, y limitó la ampliación de los derechos democráticos y, a su vez, llevó a ciclos de paternalismo. La coerción se impuso en la mayoría de conflictos para soslayar las carencias democráticas, y en medio de ese panorama las representaciones públicas de las Fuerzas Militares mantuvieron cierta hegemonía hasta la década de los años noventa.
No obstante, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, todo cambió. Así, la política exterior estadounidense modificó, con nueva fuerza, la doctrina de la seguridad nacional, que buscaba, entre otras acciones que se han extendido hasta estos años, una lucha frontal de las fuerzas armadas de los países latinoamericanos contra ideologías y movimientos que favorecieran al terrorismo, sin importar los métodos ni el costo de estas acciones. Dice Roland Anrup (2009, p. 113) que “el nuevo esquema de Seguridad Internacional sirve para eliminar lo que la política de Seguridad Democrática llama una ‘diplomacia guerrillera mimetizada’. La mímesis viene a encarnarse en los activistas de derechos humanos, sindicalistas o miembros de movimientos de izquierda”.
En el pasado, estrategias como la Alianza para el Progreso intentaron “desactivar el potencial revolucionario” que había desatado en Latinoamérica la Revolución cubana. Las “nuevas condiciones internacionales auspiciadas por EE. UU. son una de las causas del fracaso de la toma del poder por los grupos insurgentes, porque la experiencia cubana fortaleció la vigilancia de los estados latinoamericanos a través de la doctrina continental de la ‘Seguridad Nacional’ fundada en la percepción del ‘enemigo interior’, que adelantó acciones de carácter preventivo contra los sectores de la izquierda latinoamericana para cortar su desarrollo” (Sancho Larrañaga, 2003, p. 74). En Colombia, tres casos sobresalientes, entre otros, se pueden citar como efecto de esta doctrina de Seguridad Nacional: el Estatuto de Seguridad, el Plan Colombia y la política de ‘Seguridad Democrática’, todo lo cual tuvo por supuesto un impacto en la percepción de la Fuerza Pública por parte de la ciudadanía.
Por otro lado, es necesario advertir que, para mal del país, la guerra contra las drogas desatada desde Estados Unidos ha “contribuido en gran medida a la escalada de la violencia en Colombia durante los últimos años. Antes de 1990 los estudios colombianos sobre la violencia generalmente se centraban en sus causas internas, en lugar de hacer énfasis en el papel central del narcotráfico. Hoy, comparativamente, el narcotráfico ha llegado a tal punto que prácticamente ningún aspecto de la crisis que enfrenta la nación está ‘libre de droga’” (Bergquist, 2001, p. 398).
En este contexto, el Estado y la Fuerza Pública mantuvieron relaciones distantes con la ciudadanía. La tímida participación de la sociedad civil, la marginalidad económica de la mayoría y los resortes clientelistas del sistema político conjugaron las tensiones mutuas entre las Fuerzas Militares y la sociedad para su colaboración. Una geografía física y social de aislamiento del Estado y las debilidades de la sociedad civil facilitaron la coerción como medio de control sobre la protesta social. Los grupos paraestatales surgieron entonces para llenar los vacíos de autoridad y, paradójicamente, las demandas por derechos sociales en varias regiones del país (Palacios, 2012). Se generó, entonces, una distancia entre el uso de la fuerza del Estado y los intereses de la población, y los gobiernos locales hicieron caso omiso a las extralimitaciones en el uso de la violencia legítima (El Espectador, 17/05/2016).
Las doctrinas de seguridad en sus diferentes versiones identificaron las acciones de las Fuerzas Militares con medidas coercitivas que se movieron al ritmo de las alteraciones del orden. Los gobiernos de Gaviria (1990-1994), Samper (1994-1998) y Pastrana (1998-2002) en gran medida interpretaron la función de la Fuerza Pública a la luz de sus relaciones con los Estados Unidos. Excepto ligeros cambios de Gaviria frente a los vínculos con las autoridades civiles, las políticas de seguridad fueron relacionadas con medidas represivas. Con los gobiernos de Uribe (2002-2010) estas políticas se incrementaron, tras la declaratoria de la guerra contra el terrorismo y el plan de guerra total contra las agrupaciones insurgentes (El Espectador, 03/11/2009).
A lo largo de los años y con un énfasis que se desató durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), el accionar de las Fuerzas Militares se orientó principalmente hacia los problemas internos, en función de la lucha contra las guerrillas insurgentes. El Estatuto de Seguridad (Decreto Legislativo 1923 de 1978) enfatizó en la aplicación desde esa perspectiva. Mientras en los estados modernos la profesionalización castrense ha sido fundamental, en Colombia solo en los últimos años esta perspectiva ha tomado forma regular. Estos desfases muestran la dificultad militar para defender la soberanía, al menos frente a vecinos con mayor capacidad bélica y gobiernos con poca democracia2. Pese a que gran parte de la organización castrense juzga la posibilidad de una guerra con Venezuela, la visión contemporánea de soberanía externa se ha desdibujado y en su lugar hay una preocupación en aumento por la multiplicación de organizaciones criminales en la etapa del posconflicto. La velocidad de las nuevas agrupaciones ilegales por ocupar las regiones y los espacios dejados por las FARC representan desafíos prioritarios para la Fuerza Pública. Este escenario estructurado en las décadas recientes ha generado una percepción, que naturalmente evoluciona, alrededor de la Fuerza Pública.
II. LOS NUEVOS TIEMPOS
La economía del narcotráfico mantiene actividades ilegales en territorios que fueron retaguardia de paramilitares y guerrilleros. Muchos de los beneficiados económicamente por el narcotráfico incidieron en el manejo deficiente del problema de la seguridad, lo cual también hizo explícita la debilidad en la aplicación de la justicia. Sumado a lo anterior, las presiones del gobierno de Donald Trump y su política antidrogas se dirigen a incrementar la represión como medio para resolver problemas con causas distintas del narcotráfico. En ese marco, la Policía Nacional3 y las Fuerzas Militares han debido enfrentar las diversas manifestaciones del delito con instrumentos limitados.
El discurso tradicional de seguridad nacional fue llevado a otra dimensión tras el 11 de septiembre de 2001. La lucha contra las guerrillas se incorporó a la librada contra el terrorismo en el marco de las acciones emprendidas por Estados Unidos y, así, la categoría de enemigo interno perdió legitimidad. No obstante, en los recientes intentos de negociación con el ELN se persiste en calificar a los insurgentes como bandidos y facinerosos, a pesar de que el presidente Santos había pedido desarmar el lenguaje para referirse a las FARC en determinado momento de los avances en las negociaciones de paz con ese grupo. “Que ambas partes vayan sincronizando sus discursos y les pidan a los grandes medios de comunicación prudencia y reflexión demuestra la madurez del proceso a pesar de las dificultades” (Gómez Suárez, 20/07/2015).
El resurgimiento contemporáneo de la violencia en Colombia presenta las características de las nuevas guerras (Kaldor, 2001): narcotráfico, minería ilegal, crimen organizado, lavado de activos, contrabando, trata de blancas. El posconflicto ha venido acompañado de manifestaciones de un Estado débil en el ámbito regional, y poderes locales asociados a la delincuencia en el Catatumbo, Norte de Santander, o en Tumaco, Nariño, los ejemplos más evidentes. La degradación social responde también a que muchas poblaciones no pueden ofrecerles oportunidades laborales o educativas a jóvenes y adolescentes, situación que aprovechan los grupos delincuenciales para cooptarlos. Una simbiosis de problemas hace difícil el camino de la reconciliación y el desarrollo democrático. Semana (08/15/06/2018a, p. 18) decía que “algo muy grave está pasando en el país. El martes mientras Colombia tenía los ojos puestos en el Mundial de Rusia, una racha de crímenes aguó cualquier asomo de fiesta. Primero, fue una masacre en el municipio de Argelia (Cauca). Siete personas, entre ellos dos disidentes de las FARC, fueron acribillados en un hecho que las autoridades le atribuyeron al ELN”, y luego presentaba una lista de “la oleada de asesinatos de líderes sociales y activistas políticos”, que reavivan “la época más violenta de la historia reciente”.
La agudización de la inseguridad deja huellas en la percepción que se tiene sobre la Fuerza Pública. La unificación de agrupaciones delincuenciales, crimen organizado y narcotráfico, sumado a la conformación de alianzas entre grupos no reincorporados de las FARC y el paramilitarismo, representa una amenaza a las condiciones de seguridad nacional y desafía la confianza ciudadana en la Fuerza Pública.
En síntesis, dentro de las responsabilidades de la Fuerza Pública y su papel en el desarrollo de la confrontación armada, en este caso con la guerrilla de las FARC-EP, es importante tomar en consideración dos aspectos fundamentales, relacionados con su accionar antisubversivo y las características que fungen como plataforma doctrinal de las Fuerzas Militares en determinados momentos.
En el caso concreto de las Fuerzas Militares, las objeciones presentadas por su parte, o las de los militares retirados, a lo largo de las negociaciones del proceso de paz con las FARC, mostraron con especial significación la incertidumbre generada alrededor de la justicia a impartirse para los militares envueltos en crímenes de lesa humanidad o en contra de la población civil, asunto que también incide en la percepción ciudadana de esa fuerza legítima. Y es que, según un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos del 2 de octubre de 2007, “Las estructuras militares y paramilitares han cometido alrededor de 60.000 crímenes de lesa humanidad” (Anrup, 2009, p. 18). Cifra que habrá aumentado en los años siguientes.
La situación es compleja, como se desprende de los dilemas y las críticas que ha tenido que sortear la Justicia Especial de Paz establecida en el Acuerdo de Paz. Son muchos los graves atropellos que deben resolverse y a los que tienen que responder agentes del Estado y terceros. Solo por citar uno de los muchos ejemplos, Roland Anrup (2009, pp. 18-19) dice que “entre diciembre de 2002 y 2006 habían sido asesinados más de 3.300 congresistas, jueces, periodistas, activistas de los derechos humanos, campesinos, indígenas y sindicalistas”. Anrup cita el Informe Anual de Amnistía Internacional de 2004 en el que denunció que en el 2004 “se asesinó o se hizo desaparecer al menos a 1.400 civiles”, y luego señala que “la violación y otros delitos sexuales como la mutilación genital, son utilizados con frecuencia por las fuerzas de seguridad y los paramilitares como parte de sus tácticas de terror contra las comunidades a las que acusan de colaborar con la guerrilla”.
El más reciente Informe de Amnistía Internacional (2018, pp. 157-158) dice que en Colombia “hubo varias acusaciones de homicidios deliberados cometidos por fuerzas del Estado y denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en protestas en el Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Catatumbo”. Y luego señala que “según la organización Somos Defensores, el número de homicidios de defensores y defensoras aumentó un 31% en la primera mitad del año, en comparación con el mismo período de 2016. Los homicidios de mujeres que ejercían algún tipo de liderazgo se incrementaron en relación con 2016: hubo siete muertes de ese tipo en los primeros seis meses de 2017. Se tuvo noticia de homicidios de líderes afrodescendientes. El 8 de junio fue asesinado en Malambo, Atlántico, el defensor de los derechos humanos afrodescendiente Bernardo Cuero Bravo, de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados. Había sufrido amenazas y ataques en numerosas ocasiones por su trabajo en favor de la comunidad y por su defensa de quienes habían sido objeto de desplazamientos forzados. Pese a sus reiteradas solicitudes, la Unidad Nacional de Protección no le había asignado medidas de protección”. Todo esto debilita la confianza en la Fuerza Pública y en las instituciones de seguridad del Estado que deberían fortalecer su legitimidad en el posconflicto.
Sin duda, los crímenes de guerra cometidos por parte de los actores armados invisibilizaron el deterioro social, el estancamiento económico, el cambio institucional y las consecuencias que afectaron directamente a la población civil. Tanto las guerrillas como la Fuerza Pública contribuyeron parcialmente al detrimento de las regiones afectadas por el recrudecimiento del conflicto, y esto afectó la imagen y credibilidad de la instancia legítima.
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