Read the book: «Razonamiento jurídico y ciencias cognitivas»

Introducción. Derecho, psicología y decisión judicial
FEDERICO JOSÉ ARENA
PAU LUQUE
DIEGO MORENO CRUZ

En las últimas décadas el estudio del razonamiento jurídico se ha visto enriquecido por las hipótesis que son formuladas a partir de los resultados de experimentos de la psicología cognitiva y de la neurociencia acerca de cómo el aparato cognitivo humano funciona y de qué modo las actividades inconscientes y conscientes de nuestra mente y cerebro influencian en nuestras acciones cuando lidiamos con cuestiones normativas. La filosofía experimental del derecho (Experimental Jurisprudence) es un modo de abordar problemas de la teoría general y la filosofía del derecho, que parte de la base de experimentaciones a partir de las cuales se sostiene que nuestras acciones están influenciadas por un conjunto de estados y operaciones mentales inconscientes y también por ideas normativas acerca de cómo debemos actuar en situaciones dadas. La filosofía experimental, entendida de este modo, reta a los teóricos y los filósofos del derecho a que formulen hipótesis que estén informadas por las explicaciones y predicciones de las ciencias cognitivas. Hipótesis que dejan en claro que el comportamiento de las personas está moldeado tanto por ideales normativos que ellas apoyan conscientemente como por tendencias psicológicas o procesos inconscientes que se llevan a cabo en su mente sin intención deliberativa alguna (SHAFIR, 2004: ix).

Por un lado, tales investigaciones han permitido poner bajo una nueva luz cuestiones tradicionalmente concebidas como puramente conceptuales o metafísicas. En este sentido, parte de la génesis de la idea de este libro se vincula con un intento por mostrar diferentes modos en los que sería posible enfrentar un reciente desafío a la filosofía analítica del derecho. La corriente tradicional de la filosofía analítica concebía al método filosófico como la reconstrucción racional de conceptos basada en las intuiciones del propio filósofo y en las propiedades generalmente asociadas con el concepto¹. Actualmente, existe gran controversia acerca de cómo concebir la tarea del filósofo analítico y de la filosofía analítica del derecho en particular. La discusión se vincula con las objeciones avanzadas en contra de la distinción analítico-sintético. Según el punto de vista tradicional, los enunciados analíticos son aquellos cuyo valor de verdad depende exclusivamente de su forma lógica y/o del significado de los términos que los componen. Los enunciados sintéticos, en cambio, son aquellos cuyo valor de verdad depende de cómo es el mundo. Esta constituyó la piedra basal de las ciencias empíricas según el positivismo lógico de la primera parte del siglo XX. Mientras que la filosofía debía encargarse de los enunciados analíticos, las ciencias empíricas se ocuparían de los enunciados sintéticos. Sin embargo, esta distinción fue atacada desde distintos ángulos; quizás la crítica más devastadora fue la formulada por Quine (QUINE, 1953). Si bien resulta difícil resumir en pocas palabras esa crítica, puede bastar con formular la conclusión, que se extrae de su objeción, del modo siguiente: hasta ahora no han sido ofrecidas pruebas suficientes para sostener la existencia de una clase de enunciados inmune a los hechos. Si ello es así, entonces todos los enunciados enfrentan el tribunal de la experiencia. Este resultado parecería dejar sin tarea a la filosofía, puesto que ningún conocimiento confiable sobre los hechos (de los que ahora depende también la verdad de los enunciados antes considerados analíticos) puede ser obtenido únicamente mediante el análisis conceptual; todos los enunciados han de ser testeados por la ciencia. Los filósofos analíticos, incluidos los filósofos del derecho, han enfrentado esta dificultad de distintas maneras².

En general puede afirmarse que existe un cierto acuerdo sobre que la filosofía analítica, al momento de teorizar, puede y debe ser sensible a la experiencia y receptiva hacia los resultados de las ciencias empíricas. Esto ha sido articulado de distintas maneras, la filosofía experimental es una de ellas. En sus inicios la filosofía experimental consistía en la aplicación de los métodos de la psicología experimental al estudio de las intuiciones³. En un sentido amplio, en cambio, la filosofía experimental comprende todo trabajo filosófico que usa métodos o resultados de investigaciones empíricas para enfrentar problemas filosóficos (KNOBE y NICHOLS, 2008).

Si bien no necesariamente todas las personas que participan en este libro comparten las tesis de la filosofía experimental, creemos que sus aportes presentan diferentes modos de extender este enfoque al ámbito jurídico. Particularmente, sobre la base de avances acerca de cómo funciona realmente nuestro aparato cognitivo y cómo este influencia en la acción humana, se abordarán preguntas como: ¿en qué consiste atribuir un estado mental?, ¿es posible reducir las normas a estados de nuestra mente o a sucesos físicos del cerebro? Por otro lado, las investigaciones en ese ámbito han abierto nuevas líneas de investigación para el análisis del modo en que decidimos sobre cuestiones normativas. En particular, se presentan ahora preguntas como: ¿de qué modo las decisiones jurídicas son dependientes de la mente de los decisores?, ¿qué incidencia tienen los estados mentales y las emociones en el modo en que tomamos decisiones normativas?, ¿qué relación existe entre las actividades cognitivas de nuestra mente, los sucesos físicos y químicos de nuestro cerebro y la toma de decisiones racionales?

Los escritos que aquí se presentan y que componen el presente volumen tienen por objeto común el análisis de problemas de la filosofía del derecho y del razonamiento práctico de las personas (en especial, jueces y funcionarios) en relación con las normas jurídicas.

El conjunto de avances científicos apenas citados permite enfocar desde nuevos ángulos cuestiones y disputas clásicas de la teoría del derecho: ¿es el derecho en última instancia el conjunto de estados mentales o cerebrales de los que interpretan y aplican las disposiciones jurídicas? ¿O, en cambio, hay algo independiente de los estados mentales de los jueces, una suerte de reino de lo normativo, que establece qué es lo correcto, jurídicamente hablando, y que permite decir que los jueces, por lo menos en algunas ocasiones, pueden cometer errores? ¿Qué incidencia tienen las emociones de los jueces al momento de decidir casos concretos? ¿Es posible escindir la búsqueda racional de una respuesta jurídica correcta de las emociones que el caso provoca en el juez? ¿Los juicios normativos acerca de la corrección de las acciones propias y de otros pueden ser reducidos a la descripción de los sucesos físicos y químicos del estado en que se encuentra nuestro cerebro?

Los escritos abordan problemas relacionados con estas cuestiones, es decir, problemas que no son solo de teoría general del derecho, sino también de teoría de la interpretación, teoría de la responsabilidad, teoría del proceso y teoría de la prueba, entre otros.

Los dos primeros capítulos están dedicados a qué es lo que puede hacer la neurociencia en relación con los problemas de la normatividad del derecho. El tercer capítulo explora la interpretación judicial desde una perspectiva psicologista de análisis. El cuarto capítulo aborda un debate metateórico desde una perspectiva de la psicología moral experimental. Los capítulos quinto, sexto y séptimo se ocupan de los sesgos implícitos y de su influencia en la toma de decisiones racionales de los jueces. El primero de estos capítulos lo hace en relación con el razonamiento interpretativo y los dos restantes en relación con el razonamiento probatorio. El octavo capítulo aborda el uso de criterios morales implícitos (razonabilidad y normalidad) en el juicio de corrección de las acciones de otros. Por último, el noveno examina la justificación de la agravación de la pena en relación con acciones realizadas por odio, entendido como motivo emocional.

En el primer capítulo, “Filosofía y (neuro)ciencia: sobre la ‘naturalización’ de la filosofía práctica”, Daniel González Lagier plantea una serie de problemas en torno a la posibilidad de “naturalizar” la filosofía práctica, en concreto, la filosofía de la responsabilidad, sobre la base de explicaciones provenientes de la neurociencia: es decir, el intento de reemplazar las explicaciones de la filosofía sobre el razonamiento práctico-normativo y la acción humana con las explicaciones neurocientíficas acerca del funcionamiento del cerebro y de la formación de estados mentales. En especial, el autor problematiza la pretensión de la neuroética y del neuroderecho de naturalizar las normas y nuestros juicios normativos (morales) y la de naturalizar la mente (por ejemplo, reducir los estados mentales a estados cerebrales). Al respecto, concluye que la pretensión de reemplazar las explicaciones de la filosofía práctica con las explicaciones neurocientíficas es irrazonable. Sin embargo, también concluye que la naturalización es necesaria si con ella se entiende la pretensión de complementar, y no de reemplazar, las primeras explicaciones con las segundas: si bien las explicaciones ofrecidas por la filosofía son irreducibles a las explicaciones de las ciencias empíricas, aquellas no pueden contradecir la evidencia acerca de la naturaleza humana aportada por las segundas, por ejemplo, las explicaciones ofrecidas por la neurociencia.

En el segundo capítulo, “Acción, expresión y atribución de estados mentales”, Sebastián Figueroa Rubio ofrece una revisión crítica de los supuestos de la neurociencia cognitiva en los que se basan las tesis, populares hoy en el estudio del derecho, a saber, el neuroderecho: la explicación de la mente, de la agencia y del comportamiento humano pueden, o tendrían que, traducirse en términos de estados y procesos cerebrales: lo mental es reducible a lo cerebral. El autor muestra cómo la aceptación de tales supuestos repercute no solo en la comprensión de la mente y de su relación con el comportamiento humano, sino en nuestra comprensión de la práctica de atribución de estados mentales en el ámbito jurídico. Por último, Figueroa defiende una noción diferente de agencia, y de la mente, que él presenta como una representación no-reduccionista, que además es más adecuada para dar cuenta de la práctica de atribuir estados mentales a otros en el contexto del derecho: nuestro comportamiento es la expresión de lo mental y las acciones son adscritas a otros en relación con un contexto particular. Si bien un estado mental presupone un estado cerebral, es decir, hay una correlación entre ambos tipos de estados, lo conceptual no es reducible a lo empírico. El neuroderecho, por tanto, se equivoca al asimilar, por ejemplo, el dolo con un estado físico en el que se encuentra el cerebro.

En el tercer capítulo, “Acción intencional de interpretación judicial. Casos normales y sorpresivos”, Diego Moreno Cruz defiende un abordaje psicologista de la interpretación judicial, presentándola como una actividad de formación de la intención del juez de proferir actos de habla interpretativos. Y señala que ella algunas veces puede consistir en un mecanismo intuitivo, frente a los casos normales, y otras veces en un proceso de decisión, frente a los casos sorpresivos. El autor cuestiona que haya casos respecto de los que los jueces no ejercen discrecionalidad para obtener la norma jurídica que les es aplicable. Para ello, ofrece una distinción entre dos tipos de análisis psicologista: prospectivo y retrospectivo. Y afirma que, aunque la identificación de normas jurídicas aplicables a los casos normales no requiera de la toma de decisión interpretativa en un sentido prospectivo de análisis de la interpretación judicial, toda identificación de normas jurídicas aplicables a los casos, ya sea normales o sorpresivos, involucra el ejercicio de la discrecionalidad en un sentido retrospectivo.

En el cuarto capítulo, “La Razón y la razón. Psicología moral y argumentación judicial”, Pau Luque expone una posible conexión entre la teoría de la argumentación jurídica, en concreto, judicial, y la psicología moral experimental. De modo específico, con base en la literatura en torno a esta última el autor plantea una crítica a una noción de argumentación jurídica sostenida por la escuela de la Universidad de Alicante. Además, el autor recomienda una noción de razonamiento que tome en cuenta la evidencia empírica ofrecida por las ciencias cognitivas, para obtener lo que según él sería una buena teoría de la argumentación jurídica. En este sentido, él desacuerda con la noción de argumentación que considera que el juez encuentra una razón para decidir un caso correctamente, de tal manera que tal razón no solo explica su decisión sino que también la justifica. Por su parte, da razones para considerar que la razón que justifica la decisión correcta no explica el porqué el juez tomó una decisión: la razón no es causa de la decisión sino tan solo su justificación.

En el quinto capítulo, “Acerca de la relevancia de las investigaciones sobre sesgos implícitos para el control de la decisión judicial”, Federico José Arena se ocupa de exponer las investigaciones en torno a los sesgos cognitivos implícitos para el control de la decisión judicial. El autor afirma que los sesgos implícitos entendidos como causa de las acciones que realizan los jueces para solucionar los casos requieren de un criterio normativo para ser identificados. Sin embargo, muestra que si tales criterios jurídicos existen, los sesgos son irrelevantes. Si tales criterios no existen, entonces se acudirá a criterios extrajurídicos que a su vez serán suficientes para determinar la corrección de la decisión del juez, y los sesgos, también en estos casos, serán irrelevantes para este fin. No obstante, el autor sostiene que los sesgos implícitos, si bien pueden ser irrelevantes en las decisiones individuales tomadas por cada juez, pueden ser identificados al comparar dos o más decisiones individuales sobre casos similares, lo cual exigiría adoptar una perspectiva estructural para su abordaje.

En el sexto capítulo “Los sesgos cognitivos y la legitimidad racional de las decisiones judiciales”, Andrés Páez expone una serie de sesgos implícitos producidos por diferentes heurísticas en la actividad decisional de los jueces y ofrece una propuesta para minimizar los efectos perjudiciales que se atan a ellos, principalmente el efecto negativo de que la decisión del juez pueda considerarse irracional y por lo tanto ilegítima. Respecto de la autoevaluación del sistema judicial y de las decisiones de los jueces, el autor considera que la minimización de los efectos de los sesgos cognitivos y un mayor grado de racionalidad en sus decisiones pueden obtenerse por medio de la formulación de guías en la toma de decisión de los jueces que resulte en una protocolización del actuar procesal. La idea general sobre la que opera el argumento de Páez es que, en lugar de modificar los comportamientos de los agentes judiciales, se podría alterar el entorno dentro del cual aquellos toman decisiones para reducir la probabilidad de que estos sesgos aparezcan.

En el capítulo séptimo, “Un argumento naturalista en contra de la teoría retórica de la argumentación probatoria en los procesos penales”, Danny Marrero Avendaño examina el efecto que el sesgo confirmatorio tiene en la configuración de los hechos relevantes en los procesos penales. En especial en las creencias y actitudes de los fiscales que buscan reforzar la evidencia de inculpación y minimizar la evidencia exculpatoria en relación con el procesado. El autor expone una teoría retórica de la argumentación probatoria (entendida como un proceso de inferencias) y ofrece razones para considerarla inadecuada para llevar a cabo la finalidad de dar un trato sustancialmente justo a las personas involucradas. Y propone, para su reemplazo, una teoría epistemológica de la argumentación que esté dirigida a reducir los sesgos confirmatorios en aras de que la investigación penal, que tiene por propósito reconstruir los hechos objeto de la disputa penal, sea lo más imparcial posible.

En el capítulo octavo, “Entre el ‘hombre promedio’ y el ‘hombre ideal’: el criterio de razonabilidad y su aplicación al agente moral en el razonamiento cotidiano, jurídico y psicológico”, María Natalia Zavadivker aborda el tema de los criterios de corrección moral usados para juzgar las acciones de otros, considerando cuestiones acerca de cómo se comportan y cómo se deberían comportar los agentes morales. Zavadivker toma como objeto de su análisis la aplicación del criterio de razonabilidad y los estándares sobre los que este se apoya en el ámbito jurídico, por ejemplo, el del “hombre promedio”. Analiza distintas nociones de “normalidad” y las relaciones que estas tienen con el criterio de razonabilidad. Muestra cómo muchas veces se confunden los planos diferentes en los que son aplicables la normalidad y la razonabilidad. En este sentido, sostiene que los juicios de corrección moral presuponen estándares de normalidad y, por lo tanto, la empresa descriptiva de los psicólogos morales es dependiente de una evaluación moral implícita que está basada en un criterio normativo a partir del cual es posible identificar desviaciones en la acción de las personas.

En el noveno y último capítulo, “¿Es el sometimiento de la víctima una alternativa al odio como estado mental?”, María Laura Manrique se ocupa del modo en que las emociones motivan la acción de las personas y del rol que estas juegan en la atribución de responsabilidad penal. De modo específico, la autora aborda el tema del odio como una emoción motivacional del agente, y también como una justificación de agravación de la pena. Al respecto, la autora expone una posición dogmática según la cual la justificación de la agravación por cometer ilícitos por odio está en que el victimario tiene por pretensión someter a la víctima. En contraposición, ella considera que es más fructífero abordar la justificación de la agravación, con fines explicativos y justificativos, considerando al odio como un estado mental del victimario. Y afirma que este modo de concebir al odio, como estado mental, es además necesario para sostener la posición a la que ella dirige sus objeciones, es decir, al odio como sometimiento.

Es importante que, en general, la filosofía del derecho saque provecho de las investigaciones en psicología experimental y psicología cognitiva. Este es uno de los objetivos principales de este libro: cubrir un espacio de discusión en teoría del derecho que no ha sido prácticamente explorado en español. En este sentido, esta obra podría ser una suerte de libro fundacional del cruce de caminos entre la psicología y la filosofía del derecho en el mundo de habla hispana. El volumen está dirigido a todos aquellos filósofos del derecho, filósofos de la moral y, por supuesto, a todos aquellos interesados en el desarrollo de la psicología cognitiva y la psicología experimental. Pero también está dirigido a todos aquellos que ejercen el derecho no solo desde su vertiente teórica, sino también desde su vertiente práctica. El cruce de caminos entre la psicología, la teoría y la filosofía del derecho ayudará a entender cómo opera el derecho en los casos concretos. Por ello, abogados, jueces, fiscales y procuradores deberían encontrar enormemente útiles los debates filosóficos, teóricos y psicológicos que esta obra contiene.