Me gustan los estudiantes

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Movilizaciones estudiantiles: Lecciones de cívica con uniforme

Mayo será recordado como el mes que despertó algo en Chile, remeció conciencias entumecidas y renovó el aire de las calles de Santiago y en ciudades del norte y sur del país. Será el mes en que nuevamente se escuchó hablar de los movimientos sociales en el habla cotidiana, las semanas donde los medios de comunicación volvieron a tratar de entender lo que era una asamblea, las funciones de un vocero y a respetar los tiempos de las decisiones colectivas.

Mayo de 2006 será recordado como el mes en que los secundarios se hartaron del modelo y golpearon la mesa. Y la golpearon fuerte.

Juan Ortega Fuentes¹

La reciente explosión del movimiento secundario ha puesto en el tapete de la opinión pública nacional, el protagonismo de nuevos actores sociales, de carne y hueso, no los artistas de la farándula ni el galán de turno, sino estudiantes, jóvenes y adolescentes chilenos provenientes de diversos mundos, de diversos Chiles.

Eran esos mismos estudiantes secundarios, de terno y corbata, de jumper y falda, considerados los primeros “beneficiarios” del modelo educativo nacional: aquellos chilenos que por ser menores de edad, hasta la fecha no habían tenido derecho a opinar ni a manifestar siquiera atisbos de reflexiones políticas y ciudadanas.

Esta llamada “revolución pingüina” también ha contribuido a desenmascarar las políticas sociales y modelos de gobernabilidad de la Concertación de Partidos por la Democracia, dejando en claro que los grandes beneficiados del sistema son los grupos económicos que gozan de las garantías que el Estado mantiene para que ellos lucren con la salud, la educación, la previsión social, etc. Ante este “democrático” panorama, han sido estas generaciones que legalmente “no tienen voz ni voto” las que han destapado la caldera. Una que estaba hirviendo hace rato.

El movimiento secundario no nació este año, tampoco surgió por la necesidad de reivindicaciones económicas o de reducir un porcentaje del pasaje escolar; la crítica al sistema educacional y a las reformas que se habían introducido en democracia eran reflexiones que el movimiento venía trabajando por bastante tiempo.

Los primeros tres meses desde que asumiera el mando del Gobierno Michelle Bachelet, han estado mucho más accidentados de lo que sus más acérrimos adversarios hubieran podido vaticinar. El escándalo de la incorrecta identificación de los cuerpos del patio 29, la llamada “crisis Fujimori”, la polémica por los destinos de los excedentes del cobre, y la preocupación por cumplir las 36 medidas durante sus primeros cien días de gobierno, han marcado las prioridades al interior de La Moneda. Pero el paro de los secundarios y las jugadas estratégicas con que se enfrentaron al gobierno y a la opinión pública, han sido uno de los peores momentos de la administración actual. Asimismo lo corroboró el mayor afectado político: el ex ministro de Educación Martín Zilic, quien aseguró que nadie tenía cómo prever la magnitud del conflicto. Pero en el Ministerio sí tenían cómo: existía allí un documento llamado Propuesta de Trabajo de Estudiantes Secundarios de la Región Metropolitana, con fecha 30 de noviembre de 2005, que era el resultado de siete meses de trabajo entre el Ministerio, representado por el secretario ministerial de Educación, señor Alejandro Traverso, y un equipo especial del Departamento de Educación y los dirigentes estudiantiles de la Región Metropolitana. Esta instancia desarrolló profundos debates y reflexiones sobre los temas que hoy volvían a salir a la superficie: La Educación Pública y el rol del Estado; Reestructuración a la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE); Fin del Sistema Municipalizado de Enseñanza; Revisión e implementación de una real Jornada Escolar Completa (JEC); Transporte Escolar; Financiamiento y becas para la PSU, temas que se trabajaron en comisiones y que se plasmaron en un plan de trabajo para el 2006, con acto artístico de finalización incluido, como reza el documento, valorando la capacidad de estudiantes y autoridades de alcanzar un diálogo honesto y profundo que apunte a las reformas sugeridas y que demuestra las ganas de participar y opinar de este actor social.

Lamentablemente, al parecer, la llegada de nuevos equipos de trabajo al edificio de Alameda 1371 trajo algunos olvidos y descoordinaciones que han demostrado ser errores que se pagan caro.

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) establece el marco estructural del sistema educativo en todos sus niveles. Esta ley fue promulgada el 7 de marzo de 1990 y publicada el 10 de marzo del mismo año, último día de la dictadura de Pinochet y que para ser modificada requiere 4/7 de ambas cámaras del Parlamento, por su carácter constitucional. Este marco legal permite que la creación y existencia de los establecimientos de educación sea regulada exclusivamente por las leyes del mercado, bajo la lógica de que los establecimientos compitan y sobresalgan por medio de éste. Así, aquellas escuelas de menores recursos están condenadas a entregar una educación de menor calidad a sus alumnos. Y el derecho a la educación de todo ciudadano pasa a segundo plano, ya que el Estado se convierte en el garante de esta libertad de enseñanza y en mero subsidiario, entregando a terceros la administración de los fondos que otorga a la educación. Los criterios exigidos para el reconocimiento de los establecimientos de Educación Básica y Educación Media son: tener un sostenedor (corporaciones privadas o municipales), ceñirse al programa básico que estipula el Ministerio, poseer la infraestructura, personal docente y auxiliar necesario. En la otra trinchera, los defensores de la LOCE afirman que ésta contribuye a elevar la calidad promedio de la educación, al posibilitar, por el reconocimiento a la libertad de enseñanza, la coexistencia entre educación pública y privada, y se muestra como uno de sus principales logros la cobertura casi total de la enseñanza básica y media en el país.

La Jornada Escolar Completa, el otro objetivo al que apuntan los dardos de las demandas estudiantiles, es una de las grandes banderas de las reformas concertacionistas en educación. Con 9 años en el sistema educativo, se pretende aumentar los tiempos de enseñanza con el propósito de desarrollar mejor el nuevo marco curricular. El cronograma de implementación de la JEC contempla que a finales del 2007, todo el universo escolar habrá implementado el alargue de la jornada. No obstante, la realidad cotidiana de los escolares que ya la viven da cuenta de tiempos perdidos por falta de la infraestructura adecuada, así como la ausencia de un debate consciente sobre la verdadera ampliación de contenidos, tiempos y materias, ya que en muchos casos la JEC no pasa de ser solo unas horas más de talleres y reforzamientos con cero resultado en el aprendizaje. A esto se suma, la falta de comedores y salas adecuadas que propicien espacios de calidad para el desarrollo de mayor tiempo de clases. La pregunta de los estudiantes es ¿más tiempo de clases, para qué y en qué condiciones?

Según un estudio hecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, mientras el 74,6% de los alumnos de educación básica declara que ha mejorado su rendimiento escolar con la JEC, solo 4 de cada 10 opinan eso en enseñanza media. Así, 66 de cada 100 niños de educación básica van motivados al colegio con la JEC; mientras que en la educación media son apenas 33.

Una mirada sobre estos temas en las últimas agendas electorales, así como en los programas de los candidatos de los últimos comicios, nos da a entender lo poco que se conoce del tema. Tanto la JEC como la LOCE rara vez fueron mencionadas en el debate de la pasada campaña presidencial. En su programa de trabajo para los estudiantes secundarios, el candidato de derecha Joaquín Lavín proponía como parte de la JEC horas de clases en museos o parques; también planteaba la creación de un bono de retención escolar para incentivar la finalización de la educación básica y media. Mientras que el otro postulante de la alianza opositora, y quien finalmente disputó la segunda vuelta, Sebastián Piñera, ofrecía duplicar la subvención por alumno de aquí al 2010. La actual Mandataria, Michelle Bachelet, se refería a crear una reforma en los niveles básico y medio de subvención diferenciada, con criterios de desempeño, evaluación docente y consejos escolares. Solo el candidato del pacto Juntos Podemos Más, Tomás Hirsch, se refirió a la necesidad de eliminar la LOCE, crear un sistema tripartito de enseñanza con la participación de alumnos, docentes y trabajadores, y la elaboración de una Superintendencia de Educación para supervisar el sistema a nivel nacional.

“Crónicas Pingüinas”: un mes de antología

A fines del mes de abril, ya se asoma el conflicto y los estudiantes comienzan sus manifestaciones con jornadas de protestas frente al Ministerio de Educación por el retraso en la entrega del pase escolar. Este ambiente no era nada nuevo para las autoridades de educación, ya que todos los años ocurrían las mismas demoras en los plazos. Ya en esta manifestación los escolares llevan pancartas que demandan la eliminación de la Jornada Escolar Completa y la gratuidad de la PSU.

La primera semana de mayo, el gobierno responde a las demandas que ya se habían posicionado en la agenda pública y el lunes 8 de mayo el ministro de Educación, Martín Zilic, llama a los estudiantes al diálogo, en respuesta a la convocatoria hecha por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) a un paro reflexivo de nivel nacional anunciado para el miércoles 10 de mayo.

Durante los días siguientes, cinco mil estudiantes llegaban a las puertas del Ministerio de Educación a dejar una carta para Zilic. Pero ya no era solo la demora en la entrega del pase escolar, los secundarios sumaron otras exigencias: la gratuidad en la inscripción de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), en el cobro de la tarifa escolar y derogación de la Jornada Escolar Completa por considerarla “más de lo mismo”. Esta multitudinaria y contundente movilización, con voceros estudiantiles con un discurso profundo y convincente, sorprenden a todos y los medios de comunicación recogen en portadas y noticiarios dichas imágenes. En regiones, también movilizadas, las manifestaciones culminan con graves incidentes, y los voceros regionales comienzan a perfilar nuevas visiones locales a las demandas estudiantiles, haciendo hincapié en la necesidad de mejorar la infraestructura de muchos establecimientos rurales que se encuentran en pésimas condiciones, y que no cuentan con las mínimas instalaciones ni tampoco tienen acceso a espacios culturales, deportivos y recreativos dignos.

El día 10 de mayo finaliza con más de 1.000 detenidos en todo el país. Horas más tarde, el entonces ministro Zilic anuncia la ampliación de las becas de gratuidad para rendir la PSU a los jóvenes del primer y segundo quintil más vulnerables. Pero ya el conflicto estudiantil había desbordado los marcos que este modelo democrático acostumbra fijar para la expresión ciudadana.

En la segunda quincena de mayo los estudiantes firman un protocolo de acuerdo para viajes ilimitados en Transantiago, consiguiendo con ello un logro importante. Sin embargo, deciden continuar con las movilizaciones mientras no se acojan todas sus demandas. La firmeza en las posiciones devela el perfil de un movimiento fuerte, arraigado en sus bases, expresadas en las asambleas de estudiantes que disciplinadamente discuten y reflexionan sobre el desarrollo de los acontecimientos día a día. Este ejemplo de organización muestra nuevas formas de definirse como actores sociales, renovadas prácticas políticas y un respeto para con sus pares que no ha mostrado otro actor social en los últimos años.

Pese a estas lecciones de cívica que presenciábamos en las marchas y manifestaciones callejeras que se realizaban en todo Santiago y muchas localidades de Chile, el centro de Santiago contó con la presencia de invitados de piedra, que junto a carabineros pusieron la nota caótica a estas manifestaciones. Grupos radicalizados que ya se habían hecho conocidos en otras marchas o protestas callejeras, que más que simpatizar y apoyar demandas sociales, aprovecharon la irrupción del movimiento para realizar acciones violentas contra carabineros y destrozos en las calles; se sumó también la acción de delincuentes, quienes realizaron algunos saqueos a locales del sector. Así la jornada de movilización del 10 de mayo se destacó no solo por lo masiva que fue, sino también por lo violencia callejera y la absolutamente desproporcionada represión de las fuerzas policiales en contra de la prensa y los estudiantes, situación que pronto sería utilizada por la prensa y el gobierno para deslegitimar los avances del petitorio escolar. Esa misma tarde el ministro de Educación suspende la mesa de diálogo con los estudiantes, hasta que se restablezca el orden. La autoridad, además, anuncia 13 mil nuevas becas PSU, que alcanza para cubrir, parcialmente, las demandas del tercer quintil más pobre del país. Lentamente, el gobierno comienza a entender que está frente a un interlocutor al que había subvalorado y que afecta directamente la gobernabilidad política y el llamado “modelo Bachelet” en sus primeros meses de mandato.

En los días que siguieron nuevas manifestaciones ocupan Santiago. Esta vez, los estudiantes no cuentan con la autorización de la Intendencia Metropolitana, por lo que son dispersados rápida y represivamente por Carabineros. A sus peticiones se suma una demanda de fondo: la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), uno de los bastiones neoliberales, herencia de la dictadura militar.

A partir del día 19 de mayo comienzan las tomas de establecimientos en la Región Metropolitana, como medida de presión por la falta de seriedad con que el gobierno ha respondido a sus demandas. Hasta el momento, Michelle Bachelet ha guardado silencio, y ha dejado toda respuesta política en manos de su ministro, quien demuestra un pésimo manejo del conflicto. En regiones, la situación es similar y los estudiantes, organizados en federaciones regionales y provinciales, protagonizan marchas, movilizaciones y tomas de sus establecimientos.