Gestionando el multiculturalismo

Acorde con el clientelismo tan común en la política nacional, las personas nombradas por la DAI solían llegar al campo con poca experiencia y con insuficiente o nula capacitación y cada nuevo gobierno cambiaba en casi el 100 % la planta de personal. Como lo señalan Jimeno y Triana, tanto el clientelismo como la politiquería permeaban la política de la DAI, especialmente en las regiones. Los salarios eran irrisorios y la financiación de los programas era escasa, lo que exacerbaba la impotencia de la entidad. Al considerar al Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) como su rival, la DAI duplicó algunos de sus programas, aun cuando el Incora con un mayor presupuesto y una competencia técnica superior, tenía una mejor trayectoria. Las relaciones de la DAI con los líderes indígenas eran particularmente difíciles, tanto local como nacionalmente. Un abogado que entrevisté señaló que, en las regiones periféricas como el Vaupés, los funcionarios de la DAI con escasez crónica de fondos y ampliamente vistos como sumidos en la política corrupta, carecían de toda influencia y credibilidad.

Durante la década de 1970 un conjunto diverso de entidades gubernamentales patrocinó una serie de programas descoordinados dirigidos a las comunidades indígenas, lo que dejó a los funcionarios de la DAI prácticamente sin nada que hacer. Irónicamente, la movilización indígena le dio un nuevo aire a la entidad. Para principios de la década de 1980, cuando el gobierno se dio cuenta de que no podía mantener a raya las demandas de los activistas simplemente a través de la represión, recurrió a la DAI para que mediara sus relaciones con las organizaciones indígenas, confiriéndole a esta entidad una dosis de autoridad.

A pesar de los muchos problemas que aquejaron a la DAI durante las primeras tres décadas de su existencia, varios de sus directores y funcionarios realizaron un trabajo importante durante su permanencia en la entidad. Un ejemplo es el antropólogo Martín von Hildebrand, quien fue muy influyente para lograr que grandes porciones del territorio del país se constituyeran en resguardos.⁵¹

En 1967, el gobierno colombiano creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), una organización semioficial que tenía como objetivo regular los esfuerzos de los campesinos para garantizar la entrada en vigor de la ley de reforma agraria que había sido aprobada en 1961. Sin embargo, la ANUC pronto llegó a oponerse abiertamente al gobierno, en la medida en que se hizo evidente que el Incora fracasaba en su tarea.⁵² Campesinos en todas las regiones, aunque especialmente en el Cauca y Huila, invadieron las haciendas, en respuesta a lo cual, la política nacional cambió de rumbo y enfrentó las ocupaciones con represión (la opción que favorecía a las asociaciones de grandes terratenientes) y apoyaba cada vez más la agricultura a gran escala. La ANUC se radicalizó aún más y sufrió una escisión de la cual emergieron dos líneas. De estas, la más radical, la línea Sincelejo, siguió buscando soluciones para los problemas de tenencia de tierra pero, también influenciada por la movilización izquierdista, se embarcó en acciones dirigidas a tumbar el orden social y económico. Los partidarios indígenas de la línea Sincelejo, al darse cuenta de que a la ANUC solo le interesaba “campesinizar” a sus miembros nativos, es decir, convertirlos en campesinos mestizos, formaron una Secretaría Indígena Nacional, y posteriormente se salieron de la ANUC a conformar el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una organización fundamentalmente indígena. En el CRIC se comprometieron a continuar la lucha por los derechos sobre la tierra —lo cual implicaba el fin del terraje (el pago de renta a un hacendado por labrar un pedazo de tierra en la hacienda)— así como a defenderse de la dura represión a la que se veían sometidos los indígenas, tanto por parte de los grupos guerrilleros como de las fuerzas armadas. El CRIC, y posteriormente otras organizaciones que representaban a los pueblos indígenas andinos, libraron varias batallas sangrientas exigiendo la implementación de la ley de reforma agraria que ordenaba la expansión de los resguardos, así como la reversión de la extinción de los resguardos titulados por la Corona española durante la época colonial. Esta postura belicosa respondía a una historia de más de cuatrocientos años de opresión a menudo brutal, tal como lo evidenció un activista de la ONIC del Tolima cuando me manifestó en 1987 que estaban más unidos por los duros recuerdos que por cosas como una lengua compartida.

Cuando el CRIC fue fundado en 1971, la nueva organización denunció la Ley 89 de 1890 (y el sistema de resguardos en su conjunto), debido a su lenguaje racista y paternalista. Sin embargo, después de seis meses, los líderes del CRIC cambiaron de opinión al considerar dicha ley una herramienta útil para luchar contra los poderosos terratenientes que explotaban a los aparceros indígenas y reprimían cualquier forma de protesta.⁵³ Por su parte, los funcionarios estatales, cuando se dieron cuenta de que las recuperaciones de tierras no se podían parar encarcelando a los activistas y ejerciendo otras formas de represión, le dieron reversa a la política oficial y buscaron una manera de ubicar la recuperación de tierras en un marco legal. De esta manera, se le permitió al Incora establecer nuevos territorios y resguardos para que las comunidades indígenas pudieran mantener sus prácticas agrícolas con base en sus tradiciones colectivas. Sin embargo, el hecho de que el Incora no respondiera debidamente a las peticiones de los pueblos andinos en cuanto a la titulación de tierras y a la expansión de sus resguardos, significó que la agitación y la violencia continuaran.⁵⁴ El Incora asumió como su mandato básico el de facilitar la emigración del densamente poblado centro del país mediante la asignación de parcelas a los campesinos que las explotaban a pequeña escala y la creación de reservas indígenas en los baldíos del país, es decir, terra nullius, o tierras legalmente designadas como vacías. En realidad, estos territorios se encontraban habitados, ya que después de todo, fue precisamente la movilización indígena la que convenció al Incora para que convirtiera la mayoría de las reservas en resguardos. Entre 1961 y 1986, el Incora creó 158 nuevos resguardos que sumaron más de 12 millones de hectáreas, y entre 1986 y 1989 creó 63 nuevos resguardos que comprendieron más de 13 millones de hectáreas.⁵⁵ Inicialmente, el Incora favorecía la disolución de los resguardos, al considerar que la tenencia colectiva no pertenecía al régimen moderno de tenencia de la tierra, lo cual provocó una defensa feroz de parte de los activistas. Las protestas contra la represión generalizada en las áreas donde la falta de tierra era más aguda, a menudo provocaron indiferencia por parte tanto de los funcionarios de la DAI como del Incora.⁵⁶

Así se hizo evidente que la reforma agraria, con sus objetivos de disminuir el conflicto sobre la tierra y hacer disponible más territorio para la agricultura moderna, obviamente nunca tuvo la intención de producir los cambios fundamentales en la tenencia de la tierra que beneficiarían a los agricultores que producían a pequeña escala.⁵⁷ Las comunidades se quejaban de la gran brecha entre las políticas anunciadas por el Incora y la autonomía que esperaban sus clientes. Según los críticos, los funcionarios del Incora habían tomado partido por los terratenientes e incluso habían hecho arreglos para que se perdieran los fondos cuando estos se destinaban a proyectos que provocaran la hostilidad o la indiferencia del Incora.

No solo los terratenientes locales y algunas ramas del gobierno se opusieron a la recuperación de tierras, tal como lo evidenció el contraataque de la Iglesia católica, que tenía extensas propiedades en algunas áreas. Incluso, unas décadas antes la Iglesia había montado una campaña para convencer a los pueblos indígenas de que no tenían derecho a reclamar las tierras donde vivían, argumentando que debido a que los pueblos indígenas no se dedicaban a las prácticas agrícolas occidentales, las tierras estaban disponibles para el que “quiera irlas a trabajar y hacerlas valer”.⁵⁸

Aun cuando el CRIC se declaró una organización indígena, nunca se identificó con un pueblo indígena en particular. Según Findji, al comienzo el CRIC mantuvo el énfasis de la ANUC en la clase social, antes que en la etnicidad, y en la práctica, la organización conservó los vínculos con otros sectores no indígenas de la sociedad rural, lo que le ayudó a ampliar su potencial para la movilización masiva.⁵⁹ Por ejemplo, en sus primeros años el CRIC trabajó para establecer cooperativas financiadas por el gobierno.⁶⁰ Sin embargo, en el segundo semestre de 1971, el CRIC modificó sus estatutos para incluir la defensa de “la historia, la lengua y las costumbres indígenas”.⁶¹ Su propia versión de la historia del CRIC reconoce que desde el principio, “nosotros mismos creíamos que ser ‘indio’ no era bueno y para echar adelante había que copiar lo que venía de afuera”.⁶² En 1974, el CRIC empezó a distribuir el periódico Unidad Indígena, que hasta el presente todavía se publica. Después el CRIC se hizo conocer en toda Colombia, por sus esfuerzos para apoyar las negociaciones a nivel regional, tanto con la fuerza pública como con los combatientes armados al margen de la ley y por ayudar a crear organizaciones comprometidas con la promoción de la paz.

En 1977 surgió otra organización nacional, llamada inicialmente Gobernadores en Marcha, y posteriormente, Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO). En 1990 esta organización, que tenía fuertes vínculos con el pueblo guambiano, reivindicó su presencia nacional al cambiar su nombre por el de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) e incluir otros pueblos como los pastos, que vivían en el sur del país y el de los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta en el norte. En el 2011 abandonó la afiliación con los pastos y cambió su nombre al de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia.⁶³

Desde el principio, AICO promovió una línea culturalista, exigiendo el reconocimiento de las poblaciones indígenas del país como pueblos con derechos a sus tradiciones históricas y a su propia autonomía.⁶⁴ A diferencia del CRIC, AICO mantuvo una estructura descentralizada que reflejaba su insistencia en evitar los modelos occidentales. La insistencia de la organización en la autonomía indígena es evidente en un documento producido en una reunión en el resguardo de Guambía en enero de 1985, que exigía que todos los actores armados, incluido el MAQL, abandonaran los territorios indígenas.⁶⁵ El CRIC y AICO, que durante mucho tiempo fueron rivales encarnizados, en la década de 1990 empezaron a tomar posiciones parecidas sobre cuestiones básicas.

El uso por parte del CRIC de formas de organización occidentales (su estructura seguía un modelo sindical) y su voluntad para incluir asesores no indígenas (algunos de ellos ni siquiera eran colombianos y se referían a ellos como místeres, adaptación de misters en inglés) hizo que AICO criticara la organización por traicionar el pensamiento y los valores indígenas.⁶⁶ Mientras el CRIC inicialmente basó su posición en una indigenidad genérica que integraba todos los pueblos del Cauca sin distinción, y que enfatizaba la resistencia militante a la opresión y represión colonial y neocolonial, AICO avanzó con varios sectores indígenas y no indígenas, al involucrarse en acciones y argumentos que afirmó estar fundamentados en una autoridad derivada de una posición tradicional y más auténtica de derecho mayor. Sin embargo, AICO no hubiera podido alcanzar su prominencia sin los esfuerzos organizativos iniciales del CRIC. La crítica premonitoria de AICO sobre la ideología y la política del CRIC fue brillante pero también irónica, dado que si el CRIC se hubiera organizado de acuerdo con ciertas culturas en particular, en lugar de asumir un acercamiento indígena genérico, probablemente no hubiera tenido tanto éxito como el que tuvo. La frase “denos un arma para que nos podamos defender de usted” ilustra la estrategia del CRIC y, de hecho, que fueron efectivas las “armas” discursivas y organizativas que fueron apropiadas de la sociedad dominante. Resultó que el camino que AICO eligió, se adaptó a los cambios generalizados que afectaban la forma en que la sociedad colombiana comprendía los pueblos indígenas y lo que necesitaban. Todas las vanguardias políticas tarde que temprano dan paso a activistas generalmente más jóvenes, que entienden mejor la situación con la que se encuentran en ese momento. Sin embargo, pueden avanzar en una nueva dirección, debido a la habilidad de sus predecesores para discernir las oportunidades, evaluar los riesgos y tomar la acción adecuada durante la época anterior.

Durante los años comprendidos entre 1976 y 1981, el gobierno intentó sancionar una represiva ley indígena que efectivamente le hubiera otorgado un amplio poder al Estado sobre los pueblos indígenas, incluida la autoridad para determinar quién era o no indígena.⁶⁷ Este proyecto de ley no se aprobó y la resistencia organizada continuó, impulsada por informes de prensa altamente críticos sobre las masacres de indígenas, así como por la construcción de alianzas por parte de los activistas con grupos campesinos y con otras organizaciones izquierdistas. La ONIC fue fundada en 1982, y para 1986 habían aparecido dieciséis organizaciones regionales.⁶⁸ En 1983, la ONIC recibió el reconocimiento del gobierno y desde entonces ha participado oficialmente en programas relacionados con asuntos indígenas.

Como se mencionó, en los años 1980 Colombia entregó tierras a las comunidades indígenas, incluyendo algunas extensiones enormes, una política que respondía, entre otras cosas, a las campañas a menudo violentas para recuperar tierras, así como a las demandas de una implementación efectiva de la reforma agraria de 1961. Para el 2004, los pueblos indígenas habían conseguido la titulación colectiva e inalienable de cerca de 33 millones de hectáreas totalmente demarcadas, el equivalente de 27,3 % del territorio nacional.⁶⁹

Una pregunta obvia que me empecé a hacer a finales de la década de 1980 fue por qué Colombia cedía tanto territorio a un pequeño segmento de su población. Aunque todavía se me escapa una respuesta integral, varios elementos de la crisis nacional de ese momento parecen cruciales, elementos que trataré más a fondo en los próximos capítulos. Uno de ellos son los movimientos campesinos de los años sesenta y setenta, por cuanto los fracasos y contradicciones de la política basada en la clase social abrió espacio para otras alternativas, tal como lo imaginaron tanto los actores que resistían las intervenciones del Estado como el mismo Estado. Veremos que los aliados no indígenas, como antropólogos, abogados y algunos miembros del clero católico, así como activistas de izquierda, también desempeñaron papeles importantes.⁷⁰ Obviamente, otro elemento fue el desorden que caracterizaba la política electoral colombiana después de que finalizó en 1974 el Frente Nacional. Otro fue la insurgencia armada que paralizaba gran parte del país, dando lugar a la “paradoja colombiana”, un país democrático que vivió con violencia endémica y pandémica durante más de cinco décadas,⁷¹ seis grupos insurgentes⁷² y medidas contrainsurgentes que causaron estragos durante más de medio siglo. La insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continuó hasta la firma de los acuerdos de paz en 2016; para esa fecha esta violencia había producido 220.000 muertes⁷³ y alrededor de cinco millones de ciudadanos fueron desplazados por la fuerza, huyendo de secuestros, masacres y violaciones sexuales, un número horrendamente alto para un país de 48 millones de personas que no estaba formalmente en guerra. Durante un tiempo, Colombia tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo, y dada esta violencia rampante, tuvo sentido establecer legislación para alentar a los ciudadanos indígenas a patrullar sus tierras, de manera que algunos grupos recibieron financiación para dicha vigilancia de las ONG internacionales. Vale la pena anotar que gran parte de estas tierras se encontraban en áreas de selvas tropicales y de llanura, escasamente pobladas y carentes de infraestructura (v. gr. carreteras), lo cual atraería el interés de los grandes terratenientes. Por otra parte, también cabe señalar que el gobierno había designado algunas áreas como zonas de colonización, lo cual dio lugar en determinados momentos a serios conflictos entre los miembros indígenas de los resguardos constituidos y los colonos que habían migrado al lugar. Finalmente, la situación actual es extremadamente inestable, puesto que algunas unidades de las FARC se han rehusado a desmovilizarse y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúa sus ataques. Por lo menos cinco millones de ciudadanos desplazados, algunos de ellos indígenas, necesitan ser reasentados y el gobierno debe hacerse cargo de las áreas (algunas en territorio de resguardos) previamente controladas por los guerrilleros ahora desmovilizados, con el fin de establecer la autoridad estatal y mantener el orden.

En términos de relaciones públicas, las generosas concesiones de tierra mejoraron la imagen de Colombia vis-à-vis el movimiento internacional por los derechos indígenas y la protección del medio ambiente. Las concesiones también pueden haber sido pensadas como un dispositivo para mantener los recursos nacionales fuera de la vista hasta que el propio gobierno estuviera listo para explotarlos. Finalmente, es evidente que los funcionarios gubernamentales esperaban transformar a los activistas indígenas de antagonistas peligrosos en ciudadanos respetuosos de la ley, actores políticos que podrían llegar a ver al gobierno como un aliado en lugar de un adversario, una política que en cierta medida tuvo éxito.

Un impedimento para el proceso organizativo indígena fue la falta de una identidad panindígena. Las nociones de una identidad indígena genérica (altamente estigmatizada) habían circulado entre los colombianos no indígenas durante mucho tiempo, pero hasta hacía poco los pueblos indígenas del país acostumbraban a verse a sí mismos solo en el sentido limitado de no ser blancos. Por ejemplo, este era el caso del pueblo yanacona que se analiza en el capítulo cinco, el cual empezó en la década de 1980 a forjar una identidad basada en ser un pueblo indígena. Muchos grupos se identificaban con su pueblo, pero rechazaban su pertenencia a una colectividad más amplia. Findji examina la decisión de varias comunidades guambianas de abandonar el CRIC, motivada por unos desacuerdos sobre cómo conceptualizar el territorio y la identidad, entre otros. Según escribe Findji, estas comunidades no querían ser vistas como campesinos (mestizos), ni como indígenas genéricos, sino estrictamente como guambianos. Finji cita a un guambiano al respecto: “No queremos ser indígenas ‘humillados’, queremos defender, por el bien de nuestros hijos, nuestro derecho a ser guambianos”.⁷⁴ Sin embargo, empezando en la década de 1970, nuevos incentivos y oportunidades estimularon la formación de una identidad indígena pancolombiana, algo así como la noción de Benedict Anderson de “comunidad imaginada”.⁷⁵ Durante la década de 1980, la liberalización del Estado redujo las respuestas represivas a demandas indígenas, abriendo así un espacio para realizar tanto esfuerzos más amplios de organización como reclamos más inclusivos. Las resignificaciones de lo indígena emergieron de la interacción entre la alteridad negociada y los esfuerzos conscientes de mantener la continuidad cultural. Paradójicamente, una identidad previamente estigmatizada adquirió un capital simbólico y político que a su vez promovió aún más el discurso culturalista para la reivindicación de los derechos indígenas. Mientras tanto, el movimiento indígena, sin abandonar sus esfuerzos para conseguir el acceso a las instituciones políticas del Estado, aumentó considerablemente su idea de fortalecer las instituciones propias de los pueblos indígenas. Los proyectos de recuperación cultural aumentaron en número y visibilidad, al igual que su importancia para la autoconceptualización de los pueblos indígenas y para sus interacciones con el mundo no indígena.

Estas nociones cambiantes sobre la indigenidad y el impacto de dichas nociones en la formulación de estrategias por parte de los activistas tuvieron efectos de gran alcance, uno de los cuales fue el de cambiar el significado del territorio indígena, lo que a su vez produjo alteraciones en el discurso del reclamo de tierras, en particular sobre cómo debía justificarse.⁷⁶ Los derechos al territorio se afirmaban cada vez de una manera más integral: la tierra constituía el fundamento de la autodeterminación, “un espacio fundamental y multidimensional para la creación y recreación de los valores y prácticas sociales, económicos y culturales de las comunidades”.⁷⁷

La forma en que los derechos colectivos a la tierra eran adquiridos o negados dependía cada vez más de la evidencia que reflejaba (o que fue percibida como que no reflejaba) los imaginarios cambiantes de la indigenidad, imaginarios compartidos cada vez más por actores tanto indígenas como no indígenas, tema que trato más a fondo en capítulos posteriores. Los reclamos de tierras se basaban cada vez más en reivindicaciones de una identidad fundamental e intrínseca que a su vez fortalecía otro tipo de reclamos como la autodeterminación, la jurisdicción autónoma, entre otros. Tales reclamos llegaron a ser validados cada vez más por el performance de prácticas y tradiciones culturalmente distintas; como veremos, cuando el Estado rechaza una petición a menudo lo hace al poner en duda el indigenousness (grado de indigenidad) de los solicitantes, una manifestación de lo que denomina Barker el vínculo entre “legitimidad jurídica” y “autenticidad cultural”.⁷⁸

Dado que los pueblos indígenas de Colombia constituyen menos del 4 % de la población nacional, los logros de su movimiento indígena han sido nada menos que extraordinarios. Durante los inicios de la década de 1990 varios líderes lograron una visibilidad importante nacional e internacional. Por ejemplo, Lorenzo Muelas, un indígena guambiano miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) —en el marco de la cual se redactó la nueva Constitución Política— saltó a la fama casi de la noche a la mañana, pues debido a su carisma gozó de una extensa exposición en la televisión y la prensa. Otros logros del movimiento incluyen la presión para conseguir la aprobación de la ley que eximió a los indígenas colombianos de pagar impuestos o de prestar el servicio militar y que proporcionaría atención gratuita en salud y educación, hasta terminar la universidad.⁷⁹ Las organizaciones indígenas y sus aliados reclamaron el derecho de los miembros de los pueblos a recibir educación en sus propias lenguas, a que se les enseñe en el colegio su propia historia y cosmología y a que se incorporen sistemas de curación indígenas a los programas locales del Ministerio de Salud.

Sin embargo, estos avances no han eliminado de ninguna manera la pobreza, marginación y condiciones de vida miserables de la mayoría de los pueblos indígenas del país. Al mismo tiempo que los indígenas se aferran a sus distintas identidades, quieren reducir la pobreza y mejorar los servicios de salud y educación. Además, han sufrido las constantes amenazas de poderosos intereses, tanto tradicionales como recién establecidos, que han tomado la forma de apropiación de tierras y de desarrollo mal orientado como son, por ejemplo, los megaproyectos hidroeléctricos. Los grandes propietarios de tierra han seguido recurriendo a actos atroces para aferrarse a esta. Los actores armados, tanto oficiales como extralegales, han perpetrado graves abusos de derechos humanos en el contexto de un conflicto civil de medio siglo al que no lograron ponerle fin una sucesión de gobiernos corruptos y estructuralmente débiles hasta los acuerdos de paz del 2016.⁸⁰

Los narcotraficantes promovieron el caos, al financiar y apoyar candidatos políticos para ocupar cargos oficiales a nivel nacional, ayudas que eran ilegales pero difíciles de rechazar. Tanto los guerrilleros como sus enemigos paramilitares entraron masivamente al tráfico ilegal de droga que proliferó a principios de la década de 1980. En enero del 2011, la oficina del fiscal general reportó que 174.618 homicidios y 1614 masacres habían sido cometidos por grupos armados que en ese momento ya eran desmovilizados, siendo la mayoría de tales crímenes adjudicables a las Autodefensas Unidas de Colombia, una coalición de paramilitares de derecha.⁸¹ Comandantes paramilitares desmovilizados reconocieron que habían cometido cerca de 50.000 asesinatos.⁸² La globalización acelerada y la expansión capitalista solo empeoraron las cosas. No fue hasta el 2014 cuando empezaron a ganar fuerza las negociaciones de paz que finalizaron con la firma de los acuerdos en el 2016.

La resistencia indígena a la violencia, a menudo a un gran costo, ha suscitado comentarios favorables de la sociedad colombiana mayoritaria. La habilidad de algunos pueblos indígenas para llegar a un consenso y para tener la determinación necesaria para actuar ante un peligro aterrador ha sido exaltada en los medios de comunicación, en los sermones religiosos y en conversaciones cotidianas, al igual que lo ha sido el respeto de los miembros del pueblo por sus líderes indígenas mayores, como son los gobernadores, curanderos, taitas y otros. En el 2000, por ejemplo, los gobernadores de catorce cabildos indígenas en el norte del Cauca recibieron el Premio Nacional de Paz por su Proyecto NASA, una coalición que trabaja para mantener la neutralidad y la autonomía de la comunidad frente a las amenazas de los actores armados.⁸³ Algunos pueblos insistieron en su neutralidad y autonomía en medio del conflicto civil, rechazando valientemente aliarse con ningún grupo armado. Después de la desmovilización del MAQL, en 1990, los nasas resolvieron oponerse a la presencia de todos los actores armados en su territorio, tal como lo había hecho antes las AICO. Desde finales de la década de 1990 lanzaron una campaña de resistencia pacífica que hizo respetar la Guardia Indígena, cuyos miembros solo llevan bastones de mando ceremoniales.⁸⁴ En el 2001, cuando los combatientes de las FARC empezaron a disparar tatucos caseros o cilindros bomba contra una estación de Policía ubicada en la comunidad nasa de Toribío, cerca de cuatro mil miembros de la comunidad desarmados inundaron sus calles poniendo fin al ataque.⁸⁵ En una ocasión, decenas de miembros de esta comunidad se desplazaron a un bastión de las FARC en el Caquetá para conseguir la liberación de un líder secuestrado.⁸⁶ Para el 2006, la Guardia nasa había alcanzado la cifra de casi siete mil hombres y mujeres,⁸⁷ y cabe señalar que otros pueblos indígenas también han seguido su ejemplo. Las guardias indígenas han recibido grandes elogios no solo de la Colombia mayoritaria, sino aun más allá, tal como lo evidencian la atención que han recibido de los medios, así como los premios nacionales e internacionales.

La interacción entre el movimiento indígena y el Estado ha tomado muchas formas, incluyendo hacer campaña para que se apliquen y se cumplan las leyes que ya estaban promulgadas, así como las quejas de las comunidades indígenas y campesinas de que han quedado a la merced de los grupos armados al margen de la ley, debido a la ausencia de la fuerza pública en áreas remotas. Las contradicciones han proliferado, como es el caso de los programas oficiales que promueven la diversidad, que se encuentran codo a codo con otros programas que promocionan la asimilación. Cuando las protestas legales fracasan, los activistas recurren a conspicuas violaciones de la ley, al realizar bloqueos de la carretera Panamericana y tomar otras medidas, formas de acción a veces llamadas democracia participativa.⁸⁸ Con el paso del tiempo, estos procesos produjeron una dialéctica paradójica, por cuanto la protesta y resistencia del movimiento indígena frente al Estado, tácitamente, aceptó su estructura, ideología y modus operandi.⁸⁹ Los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986) y de Virgilio Barco (1986-1990), aunque mantuvieron la represión, abrieron un diálogo con el movimiento indígena alentando su consolidación como un contrapoder en relación con las guerrillas en las zonas rurales.⁹⁰ Como se mencionó, en 1983, la ONIC se vincula oficialmente al Estado, lo cual no quiere decir que la organización no continuara criticando y resistiendo, ejerciendo su papel de adversario del Estado. Los activistas —aunque a menudo de mala gana— aceptaron la colaboración porque el Estado tenía el poder de financiar los proyectos de recuperación cultural, de aceptar o negar los reclamos de tierras y otras peticiones y de actuar como árbitro final en las disputas sobre asuntos de autenticidad y legitimidad. Los pueblos indígenas también se involucraron con otros actores institucionales, como las ONG locales e internacionales, instituciones supraestatales como las Naciones Unidas y la Comunidad Europea, así como misioneros protestantes norteamericanos y la Iglesia católica.

El muy promocionado programa de ayuda conocido como Plan Colombia, que se ejecutó durante seis años desde su inicio en julio del 2000, inspiró una fuerte oposición indígena. Concebido por el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) con la administración Clinton en Estados Unidos, se suponía que con el Plan Colombia se iban a erradicar las drogas ilegales y al mismo tiempo se promovería el desarrollo económico y social e incluso se encontraría una salida al prolongado conflicto armado del país.⁹¹ Los pueblos indígenas protestaron por la distribución de la ayuda bajo el programa, que asignaba tres cuartas partes del presupuesto de cada año al fortalecimiento del ejército y la policía y a la erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito.⁹² Indígenas y no indígenas se quejaron de los daños a los cultivos lícitos y de las afectaciones a la salud causados por la aspersión aérea con glifosato, un químico que ha sido vinculado al cáncer.⁹³ Argumentaron que los fondos deberían invertirse en el desarrollo económico y social y en la erradicación manual de los cultivos de uso ilícito junto con la promoción de cultivos legales alternativos.⁹⁴ Las protestas indígenas también se dirigieron contra los acuerdos de libre comercio firmados por Colombia, con marchas en las que participaron decenas de miles de personas que argüían que los pobres habían sido los más afectados por el ajuste estructural y por las medidas de austeridad para reducir la inestabilidad fiscal y política, así como para incrementar la inversión extranjera. Ningún gobierno ha tenido la voluntad de instaurar un diálogo serio con los sectores que organizaron estas protestas.